20250510

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día. 

El Gobierno vasco teme que la saturación de la red eléctrica se consolide como un freno estructural a la competitividad de las empresas y reclama 6.000 megavatios extra de potencia, un 50% más de los actuales. En apenas tres años, la demanda de conexión se ha multiplicado por ocho, lo que ha llevado al Ejecutivo autonómico a intensificar su presión sobre el Gobierno central para que afronte unas inversiones largamente postergadas y que ahora, con la electrificación en auge, se vuelven más urgentes para garantizar el crecimiento industrial. El propio consejero de Industria, Mikel Jauregi, alertó de la situación hace dos meses en una entrevista: «Las empresas preguntan dónde está el enchufe y ahora no lo tenemos», lamentó. Un mes después de este toque de atención, no obstante, el Ministerio de Transición Ecológica respondió sacando a concurso público los primeros nudos eléctricos para atender la demanda energética. En concreto, liberó 933 megavatios en la subestación de Arrigorriaga –al que aspiran cinco solicitantes, entre ellos la cementera Heidelberg Materials– y otros 387 en Vitoria, por los que puja Mercedes y son clave para impulsar su inversión de mil millones en la nueva generación de modelos automovilísticos. Esta potencia, en cualquier caso, se antoja insuficiente para un tejido industrial que necesita oxígeno tras el golpe sufrido por la ralentización económica europea y los estragos causados por la política arancelaria de Trump. De ahí que ayer por la mañana, en el pleno de control del Parlamento vasco, el lehendakari reclamara a Redeia un incremento de 6.000 megavatios en la red eléctrica de Euskadi. Imanol Pradales subrayó que esta actuación es fundamental para «abordar proyectos industriales de relevancia».

Euskadi sigue padeciendo una importante dependencia energética. En la actualidad, solo llega a cubrir un tercio de la demanda eléctrica de los tres territorios con la producción propia. Además, hay que tener en cuenta que la mitad de lo generado en Euskadi se consigue con gas importado en plantas de ciclo combinado. Solo el 8,5% del consumo total es de energía local limpia. En pleno debate sobre el futuro del sistema eléctrico estatal, y con las redes vascas saturadas por la avalancha de peticiones de conexión para generación o consumo, conviene echar un vistazo a otra de las variables que construyen el rompecabezas energético de Euskadi: la limitada capacidad de autoabastecimiento de los tres territorios y su fuerte dependencia de las importaciones de electricidad. Euskadi cubrió en 2024 sólo un tercio de su demanda eléctrica con producción propia, el 36,1%, según datos públicos del operador estatal Red Eléctrica. El consumo total vasco el año pasado fue de 15.025 gigavatios hora (GWh), mientras que las distintas fuentes de electricidad de Euskadi –ciclo combinado de gas, cogeneración y renovables– produjeron 5.424 GWh. La diferencia, el 63,9%, tuvo que ser importada desde otras comunidades autónomas que presentaron excedentes –como Navarra, Castilla y León o Castilla La Mancha, por ejemplo–, o a través de las tres interconexiones vascas transpirenaicas con Francia, ya sea mediante electricidad de composición renovable o no. Además, aunque Euskadi generó el 36,1% de la electricidad que consumió en 2024, esa cifra oculta un matiz esencial: la mayoría de esa producción ‘propia’ se sustenta sobre el gas natural importado. 

El consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, anunció ayer el acuerdo de su Ejecutivo con la compañía china, Hithium, para «permitir la fabricación de sistemas de almacenamiento en Euskadi». Se trata de la plasmación de una declaración de intenciones en un memorándum que se firmó en Munich durante la pasada feria ‘The Smarter E Europe’. El documento concreta una serie de reuniones y contactos que se han ido manteniendo para cosolidar «una colaboración tecnológica con la participación activa de empresas vascas y de los centros de investigación de Euskadi» para poder «desarrollar una solución integral que permita fabricar sistemas de almacenamiento estacionario» en el País Vasco. Para ello el papel de Hithium es clave. La compañía china es un líder mundial en el desarrollo y producción de baterías de iones de litio, reconocida por su tecnología innovadora. Mantiene alianzas estratégicas con gigantes de la industria automotriz y de energías renovables como Tesla, BMW y Siemens. Hithium participa con su tecnología en vehículos eléctricos y en proyectos de almacenamiento de energía a gran escala en todo el mundo. El acuerdo no determina ni inversiones, ni plazos, ni proyectos concretos de emplazamiento, sino un compromiso de buscar esas sinergias que permitan centrar la tecnología en Euskadi, donde hay importantes empresas en el desarrollo de la electrificación y las redes, como Ingeteam, Ormazabal o Arteche. Jauregi ha destacado que «El Gobierno Vasco lleva tiempo trabajando en el almacenamiento estacionario de la energía. No nos referimos sólo a instalar baterías, sino que queremos fabricarlas».

Una de cada tres empresas del metal en Bizkaia (el 34,5% en números exactos) sufrieron daños en sus procesos productivos fruto del apagón sufrido durante el mediodía del pasado 28 de abril. Así lo recoge el informe elaborado por la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), en el que también detallan que la mayoría de las compañías (el 95%) ya habían recuperado su actividad habitual a media tarde. El estudio, en el que han participado 162 empresas asociadas, recoge las consecuencias que tuvo el incidente para conocer «el impacto real» del apagón y «extraer conclusiones de cara a posibles futuras contingencias». Analizados los resultados, FVEM ha advertido que lo ocurrido «impactó con fuerza en sectores clave» de la industria, y las consecuencias «han sido notables». Aunque muchas empresas contaban con medidas de protección ante las posibles caídas del suministro, el informe señala que el corte «sorprendió por su duración e impacto». De esta forma los subsectores más afectados fueron los electrointensivos –aquellas que más demandan el suministro eléctrico al suponer un factor primordial para sus procesos–, como la matricería-troquelería (con un 67% de afectación), las industrias básicas siderúrgicas (con un 63%) y la fabricación de material de transporte (63%). El estudio advierte que esta situación ha generado «mucha incertidumbre y preocupación» por el temor a que se produzcan nuevos apagones, aunque también señala que las empresas encuestadas manifestaron que la respuesta fue «ágil y en muchos casos eficaz» gracias a las medidas preventivas implantadas. Ver nota FVEM. 

El salario, el equilibrio entre vida laboral y personal, un buen ambiente de trabajo, la seguridad laboral y las oportunidades de desarrollo son los factores que convierten a las empresas en atractivas. Las compañías lo saben y por eso se esfuerzan en ofrecer unas buenas condiciones en estos ámbitos en la batalla por la atracción –y también retención– del talento. En Goierri existe una que se sabe la lección y, a tenor de los expertos, lo hace bien. Muy bien. Porque la empresa pilotada por Javier Martínez Ojinaga, que emplea a 16.500 personas en todo el mundo, ha sido elegida como la más atractiva de España para trabajar en el sector industrial, según la decimosexta edición de los premios de Randstad. El estudio, que nació en Bélgica en el año 2000 y en el que participan hoy 34 países donde la consultora está presente, ha encuestado a más de 171.000 personas en el mundo y más de 7.700 en España. Iñaki Rodríguez Boillos, director de Recursos Humanos Corporativo de CAF, y Silvia López San José, directora de Recursos Humanos de la División de Señalización Ferroviaria, recogieron el reconocimiento en nombre de la compañía en el evento que tuvo lugar este jueves. En el caso del sector industrial, la empresa goierritarra ha destacado por su capacidad para generar entornos laborales seguros, colaborativos y orientados al desarrollo profesional, factores cada vez más valorados por trabajadores de todas las edades, especialmente por las nuevas generaciones, con nuevas sensibilidades en su mente. Mientras, el consejo de administración de CAF ha convocado la junta general ordinaria de accionistas para su celebración en su sede de Beasain el próximo 14 de junio, en la que propondrá la distribución de un dividendo 1,34 euros brutos por acción, con cargo al resultado del pasado ejercicio. Por otra parte, además de CAF, BBVA en banca, Inditex en el sector textil y Telefónica en el de las ‘telecos’ han sido algunas de las compañías elegidas como más atractivas para trabajar. Otras empresas ganadoras han sido Mercedes-Benz en automoción, Coca-Cola Europacific Partners en el área de bebidas y comidas, TP en ‘contact center’, Acciona Energía en el sector energético, Bayer en el área farmacéutica y L’Oreal Groupe en el sector del gran consumo.

 La oferta de FP en Vitoria estrenará en septiembre el ciclo de Grado Superior en Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina que impartirá Egibide, tal y como adelantó EL CORREO. Será la primera titulación de este tipo en el País Vasco y surge para formar profesionales de cara al hangar de reparación de aviones que levantará DHL en el aeropuerto de Foronda, con 40 millones de inversión, 50 empleos y la previsión de entrar en servicio en 2027. El plazo de matriculación, ya abierto, se extenderá hasta el próximo día 23 para este «pionero» programa formativo con 25 plazas y 3 cursos académicos de duración. Las clases del ciclo, impulsado por el departamento de Educación del Gobierno vasco, la Diputación alavesa y Fundación Vital, se impartirán en el campus de Egibide en Arriaga en horario de mañana, de 8.15 a 14.15. Contará con 2.800 horas, 2.000 en el aula y 750 de estancia formativa de alumnado en formato dual, detalló ayer Xabier López de Santiago, director de Innovación y Relaciones Externas del centro. La previsión es que el alumnado realice las prácticas cuando el nuevo hangar de la multinacional germana esté operativo, algo que se prevé para el año 2027. Se contempla que los plazos vayan «acompasados» para que en el momento en que los estudiantes culminen la formación y afronten esa etapa práctica el nuevo complejo esté en marcha, indicó el responsable del centro. No solo eso, sino que esas prácticas podrán realizarse en otras firmas del sector aeronáutico alavés y vasco. Desde la institución educativa religiosa se ha contactado con compañías como Aernnova, Aciturri e ITP Aero, así como firmas auxiliares que también podrían acoger a alumnado.

El exlehendakari presenta eAtlantic, el ‘lobby’ con el que busca «posicionar» los intereses del Eje Atlántico en la agenda de la UE. La fundación de Iñigo Urkullu, presentada públicamente ayer, nace con cuatro patrones promotores además del exlehendakari: BBVA, Iberdrola, Kutxabank y Petronor. Pero, además de la élite empresarial y financiera vasca, eAtlantic cuenta con otras 17 compañías e instituciones que han decidido sumarse al proyecto. Entre ellas, destacan CIE Automotive, CAF, Ayesa Ibermática, Faes Farma, Campanile (Bodegas Díaz Caballero), Bachabe (Gran Hotel Lakua) y Engranajes Juaristi. En el campo más social, el ‘lobby’ tiene de colaboradores a las cuatro universidades vascas (UPV/EHU, Deusto, Mondragon y Euneiz), a Innobasque-Agencia Vasca de la Innovación, a las tres cámaras de comercio de Euskadi (Bilbao, Álava y Gipuzkoa), a UN EtxeaAsociación del País Vasco para la UNESCO, y a la Fundación Novia Salcedo. A título personal también se han adherido figuras relevantes como Iñigo Ucin, expresidente de Mondragon; Manuel Salaberria, expresidente de Innobasque; María José Sanz, directora científica del BC3 Basque Centre for Climate Change; Igor Filibi, secretario general de Eurobasque; Mikel Mancisidor, miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU; Elena Unzueta, ex diputada foral y actual directora de Caritas Bizkaia; y Cristina Ruiz, doctora en Sociología y exdirigente del PP vasco. 

Los departamentos y aulas de las universidades de Princeton, Cambridge y Oxford, los despachos del Parlamento Europeo y de la Asamblea Nacional de Francia y los accesos de los estadios de fútbol de Anoeta, San Mamés y Bernabéu cuentan con cerraduras inteligentes fabricadas en la pequeña localidad guipuzcoana de Oiartzun. Allí se ubica Salto, una firma que cumple ahora 25 años y que ha logrado posicionarse en más de un centenar de países al crear la primera cerradura con tecnología de radio frecuencia del mundo. Recién comenzado el siglo XXI, un grupo de emprendedores guipuzcoanos identificó un nicho de negocio en un producto, la cerradura electrónica, que, hasta entonces, estaba ligado solo al sector de los hoteles. La aventura comenzó en un piso de Irún, donde se gestó el modelo de negocio con una tecnología desarrollada por el ingeniero Juan Imedio que consistía en aplicar la radio frecuencia (RFID) a las cerraduras. En los 90, los hoteles utilizaban tarjetas con una banda magnética para que el cliente pudiera abrir su habitación. Un sistema relativamente económico, pero también poco seguro. Tras un año de pruebas, Salto fabricó en 2001 su primera cerradura de apertura por proximidad entre la tarjeta, que contaba con un chip, y la puerta. “Y nos lanzamos a convencer a los hoteles porque, aunque el producto era algo más caro, la ventaja de esta cerradura es que deja rastro sobre quién la ha abierto, con lo que los robos descendían considerablemente”, recuerda Javier Roquero, uno de los fundadores. Pero la compañía guipuzcoana detectó que el sector hotelero no era el único objetivo, sino que se podía adaptar a otros segmentos, desde edificios de oficinas y universidades a sedes institucionales. Es decir, todos aquellos complejos con variedad de puertas, usuarios y utilidades que demandan un acceso seguro.

Entrevista con Ola Kallenius, CEO de Mercedes y presidente de Acea, la asociación europea de fabricantes de coches. El año 2025 no ha comenzado con buen pie para Mercedes-Benz Cars: entre enero y marzo, sus ventas han caído un 3,6% (446.300 unidades, el 20% de ellas eran coches eléctricos); ingresó 33.200 millones (-7,4%); el beneficio neto se situó en 1.730 millones (-42,8%) y el margen operativo bajó al 7,3% (9% de 2024). "En Europa, casi el 50% de las matriculaciones son de coches electrificados, pero una parte sustancial llevan sistemas híbridos variados. Nuestros EQS (berlina) y EQE (todocamino) son los eléctricos de lujo más vendidos, pero las cifras de coches de combustión interna son más numerosas...Comenzaremos la producción de las nuevas Grand Limousines el próximo año [NdR: parte de ellas se harán en Vitoria)...En cuanto al riesgo de las baterías, si comparamos las grandes tres regiones, Europa regula y luego las empresas avanzan; en China las empresas avanzan y luego se regula y EEUU está en un punto intermedio, con la particularidad de la autorregulación, por lo que las empresas deben cubrirse las espaldas por si acaban ante un tribunal. Pero, en general, todos los reguladores tienen el mismo objetivo: proteger a los ciudadanos...Dirigir una empresa de coches no es fácil y tampoco implica una vida tranquila. Pero es cierto: en mis 32 años en el sector, nunca he vivido momentos tan difíciles...La UE podría aprender de China. Allí aprueban normas de descarbonización pragmáticas y orientadas al mercado, como las ayudas, no funcionan aplicando solo sanciones drásticas. Y hasta ahora, aquel método ha sido más eficaz..."

La jornada media pactada en España es de 38,37 horas, según la estadística de abril de convenios colectivos. Está más cerca de las 37,5 que intenta alcanzar por ley el Gobierno, que de las 40 que establece el Estatuto de los Trabajadores actualmente. Es decir, pese a que la normativa permita las jornadas ordinarias máximas de 40 horas, la negociación colectiva ya ha conseguido recortar casi hora y media a la semana a ese tope para los empleados con convenio. Este es un promedio nacional, pero la desagregación territorial muestra algunas regiones que ya empatan o han superado esas tan mencionadas 37 horas y media. Es el caso del País Vasco, Navarra y Cataluña. En estas tres comunidades autónomas, la jornada pactada media ya se encuentra cerca de esa variable: según los datos del Ministerio de Trabajo hasta abril, es 37,16 horas en el País Vasco, de 37,52 en Navarra y de 37,56 en Cataluña. Este promedio incluye todos los sectores: desde los menos productivos y más intensivos en uso de mano de obra, y que por lo general ofrecen jornadas más largas (como la hostelería, el campo y el comercio); a los más productivos o con mayor fuerza sindical, con jornadas más cortas (como la educación, las actividades financieras, tecnológicas o industriales). Las tres regiones que sobresalen por sus jornadas menos extensas destacan por un mayor peso de las actividades de mayor valor añadido en sus economías, al contrario que aquellos territorios con jornadas más largas, con más protagonismo del sector primario y de la hostelería. Es el caso de Canarias (39,7), Extremadura (39,06) y la Región de Murcia (39,05). También están por encima del promedio en Islas Baleares (38,85), Andalucía (38,93) y Castilla-La Mancha (38,97).

Hubo que esperar hasta las once de la noche para que la mayoría sindical y Educación alcanzaran un acuerdo que renueva el convenio de los profesores quince años después y desconvoca la huelga prevista para toda la próxima semana. El Gobierno vasco pactó con las centrales, salvo ELA, una subida salarial del 7% en tres años, una reducción de la jornada laboral, disminuir el número de alumnos por aula y un plan para rejuvenecer la plantilla, entre otras medidas. Se contratarán 800 profesores para mejorar el bienestar del alumnado. El Departamento de Educación alcanzó ayer un acuerdo con la mayoría sindical de la red pública para renovar el convenio, caducado desde 2010. El pacto contempla subidas salariales del 7% a lo largo de los próximos tres años –repartidas en un 2% desde el inicio del curso 2025/26, un 2,5% el siguiente y otro tanto el 2027/28–, la reducción de la jornada lectiva de los profesores y un plan de rejuvenecimiento de la plantilla, entre otros aspectos. Steilas, LAB, Interinok Taldea, CC OO y UGT firmaron el nuevo convenio, que calificaron de «histórico» y que consta de 87 artículos. ELA, en cambio, se quedó fuera del acuerdo entre reproches al resto de centrales, a quienes acusó de haber «cedido a la presión» del Gobierno autonómico. De esta manera, queda desconvocada la huelga de cinco días que estaba prevista para la próxima semana, que se habría sumado a las cinco jornadas de paros que ya se han celebrado este curso. También decaen las manifestaciones previstas para hoy en las tres capitales vascas. La fumata blanca llegó en torno a las 23.00 horas, tras una larga reunión que comenzó a mediodía. 

El consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez, trató de dar algo de luz a las cerca de 200 personas que se han quedado en un limbo legal tras la anulación por parte del Tribunal Supremo del traspaso de la homologación de títulos extranjeros. El Gobierno vasco quería utilizar esta vía, sobre todo, para agilizar la contratación de médicos y paliar los problemas con los que se encuentra Osakidetza para encontrar profesionales. La decisión de los magistrados supuso un varapalo legal y tanto el Gobierno central como el vasco se comprometieron a buscar fórmulas para intentar hallar una solución. La salida al laberinto todavía no se ha cerrado del todo, pero Pérez aseguró ayer en el Parlamento vasco que ambas partes han alcanzado un «acuerdo verbal» que está a la espera de ser ratificado por escrito. El responsable de Universidades compareció a petición de EH Bildu para aclarar una cuestión que ha creado una tormenta política. Según el parlamentario de la coalición soberanista Ayem Oskoz, la resolución del TS ha dejado «bloqueadas» las solicitudes de homologación presentadas por cientos de personas en Euskadi. El acuerdo alcanzado entre las dos administraciones, en principio, evitaría que tuviesen que hacer trámites y gastos adicionales o que perdiesen la antigüedad de la fecha de su solicitud de homologación.

«El acortamiento que sufre desde 1975 la base de la pirámide de población del País Vasco va a tener efectos importantes en el futuro». Ese augurio lo recogía, a finales de los ochenta, un artículo publicado en este periódico a cuenta del «socavón demográfico» en el que estaba inmersa Bizkaia. Ese mañana hace tiempo que ha llegado y, a día de hoy, nacen menos niños que nunca en el territorio: en medio siglo, los alumbramientos se han reducido un 71%, de 22.075 a mediados de los setenta a apenas 6.388 el pasado año. Cuando se publicó ese reportaje, que hacía referencia a que se estaban registrando «menos nacimientos que en plena Guerra Civil», las maternidades vizcaínas daban la bienvenida al año a unos 10.000 bebés, casi 4.000 más que ahora. Y aunque la continua caída ha sido generalizada, es en el Gran Bilbao donde más se acusa el hundimiento, del 72%. En Araba, los registros de nacimientos se han hundido en el territorio: en medio siglo, los alumbramientos se han reducido un 56%, de 4.833 a mediados de los setenta a apenas 2.095 el pasado año. Cuando se publicó ese reportaje, que hacía referencia a que se estaban registrando «menos nacimientos que en plena Guerra Civil», las maternidades alavesas daban la bienvenida al año a unos 2.500 bebés, casi medio millar más que ahora. Y aunque la continua caída ha sido generalizada, es en Vitoria y el Valle de Ayala donde más se acusa el hundimiento.

Ofensiva política al más alto nivel del mundo empresarial catalán para intentar paralizar la opa lanzada por BBVA al Sabadell. Patronales y organizaciones económicas catalanas, como Foment del Treball, Pimec, Cecot, la Fira de Barcelona, Femcat, RACC, el Colegio de Economistas, Barcelona Global y las trece cámaras de comercio de Cataluña, enviaron ayer una carta conjunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le piden que paralice la compra del Sabadell por parte de BBVA. En la misiva le instan a que «vele por la preservación de un modelo bancario más próximo, competitivo y arraigado en el territorio» y «tome una decisión determinante para la trayectoria consolidada de un gran proyecto empresarial que también es representativo de un proyecto de país». Después del dictamen emitido la semana pasada por la CNMC, que avaló la opa, el empresariado catalán reclama al Gobierno que aborte la operación por razones de interés general y para evitar una excesiva concentración del poder económico en Madrid. Pedro Sánchez viajó el lunes pasado a Barcelona, donde inauguró las jornadas anuales del Cercle d’Economia, foro influyente de la burguesía catalana, en el que ya pudo comprobar que el rechazo entre el mundo empresarial catalán a la opa es muy amplio. También en el ámbito político. Sánchez habló de «opa hostil». El poder económico catalán presiona a Sánchez, que en el evento anunció una consulta pública entre las empresas, organizaciones y la sociedad civil para recabar la opinión sobre la operación. La consulta está abierta hasta el día 16 de mayo. La patronal Foment, integrada en la CEOE, y el resto de actores del mundo empresarial catalán han aprovechado la misiva para hacer un llamamiento a la participación en el ‘referéndum’ convocado por el Ministerio de Economía.

Iberdrola ha vendido la sociedad propietaria de los contadores inteligentes de Reino Unido a la empresa australiana Macquaire por 1.061 millones de euros. De esta forma la compañía eléctrica ha cerrado su segunda mayor desinversión de la historia, tras la venta el pasado año de los ciclos combinados y otros activos realizada en México por 5.717 millones de euros. La operación supone continuar con el plan estratégico 2024/2026, que ha alcanzado ya los 10.000 millones de euros –meta inicialmente marcada para el próximo año– a través de diferentes operaciones de alianzas y desinversiones. Los objetivos fijados para 2026 se han actualizado ahora hasta alcanzar los 12.200 millones.

El discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia del miércoles en el Congreso para dar cuenta del apagón eléctrico del 28 de abril fue claramente antinuclear. Sánchez recalcó ante una oposición, ferviente defensora de alargar la vida del parque nuclear, que las responsables de las plantas, las tres grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy), no han presentado “formalmente” ningún plan de prórroga y las invitó a ello pero dejando claro que no haría concesiones. Según explican a este diario fuentes conocedoras, tras muchos contactos extraoficiales con la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, las empresas están preparando una propuesta al respecto, esta vez “formal”. La petición ha partido del propio ministerio, tras los citados contactos, para que quede negro sobre blanco qué es lo que piden en realidad, más allá de la ambigua “bajada de la fiscalidad” de la que vienen hablando desde hace meses, ante el inminente punto de no retorno para Almaraz. Según el protocolo de intenciones para el cierre ordenado de las centrales firmado en 2018 entre las empresas del sector y Enresa, compañía pública que gestiona los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las plantas, los dos reactores de Almaraz serían los primeros en echar el cierre: el primero, el 1 de noviembre de 2027, y el segundo, el 31 de octubre de 2028.

La inmigración se ha convertido en un factor decisivo del crecimiento económico español, por encima del resto de principales países del euro y que la media de la Eurozona. Un estudio del Banco Central Europeo y los datos en los que se basa muestran cómo la aportación de los trabajadores extranjeros es casi cuatro veces superior a la de los nacionales en la aportación del mercado laboral a la subida del Producto Interior Bruto. «En España, la afluencia de trabajadores extranjeros ha contribuido significativamente al crecimiento económico, al complementar la aportación positiva, pero modesta, de la población nacional en edad de trabajar», señala el estudio del BCE firmado por, entre otros economistas, el propio director general económico del banco, el español Óscar Arce. Según los datos detrás del estudio, la economía española creció un 7,56% (ver gráfico adjunto) entre 2019 y 2024, por debajo de la holandesa (8,9%) pero mejor que la media de la Eurozona (4,9%), Italia (5,9%) y Francia (3,9%). La Alemania golpeada por la guerra de Ucrania presenta un PIB un 0,12% inferior que en 2019. En ninguna de ellas el peso de la inmigración es tan fuerte como en España. De los 7,56 de mejora del PIB en estos años. el aumento de la población extranjera en edad de trabajar explicaría 3,87 puntos y, la subida de la tasa de empleo de este colectivo, otros 3,29. Sin embargo, el empleo nacional sólo explica el 1,62% y el 0,38% respectivamente. En otras palabras, los trabajadores extranjeros contribuyen en un 80% y los nacionales, el 20% a este mejora del crecimiento. A estos porcentajes hay que añadir la casi nula aportación de la productividad (apenas un 0,9% de subida en cinco años) y restar casi 1,8 puntos por lo que el BCE llama efecto «residuo» que son las discrepancias con las que se encuentran en la distintas bases de datos del mercado laboral.

El ajuste de plantilla y de la red comercial que Alcampo prevé acometer en España en los próximos meses se explica, en buena parte, por un elemento: el declive del hipermercado. La compañía, filial de la francesa Auchan, negociará con los sindicatos a partir del lunes un plan que contempla un máximo de 710 despidos en 152 tiendas, y 25 cierres. Aunque el grueso de las afectadas son supermercados, los hipermercados no escapan: Alcampo reducirá la superficie de 15 de ellos para adaptarlos a los “nuevos hábitos de compra”. Un proceso ya iniciado en Francia, la cuna del formato. Allí, Auchan anunció durante el año pasado un plan para ahorrar 100 millones de euros anuales desde 2027. La compañía reconoció la necesidad de “adaptar” sus hipermercados, con un plan para reducir la superficie del 40% de estos establecimientos en Francia, España, Portugal, Polonia y Rumanía. El objetivo es que, de media, el 70% de sus híper tenga menos de 10.000 metros cuadrados. El peso del hipermercado para Auchan es más que relevante. Este formato genera el 73% de su facturación total, pese a suponer el 18% de sus puntos de venta. En España esa proporción es algo menor, del 15%. Y si sufre el híper, sufren las ventas totales: en 2024, estas se redujeron un 1%, y a nivel comparable, un 3%. “En un mercado donde predominan los formatos más compactos, los hipermercados registraron un descenso en su afluencia en 2024”, mencionaba Auchan sobre España en su informe anual. Algo parecido, aunque con menor impacto financiero, padece Carrefour. En Francia, las ventas comparables de sus hipermercados cayeron el 3,6% en el trimestre. En 2024, retrocedieron más de un 4%. Estos generan el 52% de su facturación en el país, pese a suponer el 5% de su red comercial. “El comprador tiene cada vez más opciones donde realizar la compra: el incremento de la superficie comercial y el esfuerzo de las cadenas para proporcionar una cesta de la compra cada vez más completa, ha favorecido que algunas familias sustituyan la visita al híper por la compra en el súper de la esquina”, explica Bernardo Rodilla, responsable de retail en la consultora Kantar.

Gerardo Cuerva, presidente de la patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme, se enfrentará en diez días por su cargo con Ángela de Miguel, apoyada por Antonio Garamendi, líder de la CEOE. “Dos personas han dicho que no quieren que yo sea presidente”, dice, y señala a Garamendi y a Yolanda Díaz. Cuerva cuenta con el respaldo explícito de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Cree que Antonio Garamendi quiere que Cepyme no tenga voz propia, que quede subyugada al dictado de la gran casa patronal de la que forma parte, CEOE. Ese discurso propio, opina Cuerva, es la raíz de que Garamendi apoye una candidatura alternativa a la suya para presidir Ceypme, enarbolada por la jefa de CEOE en Valladolid, Ángela de Miguel. "Antonio [Garamendi] lo ha dicho: quiere para Cepyme un funcionario que trabaje ocho horas al día, cinco días a la semana y que esté a sus órdenes. Va en contra del espíritu de la organización. Dos personas han dicho pública y reiteradamente que no quieren que yo sea presidente de Cepyme: el presidente de CEOE y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz...No voy a valorar lo que Antonio tiene en su cabeza o ha hecho con sus decisiones. Me ratifico en que tenemos que negociar y esreses tar con el Gobierno que los españoles decidan. Pero no podemos renunciar a aquello en lo que pensamos y en lo que creemos: que el sistema que funciona para la actividad privada no es el comunismo y sí es el liberalismo. Y si quieren a una persona sumisa al Gobierno, al actual o a cualquiera, que no voten a Gerardo Cuerva..."

En España se teletrabaja poco en comparación con el resto de países europeos: solo lo hace el 15,4% de la población trabajadora, frente al 22,6% del promedio europeo. Sin embargo, pese a lo profunda que es la brecha, en 2024 se contrajo un poco, ya que el empleo remoto creció más en España (1,2 puntos porcentuales) que en la media de los Veintisiete (cuatro décimas). Así se desprende de las últimas cifras publicadas por Eurostat, que también ilustran lo lejos que está España de los países más avanzados en la materia. En Países Bajos, por ejemplo, hay un 52% de empleados que desarrollan parte de su jornada laboral en casa. El portal estadístico europeo permite conocer la evolución de esta variable en España desde 1992. Por entonces el teletrabajo era casi anecdótico, una modalidad que se aplicaba a entre un 1% y un 2% de la fuerza laboral. El desarrollo de la tecnología impulsó estos porcentajes con el inicio del siglo XXI, hasta un primer pico del 7,5% en 2013. Como en años anteriores, el promedio europeo (11,9%) superaba ampliamente al dato español; y la brecha se ensanchó aún más en los ejercicios posteriores, en los que Europa fue a más y España redujo el teletrabajo. En 2016 teletrabajaban en España un 6,4% de los empleados, mientras que la media comunitaria era de un 13,1%, más del doble. Después estos porcentajes crecieron ligeramente, hasta el suceso que impulsó como nunca el trabajo remoto: la crisis sanitaria del coronavirus. Los confinamientos para proteger a la población lanzaron la proporción española hasta el 15,1% y la europea hasta el 20,7%. Ambas variables aumentaron aún más en 2021, con un 15,3% y un 24%, respectivamente. Tanto el dato español como el europeo cayeron en 2022, con el fin de la pandemia. En 2024 volvieron a rebotar, especialmente en España, hasta alcanzar un 15,4%, tres décimas por encima del anterior récord.

En pleno declive de los salones tradicionales del automóvil en Europa, el de Barcelona, ahora conocido como Automobile Barcelona, celebra este año su 43 edición en la que el protagonismo se lo han repartido la movilidad electrificada y las marcas automovilísticas chinas, que apuestan por esta plataforma para dar a conocer los nuevos modelos que van a lanzar. En concreto, 12 de las 29 marcas que participan en la edición de este año del Automobile son de origen o utilizan tecnología china, lo que demuestra el interés de las firmas procedentes del gigante asiático por el mercado español, que es en el que mejor se están comportando en Europa, con una cuota de cerca del 9% en lo que va de año y con más de 20 marcas operativas en la actualidad. Gigantes chinos como BYD, Chery Automobile o SAIC Motor han presentado en Barcelona sus últimos modelos, con el fin de que el público español tenga acceso de primera mano a sus novedades, entre las que destacan el nuevo S5 eléctrico de MG, del grupo SAIC, que es la marca china más comercializada en España y que en lo que va de año se ha colado en el top 10 de ventas en el país, lugar en el que espera acabar 2025. La firma asiática también ha aprovechado su presencia en el Automobile para anunciar la puesta en marcha de un nuevo almacén de recambios en Guadalajara, con más de 1.500 referencias, con el que garantizará la entrega de recambios a los concesionarios en un plazo de 24 horas.

Las aerolíneas de IAG vuelven a reforzar sus flotas para vuelos de larga distancia. El holding anunció el viernes el encargo de 53 aviones a Airbus y Boeing, de los que 32 aparatos son del modelo B787-10 del fabricante estadounidense y están asignados a British Airways. Por su parte, 21 aeronaves A330-900neo de Airbus podrán ir a Aer Lingus, Iberia o Level. A precios de catálogo, las compras a Boeing alcanzan los 12.704 millones de dólares (11.307 millones de euros), mientras que se pagarían 7.854 millones de dólares ( 6.990 millones de euros) a Airbus. La operación, según las tarifas de ambos fabricantes, ascendería a un total de 20.558 millones de dólares, lo que supone 18.298 millones de euros al cambio actual. IAG dice haber negociado un descuento sustancial por el volumen del pedido, y su consejero delegado, Luis Gallego, explicó que no se espera impacto alguno por la política arancelaria de Donald Trump en Estados Unidos. A favor de IAG juega que el concurso para la adquisición de aviones arrancó en octubre del año pasado y el acuerdo comercial alcanzado ayer entre Reino Unido y Estados Unidos, por el que el grupo espera que “los productos de Boeing pedidos desde Reino Unido lleguen sin cargas arancelarias”. Gallego habló de un nuevo hito en la estrategia hacia la transformación de sus aerolíneas: “Subraya nuestro compromiso con el fortalecimiento de nuestras marcas de aerolíneas y la mejora de nuestra propuesta a los clientes. En la próxima década, estas nuevas aeronaves nos permitirán reforzar nuestros mercados principales mientras seguimos impulsando el valor a largo plazo para nuestros accionistas”.

«Unos aranceles del 80% a China serían lo correcto». Es el mensaje que publicó ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, en su red social ‘Truth’, en vísperas de la crucial reunión que mantienen entre hoy y mañana los principales representantes comerciales de ambos países en un terreno neutral como Suiza. Concretamente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el negociador comercial jefe, Jamieson Greer, se citan con el principal funcionario económico chino, He Lifeng, para abordar la guerra arancelaria y sentar las bases de futuros acuerdos comerciales entre las dos superpotencias. El propio Bessent admitió el martes en una entrevista para ‘Fox News’ que en el encuentro no esperaba «hablar sobre un gran acuerdo comercial», pero sí «lograr avances». Una reunión que, en todo caso, no es baladí ya que se trata del primer acercamiento oficial de ambos países desde que Trump desatara su andanada arancelaria el pasado 2 de abril en lo que él denominó como el ‘Día de la Liberación’. Desde entonces, el intercambio de golpes ha sido continuo hasta llegar al punto actual, en el que Washington grava con un 145% los productos chinos que recalan en territorio estadounidense, y Pekín hace lo propio imponiendo unas tasas del 125% a los bienes provenientes de EE UU. Se trata de una coyuntura que el propio Bessent calificó de «insostenible» dado que dichas tasas representan, prácticamente, un «embargo».