20250509

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día. 

La empresa vasca Gestamp, especializada en la producción de componentes para vehículos, está acusando la crisis estructural que atraviesa el sector de la automoción. Un sector que ha recibido un golpe adicional tras la llegada de Donald Trump al Despacho Oval y los aranceles del 25%. En este escenario de incertidumbre, la compañía que preside Francisco Riberas redujo el beneficio del primer trimestre en un 50,9% hasta los 27 millones. Asimismo, la facturación se contrajo un 2,3% hasta los 2.983 millones. La empresa afronta un año «conservador» debido a que las últimas pronósticos apuntan que la producción global de vehículos volverá a caer este ejercicio por la reelección de Trump. En concreto, se estima que caerá un 1,68%, hasta las 87,9 millones de unidades. Unos números que, lógicamente, juegan en contra de una compañía que en estos momentos factura 146 euros por cada vehículo producido en el mundo. Con todo, Riberas aseguró ayer que mantienen sus previsiones para el ejercicio durante la junta de accionistas celebrada en Bilbao. Y en un escenario en el que los fabricantes chinos acaparan una parte cada vez mayor del mercado –producen el 22% de los vehículos del mundo–, Riberas afirmó que su compañía quiere trabajar con ellos en su expansión. «Estamos empezando a ofrecernos en plantas que están abriendo –los fabricantes chinos– en Europa, Brasil, México o cualquier otra parte del mundo. Creo que ahí va a haber un incremento muy importante de nuestro negocio porque somos el socio natural para sus fabricantes», aseguró.

A pesar de que en los últimos trimestres Siemens Gamesa había logrado ir reduciendo sus pérdidas con el objetivo de llegar a números positivos en 2026, en su segundo trimestre de este 2025 –el año fiscal de la compañía se cierra en octubre– ha frenado esa inercia positiva. Así, las cuentas presentadas ayer por su matriz, Siemens Energy, revelan que el fabricante de aerogeneradores ha perdido 510 millones, un 41,5% más que en el mismo periodo del año pasado. La empresa explica que este impacto se debe en gran medida a los extraordinarios provocados por diferentes medidas de ajuste aplicadas en 2024. Si se descontaran de los resultados el impacto de la venta de India o de los ERE, sí mantendrían el avance de la reducción de las pérdidas con una cifra negativa de 249 millones. Una cantidad que supone, según señalan, un 44% menos que hace un año. Aun así, la compañía prevé para este año unas pérdidas de unos 1.300 millones. En cualquier caso, el parón del negocio de los molinos terrestres –onshore– sigue penalizando a la compañía, que trata de recuperar lo antes posible sus plataformas estrella: la 4.X y la 5.X. Ambas, aquejadas de problemas técnicos, se vieron obligadas a suspender ventas en 2023. Ahora, la 4.X, más cercana a una solución, ha vuelto a los catálogos comerciales, pero todavía no se ha empezado a fabricar. La compañía, que mantiene el compromiso de volver a la rentabilidad en 2026, sigue inmersa en un proceso de transformación que continúa impactando en las ganancias con efectos extraordinarios. Son cuestiones como la venta de su negocio en India –donde había mil trabajadores– o el proceso de reestructuración y ajustes que afronta la compañía en España. 

«Hoy estamos más cerca que hace una semana». Es la frase con la que una de las fuentes conocedoras de las negociaciones de la operación Talgo explica el avance registrado en los últimos días y que ayer reconoció públicamente el consejero de Industria del Gobierno vasco. Mikel Jauregi señaló que se trabaja en solventar «la parte financiera para finales de mayo». «Una vez hecho esto ya podríamos sentarnos y cerrar el cambio de accionistas», añadió para insistir que «vamos por buen camino». Todo esto ocurre a falta de una semana para que termine el plazo que se habían dado el consorcio vasco liderado por el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y el principal accionista de Talgo, Trilantic, para ratificar el principio de acuerdo sellado el pasado febrero. El ánimo que pesaba sobre la situación era más bien pesimista por el atasco que había en la refinanciación bancaria de la deuda de Talgo por el impacto que generan los 116 millones de euros de la multa de Renfe. Una sanción originada por los retrasos en la entrega de 30 trenes Avril y que llevó a la compañía a pérdidas el pasado año. El caso es que, como confirman fuentes conocedoras de los contactos a este periódico, desde el Gobierno central se ha planteado una solución que pasa por aumentar la financiación que ofrece ala compañía. Dada la imposibilidad de anular la sanción, como ha señalado la Abogacía del Estado, se trabaja en esta alternativa que se añadiría a las líneas financieras que estaban previstas con el ICO y CESCE (Agencia Española de Crédito a la Exportación). 

Las empresas guipuzcoanas empiezan a dar los primeros pasos para poder reclamar los daños sufridos por el apagón registrado el pasado 28 de abril en todo el Estado y que en Gipuzkoa afectó de forma dispar, según las distintas zonas. Un corte de suministro abrupto que se estima supondrá un coste para las empresas del territorio del entorno de los 40 millones. Pasados los primeros momentos en los que el tejido productivo trató de retornar cuanto antes a la normalidad recuperando la actividad, lo que en algunos casos fue cosa de poco más de una hora, en la mayoría de tres o cuatro horas y en otros extremos, como el de las plantas de ArcelorMittal de Olaberria y Bergara, se prolongó durante doce horas, las empresas empiezan ya a hacer cuentas y a buscar la forma de reclamar las cuantías correspondientes por esa parada de la producción. La primera en anunciar que iba a presentar una demanda judicial en Euskadi fue la alavesa Vidrala justo al día siguiente del apagón aprovechando la visita del lehendakari Imanol Pradales. Pero ese mismo día, la patronal guipuzcoana Adegi anunció que ofrecía a las empresas asesoramiento para pedir que se les resarza del perjuicio económico. Eso sí, dejaba claro que primero se tenían que aclarar las causas del apagón y poder identificarse potenciales responsables del mismo. Una cuestión que se está demorando más de lo que cabía esperar en un principio. Una vez aclaradas estas cuestiones fundamentales la patronal ofrecía a sus asociados, en colaboración con BSK Legal&Fiscal, una vía en virtud de la cual se analizaría la viabilidad jurídica de una reclamación. 

En un contexto marcado por la incertidumbre económica y amenazas como los aranceles en Estados Unidos, la beasaindarra Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) arrancó el primer trimestre de 2025 con fuerza, incluso ajena a las marejadas globales, firmando un excelente inicio en línea con sus previsiones. La compañía pilotada por Javier Martínez Ojinaga alcanzó un nuevo récord en su cartera de pedidos, que superó por primera vez los 15.000 millones de euros, y se situó en 15.603 millones, un 6% más que a cierre de 2024. Además, el arranque del ejercicio estuvo marcado por una «excelente contratación», con nuevos pedidos por valor de 2.026 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 356% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cifra incluye contratos relevantes en ambos negocios, ferroviario y de autobuses, bajo su filial Solaris, que registró un hito al lograr su primera relación contractual en Canadá, con una alta proporción de vehículos de cero emisiones. La compañía con sede en Beasain mantiene, en esta línea, una clara orientación hacia Europa, pero con avances en mercados estratégicos como Canadá y Marruecos, entre otros. Por áreas geográficas, Europa concentra el grueso de la contratación (84%). Sobre la cuestión arancelaria, la goierritarra destacó en la presentación de resultados de ayer que mantiene una baja exposición a Estados Unidos, donde sólo el 6% de la cartera está vinculada a este mercado, y menos del 1% de las compras directas afectan a proyectos no estadounidenses. Ver nota CAF. 

A falta ya solo de otra reunión antes de que llegue el momento de firmar o rechazar un acuerdo, las negociaciones en Bridgestone avanzan, aunque no al ritmo deseado. Ayer la dirección de la multinacional japonesa realizó una nueva propuesta a los trabajadores para suavizar el ERE que afecta a las plantas de Basauri y Puente San Miguel (Cantabria). Por primera vez propuso una rebaja de los despidos, desde los 546 planteados inicialmente para ambas fábricas a los 491. En el caso de Basauri, de 335 a 290, en total 45 menos. No es la única mejora. La dirección también se comprometió a elevar una vez más la indemnización, hasta los 45 días por año trabajado. Un salto destacable desde los 27 que ofreció inicialmente (el mínimo legal son 20) y de los 35 que había planteado el lunes. Sin embargo, no plantea ninguna recompensa a las bajas voluntarias incentivadas, algo que despierta el recelo de los trabajadores. Según recordaron, se trata de una empresa con beneficios que no alega razones económicas en este proceso, sino únicamente productivas. «Ahí falta algo que imaginamos que dejarán para la próxima semana», detalló el secretario del comité de empresa, Luis Escalona, en referencia a la próxima mesa de negociaciones que tendrá lugar el día 12. Entonces se presentará la última oferta. Una semana después, el día 19, finalizará el periodo de consultas y ambas partes deberán reunirse con una decisión ya tomada.

Las empresas vascas podrán ahorrarse hasta un 68% en sus proyectos de descarbonización a través del nuevo programa Deskarboniza, que aúna ayudas directas del Gobierno vasco y deducciones fiscales recientemente aprobadas por las Juntas Generales de los tres territorios. El Ejecutivo cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros con el que espera traccionar 1.200 millones público-privados a lo largo de la legislatura y con ellos subvencionar las inversiones industriales verdes. El plan tendrá un enfoque especial en las pequeñas y medianas empresas. Las primeras tendrán una financiación del 33% sobre el total del proyecto, las segundas contarán con un 28% y, en el caso de las grandes empresas, del 23%. A esto se sumará una deducción fiscal del 35%. Como caso práctico, el Departamento de Industria expone el caso de una compañía de tamaño medio que quiere implantar en su cubierta una instalación fotovoltaica que produzca entre el 10 y el 15% de su consumo eléctrico. Para ello necesita hacer una inversión de 500.000 euros. Con estas ayudas, esta pyme lograría un ahorro económico de 320.000 euros, lo que supone que solo tendría que desembolsar el 37%. Además, estas ayudas serán complementarias con otras similares que existan en los diferentes territorios.

En plena guerra por el talento, con Álava necesitada de 13.275 profesionales entre 2024 y este año según la patronal, las empresas redoblaron ayer la puja para captar nuevos trabajadores en Empleo Gune. El foro celebró ayer su decimosexta edición en el Palacio Europa con la participación de 91 firmas en busca de nuevos profesionales. La inmensa mayoría, sociedades del sector de la construcción y gigantes industriales, aunque también hay compañías vinculadas a servicios financieros y distribución. Un recorrido por los ‘stands’ bastaba para ver el nivel: Talgo, Basquevolt, PKF Attest, Benteler, Fagor, Laboral Kutxa, Cegasa...«Empleo Gune trata de unir demandantes de empleo con las personas que estáis buscando ese talento para incorporarlo a vuestras empresas y mejorar en todo lo que tiene que ver con la productividad», resumió Cristina González, diputada de Empleo. En una línea similar se pronunció la alcaldesa Maider Etxebarria, que reivindicó el papel del foro no sólo por su capacidad de dar trabajo a quienes están en paro, sino también a los que buscan mejorar las condiciones que tienen en su trabajo actual. «Estamos luchando para lograr esa meta de un empleo de calidad que sirva, sobre todo, para afianzar y para iniciar, en algunos casos, un proyecto de vida con mayor estabilidad», proclamó la regidora. Lanbide formó parte este año de la organización del foro, algo que Mikel Torres, consejero de Trabajo y Empleo, aprovechó para poner en valor la orientación laboral que el servicio vasco de empleo ofertaba ayer en el Europa. «No basta con buscar un trabajo, hay que estar preparado para aprovechar las oportunidades que tenemos, pero sobre todo las que nos vienen en un futuro», apuntó.

En Bizkaia cada vez vive más gente. Pese a la caída de la natalidad, que volvió a descender un 4,2% durante la segunda mitad del pasado año con 6.388 alumbramientos (283 menos que doce meses antes), y el aumento de la mortalidad, el territorio ha ganado habitantes. Así lo refleja la estadística publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística con datos provisionales a 1 de abril de 2025. En apenas un año, Bizkaia ha pasado de registrar 1.161.236 vecinos a 1.167.866. El crecimiento es contenido, del 0,57%, pero reseñable en un contexto en el que las ciudades luchan para combatir la crisis demográfica. Y es que 290.000 vizcaínos tienen 65 años o más. Ahora bien, si Bizkaia presume de buenos datos es gracias a la llegada de personas nacidas en otros países del mundo. Por su parte, la población de Gipuzkoa sigue creciendo ligeramente. Somos cada vez más. En un año, se ha pasado de 729.825 residentes a 732.640, batiendo un nuevo récord de habitantes en el territorio. Es decir, ha habido un incremento absoluto de 2.815 personas o lo que es lo mismo de un 0,38% más, según se desprende de la Estadística Continua de Población que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos a 1 de abril. Este crecimiento se debe exclusivamente al aumento de la población extranjera que, por primera vez en la historia como ya publicó DV, ha superado la barrera de los 100.000 foráneos residiendo de forma oficial en el territorio. Mientras, la cifra de autóctonos sigue a la baja trimestre tras trimestre. Gipuzkoa registra ya la llegada de casi 17 inmigrantes al día en lo que va de año. La inmigración juega un papel importante en el tablero demográfico del territorio y es que cada vez gana más peso. 

El desencadenante fue el decreto de creación de universidades lanzado por Pedro Sánchez, que busca restringir la proliferación de centros privados a base de requisitos más exigentes. La cuestión es que el Departamento de Universidades del Gobierno vasco, en manos jeltzales, salió a anunciar su rechazo sin haberlo consensuado antes con los socialistas, que denuncian una decisión «unilateral». El enfrentamiento se abrió el mismo día en que se celebraba en Valencia la Conferencia General de Política Universitaria, el órgano de coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en esta materia. En la cita se abordó ese decreto, una iniciativa liderada por la ministra socialista Diana Morant para poner coto a la «privatización» del sistema universitario y a los «chiringuitos», tal y como los ha bautizado el Gobierno. Se quiere establecer para ello criterios como que los centros deberán superar los 4.500 alumnos, que al menos el 50% tengan que ser estudiantes de grado y que la mitad de sus profesores sean doctores. El consejero vasco de Universidades, Juan Ignacio Pérez (independiente pero de la cuota del PNV), adelantó a primera hora su oposición. En primer lugar, por cuestiones de forma: lamentó que no se haya concedido a los ejecutivos autonómicos el preceptivo trámite de audiencia; tachó de «injustificada» su tramitación por la vía de urgencia; cuestionó la «oportunidad» de la iniciativa «por generar un entorno normativo restrictivo que dificulta la incorporación de nuevas universidades al sistema»; y, sobre todo, denunció que el decreto «invade competencias» autonómicas y «socava el autogobierno». Pero el rechazo también vino motivado por cuestiones de fondo, de contenido del texto. Entre ellas, Euskadi no comparte la exigencia de un número mínimo de 4.500 alumnos porque «algunas de las mejores universidades del mundo tiene números inferiores»; porque elevar de dos a tres los programas de doctorado que deben ofrecer los centros «dificulta la especialización»; porque convertir en vinculantes los informes de las agencias de calidad «hurta la capacidad legislativa a los parlamentos autonómicos»; y porque atribuir al Estado la competencia sobre los centros ‘online’ «constituye una centralización» de las atribuciones.

A falta de algo más de un mes para que arranque el verano y los municipios vascos se sumerjan en sus fiestas, Donostiako Piratak, Bilboko Konpartsak y Gasteizko Txosnak han reabierto el debate en torno a la obligatoriedad del TicketBai también en estos espacios. En una comparecencia en Bilbao, los tres colectivos se unen para denunciar que el modelo de txosnas «peligra» y reclaman una norma «adaptada» a su idiosincrasia. La obligación del TicketBai en las txosnas y puestos de comida y bebida callejeros en Gipuzkoa estuvo en el centro del debate el verano pasado. Se trata de un sistema que conecta online los cobros con los terminales de Hacienda para garantizar que no se comete fraude fiscal. La obligatoriedad de la factura electrónica suscitó las críticas de estos colectivos. De hecho, en Bilbao y Vitoria los organizadores amenazaron con plantarse y dejar sin txosnas la Aste Nagusia y las fiestas de La Blanca. En Gipuzkoa las críticas llegaron del sector hostelero, que denunció que la Diputación no estaba controlando la emisión de este ticket en estos puestos. Un malestar que el ente foral no compartió al asegurar que había inspectores del TicketBai también en las txosnas.

El Sabadell ha elevado la intensidad de su resistencia a la opa de BBVA con más capital y con unas ganancias en el primer trimestre de este año que crecieron un 58,6% hasta llegar a los 489 millones. La liberación de provisiones y el impacto positivo en las cuentas que ha provocado el nuevo impuesto a la banca ha sido aprovechado por el banco presidido por Josep Oliu para aflorar un exceso de capital mayor al previsto. Un dinero con el que elevará el pago de dividendos en 100 millones, llegando a los 1.300 a cargo de las cuentas de este año. Algo que sirve para enviar un mensaje a los 200.000 accionistas que, en última instancia, deberán decidir sobre la opa. Ese es el mensaje de las cifras, el de las palabras lo puso el consejero delegado, César GonzálezBueno, al señalar que «la oferta de BBVA ha quedado sin sentido» por dos razones. La primera, según explicó, por el rechazo «unánime» que ha despertado en los agentes empresariales, sindicales e institucionales, no solo en Cataluña, sino en la Comunidad Valenciana y en el conjunto de España. Para el primer ejecutivo del banco esa generalización se ha dado porque la opa «afecta al interés general», señaló con una estudiada mención al único criterio que la ley permite blandir al Gobierno para condicionar el proceso autorizado por Competencia. El CEO del Sabadell defendió que la operación «no es buena para el empleo, ni para la economía, ni para el crédito, ni para la cohesión territorial y eso es lo que ha quedado probado en los diferentes pasos del proceso».

BBVA mantiene la puerta abierta a adquirir Sabadell, pero no fusionarlo, si el Gobierno termina por vetar la unión entre ambas entidades tras la opa. La idea, que ha sido deslizada por la cúpula del banco en los últimos meses, se mantiene sobre la mesa después de que el Gobierno haya abierto una consulta popular sobre si endurecer y cómo las condiciones de la opa. La clave, tanto para el Ejecutivo como para las dos entidades, está en ver cuáles son las cuestiones que harían descarrilar la transacción. Esta consulta pública, que se extenderá hasta el viernes, día 16, ha sentado como un jarro de agua fría a la cúpula de BBVA, que veía cómo la aprobación de la transacción por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por unanimidad y con compromisos asumibles desatascaba la opa. Temen que sea una excusa del Gobierno para complicar la transacción. La consulta, no obstante, tampoco ha disipado las dudas en Sabadell, donde se preguntan si el Gobierno llegará a imponer condiciones tan duras como para hacer caer la opa. La cuestión que otea el mercado es cuáles son esas líneas rojas exactamente. “Puede aceptar más condiciones para la oferta, siempre que estas no afecten ni a la mejora prevista en el beneficio por acción ni a la rentabilidad”, indica un analista especializado en el sector.

La reducción de la jornada laboral que pretende sacar adelante el Gobierno en el Congreso de los Diputados tendrá un efecto dispar entre los diferentes sectores. El último estudio publicado por la patronal de la pequeña y mediana empresa, Cepyme, da cuenta de cómo serán algunos sectores los que asumirán la mayor parte del coste de la implantación por ley de las 37,5 horas; con una apreciación, será sensiblemente mayor el golpe que asestará la pérdida de valor añadido bruto que el coste directo por el recorte de horas sin ajuste salarial. Concretamente, la patronal estima que la medida tendría un coste directo –salarial– de 13.873 millones de euros, mientras que el de la pérdida de valor añadido sería de 33.842 millones de euros, entendido como el valor de lo que dejaría de producirse si las empresas toman medidas para compensar la reducción de las jornadas, es decir, la producción perdida. Entre ambos conceptos, la patronal calcula un coste de 47.716 millones de euros. Cabe recordar sobre este elemento que el texto pactado por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos da cierto margen a las empresas a la hora de adaptar el tiempo de trabajo de sus plantillas. Algunas podrían optar simplemente por aminorar la presencia de los empleados durante ciertas horas del día o parar la producción durante algún momento de la semana para poder cumplir con las 37,5 horas, incluso extender los periodos vacacionales antes que llevar a cabo contrataciones para cubrir los huecos que queden por el recorte de horas; toda vez que según se prevé en el texto que se pretende aprobar, “la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”.

Las intenciones del Gobierno de penalizar a las empresas que quieran trasladar una parte o la totalidad de su producción fuera del territorio nacional están más cerca de cumplirse, después de la convalidación el miércoles, en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados, de una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE y Sumar, para impulsar medidas que desincentiven la deslocalización industrial. El texto incluye varias medidas de castigo contra las pequeñas, medianas y grandes empresas industriales que decidan trasladar parte de su producción a terceros países, así como la obligación de avisar de sus intenciones a la Administración al menos nueve meses antes de su salida de España. También recoge la creación de una Mesa de la Reindustrialización, formada por las comunidades autónomas y las organizaciones sindicales afectadas por las deslocalizaciones empresariales. La portavoz socialista de Industria, Adriana Maldonado, defiende que la proposición no de ley busca “atraer talento, defender y dar seguridad a los trabajadores”, así como frenar la deslocalización por motivos como “reducir los costes laborales y obtener un mayor beneficio empresarial”. Según la coalición de Gobierno, estas prácticas, que no son ilegales, suponen un dumping social y ambiental, que “genera una pérdida directa de empleos y retrocesos en las condiciones laborales por la desaparición de la actividad industrial”. La PNL presentada por el PSOE y Sumar insta a la aprobación del proyecto de ley de Industria y Autonomía Estratégica, donde se incluyen varias medidas de castigo para las empresas que deslocalicen su producción, especialmente las industriales.

A poco más de un año de que expire el plazo fijado por Bruselas para ejecutar la totalidad de los fondos europeos asignados, España sigue sin coger velocidad de crucero y está en un riesgo latente de incumplir el calendario del Plan de Recuperación. Hasta finales de 2024 se habrían ejecutado 46.243 millones de euros, el 58% del total previsto, según los cálculos realizados por BBVA Research. Para agotar los recursos disponibles en el tiempo trazado por la Comisión Europea, sería necesario aumentar la ejecución en un 29% respecto al ritmo actual, según las proyecciones del centro de estudios. Los analistas han realizado su simulación tomando hasta el 31 de diciembre de 2026 como referencia porque es oficialmente cuando termina el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). No obstante, la normativa europea recoge que las inversiones deben estar completadas para agosto de ese año, lo que significa que potencialmente el empuje debería ser incluso mayor. En cualquier caso, bajo el supuesto de que fuese hasta el cierre del próximo año, al ritmo actual, España solo alcanzaría el 91% de los recursos asignados, quedándose a nueve puntos porcentuales de utilizarlos en su totalidad. El análisis del centro de estudios viene a reafirmar lo dicho por Bruselas el verano pasado, cuando le pidió a España “esfuerzos renovados”. 

El 15 de junio de 2023, un mes y una semana antes de las elecciones generales, el Ministerio de Trabajo presentó en sociedad el estatuto de las personas en formación práctica no laboral en las empresas, conocido como el estatuto del becario. Es un proyecto acordado con UGT y CC OO y que no respaldaban ni las patronales ni los rectores universitarios. Casi dos años después, el texto pactado con los sindicatos sigue sin ser normativa en vigor: el Gobierno no lo ha aprobado, algo que no ha sucedido con ningún otro acuerdo del diálogo social de los últimos años. Ayer, 693 días después de aquel acto en el ministerio, los sindicatos urgen al Ejecutivo y al Parlamento para que desbloquee una norma que daría más derechos a los becarios. “Con motivo del Día Internacional del Becario, desde RUGE-Revolución Ugetista y Jóvenes CC OO volvemos a alzar la voz para exigir al Gobierno la aprobación inmediata del estatuto del becariado”, dicen las ramas juveniles de los dos sindicatos más representativos de España en un comunicado conjunto. “Han pasado casi dos años desde que se firmó el acuerdo entre CC OO, UGT y el Ministerio de Trabajo, el 15 de junio de 2023, y seguimos esperando su aprobación en el Consejo de Ministros y Ministras”, añade la nota. UGT y CC OO denuncian que desde entonces “decenas de miles de jóvenes continúan siendo víctimas de un modelo de prácticas plagado de abusos, que encubre relaciones laborales, carece de garantías mínimas y cronifica la precariedad en los primeros pasos del itinerario profesional de la juventud”. El objetivo del proyecto es corregir esa precariedad. Para ello, plantea una limitación a un máximo de 480 horas de las prácticas extracurriculares (figura en la que se concentra el fraude, al no estar directamente vinculadas con la formación), un régimen sancionador que penaliza los incumplimientos más graves con hasta 225.018 euros y la obligación de las empresas de cubrir los gastos del estudiante, como el transporte al lugar en el que desarrolle las prácticas. La normativa no obliga a retribuir al becario.

El Gobierno ató finalmente ayer los votos necesarios para convalidar el Real Decreto-ley que despliega 14.000 millones de euros de financiación a empresas para paliar los efectos de la batalla arancelaria abierta por Donald Trump a su regreso a la Casa Blanca. El plan salió adelante, pese a la oposición del PP, gracias a la abstención de Podemos y a los pactos alcanzados con ERC, al que se ha prometido condicionar cualquier futura ayuda por la guerra comercial al mantenimiento del empleo, y con Junts, que asegura haber constatado que el reparto de avales primará a Cataluña como principal afectada por los aranceles. El Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial, por 176 votos a favor (de los partidos de Gobierno y el grueso de sus socios habituales), 169 votos en contra (PP y Vox) y cuatro abstenciones (Unidas Podemos). El texto fue defendido por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que lleva semanas negociando con todos los grupos para alcanzar un amplio consenso en torno a un paquete que presentó como “una primera capa” y “un punto de partida necesario” para hacer frente a los aranceles, reivindicando que se lanzó solo 12 horas después de que Trump los anunciara. A partir de aquí, Cuerpo se ofreció a seguir negociando las medidas que se desplieguen desde ahora frente a la política comercial de la Casa Blanca. “Además de votar a favor y convalidar estas medidas, les invito a seguir trabajando de manera conjunta en el desarrollo de las siguientes capas de esta respuesta necesaria ante un entorno complejo, dinámico y cambiante, en la definición de las medidas de apoyo a empresas y trabajadores ante este conflicto arancelario”, instó Cuerpo tras agradecer los apoyos y considerar “difícil de explicar” el rechazo de PP y Vox.

La cadena de supermercados Alcampo anunció ayer un ajuste de plantilla que afectará a un máximo de 710 empleados, de los aproximadamente 23.000 que trabajan para la compañía francesa en España, lo que equivale al 3% del total de empleados. «Una decisión que, aunque difícil, es responsable y necesaria», aseguró la empresa en un comunicado. Se trata del mayor despido colectivo que Alcampo ha realizado hasta la fecha en nuestro país. Aunque todavía no se ha especificado en qué centros concretos se producirán los despidos, la compañía ha confirmado que el ajuste afectará a un total de 153 establecimientos –145 supermercados y 8 hipermercados–, de los cuales 25 cerrarán de forma definitiva. «Esta es toda la información que la empresa nos ha transmitido. El siguiente pasoes constituir la mesa negociadora del despido colectivo objetivo», explica CCOO cuyo principal objetivo ha señalado «es el mantenimiento del empleo». «La distribución comercial está viviendo una profunda transformación. Por ello, Alcampo ha reforzado en los últimos años su inversión en proyectos de futuro, evolucionando hacia un modelo de comercio multiformato y multicanal, que responde a las nuevas tendencias de consumo, asegura una experiencia de compra más ágil y personalizada para sus clientes, y permite desarrollar su actividad de forma sostenible», explicó ayer la cadena en un comunicado.

La Unión Europea saca los dientes. Bruselas hizo pública ayer la esperada lista de productos que se verán afectados por su segunda ola de represalias en el marco de la guerra comercial y que afectará a exportaciones estadounidenses valoradas en alrededor de 95.000 millones de euros. Este documento, todavía en formato borrador y que podría estar sujeto a cambios antes de su aprobación, recoge más de 2.000 referencias de bienes que Estados Unidos vende en la UE y que afectan a productos agrarios e industriales muy diversos. En Bruselas se considera la respuesta a los llamados aranceles recíprocos que Trump anunció en el día de liberación el pasado 2 de abril. Por sectores, los nuevos gravámenes afectarían a 6.400 millones en productos agroalimentarios, a 500 millones en bienes pesqueros, a 12.300 millones en automóviles y componentes, a 12.900 millones en químicos y plásticos, a 7.200 millones en equipamiento eléctrico, a 10.000 millones en productos de cuidado personal y maquillaje y a 12.000 millones en maquinaria industrial. El bourbon esta vez sí que entra en la lista de la Comisión en lo que se antoja como un desafío a Trump. La bebida, famosa por su fuerte simbolismo estadounidense y sus vínculos con Estados republicanos, se había quedado fuera de la primera oleada de aranceles europeos ante las amenazas del presidente de EEUU de golpear con fortísimas tasas a productos como el vino. En cualquier caso, como los primeros aranceles europeos, los nuevos gravámenes quedarían inmediatamente pausados mientras dure la tregua para dar margen a las negociaciones.

El gigante danés Maersk, uno de los mayores grupos mundiales de transporte marítimo de mercancías, sextuplicó con holgura las ganancias en el primer trimestre por el alza de los fletes y confirmó sus previsiones anuales pese a la incertidumbre, aunque advirtió de que la guerra comercial amenaza con reducir el comercio mundial de contenedores en 2025. Hace tres meses, cuando la Administración Trump no había anunciado un arancel del 145% a las importaciones de China y Pekín no había respondido con gravámenes del 125%, el grupo pronosticaba un crecimiento del volumen de mercancías del 4% este año. Ayer, la compañía dirigida por Vincent Clerc enfrió las expectativas y dijo que la evolución dependerá de si EEUU y China alcanzan un acuerdo y zanjan las disputas arancelarias. No obstante, dada la incertidumbre reinante, el gigante danés de logística y transporte marítimo de mercancías pronosticó ayer que el comercio de contenedores oscilará este año entre un descenso del 1% y un aumento del 4% en 2025.

En un día marcado en rojo en el calendario británico, por el 80 aniversario del anuncio del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, Estados Unidos y Reino Unido comunicaron ayer el primer acuerdo de los que tiene previsto sellar el presidente norteamericano, Donald Trump, después de desatar una guerra comercial con la mayoría de países del mundo. Trump lo definió como “una gran red de seguridad económica” para ambos países y remarcó que “supone la apertura de un gran mercado para EEUU”. Este acuerdo proporcionará nuevas oportunidades comerciales para agricultores, ganaderos y productos de EEUU por 5.000 millones de dólares. Desplazado a la planta de fabricación de Jaguar Land Rover, el primer ministro británico, Keir Starmer, tildó la alianza de “histórica” porque “permite a las empresas y a los empleados británicos proteger miles de empleos en sectores clave”. El mayor alivio lo experimentarán el motor y el acero. Se eliminan, desde el 25%, los aranceles aplicados sobre el acero y el aluminio, unos sectores que no atraviesan por su mejor momento en Reino Unido, donde se acaba de nacionalizar British Steel, hasta ahora en manos chinas. Washington también admite reducir los gravámenes a las importaciones de vehículos del 27,5% al 10%, cuyo principal beneficiario será Jaguar Land Rover. Habrá una cuota de 100.000 vehículos, una cifra que prácticamente cubre todas las ventas de Reino Unido a EEUU. Londres retirará los aranceles a las importaciones norteamericanas de etanol, utilizado en la producción de cerveza, y ha acordado un acceso recíproco para la ternera. 

La Iglesia católica ha vuelto a demostrar su capacidad para sorprender a sus fieles y a todo el mundo con la elección de Robert Prevost, de 69 años, como nuevo obispo de Roma, que eligió el nombre de León XIV. Toda una declaración de intenciones al recordar a León XIII, el Papa que ocupó el solio pontificio entre 1878 y 1903 y que pasó la historia por la ‘Rerum novarum’, la recordada encíclica que actualizó la doctrina social del catolicismo. Prevost, miembro de la congregación religiosa de los agustinos, es el primer líder católico nacido en Estados Unidos, por lo que cae así la regla no escrita que regía en los tiempos modernos que decía que un Pontífice no podía ser de la misma nacionalidad que la primera potencia del mundo. Con ascendencia española y amplia experiencia pastoral de dos décadas en dos etapas distintas en Perú, donde fue obispo de Chiclayo, Prevost ha sido prefecto del dicasterio para los Obispos durante los dos últimos años del pontificado de Jorge Mario Bergoglio. El Papa número 267 de la historia eclesial aúna el conocimiento de la Curia romana con el hecho de haber dirigido una diócesis, como pidieron diversos cardenales durante las congregaciones generales, las reuniones previas a las votaciones en la Capilla Sixtina. Ese perfil, unido a su experiencia internacional, propició que fuera elegido posiblemente en la cuarta votación del segundo día del cónclave. La fumata blanca salió a las 18:06 horas por la chimenea instalada en el techo de la Capilla Sixtina y alrededor de una hora después el cardenal protodiácono, el francés Dominique Mamberti, anunció su nombramiento con la tradicional fórmula en latín ‘Habemus papam’ desde el balcón de la basílica de San Pedro del Vaticano.