20250520

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

Escalada de tensión en el choque abierto entre el PNV y los socialistas vascos a raíz de las palabras del lehendakari sobre la política migratoria que necesita Euskadi. La delegada del Gobierno Marisol Garmendia tacha de «caverna» la postura de los jeltzales y estos le avisan de que tenga «cuidado» con sus palabras: «Tomamos nota». «Quienes quieran establecer cupos y elegir a algunos inmigrantes y a otros no están muy alejados de la realidad social y laboral de este país». Así de tajante se pronunció la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, al analizar las declaraciones que Imanol Pradales del pasado jueves, cuando invitó a reflexionar sobre «qué tipo de migración necesitamos y qué tipo de inmigración estamos recibiendo». «Me preocupa que el PNV esté lanzando mensajes que están más cercanos a las cavernas, a mensajes viejos y retrógrados del PP y de Vox», añadió en referencia también al rechazo de los nacionalistas al centro de refugiados que el Ejecutivo central proyecta en Vitoria. Ya el sábado el parlamentario socialista Ekain Rico advirtió en una tertulia radiofónica en EiTB que se trataban de unas declaraciones «muy preocupantes y muy peligrosas» que «se apartan del ámbito que hemos acordado la mayoría de los vascos con el pacto vasco-migratorio y se acercan al PP». El portavoz jeltzale en la Cámara de Vitoria, Joseba Díez Antxustegi, le respondió al instante. Valoró como «muy acertadas, moderadas, sensatas y centradas» las palabras del lehendakari y marcó con claridad la línea que la nueva dirección de su partido va a seguir en esta materia. «La migración que recibimos tiene que ser selectiva, ordenada, regular y segura», expuso el portavoz jeltzale. «Cuidado con los términos que se emplean porque como delegada del Gobierno de España que es, lo tomamos como un mensaje de Moncloa», deslizaron a primera hora de la tarde desde el PNV. Un aviso que horas después se tornó un airado ataque sin precedentes tras la reunión semanal del EBB. El partido se revolvió contra todas las críticas que ha recibido en las últimas horas y emitió una nota oficial en la que consideraba «inadmisibles y fuera de lugar» las palabras de la socialista, a la que ya lanzaba un aviso directo: «Tomamos nota».

En el último Aberri Eguna, el presidente del PNV, Aitor Esteban abrió el melón de la multiculturalidad de la Euskadi actual e incluso aventuró la posibilidad de que el próximo líder del Euzkadi buru batzar se apellide «Hassan, Diop o Iriarte». «De lo que no tengo ninguna duda es de que su única patria será Euskadi», abundó Esteban. La hipótesis planteada por el presidente jeltzale abrió la caja de los truenos. El PP le acusó de haber perdido «el rumbo». «Le da igual la ‘lege zaharra’ que la ‘lege sharia’», arremetieron los populares vascos. Internamente, sectores de la militancia enarcaron también las cejas. Pero el mensaje de Esteban pretendía, en realidad, hacer pedagogía sobre el cambio imparable al que se enfrenta una sociedad vasca cada vez más envejecida y sin perspectivas reales de dar la vuelta a las pobres cifras de natalidad. Y alertar ante la militancia sobre la necesidad de atraer a los migrantes a la causa nacionalista. El episodio es ilustrativo de hasta qué punto el PNV ha interiorizado que la inmigración será uno de los grandes temas de la era que se abrió con la llegada de Esteban al EBB y de Pradales a la Lehendakaritza. Y revela también que, lejos de continuar la estela de sus predecesores en este asunto – con una impronta marcadamente «socialcristiana» en el Gobierno de Urkullu y de centroizquierda en el EBB de Ortuzar– ha decidido modular el mensaje para vincular la inmigración al trabajo y, según fuentes de la cúpula jeltzale, no «rehuir» un debate que «está en la calle». «Obviarlo es dejar espacio a extremismos y populismos. O hablamos nosotros o hablan otros», apuntan, con el espejo de lo sucedido en Cataluña muy presente. 

El riesgo de no afrontar el desarrollo en la red de distribución eléctrica en Euskadi «puede dar como resultado el colapso de la economía y la destrucción irreversible de los empleos directos e indirectos asociados». Así de contundente se muestra el Gobierno vasco en el documento que ha elaborado para justificar sus demandas de inversión en la infraestructura al gestor del Estado, Red Eléctrica Española. Un total de 48 páginas en las que concreta la demanda industrial mínima de electricidad que prevé en Euskadi hasta 2030 –2.768 MW–, así como la necesidad de evacuación de la energía generada por las nuevas instalaciones renovables –un total de doce–, que el Ejecutivo vasco contempla para los próximos cinco años. Unas demandas que concretó por primera vez el lehendakari Imanol Pradales el pasado 9 de mayo en el Parlamento vasco. Lo hizo al reclamar un aumento del 50% en capacidad de la red vasca, con hasta 6.000 MW más. El análisis alerta de una situación grave en la que pide «tener en consideración el riesgo de pérdida de empleos derivado del cierre de las empresas industriales» si no se desarrolla la infraestructura energética adecuada. Estas compañías, asegura, «dan empleo directo a más de 34.500 personas e implican más de 70.000 empleos teniendo en cuenta los indirectos e inducidos». Y es que la insuficiencia del sistema se hace ya patente. El Gobierno explica que hay 23 expedientes con solicitudes de potencia que no pueden ser atendidas, 14 corresponden a compañías que ya están en Euskadi, pero nueve son de empresas de nueva implantación que están a la espera de una respuesta. En total, estas peticiones suman 542 MW que están sin respuesta y que afectan a proyectos en Bizkaia, en la Margen Izquierda de la Ría de Bilbao y en Zamudio, y también en Vitoria. Y el problema crecerá. Así se desprende del estudio realizado sobre la demanda de las compañías que superan el megavatio de potencia eléctrica. 

El consorcio vasco liderado por el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, afronta la «recta final» de las negociaciones para resolver el futuro financiero de Talgo. Así lo señalan fuentes conocedoras de los contactos, que precisan que la propuesta del Gobierno de España de reforzar la financiación del fabricante de trenes con la Sepi avanza, aunque todavía está pendiente de la plasmación legal de la fórmula. Un elemento que podría llegar esta semana. Esta solución es la clave para resolver la refinanciación de la deuda de Talgo –supera los 400 millones– , una vez que Renfe ha señalado que no puede quitar la multa de 116 millones que ejecutó el pasado diciembre por los retrasos en la entrega de los 30 trenes Avril. El operador público ha planteado un pago de las sanciones en siete años a partir de 2031, pero sin ir más allá. Una situación que rompía el esquema de financiación trabajado con los bancos. El esquema de Jainaga, explican las mismas fuentes, no hace referencia a su capacidad de compra, sino que pasa por asegurar primero la sostenibilidad financiera de Talgo y, una vez amarrada esta, proceder a la adquisición del 29,7% de sus acciones, que están en manos del fondo inversor Trilantic. En la compra, preacordada el pasado 14 de febrero, el industrial vasco tomará el control del fabricante de trenes junto al Gobierno vasco y las fundaciones bancarias BBK y Vital. El plazo para ratificar la firma de principios de año terminaba este pasado 15 de mayo.

En un escenario global en el que la incertidumbre se ha convertido en la gran protagonista, y después de varios meses consecutivos de caídas, las exportaciones vascas volvieron a recuperar terreno en marzo, ya que las ventas al exterior de las empresas del territorio aumentaron un 6,6% respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzando así un volumen de 2.696 millones de euros. Un considerable crecimiento que se explica fundamentalmente por el tirón de la planta de Mercedes en Vitoria –la más grande de la comunidad y que representa alrededor de un 5% del PIB de Euskadi y un tercio del de Álava–. El impulso de la misma hizo que la ventas de vehículos, la principal partida exportadora, llegase a los 387,8 millones, es decir, un aumento del 11,78%. Aunque también hay que mencionar que la producción de la planta vitoriana durante marzo de 2024 estuvo condicionada por un parón de tres días distintos, factor por el que también se explica esta subida en términos comparativos. Otra de las grandes partidas, la de los componentes de vehículos, también creció un 2,6%, alcanzando un volumen de 194,3 millones, recuperando terreno frente al nubarrón que cubre al sector de la automoción. No obstante, en lo que llevamos de año, sus exportaciones han descendido un 7,7%, acusadas por la incertidumbre y los aranceles del 25% que el presidente estadounidense Trump impuso al sector. Cabe recalcar que Euskadi, con CIE Automotive y Gestamp a la cabeza, fabrica la mitad de los componentes fabricados en España. Otra partida que saca la cabeza es la de los neumáticos, cuyas ventas al exterior se incrementaron en marzo en un 3,4% alcanzando así los 87 millones. Son datos positivos, pero en el otro lado de la balanza aparecen los bienes energéticos, cuyas ventas se redujeron un 38,3% respecto al mismo periodo del año pasado. 

Ha llegado el momento de que los trabajadores de Bridgestone empiecen a echar cuentas. Tienen una semana de plazo, hasta el próximo día 27, para decidir si se adhieren voluntariamente al ERE firmado ayer por la dirección de la empresa con CC OO, UGT y BUB –11 de los 13 miembros de la parte social, al quedar fuera SITB y ELA–. Tras más de un mes de negociaciones en Basauri las salidas se han reducido a 223, 112 menos que las 335 inicialmente planteadas –esto es más de una cuarta parte de sus 831 empleados–. De todas ellas casi un centenar se podrían cubrir con los mayores de 55 años que forman parte de la plantilla. A ellos les ofrecen una prejubilación mediante un sistema de rentas que les permitiría seguir cobrando el 80% de su salario hasta los 64 años. Para el resto de las salidas la oferta es de 45 días por año trabajado, aunque hay un incentivo adicional hasta el próximo martes para quienes se ofrezcan voluntarios, a quienes premiarían con 30.000 euros extra. «Una vez que finalice el plazo la empresa tendrá la foto real de cuánta gente queda y cuánta tienen que quitar. Elaborarán un listado y tendrán que elegir qué trabajadores salen y cuáles se quedan. Ésa es la hoja de ruta», se dolió el presidente del comité de empresa en Basauri, Roberto Corral (CC OO), quien añadió que tras la firma de ayer se crea ahora una Comisión de Seguimiento para garantizar el cumplimiento del proceso.

El Gobierno Vasco piensa ya en alternativas industriales para los terrenos de Bergara en los que está proyectada desde hace casi cuatro años una planta de recuperación y tratamiento de residuos de la industria papelera con los que elaborar productos calcáreos destinados principalmente a los sectores químico y de la construcción. Aunque no hay confirmación oficial por parte del grupo alicantino Greene, promotor del proyecto Valogreene, en el departamento de Industria cunde la sensación de que después de cuatro años con el proceso paralizado por las trabas que ha puesto el Ayuntamiento de la localidad y la judicialización a la que ha sido sometido, la iniciativa está más muerta que viva. «Tras todo este tiempo de parálisis, y a pesar de que las sucesivas sentencias judiciales han ido dando la razón a la legalidad y adecuación industrial y medioambiental de la planta, se hace difícil pensar que los promotores acaben llevando adelante la inversión en un municipio en el que las autoridades locales han demostrado que no les quieren y que pueden hacerles la vida imposible, pues este tipo de instalaciones necesitan licencias y autorizaciones municipales cada dos por tres», razonan fuentes del Gobierno Vasco. La planta de tratamiento de residuos papeleros para la elaboración de cargas minerales forma parte de la red de proyectos de reciclaje industrial y economía circular diseñada por el Gobierno Vasco en su Plan de Gestión de Residuos 2030. El objetivo del plan es que Euskadi sea autosuficiente en la gestión de sus residuos industriales y evitar tener que trasladarlos a plantas de tratamiento de otras comunidades. En este caso, la idea es aprovechar los residuos de empresas como Papresa (Errenteria) o Lucart (Zalla, antigua Pastguren), para elaborar productos de cal útiles para la industria química y la construcción. En la actualidad esos desechos se llevan a Zaragoza y Asturias, principalmente. De paso, se reducirían las necesidades de explotación de canteras.

El Gobierno Vasco respaldó en 2024 un total de 58 empresas industriales a través del progra­ma de Descarbonización indus­trial. En total, adjudicó ayudas a fondo perdido por importe de 17,6 millones de euros e indu­jo una inversión privada de otros 85,6 millones de euros, lo que supuso una subvención media de 303.000 euros por proyecto. De las iniciativas aprobadas, el 82% se destinaron a eficiencia energética, un 15% a electrifi­cación y el 3% res­tante a implantar avances en ambos procesos. Ormazabal y Arcelormittal fueron respaldadas con la máxima cuantía por importe de 1,5 mi­llones de euros cada una, se­guida de Fagor Arrasate, que obtuvo una ayuda próxima a 1,1 millones de euros. La em­presa guipuzcoana está llevan­do a cabo un proyecto para descarbonizar una de las líneas de fabricación de prensas de al­ta capacidad para automoción en su planta de Arrasate, lo que absorberá una inversión to­tal de 5,5 millones de euros. 

De récord en récord, como si fueran los tiempos de la burbuja inmobiliaria. Gipuzkoa ha arrancado 2025 con un notable dinamismo en su mercado de la vivienda y registra máximos históricos en precios de venta y niveles de compraventa, no vistos desde 2007, en la capital y en el territorio, respectivamente. Así, el precio medio de compra se halla en los 5.824 euros en San Sebastián, tras subir un 6% en el último año, justo cuando acabada de ser declarada zona de mercado residencial tensionado por el Gobierno Vasco. La media de Gipuzkoa, por su parte, se sitúa en los 3.662 euros tras crecer un 5,3% en el mismo periodo. Medias que no se veían desde aquellos tiempos en los que el país construía más pisos que Alemania pese a tener una población mucho menor y el poder adquisitivo era boyante por la buena situación económica. Son algunas de las cifras que se extraen del informe sobre el mercado inmobiliario en Gipuzkoa relativo al primer trimestre de 2025, presentado ayer por José Luis Polo, presidente del colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa; Luis Fabra, experto del sector inmobiliario; y Sergio Aparicio López, director territorial de Negocio Hipotecario de Banco Sabadell. El alza en los precios se combina con un dinamismo frenético en la compraventa, fruto de la demanda que existe en la sociedad guipuzcoana. 

Ni siquiera la fortísima incertidumbre global hará que España pierda su vigor. Ese es el mensaje que trasladó ayer la Comisión Europea, que revisó al alza las perspectivas de crecimiento sobre el país hasta el 2,6% para este año; es decir, tres décimas por encima de lo que contemplaba para el mismo periodo en su anterior actualización, publicada en otoño de 2024. La fuerte demanda interna seguirá siendo el principal motor del crecimiento español, apuntan las previsiones de primavera elaboradas por la plantilla del Ejecutivo comunitario. Según la Comisión, la “fortaleza sostenida del mercado laboral” explica el robusto consumo privado del país, al que ahora se une la perspectiva de un fortalecimiento en la inversión gracias, en parte, a los fondos europeos. Bruselas también ve noticias positivas en el campo del empleo. Aunque España sigue siendo líder en la Unión Europea en lo que respecta al paro, con cifras superiores al 11%, las dinámicas positivas de los últimos años se prolongarán este ejercicio para llevar a un crecimiento del empleo del 2,1% en 2025, según las previsiones de la Comisión. “Se crearán más puestos de trabajo y se moderará el crecimiento de la población activa” por una fuerza migratoria menor a la registrada hasta la fecha. Con ello, la tasa de desempleo se reducirá progresivamente para acabar 2026 por debajo del 10%, un nivel desconocido desde antes del estallido de la crisis financiera global, en 2007. Pero no todo son buenas noticias. España, como el resto de Europa, también se ve afectada por las tensiones globales, especialmente en lo relativo a los efectos derivados de la guerra comercial desatada por Donald Trump. La incertidumbre respecto a la relación con Estados Unidos y la aplicación de aranceles lleva a que la Comisión Europea anticipe para España “una contribución de las exportaciones netas negativa tanto para 2025 como para 2026”.

El gigante germano sigue dormido. Tras dos años de crecimiento negativo, la situación apenas mejora y la economía alemana seguirá sin despertar este año, según las previsiones de primavera de la Comisión Europea, que arrojan un crecimiento nulo para la primera potencia del bloque comunitario. Tras años afectada por el encarecimiento de la energía tras la invasión de Rusia a Ucrania, la atonía alemana se prolonga ahora por su exposición a EEUU, más severa que en otros países del continente como España. De esta forma, la guerra comercial desatada por Donald Trump se ceba especialmente con las exportaciones de Alemania. “Se prevé que la actividad económica se estanque en general en 2025. Las tensiones comerciales afectarán significativamente las exportaciones. Se prevé que la inversión también se estanque este año, frenada por las condiciones financieras más restrictivas y el debilitamiento de la confianza económica, ambos relacionados con la elevada incertidumbre”, aseguran los expertos del Ejecutivo comunitario. Pero Alemania puede haber dado ya con la llave que le saque de esa situación. Las previsiones de la Comisión no han tenido en cuenta todavía el enorme plan de gasto desplegado por el nuevo Gobierno teutón. Con la proyección de invertir hasta un billón euros dividido entre Defensa e Infraestructura, el país se ha recetado una inyección fiscal que se dejará notar en el PIB. Este programa no se ha integrado en las perspectivas publicadas ayer, pero fuentes comunitarias aseguran que podría elevar en hasta un 1,5% el PIB de Alemania para 2028.

El paso hacia el vehículo eléctrico y el fuerte aumento de la competencia procedente de China está costándole muchos puestos de trabajo a las automovilísticas tradicionales europeas, estadounidenses y japonesas. El anuncio de Nissan de la semana pasada, que pretende recortar su plantilla en 20.000 personas hasta 2027, se suma a los 35.000 que recortará Volkswagen en Alemania hasta 2030, los 4.000 de Ford hasta 2027 o los 1.000 de General Motors anunciados en noviembre (la mayoría de ellos en EE UU). En el caso de Nissan, el nuevo máximo directivo de la compañía, el mexicano Iván Espinosa, ha presentado un nuevo plan, denominado Re:Nissan, para darle la vuelta a un grupo automovilístico que perdió unos 670.900 millones de yenes (unos 4.115 millones de euros al cambio actual) en el ejercicio fiscal japonés de 2024. Fuentes del sector explican que el difícil momento que vive la nipona se debe a varias razones. Por un lado, Nissan sufre la fuerte competencia de las marcas locales en China, unos fabricantes que dominan con claridad toda la cadena de valor del vehículo eléctrico y que han comenzado a expandirse fuera del gigante asiático, sobre todo hacia Europa. A esto se suma que las expectativas que tenía el sector hace unos años sobre la evolución de las ventas de vehículos eléctricos en el mundo no se han cumplido, lo que se ha llevado por delante a compañías que fueron pioneras en este ámbito como Nissan, con su modelo Leaf. Otros ejemplos son el de Northvolt, la gran apuesta de Europa para tener un productor de baterías propio, que ha declarado la bancarrota en Suecia, o el difícil momento que atraviesa el fabricante español de cargadores Wallbox, que hoy ronda los 81 millones en Bolsa, muy lejos de los más de 2.000 millones a los que llegó a cotizar en Wall Street.

España depende cada vez más de la producción industrial de China y en este año 2025 marca un nuevo récord en plena tensión e incertidumbre en el comercio mundial. El déficit comercial de España con el gigante asiático superó los 10.000 millones en el primer trimestre tras subir un 22%, según los datos oficiales difundidos este lunes por la secretaría de Estado de Comercio. Son 10.093 millones, el peor saldo comercial en el primer trimestre del año nunca registrado por España con China y refuerza la tendencia al alza de los últimos años que la economía nacional no logra mitigar. Es además el grueso del creciente déficit comercial de España con el resto del mundo, que ha aumentado un 86% hasta abril. España ha importado productos de China por valor de 12.095 millones y ha exportado por apenas 2.002 millones. Esta última cifra es un 24% más que en los tres primeros meses de 2023, pero sigue quedando a años luz de la corriente contraria. Desde bienes de equipo a manufacturas de consumo o bienes de consumo duraderos y automóviles, las compras de España de productos chinos aumentan sin que, a la inversa, logre exportar ni la mitad que a Iberoamérica o por debajo de otros países de fuera de la UE como Turquía.

Iberdrola, Endesa y Naturgy, los tres propietarios de la central nuclear de Almaraz, han aplazado hasta “principios de junio” la importante cita que tenían programada para hoy, clave para despejar el futuro de esa instalación, indican fuentes próximas a las empresas. La fecha concreta está aún por decidir. Almaraz cuenta con dos reactores (Almaraz I y Almaraz II). Almaraz I es el primero de los siete reactores operativos en España que debe afrontar su cierre, según el calendario negociado entre las eléctricas y el Gobierno en 2019. En concreto, debe desconectarse en noviembre de 2027. Almaraz II debería desconectarse al año siguiente, en octubre de 2028. Tanto si quieren cerrar Almaraz como si quieren continuar sus actividades más allá del calendario previsto de cierre, las eléctricas deben notificarlo al Gobierno y pedir permiso. Algo que todavía no han hecho. Uno de los problemas es que entre Iberdrola, Endesa y Naturgy no hay consenso sobre el futuro de Almaraz. Están de acuerdo en algunos puntos, como pedir al Gobierno y las Administraciones regionales rebajas de impuestos para aclarar la viabilidad de las instalaciones. Pero no terminan de decidir cuánto plazo adicional de vida operativa pedir para las centrales. A mayor plazo, mayor inversión. Y cada una tiene una sensibilidad distinta.

"Así lo ha entendido Bélgica, cuyo Parlamento ha derogado la ley que le obligaba a abandonar la energía nuclear este año. Así lo entendió Draghi cuando en su informe pidió expresamente no cerrar centrales nucleares, extendiendo su vida útil como están haciendo otros países del mundo, y así lo están entendiendo Dinamarca, Alemania o Italia, que las cerraron tras el accidente de Chernóbil y cuando la descarbonización no era una prioridad y, ahora, apuestan por su retorno en forma de nuevos minirreactores de última tecnología. Presidente, si el mundo ha cambiado tanto como para replantearnos la política de defensa, también lo ha hecho para darle un nuevo papel a la energía nuclear en su triple dimensión: complementaria de las renovables en la lucha contra el cambio climático (forma parte de la taxonomía limpia de la UE), precio competitivo y parte de la autonomía estratégica de la UE. En palabras de la vicepresidenta de la Comisión, la española Teresa Ribera: la energía nuclear es necesaria para Europa, que debe apostar, además, por el despliegue de pequeños reactores modulares. Cuando Europa tiene 180 reactores nucleares operativos, en el mundo hay 62 nuevos reactores en construcción y hasta en la cumbre del clima COP28 se incluyó la construcción de nucleares como parte de la transición energética, España no puede ser el único país en el mundo que mantiene la idea de cerrarlas, sin que las razones para hacerlo sean claras, ni convincentes, ni compartidas por una inmensa mayoría de ciudadanos, según las encuestas. A favor de no cerrarlas se ha pronunciado en España una mayoría de fuerzas parlamentarias, empresarios y sindicatos, comunidades autónomas (sobre todo, aquellas que tienen centrales) y expertos. Esto no va de poderosos lobbies minoritarios, ni debe ser terreno para la confrontación política, porque resulta imposible ver ideología detrás de las diferentes tecnologías generadoras de electricidad (incluso cerrar las de carbón se hizo para combatir el cambio climático, no porque fuera progre). Es más, debería ser un asunto en el que el Gobierno y tú personalmente asumierais el liderazgo, y demostrarais a los polarizadores que, en democracia, se debe gobernar de otra manera: atendiendo al interés general, con razones y argumentos. Y hoy, presidente, las voces que siguen ancladas en el cerrar nucleares son minoritarias, con argumentos obsoletos, cuando no directamente equivocados (sitúa a nucleares y renovables bajo la misma presión impositiva, sin trampas artificiales, y verás que ambas tienen precios competitivos y rentables)..."

Alemania ha abandonado su oposición a la energía nuclear, en la primera señal concreta de acercamiento a Francia por parte del nuevo gobierno de Berlín liderado por el canciller conservador Friedrich Merz. Berlín ha indicado a París que ya no bloqueará los esfuerzos franceses para garantizar que la energía nuclear reciba el mismo trato que la energía renovable en la legislación de la UE, según funcionarios franceses y alemanes. La medida resuelve una importante disputa entre los dos países que ha retrasado las decisiones sobre la política energética de la UE, incluso durante la crisis que siguió a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. “Los alemanes nos dicen: seremos muy pragmáticos en el tema de la energía nuclear”, declaró un alto diplomático francés que participó en las conversaciones. Esto significa que “se eliminarán todos los prejuicios contra la energía nuclear que aún persisten en la legislación de la UE”. Este cambio de postura se produce en un momento en que Merz busca explorar maneras para que Alemania se una al escudo nuclear francés como medida disuasoria contra futuras agresiones rusas. “Por fin estamos abiertos a dialogar con Francia sobre la disuasión nuclear para Europa. Más vale tarde que nunca”, declaró el funcionario alemán. “Es un acercamiento positivo que facilitará el tema energético en la UE”, declaró Guntram Wolff, investigador principal del grupo de expertos Bruegel. “Políticamente, Merz también está considerando el paraguas nuclear”.

España y Portugal han decidido unir fuerzas para presionar a la Comisión Europea y a Francia para que la interconexión eléctrica con el resto del continente se incremente. Y el apagón masivo que sufrió la Península Ibérica el 28 de abril es el potente argumento con el que cuentan ambos países, cuyos dirigentes repiten desde el corte del suministro que aumentar esa interconexión es la forma de ganar en seguridad. Ambos Gobiernos preparan dos cartas –una dirigida al comisario europeo de Energía, el danés Dan Jørgensen, y otra al ministro francés de Energía, Marc Ferracci– apremiando al incremento de esa unión, según confirman los Ejecutivos de ambos países. La misiva dirigida al comisario europeo se la entregará en mano la ministra lusa de Medio Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho. Será este mismo miércoles, en una reunión entre ambos que se celebrará en Bruselas. “Tenemos opiniones de técnicos que nos dicen que la recuperación durante el apagón habría sido mucho más rápida con mejores conexiones”, explicó ayer la ministra. La elaboración de los dos escritos se ha acordado en la reunión por videoconferencia que ha mantenido Carvalho con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica de España, Sara Aagesen. “Nuestra intención es que yo pueda entregar personalmente la carta al comisario para agilizar plazos”, señala la ministra portuguesa.

Naturgy acelera en su apuesta por los gases renovables. La compañía ha cerrado en los últimos días la compra de 20 proyectos de biometano a ID Energy Group. Este promotor de Castilla-La Mancha se mantendrá como socio minoritario de los proyectos y tendrá un papel activo tanto en el desarrollo de los mismos como en la gestión de los residuos con los que se produce el gas verde, según señalan fuentes conocedoras de la alianza. Como lugar de origen de la empresa renovable, la mayoría de las plantas de biometano se encuentran en Castilla-La Mancha, aunque algunas están repartidas por otras partes del territorio. ID Energy Group es un destacado desarrollador de energías limpias en España. Ya en 2023 incorporó a su accionariado a dos fondos (Pangram Capital y Growth Partners Capital) que compraron un 10% de la firma por 19 millones de euros en una ampliación de capital asesorada por Alantra. Ahora Naturgy prevé invertir unos 500 millones de euros para llevar a producción esta veintena de desarrollos de gas renovable. Su pretensión es que estén operativas entre 2026 y 2028. ID Energy se mantendrá de principio a fin en los desarrollos. La empresa cuenta con experiencia en países como Polonia, donde ya ha tiene experiencia en la promoción de biogás. Con esta adquisición, Naturgy avanza con fuerza en su ambición por liderar el sector de los gases renovables en España.

La patronal de los supermercados Asedas, que representa a cadenas como Mercadona, Dia, Aldi, Uvesco (BM) o Ahorramas, estima que la aprobación de la reducción de la jornada supondrá un impacto de hasta 630 millones de euros en estas compañías, relacionados tanto con el incremento de los costes laborales como de la adaptación de los equipos. Se trata de un incremento de costes que amenaza con estirar de nuevo las costuras de estas empresas, que en los últimos ejercicios, y en medio del escenario inflacionista, ya se han visto obligadas a trasladar parte del alza en los costes de materias primas y distribución a los precios de venta en las tiendas. A este escenario se suma también el del incremento de los costes laborales soportado por las compañías, con las subidas del salario mínimo y los incrementos pactados en convenio. El presidente de la patronal, Josep Antoni Duran i Lleida, ha enviado una carta a la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, mostrándole su “firme oposición” a la reducción de la jornada laboral, el proyecto de ley que fue aprobado por el Consejo de Ministros a comienzos de mes y que ya ha sido remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria. En la misiva del presidente de la patronal, que fue remitida a finales de la semana pasada pero cuyo contenido se dio a conocer ayer, Duran i Lleida hace público que Asedas va a solicitar a todos los grupos parlamentarios en las Cortes que apoyen “las enmiendas a la totalidad del proyecto”, lo que supondría tumbar la medida. El presidente traslada en el texto el “profundo malestar” de las empresas de Asedas “por la manera en la que se ha presentado el proyecto de ley, como una iniciativa que venía a beneficiar, sobre todo, a los millones de trabajadores del comercio y la distribución, como si en muchos años de fructífera negociación colectiva no se hayan tenido en cuenta sus necesidades, cuando los empresarios y los representantes de los trabajadores han acordado las mejores condiciones posibles para ambos en los convenios vigentes”.

253 votos de los 505 en liza. Esa es la frontera que Gerardo Cuerva y Ángela de Miguel tienen que cruzar hoy para presidir Cepyme, integrada en CEOE y principal voz de las pequeñas y medianas empresas de España. El granadino, actual presidente, y la vallisoletana, aspirante y líder de CEOE en su provincia, han protagonizado una campaña atípica, una pelea descarnada plagada de reproches. Hoy se resuelve un duelo con ecos en el conjunto del diálogo social: si gana Cuerva debilitará el liderazgo de Antonio Garamendi en CEOE y dará alas al discurso patronal más fiero contra el Gobierno y los avances sociales que abandera; si vence De Miguel, sobre todo si lo hace con contundencia, reforzará al líder patronal vasco. Cuerva y De Miguel se han enzarzado por múltiples asuntos que poco tienen que ver con el día a día de las pymes. Por ejemplo, Cuerva dijo en su entrevista con este periódico: “Antonio [Garamendi] lo ha dicho: quiere para Cepyme una persona funcionaria que trabaje ocho horas al día, cinco días a la semana y que esté a su órdenes”. También en estas páginas contestó De Miguel. “Como la mayoría de los empresarios de este país, trabajo 60, 70 u 80 horas a la semana [...] La pyme española se merece alguien que realmente trabaje por ella, no que simplemente esté a gusto en el sillón”. Uno de los asuntos clave de la campaña, y en los que sí se distingue una posición de fondo distinta, es cómo debe relacionarse Cepyme con la gran patronal española. Los dos candidatos han defendido que la patronal de pymes siga integrada en CEOE, pero Cuerva insiste más en la importancia de que tenga “voz propia” frente a los intereses de las grandes compañías.

La Unión Europea y Reino Unido cerraron ayer un acuerdo histórico con el que ambos pretenden restañar las heridas del Brexit y su gestión posterior. La salida efectiva de Londres se produjo el 31 de enero de 2020 y las negociaciones hasta la primera cumbre entre los dos socios, celebrada ayer en la capital inglesa, han requerido seis meses. El pacto, cuyas concreciones deberán desarrollarse, se refiere, sobre todo, a aspectos de seguridad fronteriza, cooperación militar, energía y alimentación, mientras que la parte de la movilidad de los jóvenes deberá esperar a más avances en futuras conversaciones. Downing Street destacó que la aportación de este acuerdo al PIB en 2040 será de 9.000 millones de libras (10.700 millones de euros), aunque Bruselas matiza que es muy difícil ofrecer cifras, en tanto que quedan muchos matices por cerrar. El punto que desencalló las conversaciones es la concesión de Reino Unido para que los pescadores europeos puedan faenar en aguas británicas durante doce años (hasta 2038), una de las exigencias de Francia, que también beneficia a países como España. L Alimentos. Tras constatar las empresas británicas una caída de las exportaciones del 21% a la UE, ambos bloques han diseñado un área común sanitaria y fitosanitaria, a la que Reino Unido deberá contribuir para sufragar costes. Londres deberá alinearse con los estándares comunitarios de seguridad alimentaria y bienestar animal para que la UE le elimine en la práctica los controles de sus exportaciones en animales, productos animales, plantas y derivados de plantas. El acuerdo se refiere a las reglas sanitarias, fitosanitarias, de seguridad alimentaria y de protección general al consumidor sobre la producción, distribución y consumo de productos agrarios; la regulación de los animales vivos y los pesticidas, así como los productos ecológicos.

La agencia de calificación crediticia Moody’s retiró el viernes la máxima nota a la deuda del Tesoro de Estados Unidos. El rating de la primera economía mundial ha pasado a Aa1 desde Aaa, la nota de la que pueden presumir países como Alemania, Australia, Suiza, Singapur, además de un puñado de empresas y dos recientes objetivos de las ansias de Donald Trump: Canadá y Dinamarca. La decisión, que en todo caso alinea a esta firma con las otras dos grandes del sector, Fitch (que rebajó en 2023) y S&P (en 2011), se debe al impacto en la solvencia del país tanto de un déficit público que podría aumentar si se concretan las rebajas de impuestos previstas como por el debilitamiento de la economía en un contexto, aun mitigado respecto a hace un mes, de guerra comercial. La decisión ha devuelto uno de los movimientos de mercado que marcaron el mes de abril: la venta de los activos estadounidenses de referencia, como la deuda a largo plazo y el dólar. Los bonos del Tesoro a 10 años cotizan con una subida de 9,4 puntos básicos y superan el 4,5%, mientras los de 30 años suben 10 puntos básicos y tocan el 5% por primera vez desde agosto de 2023. El dólar cotiza con una caída del 0,7% frente al euro y se cambia a 1,124 unidades por cada divisa europea. La noticia supone una sorpresa relativa. 

Bajo presión de los líderes europeos y con su imagen en juego, Donald Trump había amenazado con imponer sanciones a Rusia si no arrancaba ayer a Vladímir Putin un alto al fuego inmediato e incondicional, por lo que la conversación telefónica de más de dos horas con el presidente ruso no podía acabar de otra manera. Fuera o no verdad. «Creo que ha ido muy bien. Rusia y Ucrania comenzarán de inmediato negociaciones hacia un alto el fuego y, más importante aún, hacia el fin de la guerra», anunció el magnate en su red Truth Social, donde recordó además a Rusia las «enormes oportunidades» de riqueza que supondría un acuerdo comercial con EE UU si acaba con el baño de sangre. Por su parte, el presidente ruso mencionó la posibilidad de trabajar en un «memorando conjunto» con Ucrania que allane el camino hacia un acuerdo de paz y un posible alto al fuego, sin ofrecer detalles concretos ni nada que sugiriese la inmediatez de la que hablaba Trump. «La paz es posible cuando se obtengan los acuerdos necesarios», dijo Putin con calculada ambigüedad. Según el Kremlin, los dos líderes no hablaron de ningún calendario para un alto el fuego, aunque admite que Trump subrayó su interés en alcanzar acuerdos «rápidamente». Putin sabía que tenía que proporcionar una sensación de victoria a Trump, por lo que calificó la llamada de «informativa, franca y útil» y le agradeció su mediación, pero volvió a insistir en que para avanzar hacia la paz hay que abordar las «causas profundas de la crisis». Es decir, las razones que Moscú esgrime para justificar su invasión.

La XV Carrera de Empresas batió el domingo un nuevo récord de participación, con más de 4.000 corredores.
En la categoría de equipos integrados por hombres, con 347 inscritos, la empresa de Hine Group fue la primera en cruzar la línea de meta. CAF se llevó la victoria en mujeres, donde la participación también fue elevada con 98 cuartetos. En la clasificación de grupos mixtos, con al menos una mujer entre los cuatro corredores, se impuso Tecnalia. En la categoría inclusiva, el triunfo fue a parar a Gureak. Dentro de la constante evolución de la prueba, este año la principal novedad es la clasificación por sectores de actividad. Los tres sectores con mayor participación fueron los de Industria y manufacturas (367 equipos), Tecnología y consultoría (159 equipos), y Finanzas y Seguros (41 equipos).