20250325

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

Los reproches de Ortuzar a Confebask chocan con el respaldo de Pradales y sus consejeros. La complicada relación en la que viven desde hace un tiempo el PNV y los empresarios vascos no solo no termina de reconducirse, sino que a medida que pasan las semanas parece que se enquista. Una tormenta cargada de nubarrones que se va retroalimentando con declaraciones cruzadas y que contrasta con el clima calmado que se observa al analizar los lazos aparentemente sólidos que hay entre la patronal vasca y el Gobierno presidido por Imanol Pradales. El último ejemplo de cómo está el ambiente se ha visto con la reforma fiscal pactada por el PNV y el PSE con Podemos. Un acuerdo que Confebask no dudó en criticar con dureza. La presidenta de la entidad, Támara Yagüe, llegó a hablar de «desánimo total» entre unos empresarios que veían la revisión tributaria como «un castigo». Sus palabras estallaban en un contexto ya muy cargado. Solo unos días antes, el todavía responsable de Relaciones Institucionales del EBB, Koldo Mediavilla, aseguraba, a cuenta de las negociaciones sobre el SMI, que Euskadi «se siente huérfano de un núcleo dirigente dialogante y responsable que mire más allá de sus ganancias de clase». Las declaraciones de Ortuzar, comparando la actitud de Confebask con las de la CEOE, llegaban, además, apenas 24 horas antes de que el propio presidente de la patronal española, Antonio Garamendi, participase en Vitoria en un foro organizado ayer por la revista ‘Dato Económico’. El dirigente empresarial no quiso echar más leña al fuego, habló de su «magnífica relación» con el presidente del PNV, interpretó que había hecho sus declaraciones «desde el humor» y que, en realidad, no creía que Ortuzar «piense» realmente lo que llegó a decir. Lo llamativo del tono elevado que utilizan el todavía máximo responsable del Euzkadi buru batzar y otros dirigentes del PNV es que contrasta con el empleado por el ala jeltzale del Gobierno vasco, donde los guiños al mundo empresarial son notables y públicos desde que Imanol Pradales fuera investido en junio de 2024. Los representantes del Ejecutivo, con el lehendakari a la cabeza, no han ocultado los gestos de respaldo hacia el sector industrial.

"La beligerancia del PNV con la patronal vasca, fruto de un evidente cálculo político, contrasta con el declarado respaldo del Gobierno de Pradales al mundo de la empresa...Los reproches a Confebask que han dejado los burukides salientes del EBB, con Andoni Ortuzar a la cabeza, beben de ese clima social, (post ETA) perpetuado hasta hoy, pero obedecen, sobre todo, a un evidente cálculo político. Competir a cara de perro con EH Bildu obliga a exacerbar la crítica a la patronal –o así lo ve el PNV– para no desconectarse de una Euskadi social íntimamente ligada a los sindicatos, a las reivindicaciones laborales y, por qué no decirlo, a una combatividad histórica que se traduce hoy en el porcentaje de huelgas más alto de España. No en vano, Ortuzar, que se definía en su entrevista de despedida este domingo en el Grupo Noticias como un «ciudadano que ha defendido y defenderá toda la vida la libertad de mercado», es a la vez un «sindicalista», como le echan en cara sus detractores, que nunca ha roto el carné de ELA. Contradicciones que el PNV se ve obligado a salvar con votos, y que explican sus recados a Confebask, a quienes venía a reprochar que se estén «desdibujando» no tanto por defender sus legítimos intereses sino por haber perdido el label vasco por el camino. «Hasta en los peores momentos, con ETA zumbando a los empresarios, Confebask ha sabido mantener el ámbito vasco, no hacer seguidismo de cosas que suceden 300 y pico kilómetros más abajo»...Koldo Mediavilla, ya había hecho lo propio con la izquierda, al echar en falta un núcleo dirigente empresarial capaz de mirar más allá «de sus ganancias de clase». El burukide reaccionó así a la negativa de la organización liderada por Tamara Yagüe a sentarse en la mesa con los sindicatos para negociar un SMI vasco, un choque ahondado después tras negociar el PNV la reforma fiscal con Podemos. En definitiva, una confrontación planteada mucho más como batalla ideológica y de posicionamiento electoral, distinta a la nula sintonía que el exlehendakari Urkullu, también muy enfrentado a los sindicatos, mantuvo con la cúpula de Confebask. Una relación que se enfrió sin remedio ya en 2013, al dar preferencia entonces las patronales vascas a los convenios de ámbito nacional en lugar de prorrogar la ultraactividad como exigía el Gobierno...Ahora, frente a Sabin Etxea, y a la espera de la impronta que vaya a imprimir Aitor Esteban –a quien muchos sitúan menos a la izquierda que sus predecesores–, hay un lehendakari, Imanol Pradales, que, como antiguo responsable de Promoción Económica en la Diputación vizcaína, ha permanecido siempre cercano al mundo empresarial, en el que se siente cómodo. Lo mismo puede decirse de su consejero de Industria, Mikel Jauregi, que no esconde su familiaridad o incluso su admiración por empresarios de larga trayectoria en Euskadi, a su vez los mayores contribuyentes a las arcas públicas..."

Euskadi registró el año pasado la mayor fuga de empresas a otras comunidades del Estado desde el año 2017. En concreto, en 2024 se marcharon 265 compañías, la mayoría con destino a Madrid, mientras que en el País Vasco recalaron 200, lo que deja un saldo negativo de 65 firmas.Euskadi lleva años perdiendo empresas porque son más las que cambian su domicilio a otras comunidades que las que deciden traer aquí su sede desde otras regiones. El año pasado no fue una excepción, e incluso esa tendencia se intensificó, ya que registró el peor saldo negativo desde 2017, y además fue la tercera comunidad de todo el Estado que más pérdidas domiciliarias registró. En concreto, un total de 265 sociedades mercantiles que tenían su sede en Euskadi se la llevaron a otra comunidad, mientras que 200 trajeron su domicilio al País Vasco, según los últimos datos dados a conocer por Informa Business by Data referidos al cierre del año pasado. Estos movimientos dejaron un saldo negativo de 65 empresas. Esta cifra es la más alta de los últimos siete años, ya que hay que remontarse a 2017 para encontrar un dato peor. En ese ejercicio el saldo negativo fue de 73. Los registros de Informa Business by Data se remontan a 2015, un año en el que Euskadi perdió incluso más empresas, ya que la diferencia entre las que se llevaron su sede y las que la trajeron al País Vasco llegó en dicho ejercicio a 85. Esa pérdida de 65 sedes mercantiles registrada el año pasado duplica a las que se produjeron en 2023, cuando se registraron 32. El dato más bajo tuvo lugar en 2022 con la pérdida neta de las sedes de 18 sociedades mercantiles. Y en la última década, tan solo en un ejercicio hubo una ganancia neta. Fue en 2020, y se produjo un saldo favorable de dos domicilios empresariales. De este modo, desde 2015 el País Vasco acumula una pérdida neta de 424 sedes de sociedades mercantiles. Además, Euskadi es la tercera comunidad que registró el año pasado un peor registro, solo precedida por Cataluña, que tuvo un saldo neto negativo de domicilios empresariales de 371, y Navarra, con 88.

El Gobierno Vasco volvió ayer a instar al Gobierno central a avanzar hacia «propuestas concretas con planes de inversión» para solucionar la insuficiente capacidad eléctrica en Euskadi, subrayando que «no se puede esperar más». Esta vez le tocó al consejero de Industria, Mikel Jauregi, alertar sobre la saturación de las líneas de transporte y distribución, y estimó que se requiere una potencia adicional del 20% al 30% en el conjunto de los tres territorios porque «no se puede esperar más». Además, reconoció, sin dar más detalles, que numerosos proyectos empresariales se han visto frustrados en los últimos años debido a esta problemática. La situación es preocupante en Euskadi, pero especialmente crítica en Gipuzkoa, donde la red eléctrica ha alcanzado su límite, dificultando la transición energética de la industria local. Las compañías eléctricas han señalado que no pueden distribuir la energía necesaria al tejido industrial vasco y han solicitado al Gobierno central reformas legales que faciliten inversiones en la red de distribución. Tal y como publicó este periódico, la incapacidad de responder a toda la demanda eléctrica de la industria vasca –se ha multiplicado por ocho en tres años, según i-DE, distribuidora de Iberdrola– está dificultando acometer los ambiciosos procesos de descarbonización y, en concreto, está dejando en el tintero la mitad de las solicitudes de las compañías para conectarse a la red. Por ello, el consejero de Industria aseguró, en una entrevista concedida ayer a RTVE, que la cuestión de la red en Euskadi es una de las prioridades que tiene el Gobierno Vasco y, por tanto, es una de los temas con los que negocian y hablan con el Ejecutivo central. Tras subrayar que existe una «colaboración muy fluida», Jauregi agregó que les gustaría pasar «a una fase de propuestas concretas con planes de inversión para darle la vuelta a esto». 

El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco ha dado luz verde a la construcción del primer parque eólico de Bizkaia en dos décadas. El Ejecutivo autonómico ha resuelto favorablemente los permisos ambientales para construir la central de Larragorri solicitados por una firma llamada Green Capital Development. La compañía madrileña levantará 5 aerogeneradores de 5 MW cada uno de potencia cerca del límite con Álava. Cuatro de los molinos y su torre meteorológica estarán enraizados en el término municipal de Orozko, mientras que el restante se ubicará en Llodio (Álava). La resolución tiene una importancia notable para el futuro de la energía eólica en Bizkaia. Además de ser el tercer permiso favorable de la historia del territorio, el primero en 19 años (el último facilitó la instalación en el Puerto de Bilbao de una minicentral en 2006), el visto bueno deshace el nudo gordiano que había colocado contra las cuerdas a este tipo de proyectos en la provincia. Se trata del impacto de los molinos en la avifauna y, más concretamente, en las aves necrófagas protegidas, entre ellas, el alimoche. Hay que recordar que Bizkaia cuenta con un plan especial de gestión de estos animales. Hasta la fecha, esta normativa legal hacía imposible la instalación de aerogeneradores en un radio de 10 kilómetros de distancia respecto a un nido de especies de buitre protegidas. Varios proyectos habían caído ya por este motivo. 

Luz verde a otro proyecto eólico en Álava. El Gobierno vasco ha concedido este lunes la declaración de impacto ambiental al parque de Larragorri. El permiso, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), eleva a tres los complejos de molinos que superan el trámite medioambiental en Álava. A las centrales de Aixeindar en Azaceta y Labraza se suma ahora el proyecto de Capital Energy, que se perfila así para colocar su primera piedra en Álava. Entre los planes de la energética para el territorio figuran otros tres equipamientos: Miritxa, Jarindo y Kastillo. Larragorri, sin embargo, es el primero en superar el trámite medioambiental. Si nada cambia, la empresa instalará cinco aerogeneradores de General Electric, con 121 metros de altura, entre Orozko y Llodio. Tres de ellos se instalarán en suelo vizcaíno, uno exactamente en la muga y otro más sobre territorio alavés. En total, 25 megavatios de potencia 'green' que se sumarán al mix energético de Euskadi y que supondrán una inversión de alrededor de 25 millones para la compañía, que espera producir la luz para abastecer a unos 15.000 hogares aproximadamente. Para evacuar la electricidad que produzcan los molinos gracias al viento, la promotora plantea una línea de alta tensión que iría en su inmensa mayoría soterrada. De los más de 5 kilómetros de tendido, apenas 158 metros serían descubiertos, aunque las diputaciones -especialmente la alavesa- han insistido mucho en que ese tramo vaya soterrado. Capital Energy está estudiando esa posibilidad.

El Juzgado Mercantil de Vitoria ha aceptado la oferta de la compañía de nuevo cuño Creative Picture Partners para hacerse cargo del timón. Su propuesta, en la que promete una inversión global de 2,7 millones de euros, supondrá la salvación de 50 de sus 75 tiendas aún abiertas y la conservación de 162 empleos de un total de 288. Ikatz Fotoprix entró en concurso de acreedores en fase de liquidación el pasado 22 de abril de 2024 ahogada por las deudas. Desde entonces, hasta tres ofertas (una fuera de plazo) se han recibido en el Palacio de Justicia de la Avenida de Gasteiz. El auto de la magistrada Maite Trinidad entiende que el de Creative Picture Partners, con sede social en Vitoria, es el más favorable al quedarse con buena parte del negocio. Se entiende que el que aún obtendría réditos económicos. A pesar de su agujero económico, entre las tiendas de su propiedad y las franquiciadas, esta compañía alavesa mantiene su presencia en más del 80% del territorio nacional. Este soplo de alivio para estos 162 trabajadores que conservarán su empleo se debe a que la autoridad judicial entiende que Ikatz Fotoprix es «una empresa insolvente pero económicamente viable una vez excluida la reestructuración preconcursal». Este acuerdo supondrá, por contra, el cierre de 25 locales y el despido de 126 personas. La adjudicataria, Creative Picture Partners, fue creada en febrero de este año. Fuentes consultadas señalan que varios de sus directivos han formado parte del entramado de Ikatz, otro punto a favor en la decisión del Juzgado Mercantil y de Primera Instancia número 7.

El gigante francés de transporte y logística de productos alimentarios a temperatura controlada, Stef, redobla su apuesta por Gipuzkoa al abrir una nueva plataforma de 10.000 m2 en el Polígono Lanbarren de Oiartzun. Según ha podido saber este periódico, el centro, que se complementará con el otro almacén de la firma en Irun, dará empleo a 53 personas y contará con quince muelles de carga para camiones. La multinacional francesa sumará un total de 67 trabajadores entre la nueva planta oiartzuarra y la de la ciudad fronteriza, especializada en productos congelados. La inauguración oficial se realizará mañana y contará con la presencia de Joana Mendiburu, alcaldesa de Oiartzun; Stanislas Lemor, presidente del Grupo Stef, y Fabrice Carré, director de Stef Iberia. La nueva plataforma, enclavada en el número 5 de la calle Arañaburu del Polígono Lanbarren, se convierte así en un punto estratégico de la multinacional francesa para la exportación de productos refrigerados, lo que le permitirá garantizar entregas en los principales mercados europeos en un máximo de 72 horas. La compañía ha desarrollado esta instalación con el objetivo de ofrecer soluciones logísticas avanzadas, incluyendo almacenamiento, gestión de stocks y servicios especializados para el sector retail. Además, Stef ha establecido una relación exclusiva con Omnium –una empresa irundarra dedicada a la gestión aduanera, asesoramiento y a la prestación de servicios en el transporte internacional de mercancías–, con el objetivo de facilitar la gestión para exportaciones a países fuera de la UE, especialmente Reino Unido.

El traspaso de competencias a Euskadi siempre ha sido un terreno abonado al conflicto entre los gobiernos vasco y central dada la lentitud del proceso, que ya dura más de 67 años. Pero ni siquiera el cumplimiento de los compromisos, con la progresiva materialización de las transferencias por parte del Estado, asegura la paz entre ambas administraciones. Ahora un factor externo, el varapalo judicial que anula el cambio de manos en la homologación de títulos universitarios extranjeros, ha reabierto el enfrentamiento con reproches mutuos. La delegada del Gobierno central en Euskadi, Marisol Garmendia, se mostró ayer sorprendida por la «virulencia» en la reacción del Ejecutivo autonómico al fallo del Tribunal Supremo. En un comunicado emitido el viernes, apenas unas horas después de conocerse la resolución, fuentes de Lehendakaritza denunciaron una «intromisión clara» del Poder Judicial en el ámbito político y emplazaron directamente a Moncloa a que realice cambios jurídicos «de manera urgente» para revertir la anulación del traspaso. «Ponerse a exigir no es el tono más adecuado en una relación de confianza», replicó Garmendia, muy crítica con la actitud de Lakua. Considera que ésta «no es la respuesta adecuada» habida cuenta de que se trata de una decisión judicial: «Y aunque les parezca mentira, en España hay separación de poderes». La delegada, de hecho, ni siquiera garantiza que el Gobierno central vaya a interponer un recurso para tratar de restaurar la transferencia, algo que dependerá en última instancia del «estudio del fallo» que está acometiendo ya el Ministerio de Universidades.

Artículo del consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco: "Centenares, quizás miles, de personas de origen extranjero con formación universitaria han perdido la oportunidad de ver homologado en un plazo de tiempo razonable su título universitario. Un año después de que los gobiernos vasco y español acordasen la transferencia relativa a la homologación y equivalencia de títulos oficiales extranjeros, el Tribunal Supremo, atendiendo a los recursos presentados por varios colegios profesionales, la ha declarado nula. La razón de la anulación se resume en que la Constitución recoge en su artículo 149, 1. 30. que la regulación de esta materia es competencia exclusiva del Estado. Dicho así, puede parecer lógica su anulación, pero resulta que la transferencia no se refiere a su regulación, que en ningún caso ha pasado a la Comunidad Autónoma Vasca, sino a su ejercicio de acuerdo con la regulación estatal. El Supremo interpreta, sin embargo, que esa disposición no solo afecta a la regulación, sino que en casos como este también incluye la ejecución de la normativa. A los efectos, la interpretación que fundamenta la anulación entra en contradicción con el artículo 16 de nuestro Estatuto, según el cual «es competencia de la CAPV la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades». El procedimiento para la implantación de un título universitario incluye varios pasos pero, en lo sustancial, el trámite crítico es la verificación de que el título cumple los requisitos académicos exigidos para su implantación. Esa tarea compete, en nuestro caso, a la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco (Unibasq), que, en virtud de un convenio con la agencia estatal (Aneca), está facultada para realizar esa comprobación. Al Gobierno vasco corresponde después, basándose en tal verificación, autorizar su implantación. Hay, efectivamente, un trámite posterior a cargo del Ministerio de Universidades, Ciencia e Innovación, que consiste en el otorgamiento de valor oficial al título, pero en la práctica se trata de un mero trámite, pues la evaluación real de su adecuación a los requisitos académicos es la que ha efectuado la agencia vasca de calidad...Por mucho que se revista de argumentos jurídicos, la naturaleza de la sentencia es eminentemente política. Entre las interpretaciones posibles de la normativa y de la doctrina constitucional, el Supremo ha optado por la más restrictiva..."

El Ministerio de Sanidad descarta que el periodo de formación MIR de la especialidad de Familia pase de cuatro a tres años, tal y como solicitó ayer el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, para que Osakidetza pueda disponer de más médicos en sus centros de salud. El Gobierno central recuerda que el pasado año «todas las comunidades», incluida Euskadi, aprobaron el programa de preparación para esta especialidad y que no es viable su modificación. Fuentes del Ministerio sostienen, además, que «reducir la formación de los médicos de familia a tres años sería un retroceso que comprometería la calidad asistencial, la atención a los pacientes crónicos y la modernización de la Atención Primaria». A esto hay que añadir que supondría un agravio comparativo entre profesionales. De alguna manera, esa medida daría lugar a que hubiese unos médicos mejor formados que otros en los centros de salud. Sanidad advierte de que, de salir adelante la propuesta vasca, «incentivaría la contratación de profesionales sin especialización, precarizando el primer nivel asistencial y debilitando la base del Sistema Nacional de Salud». El consejero de Salud planteó ayer por la mañana reducir en un año el periodo de formación de un médico de familia como forma de paliar la actual carencia de estos profesionales y que Osakidetza disponga así de más facultativos. Así, indicó Martínez, se «duplicaría» en cuatro años» el número de nuevos doctores que podría incorporarse a la Atención Primaria vasca. 

ELA apostará por «reforzar sus señas de identidad y su modelo sindical autónomo y de confrontación» en su XVI congreso, que se celebrará en el Palacio Euskalduna de Bilbao el 2 y 3 de junio. Así lo avanzó ayer su secretario general, Mitxel Lakuntza, en la presentación de una cita que reunirá a 736 delegados, por primera vez con una mayoría de mujeres (el 53%). «El modelo sindical de confrontación no tiene alternativa porque es la única que se nos plantea en esas mesas de diálogo social que utiliza la patronal para intentar bloquear reivindicaciones tan urgentes y legítimas como la del salario mínimo interprofesional (SMI)», matizó. El secretario general de ELA aseguró que «hay una realidad que no le gusta a la patronal y a las administraciones de este país, pero que no puede ocultarse, que es que más huelgas han traído mejores convenios». «Y no es una afirmación que solo haga ELA. Es una afirmación que respalda la estadística», agregó. Lakuntza puso en valor que ELA es el sindicato mayoritario en Euskadi, con el 40% de representación. 

El arranque de año no cambia la tónica y la firma de hipotecas en Euskadi sigue creciendo. Según los datos de enero del Instituto Nacional de Estadística (INE) hechos ayer, las 1.936 pólizas registradas en el primer mes de 2025 suponen un crecimiento respecto al año pasado del 23,8%. El mercado inmobiliario firma así siete meses en expansión al calor de las bajadas de los tipos de interés, la demanda de vivienda y el ahorro que todavía construyen las familias gracias a la fortaleza del empleo en Euskadi. En total, los bancos prestaron en enero a los vascos 329,8 millones de euros para comprar una casa. La cifra supone un incremento casi 90 millones frente al mismo mes del año pasado. Y es que la excitación del mercado por la falta de oferta sigue subiendo los precios de la vivienda. Así, la hipoteca media concedida en Euskadi ascendió a 170.395 euros, un 10% más abultada que los 153.935 del pasado año. Un paro en el entorno del 7% y una subida de los salarios renovados en convenio superior al IPC siguen dando soporte al ánimo comprador que se desató el pasado año con las bajadas de tipos de interés. La banca prevé en el País Vasco esta inercia de crecimiento en el crédito hipotecario para este año con un porcentaje de avance de entorno al 5%. La única duda que aparece en el horizonte es el efecto de la guerra comercial provocada por los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Una de las consecuencias de este escenario es una subida de precios que puede llevar a los bancos centrales a congelar las decisiones que venían tomando para bajar los tipos de interés.

La opa presentada por BBVA sobre el Banco Sabadell, una iniciativa que en mayo cumplirá ya un año desde que se hizo oficial, sigue quemando etapas y consumiendo tiempo hacia un final que todavía es incierto. Pese a ello ha ganado peso la idea de que Competencia impondrá condiciones asumibles por BBVA para lanzar la oferta –también que el procedimiento no planteará problemas en el supervisor bursátil CNMV– y que el Gobierno adoptará una solución salomónica: no impondrá modificaciones sustanciales a la decisión de Competencia pero, a cambio, tratará de satisfacer las voces que claman contra la opa impidiendo la fusión. Esta última es una potestad exclusiva del Ejecutivo que condenaría a BBVA, si triunfa su oferta entre los accionistas del Sabadell, a ser el propietario de control de la entidad catalana, pero que le obligaría a mantener su identidad mercantil diferenciada. Es decir, no solo conservaría la marca sino una estructura directiva y comercial propia. En el seno de BBVA esta opción es la que cuenta en estos momentos con más adeptos. La beligerancia del Gobierno con esta opa no es un secreto. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha mostrado con claridad que le preocupa su «impacto en la competencia bancaria», pero lo cierto es que medirlo no será una competencia del Ejecutivo. Cuando la CNMC concluya su trabajo y autorice con condiciones la opa –puede ser en la primera semana de abril o prorrogarse hasta finales de ese mismo mes–, el Ejecutivo tiene la opción, en la denominada ‘Fase 3’, de valorarla por razones ajenas a la competencia. La seguridad nacional, que no parece que pueda influir aquí, es una de las razones por las que el Gobierno puede impedir o extender las condiciones que haya aprobado la CNMC.

Una enmienda en una modificación del Impuesto de Sociedades, un real decreto aprobado en Consejo de Ministros y luego rechazado por el Congreso y dos fechas de devengo distintas. Todo eso es lo que ha pasado por encima del impuesto a la banca en solo dos meses formando un laberinto regulatorio que, según confirman fuentes cercanas a las principales entidades financieras del país, podría dejar sin efectos el tributo en este 2025 o, en su caso, daría argumentos para plantear una batalla jurídica. Los departamentos fiscales de la banca y los principales despachos y consultoras legales analizan estas semanas con detalle la situación en que ha quedado el gravamen que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer permanente el impuesto a la banca. Atisban que una de las consecuencias en el caos de su tramitación ha provocado que el tributo quede con una aplicación a fechas anteriores y, por lo tanto, con un criterio retroactivo de complicado encaje legal. El impuesto sobre los ingresos por margen de intereses y comisiones de los bancos se tramitó como una enmienda a la ley que fijaba el tipo mínimo para las grandes multinacionales en Sociedades. Una norma que terminó su trámite en Congreso y Senado el 20 de diciembre. En esa redacción, la fecha de devengo (periodo de aplicación) para el impuesto a la banca se fijaba en el 1 de enero de 2025. La legislación, por lo tanto, aunque justa de plazo, llegaba antes del arranque de año y, por lo tanto, de su entrada en vigor. Pero esta ley fue modificada solo tres días después, el 23 diciembre, en el decreto ley que aprobó el Consejo de Ministros, que se conoció como ‘decreto ómnibus’. Precisamente fueron las asociaciones bancarias las que pidieron al Gobierno paliar un error técnico en la redacción. Se trataba de corregir un efecto dañino porque se fijaba una doble tributación sobre el 2024, un año por el que iban a cotizar con el anterior impuesto y por el nuevo a la vez. El ‘decreto ómnibus’ aprobado ese 23 de diciembre en Moncloa, además de ese error, modificó también la fecha de devengo fijando una nueva en el 31 de enero de 2025.

La relación de la economía española con el exterior es una de sorber y soplar a la vez. Por un lado, acumula desde la crisis financiera una gran deuda externa que necesita ir devolviendo. Y para ello tiene que ahorrar frente al exterior. Hay que enviar fondos fuera y tener lo que en la jerga se llama una capacidad financiera positiva con el extranjero. Pero, por otro lado, precisa fomentar la inversión nacional para converger con economías más avanzadas y hacer frente a retos como la digitalización, la innovación o el cambio climático. Y para ello tiene que ahorrar menos frente al exterior e invertirlo más en casa o atraer más recursos de fuera, lo que en ambos casos reduciría el superávit externo. Invertir bien ayuda a elevar más el PIB y devolver con más holgura en el futuro la deuda. Así que a la vez necesita absorber hacia el interior fondos, máxime ante el pobre comportamiento que ha tenido la inversión privada desde la pandemia. La deuda con el exterior tiene unos activos que la respaldan. Una vez se restan, se obtiene la deuda exterior neta, también conocida como posición de inversión internacional neta si se suman los activos y pasivos de renta variable. Esta ha ido bajando en relación al tamaño del PIB y constituye una de las grandes correcciones que ha protagonizado la economía española desde los excesos de la burbuja de 2008. Se ha hecho de forma sostenida y no sin grandes sacrificios en los salarios para ganar competitividad, consiguiendo mantener durante más de una década superávits robustos con el exterior, algo que no había sucedido nunca en la historia económica de España más allá de dos o tres años encadenados después de una crisis o durante una guerra mundial. 

El vicepresidente ejecutivo para la Prosperidad y la Estrategia Industrial presenta hoy martes el plan de la UE para dejar de depender de China, facilitar el rearme e impulsar la competitividad del sector de la automoción. Para todo ello, ha seleccionado los puntos clave de minería, reciclaje y procesamiento. Extremadura, Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha, los lugares elegidos por la UE en España. «España es muy importante ya que cuenta con proyectos de extracción, transformación y reciclado de siete materias primas críticas», apunta el vicepresidente francés Stéphane Séjourné antes de la presentación de un plan que pone de relieve la dependencia europea, tal y como informó este diario el pasado sábado. En la lista que hoy se hace pública figura, efectivamente, que el territorio español acumula el 15% de todos los puntos de la Unión Europea y en los que se encuentran elementos como el litio, el níquel, el cobalto, el cobre o el wolframio, productos imprescindibles para la movilidad eléctrica y la Defensa. Los proyectos seleccionados por la UE en España, que en todos los casos están ya en marcha, se distribuyen entre Extremadura, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha, y formarán parte de esas 47 iniciativas que tendrán acceso a una financiación de hasta 27.000 millones de euros. Y, muy relevante, recibirán importantes facilidades burocráticas y administrativas. «Queremos reducir el tiempo que se tarda en poner en marcha los procesos: los procesos de concesión no excederán los 27 meses para los proyectos de extracción y los 15 meses para el resto de actividades. Estamos tratando de ir lo más rápido posible. Ahora mismo hay plazos que llegan incluso a los 10 años en función dada la legislación regional, nacional y europea», expone Séjourné.

La demanda global de energía se dispara, a pesar del estancamiento de la economía global, y amenaza el potencial económico de los países desarrollados, entre ellos España, debido a que la incertidumbre sobre los precios y sobre la garantía de suministro impide atraer inversiones. De hecho, a lo largo del último año se perdieron cerca de 60.000 millones de euros en inversiones para el sector industrial debido a la escasez de oferta energética. Y este déficit podría agravarse en el futuro, debido a la creciente demanda eléctrica para la recarga de coches eléctricos, las grandes necesidades de los data centers y los problemas derivados del cierre de las nucleares. La Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió ayer en su informe anual sobre el mercado energético de que la demanda mundial de electricidad se disparó el año pasado un 4,3% respecto a 2023, una cifra sustancialmente superior a la del conjunto de la demanda de energía (2,2%) pero también a la del crecimiento económico mundial (3,2%). Y una cifra, además, inusitadamente elevada, ya que el ritmo de 2024 duplica con creces las cifras de los once años anteriores, en promedio, a pesar de la progresiva electrificación estos años de numerosas economías en desarrollo. Esto se debe a que en años anteriores la economía global crecía con bastante fuerza, pero lo hacía de forma cada vez más eficiente en el uso de su energía, especialmente entre los países emergentes; en cambio, en 2024 la demanda se ha disparado en los países más avanzados debido al coche eléctrico y los centros de datos.

El 80% del crecimiento de la generación mundial de electricidad provino de la energía renovable y nuclear en 2024. La suma de estas tecnologías libres de emisiones de carbono aportaron el 40% de la generación total por primera vez, según los datos publicados ayer por la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés). Y este porcentaje no es baladí en un contexto en el que las emisiones de CO2 crecieron un 0,8% en el último ejercicio y en pleno debate en España sobre la conveniencia o no de culminar el calendario de cierre de las centrales nucleares en 2035. En su informe, la IEA destaca la evolución que está experimentando el mix energético mundial en el que las energías limpias representaron un tercio de la generación y la nuclear solo el 9%. El organismo dependiente de la OCDE subraya la dependencia que aún mantiene la Unión Europea de este tipo de energía, un 23% frente al gas natural (16%) y el carbón (11%) y apunta al resurgir que está experimentando esta tecnología frente a periodos anteriores. En medio del torrente de cifras en relación a las energías verdes –la potencia renovable instalada en 2024 marcó un nuevo máximo histórico por vigésimo segundo año consecutivo con 700 gigavatios (GW)– se pusieron en funcionamiento 7 GW de energía nuclear, un 33% más que en 2023. Así, la nueva capacidad añadida fue la quinta más alta de las tres últimas décadas y el total instalado asciende a 420 GW. De los seis proyectos nucleares finalizados, todos reactores de gran escala, dos estaban en China y el resto en Francia, India, Emiratos Árabes y Estados Unidos.

Hasta hace unas décadas, petróleo era casi sinónimo de energía para todo tipo de usos, pero esa relación empezó a cambiar a partir de la crisis de 1973, cuando el recorte de producción por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo hizo que los precios se cuadruplicaran en cuestión de semanas y prosiguieran su senda alcista a lo largo de la siguiente década. Y eso, unido al desarrollo de redes eléctricas en los países emergentes y en desarrollo, ha llevado a que el peso del petróleo en el mix energético se hunda a mínimos históricos. En concreto, la cuota del petróleo en la demanda total de energía en el mundo cayó el año pasado por debajo del 30% por primera vez en la historia, 50 años después de alcanzar el máximo de un 46%, de acuerdo con las cifras publicadas ayer por la Agencia Internacional de la Energía dentro del Informe Global de Energía 2025. Según el documento, la demanda global de energía creció un 2,2% anual en 2024, un avance que casi triplica el del consumo de petróleo para este mismo periodo (0,8%), lo que supone una reducción de su cuota de mercado. Este freno coincidió con incrementos en el consumo mundial de electricidad, con un mayor suministro de energías renovables y gas natural que cubrió la mayoría de las necesidades energéticas adicionales, lo que dio como resultado un peso cada vez mayor de la electricidad en el mix. Esto se debe en buena medida a la cada vez mayor penetración del coche eléctrico, especialmente en China, lo que contribuyó a la disminución de la demanda de petróleo para el transporte por carretera, incluyendo los camiones, entre los que el gas cada vez tiene un mayor papel, si bien es cierto que hay otros usos en los que el crudo es más difícilmente sustituible, como es el caso del transporte marítimo, la aviación o la industria química.

Necesitada como nunca por atraer inversión extranjera, China ha abierto sus puertas a los mandamases de muchas de las multinacionales más importantes del mundo. Alrededor de 80 altos ejecutivos de empresas globales desfilaron por Pekín el domingo y el lunes para asistir al Foro de Desarrollo de China. Se trata de una ofensiva de encanto anual del Gobierno de Xi Jinping dirigida a los grandes empresarios extranjeros. El evento de este 2025 ha tenido especial relevancia después de que el gigante asiático sufriera el año pasado la mayor caída de la inversión extranjera directa desde la crisis financiera mundial de 2008. Por la capital china han aparecido líderes empresariales como Tim Cook (Apple), Albert Bourla (Pfizer), Stephen Schwarzman (Blackstone), Bob Sternfels o Rajesh Subramaniam (FedEx). También altos representantes de muchas otras grandes corporaciones como Saudi Aramco, Maersk, BMW Group, Airbus, Mercedes-Benz y HSBC. «En el mundo cada vez más fragmentado de hoy, con creciente inestabilidad e incertidumbre, es más necesario que los países abran sus mercados y empresas para resistir los riesgos y desafíos», dijo el domingo el primer ministro chino, Li Qiang. «Nos centraremos en combinar la intensificación de las políticas con el estímulo de las fuerzas del mercado. Implementaremos políticas macroeconómicas más activas y prometedoras, intensificaremos aún más los ajustes anticíclicos e introduciremos nuevas políticas incrementales cuando sea necesario». El primer ministro, en referencia clara a la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump, pidió a los líderes empresariales que «resistan el unilateralismo y el proteccionismo» y que se conviertan en «defensores y promotores de la globalización». El mensaje de Li va en línea con la estrategia de Pekín de intensificar sus esfuerzos para atraer y retener inversión extranjera en medio de la nueva guerra comercial –con Trump, además de los aranceles, presionando a los fabricantes de trasladar la producción a EEUU– y de la desaceleración del crecimiento económico.

La guerra comercial a la que Donald Trump quiere someter al mundo se mueve en el terreno de lo imprevisible. El líder republicano firmó ayer una orden ejecutiva por la que a partir del 2 de abril se imponen aranceles del 25% a los países que compren petróleo o sus derivados a Venezuela, ya sea de forma directa o a través de terceros. Entre ellos está España, que el año pasado adquirió al régimen de Nicolás Maduro el 4,7% del crudo que importa. Trump deja en manos del secretario de Estado, Marco Rubio, la imposición de dicha tasa a los países que se crea pertinentes, y una vez ejecutada se mantendrá hasta un año después de que el afectado ponga fin a la importación de crudo venezolano. El decreto presidencial no grava del mismo modo el gas del país caribeño, en contra de lo que había anunciado horas antes el presidente a través de su red social, Truth. Una decisión que llega tan solo dos días después de que alcanzara un acuerdo con el Gobierno venezolano para retomar las deportaciones de inmigrantes. Una pequeña tregua que el líder republicano rompió ayer al retomar su lenguaje beligerante contra un régimen de Maduro que «ha enviado a EE UU, de forma encubierta, a propósito y de manera engañosa, a decenas de miles de delincuentes». En cualquier caso, Trump se limitó a explicar el porqué –por introducir «personas de naturaleza muy violenta» en EE UU– y el cuándo –el 2 de abril– impondrá los aranceles a los países que compren petróleo o gas a Venezuela. No obstante, y como se ha convertido en habitual en sus amenazas comerciales, no especifica cómo lo hará. Es decir, cuándo empiezan a computar estas adquisiciones ni qué ocurre con los envíos en curso.

La actividad empresarial en Estados Unidos repuntó en marzo, pero los temores por los aranceles y los recortes del gasto público siguen lastrando la confianza y las perspectivas para el resto del año, en su nivel más bajo desde octubre de 2022, según la última encuesta publicada ayer por S&P Global. La buena noticia es que el Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se aceleró en marzo hasta los 53,5 puntos, desde los 51,6 enteros registrados en febrero, lo que supone alcanzar máximos de los últimos tres meses, gracias al repunte en el sector servicios, que compensó la caída de la industria manufacturera. Una lectura por encima de 50 representa expansión del sector privado. Sin embargo, los datos también ponen de manifiesto que el índice de precios pagados por las empresas por suministros se disparó este mes hasta alcanzar su nivel más alto en casi dos años, con aumentos tanto en la industria manufacturera como en los servicios. Además, las empresas mostraron reticencias a la hora de ampliar sus plantillas. Los analistas alertaron ayer de que la mejora de la actividad empresarial probablemente no servirá para calmar los temores de que la economía estadounidense esté entrando en una etapa de crecimiento lento combinada con una inflación elevada. Hay que tener en cuenta que la confianza de los consumidores también ha empeorado en la última encuesta. Aunque los aranceles y la guerra comercial iniciada por la Casa Blanca concentran la mayor parte de la preocupación empresarial, los datos de S&P Global también señalan los recortes en el gasto público como un foco de inquietud, tanto por lo que supone para las compañías como por el impacto en el consumo de los miles de despidos de empleados federales. 

La gélida Groenlandia está que arde con Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump, y sus deseos anexionistas, a la Casa Blanca. Y, lejos de templarse, la relación se ha vuelto a caldear con el anuncio de que una delegación norteamericana visitará la isla a lo largo de esta semana. Una minigira encabezada por la esposa del vicepresidente, Usha Vance, y con la participación del asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, que Washington presenta como una oportunidad para «construir una alianza», pero que en esta provincia autónoma de Dinamarca consideran una «injerencia extranjera». Su reacción ante el próximo viaje lo dice todo: «Es inaceptable». La visita estadounidense, que se desarrollará entre el jueves y el sábado, se producirá en un momento de transición en Groenlandia, pendiente de unas elecciones locales (1 de abril) y de conformar gobierno tras los comicios legislativos del 11 de marzo que ganó por sorpresa Demokraatit (Demócratas), una fuerza de centro-derecha liberal que aboga por un proceso tranquilo de independencia para la isla. Ni su líder, Jens-Frederik Nielsen, ni el primer ministro saliente, el ecologista Mute Egede, que ejerce ahora en funciones, han ocultado su malestar por la llegada de una representación de Washington. El primero la tacha de «falta de respeto», mientras que el segundo advierte de que no es un viaje casual ni «inofensivo».