20250705

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

A tan solo cuatro días de que finalice la tregua comercial de 90 días que el presidente estadounidense Donald Trump anunció el 9 de abril, una semana después del ‘Día de la Liberación en el que dio a conocer al mundo sus «aranceles recíprocos», Washington ha comenzado a enviar cartas a sus distintos socios comerciales para notificarles sus aranceles. En la madrugada de ayer, el inquilino de la Casa Blanca y después de haber firmado oficialmente su megaproyecto fiscal para EE UU –que entre otras medidas incluye recortes en la sanidad pública y más acciones contra la inmigración–, anunció que su Administración ya ha mandado misivas a varias naciones para imponerles unos aranceles que oscilarán entre el 10% (tasa universal aplicada hasta ahora) y el 70%, dependiendo del país. Los nuevos gravámenes comenzarán a aplicarse desde el 1 de agosto, según especificó Trump, día en el que «el dinero comenzará a llegar a Estados Unidos». Aunque no quiso ofrecer más detalles, dijo que Washington ya ha iniciado el envío de cartas a «10 o 12 países», y a lo largo de estos días serán más los que reciban una misiva con el sello de la Casa Blanca. El republicano lo justificó en que alcanzar un centenar de acuerdos en pocos días es tarea imposible. Se trata de un claro cambio de postura, teniendo en cuenta que hace una semana el secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, declaró que alcanzar un acuerdo con los países antes del 9 de julio no era algo imperativo y que se quedaría satisfecho si «el comercio quedara resuelto» antes del 1 de septiembre. En todo caso, Trump se refirió ayer a dos rangos de porcentajes. Aclaró que en esa franja habrá países que reciban tasas «hasta el 60% y el 70%» –un porcentaje más elevado de cualquiera con los que amenazó el 2 de abril y que, a efectos prácticos, imposibilitan el comercio–, mientras que otros recibirían un gravamen «entre el 10% y el 20%». No despejó la incógnita de qué países se incluyen en cada saco ni detalló bajo qué criterio, pero en todo caso aseguró que «para el día 9 todos estarán cubiertos». Reino Unido y Vietnam son los dos únicos países con los que la Administración Trump ha logrado pactos en estos últimos meses.

Con ese telón de fondo y los mercados en zona de máximos, los inversores optaron ayer por batirse en retirada. En Europa, la Bolsa más castigada fue la española, con una caída del 1,5% hasta los 13.973 puntos. Los valores más ligados al ciclo económico, como bancos y consumo, vuelven a ser los más perjudicados, con descensos del 2,5% para BBVA o del 2% para Inditex y ArcelorMittal. «La promesa de Trump de enviar cartas advirtiendo que los socios tendrán que pagar para hacer negocios en EE UU ha reavivado los temores en sectores clave (automoción, minería, acero y aluminio)», añaden los analistas de XTB, respecto al resto de bolsas europeas. La tensión se deja notar en un nuevo ajuste del dólar en su cruce con el euro, que ya supera con holgura los 1,18 dólares y se acerca peligrosamente a los 1,20 dólares que el propio Banco Central Europeo (BCE) ha calificado como «complicados» de gestionar. La divisa estadounidense ya acumula una caída del 14,5% frente a la moneda única, su peor inicio de año desde 1973. «La guerra arancelaria, las enormes necesidades de endeudamiento de EE UU y las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal han socavado el atractivo del dólar como refugio seguro para los inversores», apuntan los analistas de XTB. A la presión se suma también la nueva ley fiscal de Trump, a punto de rubricarse. «Se espera que esta histórica ley añada 3,2 billones de dólares a la deuda del país durante la próxima década», insisten los expertos. Los bancos centrales también observan con preocupación el entorno.

La inversión internacional en España está en horas bajas. Así lo demuestran las estadísticas. La confianza de los capitales foráneos ha retrocedido un 13%, según el índice Kearney de confianza para la inversión extranjera directa en 2025, lo que hace al país caer del top 10 de destinos inversores más atractivos. Un escenario que impacta directamente en las operaciones corporativas. En el primer trimestre de 2025 se cerraron 22 operaciones, frente a las 54 del mismo periodo de 2024, lo que supone un retroceso del 60%, según los datos recopilados por DC Advisory, tal y como avanzó este medio. Más allá de los datos, esta realidad se percibe con nombres propios. El año pasado se esperaba que en la primera mitad de 2025 se cerraran las grandes operaciones corporativas que se lanzaron entonces, pero los procesos se están revelando fallidos. Los mandatos multimillonarios de venta como Urbaser, Grifols, las alianzas de fibra de Vodafone, Telefónica u Orange o la búsqueda de socio de Celsa y el desbloqueo accionarial de Naturgy no se acaban de materializar. Tampoco el cambio de control de Talgo, la venta de parte o del todo de Minsait (Indra) o los diversos procesos de renovables que tenían pendiente Acciona, Iberdrola o Repsol. A ello se añade ahora que los potenciales interesados en Cubico, una plataforma de energías limpias valorada en 5.000 millones, también flaquean. Fuentes del mercado señalan que ni Contour Global (KKR) ni Qualitas Energy están avanzando en el proceso. Ni siquiera está claro que vaya a culminarse la opa del BBVA sobre el Sabadell. Así, de los grandes procesos solo toma carta de naturaleza la compra de Neinor sobre Aedas, muy influida por la necesidad de Castlelake de desinvertir en España.

El Grupo Ulma ha cerrado un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para impulsar su transformación industrial con una financiación de 45 millones de euros. El préstamo, el mayor recibido nunca por la cooperativa oñatiarra y uno de los más grandes otorgados por el BEI en Gipuzkoa y Euskadi en toda su historia, permitirá a la firma que dirige Iñaki Gabilondo avanzar en proyectos de innovación y sostenibilidad, centrados en el desarrollo de nuevos materiales de construcción, la modernización de sus instalaciones y la mejora de la eficiencia energética en sus plantas, todas ellas ubicadas en Euskadi. La operación, firmada esta misma semana, respalda la estrategia de Ulma para reducir el consumo de recursos, fomentar el reciclaje de materiales y avanzar hacia la descarbonización del sector de la construcción. Uno de los pilares del acuerdo será la construcción de una nueva planta de fabricación especializada en materiales sostenibles, lo que refuerza la vocación industrial e innovadora del grupo. La ubicación de la nueva instalación no está todavía definida, aunque fuentes de la empresa precisan que se construirá en la zona de Oñati, donde tiene la sede central y se encuentran la mayor parte de los nueve negocios del conglomerado, o en las proximidades del término municipal oñatiarra. La financiación también servirá para avanzar en tecnologías de fabricación para la línea de negocio de construcción y soluciones arquitectónicas de hormigón polímero. Con presencia en 81 países y una plantilla de más de 5.700 personas, Ulma es uno de los referentes del cooperativismo vasco y estatal y un actor clave en la industria guipuzcoana. 

El estancamiento que ha registrado Euskadi en la creación de empleo en el mes de junio, hasta el punto de que se ha convertido en el peor de los últimos trece años, viene motivado fundamentalmente por la mala evolución de los trabajadores autónomos, ya que los empleados por cuenta ajena apenas varían. De hecho, Euskadi es la comunidad que más empleados por cuenta propia ha perdido en términos absolutos en los seis primeros meses del año. Así lo pone en evidencia los datos de afiliación que ofrece la Seguridad Social. La caída del País Vasco en el primer semestre contrasta con la buena evolución de los autónomos en el conjunto del Estado, que gana 34.895 afiliados en los seis primeros meses; es decir, en junio con respecto al cierre del año pasado. Sin embargo, Euskadi pierde 384 autónomos en junio en relación a diciembre de 2024 y cierra con 166.564 trabajadores por cuenta propia. Le sigue Aragón, con 224 autónomos menos, Castilla y León (-214), La Rioja (-13) y Navarra (-8). Además, el País Vasco es la única comunidad en la que todos los territorios han cerrado este primer semestre en negativo. Bizkaia es la que registra una mayor pérdida en cifras totales, al dejarse 238 autónomos en los seis primeros meses, seguida por Araba (-129) y Gipuzkoa, que tan solo pierde 17. Y si se compara con un año antes, la sangría de autónomos es aún mayor en Euskadi, ya que están cotizando 711 menos. La situación de los autónomos no es nada halagüeña como vienen denunciando las distintas asociaciones, ya que se tienen que enfrentar a numerosos imponderables, entre ellos la cotización por ingresos reales, un cambio que se introdujo hace dos años y que penaliza a una parte importante de los trabajadores por cuenta propia, aunque les permitirá en el futuro disfrutar de unas pensiones más cuantiosas.

Bizkaia afronta el gran reto de cubrir 360.000 empleos en una década. Lo hace con la necesidad de incorporar «a todas las personas» al mercado laboral, por una cuestión de números, y también por «equidad y cohesión social». Y sin perder de vista a los sectores emergentes, aquellos que la Diputación identifica como «estratégicos» por su «potencial de crecimiento». El II Plan de Empleo diseñado por la entidad foral dibuja un futuro, de aquí a 2029, en el que ganarán peso actividades económicas como la alimentación, el turismo sostenible, la movilidad y la aeronáutica. El documento, presentado ayer por la diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, en el Palacio Euskalduna, difiere del primero en que aquel, que se puso en marcha para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, era «reactivo», mientras que el que se extenderá durante los próximos cuatro años es «una apuesta por anticiparse al futuro». Y en los próximos años se requerirán nuevas profesiones como «técnicos en automatización, especialistas en energías renovables, asistentes de salud digitales, cuidadores especializados, pilotos de drones, técnicos en biotecnología...», entre otras para las que «la ciudadanía debe prepararse». El plan identifica tres grandes transiciones que ya están marcando una transformación social y económica: la demográfica, la ecológica y la tecnológica. El diagnóstico pone el foco en los colectivos «vulnerables». A la presentación del plan acudieron cerca de 300 invitados, entre los que se encontraban, Tamara Yagüe, presidenta de Confebask, y Guillermo Buces, presidente de Cebek. 

Después de un junio en el que los coches electrificados vendidos en Euskadi han marcado un récord con 760 matriculaciones, los últimos datos indican que la red pública de recarga para estos coches sigue sin avanzar al ritmo esperado. Tal y como constata el último Barómetro de Electromovilidad correspondiente el segundo trimestre que publicó ayer Anfac, la patronal de los fabricantes, en Euskadi hay en estos momentos 2.059 puntos de recarga públicos, frente a los 1.683 con los que contaba al cerrar 2024. Se traduce en un crecimiento del 22,3%, debido principalmente al tirón experimentado en los primeros tres meses del año, cuando se instalaron 344 terminales, frente a los 32 que se desplegaron entre abril y junio. Una media que ilustra cómo cada día que pasa se instalan dos electrolineras en Euskadi. Representa un avance, pero pese a ello la comunidad se encuentra en una posición francamente complicada, ya que para alcanzar los objetivos de descarbonización marcados por la Unión Europea, el País Vasco debería finalizar el año con 4.100 terminales. Una cifra que, a este ritmo, parece inalcanzable. A largo plazo, las metas europeas son aún más ambiciosas: Euskadi debería llegar a finales de 2030 por encima de los 13.500 puntos de acceso. Pese a ello, la cantidad de ‘electrolineras’ actuales, defiende Félix García, director de comunicación de Anfac, «son suficientes para circular tranquilamente por Euskadi teniendo en cuenta el parque electrificado actual». Sin embargo advierte de que si las ventas de electrificados despegan finalmente gracias al impulso de los programas para incentivar la demanda –como es el caso del recientemente activado Plan Moves con ayudas de hasta 7.000 euros por usuario–, «necesitamos que la instalación de los puntos acelere».

Iberdrola | bp pulse es la empresa creada en 2023 por la eléctrica española Iberdrola y el grupo británico BP que tiene como objetivo liderar el mercado de recarga rápida y ultrarrápida en España y Portugal. Su director general es Pablo Pirles, un joven directivo que cree firmemente en el éxito de la electromovilidad y que espera alcanzar la rentabilidad económica en 2027. “Pensamos que en un par de años vamos a entrar en resultados positivos”, asegura Pirles, quien afirma que Iberdrola | bp pulse ya es líder del mercado de la recarga ultrarrápida en España con más de 1.300 puntos operativos. “Empezamos el año con más de 950 puntos y nuestro objetivo para 2025 es superar los 2.050 (más del doble)”, calcula Pirles, que hace sólo unos días asistió al acto de inauguración de la mayor estación de recarga de España, un hub con 70 puntos ubicado en el Parque Comercial Nevada Shopping de Granada. Pirles asegura que la compañía invierte 100 millones de euros al año en instalar unos 1.200 puntos de carga ultrarrápida. “Es un compromiso muy grande con el país y con la electrificación. Y eso es porque, como compañía, tenemos muy claro que la electrificación va a suceder”, afirma. El directivo explica que el mercado de la recarga ultrarrápida es un nicho que requiere una “elevada complejidad técnica” y un “gran volumen inversor”, ya que la instalación y puesta en marcha de un punto de recarga ultrarrápida cuesta entre 80.000 y 100.000 euros, y tiene plazos muy largos.

El Grupo CAF ha cerrado la adquisición del 2,67% que la sociedad pública navarra Sodena aún conservaba en Solaris Bus & Coach, su filial especializada en el desarrollo y fabricación de autobuses sostenibles. Con esta operación, el grupo beasaindarra pasa a controlar el 100% del capital de la compañía de origen polaco, uno de los principales actores europeos en soluciones de movilidad urbana sin emisiones. Aunque CAF ya ejercía el control operativo y estratégico de Solaris desde hace años, esta compra supone la formalización definitiva de su integración total en el grupo. La participación de Sodena en Solaris tiene su origen en el proyecto inicial de Vectia. La desinversión ha permitido a la sociedad pública recuperar su aportación con un múltiplo de salida de 1,3, según informaron ambas partes. La operación se enmarca en el proceso de concentración de CAF en negocios clave para su estrategia de diversificación tecnológica, especialmente en el campo de la movilidad eléctrica urbana. Más allá del movimiento societario, la operación refuerza la apuesta de CAF por Navarra, una comunidad donde mantiene una presencia industrial consolidada.

BBVA se ha convertido en el primero de los grandes bancos españoles en ofrecer la compra/venta de criptomonedas a todos sus clientes. La entidad ofrece a través de su app las dos divisas digitales principales, bitcoin y ethereum, y ejercerá, además, de custodio de estos valores con lo que no dependerá de terceros, como sí hacen otras entidades de menor tamaño al firmar alianzas con plataformas de criptomonedas que ejercen de marca blanca para ofrecer este servicio. Con una capitalización de 3,34 billones de dólares, bitcoin representa dos tercios del total (con 2,15 billones de dólares) y ethereum el 9%. La gran pregunta ahora es quién vendrá después en un año clave para el desarrollo de estos activos digitales en Europa tras la irrupción de la regulación MiCA [exclusiva de criptoactivos], que entró en vigor de manera definitiva el pasado 1 de enero. 2025 estaba marcado en el calendario como el pistoletazo de salida de la comercialización masiva de las criptomonedas en España, pero, con la segunda mitad ya andando, parece que «nadie tiene prisa por ser el primero» en este campo. Fuentes bancarias consideran que se trata de una línea de negocio donde la ecuación riesgo/beneficio no está tan clara. De los grandes operadores nacionales parece que CaixaBank es el más avanzado de todos ellos, aunque la entidad opta por no dar fechas. Kutxabank está también en la rampa de salida. La entidad estaría ultimando el expediente para solicitar la autorización a la CNMV y poder vender criptoactivos a través de su plataforma digital y se espera que sea este año también, pendientes de cuándo decida el regulador.

La patronal alavesa de la hostelería analizó ayer los retos a los que se enfrenta el sector en una jornada en la que compartió reflexiones con el viceconsejero de Comercio y Turismo del Gobierno vasco, Jakes Aguirrezabal, y el presidente de Hostelería de España, José Almeida. En el turno de intervenciones, y en clave local, el máximo responsable del gremio en el territorio, Juan Carlos Antolín, afirmó que los establecimientos locales «son destinos de calidad, pero para mantenerla es necesario contar con personal cualificado y formado, un reto al que nos enfrentamos hoy en día. Pero no el único, ya que hay que atraer congresos y eventos a nuestro territorio, que en estos momentos tiene una situación de desequilibrio con Bizkaia y Gipuzkoa». Esa ambición no fue obstáculo, sin embargo, para que Almeida elogiase la «fortaleza» de la hostelería alavesa, que apuesta por la «sostenibilidad, calidad en el empleo, la innovación y la digitalización». En la jornada, SEA Hostelería repasó también otras constantes que marcan su día a día. Así, se habló de la «pérdida de la rentabilidad debido al aumento de los costes y el ajuste de la demanda de los consumidores». Esto puede suponer «una pérdida de competitividad de las empresas». También se analizó el impacto de la reducción de la jornada laboral «en un sector que en un 95% está compuesto por empresas de menos de diez trabajadores». Esto constituye una «intromisión sin precedentes en la negociación colectiva, un modelo que lleva funcionando décadas y garantiza el orden social». Ver nota SEA Hostelería aquí. 

Ni el trabajo ni la sanidad; la vivienda se ha convertido ya en el principal quebradero de cabeza para los vascos. Así lo refleja el Sociómetro, que también pone el foco en el notable incremento de la sensación de inseguridad. En lo positivo destaca cómo sube la valoración de los servicios públicos y del propio Gobierno Pradales. Sorprende también que los vascos muestran el mayor interés por la política en 30 años. Lo adelantó hace dos semanas el Deustobarómetro y ahora lo ratifica el Sociómetro que elabora periódicamente el Gobierno vasco: la vivienda es ya la gran preocupación ciudadana de nuestros tiempos a cada vez más distancia del trabajo y de la sanidad, que se había disparado en todos los rankings desde la época de la pandemia. Se trata de la primera vez que este problema se sitúa a la cabeza en este estudio demoscópico desde hace 18 años; en concreto, desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria y en los prolegómenos de una gran crisis financiera que tuvo efectos demoledores en prácticamente todos los ámbitos sociales. El trabajo encargado por el Ejecutivo autonómico encuestó entre el 17 y 20 de junio a 3.030 ciudadanos vascos y les instó, entre otras cuestiones, a que citaran cuáles creen que son los tres principales problemas en Euskadi. Más de la mitad, el 51%, mencionó la vivienda, un dato que crece cuatro puntos porcentuales en los apenas cinco meses que han pasado desde el anterior estudio. Las dificultades para acceder a una casa o para emanciparse continúan haciendo mella en los indicadores, que se van acercando paulatinamente al pico registrado antes de la crisis, cuando el porcentaje alcanzó el 58%. La vivienda da el ‘sorpasso’ a los problemas ligados al mercado de trabajo (42%), el asunto que más tiempo ha pasado históricamente a la cabeza de este tipo de encuestas y que ahora cae en siete puntos. 

«A nuestros hijos les prometimos que, si estudiaban, tendrían un buen trabajo; que si ahorraban, podrían independizarse. ¿Y qué han conseguido? Un empleo precario y una hipoteca que no pueden pagar. Los jóvenes están decepcionados porque el sistema no responde a las expectativas que les hemos creado». María Silvestre, catedrática de Sociología de la Universidad de Deusto, dibuja el contexto. El ‘Estudio de la Juventud 2025’, de la Fundación Tui (Alemania), confirma con datos: solo un 6% de los jóvenes está satisfecho con el sistema político de su país, una mayoría pero muy ajustada (57%) prefiere la democracia frente a otras formas de gobierno y un llamativo 21% abrazaría un régimen autoritario «en determinadas circunstancias». La encuesta europea, que lleva casi una década testando la adhesión política de los jóvenes, ha preguntado en esta novena edición a casi 7.000 personas de entre 16 y 26 años de España, Alemania, Francia, Italia, Grecia, Polonia y el Reino Unido. La conclusión, en palabras del profesor Thorsten Faas, de la Universidad Libre de Berlín, uno de los autores que respalda el estudio, es que «la democracia se encuentra bajo presión». Una presión considerable, ya que el 43% de los jóvenes europeos no cree que la democracia sea el mejor sistema. «Hay una desafección profunda, un desajuste porque el modelo democrático implantado no responde a sus expectativas y sus deseos. No es que los jóvenes sean unos egoístas a los que todo les importa un pimiento, es que se han criado con un confort que conquistaron las generaciones anteriores y se han educado en otros valores distintos a los de sus padres. ¿Para qué pelear por un bienestar que a ellos les ha venido dado?», invita a la reflexión Maite Aurrekoetxea, profesora en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto.

Gigantes tecnológicos como Amazon, Google o Meta han desplegado sus enormes hoteles virtuales por distintos territorios del mapa, colocando al país como uno de los epicentros internacionales para el almacenamiento de información digital. En total, son más de 100 puntos operativos, y otros 20 proyectados, según el conteo que ha realizado este periódico. La patronal del sector, SpainDC, calcula que en los próximos años los gigantes tecnológicos invertirán 58.000 millones de euros en España en este tipo de infraestructuras. Junto a las grandilocuentes cifras en inversiones que acompañan las presentaciones de políticos y empresarios que celebran la llegada de estos tótems a sus entornos –“esto nos va a situar como una referencia mundial”, suele ser la frase más repetida–, aparecen otras, igualmente cautivadoras, que apelan a los miles de empleos que generará la llegada de estos grandes núcleos. Un argumento más que convincente para afianzar cualquier asentamiento, que, sin embargo, genera muchas dudas entre sus críticos. Mientras que para sindicatos y ecologistas estas cifran están “trucadas”, la realidad contable es que no es posible acotar la cifra exacta a partir de ninguna estadística oficial. Los últimos (y únicos) datos que ofrece la patronal de los centros de datos, SpainDC, señalan que, en 2022, el sector de los centros de datos representó el 2,33% del empleo total en España, “con aproximadamente 482.000 puestos de trabajo”. Un dato controvertido, puesto que ni las estadísticas del Ministerio de Trabajo, las de Seguridad Social o las tablas del INE sobre ocupación secundan este resultado. Ante esta circunstancia, los sindicatos y los ecoactivistas las consideran, directamente, un fraude. A preguntas de este periódico, SpainDC tampoco explica cómo ha llegado hasta este resultado, ni qué fuentes ha utilizado. “Se trata del dato de empleo agregado del total del ecosistema digital en España”, se limita a señalar un portavoz de esta patronal.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, aseguró este viernes que la compañía asumirá “más riesgos calculados” en el nuevo plan estratégico que prevé presentar en el último trimestre del ejercicio, probablemente en noviembre, y sobre el que prefirió dar pocos detalles añadiendo que tendrá elementos “absolutamente confidenciales”. “Las grandes compañías tienen una tendencia natural a volverse conservadoras y no asumir riesgos. Pero el riesgo va unido al retorno. Nosotros vamos a asumir más riesgos”, dijo durante un desayuno organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE). Murtra matizó que serán “riesgos calculados”, porque aunque admitió que la operadora ha tratado de innovar en la última década, no ha logrado dar con una clave tecnológica que marque la diferencia para generar ingresos adicionales recurrentes a los negocios tradicionales de telecomunicaciones. El directivo dijo que el riesgo lleva aparejada la posibilidad de equivocarse, pero “lo importante es el resultado agregado, no que cada una de las decisiones salgan bien”. Añadió que el plan estratégico tendrá objetivos a largo plazo en ámbitos como las tecnologías disruptivas, pero también “de impacto a corto plazo”, porque es “demasiado cómodo” dibujar un plan de este tipo solo con medidas muy a futuro. El directivo enlazó el plan estratégico con su demanda de una mayor consolidación del mercado de telecomunicaciones, primero a escala nacional y luego europea.

Los precios de la vivienda están en ebullición. A lo largo de los tres primeros meses de 2025, los inmuebles se han encarecido de forma generalizada dentro de las fronteras comunitarias. España es uno de los países donde el repunte ha sido más fuerte: un 12,3% en comparación con el primer trimestre del año previo. El incremento más que duplica el promedio de la zona euro (5,4%). Solo Portugal (16,3%), Bulgaria (15,1%) y Croacia (13,1%) superan la marca española, según los datos publicados ayer por Eurostat. Las cifras difundidas por la oficina estadística europea revalidan una realidad más que conocida, pero no menos feroz: la subida desbocada de los precios inmobiliarios en España está restringiendo el acceso a la vivienda, convirtiéndose en un drama para la población y en un rompecabezas para los legisladores. Tras este desenlace hay una mezcla de elementos que van desde la anémica inversión en construcción de los últimos años al auge de los pisos turísticos, que reducen la oferta y tensionan aún más el mercado, sobre todo en las grandes ciudades y los destinos vacacionales. La misma historia se puede relatar a través de los récords que el mercado inmobiliario ha sumado en los últimos tiempos. En el primer trimestre del año se realizaron 183.140 compraventas, un alza del 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior y una cifra solo superada por las 230.023 operaciones de 2007, poco antes de que la burbuja pinchara. Los precios han seguido la misma senda: el encarecimiento de la vivienda libre registrado en el arranque de 2025 fue el mayor en 18 años. La lista no acaba ahí. En los tres primeros meses de este curso, la compra de inmuebles al contado alcanzó su máximo en 11 años, el importe por metro cuadrado en 2024 fue el mayor de la historia y el número de hipotecas firmadas fue el más alto desde la crisis financiera, solo superado en 2022, cuando se liberó la demanda embalsada tras la pandemia. 

Finales de marzo del año 2024. Xiaomi, el fabricante de teléfonos móviles, se estrena en el mundo del automóvil con el lanzamiento del SU7, una berlina 100% eléctrica rival de un Tesla Model S o un Porsche Taycan. En las primeras 24 horas, 90.000 ansiosos compradores se registran para ser los primeros en tenerla. Principios de julio de 2025. No cambiamos de empresa, pero sí de vehículo. Ahora es el turno del YU7, un SUV también de baterías y con cinco metros de largo. Y la locura se desata: en apenas 18 horas, la compañía anuncia que tiene 240.000 pedidos en firme. Es decir, clientes que han desembolsado entre 700 dólares y 2.800 dólares para asegurarse uno y que, además, se lo entreguen de forma prioritaria. El coche, por poner una referencia, cuesta en su versión básica 253.500 yuanes, unos 36.000 dólares al cambio. Es decir, unos 1.400 dólares menos que el Tesla Model Y, antaño el coco para todas las marcas rivales. Aunque el temor se extiende como una mancha de aceite mucho más allá de Tesla, que en los cinco primeros meses de este año sólo ostenta un 4,6% del mercado de los NEV, o Vehículos de Nueva Energía. Es decir, eléctricos, eléctricos de autonomía extendida e híbridos enchufables. La onda sísmica también sacude a otras start ups como Zeekr, LeapMotor o Nio y llega a BYD, el gigante cuya cuota en los NEVroza el 30%, casi 10 veces más de la de Xiaomi. En abril BYD presentó su buque insignia, el Tang L, un modelo que en muchas especificaciones supera al YU7 y más barato, pero «lo hizo sin decenas de miles de pedidos anticipados y sin la atención de la mayoría de los medios de comunicación tradicionales» señala Jiri Opetal, editor jefe de la publicación digital CarNewsChina. «La base de fanáticos que tiene Xiaomi es algo que BYD y otros fabricantes chinos solo pueden soñar» añade. Xiaomi solo tiene una factoría en las cercanías de Pekín con una teórica capacidad de producción de 300.000 unidades al año. Pero ya ha comprado medio millón de metros cuadrados para ampliar aquellos volúmenes en un 50%. Aun así, un tamaño insuficiente pues solo las órdenes comprometidas del YU7, más el flujo normal del SU7, superan la previsión de todo 2026. Además, las estimaciones son que la demanda del nuevo modelo triplique a la de la berlina.

El gran plan fiscal de Trump pone en riesgo una fuente fundamental de ganancias para Tesla al neutralizar las normas que permiten al fabricante de vehículos eléctricos generar miles de millones de dólares mediante la venta de créditos de carbono. El proyecto de ley agrava la crisis de la compañía, que ya se está recuperando de la caída de las ventas y la pérdida de incentivos fiscales para vehículos eléctricos. La legislación provocó una airada reacción de Musk. Mientras Trump intentaba forzar la aprobación del proyecto de ley en el Congreso esta semana, Musk lo calificó de “abominación” y amenazó con financiar en las primarias a los que se presenten contra el Partido Republicano. Llegó incluso a anunciar que fundaría su propio partido político. Trump replicó que “sin subsidios, Elon seguramente tendría que cerrar la tienda y volver a Sudáfrica”. La escalada de su enfrentamiento amenaza a sectores cruciales del imperio empresarial de Musk y deja a los congresistas republicanos atrapados en una lucha entre el presidente de EEUU y el hombre más rico del mundo. Musk se ha opuesto a la reforma fiscal argumentando que disparará el déficit. Pero su postura supone una seria amenaza para Tesla. Trump ha prometido eliminar los tres sistemas paralelos de créditos de carbono de EEUU, con el argumento de que los precios de los automóviles son más bajos. Esto incluye un programa de la Agencia de Protección Ambiental para las emisiones de gases de efecto invernadero y otro en California basado en las ventas de eléctricos e híbridos.