20250328

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

Tubacex tiene un nuevo consejero delegado. Según fuentes de toda solvencia, el consejo de administración del grupo ha acordado por unanimidad el nombramiento de Josu Imaz en sustitución de Jesús Esmorís, que tras liderar la compañía vasca durante los últimos doce años situándola como un referente mundial en el negocio de las soluciones tubulares, ha presentado su renuncia esgrimiendo «motivos personales» para emprender nuevos proyectos profesionales. El consejo la ha aceptado destacando su labor. ¿Quién es el nuevo CEO de Tubacex? Josu Imaz, que se incorporará a mediados de abril, es ingeniero industrial por la Universidad de Navarra (Tecnum), MBA Executive por la Universidad de Mondragon y PADE en IESE. Hasta ahora ocupaba la dirección general de la división de material rodante de CAF, así como la vicepresidencia (hasta 2023 presidencia ejecutiva) de Solaris Bus&Coach, dedicada a la fabricación de autobuses eléctricos. Un perfil con amplia trayectoria internacional que se ha convertido en un factor fundamental a la hora de consumar su fichaje. Sus retos no son menores tras superar un 2024 de transición al reducir su beneficio neto hasta 22,9 millones a la espera de afrontar un 2025 que auguran de «récord», al igual que 2026. Según estas mismas fuentes, la compañía busca «mantener su estrategia centrada en potenciar el crecimiento rentable, la solidez financiera, la creación de valor para sus accionistas, la consolidación del liderazgo en su sector y la diversificación de su actividad», tanto desde el punto de vista geográfico como de productos y servicios. Y es que Tubacex cuenta con instalaciones de producción y centros de servicios en más de 30 países.

El Gobierno vasco, ante la evidencia de que la apuesta europea por el coche eléctrico «no está funcionando», según palabras del consejero Mikel Jauregi, anunció ayer que a partir del 1 de abril subvencionará con un máximo de 3.500 euros la adquisición de vehículos de cualquier combustible. No deberán costar más de 40.000 euros y, a cambio, se exige el achatarramiento de un coche de más de 20 años o que sea muy contaminante. El Gobierno vasco anunció ayer un plan de ayudas para incentivar la compra de coches nuevos en Euskadi con hasta 3.500 euros. El programa, tal y como detalló Mikel Jauregi, consejero de Industria, estará dotado con un presupuesto inicial de 5 millones de euros y no discriminará a ninguna tecnología. Eso sí, la condición que establece es que el vehículo nuevo no debe costar más de 40.000 euros y emitir menos de 125 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, 150 en el caso de las furgonetas. Además, se deberá achatarrar uno viejo que o bien tenga más de 20 años de antigüedad o que emita más de 175 gramos de CO2 por kilómetro. El plan, que se pondrá en marcha el 1 de abril, prevé sustituir 2.000 turismos y furgonetas por otras de mayor eficiencia y evitar así emisiones que superarían las 24.000 toneladas de CO2. Se podrá elegir entre más de 900 modelos, entre los que destacan, por ejemplo, el Volkswagen Golf, el Seat León, Audi A3, o el Peugeot 508. Las ayudas podrán subvencionar como máximo el 20% del nuevo vehículo. El plan especifica que esta nueva ayuda será incompatible con el Moves, que aunque en estos momentos esté suspendido, subvencionaba con hasta 7.000 euros la compra de eléctricos o híbridos enchufables, por lo que este programa estará principalmente destinado al resto de tecnologías.

Siete de cada diez empresas vascas, el 67%, considera que la Unión Europea debe responder con aranceles para proteger su industria de terceros países y, además, el 16% de las compañías de la CAV espera un impacto «grave» de la guerra proteccionista. Además, según el Gobierno Vasco, la mitad de las firmas vascas con presencia en el extranjero también muestran «inquietud», ya que el 50% de ellas prevé algún tipo de impacto negativo en sus ventas. Euskadi trabaja para fortalecer su presencia en Canadá, Australia y Japón.

Terremoto en el sector automovilístico mundial por el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel del 25% a todos los vehículos y algunos componentes automovilísticos que no sean made in USA. Esta decisión se aplicará tanto a los modelos fabricados en Europa como a los componentes de fuera del país norteamericano, aunque los detalles de esta medida proteccionista están todavía por concretarse. La noticia ha supuesto un tsunami para la automoción mundial, sobre todo para Europa, donde se verán afectados los fabricantes de vehículos, como VW, BMW, Mercedes-Benz, y los grandes proveedores de piezas como las también alemanas Bosch o Continental. El impacto será exclusivo para la industria nacional de componentes para vehículos, que verá afectado de forma significativa su negocio, puesto que EEUU representa el octavo destino de exportación de las piezas producidas en España. En concreto, empresas españolas como Antolin, Gestamp, Cie Automotive o Teknia, entre otras, exportaron piezas de vehículos a EEUU por importe de 1.021 millones de euros el año pasado, lo que supone el 4% de la balanza de exportación del sector español. “Aunque dicho porcentaje no es alto, es un mercado estratégico, con alto valor añadido y dependencias indirectas clave”, explicaron ayer desde la patronal española Sernauto. La decisión de Trump, además de a los coches no estadounidenses se dirige a algunos componentes que se importan, entre los que se encuentran piezas del motor, así como transmisiones o piezas eléctricas. Además, también habrá una afectación indirecta porque las piezas españolas se envían a plantas de otros países que sí exportan sus coches a EEUU, por lo que es probable que derive en una mayor presión en el precio.

Enfrascada como está Bruselas –y la Unión Europea– en reverdecer su esplendor industrial para ganar competitividad, el miércoles recibió un golpe de doble impacto desde Estados Unidos en el corazón mismo del sector manufacturero: los fabricantes de automóviles y Alemania. La subida de aranceles al 25% para las exportaciones de coches a Estados Unidos se esperaban, pero no por eso dejan de añadir pesimismo a las perspectivas ya lúgubres de una industria ya muy presionada por la pujanza de los coches eléctricos chinos. Y, sin embargo, su presente todavía muestra bastante vigor, basado, en parte, en la intensa relación comercial transatlántica y el prestigio del coche made in Germany: el primer mercado de los turismos de la Unión Europea es Estados Unidos, donde van vehículos por casi 40.000 millones de euros, de los que más de la mitad se han ensamblado en Alemania. “Ahora es importante que la UE dé una respuesta firme a los aranceles. Debe quedar claro que no vamos a ceder antes Estados Unidos”, declaró el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, después de darse a conocer la noticia. “Se necesita fuerza y confianza en uno mismo”, apuntó el político de Los Verdes, que habló de una mala noticia “para los fabricantes de automóviles alemanes, para la economía alemana, para la UE, pero también para EE UU”. Tanto Berlín como Bruselas apuestan por una salida dialogada a la guerra comercial con Estados Unidos, que, por ahora, deja un parte con aranceles estadounidenses ya en vigor del 25% al acero y al aluminio y el consiguiente anuncio de una respuesta europea por 26.000 millones de euros. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró la noche del miércoles que “buscará una solución negociada”.

En el caso de Mercedes-Benz, el anuncio de Trump sí puede tener efectos en la estrategia de la marca de cara a futuro. La automovilística alemana anunció en 2022 que Vitoria acogería su nueva plataforma de producción de vehículos eléctricos comerciales Van.EA, arquitectura de la que saldrán las primeras furgonetas eléctricas de Vitoria a partir de 2026, en su versión de pasajeros, mientras que en 2027 lanzará la dedicada a la actividad comercial. Ambas se supone que se exportarán también al mercado estadounidense, algo que corre peligro con la errática política arancelaria de Trump. La plataforma Van.EA, que fue pensada desde un inicio para la movilidad eléctrica, contará con versiones de combustión, mientras que la Vito y la Clase V de diésel se seguirán haciendo en el País Vasco unos años más. Este giro en la estrategia de Mercedes-Benz se debe a los fallidos pronósticos en torno al vehículo eléctrico, cuya implementación está siendo más lenta de la esperada por el sector en un principio. Más allá de lo que suceda con los planes de la automovilística alemana, las fábricas españolas están muy centradas en la producción de un tipo de vehículo que está pensado para los mercados europeos, de un tamaño menor al que se suele vender en EE UU.

Mercedes Vitoria vuelve a rebajar su producción para el 2025. Según informó la multinacional a los sindicatos ayer, la carga de trabajo se ha visto reducida en otras 2.000 unidades. La planta alavesa producirá 122.634 modelos este año, en línea con el registro del curso pasado y en mínimos desde la pandemia. El nuevo recorte llega con nuevos cambios en la forma de organizar el trabajo dentro de la principal factoría de Euskadi, con 5.000 personas en nómina. La producción en Vitoria, limitada a dos turnos por la baja demanda, empezará a ser de nueve horas en uno de ellos a partir de la semana que viene y el 5 de mayo lo hará también al otro. Para compensar ese tiempo añadido, la multinacional habilitará un corredor de vacaciones y hará de este verano el estío con menos producción de la historia reciente. Toda la plantilla disfrutará de tres semanas de vacaciones, habrá una extra que se repartirá entre la plantilla a lo largo del verano y en septiembre se trabajará a medio gas durante las dos primeras semanas por las obras destinadas al arranque de la producción de la nueva furgoneta eléctrica. La medida llega a las puertas de que Estados Unidos apruebe los aranceles para la automoción europea, aunque estos pasarán de largo por Vitoria. Desde 2023, Mercedes no vende las furgonetas Vito –rebautizadas como Metris– en el país presidido por Donald Trump, cuando terminó de entregar los últimos modelos de un gran pedido del servicio postal norteamericano.

La compañía vasca ITP cerró el pasado año con unos ingresos de 1.612 millones de euros, lo que supone un aumento del 24% en comparación con la facturación del ejercicio anterior, en pleno ascenso de la industria que tiene que ver con la defensa, al tiempo que también mejoran las cifras ligadas a la aviación civil. La compañía, controlada por el fondo norteamericano Bain y en la que también participa el Gobierno vasco como accionista nunca ofrece todos sus datos contables –hay que esperar a su presentación en el registro mercantil para conocer la fotografía completa–, de ahí que no haya desvelado la cifra de beneficio obtenido el pasado año. La empresa si ha indicado que su resultado bruto de explotación ha ascendido a 295 millones de euros, lo que supone un aumento del 43%. Un comunicado oficial de la empresa también apunta que durante 2024 invirtieron 102 millones de euros en tareas de investigación y desarrollo, además de haber incrementado la plantilla en un total de 730 empleados, de los cuales 321 están ubicados en Euskadi. La firma tiene ya un total de 5.689 empleados. ITP está dedicada a la fabricación de componentes para motores de aviación, al tiempo que desarrolla el mantenimiento de la Fuerza Aérea Española. Aproximadamente un 27% de sus ingresos proceden de actividades ligadas con la defensa y los ingresos en este área tenderán a crecer de forma importante en los próximos años.

El Gobierno central busca desatascar uno de los escollos que están complicando la firma del acuerdo definitivo sobre la operación Talgo. Se trata de la multa de 116 millones que Renfe impuso al fabricante por los retrasos en la entrega de los 30 trenes Avril. El Ejecutivo planteó desde el principio que ofrecería facilidades para su pago y que pondría las medidas necesarias para evitar que comprometiera la viabilidad de la compañía. Según han desvelado fuentes de toda solvencia conocedoras de las negociaciones, esta semana el operador público ha hecho un planteamiento de pago al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, que lidera el consorcio con el Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital para comprar Talgo. Se trata de un plan en el que la sanción no se empezaría a abonar hasta 2031. Después de esa carencia, el pago se plantearía en un fraccionamiento de siete años. Una de las claves de la propuesta reside en los intereses que se cargarán en el cobro. Es una de las cuestiones que está encima de la mesa y cuyo peso es determinante. Las mismas fuentes señalan, además, que en este planteamiento Talgo tendría que renunciar a presentar cualquier reclamación ante Renfe.

Euskadi lidera el problema del absentismo en todo el país y su impacto sigue al alza. Según el último informe de la consultora de recursos humanos Randstad, el País Vasco cerró 2024 con un incremento de dos décimas en la tasa, hasta alcanzar el 8,7%. Un dato muy superior al del conjunto de España, donde se sitúa en un 6,7%. El informe, que se elabora empleando datos recopilados por la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del INE, destaca que Euskadi registra en total una media de 27 horas no trabajadas, un dato que representa más de cuatro jornadas y media laborales en las que los profesionales no se han presentado, frente a las 25 horas que se calculan de media en España. En el último trimestre del 2024 también crecieron los casos motivados por incapacidad temporal (IT) en el País Vasco. Supusieron una tasa de 6,7%, una décima más que el año anterior. El dato supone 10 horas no trabajadas por esta causa, mientras que en España se alcanzan las 8 horas. La industria es el sector económico que concentra un mayor absentismo en el conjunto de España, seguido por el de servicios y la construcción. Además, La Rioja encabeza las comunidades donde más se ha incrementado la tasa (ocho décimas hasta el 6,4%), seguida de Cantabria (seis décimas, 7,8%) y Murcia (cinco, 7,7%).

La incapacidad temporal se ha convertido en la segunda partida de gasto de mayor envergadura a la que cada año hace frente la Seguridad Social, después de las pensiones, y que además afecta a las empresas de forma singular ya que han de hacer frente a las cargas derivadas de estos procesos. El absentismo no ha hecho más que crecer en la última década y se ha disparado a una velocidad inédita tras la pandemia, elevando la factura para las empresas hasta los casi 14.000 millones de euros en el pasado ejercicio y a más de 15.600 millones para la Seguridad Social. En suma, 30.000 millones de gasto derivado de las bajas laborales que suponen una rémora cada vez mayor para el tejido productivo. Concretamente, según se desprende de los registros oficiales, la cobertura de la incapacidad temporal ha elevado el coste para la Seguridad Social en un 154% en los últimos diez años, y un 64% desde el estallido de la pandemia. Igualmente, los costes empresariales que se derivan de la asunción de gastos entre los días cuatro y quince de cada baja, los complementos y mejoras y las cotizaciones a la Seguridad Social durante la baja se han incrementado un 190% en la última década (casi el triple) y en un 70% desde la pandemia, según los cálculos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). De hecho, esta tendencia ocupa ya al Gobierno, que ha abierto una mesa de diálogo social en el seno de la Seguridad Social para abordar con los agentes sociales medidas para atajar la tendencia. Aunque el gabinete dirigido por la ministra Elma Saiz no quiere hablar por el momento de medidas para mitigar el coste derivado, fuentes de la mesa de negociación trasladan que este es el prisma desde el que trabajan las organizaciones empresariales, tratar de mitigar el coste.

La Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia (Ascobi) lo tiene claro: los precios de la vivienda continuarán «al alza» en 2025. «La actividad del sector se mantendrá en los niveles actuales y si no hay cambios, los precios seguirán en aumento (el metro cuadrado de la obra nueva ya está por encima de los 4.000 euros), aunque con incrementos moderados», aseguró ayer Iñaki Urresti, secretario de la entidad durante la presentación del informe de mercado que presenta cada año la agrupación. El pasado ejercicio se iniciaron en Bizkaia 3.275 pisos, 2.441 libres y 834 protegidos. Aunque supone un incremento del 23% respecto a los datos registrados en 2023, siguen siendo insuficientes para satisfacer una demanda que en Bizkaia alcanza las 53.000 personas, según datos de Etxebide. «La tasa de producción en Euskadi es de 2,8 pisos por cada mil habitantes, lo que hace imposible atender las necesidades actuales», sostuvo el responsable. Si hace 17 años se levantaban 15.000 pisos al año, ahora apenas rozan los 6.000. Una de las principales conclusiones del documento de Ascobi es que hacen falta «cambios» administrativos para acelerar el ritmo de construcción. Al igual que el pasado año, la asociación volvió a poner sobre la mesa la necesidad de rebajar la reserva de VPO en suelos urbanizables, que ahora se sitúa en un 75%. Una medida que ya contempla el departamento liderado por el consejero Denis Itxaso en la ley de medidas urgentes que se prevé aprobar en el Parlamento este mismo año al contar con el visto bueno de los partidos que sostienen el Ejecutivo autonómico.

La Diputación ha reclamado por la vía penal 90,4 millones a tres vendedores ‘piratas’ de hidrocarburos a los que ha denunciado por presunto delito fiscal. Se trata de una práctica sobre la que la Hacienda territorial y otras muchas administraciones tienen puesto el foco desde hace unos años al detectar que la elusión es recurrente y alcanza elevadas cifras económicas. El propio sector ha pedido ayuda ante lo que considera una competencia desleal. La cuestión es que el Fisco vizcaíno no había detectado hasta ahora fraudes tan elevados. Habitualmente, estos operadores no abonan a las arcas públicas el IVA que se genera desde que importan los hidrocarburos hasta que llegan al distribuidor definitivo. En los casos irregulares, este proceso incluye por medio varias empresas pantalla que dificultan el rastreo de la operación. Tal es la relevancia que el Gobierno vizcaíno da a este tipo de fraude que recientemente ha modificado la norma foral del IVA para que los vendedores que sean catalogados como «no confiables» abonen la cuota correspondiente al inicio de la operación en vez de esperar hasta el final. La situación no solo afecta a Bizkaia. Por poner un ejemplo relevante: hace unos meses la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional pidió 89 años de prisión para los dos cabecillas de una trama a la que se le atribuyen 14 delitos de fiscal y otro de crimen organizado. El juicio, que sigue sin celebrarse, sienta en el banquillo a un empresario de 42 años de Neguri al que se identifica como cerebro de una ‘mafia de la gasolina’. Que el de los hidrocarburos no es un asunto menor para la Hacienda territorial lo evidencia también que esos 90,4 millones pendientes de cobro suponen el 20% de los casi 449 millones que la Diputación afloró el año pasado por impuestos impagados o sanciones impuestas a defraudadores. Hasta la fecha se ha conseguido recuperar el 70% del dinero.

Mientras los gobiernos vasco y central estudian cómo revertir la anulación del traspaso de la homologación de títulos extranjeros, el Parlamento reclamó ayer la materialización de otra transferencia pendiente: la de las políticas pasivas de empleo. PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar unieron sus votos (67 de 75 escaños) para exigir el «cumplimiento» de una competencia recogida en el Estatuto de Gernika desde 1979. Solamente PP y Vox se posicionaron en contra de que Lanbide gestione las prestaciones por desempleo, ahora en manos del SEPE y del Instituto Social de la Marina. Euskadi desempeña desde 2011 la gestión de las políticas activas de empleo, pero aún falta por transferir la otra parte; es decir, la declaración del reconocimiento, suspensión, extinción y reanudación de las prestaciones del paro, así como su pago y control e incluso la potestad sancionadora y la correspondiente función inspectora. Hasta la fecha, ninguna comunidad autónoma ha asumido esta competencia, pero el artículo 18 del Estatuto de Gernika atribuye al País Vasco los servicios relacionados con la Seguridad Social, como sería este caso. Una amplia mayoría del Legislativo autonómico considera que ese traspaso se debe materializar ya, por lo que en la sesión ordinaria de ayer se aprobó una proposición no de ley que llama a «efectuar» ese cambio de manos. El texto ratificado fue una enmienda acordada por PNV y PSE-EE frente a la iniciativa original de EH Bildu, que iba más allá y emplazaba a dar «nuevos pasos a favor de un marco vasco de relaciones laborales». 

El exsecretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, señaló ayer que «acata pero no comparte» la imposición por parte de la Comisión Ejecutiva Federal de una comisión gestora en Euskadi que llevará las riendas del sindicato hasta que se convoque un nuevo congreso ordinario después de que el que estaba previsto para los pasados días 13 y 14 de marzo se suspendiera ‘in extremis’ por la demanda presentada por una de las federaciones por irregularidades en la designación de delegados. También desveló que la candidata por la que abogaba para que le relevara era su hermana Xuria, que lleva veinte años como responsable de Igualdad. Arza indicó en Radio Euskadi que tras suspender la Comisión Ejecutiva Federal el Congreso el mismo día 13, les transmitieron que seguiría la Ejecutiva, «pero una semana después nos dijeron que tomaría las riendas una comisión gestora». El exsecretario general de UGT-Euskadi señaló que el Congreso se suspendió «por una serie de denuncias de compañeros que no se les había convocado a los procesos de elección, con lo que no tenía sentido seguir con el Congreso porque hubieran participado personas que no tenían que haber participado». Arza admitió que la persona que proponía para su relevo era su hermana Xuria. No comparte que una candidatura se pueda cuestionar por el hecho de ser familiar y no por su valía, que defendió.

Confebask presenta una nueva guía dirigida a las empresas  sobre las novedades en la nueva Formación Profesional Dual de Euskadi en la que se detallan, de manera ágil y sencilla, los cambios introducidos desde este último curso 2024-2025 a raíz de la entrada en vigor del nuevo marco legal. La guía, desarrollada tanto en euskera como en castellano,  aporta las claves para que sepan cómo manejarse con la ley actual y puedan adecuarse a los nuevos requisitos. El objetivo de Confebask, es dar a conocer las nuevas modalidades de fp dual a las empresas; de manera que cada vez sean más las empresas que participen, incorporando personal cualificado. Esta guía incluye una comparativa entre el nuevo marco y el vigente hasta la fecha, así como un recopilatorio final sobre las ventajas de la formación dual tanto para la propia empresa como para el alumnado. Entre esas ventajas, la Fp dual de Euskadi  mejora la competitividad de la empresa al incorporar talento joven específicamente preparado para sus necesidades, además de fomentar un empleo de calidad entre los jóvenes. Ver más en Confebask. Ver guía aquí. 

La computación cuántica promete avances revolucionarios en diferentes industrias, pero también plantea desafíos críticos para la seguridad global, desde la amenaza del ‘store now, decrypt later’ (almacenar ahora, desencriptar después) hasta el desarrollo de sistemas de criptografía post-cuántica. Las principales potencias, con EE UU y China a la cabeza, y Europa algo rezagada, están en una carrera contrarreloj para blindar sus datos frente a un futuro donde el cifrado actual podría quedar obsoleto. Aitor Moreno (Vitoria, 1972), responsable de tecnología cuántica de Ayesa e investigador principal de Ibermática Fundazioa, intervino ayer en el foro ‘De la Computación Cuántica a la Seguridad’ organizado por Ayesa en el Aquarium de San Sebastián. El experto analiza el impacto de esta revolución en la defensa, la soberanía tecnológica y la ciberseguridad. "Euskadi cuenta con centros de investigación punteros, colaboraciones con grandes empresas tecnológicas y una red de talento especializada. La llegada de infraestructuras como el IBM System Two a Donostia no es casualidad, sino parte de una apuesta bien diseñada para estar en primera línea cuando esta tecnología se consolide. – ¿Qué supone tener en Donostia uno de los superordenadores cuánticos más potentes del mundo? – Es un paso muy importante porque permite a investigadores y empresas acceder a un hardware cuántico avanzado sin necesidad de depender de simulaciones. Esto acelera el desarrollo de algoritmos y casos de uso reales..."

Cuenta atrás en Almaraz. A pocos meses de que la central nuclear extremeña llegue a su punto de no retorno, Iberdrola, Endesa y Naturgy están analizando todas las opciones a su alcance para dilatar el proceso de cierre de los dos reactores cacereños que, si nada lo impide, arrancará en 2027. Para la terna de propietarias ha empezado a ganar enteros la solicitud formal de una miniprórroga por dos o tres años, frente a los diez que son habituales, una opción con menos complicaciones, tanto administrativas como políticas. Así lo afirman fuentes cercanas a las conversaciones, que destacan que esta vía tiene varias ventajas. La central extremeña pasó con éxito su último examen de seguridad, una suerte de ITV a la que deben someterse todas las centrales periódicamente, y que implica una auditoría en profundidad por parte de los propios técnicos de la instalación y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El permiso de seguridad vigente para Almaraz tiene validez para el periodo 2020-2030. Es decir, una extensión de la vida útil de la central de dos o tres años estaría aún cubierta por ese certificado de seguridad. Se trata de un trámite distinto, pero complementario, a la autorización de explotación que es, en definitiva, el que pone fecha de caducidad a los reactores. Habitualmente, se renueva cada década. Pero una prórroga a 10 años implica tener que pasar un nuevo examen de seguridad, pues la vida útil llegaría hasta 2037, siete años más de los cubiertos por el citado certificado.

El déficit público se redujo en 2024 hasta los 44.597 millones de euros, el 2,8% del Producto Interior Bruto. Así lo anunció ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación del informe anual de Ejecución Presupuestaria. Se trata del quinto ejercicio consecutivo en el que se reduce el descubierto de las cuentas públicas, y en esta ocasión cae por debajo del límite impuesto por Bruselas, que instó a España a reducir el indicador hasta el 3% el año pasado. Por tanto, el país sale así del umbral de déficit excesivo de la Unión Europea por primera vez desde 2018. España redujo el año pasado su déficit en siete décimas respecto al registrado en 2023, cuando ascendió al 3,52% del PIB. No obstante, en estas cuentas no se incluye el desembolso efectuado por el Estado para afrontar las consecuencias del desastre natural de la dana. El año pasado, se destinaron 5.590 millones de euros, “de los cuales la Administración Central ha asumido el 93%”, lo que supone un 0,35% del PIB. Sumando este dato, el déficit de 2024 ascendería al 3,15%. Montero explicó que, tras los resultados de 2024, España ya ha reducido su déficit más de un 7% entre 2020 y 2024, lo que supone un descubierto en las arcas públicas de 70.000 millones de euros menos que el año de la pandemia. Atendiendo a la división por subsectores, los datos publicados ayer por el Ministerio de Hacienda muestran una distribución irregular en las cuentas de las administraciones. Así, las comunidades autónomas redujeron su déficit conjunto hasta el 0,1%, con sólo seis territorios con resultado negativo. Por su parte, las corporaciones locales presentaron el año pasado un superávit del 0,42% del PIB. Caso diferente es el de los subsectores nacionales.

Para más de la mitad de los encuestados (51%) la medida tendrá un impacto negativo y supondrá tener que llevar a término actuaciones drásticas. Esto es, reducir el tamaño de la empresa prescindiendo de personal o el abandono de proyectos. Incluso para el 13,5% de los encuestados –entre una muestra de 200 pymes– la reducción de jornada podría hacer tal daño que se verían abocados a echar el cierre. En este sentido, el actual presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, señaló durante la presentación de resultados del Barómetro que, no obstante, la reducción de jornada “está aparcada” en el Congreso porque al Gobierno le está costando sumar los apoyos necesarios para asegurar la aprobación de la medida. De hecho, también ayer la vicepresidenta Díaz afirmó tener constancia de presiones que se están llevando a cabo desde el mundo empresarial para que formaciones escépticas como Junts no ofrezcan sus votos al Ejecutivo. La propia CEOE dirigida por Antonio Garamendi ha reconocido públicamente que se están manteniendo contactos con los grupos políticos para que no salga adelante. De hecho, parece que estas presiones estarían haciendo efecto, toda vez que la medida no ha sido aún aprobada en segunda vuelta en Consejo de Ministros, paso necesario para que pase al Congreso ya como proyecto de ley. Esta demora también amenaza seriamente con hacer saltar por los aires el calendario que Trabajo había acordado con los sindicatos para la puesta en marcha de las 37,5 horas. En la disposición transitoria que recoge el todavía anteproyecto de ley se fija antes del 31 de diciembre de 2025 el momento en el que las empresas afectadas por el recorte a 37,5 horas deben tener ya en marcha la renegociación del convenio para incluir la modificación.

Entrevista con Ángela de Miguel (Valladolid, 1971), actual presidenta de CEOE Valladolid y candidata a la presidencia de Cepyme respaldada por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. "Creo, como muchos de los que estamos en el proyecto, que la unión nos hace más fuertes. El 99,8% de las empresas españolas son pymes, por lo cual es muy difícil entender la CEOE sin las pymes. Diferenciarlo me parece complicado dentro de una unidad de acción o estratégica, porque cualquier política pública que se vaya a adoptar va a afectar a todas las empresas españolas, que la gran mayoría son pymes. Independientemente de esto, dentro de lo que es una unidad de acción se puede tener una voz diferenciada y, en algunos casos, se pueden tener ciertas discrepancias, como puede pasar perfectamente con ATA, que está integrada en una unidad de acción dentro de lo que es CEOE-Cepyme-ATA y tiene una voz perfectamente diferenciada que la conocen todos los ciudadanos de España. Yo lo que quiero es una Cepyme similar. Creo que puede tener muchísimo más peso y presencia pública. Y eso se puede hacer, sin ningún género de dudas, dentro de la unidad de acción...Ha habido cosas que se han hecho sin consensuar; lo sabemos porque así lo ha dicho el propio presidente actual de Cepyme (Gerardo Cuerva). Por ejemplo, se firmó la reforma laboral, Cepyme votó a favor, la firmó y luego salió públicamente diciendo que no le gustaba aquello que había firmado y que había hecho. Creo que hay que tener una coherencia con las posiciones.

Repsol ha alcanzado un acuerdo histórico para consolidar su negocio de exploración y producción de hidrocarburos (upstream) en el Mar del Norte de Reino Unido con NEO Energy Group Limited (NEO UK), operador independiente de petróleo y gas en Reino Unido, mediante un canje de acciones. La joint venture resultante se convertirá en una compañía de petróleo y gas “más sólida y diversificada en el Mar del Norte”, destinada a convertirse en uno de los mayores productores independientes en la Plataforma Continental del Reino Unido (UKCS, por sus siglas en inglés), explican los responsables de Repsol. Esta operación estratégica mejora significativamente “la escala operativa, la eficiencia y las perspectivas de crecimiento de la joint venture, reforzando el compromiso de Repsol de maximizar el valor de sus activos en Reino Unido”, añaden. Desde hace meses, Repsol buscaba opciones para sus activos en el Mar del Norte, tanto de las aguas cercanas a Reino Unido como las de los países nórdicos, en concreto Noruega. En esta operación, solo se han incluido los activos en aguas territoriales británicas.

La Comisión Europea está «preparada» para plantar cara a Donald Trump y la «indeseada» guerra comercial que ha desatado, que tuvo su último hito la noche del miércoles al anunciar aranceles del 25% a las importaciones de automóviles y sus componentes. El Ejecutivo dirigido por Ursula Von der Leyen elevó ayer el tono contra el presidente estadounidense y prometió una respuesta «de máximo impacto» sobre el comercio de EE UU. Bruselas, empeñada estos últimos meses en fortalecer su industria ante un mundo cada vez más convulso, comienza a conocer ahora las intenciones reales de Trump y con qué tasas quiere gravar cada producto. El Ejecutivo comunitario, acostumbrado a la serenidad y a evitar dar pasos en falso, sorprendió ayer al prometer una respuesta «firme» y «robusta» ante unas barreras comerciales «que van en la dirección contraria» a los intereses europeos. El portavoz de la Comisión Von der Leyen, Olof Gill, aclaró que Bruselas ya trabaja con las capitales para «calibrar» una respuesta, aunque esquivó dar una fecha concreta sobre su anuncio definitivo. Ahora bien, el Ejecutivo comunitario quiere evitar a toda costa este choque de trenes con su principal socio comercial e insta a la Administración Trump a buscar «una solución dialogada». El problema radica en que desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, la Unión Europea no ha encontrado un interlocutor con predisposición a atender sus demandas al otro lado del Atlántico. 

“Si la Unión Europea trabaja con Canadá para hacer daño económico a Estados Unidos, se aplicarán aranceles a gran escala, mayores de los ya planeados, a ambos para proteger al mejor amigo que esos dos países jamás han tenido”. El presidente de EEUU, Donald Trump, no dudó ayer en utilizar las redes sociales para amenazar de nuevo tanto a Europa como a Canadá, ante la posibilidad de que ambos unan fuerzas para ofrecer una respuesta coordinada a la guerra comercial desatada por la Casa Blanca y que el pasado miércoles escribió un nuevo capítulo con el anuncio de aranceles del 25% a todas las importaciones de coches no fabricados en suelo estadounidense. “¡Se acerca el día de la liberación de Estados Unidos! Durante años nos han estafado prácticamente todos los países del mundo, amigos y enemigos. Pero esos días terminaron. ¡¡¡América primero!!!”, apuntaba ayer Trump en otro mensaje en sus redes sociales. Se refería al 2 de abril, fecha en la que entrarán en vigor la mayoría de los aranceles que ha anunciado hasta el momento, y que incluyen desde la industria del motor hasta el sector agrícola, el farmacéutico o el de los semiconductores, además de las tarifas recíprocas y una tasa del 25% general a todos los países que compren gas o petróleo de Venezuela.

Los aranceles del 25% a la importación de automóviles anunciados por Donald Trump han caído como una bomba en la vecina Canadá, inmersa en plena campaña electoral para las elecciones del próximo 28 de abril. El primer ministro, Mark Carney, los considera un “ataque directo” que hará sufrir al país, dijo el miércoles. Ayer, Carney dio un discurso solemne que marca un cambio de era en la relación entre dos países vecinos que han sido amigos y aliados durante generaciones. “La antigua relación que teníamos con Estados Unidos, basada en la integración cada vez mayor de nuestras economías y en una estrecha cooperación en materia de seguridad y militar, ha terminado”, dijo. El primer ministro canadiense prometió responder con “acciones comerciales de represalia que tendrán el máximo impacto en EE UU y el mínimo impacto en Canadá”, anunció, pero sin detallar cuáles son esas medidas. Carney prevé dedicar lo que se recaude con los aranceles de represalia a ayudar a los trabajadores afectados por los aranceles de Trump. Por su parte, la Comisión Europea reiteró ayer su rechazo a la nueva tanda de aranceles, esta vez sobre los coches. “Estamos preparados para salvaguardar nuestros intereses económicos y, en caso necesario, daremos una respuesta firme, proporcionada, robusta, bien calibrada y oportuna a cualquier medida injusta y contraproducente de Estados Unidos”, advirtió el portavoz comunitario para Comercio.

Martin Baron, exdirector entre otras cabeceras del ‘Washington Post’ y con dieciocho premios Pulitzer, ofreció ayer en Bilbao una charla sobre el trumpismo y la política de su país. Donald Trump fue, de hecho, una presencia constante en la conversación: el presidente de Estados Unidos se ha declarado «en guerra con los medios», por los que siente una animadversión que Baron ya experimentó en primera persona durante el primer mandato del magnate. Ayer, ante un público atento formado por lectores, suscriptores y profesionales de este diario, el periodista estadounidense se refirió al actual Ejecutivo de su país como un «Gobierno canalla» que «se está esforzando en socavar las instituciones democráticas», encabezado por un hombre que «tiene la fuerza como su primera herramienta, quizá la única que hay en su caja». ¿Cómo se puede explicar que lo tengamos de nuevo ahí, instalado en el Despacho Oval? «Había en el país un ambiente de desasosiego, la sensación de que Biden era un presidente débil que no lidiaba con los problemas de los ciudadanos», analizó en su perfecto español. Baron se ha mostrado en muchas ocasiones contrario a esa extendida idea de que Trump aspira a ser rey, pero solo porque se queda corta: «Él quiere ser emperador, tiene la idea de expandir las fronteras de Estados Unidos. Tenemos la ventaja de tener vecinos pacíficos, que no representan una amenaza, pero en dos meses ha hecho enemigos a nuestros amigos y está intentando hacer amigos a nuestros enemigos, países que no son de fiar. Es difícil de entender. Es un hombre que no respeta las alianzas ni las amistades, un aspirante a autócrata que quiere acumular más poder», reprochó.