20250519

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

El País Vasco es la comunidad autónoma con pensiones más altas de España. La mayor presencia de empleos en sectores técnicos e industriales, la elevada productividad y los mejores salarios, fruto de una negociación colectiva autonómica fuerte y consolidada, derivan en cotizaciones más cuantiosas y, en consecuencia, en nóminas de jubilación más generosas. De media, los jubilados vascos cobran 1.832 euros al mes, 328 euros más que el resto, que perciben 1.503 euros. Y si nos fijamos en el régimen general, eliminando a los autónomos, la pensión media alcanza los 2.069 euros, 406 euros por encima del promedio nacional (1.663). Estas diferencias se mantienen e incluso se amplían cuando acudimos a las estadísticas de las nuevas altas de jubilación. Aquí también son los vascos los que se están retirando en estos momentos con pensiones más elevadas. En concreto, 1.961 euros en el conjunto del sistema (frente a 1.600 euros de media nacional) y hasta 2.117 euros en el régimen general. Es decir, los asalariados que pasan a pensionistas en el País Vasco lo hacen con unos ingresos un 24% superiores que el resto de españoles (1.703 euros). En el top siete de regiones con mejores pensiones también están Asturias, Madrid, Navarra, Cantabria, Aragón o Cataluña. Las diez autonomías restantes se sitúan por debajo de la media, con las pensiones más bajas en Extremadura, Galicia, Murcia o Andalucía. En las nuevas altas se observa que quienes se están jubilando ahora en Navarra cobran las segundas pensiones más altas del país, con 1.808 euros de media y hasta 1.937 euros en el régimen general, casi un 14% por encima del dato nacional. Por detrás se sitúan los madrileños, con 1.767 euros en el conjunto del sistema y 1.866 euros si se elimina del cálculo a los autónomos. Después están los asturianos, con 1.765 y 1.781 euros, respectivamente. Y en el quinto puesto, los catalanes, con una pensión media en las nuevas altas de 1.702 euros que asciende a 1.822 euros en el régimen general.

Los contribuyentes vascos con salarios inferiores a 110.000 euros son los que disfrutan del tratamiento fiscal más favorable del conjunto de España gracias a la nueva reforma fiscal, aprobada hace dos meses en las Juntas Generales de los tres territorios. Se corrige así una situación en la que Euskadi penalizaba a las rentas más bajas con más impuestos que en el resto de comunidades, lo que contrastaba con la tradición histórica de ofrecer un mejor trato. El País Vasco recupera así su ventaja fiscal como el territorio con menor carga para los contribuyentes con rentas bajas. Una posición que había cedido el año pasado al congelar el umbral exento de IRPF en 14.000 euros, por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), establecido en los 16.576 euros anuales. Esta situación, acompañada del buen funcionamiento de la economía, ha permitido a las haciendas forales superar récords de recaudación mes tras mes. La reforma, aplicada con efectos retroactivos desde el 1 de enero, anula la tributación del IRPF de cualquier persona que perciba un salario igual o inferior que el SMI. La ventaja se extiende a quienes ganan hasta 20.000 euros, que no estarán obligados a hacer la declaración fiscal anual y su empresa no les retendrá ninguna cantidad. En la práctica, quienes solo obtengan rentas del trabajo en ese umbral quedarán al margen del impuesto. El resto de tramos, en cambio, seguirán prácticamente igual. Aunque la nueva normativa tributaria afecta al ejercicio fiscal completo, no será hasta el 1 de julio cuando las rentas más bajas noten este ahorro en su bolsillo. Es cuando entra en vigor la nueva tabla de retenciones, que establece que quienes ganan menos de 20.000 euros anuales dejarán de sufrir descuentos en sus nóminas por parte de la empresa para pagar a Hacienda. 

El endeudamiento de la Diputación de Gipuzkoa se ha ido reduciendo en los últimos años. Y de forma importante, además. Según los datos publicados por la propia institución foral, la deuda territorial ha decrecido en 248 euros por guipuzcoano en la última década al pasar de 786 euros en 2014 a 538,9 el año pasado. Y en lo que respecta al pasivo total formalizado de la Diputación, se sitúa en 394 millones de euros, la cifra más baja de los últimos diez años, tras registrar un descenso del 30%. Detrás de estos números grandilocuentes que se alejan de la normalidad cotidiana se halla, en realidad, el funcionamiento de las instituciones modernas. En síntesis, su ‘modus operandi’ es como el de los particulares pero con grandes cifras. Porque los gobiernos, diputaciones y ayuntamientos públicos también recurren históricamente a préstamos y líneas de crédito a largo plazo con el objetivo de obtener recursos financieros y así poder hacer frente a diferentes inversiones y mantener el estado del bienestar. El dinero que van debiendo a entidades financieras se conoce como deuda pública. Entrando en detalle, se refiere a las obligaciones financieras –préstamos, bonos...) que un gobierno contrae para financiar sus gastos y, generalmente, cuando sus ingresos no son suficientes. Esta deuda es utilizada para financiar déficits públicos, que ocurren cuando los gastos gubernamentales superan a los ingresos. Volviendo a la estadística publicada por la Diputación foral, el punto más álgido de la deuda foral se alcanzó en 2013. 

2.095. Ese es el número de nacimientos que Álava registró durante todo 2023, la mitad de los alumbramientos que se anotaron hace medio siglo, cuando en plena década de los setenta la provincia sumaba 4.833 llegadas al mundo. Esa tendencia a la baja es global, pero su impacto es mayor en las zonas rurales. Para frenar ese desplome, nueve municipios alaveses han impulsado ayudas –compatibles con las lanzadas por el Gobierno vasco con en mismo fin– para garantizarse una mínima natalidad anual, tratar de frenar la despoblación y así, quizás, no verse abocados a cerrar servicios básicos como las haurreskolas. Las subvenciones oscilan entre los 500 y los 2.500 euros y los requisitos son variados. Algunos ayuntamiento obligan a las parejas a empadronarse hasta cuatro años antes y otros tantos tras recibir la subvención; otros la ligan a la renta familiar y, en determinados casos, el ‘cheque’ se extiende hasta que los bebés cumplen tres años.

"Durante décadas, Euskadi ha sido una de las comunidades más prósperas de España. Con una renta per cápita superior a la media nacional y europea, una tasa de paro inferior al promedio estatal, una sólida estructura industrial, una mano de obra adiestrada y una deuda pública contenida, el País Vasco ha sido un modelo de estabilidad económica y solvencia institucional. La prosperidad de esta tierra no ha sido fruto del azar. Se asienta en la cultura secular del esfuerzo y en un marco institucional singular que distingue a Euskadi del resto de las comunidades autónomas, llamado Concierto económico...La violencia de ETA dejó una huella profunda, no solo humana y social, sino también económica y demográfica. Aunque la banda se disolvió hace más de una década, sus efectos perduran...Como resultado, la economía vasca ha mantenido una aceptable velocidad de crucero, pero muestra ciertos signos de fatiga. Discurre bien cuando podría ir mejor, y se desvanecen algunos logros conquistados con tanto esfuerzo. Indicadores, entre otros, como la desaceleración del crecimiento industrial, una productividad de los factores estacionaria o la menor atracción de inversión extranjera frente a otras regiones sugieren un ligero declive, pese a la solidez general...Asimismo, un reciente informe del Observatorio CEU-CEFAS –de orientación conservadora– plantea una reflexión rigurosa sobre el invierno demográfico vasco, y su alto impacto político y social. Los datos oficiales son altamente elocuentes: en Bizkaia, los nacimientos de madres nativas han caído un 81% entre 1976 y 2024; desde 1990, hay muchas más muertes que nacimientos de vascos; en 2023, por cada bebé vasco nacido, fallecieron 2,4 personas, frente a una media española de 1,8; uno de cada siete habitantes vascos actuales ha nacido en el extranjero, y superan el 50% los nacimientos recientes correspondientes a padres inmigrantes. Y de mantenerse las tendencias señaladas, en 2045 más del 50% de la población vasca será de origen inmigrante, porcentaje que en 2065 podría alcanzar el 70%. Estas cifras, fruto de una inercia lenta pero progresiva, anticipan una importante transformación social en Euskadi..."

Entrevista con Carola Hermoso, directora general de Unesid, la patronal de las empresas del acero. No ha dejado de apagar fuegos desde que en enero se puso al frente de Unesid, la patronal del acero español. Ese mismo mes, el Congreso tumbó el decreto ómnibus que incluía descuentos en la factura energética de muchas de sus asociadas. Ello ha abierto un roto al sector de 40 millones de euros al año que el Gobierno todavía no ha conseguido cerrar. A los días, Donald Trump anunció aranceles del 25% al acero y el aluminio extranjeros. Segundo golpe por casi 400 millones para el sector. El movimiento de tierras que pueda acarrear la guerra comercial y el coste de la electricidad son los dos grandes caballos de batalla de Hermoso. " Exportamos a Estados Unidos 400 millones de euros en valor, pero hay algunos productos en particular que suponen líneas de negocio cruciales para algunas de nuestras empresas. Va a haber un impacto directo, pero lo que de verdad nos preocupa es el golpe indirecto. Que la guerra comercial agrave algo que lleva sucediendo las últimas décadas. Ha habido una inversión masiva en terceros países, en fábricas en Asia o África, que tienen unos costes muy por debajo de los que tenemos en la Unión Europea. Hay tres motivos. Subvencionan a sus empresas y les garantizan una energía muchísimo más barata, mientras que en Europa el sistema que fija los precios de la electricidad no favorece a la industria. Segundo, tienen mano de obra barata en condiciones laborales muy diferentes a las de la UE. Y tercero, soportamos requisitos y costes ambientales mucho más altos...la verdad es que no hay muchos incentivos para que las empresas europeas y españolas vuelvan a traer las fábricas a Europa. El mayor factor limitante son los costes energéticos, que es el mayor factor de competitividad ahora mismo. Y luego, está claro que las empresas tienen que cumplir unos estándares de calidad y seguridad, pero aunque la Unión Europea ha traído muchas cosas buenas, también ha generado mucha burocracia. Ese es el segundo desafío...Europa se ha dado cuenta de que está importando productos que están generando un impacto en países que no siguen sus estándares climáticos y en los que hay trabajadores en condiciones laborales que aquí no toleraríamos. Da igual que el CO2 se emita en Vietnam que en Europa, el efecto es el mismo. Es en esto en lo que la UE ha despertado y está buscando soluciones..."

Entrevista con Dorothée Rouzet (París, 1985), economista jefe de la Dirección General del Tesoro de Francia. No duda en mostrar su opinión sobre el incierto panorama económico para el conjunto de la Unión Europea. "Es cierto que existen grandes diferencias entre las opciones elegidas por los países europeos, siempre con el objetivo de alcanzar la descarbonización en 2050. En Francia estamos consiguiendo ser uno de los países más avanzados en esta tarea gracias a la gran cantidad de generación nuclear, mientras que España ha optado por una gran cantidad de renovables. Son diferentes modelos. Francia ha tomado la decisión de aumentar la inversión en nuclear porque nos permite tener una energía descarbonizada mientras capitalizamos las inversiones que el país hizo en el pasado, pero también estamos aumentando la cantidad de renovables en el mix energético...La inversión en la industria de defensa puede traer muchos beneficios para el resto de la economía. Es muy capital, intensiva y una fuerte generadora de innovación. Si podemos canalizar esta inversión en Europa para fortalecerla, también beneficiará al resto...La productividad es un gran problema. Hemos ido por detrás de los Estados Unidos durante 20 años, en parte por perdernos la primera ola de la tecnología. Debemos asegurarnos de no perder el tren de la Inteligencia Artificial (IA). Podemos no ser las mayores potencias en su desarrollo, pero tenemos mucho valor que podemos aprovechar en la aplicación y difusión de la IA en la economía..."

El Gobierno de Dinamarca ha encargado un análisis técnico para levantar el veto a la energía nuclear que ha estado vigente durante cuatro décadas en el país nórdico. Un paso histórico que se ha tomado precisamente a raíz de lo sucedido en la península ibérica, donde un excesivo peso de las energías renovables en la producción de electricidad causó un episodio de inestabilidad fatal. La coalición entre socialdemócratas, centristas y liberales que preside Mette Frederiksen planea incorporar pequeños reactores nucleares, llamados como SMR, a su mix energético, en el que un 50% de la producción es eólica gracias a los megaparques instalados en el mar del Norte, pero también dispone de importantes conexiones con Suecia y Noruega para evitar cortes de suministro. En caso de salir adelante, Dinamarca sería el último país en unirse a la lista de países de la Unión Europea que han vuelto a apostar por la energía de origen atómico, con Alemania como ejemplo paradigmático. Tras cortar lazos con Rusia como represalia por la invasión de Ucrania, tuvo que disparar la producción de las contaminantes centrales de carbón para suplir el gas ruso debido al cierre de las plantas nucleares decretado por Angela Merkel en el año 2011, que se completó durante 2023. El nuevo gobierno de coalición entre democristianos y socialdemócratas ha frenado el desmantelamiento de las centrales ya en desuso como paso previo a un análisis técnico de la viabilidad de volver a ponerlas en funcionamiento. Además, el multimillonario programa de inversión pública en infraestructuras financiará la instalación de SMR en los próximos años. La nuclear también va a ser clave en la histórica transformación del sistema energético de los países bálticos, que el pasado mes de febrero se desconectaron por fin de la electricidad suministrada por Rusia y Bielorrusia desde tiempos de la URSS y ahora están sincronizados con la red europea, principalmente a través de Finlandia, que inauguró en 2023 el reactor atómico más potente del continente, con una capacidad de generación de 1.600 megavatios. Estonia, Letonia y Lituania también planean incorporar los SMR a sus redes para garantizar la estabilidad futura del sistema y reducir las emisiones de las energías contaminantes con las que se abastecen en la actualidad. En esta carrera, Francia quiere ser el primer país europeo en incorporar los pequeños reactores a su sistema eléctrico, del que tres quintas partes ya son de generación atómica.

Tras un inicio de año convulso para Indra, con la salida en enero de su presidente, Marc Murtra, a Telefónica, y la llegada de Ángel Escribano como sustituto, la firma tecnológica está entrando en el ecuador de un 2025 marcado por las operaciones inorgánicas que estudia realizar (Santa Bárbara Sistemas, EM&E o Iveco Defence Vehicles). El presidente ejecutivo de Indra se enfrenta ahora a la renovación del consejo de administración, puesto que once de los dieciséis miembros finalizan su mandato en 2025, ya que fueron nombrados en 2022 y, según los estatutos de la firma, los vocales desempeñarán el cargo por un período de tres años, aunque podrán renovar. Así, Escribano aborda una actualización del consejo con una empresa muy diferente a la que se encontró en enero, puesto que el foco está en el crecimiento inorgánico, con varias posibles operaciones en cartera, y en el impulso de la rama de Espacio, justo en pleno boom de la Defensa. El presidente de la compañía deberá conformar un consejo de administración con nuevos integrantes que no impidan llevar a cabo el plan estratégico, lanzado en 2024 por el consejero delegado, José Vicente de los Mozos. El plan contempla crecer en Defensa y Espacio y llegar a los 10.000 millones de euros de facturación en 2030 (ingresó 4.843 millones en 2024). La mayor parte del consejo actual se estructuró en 2022, bajo el mandato de Marc Murtra y en un momento de alta tensión entre los co-consejeros delegados Cristina Ruiz e Ignacio Mataix, que derivó, primero en la salida de Ruiz, y, ya en 2023, en la sustitución de Mataix por José Vicente de los Mozos.

El Ibex, que superó los 14.000 puntos el viernes por primera vez desde mayo de 2008, vive su mejor año desde 2023, cuando se anotó un 22,76%. De avanzar un poco más, vivirá su mejor ejercicio desde 2009, cuando sumó un 29,84%. Entre las razones que pueden llevar al Ibex a mirar de frente el 15.000 está una economía que crece más que el resto de Europa y unas empresas que logran buenos resultados. Esto hace que sus valoraciones sean atractivas. La baja exposición que aún tienen muchos inversores a la Bolsa española es otro motivo que hace pensar que habrá más subidas, según Iturriaga. Para que el Ibex siga escalando necesita el apoyo del sector que más pesa: el bancario, que representa el 36,2% del selectivo. El Ibex Bancos se anota más del 47% en 2025 en su quinto año al alza. “Los bancos se han puesto en valor gracias a la subida de tipos del último año y una menor velocidad de las bajadas después”, comenta Víctor Peiro, director de análisis de GVC Gaesco. A favor de la banca juega aún una valoración atractiva en términos de PER estimado a 12 meses (8,8 veces, frente a las 9,3 veces de la media del sector en Europa) y una rentabilidad por dividendo superior al 6%. GVC también ve positivo para el Ibex el peso que tienen valores que se benefician de la bajada de tipos de interés, como Cellnex, Merlin, las eléctricas y Telefónica, que este año suben entre el 6,8% y el 27%. “En el caso de que haya riesgos de bajada de la actividad económica global, protegen al índice”, dice Peiro.

En los últimos años, sobre todo después de la pandemia, y en especial desde la entrada en vigor en 2022 de la última reforma laboral, el sector de la educación está siendo, mes tras mes, uno de los principales motores del nuevo empleo. Las cifras estadísticas oficiales son rotundas. Según la afiliación a la Seguridad Social, en diciembre de 2019, justo antes de que estallara la crisis de la pandemia, había 1,1 millones de trabajadores adscritos en el sector de la educación, mientras que en abril de 2025 este colectivo había aumentado casi un 30%. El incremento multiplica por tres lo que ha crecido el empleo general durante el mismo periodo de tiempo, que ha avanzado un 11% (de 19,4 millones de afiliados a 21,5 millones), según las cifras medias sin ajuste estacional. Retrocediendo aún más en el tiempo, el patrón se mantiene. En los últimos 10 ejercicios completos (de 2015 a 2024) el número de cotizantes a la Seguridad Social creció un 32% mientras que el avance en las actividades educativas fue del 64%, justo el doble. Y da igual qué tipo de indicador se tome: el comportamiento de la ocupación es similar al que muestran los registros del número de cotizantes. El incremento es llamativo en un contexto de disminución de la natalidad, lo que lleva a un crecimiento muy moderado de los alumnos escolarizados en España. ¿Qué explica entonces que se hayan generado 300.000 nuevos empleos relacionados con el sector educativo en apenas tres años? Las causas son múltiples, según los expertos, desde cambios en la manera de registrar el empleo en el sector que explican parte del éxito hasta cambios estructurales de calado. “Hay varios motores que impulsan en empleo en la educación”, resume Carlos Quirós, responsable del área jurídica del sector educativo en la Unión Sindical Obrera (USO), una de las centrales con mayor presencia entre los trabajadores del sector. Pero destaca una razón especialmente: “La universidad privada vive su época dorada”.

El mercado laboral ha comenzado el año con datos bastante positivos. Si bien entre enero y marzo se perdieron 92.500 puestos de trabajo, de acuerdo con la última Encuesta de Población Activa publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), una cifra algo peor que el promedio de los últimos años, el ritmo interanual se ha acelerado, hasta superar el medio millón de nuevos empleos respecto al arranque del año pasado. Y eso invita al optimismo de cara a la primavera si se tiene en cuenta que la Semana Santa este año cayó en abril, en lugar de en marzo como sucedió en 2024, lo que puede dar un nuevo empujón a la tasa anual en el segundo trimestre. Además, la confianza en el mercado laboral se ve reforzada por los 53 sectores que crearon empleo el último año, con la construcción especializada, la educación, el almacenamiento y el comercio minorista a la cabeza. La construcción especializada se ha erigido en el principal motor del mercado laboral al sumar 87.800 puestos de trabajo respecto al primer trimestre de 2024. Esta actividad aglutina distintas tareas, como la pintura, la fontanería, la electricidad o la cristalería, por lo que se ha visto muy beneficiada por la demanda de vivienda aparejada al crecimiento demográfico de los últimos años. Sin embargo, los otros dos subsectores de la construcción, la ingeniería civil y la construcción de edificios, se han anotado datos algo más débiles, llegando incluso a la contracción en el caso de esta última. En segundo lugar, la educación ha generado 61.100 puestos de trabajo el último año, hasta alcanzar los 1,62 millones de trabajadores. Aunque el envejecimiento demográfico español debería llevar a un menor peso de la educación en el mercado laboral, esta ha sido una de las áreas con mayor desarrollo en los últimos años, quizá debido a la reducción de las ratios en algunas comunidades, al refuerzo de necesidades específicas de algunos alumnos, a la contratación en academias en el sector privado y a la creación de nuevas ramas y asignaturas tanto en la Formación Profesional como en la Universidad. En tercer lugar, el almacenamiento y las actividades anexas al transporte incorporan a 36.900 nuevos ocupados. Paradójicamente, esta actividad se ha podido ver reforzada por la amenaza arancelaria estadounidense, ya que la incertidumbre llevó a que numerosos fabricantes paralizaran sus envíos al gigante asiático y tuvieran que recurrir al almacenamiento en los puertos o en sus propias instalaciones, lo que además coincide con una contracción del empleo en el transporte marítimo. 

La CEOE afronta mañana las elecciones de Cepyme –la segunda gran patronal española– más dividida que nunca. Que haya dos candidatos –el actual presidente, Gerardo Cuerva, y Ángela de Miguel, con el respaldo oficial– no es insólito, pero sí que ese enfrentamiento que desde hace tiempo se atisbaba entre el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de Cepyme saliera pública y hasta oficialmente a la luz, a raíz precisamente de estos comicios, una vez que el líder de los grandes empresarios pidiera a su hasta hace no tanto ‘número dos’ que diera un paso atrás para promover un relevo en la patronal de las pymes que cree necesario. Ante la sorpresa e incluso indignación de la cúpula empresarial, Cuerva le desafió y plantó cara, lo que dio comienzo a un particular juego de tronos por ocupar una silla que permite sentarse en la mesa del Gobierno para debatir y negociar temas tan importantes como reformas laborales, de pensiones, reducciones de jornada, cambios en el despido, en el salario mínimo... La campaña de ambos candidatos ha estado marcada por la tensión, con un polémico intento de cambiar (por parte de Cuerva) el sistema de voto, con cruces de reproches de uno a otro y una guerra sucia dentro de la patronal hasta ahora inédita.

Las elecciones que se celebran mañana decantarán la balanza sobre quién debe liderar la patronal de la pequeña y mediana empresa los próximos cuatro años. Pero la carta de presentación de los candidatos a la presidencia de Cepyme dejan una imagen clara sobre el reparto de apoyos previo, con un respaldo evidente de las grandes organizaciones empresariales del país a la candidatura de Ángela de Miguel, la líder de CEOE Valladolid que disputa el bastón de mando al actual líder de la organización, Gerardo Cuerva. Así lo demuestra al menos la composición del comité ejecutivo que acompaña a la candidata que ha recibido la bendición del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Las terceras elecciones celebradas en los últimos tres años en Portugal dieron la victoria a la coalición conservadora de Luís Montenegro con el 32,7% de los votos (99,10% de las parroquias escrutadas). Mientras, los socialistas (23,39%) se disputaban en las últimas papeletas la segunda plaza por el fuerte ascenso de la ultraderecha de Chega (22,63%). La política portuguesa vivió ayer una revolución, que altera el modelo de partidos vivido desde 1974, tras la caída de la dictadura. La coalición conservadora AD, liderada por Luís Montenegro, ganó las elecciones, pero el gran triunfador de la noche es el líder de Chega, André Ventura, que le disputó la segunda posición al Partido Socialista PS), que encabeza Pedro Nuno Santos, y que le ganaba por apenas de 42.000 votos con el 99,23% escrutado. Con ese porcentaje, AD alcanzaba el 32,7%, el PS, el 23,4% y Chega, el 22,6%. Esto confirmaría el fin del ciclo del bipartidismo que ha distinguido la política portuguesa desde la Revolución de los Claveles en 1974, pero también el abandono de la idea de que la sociedad se escoraba a la izquierda. La suma de fuerzas de izquierdas (33,8%) es la más irrelevante de la historia de la democracia del país. El populismo que avanza en numerosos países tardó más en llegar a Portugal, pero ayer demostró que el partido de Ventura ha sido capaz de implantarse con éxito en todo el país en tiempo récord, ya que nació en 2019. El avance de la ultraderecha se ha producido, sobre todo, en el sur del país, hasta ahora un territorio en manos del Partido Socialista. 

El ‘superdomingo’ electoral europeo arrancó ayer en Rumanía y Polonia con la sensación generalizada de que la ultraderecha iba a continuar ganando terreno. Sin embargo, después de una jornada sin sobresaltos reseñables en los colegios electorales, la realidad se reveló muy diferente. Según los sondeos a pie de urna y los primeros datos del escrutinio, las opciones más conservadoras y antieuropeas no lograron su objetivo en ninguno de los dos países. La principal sorpresa se produjo en Rumanía. Allí, el alcalde de Bucarest, el proeuropeo Nicusor Dan, salió victorioso de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, derrotando al candidato ultranacionalista George Simion, que partía como claro favorito. Según los datos con casi el 95% del voto escrutado, Dan obtendría el 54% de los votos, mientras que el ultra Simion tendría que conformarse con el 46% de apoyos. «En las elecciones de hoy, el ganador es una comunidad de rumanos que desean un cambio profundo en Rumanía», dijo el alcalde de la capital tras la publicación de esos primeros datos. «He votado por una orientación europea y por una buena colaboración con nuestros socios europeos, no por el aislamiento de Rumanía. Y he votado por una sociedad en la que podamos dialogar, no por una en la que estemos divididos», añadió Dan, que depositó su papeleta en Fagaras, su ciudad natal. Simion, sin embargo, no está dispuesto a tirar aún la toalla. En la vecina Polonia, la participación batió el récord de una primera vuelta –66,8%– y, como se esperaba, según los sondeos a pie de urna –los datos oficiales no se ofrecerán hasta hoy– ninguno de los candidatos superó el 50% de los votos requerido para acceder a la presidencia sin tener que batirse de nuevo con su principal contrincante en la segunda vuelta que se celebrará el próximo 1 de junio. Lideró el ranking de candidatos el europeísta Rafal Trzaskowski con el 30,8% de los votos, seguido muy de cerca por el ultranacionalista Karol Nawrocki –aliado de Simion– con el 29,1% de las papeletas. En tercera posición, pero muy alejado de los dos puestos en cabeza que dan paso a la segunda vuelta, quedaría el ultraderechista Sławomir Mentzen con el 15,4% de los votos.