20250424

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día. 

Euskadi ha sumado 8.500 personas ocupadas durante el último año alcanzando la cifra de 991.500 trabajadores, un dato récord para el primer trimestre del ejercicio aunque por debajo del número alcanzado a finales del año pasado (entonces se superaron los 996.900). Hay más trabajadores que en el arranque de 2024 y menos personas paradas. En los últimos doce meses se ha reducido su cifra en 10.600 personas, hasta las 74.300, lo que representan un descenso de nueve décimas en la tasa de paro. Ésta se reduce desde el 7,9% al 7%. Así lo reflejan los datos de la encuesta de la población en relación con la actividad que el instituto vasco de estadística Eustat ha publicado este miércoles. El informe recoge una ralentización del crecimiento, en comparación con el mismo periodo del año pasado cuando el porcentaje de la población ocupada creció un 1,76% (se sumaron 17.000 trabajadores) frente al 0,86% de este último trimestre. Por sectores, los servicios y la construcción absorben la mayor parte de los empleos creados. Los primeros han sumado 4.300 trabajadores y los segundos otros 4.000. Por contra, la industria se ha dejado 600 ocupados. Por territorios, en el último año Bizkaia ha registrado el mayor incremento en el número de trabajadores con 6.400 ocupados más (un 1,27%), frente a los 1.800 de Gipuzkoa (0,54%) y los 300 de Álava (0,20%) respecto al primer trimestre de 2024. Ver nota de Eustat.

El impulso de la Semana Santa apunta a llevar a Gipuzkoa a un nuevo récord de afiliados en este mes de abril. Así lo atestiguan los datos de afiliación de la Seguridad Social a mitad de mes, que suman a día 15, en el inicio del periodo vacacional, una cifra récord de 340.643 cotizantes en el territorio. Y todo ello, sin contar con los días festivos y de la semana de Pascua, de gran actividad en la hostelería, todavía sin computar. El récord actual está fijado en los 304.203 afiliados del pasado noviembre, impulsado por la Educación y la Sanidad. En este caso, todo apunta a que la hostelería es la clave. El buen momento del empleo se confirma a su vez por los récords a mitad de mes en Euskadi, con un 1.025.042 afiliados en el ecuador, y en el conjunto del Estado, que supera por primera vez en la historia los 21,6 millones de afiliados en la serie diaria, según destaca el Ministerio de Seguridad Social.

Un mes después del toque de atención del lehendakari por la saturación de la red eléctrica en Euskadi, Madrid mueve ficha. El Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado a concurso los primeros nudos eléctricos para desatascar las peticiones de la industria vasca para acceder a más energía. En concreto, el Gobierno central ha trasladado a siete empresas una propuesta para liberar 1.380 megavatios de potencia en dos subestaciones vascas: la de Arrigorriaga y la de Mercedes, en Vitoria. El Ejecutivo Sánchez busca así auxiliar a una industria que en apenas tres años ha multiplicado por ocho sus solicitudes para ‘enchufarse’ a la red que transporta la electricidad hasta un volumen de más de 2.000 megavatios. Con esta propuesta para iniciar el concurso –hay diez días para presentar alegaciones– se libera de golpe la mitad de la potencia solicitada. Para resolver las peticiones formuladas en estos nudos, el equipo de Sara Aagesen ha establecido unos criterios que buscan dar facilidades a los proyectos industriales que más necesitan esa electricidad: los que han recibido ayudas europeas y necesitan poner en marcha sus iniciativas para no verse obligados a devolver dinero de sus subvenciones. Para ello, se fijan unos criterios que priorizan tres cuestiones: el volumen de inversión, la reducción de emisiones de dióxido de carbono y el plazo para poner en marcha esas iniciativas. Algo en lo que encajan tanto la milmillonaria inversión de Mercedes para producir sus modelos eléctricos en Vitoria a partir del año que viene como los planes de descarbonización de Heidelberg Materials, la cementera con sede en Arrigorriaga, entre otros. Aun así, será necesario ver el dibujo final del concurso para saber cómo se reparte esa potencia.

Talgo ha comenzado a reconfigurar su consejo de administración mientras continúan las negociaciones para cerrar formalmente el principio de acuerdo sellado en febrero, por el que el consorcio vasco liderado por Sidenor se hará con el 29,7% en manos del fondo Trilantic. El fabricante de trenes anunció ayer que ha nombrado por cooptación a María José Zueco Peña, actual secretaria del órgano de gobierno, como consejera externa independiente de la compañía, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este nombramiento cubre uno de los cuatro asientos del consejo que se quedaron libres el pasado mes de febrero, cuando dimitieron los consejeros Francisco Javier Bañón y Javier Fernando Olascoaga (ambos de Trilantic), Pedro Manuel del Corro García-Lomas (Torreal) y José María Oriol Fabra (vicepresidente no ejecutivo y heredero de los fundadores de la empresa). Trilantic es el fondo británico propietario de un 29,8% de Talgo que venderá sus acciones al grupo industrial vasco Sidenor por 152 millones, mientras que Torreal tiene un 3,5% y los Oriol en torno a un 7%.

Arteche celebrará el próximo 28 de abril su junta general de accionistas, a la que propondrá el reparto de un dividendo por un importe de 9,4 millones, unos 0,1655 euros brutos por acción, que se abonará el 14 de mayo, según informó la compañía con sede en Mungia. El orden del día incluye la aprobación de la cuentas correspondientes a 2024, año en el que el grupo obtuvo un beneficio neto atribuido de 18,9 millones, lo que supone un incremento del 56,7% respecto a las ganancias de 12,1 millones registradas a cierre del ejercicio anterior. El orden del día se completará con el punto relativo a la fijación del importe máximo de la remuneración de los consejeros.

Con el proyecto constructivo pendiente aún de aprobar, a la Diputación se le están desbaratando los plazos. Las labores difícilmente arrancarán este año, última previsión realizada por el Gobierno foral el pasado noviembre, y la carretera en ningún caso podrá ser inaugurada para 2028 como se esperaba. Habrá que esperar a 2032... como poco. La galería tendrá 3,2 kilómetros y costará 515 millones. El proyecto estrella que tiene sobre la mesa el Ejecutivo territorial para el presente mandato parecía encauzado a finales de 2023, pero los trámites ambientales se están complicando mucho. Muchísimo. Cuando todo parecía listo, una batería de alegaciones vecinales obligaron a la Diputación a ampliar los estudios preliminares para compatibilizar el desarrollo de una obra que sí o sí va a generar fuertes molestias en la zona con el derecho de los afectados a que su día a día sea durante las obras lo más normal y saludable posible. De hecho, los residentes reclaman medidas correctoras especiales para atenuar el fuerte impacto, sobre todo acústico, que los trabajos van a generar en viviendas y centros educativos situados en el entorno de la rotonda de Artaza, punto en el que se abrirá la boca de la Margen Derecha. Una de las cuestiones sobre la que están debatiendo los técnicos es el método constructivo. Se busca acelerar las obras para que no acumulen más retrasos y para que el perjuicio en Artaza dure menos, pero ese camino es controvertido. Según el estudio acústico y de vibraciones realizado por la ingeniería Proinac para la sociedad foral Interbiak, responsable del proyecto, se apuesta por realizar voladuras en el límite entre Getxo y Leioa en el que se ejecutará el acceso al subfluvial. Se prevé un total de 83 detonaciones durante el primer año de trabajos para abrir paso a la maquinaria hacia el subsuelo. El objetivo, recortar siete meses la duración de unas obras que se van a prolongar un mínimo de cinco años y pico.

El sector inmobiliario español sigue en el objetivo de los inversores internacionales, pero su dinero, por ahora, está parado a la espera de que el panorama arancelario se despeje y se lleve la incertidumbre que se ha instalado en los mercados. “El capital ahora está en modo espera”, confirmó ayer David Martínez, CEO de Aedas Homes y presidente de Rebuild, la feria de la construcción industrializada que se celebra hasta el viernes en Madrid. “El contexto de incertidumbre actual deja en pausa la inversión. Seguimos viendo apetito e interés, pero de momento el inversor del sector está en pausa”, amplió. No obstante, su perspectiva es optimista porque considera que España es uno de los lugares mejor posicionados para atraer capital extranjero. Se basa en la atracción que siguen generando activos como los hoteles, el flex living, las residencias de estudiantes o el alquiler asequible. Donde detectan menos impacto, sin embargo, es en el coste de los materiales de construcción. A diferencia de lo que ocurrió con el estallido de la guerra en Ucrania, cuando se dispararon los precios, en esta ocasión los costes se mantienen estables, en la línea de los últimos años, salvo en zonas como la Costa del Sol, donde factores como la baja capacidad de producción tensiona las valoraciones. “No vemos impacto de los aranceles en los costes de los materiales porque la mayoría de los elementos son de origen local; de fuera traemos básicamente la tecnología y no viene de EEUU, sino de Asia”, especificó el CEO de Aedas Homes. Mientras tanto, el sector aguarda para conocer los detalles del PERTE para industrializar la vivienda que está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente este jueves durante su intervención en la feria Rebuild. 

El pasado enero, durante el acto inaugural del Foro de Urbanismo de Euskadi en Bilbao, el lehendakari, Imanol Pradales, reafirmó el compromiso del Gobierno vasco para poner en marcha dos líneas de avales que faciliten a los jóvenes la adquisición o alquiler de un piso. En las compraventas el funcionamiento estaba claro. Simulando los avales ICO, el programa busca garantizar el importe que las entidades bancarias no llegan a financiar –normalmente es el 20% del precio del inmueble– para apoyar a menores de 40 años, que aún siendo solventes y teniendo recursos, no disponen de los ahorros necesarios para la compra de una vivienda. En lo que había más dudas era en cómo el Departamento de Vivienda iba a avalar las fianzas que los inquilinos necesitan depositar para acceder a un arrendamiento en el mercado libre. Fue el viceconsejero, Miguel de los Toyos, quien dio ayer algunas pistas. El responsable del área aseguró que el Ejecutivo descarta fiar el 100% de las fianzas porque «habrá gente que a sabiendas que el Gobierno está detrás, deje de pagarlas». Avanzó que el objetivo es avalar «el 50 o 60% de los importes». Es decir, que si un inquilino tiene que desembolsar dos ‘meses’ de 900 euros para entrar a un piso, el departamento avalará «la mitad». Del resto tendrá que hacerse cargo el arrendatario. De los Toyos asegura a este periódico que el proyecto aún está en una «fase embrionaria» –el documento está en exposición pública y se espera que sea una realidad «tras el verano»– y que puede sufrir modificaciones. Lo que sí ha confirmado es que los inquilinos que estén interesados en la medida no deberán acudir a una entidad bancaria en busca de crédito. Las solicitudes se gestionarán desde Alokabide y será el Instituto Vasco de Finanzas quien emitirá el aval correspondiente tras el visto bueno del Ejecutivo.

Solaria retoma sus planes para instalar proyectos de renovables en Álava. Tras ver cómo la Diputación tumbó el parque fotovoltaico de Vitoria Solar 2, la energética ha presentado un nuevo proyecto ante las instituciones para ajustarse a los permisos urbanísticos que necesita a fin de levantar su instalación. El documento que presenta el rediseño de la planta difiere sustancialmente del que tumbó el Ejecutivo foral tras analizar los informes negativos del Ayuntamiento de Vitoria, avanzados por este periódico en octubre. Para sortear los vetos del Plan General de la capitala alavesa al proyecto, Solaria ha optado por eliminar dos perímetros de placas solares en el nuevo equipamiento. Se trata, en concreto, de las dos parcelas más cercanas al concejo de Lubiano. En total, una superficie de 124.128 metros cuadrados en la que finalmente no se colocarán placas para obtener energía del sol y que recortarán la extensión del huerto solar. Todavía no se conoce en cuánto afectará esta supresión a la potencia, ya que Solaria sigue hablando en sus documentos de un parque de 50 megavatios. Pese a alterar estas dos parcelas, habría placas que seguirían incumpliendo con la distancia de 500 metros que deben guardar con los pueblos de acuerdo con el plan vasco de renovables, que impone ese criterio a pesar de que el nuevo Plan General de Vitoria rebaja esa distancia a 300.

Euskadi buscará médicos MIR «allá donde estén». Es el mensaje que trasladó ayer en Madrid el consejero de Salud. Alberto Martínez presentó la estrategia de atracción de talento a Osakidetza que persigue paliar la grave escasez de facultativos que tensiona el sistema de salud. El País Vasco ofrece sueldos «atractivos», contratos de larga duración y medidas flexibles de conciliación para captar y retener sanitarios. Ocupar después la plaza en propiedad les resultará más complicado, pues en especialidades como médico de familia el requisito de saber euskera se extiende al 80% de los puestos. Martínez participó en la jornada Health care Summit, organizada por Forbes, donde coincidió con responsables políticos de otras comunidades, profesionales del sector y la ministra de Sanidad, Mónica García, con quien el consejero ha tenido algunos roces. Euskadi reclama al Gobierno central medidas para sortear el varapalo que supuso que el Tribunal Supremo anulase la transferencia al País Vasco de la competencia para homologar títulos universitarios de médicos extranjeros; y también ha planteado reducir un año el MIR de los médicos de familia para que puedan pasar consulta antes, algo que el Ministerio ha rechazado de plano.

Un millón de vascos que tienen una EPSV podrán consultar sus datos económicos y simular su pensión en la nueva APP puesta en marcha por el Gobierno Vasco. Una gran novedad para el millón de personas que cuentan hoy en día en Euskadi con al menos una EPSV (Entidad de Previsión Social Voluntaria). Una medida que se enmarca en el cada vez mayor acceso a la información a través de los teléfonos móviles, incluso en personas mayores. Con este marco, el Gobierno Vasco ha desarrollado una aplicación que permite desde ayer, miércoles, consultar los datos económicos a las personas titulares de estos planes de previsión en un solo click, y sin necesidad de ir a distintos portales de información para consultar las diferentes EPSV que la ciudadanía posea, tal y como sucedía hasta ahora. La Dirección de Política Financiera y Previsión Social, junto a la sociedad informática del Gobierno Vasco (EJIE), ha impulsado la puesta en marcha de esta App, pionera en el Estado, en formato adaptado a dispositivos móviles. La aplicación se alojará en la plataforma NIK (cartera digital disponible tanto en App Store como Google Play) y será la primera aplicación de servicios en dicha plataforma de la Administración General de Euskadi.

Masorange ha cerrado finalmente el expediente de regulación de empleo (ERE) que presentó en octubre con un total de 609 bajas, 41 menos que las que pactó con los sindicatos UGT y Fetico, según anunciaron ayer fuentes de la dirección de la compañía y de UGT. De las salidas, 473 (77,6%) serán voluntarias y 136 (22,33%) forzosas. “La empresa asume los argumentos presentados de que la actual plantilla está ajustada a las necesidades funcionales de la compañía, habiendo llegado la carga de trabajo a los límites”, destacaron desde UGT. El cierre del proceso lo acordaron la empresa y la representación sindical en la noche del martes, horas después de que la Audiencia Nacional hiciera pública una sentencia en la que avala las causas alegadas para el despido colectivo al desestimar las demandas interpuestas por CCOO y USO. Las 609 salidas representan una reducción del 23,4% respecto a las 795 que planteó inicialmente la compañía. El acuerdo con los sindicatos estableció prejubilaciones para trabajadores de 56 y 57 años con antigüedad igual o superior a 9 años, y para personas de 58 a 62 con antigüedad igual o superior a 5 años. Las indemnizaciones para los afectados con 63 años o más son de 20 días por año trabajado

Primer punto de inflexión para Indra en su papel de campeón nacional del sector de Defensa. La inversión adicional de 10.471 millones de euros que anunció el martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa servirá de piedra de toque para que Indra ejerza de tractor del ecosistema nacional de empresas del sector. La idea del campeón nacional de Defensa es el objetivo del Gobierno de situar a Indra, en la que mantiene un 28% de su capital, como abanderado de la industria nacional a la hora de competir en los grandes programas europeos. Sin embargo, a diferencia de otros países –Alemania con Rheinmetall, Francia con Airbus o Thales o Italia con Leonardo–, España no cuenta con una gran empresa del sector, por lo que Indra, con un menor perímetro, debe ejercer un papel de imán de proyectos a los que acudirá en colaboración con diferentes empresas nacionales del sector. Con los nuevos fondos de 10.471 millones anunciados por el presidente del Gobierno tras el Consejo de Ministros del martes se alcanzará un gasto total en Defensa en España a cierre de este año por importe de 33.123 millones, lo que supondrá un aumento del 46% en comparación con los 22.650 millones destinados a esta partida en el ejercicio pasado. Con esta inyección económica efectiva ya para este año España alcanzaría su compromiso de llegar al 2% del PIB en gasto en Defensa, en comparación con el 1,4% de 2024, y lo haría cuatro años antes de lo previsto inicialmente (2029). El 87% de los fondos irá a parar a España (repartido en todas las comunidades autónomas), con el fin de que ayude a generar unos 36.000 puestos de trabajo directos y 60.000 indirectos.

El plan del Gobierno para incrementar de forma acelerada el gasto de España en Defensa hasta el 2% del PIB este mismo año beneficiará a tres centenares de empresas, especialmente aquellas radicadas en grandes polos de la industria militar como los situados en Andalucía, Galicia o Madrid. Así figura en la letra pequeña del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa que el Ejecutivo remitió ayer a la OTAN y a la Comisión Europea detallando el destino de los 10.471 millones de euros reasignados al ámbito defensivo. El documento que detalla el plan presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su aprobación en el Consejo de Ministros del pasado martes anticipa que el refuerzo de la inversión en Defensa “beneficiará directamente a más de 300 empresas distribuidas por todo el territorio”, fomentará “la apertura de nuevas fábricas y líneas de producción, y actuará como un catalizador para pymes y start up, que podrán integrarse en cadenas de suministro avanzadas y lograr así mayores facilidades para su financiación, crecimiento e internacionalización”. El proyecto del Gobierno aspira a “generar nuevas oportunidades, empresas y empleo en todas las comunidades autónomas” del país. Se aprovecharán para ello “los corredores industriales ya consolidados”, entre los que cita el aeroespacial en Madrid y Sevilla; el de helicópteros en Albacete; el de vehículos terrestres en Galicia y Asturias, o el naval en Galicia, Cartagena y Andalucía. El plan también descansa en otros polos industriales en fase de consolidación como el corredor de La Plata, que atraviesa Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Finalmente, el Gobierno aspira a aprovechar los “nuevos hubs industriales-tecnológicos” que se crearán en otras comunidades autónomas, como el específico de Defensa que está impulsando Aragón.

La relación entre los dos socios del Gobierno de coalición atraviesa el momento más turbulento en casi dos años de legislatura. Aunque ambas partes descartan una ruptura inminente, Izquierda Unida ya no cierra la puerta a abandonar el Consejo de Ministros –cuenta con una cartera, la de Infancia y Juventud, a cargo de Sira Rego– y habla abiertamente de «grave crisis». La gota que ha colmado el vaso en el pleito que Sumar mantiene con el PSOE por el aumento del gasto militar llegó ayer tras desvelarse que el Ministerio del Interior ha incumplido la promesa que realizó el Ejecutivo el pasado 24 octubre de no comprar armamento a Israel por el recrudecimiento de la guerra en Gaza al adquirir a este país 6,6 millones de euros en balas para los arsenales de la Guardia Civil. Un contrato publicado el Viernes Santo y que ha provocado airadas protestas del ala magenta del Gobierno, que exigen al ministro Fernando Grande-Marlaska «rectificar», anular dicho acuerdo y comparecer en el Congreso. Esta vez, la liturgia habitual entre ambas partes del Ejecutivo ha ido más lejos que de costumbre. Especialmente, un día después de que Sumar volviera a airear sus diferencias con los socialistas después del anuncio de Pedro Sánchez de acelerar el aumento del gasto militar hasta el 2%. Un plan del que, según denuncian desde el lado magenta, «no pasó previamente por la comisión de subsecretarios de Estado», es decir, llegó al Consejo de Ministros sin aviso. De hecho, antes de conocerse el contrato con Israel, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, defendió a primera hora de la mañana, y como ha hecho durante crisis anteriores, «la buena salud del Gobierno de coalición». Aunque reconocía las «diferencias» de fondo en este asunto, insistió en que Ejecutivo «agotará la legislatura».

Guerra contra un Gobierno «hostil» contra las empresas y guerra dentro de la propia patronal a las puertas de unas elecciones más broncas que nunca por la presidencia de Cepyme. El primer acto público en Madrid de Ángela de Miguel, la apuesta del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, para liderar la organización dirigida actualmente por Gerardo Cuerva, transcurrió en un ambiente de alta tensión, con los dos candidatos a la presidencia de la patronal de las pequeñas y medianas empresas presentes. Desde la CEOE, un día después de recurrir una orden de la vicepresidenta Yolanda Díaz ante la Audiencia Nacional, cargaron sin tapujos contra el Ejecutivo de coalición acusándolo de ser «hostil» para los intereses de los empresarios. Primero lo hizo el presidente de la patronal madrileña, CEIM, Miguel Garrido, durante su presentación de Ángela de Miguel en el desayuno de Nueva Economía Fórum. «Tenemos un Gobierno hostil, un Gobierno que toma medidas para perjudicar a las empresas», denunció el también vicepresidente de CEOE, que también criticó que el Ejecutivo ha roto el diálogo social «imponiendo medidas de manera unilateral». Y señaló que hay «muchos ejemplos de actuaciones que perjudican y mucho la competitividad de las empresas», como por ejemplo la reducción de la jornada.

La banca volverá a exhibir músculo en la nueva ronda de presentación de resultados que se inicia hoy con las cuentas de Bankinter correspondientes al primer trimestre de 2025. Las entidades se preparan para afrontar la caída en los tipos de interés y la incertidumbre macroeconómica con más beneficio, pero, pese a un contexto que se complica con la guerra arancelaria en ciernes, los analistas esperan que las entidades mantengan sus previsiones para el ejercicio. Eso sí, se lanzará al mercado un mensaje de cautela. La principal novedad de esta temporada de resultados es que será la primera que refleje, en el cómputo interanual, las rebajas en los tipos de interés ejecutadas en los últimos meses por el Banco Central Europeo. Tras el último recorte realizado la semana pasada, el precio del dinero se sitúa en Europa en el 2,25%, mientras que hace un año estaba en el 4% y al cierre del primer trimestre de 2023, en el 3%. Esto supondrá una merma en el margen de intereses, la línea de los ingresos que recoge las diferencias entre el dinero que abonan por los depósitos y el que cobran por los préstamos. Este efecto ya se ha mostrado en los últimos trimestres. Por ejemplo, CaixaBank registró un descenso del 2% en el cuarto trimestre con respecto al tercero, mientras que en Santander la diversificación geográfica le permitió incrementar esta cifra un 7% trimestral (en España se mantuvo plano).

El cuánto gano sigue siendo la gran asignatura pendiente en las organizaciones. El sueldo es la prioridad de los trabajadores en plantilla, y también la de aquellos que buscan un empleo. Hoy el 62% de los profesionales se siente insatisfecho con su sueldo, que es el principal motivo que lleva a muchos a cambiar de empresa en busca de un trabajo que cubra sus expectativas salariales. Este es uno de los datos que se extrae del informe anual Retos y Tendencias en Recursos Humanos 2025, elaborado por Pluxee. El sueldo, uno de los grandes desafíos de las organizaciones para atraer talento es, según esta investigación, uno de los grandes motivos que dificultan la incorporación de ciertos perfiles a la empresa que lleva a una falta de acuerdo entre empleador y candidato. El informe refiere que, en un contexto laboral marcado por la inflación, en los últimos tres años casi un 40% de los empleados ha visto reducido su poder adquisitivo, y un 91% ha necesitado reducir el gasto para adaptarse al aumento del coste de vida. Pese a todo, sólo el 30% de las empresas ha compensado completamente el efecto de la inflación. Ante este panorama Elena Celda, CEO de Pluxee España, explica que “en 2025, las empresas tendrán que redoblar esfuerzos en la elaboración de sus planes de compensación, no sólo para adaptarse al efecto de la inflación con ajustes salariales efectivos que permitan proteger la capacidad adquisitiva de sus empleados, sino también para reforzar los modelos de compensación total hacia fórmulas más amplias, combinando salario, beneficios sociales y planes de retribución flexible, que inciden también en el salario emocional”.

El envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad en España reducirán el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) un 40% de aquí a 2050 y casi un 60% hasta finales de siglo. Es una de las alarmantes conclusiones a las que llega la consultora PwC en un informe sobre los retos y oportunidades de las sociedades envejecidas que sitúa a nuestro país como líder en longevidad. Cruzando datos de organismos internacionales como la ONU o la OCDE y fuentes estadísticas nacionales, el informe analiza las implicaciones del envejecimiento en la economía española y cuantifica su impacto a medio y largo plazo. Para empezar, proyecta que la combinación del aumento de la esperanza de vida, que pasará de 84 años en 2023 a 92,9 años en 2100, y las bajas tasas de natalidad (1,2 nacimientos por mujer frente a un nivel ideal de reemplazo de 2,1) conducirán al «colapso poblacional» en 2050, «y es probable que la migración no sea suficiente para revertir esta alarmante tendencia», advierte. A mediados de siglo, la población mayor de 65 años habrá aumentado un 64% en comparación con 2023 y para 2100 España se enfrentará a un descenso demográfico del 31%, perdiendo unos 15 millones de personas. Esto reducirá la fuerza laboral hasta el punto de que pasaremos de 3 trabajadores por pensionista a solo 1,5 en el año 2100, «lo que generará serias preocupaciones sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y atención sanitaria», alerta la consultora.

Funcas advirtió ayer de que la economía española podría perder hasta 1,2 puntos de PIB entre 2025 y 2026 debido al conflicto arancelario. “Se trata de un escenario de mucha incertidumbre, que depende de decisiones políticas externas y en el que el margen de error es mayor. Es una crisis autoinfligida”, señaló Carlos Ocaña, director general de Funcas, el think tank de las antiguas cajas de ahorro. Por este motivo, los analistas de la institución esbozaron dos escenarios distintos. En el principal no se profundiza en las iniciativas proteccionistas: los aranceles se quedan en las subidas generalizadas del 10% y en los específicos al acero, el aluminio y el automóvil. Además, aunque habrá una restricción muy significativa del comercio entre Estados Unidos y China, se producirá una suavización de las medidas sobre todo para las importaciones tecnológicas. Y no se contemplan más avances en el proteccionismo, porque la presión de los mercados lo evita. “No es la intención del Gobierno americano hundir los mercados. Cuando se han dado grandes correcciones, han reculado y eso nos hace pensar que podrían no ir mucho más allá”, explicó Ocaña. Bajo estas premisas, los impactos de la guerra arancelaria ya se están notando de todas formas en los mercados, y están teniendo un efecto claro en el comercio internacional. El tráfico marítimo de mercancías fue la semana pasada un 19% inferior al de la misma semana de hace un año. 

La errática guerra arancelaria declarada por Donald Trump al resto del mundo ya se ha cobrado su primera víctima importante en Europa: la confianza del tejido empresarial, indispensable para que la maquinaria de la actividad y el crecimiento siga en funcionamiento. La imposición de un arancel global del 10% (ya en vigor), porcentaje que en el caso de los automóviles, el acero y el aluminio es del 25%, ya supone de por sí un mazazo sin precedentes para el comercio europeo e internacional y, por ende, para la actividad fabril. Pero el horizonte se oscurece aún más por la enorme incertidumbre que ha generado el paréntesis de noventa días decretado por Trump antes de doblar ese tarifazo general y llevarlo al 20%. Una amenaza que utiliza como arma de presión negociadora y que, en la práctica, no ha hecho más que disparar la desconfianza de los agentes económicos y, lo que es peor, frenar en seco el avance de la actividad. En Europa esto se traduce en que la confianza empresarial en la zona euro se ha desplomado en abril hasta su nivel más bajo en casi dos años y medio, en concreto desde noviembre de 2022, el año del estallido de la guerra en Ucrania y de las subsiguientes crisis energética e inflacionaria, según el avance de los índices PMI publicados ayer por S&P Global. Y si la confianza se hunde, la actividad y el crecimiento se resienten. De hecho, la agresiva y caótica política comercial de la Administración Trump ha desacelerado la actividad empresarial en el bloque de la moneda única, cuyo índice PMI Compuesto, que incluye la actividad total del sector privado (servicios e industria), ha caído en abril hasta los 50,1 puntos desde los 50,9 en que se encontraba en marzo, su cota más baja en los últimos cuatro meses. La actividad económica en la eurozona se sitúa así al borde del estancamiento y de la delgada línea roja que separa el territorio del crecimiento (por encima de 50 puntos) del de la contracción (por debajo de esa cota). De hecho, en sus dos mayores economías, Alemania y Francia, se encuentra en terreno negativo. 

De estudiar un nuevo arancel del 245% a China a rebajar los actuales hasta dejarlos entre el 50% y el 65% en menos de una semana. Estados Unidos vuelve a dar un giro radical en su política arancelaria con esta última propuesta, adelantada ayer por The Wall Street Journal citando fuentes de la Casa Blanca, aunque al cierre de esta edición no ha sido confirmada por el presidente de EEUU, Donald Trump. La noticia llega después de que Trump haya relajado considerablemente su discurso no solo en el frente arancelario, sino también en sus ataques a la Reserva Federal. Ahora, ya no quiere despedir al presidente del banco central estadounidenses, Jerome Powell. Mientras, tiende puentes también con China. De confirmarse la noticia, sería un gesto para iniciar las negociaciones con el gigante asiático, después de los numerosos avisos de organismos globales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que esta misma semana en Washington DC ha dado un toque de atención a la Casa Blanca al publicar sus nuevas previsiones económicas, en las que EEUU es el país que peor parado sale de la guerra comercial. Fuerte caída del PIB, aumento de la inflación y conato de crisis de deuda soberana en el país más endeudado del planeta. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró el martes que confía en que pronto se “produzca una desescalada” en el pulso comercial con China, aunque todavía ninguna de las partes se ha sentado a la mesa. Ayer, dejó claro que Estados Unidos no ha hecho una propuesta unilateral para reducir los aranceles a China. Pese a ello, cree que se puede llegar a “un gran acuerdo” en materia comercial con el gigante asiático. “Si quieren reequilibrar la economía, hagámoslo juntos”.

Donald Trump no tiene ninguna intención de despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. “Me gustaría que fuera un poco más activo en su idea de bajar los tipos de interés... pero no, no tengo intención de despedirle”, aseguró ayer el presidente de EEUU en un encuentro con periodistas. Las palabras fueron especialmente bien recibidas por los mercados, tras varias jornadas de volatilidad ante el temor de un asalto por la fuerza de la Casa Blanca a la independencia de la Reserva Federal. También ayudó a calmar los temores de los inversores el anuncio de una posible relajación de las tensiones comerciales entre EEUU y China. El Nasdaq terminó la sesión con una subida de un 2,5%, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones avanzaron un 1,67% y un 1,07%, respectivamente. El cambio de opinión de Trump llega tras varios días de ataques en redes sociales en los que no solo llegó a amenazar con cesar a Powell, sino que incluso llamó “perdedor” al presidente del banco central estadounidense por no ceder a sus presiones y acelerar la relajación de la política monetaria. Las tensiones llegaron a tal punto que incluso salió en defensa de Powell el Fondo Monetario Internacional, que esta semana celebra en Washington DC su asamblea de primavera y a la que asisten banqueros centrales de todo el mundo. “Los bancos centrales tienen que seguir siendo creíbles, y parte de la credibilidad se basa en su independencia. Desde esa perspectiva, es muy importante preservarla”, llegó a decir el martes el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, tras el último ataque de Trump contra Powell pocas horas antes.

El mazo europeo ha caído sobre los gigantes tecnológicos estadounidenses, pero de forma mucho más suave a lo esperado. La Comisión Europea multó ayer a Apple y Meta por incumplimientos de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) con 500 millones y 200 millones de euros, respectivamente. Tras semanas de retraso respecto a lo anticipado, y en plenas negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos por la guerra comercial, las multas anunciadas se quedan en una cuantía simbólica para el tamaño de los gigantes tecnológicos y muy lejos del máximo de hasta el 10% de la facturación global de las compañías contemplado por la normativa. Para Apple, con ingresos por cerca de 355.500 millones el pasado año, asciende apenas a un 0,14%, mientras que para Meta, que ingresó alrededor de 150.000 millones, supone un 0,13%. Fuentes comunitarias señalan que los aranceles no han influido en la decisión, aunque otras hablan de una importante presión. En cualquier caso, ambas coinciden en que el límite máximo nunca fue la vara de medir para imponer unas sanciones que las compañías todavía pueden recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE. Apple anunció ayer que apelará la decisión al considerar que es “un ejemplo más de cómo la Comisión ataca injustamente a Apple” que “nos obligan a ofrecer nuestra tecnología gratuitamente”. Por su parte, Meta, que está valorando sus opciones, acusó a la Comisión de “perjudicar a las empresas estadounidenses exitosas mientras permite que las compañías chinas y europeas operen bajo estándares diferentes”.

“Estamos viendo que se están cancelando reservas desde China hacia EE UU en un porcentaje cercano al 30%. En cambio, las reservas procedentes del sudeste asiático (Camboya, Vietnam y Tailandia) han aumentado considerablemente”, dice a este diario por correo electrónico Nils Haupt, directivo de la naviera alemana Hapag Lloyd, la quinta del mundo, con una flota de 300 buques portacontenedores. La menor demanda está provocando también una caída en los precios de los fletes entre las dos potencias: en la transitada ruta Shanghái-Los Ángeles, que tarda en cubrirse un mínimo de dos semanas, el desplome del coste de los envíos en lo que va de año es del 23%, hasta los 2.683 dólares por contenedor de 40 pies, y en la semana del 10 al 17, la última de la que hay datos, la rebaja fue del 5%. El transporte marítimo es responsable de en torno el 80% del comercio mundial, desde alimentos y muebles, hasta cemento y carbón, por lo que el sector es el primero en sentir en carne propia las consecuencias de cualquier perturbación. La imposición de aranceles del 145% a los productos chinos por parte de EE UU, y la respuesta del gigante asiático con tarifas del 125% a los bienes estadounidenses, no son una alteración menor. Las cadenas de suministro son un mecanismo que vive de la planificación y lidia mal con la incertidumbre.