20250514

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día. 

La medida ‘estrella’ de la legislatura, la reducción de jornada a un máximo de 37 horas y media, llegó ayer al Congreso tras obtener el plácet del Consejo de Ministros el pasado martes. Sin embargo, los apoyos parlamentarios no están claros, sobre todo después de que Junts reiterase su rechazo y anunciase una enmienda a la totalidad al proyecto. En este escenario, la patronal vizcaína (Cebek) se posicionó ayer en contra, alegando que su entrada en vigor afectaría a 350.000 trabajadores en Euskadi y supondría «elevar aún más los costes laborales», algo que penalizaría «especialmente a las pymes y a los sectores de comercio y servicios». La advertencia la realizó la presidenta de la patronal vizcaína, Carolina Pérez Toledo, en su rueda de prensa de despedida antes de que hoy la asamblea general elija a la persona que le sucederá en las primeras elecciones de la historia de la organización. En una convocatoria en la que se presentó la última encuesta cuatrimestral sobre las perspectivas de las empresas de Bizkaia, Pérez Toledo recordó que el 90% del tejido empresarial vasco está formado por micropymes y que, en caso de aprobarse la reducción de jornada en el Congreso, «van a tener que contratar a más trabajadores para atender a sus clientes o cubrir ciertos horarios», lo que repercutiría de forma directa en su productividad y en el precio final. «Pediría que los partidos políticos que tienen que votar esta medida cuando llegue al Congreso sean conscientes del hecho que en estos momentos no hay un acuerdo entre los agentes sociales», manifestó el secretario general de Cebek, Francisco Javier Azpiazu, dejando entrever que los partidos deberían votar en contra de la misma, más teniendo en cuenta que consideran una «injerencia» en una materia que consideran propia de la negociación colectiva. Además, Azpiazu cargó contra la justificación de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que «hay que trabajar menos para ser felices». Una afirmación que en su opinión es una «irresponsabilidad» que «devalúa el mérito, el esfuerzo y el desarrollo profesional de las personas, que han sido durante muchos años valores de la sociedad vasca». Ver más en Cebek

La versión final de la memoria económica que acompaña al proyecto de Ley para la reducción de la jornada laboral reconoce que la medida elevará los costes de las empresas hasta en un 7%. El documento elaborado por el Ministerio de Trabajo no solo admite el incremento de la factura salarial, sino que llega a esa conclusión obviando centenares de alegaciones de patronales y comunidades autónomas e incluso una contundente advertencia del Ministerio de Economía sobre los posibles «efectos adversos» que la norma puede llegar a tener sobre el tejido productivo. La memoria señala que la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales «inducirá un incremento del coste salarial por hora trabajada de un máximo del 6,67% en el caso de que la persona estuviera trabajando 40 horas». No obstante, asegura que «este escenario más pesimista no es el más extendido en España» porque muchas empresas ya tienen jornadas inferiores. Así, calcula que el aumento para 14,5 millones de trabajadores sería del 2,21%, e incluso existe un grupo de más de 1,88 millones de trabajadores para los que el coste «no se incrementaría en absoluto». Con todo, Trabajo defiende que estos potenciales aumentos «no comportan automáticamente un incremento de la masa salarial empresarial», ya que «esta constricción horaria adicional puede reconducirse en buena parte por la vía de la productividad». En paralelo, asegura que los beneficios empresariales están en «máximos históricos», lo que, a su juicio, permite a las compañías «absorber un potencial incremento del coste laboral» en un contexto en el que la productividad crece al 2,5% anual.

 Nunca en los 125 años de historia de Cebek se habían registrado elecciones para elegir a su presidente así que el proceso que se celebrará hoy es totalmente inédito. Compiten dos candidatos, Nuria Lekue –directora del negocio familiar de estaciones de servicio Galindo– y Guillermo Buces –fundador junto a su padre del fabricante de etiquetas Biolid–. «Es una situación que no se había producido antes, pero que está prevista en los estatutos así que la vivimos con absoluta normalidad», señaló ayer la actual presidenta de Cebek, Carolina Pérez Toledo, que decidió no optar a la reelección tras cumplir sus cuatro años de mandato y ayer explicó los detalles de la asamblea junto al secretario general de la organización, Francisco Javier Azpiazu. La decisión la tomarán los 138 representantes de las empresas vizcaínas que forman parte de la asamblea. Pero antes de que se llegue a esa votación, que se realizará de forma telemática, habrá una previa para conformar la junta directiva, integrada por 32 vocales. Los candidatos tienen que entrar en la junta para optar a la presidencia. Buces ya tiene asegurado el pase, pero Lekue no. El sistema es el siguiente. Las grandes federaciones como la del Metal o el Comercio tienen asignado un cupo de representantes en la junta. Sin embargo, a las más pequeñas se les agrupa en bloques y tiene que competir por un determinado número de plazas. El grupo de Buces, formado por seis asociaciones –entre ellas la suya, Artes Gráficas–, tiene tres huecos en la junta y se han postulado tres personas con lo que está ajustado y no tiene que pasar por votación. El caso de Lekue es diferente. Está en un bloque de diez asociaciones –la suya es la de estaciones de servicio (Estaserbi)– y compiten tres personas por dos puestos en la junta. Los 138 compromisarios votarán y solo si supera esta fase pasa a la segunda en la que disputará con Buces la presidencia. En este tiempo preelectoral ambos candidatos se han empleado a fondo para darse a conocer y ganar el apoyo de los miembros de la asamblea. Ha sido una campaña muy intensa que arrancó con cierta tensión al confirmar Lekue en febrero su intención de postularse, antes de que Pérez Toledo ratificase oficialmente su decisión de no optar a un segundo mandato, lo que causó cierto malestar. Buces anunció su candidatura en abril.

Los trabajadores de Bridgestone en Basauri votarán este viernes si respaldan o rechazan la propuesta definitiva del expediente de regulación de empleo (ERE) presentada el jueves por la dirección. Todos los sindicatos con representación en la planta, salvo ELA, asumirán el resultado de un referéndum que se celebrará tras las asambleas informativas que cada central organizará con sus afiliados. Las centrales mayoritarias en la planta de Basauri –CC OO, UGT y BUB– consideran que la propuesta final de la empresa incorpora una parte importante de sus reivindicaciones y cumple unos «mínimos» razonables para ser trasladada al conjunto de la plantilla. En un comunicado conjunto, las tres agrupaciones expresaron su malestar con ELA, a quien reprochan su negativa a acatar el resultado de lo que determine toda la plantilla. «No tiene sentido hacer una asamblea cuando no se va a hacer lo que allí se decida si no es del gusto de uno de los sindicatos, que representa uno de los trece votos del comité», justificaron para explicar su decisión de convocar directamente un referéndum sin abordar un debate conjunto previo con los trabajadores. Los tres sindicatos, en contra de la opinión de ELA, que apuesta por reanudar las movilizaciones hasta que se retire el ERE, insistieron en que «la mayoría del comité hemos decidido no hacer más huelgas hasta ver el resultado del referéndum». Una consulta en la que, según las fuentes consultadas, todo hace prever que ganará el sí a la propuesta de la empresa.

Uvesco, el grupo de distribución alimentaria irundarra y matriz de supermercados BM y Super Amara, se está preparando para que, si vuelve a producirse una operación como la que intentó Carrefour a inicios del año pasado, Euskadi tenga capacidad real de dar una respuesta alternativa que garantice el arraigo. Así lo expresó su presidente, José Ramón Fernández de Barrena, durante la presentación de resultados del grupo celebrada ayer en la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, en la que, más allá del récord de facturación alcanzado el pasado año –1.186 millones, un 10,6% más–, insistió en la necesidad de tener «avanzado» un marco de «colaboración público-privada» que permita, llegado el momento, «jugar el partido» y ofrecer «una alternativa vasca» con opciones de entrar en el accionariado. «Ahora no hay nada encima de la mesa, pero hay que seguir trabajando esa posible alianza o colaboración para, en su caso, si existe una oportunidad de entrar en el accionariado de la empresa con un proyecto de arraigo, con un proyecto rentable tanto para la administración pública como para los grupos privados», detalló. El mensaje llega después de un ejercicio en el que el grupo no solo alcanzó los mejores resultados de su historia, sino que también vivió en paralelo una operación que no llegó a materializarse pero que agitó su entorno: el intento de compra por parte de Carrefour. El gigante francés negoció con PAI Partners, fondo parisino propietario del 70% del capital de Uvesco desde 2021, con la intención de adquirir el grupo. Según fuentes cercanas al proceso, la multinacional no llegó a presentar una oferta firme, y la operación —valorada en unos 800 millones de euros— se dio por cerrada sin acuerdo. 

Las rentas vascas inferiores a los 20.000 euros notarán a partir del segundo semestre del año un alivio en sus bolsillos. El 1 de julio entrará en vigor la nueva tabla de retenciones del IRPF, diseñada en el marco de la reforma fiscal con el objetivo rebajar la carga tributaria a las rentas más bajas. El nuevo esquema fue puesto ayer en exposición pública por la Hacienda vizcaína y, en aras de la armonización, se prevé que lo repliquen en los próximos días las diputaciones de Gipuzkoa y Álava. El objetivo de la reforma fiscal –impulsada por PNV y PSE-EE y aprobada tras obtener el respaldo de Podemos en el último momento– es aumentar la renta disponible de los contribuyentes con menos ingresos. Es decir, incremente el umbral mínimo de ingresos anuales por debajo del cual no se tributa, que salta de los 14.000 euros a los 20.000. El resto de tramos, sin embargo, continúa sin apenas variaciones. Vayamos con un ejemplo. A un trabajador sin hijos que ahora cobra 17.000 euros, la empresa le retiene el 7% de su sueldo. Es decir, 1.190 euros al año. La entrada en vigor de la nueva tabla, en cambio, hará que este dinero quede en su bolsillo. No obstante, un empleado en las mismas condiciones que ingrese 30.000 euros seguirá abonando a Hacienda el 15% de su salario tanto con el esquema actual como con el que entrará en vigor en julio. La actualización de tablas de retención del IRPF corrige una disfunción que hasta ahora afectaba a los trabajadores con menos ingresos, ya que se elimina la obligación de que quienes reciben el salario mínimo interprofesional tengan que tributar. Esta situación, que en el resto de España ha generado una importante tensión entre Hacienda y Trabajo tras el último incremento, ya se producía en Euskadi desde hace dos años. Este alivio, que refuerza la progresividad del sistema, fue uno de los principales argumentos que esgrimieron en su día PNV y PSE-EE para presionar –sin éxito– a EH Bildu y el PP para que emitieran su voto favorable a la norma.

Loli García (Barakaldo, 1968) dejará esta semana la secretaría general de CC OO de Euskadi tras ocho años en el cargo. "Había gentes que no se sentaban a negociar y a sacar adelante la negociación colectiva en Euskadi. Eso lo hemos tumbado. Que el 96% de los trabajadores vascos tenga cobertura por un convenio colectivo es un balance muy positivo...-Salario mínimo en Euskadi, ¿sí o no?– Sí (rotunda). CC OO habla de un salario mínimo de convenio, a pesar de que la patronal nos ha dado un portazo. No estamos por la labor de romper el marco del Salario Mínimo Interprofesional –SMI–, que además ponemos en valor porque ha crecido exponencialmente en ocho años... No hay una excesiva conflictividad en Euskadi. Y donde la hay es porque hay motivos...La huelga no es un fin, es un instrumento muy costoso. El fin que tiene es que podamos negociar, mover las posiciones de la contraparte y alcanzar grandes acuerdos. Y, además, nos parece bastante vergonzoso que se hable de conflictividad excesiva cuando las empresas en general están incrementando los beneficios de manera importante. En algunos casos, incluso, de manera un poco vergonzosa. Y, además, se está mejorando la productividad por hora trabajada. Por lo tanto, no hay justificación para que no haya garantías de IPC para los trabajadores, o para que no se reduzca la jornada... ¿Existe un problema en Euskadi de un alto nivel de personas que están en situación de incapacidad temporal? ¿De baja por enfermedad común? Sí. Pero es un problema de salud, no es económico. Dos patologías acaparan más del 90% de estas bajas: las enfermedades musculoesqueléticas y las leves de salud mental –ansiedad, depresión. Con estos datos extraemos dos conclusiones. En Euskadi tenemos una población trabajadora muy envejecida y el relevo generacional es menor. Una parte importante de estas enfermedades tiene un origen en las condiciones de trabajo. Tenemos un problema en la falta de medidas de prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, a las patronales más les valdría no quejarse tanto e invertir más en esta prevención...Nosotros estamos dispuestos a sentarnos con quien haga falta, también con Confebask, aunque sus recetas no sean las mismas. A veces están todo el día llorando. Puedo entender que no quieran que haya pérdidas. Pero tienen que entender que en un momento en el que los beneficios son tan grandes, una parte tiene que revertir en las masas salariales. Y eso no es sólo sueldo, también es jornada..."

El laboratorio vasco CiC BioGune ha reacondicionado sus líneas de investigación para focalizar a partir de ahora su trabajo en el conocimiento del metabolismo del cáncer. El centro aspira a convertirse en unos años en una referencia internacional en un campo de conocimiento aún naciente, pero muy prometedor: el que explora los procesos químicos que provocan la degradación celular y el nacimiento de las enfermedades tumorales. No parten de cero. En los últimos años, la institución ha logrado identificar nada menos que 200 moléculas que participan en distintos procesos metabólicos del organismo. El reto consiste ahora en verificar de qué manera condiciona cada una de ellas el surgimiento de una patología oncológica. El nuevo rumbo adoptado por el centro es consecuencia de su integración en la potente red nacional de investigación promovida por la Asociación Española contra el Cáncer. La organización ha premiado al laboratorio vasco al reconocerle como «centro de excelencia en investigación» de las enfermedades tumorales y dotarlo con un fondo de dos millones de euros en cuatro años. Ese dinero permitirá a CiC Biogune centrar su esfuerzo hacia este nuevo objetivo, según explican los responsables del proyecto, Jesús Jiménez Barbero, director científico de la institución, y Arkaitz Carracedo, jefe del laboratorio de Señalización y Metabolismo de Células Cancerosas. No dejarán de lado las investigaciones en marcha. Con los fondos recibidos, reforzarán por una parte los equipos humanos y la tecnología disponible; y por otra, pondrán a disposición del nuevo proyecto el personal y el conocimiento de sus distintos grupos investigadores. El centro de Zamudio se ha hecho fuerte a nivel internacional por sus investigaciones con resonancia magnética nuclear, una tecnología que permite determinar qué tipo de moléculas intervienen en los diferentes procesos metabólicos, como el colesterol, la glucosa u otras. 

La final de la Europa League, que disputarán el próximo miércoles el Manchester United y el Tottenham en San Mamés, ha provocado una escalada inflacionista sin precedentes que ha puesto en la picota a los hoteleros bilbaínos por las «abusivas» tarifas implantadas de cara a un evento que atraerá a la capital vizcaína a más de 80.000 aficionados ingleses. Todavía ayer los medios británicos continuaban haciéndose eco de las quejas de los seguidores de ambos equipos por el fuerte desembolso al que han tenido que hacer frente para pernoctar los días 20 y 21 en la capital vizcaína. Volvían a quejarse de los casi 5.000 euros que mantenía en su página web el Hotel Ilunion de Mamés, perteneciente a la cadena Once, o los más de 2.000 que deberán abonar los clientes interesados en reservar una habitación en el Axel, el establecimiento dirigido al público gay abierto hace casi medio año en el muelle de Marzana. Frente a este alud de protestas, la totalidad de las instituciones hizo piña en favor de la industria hotelera, pasó de puntillas por la polémica y evitó realizar cualquier crítica a un gremio que cuenta con casi todas las habitaciones vendidas en un acontecimiento «nunca visto» en la historia en Bilbao, según el gerente de los hosteleros, Héctor Sánchez. Responsables de la consejería de Turismo, Comercio y Consumo, cuyo titular, Javier Hurtado, voló ayer a Ciudad de México con el propósito de promocionar Euskadi, advirtieron de que no iban entrar en «ningún tipo de valoraciones». Sin embargo, dejaron en manos de los empresarios hoteleros la facultad de «establecer libremente» las tarifas que quieran. «Es la libre competencia y no hay nada que podamos hacer en cuestión de precios. Les corresponde a ellos fijarlos», añadieron las mismas fuentes. En similares términos se expresaron portavoces del departamento de Turismo de la Diputación de Bizkaia: «Esto funciona según la ley de la oferta y la demanda», recalcaron. Portavoces del Ayuntamiento de Bilbao declinaron realizar cualquier comentario a este periódico. Tampoco se pronunciaron desde Kontsumobide, organismo dependiente del Ejecutivo autonómico.

Más de mil euros por una habitación doble en un céntrico hotel de Vitoria para la noche del 21 de mayo. La final de la Europa League que se disputará la próxima semana en San Mamés entre el Manchester United y el Tottenham tendrá un importante eco en la capital alavesa. Los alojamientos de Bilbao no pueden asumir los 80.000 aficionados británicos que se esperan para el partido y muchos de ellos pernoctarán en las ciudades de alrededor. En Vitoria apenas quedan hoteles disponibles –en la tarde de ayer solo cinco, según una conocida web de reservas– y algunos han aprovechado la ocasión para multiplicar sus precios por diez. Es imposible encontrar una habitación por menos de 500 euros, la misma que una semana más tarde está a 80. La opción más cara se dispara hasta los 1.072, aunque si ampliamos la búsqueda todavía hay apartamentos (gestionados por particulares) por algo menos de 200 euros. La ley de la oferta y la demanda, defienden los empresarios del sector. En Bilbao los precios se disparan hasta los 5.000 euros la noche, lo que desde la OCU tachan de «abusivo». «Desde el viernes sobre todo estamos recibiendo muchas reservas de aficionados británicos», confirman desde el hotel Jardines de Uleta. El próximo miércoles, el día de la final, están completos; y para el día siguiente han alcanzado un 96% de ocupación. «La estancia media es de una o dos noches. Son sobre todo reservas para dos personas pero también tenemos algún grupo y familias», detallan. Consideran que el aumento de precios aquí era «inevitable» teniendo en cuenta la estrategia seguida en Bilbao. El empresario Iván Saldaña, dueño de varios alojamientos en la ciudad, también tiene buena parte de sus apartamentos ya reservados. «Ha sido cosa de este fin de semana, cuando Bilbao se ha copado. En nuestro caso la mayoría viene un par de noches y nos piden apartamentos para cuatro personas», sostiene.

La primera sentencia dictada en España sobre ecopostureo o greenwashing ya es firme. El litigio que ha enfrentado en los tribunales a dos grandes energéticas españolas se ha dado por zanjado, después de que Iberdrola haya decidido no impugnar el fallo judicial que desestimó la demanda presentada contra Repsol por publicidad engañosa en relación a su compromiso con la sostenibilidad. Fuentes jurídicas confirmaron a este periódico que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander declaró el pasado 5 de mayo la firmeza de la sentencia dictada en febrero, una vez que ha transcurrido el plazo legal para recurrirla y tras constatar que ninguna de las partes ha hecho uso de su derecho a recurso. Iberdrola demandó a Repsol un año antes al considerar que su principal competidor estaba vendiendo una imagen de empresa verde que no es. En concreto, puso en el foco una quincena de mensajes difundidos en la página web corporativa de la firma que preside Antonio Brufau y tres campañas de publicidad lanzadas en 2023 que, a juicio de la eléctrica que pilota Ignacio Sánchez Galán, incurrían en publicidad engañosa e ilícita. Así, solicitó la retirada de los mismos y la prohibición de volver a caer en esta práctica.

Iberdrola y Repsol, que durante los últimos meses se han enfrentado en una batalla de ecopostureo sin precedentes en España, parecen seguir caminos paralelos con respecto a sus juntas de accionistas. Las asambleas generales de ambos grupos coincidirán en el mismo día, el 30 de mayo. Y en ambos casos, los dos mayores energéticas en España han conseguido ya el respaldo masivo de ISS y de Glass Lewis, las dos grandes agencias de recomendación de voto (proxys) en las juntas. ISS y Glass Lewis tienen enorme peso a la hora de inclinar el voto a favor o en contra de determinados puntos tanto en las juntas de Iberdrola como de Repsol, porque en ambas existen miles de accionistas que se guían por sus recomendaciones. A diferencia de otros años, en los que esas agencias han sido críticas con algún punto, en esta ocasión su recomendación es votar “For”, es decir, sí, a todos y cada uno de los puntos del orden del día de la junta de Iberdrola y de la junta de Repsol. Además de la aprobación de cuentas y de la distribución de dividendos, Iberdrola y Repsol someten a votación la reelección de algunos consejeros. Iberdrola someterá a votación la que propondrá la reelección como consejero independiente de Ángel Acebes, que fue ministro de Interior con el Gobierno de José María Aznar.

«No puede volver a pasar jamás». Pedro Sánchez lanzó este mensaje poco después del apagón. Aunque no concretó un destinatario, las palabras del presidente del Gobierno han dejado poso en Red Eléctrica. Más de dos semanas después del incidente, la empresa que preside Beatriz Corredor mantiene sine die el sistema eléctrico en «modo de emergencia». Estos días, sus registros evidencian un uso intensivo de los llamados servicios de ajuste, una suerte de escudo antiapagones que se emplea para resolver incidencias que puedan amenazar el suministro. Aplicarlos tiene un coste que se ha disparado desde el apagón y que repercute directamente en la factura de la luz de millones de consumidores. Red Eléctrica activa los servicios de ajuste cuando recibe el resultado de la subasta en la que los generadores pelean por cubrir la demanda prevista para el día siguiente y concluye que el mix que ha decidido el mercado, priorizando siempre las tecnologías más baratas, no es del todo seguro. En definitiva, cuando el operador tiene que intervenir el sistema en aras de mantener el equilibrio entre oferta y demanda, y unos niveles asumibles de frecuencia y tensión. Básicamente, lo que se descontroló el lunes del apagón. Tanto la presidenta del operador, Beatriz Corredor, como el Gobierno afirman desconocer lo que causó el cero energético, si bien coinciden en que no fue un mix con exceso de renovables y pocas energías firmes (gas, nuclear o hidráulica). Paradójicamente, esto es lo que Red Eléctrica se está afanando por corregir por la puerta de atrás desde el día del apagón, a través de unos servicios de ajuste que no alteran el mercado diario, es decir, una foto que mantiene el peso de las renovables y no refleja el mayor peso del gas. La foto que Moncloa airea y el consumidor percibe. «Hay que saber qué pasó y hasta entonces es normal aplicar un principio de prudencia, pero seguimos con un 60% de renovables», apuntan fuentes próximas al Gobierno.

Red Eléctrica (Redeia) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya advirtieron en 2023 de que existía un riesgo de apagón por la sobretensión que se estaba generando en el sistema eléctrico. Dos años antes del fundido a negro del pasado 28 de abril, el regulador hizo suyos los argumentos del operador del sistema en una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado. El texto alertaba de que “las elevadas tensiones en la red podrían provocar el desacoplamiento intempestivo de instalaciones conectadas a la misma”. Según señaló entonces el organismo, los niveles de tensión eran “cercanos o incluso superiores a los valores admisibles”. Un desacoplamiento del sistema implica la desconexión automática de determinadas tecnologías o centrales de la red ante el exceso de tensión para no colapsar. Un episodio que sucedió el último lunes de abril. El objetivo de estas advertencias era crear un grupo de trabajo para lograr a través de ajustes técnicos en los grandes consumidores (la denominada industria electrointensiva) controlar la tensión y evitar problemas. Ese grupo planteó trabajos sobre dos zonas concretas: Galicia y Andalucía. La CNMC validó entonces un proyecto piloto, que fue renovado a principios de este 2025, para recabar más datos y que actualmente continúa con su labor.

Más de tres cuartas partes de los 1.500 ejecutivos consultados de empresas de diferentes países apoyan el cambio hacia un sistema eléctrico basado en energías renovables para 2035 o antes, según una investigación de febrero encargada por E3G junto con las coaliciones centradas en el clima Beyond Fossil Fuels y We Mean Business Coalition. El 52% de los encuestados afirmó que incluso trasladaría sus operaciones y el 49% modificaría sus cadenas de suministro para facilitar el acceso a sistemas de energía renovable en un plazo de cinco años. Todo esto, después de que Donald Trump haya dado un vuelco a la política renovable en Estados Unidos y de que Europa tenga ahora otras urgencias, como el gasto en Defensa. ¿Y en España? Expansión ha preguntado a las empresas del Ibex, excluyendo las energéticas, que por su propio negocio están en la carrera renovable. El resultado es que a fecha de hoy, de media, el 80,5% de la energía que consumen es certificada de origen (CdO) renovable, y para dentro de 5 ó 10 años alcanzará, según sus objetivos, el 98%, aunque la mayoría ya está en el 100%. Por lo que se refiere a instalaciones de autoconsumo renovable, 18 de las 21 que han contestado, cuentan con ellas. Algunas, como Inditex, Indra y Logista, también se plantearían las facilidades de acceso a energía renovable para la localización de futuras operaciones.

Firme defensa de la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), Cani Fernández, al los trabajos técnicos del análisis de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Un proceso duramente criticado por haber dejado fuera las alegaciones de un nutrido grupo de grandes organizaciones empresariales, como la patronal catalana Foment del Treball, o sindicatos, como UGT, que recurrió ante la Audiencia Nacional la decisión del organismo. También por el cuestionamiento que para algunas partes implicadas en el proceso ha supuesto la consulta pública lanzada por el Gobierno para recabar el sentir de la sociedad en torno a la operación. «El hecho de que una entidad no haya sido admitida no implica que no haya sido escuchada», sentenció Fernández ayer, durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso. La presidenta de la CNMC dejó entrever que la confidencialidad que exige una operación de estas características ha determinado que no se acepten finalmente todas las alegaciones. Es decir, había riesgo de filtraciones si se daba acceso a todos los que habían solicitado participar. Fernández también aseguró que el diálogo ha sido «constante e intenso», no solo con BBVA, sino también con Banco Sabadell. Fuentes conocedoras recuerdan el malestar que en las últimas semanas ha existido en la entidad catalana por la metodología empleada por el organismo en su análisis de la opa.

La presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ajusta cuentas con los que han venido cuestionando su trabajo sobre la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell. Aprovechó su intervención ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados de este martes para desautorizar el principal argumento hasta la fecha del Banco Sabadell, muy crítico con la resolución de la CNMC; y para reivindicar que antes de que el Gobierno haya lanzado una consulta sobre la operación, ya la hizo en la práctica el guardián de la competencia. Por un lado, Fernández negó sin citarle el argumento esgrimido por el consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, de que su eventual fusión con BBVA tendría un efecto negativo permanente para el crédito a las pequeñas y medianas empresas particularmente en territorios como Cataluña. «Ya a fecha de hoy se está produciendo una pérdida de cuota del Banco Sabadell en el mercado de crédito a pymes en favor de otros competidores ya presentes y ninguno de ellos BBVA», aseguró Fernández a preguntas del diputado de Sumar, Carlos Martín. El que arrebata cuota es el otro gran banco que ha devuelto su sede a Barcelona con el aplauso del Gobierno: CaixaBank. «Sabadell va bajando cuota en crédito a pymes y quién está ganando esa cuota son bancos que existen ya, entre ellos, CaixaBank, que no podemos olvidar que está ya allí y compite a fecha de hoy». Fernández admite que puede haber pymes que quieran cambiar tras la fusión, pero considera suficientes los hasta cinco años de plazo en los que BBVA se ha comprometido a mantener condiciones a la clientela. «Observamos que hay ya suficiente movimiento con otros operadores como para poder aceptar los compromisos de BBVA», remachó legitimando que absorba al Sabadell y que éste salga de escena.

BBVA ya tiene una idea aproximada del número de empleados con los que no contaría en la entidad resultante de la fusión con Sabadell. Los cálculos preliminares del banco cifran en alrededor de 2.500 las bajas que tendrá que acometer tras comprar Sabadell y con la posterior integración. Esto sería algo menos de un 6% de la plantilla conjunta en España en la actualidad (43.192 empleados). Fuentes del mercado explican que este cálculo podría variar en función de si finalmente hay o no fusión y de las potenciales condiciones que imponga el Gobierno. Fuentes oficiales declinaron hacer comentarios. La operación está ahora en manos del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quien tiene hasta el próximo 27 de mayo para decidir si eleva el informe final de la Autoridad de Competencia al Consejo de Ministros o la aprueba con los compromisos aceptados por la CNMC. En caso de no pronunciarse antes de que venza el plazo, la operación se aprobaría automáticamente por silencio administrativo. Si Cuerpo opta por elevar el informe final al Consejo de Ministros (que es la opción más probable por la beligerancia mostrada por el Ejecutivo y porque es la única vía para imponer nuevas medidas), el Gobierno tendrá un plazo de 30 días naturales para añadir condiciones extra de interés general, suavizar los compromisos aceptados por Competencia o dejarlos como están. No podrá vetar la compra, aunque si impone condiciones muy exigentes podría provocar que BBVA se echase atrás.

Europa continúa con su objetivo de rearme por la tensa situación geopolítica global, que ha llevado a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, a lanzar el plan Rearm Europe, que movilizará 800.000 millones de euros para Defensa. Mientras se implementa este ambicioso proyecto, la CE sigue repartiendo el presupuesto de 7.300 millones de euros comprometido a través del Fondo Europeo de Defensa (EDF, por sus siglas en inglés) para 2021-2027. Con cargo a 2024 se han repartido para iniciativas de I+D y cooperación en Defensa 910 millones, con los que se busca re-ducir las necesidades de capacidad en áreas estratégicas como movilidad militar o en defensa con drones. Los 910 millones que se repartirán con cargo a 2024 irán a parar a 62 proyectos que han sido seleccionados de entre las 297 solicitudes, con una media de quince entidades de siete países diferentes en cada uno de los proyectos escogidos. Las empresas españolas han tenido una participación muy destacada en la nueva oleada de apoyo a la industria de Defensa en Europa, puesto que 36 de los 62 proyectos que recibirán ayudas del EDF cuentan con, al menos, una compañía española entre las que se encuentran Indra, Navantia, EM&E, Sener, Oesía, GMV, Instalaza, Hisdesat, Airbus, Thales y también entidades educativas como varias universidades españolas. Los 36 proyectos con participación española suman un coste conjunto que roza los 850 millones, mientras que la aportación máxima autorizada por la Comisión Europea a estas iniciativas alcanza los 712 millones, según las memorias de los proyectos aprobados.

El precio de las hipotecas en España cae al nivel más bajo en más de dos años. Según los datos del Banco Central Europeo, el tipo de interés medio al que firmaron las hipotecas en el mes de marzo en España fue del 2,8%, lo que supone la cifra más baja desde noviembre de 2022, cuando los precios medios se situaban en el 2,74%. Esta caída coincide con la desescalada de tipos de interés en la que se encuentra inmersa el banco central y que también ha provocado una fuerte bajada del euríbor, el índice al que está referenciada la mayor parte de los préstamos hipotecarios en España. El BCE inició una senda de alzas de tipos de interés en julio de 2022. En ese momento el precio medio de las hipotecas era del 1,8%. A partir de ahí, el acelerado ritmo de alzas de tipos que ejecutó el supervisor para tratar de frenar la elevada inflación llevaron a un vertiginoso aumento de los precios hipotecarios. En octubre se registró el pico más alto con un precio medio del 3,94%. A partir de entonces, y ya anticipando el giro en la política monetaria (en junio de 2024 el BCE comenzó la desescalada de tipos), los precios a los que se firman las hipotecas han ido cayendo mes a mes y previsiblemente lo seguirán haciendo. El euríbor ha seguido un camino paralelo a esta evolución de los tipos. En las últimas semanas ha caído hasta el 2,04% y está a punto de bajar de la barrera del 2% por primera vez desde agosto de 2022.

La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para los españoles y, a pesar de las buenas palabras y promesas por parte de los distintos gobernantes, la Administración está muy lejos de plantear soluciones al problema y es, en cambio, una de sus grandes responsables. A la lentitud de los municipios para dar salida al suelo hay que sumar también la elevada burocracia que soporta el sector y también su elevada carga fiscal. De hecho, un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), publicado ayer, sostiene que el tipo efectivo de una vivienda en propiedad para uso propio se eleva al 30,3% de su rentabilidad teórica. Esto es, más del triple que la media de los países desarrollados y cinco veces más que la media de la Unión Europea, donde muchos países llegan incluso a subvencionar la compra y la posesión de un inmueble. La tributación efectiva sobre una vivienda para uso propio se eleva hasta el 30,3% de la rentabilidad que podría obtenerse por su alquiler, según el informe La fiscalidad de la vivienda en España, lo que sitúa a España como el segundo país cuyo sistema tributario pone menos facilidades a la compra de una vivienda, solo por detrás de Canadá (38,9%), pero muy por delante del conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde esta figura se reduce hasta el 9,7% y de la Unión Europea (6,5%). De hecho, las cifras de España quedan 7,5 puntos por encima del segundo país europeo (Francia, con un 22,5%) y sorprenden todavía más si se tiene en cuenta que cinco países europeos, con Países Bajos e Italia entre ellos, llegan a establecer subvenciones y bonificaciones a la compra de una vivienda para uso propio, motivo por el que aparecen en negativo en la tabla.

Entrevista con Ángela de Miguel, candidata a presidir Cepyme. "Cepyme puede hacer muchísimo más, no se está trabajando lo suficiente: tenemos menos microempresas que hace seis años, y están contratando un 38% menos. Son resultados muy malos. Creemos que hay que tener más presencia. Igual que todo el mundo conoce a Lorenzo Amor, de ATA [Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos], y a Antonio Garamendi, de CEOE, queremos que en cuatro años todo el mundo en España conozca a Ángela de Miguel y a Cepyme...Soy profundamente demócrata. En el diálogo social están los más representativos, y Conpymes ahora mismo no llega al 6% de la representatividad en España. Si cumplimos la ley, Conpymes no puede estar...No voy a entrar en ningún tema de guerra sucia. Pero quiero valorar y agradecer a todas las personas que han ido en mi candidatura y que están o que han mostrado públicamente su apoyo, porque muchas de ellas se han visto sometidas a campañas de difamación, que se han trasladado a la opinión pública. Nos parece muy grave. Me preocupa mucho la llamada al transfuguismo que se está haciendo por parte de la otra candidatura...Si yo fuera ella Yolanda Díaz, claro que me gustaría un candidato que invierte más tiempo en hablar mal de CEOE que en hablar de pymes. Un candidato que está dejando vacías las mesas de negociación; que no está proponiendo, y que él mismo presume de no dedicarle todo su esfuerzo a la presidencia de Cepyme. Que además siembra la división y que ha permitido que Conpymes tenga un espacio que hace seis años no tenía. La división siempre nos perjudica muchísimo a las empresas y beneficia a Yolanda Díaz, a los Gobiernos". 

Optimismo de Gerardo Cuerva en la presentación oficial del Comité Ejecutivo que le acompañará en la candidatura a las elecciones de Cepyme que tienen lugar el próximo 20 de mayo. A falta de una semana para la votación definitiva en la que medirá sus fuerzas con Ángela de Miguel, la presidenta de CEOE Valladolid, candidata promocionada por Antonio Garamendi, desde el equipo del actual líder de la patronal de las pymes tratan de tomar impulso y ponen las espadas en alto ante el envite final. Cuerva confirma en este punto que son varias las pequeñas organizaciones territoriales y sectoriales que han recibido presiones por parte de dirigentes de CEOE y del propio Garamendi, hasta el punto de que en el momento de sondearlas para incluirlas en su equipo han tenido que declinar, no por estar en desacuerdo con su proyecto, sino porque han sido víctimas de coacciones que les impiden significarse a su favor. A pesar de este intento de CEOE denunciado por el propio Cuerva de tratar de anular su candidatura, el líder de Cepyme presentó ayer el equipo que le acompañaría en el nuevo mandato de cuatro años si finalmente logra la victoria. Entre ellos, destacan dos líderes de patronales empresariales autonómicas, el presidente de CEOE Cepyme Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, y el presidente de CEOE Cepyme Cantabria, Enrique Conde, así como el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos y miembro de la Junta Directiva de Ceim, Fernando Jesús Santiago Ollero. Y dos sectoriales que también forman parte de la candidatura alternativa (la de Ángela de Miguel), Confemetal (con el vicepresidente Alfonso Hernández) y la CNC (con el vicepresidente Luis Rodulfo).

La inflación en Estados Unidos se situó en el 2,3% en abril en términos interanuales, lo que supone una caída de una décima respecto al registro del mes pasado. Se trata del nivel más bajo desde febrero de 2021 y una cifra mucho mejor de lo que esperaban los analistas, que adelantaban una mayor presión en el Índice de Precios al Consumo (IPC) a consecuencia de la guerra comercial. La única señal que adelanta un avance de la inflación a consecuencia de los aranceles es que el IPC creció en abril un 0,2% en términos mensuales, frente a la caída del 0,1% de marzo. El fin de la tendencia decreciente en los registros mensuales podría ser la primera señal de alarma. La inflación subyacente, que no tiene en cuenta las variables más volátiles, como la energía o los alimentos frescos, también subió un 0,2% en abril respecto a marzo, aunque en términos interanuales se mantuvo sin cambios en el 2,8%. Por segmentos, los precios de la energía fueron los que tiraron del IPC al alza el pasado mes, mientras que el coste de la cesta de la compra se moderó un 0,1%. Sin embargo, las señales de alerta proceden del coste de la vivienda, que aumentó un 4% en tasa interanual. Según los economistas, que los precios solo hayan avanzado un 2,3% en abril se debe al hecho de que muchas compañías anticiparon el impacto arancelario aumentando sus inventarios, como pone de manifiesto el fuerte aumento del déficit de la balanza comercial de EEUU en abril. Por tanto, avisan del riesgo para los próximos meses, en función también de cómo queden finalmente las negociaciones con China, pero también con el medio centenar de países con los que Washington sigue a la esperar de rubricar un acuerdo comercial en las próximas semanas.

«Nos gustamos mucho el uno al otro», fueron las palabras que un Donald Trump exultante dedicó a su anfitrión, Mohamed Bin Salman (MBS), tras ser recibido como un rey en Arabia Saudí, a donde viajó escoltado por importantes hombres de negocios de su país, con Elon Musk a la cabeza. Como hizo en 2017, el presidente estadounidense eligió Riad como primer destino para un viaje internacional y, a las pocas horas de poner pie en tierra, selló la mayor venta de armas de la historia. Fue un acuerdo récord que la Casa Blanca calificó como un «regreso histórico a Oriente Medio». Las monarquías del Golfo quieren el favor de Trump y los saudíes no escatimaron en contratos tras conocer que Catar le regalará un lujoso avión. Emiratos Árabes Unidos, donde seguro que también hay suculentos contratos a la espera, será la tercera parada de una gira que podría culminar con una visita a Estambul el jueves si se concreta el cara a cara entre Volodímir Zelenski y Vladímir Putin. El presidente no visitará Israel, lo que ha disparado las sospechas sobre un deterioro de la relación con Benjamín Netanyahu. A Trump le gustan el lujo y la pompa y eso es lo que le ofrecieron desde la puerta del avión hasta el palacio Yamamah. Fue un paseo continuo sobre una alfombra de color lavanda y un encuentro con cientos de responsables saudíes deseosos de estrecharle la mano. MBS rompió el protocolo y recibió a su invitado a pie de pista. Todo fueron sonrisas desde el primer momento. Con el declive de Irán, tras los golpes a Hezbolá en Líbano y a Bashar Al Assad en Siria, Arabia Saudí emerge como la gran potencia regional y el mensaje de MBS a Trump es que ellos son el actor regional clave.