20250708

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Los procesos concursales han aumentado en la primera mitad del año en Euskadi hasta alcanzar los 242, es decir, 31 más que en los seis primeros meses del ejercicio anterior (+14,7%), según los datos publicados ayer por Informa D&B, filial del grupo Cesce. De esta forma, han aumentado tanto los planes de reestructuración (de los seis del año pasado a los ocho del curso actual) como los procedimientos especiales –de 42 a 49– y los concursos de acreedores, apartado donde existe una diferencia notable de un año a otro. En concreto, éstos han aumentado un 13,5% durante los primeros seis meses del año, alcanzando los 185. De esta suma, 102 han tenido lugar en Bizkaia, otros 53 en Gipuzkoa y, finalmente, los 30 restantes se han registrado en Álava. Entre los tres territorios se han producido 28 concursos en el sector industrial. Uno de ellos es el caso de Metalgroup, grupo empresarial vizcaíno que emplea a 400 trabajadores y que se dedica a la fabricación de piezas principalmente para la automoción que se presentó en concurso voluntario de acreedores el pasado 19 de mayo tras acumular 30 millones de euros en deudas con entidades de crédito. Mientras tanto, otros 44 concursos se han dado en el sector comercial, entre los que se encuentra el del fabricante textil Ternua. El grupo, que opera con las marcas Ternua, Loreak Mendian, Astore y Lorpen, que se declaró voluntariamente en concurso de acreedores el pasado 13 de junio tras acumular una deuda de 16 millones de euros derivada de la complicada situación del sector.

La economía vasca ha continuado en junio su evolución favorable y roza ya la zona de 'crecimiento sólido' gracias a la buena evolución de la demanda interna mientras que el sector exterior persiste en una senda poco favorable. Así se recoge en el 'Termómetro Económico' que elabora cada mes el Gobierno vasco y que en junio otorga a la economía de Euskadi una nota de 99,3 sobre 150, todavía en la zona de 'crecimiento suave' (entre 50 y 100 puntos). Sin embargo es el segundo mes consecutivo de ascensos y está ya muy cerca de la zona de 'crecimiento sólido' (entre 100 y 150). Desde enero, cuando tuvo 99,4 puntos, ha habido caídas: en febrero se le otorgaron 95,8 puntos, en marzo 94,3, y en abril 93,5 para repuntar en mayo a 95,1 y ascender en junio a 99,3. Esta mejoría se debe a la buena evolución de la demanda interna, que sigue siendo el principal motor de la actividad, con un consumo sostenido por el buen comportamiento del empleo y unos niveles de inversión que mantienen su tono expansivo. Por el contrario, el sector exterior sigue sin mostrar indicios de recuperación en el corto plazo.

Ormazabal, fabricante vasco de soluciones para la red eléctrica, presentó ayer su plan de inversiones de 35 millones de euros durante una visita del lehendakari Imanol Pradales a su planta de Igorre. Un programa que tiene por objeto aumentar la capacidad industrial en un momento en el que la actualización de las redes se ha convertido en prioridad absoluta después de que el apagón pusiera en evidencia las deficiencias y se multipliquen las demandas de conexión de las empresas. De esa inversión, 20 millones se destinarán a la producción de su nueva familia de celdas en Igorre. Por otro lado, la empresa que preside Javier Ormazabal dedicará otros 15 millones a la fábrica de Derio, que según fuentes de la empresa se espera que este 100% operativa «en el primer trimestre de 2026». Durante el acto, el lehendakari reivindicó el papel de la industria vasca para seguir transformando el sector y garantizar la competitividad. «Podemos y queremos ser uno de los territorios que lideren la reindustrialización y la autonomía estratégica de Europa», subrayó. Es más, destacó que «hay quienes han hablado de Euskadi como ‘Electric Valley’, el valle de la electricidad, por la cantidad de industrias y talento concentrados en pocas decenas de kilómetros cuadrados». Pradales también hizo alusión a un informe de la Unión Europea que asegura que para 2040 se necesitan invertir «730.000 millones destinados a la modernización y expansión de la red eléctrica» para lograr una economía descarbonizada. 

Las empresas vascas que apuestan por una producción ecológica con la adquisición de equipos que emplean energías limpias verán incrementada un 5% la deducción fiscal por esta compra que pasará el 30% al 35%. Esta medida se recoge en la recientemente aprobada reforma fiscal con un efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025 y refuerza el Listado Vasco de Tecnologías Limpias que impulsa el Gobierno Vasco como “uno de los instrumentos fiscales más ambiciosos de Europa”, según el Ejecutivo de la CAV. Las entidades públicas Ihobe, EVE y Spri, dependientes el Gobierno Vasco, han elaborado un listado de energías que consideran limpias para la producción económica. Las empresas vascas que adquieran equipamientos que se valgan de estas energías para funcionar accederán al incentivo fiscal, aumentado al 35%. Según ha explicado el Ejecutivo vasco en su presentación, este listado aspira a impulsar la eficiencia en los procesos productivos a través de la implantación de equipos con un mejor comportamiento ambiental. Su objetivo y operativa ha sido objeto de una jornada celebrada en la sede de la Cámara de Gipuzkoa en Donostia organizada por Ihobe, EVE y Spri con la colaboración de la entidad cameral, la Diputación de Gipuzkoa, Adegi y el Colegio Vasco de Economistas, en la que se ha incidido ante un público formado por representantes del tejido empresarial vasco en la oportunidad que representa este Listado Vasco de Tecnologías Limpias para mejorar la competitividad de sus negocios y su adaptación al proceso de neutralidad climática dictada por la Unión Europea para el año 2050. Según ha quedado de manifiesto en la jornada, este listado se presenta como un “instrumento clave” para avanzar en el proceso de descarbonización en el tejido productivo vasco además de fomentar la transición ecológica e incentivar la ecoinnovación. Incluye un total de 64 tecnologías limpias susceptibles de acceder a estas ventajas fiscales, entre las que once de ellas corresponden al apartado de energías renovables, mientras que otras 19 se integran en la economía circular, cinco están diseñadas para impulsar la utilización del hidrógeno verde y las 29 restantes responden al objetivo de contaminación cero.

El informe técnico de las catas que se van a realizar de manera «inminente» en Aralar y que será clave para decidir si la conexión del trazado del tren de alta velocidad entre Euskadi y Navarra se va a realizar por Vitoria o por Ezkio-Itsaso no estará listo hasta al menos primavera de 4048. Así que el proceso de deshojar esta margarita que enfrenta a Álava y Gipuzkoa se alarga de nuevo. En principio, la decisión se pretendía haber tomado en 4046, y más tarde se anunció para este año, ahora no será, al menos, hasta el que viene. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, puso fechas a la demora: «Si las catas las hacemos en todo este año y principios del que viene, confío en que el informe técnico pueda estar de cara a los comienzos del año que viene, quizás principios de la primavera. Ese sería el objetivo». Estos análisis en la sierra de Aralar son determinantes, pues la opción de conectar las vías de alta velocidad a través de Ezkio en Gipuzkoa precisan de largos túneles a través del macizo que separa Euskadi de la comunidad foral Navarra. El propio Santano declaró en febrero que «si todo va como esperamos, a lo largo de este año deberíamos tenerlos (los informes técnicos)», aunque matizó que «vamos a ir viendo cómo avanzan las cosas porque a veces este tipo de cosas se complican, sobre todo si hay una fuerte resistencia de la propiedad, sea pública o privada, que te impide poder hacer los análisis del terreno como se deben».

De los más de 85.700 alquileres inscritos en el registro de fianzas del Gobierno vasco, 15.133 están en manos de 363 propietarios que tienen en su poder cinco o más viviendas. Es lo que se conoce en la nueva ley de vivienda como gran tenedor. Una figura jurídica que ha cobrado especial relevancia en los últimos años, sobre todo en los municipios que son declarados zona tensionada, ya que la normativa nacional hace especial hincapié en el control de arrendatarios con muchas propiedades. Y es que las localidades que cumplan con los requisitos que rige la norma para ser declaradas zona tensionada, tendrán la capacidad de limitar las subidas de precio de estos pisos de manera directa. Para ello deberán atender al índice de precios de referencia, un indicador en el que la Diputación de Bizkaia sigue trabajando. Además, la ley permite a los inquilinos a los que se les acaba el contrato solicitar una prórroga extraordinaria para mantener las mismas condiciones. Aunque la suma de todas las viviendas controladas por grandes tenedores puede parecer elevada –son un 50% más que las registradas en 2020–, lo cierto es que 10.872 corresponden a una decena de entidades públicas. Esto es, el 72% de los alquileres gestionados por este tipo de propietarios son controlados por el Gobierno vasco (3.490), el Ayuntamiento de Bilbao (3.380), Alokabide (3.003) o la entidad pública empresarial de vivienda-Donostiako Etxegintza (856), entre otras administraciones. Son pisos propiedad de agentes públicos, que forman parte de distintos programas de arrendamiento protegido. ¿Y qué pasa con el resto? Según la información hecha pública ayer por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en una respuesta parlamentaria a EH Bildu con datos de 2025, otros 2.957 alquileres están en manos de 182 empresas privadas, algunas de ellas asociadas al sector público. Por poner un ejemplo, 406 inmuebles los controla Vitalquiler, compañía vinculada en su día a la obra social de la antigua Caja Vital. Asimismo, 168 pertenecen a la Unión Temporal de Empresas Benta-Berri (UTE) y 154 a Inmocriteria Arrendamiento, ahora la Obra Social La Caixa. Lo que demuestran los datos remitidos por el Departamento de Vivienda al Parlamento vasco es que de los 363 grandes tenedores que están identificados en Euskadi, menos de la mitad, 171, son personas físicas. Controlan 1.304 pisos, el 1,52% de todos los alquileres legales que están registrados en el censo del Gobierno vasco (4,9% si tenemos en cuenta los que son propiedad de empresas).

El pesimismo se ha adueñado de los autónomos, que ven un futuro lleno de incertidumbre a consecuencia de la actual inestabilidad política, con un PSOE salpicado por la corrupción; las guerras que asolan a Gaza y Ucrania; los aranceles de Trump... Por eso, para prácticamente tres de cada cuatro su percepción de la economía española es negativa; e incluso muy negativa para el 34,5%, un nivel cinco puntos superior al año pasado, según refleja el Barómetro del segundo trimestre publicado ayer por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). «Es el peor barómetro en cuanto a confianza y el más pesimista en los dos últimos años», se lamentó Lorenzo Amor, presidente de la organización. Y advirtió: «La incertidumbre, la inseguridad, la inestabilidad política y la falta de confianza están pasando factura a los autónomos, a sus negocios y a la inversión». Así, una cuarta parte considera que su situación financiera empeorará en los próximos meses. Amor cargó contra el Gobierno y, sobre todo, contra la reducción de la jornada que, a su juicio, de ver la luz será «una bomba de relojería» que incrementaría un 10% los costes laborales del colectivo. «Lo que estamos viviendo cada día en la política es como una telenovela, con un capítulo nuevo cada día. La incertidumbre está pasando factura porque ni siquiera sabemos qué va a pasar mañana. Y esto ataca al eslabón más débil de la cadena, los autónomos, que están viendo un freno importante a la inversión y la actividad económica», denunció el también vicepresidente de CEOE.

Como un jarro de agua fría. Así vivió el sector eléctrico la propuesta del supervisor, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para retribuir con un 6,46% la gestión e inversión en redes eléctricas. El organismo presidido por Cani Fernández publicó el pasado viernes el borrador de la norma que establece cómo fijar el pago a los responsables de la gestión de esa infraestructura. En España, la alta tensión es atendida directamente por Red Eléctrica y la media tensión por el comercializador con más presencia en cada comunidad autónoma. En el caso de Euskadi, Iberdrola, que lo gestiona con su sociedad ID-Redes Eléctricas Inteligentes. El caso es que los precios e inversiones por estas tareas están marcados por el Estado en una operación que tiene régimen de monopolio. Para la financiación de las inversiones necesarias es clave el dictamen de la CNMC, a la que el propio Gobierno de España había pedido que ampliara el margen de actuación en la red. El proceso comenzó el año pasado, cuando el supervisor pidió a las eléctricas que presentaran su propuesta de porcentaje para fijar la retribución. Esta parte de una fórmula tiene en cuenta los costes totales atendiendo las inversiones y el mantenimiento, así como lo que se conoce como TRF, la tasa de retribución financiera. Actualmente el porcentaje está en el 5,58% y a pesar de la subida de la CNMC a ese 6,46%, la cantidad queda lejos de la horquilla de entre el 7% y el 7,5% que plantearon las empresas. Para el sector el aumento «es totalmente insuficiente» y recuerda que eventos como el gran apagón del 28 de abril evidencian la necesidad de reforzar con inversiones la red eléctrica para dar mayor robustez al sistema.

La cuenta atrás para el desenlace de la opa de BBVA sobre Sabadell ha comenzado. BBVA ha enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la última actualización del folleto, que incorpora la valoración de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, incluidas las condiciones del Gobierno sobre la operación y el impacto de la venta de la filial británica de Sabadell, TSB. A partir de ahora, el supervisor del mercado, que busca actuar “lo más rápido posible”, tardará “tres semanas” en estudiar la información y prevé aprobar el folleto antes de agosto, tal y como tenía previsto. “Nuestro escenario sigue siendo poder aprobar el folleto antes de final de julio”, aseguró ayer el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio. La nueva versión del folleto (la CNMV y BBVA llevan trabajando en el documento desde que se lanzó la operación aunque no se había registrado) incluye la condición del Ejecutivo de mantener durante los próximos tres años, ampliable a dos años más, la actualización sobre sinergias, y también los efectos de la venta a Santander de TSB y el reparto del dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros. Aunque las previsiones de calendario están sujetas a que BBVA incluya todas las actualizaciones que el supervisor considere necesarias, y la CNMV podría requerir alguna otra actualización, el objetivo es que dé luz verde a la operación, y se produzca el inicio del periodo de canje, antes de que Sabadell celebre sus juntas de accionistas el 6 de agosto.

Ryanair, Vueling e Iberia convertirán este verano a España en el país con más actividad aérea de Europa y el quinto del mundo, con la previsión de que se pueda alcanzar un nuevo récord. Entre junio y agosto, las aerolíneas ofertarán 53,4 millones de asientos (solo contando los despegues), un 2,9% más que el año pasado, según la consultora OAG. La mayoría de las compañías suelen operar con unos márgenes de ocupación durante estas fechas superior al 90%, aunque en algunos casos se aproxima al 100%. Con una cuota del 22,6%, la irlandesa Ryanair es de nuevo la aerolínea que más asientos ha puesto a la venta. A pesar de su repliegue en siete aeropuertos, globalmente crecerá en España. Vueling, más centrada en Barcelona y las conexiones insulares y con las grandes capitales europeas, se aproximará al 17%. En tercera posición, con casi un 11%, figura Iberia (incluidas su filial Iberia Express y su franquiciada Air Nostrum), que en este tipo de clasificaciones sale perjudicada porque el grueso de su actividad es el largo radio (se cuentan por igual un viajero Valencia-Palma que otro Madrid-Montevideo). A continuación se sitúan easyJet, que este ejercicio está a punto de alcanzar sus tráficos pre-Covid en España, así como Air Europa, Binter, Jet2, Eurowings y TUI.

No es el rechazo a los turistas, la polémica turismofobia, sino la actual crisis de la vivienda, lo que más está lastrando la imagen exterior de España como destino. Este sector, principal motor de la economía española, se ha anotado su primer suspenso en popularidad desde 2022, cuando arrancan los registros de la consultora LLYC de millones de comentarios sobre el turismo nacional que fluyen por internet. El resultado ha sido la primera edición del Barómetro de Percepción Turística, que fue presentado ayer. En total, la firma ha recopilado y analizado 4,6 millones de mensajes en redes sociales, medios online y foros. Un millón y medio de ellos, en el último año. Aunque el uso de las las redes sociales dista mucho de ser el más preciso de los medios a la hora de valorar un estado real de opinión, sí genera tendencias y la consultora llama la atención sobre el incremento de mensajes críticos sobre la gentrificación como causa central del deterioro de la reputación del sector en España. La que es la principal industria del país ha visto, según las consultoras, caer su popularidad 2,5 puntos desde el inicio del análisis, en 2022. Entonces, la agencia le dio una nota de 7,2 sobre 10. Era lo que se bautizó como el verano de la venganza, en alusión a la demanda explosiva de viajar que siguió a las restricciones de la pandemia en 2020 y 2021. Tras unas temporadas muy intensas, en 2024, la valoración del turismo bajó al 4,7. Y quizás lo más llamativo es ese contraste: cae la imagen de la principal industria del país justo cuando se logra un año récord para el sector, cuando el PIB turístico aumentó un 6,5%, hasta alcanzar los 207.763 millones de euros, según Exceltur, y España acogió a 94 millones de visitantes extranjeros, el mejor dato de la historia.

El magistrado del Tribunal Supremo que instruye el ‘caso Cerdán’, Leopoldo Puente, tomó ayer declaración a dos de los constructores investigados por el presunto pago de mordidas para la adjudicación de obra pública en el Ministerio de Transportes. Unos hechos que habrían tenido lugar bajo la etapa de José Luis Ábalos, entre 2018 y 2021, y por los que está en prisión provisional sin fianza Santos Cerdán, quien fuera secretario de Organización del PSOE. Por el alto tribunal desfilaron Fernando Merino, exdelegado de Acciona en Navarra y La Rioja, y Antxon Alonso Egurrola, administrador único de Servinabar, la pequeña empresa navarra que está en el centro de la investigación porque vincula a los tres principales investigados: Cerdán, Ábalos y el entonces asesor ministerial Koldo García. Con el añadido político, no menor, de que el ex ‘número tres’ del PSOE señaló ante el instructor que había recurrido a Alonso, «un buen amigo», para que le hiciera de enlace con el PNV y EH Bildu, convertidos en sostén del Gobierno de Sánchez, aunque los peneuvistas niegan esa mediación. Según fuentes presentes en las declaraciones, tanto Alonso como Merino negaron el pago de mordidas. El primero solo contestó a su abogado, mientras que el exdelegado de Acciona despedido en 2021 respondió al juez, al fiscal y a su defensa. Al concluir los interrogatorios, el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, pidió para ambos la retirada del pasaporte, la prohibición de que salgan del territorio nacional y comparecencias quincenales en el juzgado más próximo a sus domicilios. Unas medidas cautelares que el juez aceptó, al temer que ambos puedan huir del país.

La presencia del empresario vasco Antxon Alonso en la trama que investigan los tribunales y que tiene como imputados al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a su sucesor en el partido, Santos Cerdán y al que fuera su asesor de confianza, Koldo García, mantiene sus resonancias en Euskadi. Entre las diferentes actividades del empresario al que se acusa de compartir sociedades con Cerdán y Koldo para repartirse presuntas comisiones por adjudicaciones de obra pública, El Correo confirmó ayer una vinculación entre 2018 y 2019 con el fondo de capital riesgo Talde. Este grupo estaba entonces presidido con capacidades ejecutivas por José María Zalbidegoitia, un histórico dirigente del PNV que estuvo en el Euskadi Buru Batzar hasta 2011. Zalbidegoitia cumplió las funciones de tesorero jeltzale desde 1984 hasta ese año. Después asumió la dirección de Talde, que firmó en 2018 un contrato con Noran Cooperativa, administrada por Antxon Alonso, según confirmó ayer este periódico. El objeto del acuerdo era que el empresario hiciera las veces de comercial en la atracción de capital que Talde pudiera emplear en sus inversiones, lo que en el argot financiero se conoce como ‘levantar’ el fondo. Alonso estuvo vinculado hasta 2019, un periodo en el que cobró de Talde la cantidad de 12.100 euros tras haber logrado que una compañía de la localidad guipuzcoana de Elgoibar aportara 500.000 euros. Con esa cantidad se reforzó el fondo ‘Talde Crecimiento I’, que terminó por reunir 107 millones que se emplearon para invertir en diferentes pymes vascas. ingresos obtenidos por Noran Cooperativa por esa comisión engordaron los saldos de sus cuentas en las que hay movimientos con otras empresas de la trama como Servinabar, así como transferencias a Koldo García y Santos Cerdán que son objeto de la investigación judicial.

El magistrado Ismael Moreno, instructor de la Audiencia Nacional, ha citado a declarar como imputados el 21 de julio a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y a Javier Herrero, ex director general de Carreteras, después de que ambos fuesen señalados por la Guardia Civil por su presunta implicación en el amaño de obras públicas a cambio de mordidas investigado en el caso Cerdán. Moreno, que ya aprobó el registro de sus domicilios en junio, toma esta decisión después de que el Tribunal Supremo le indicase que existían “indicios consistentes” de que los dos “hubieran podido prestar asistencia” a la trama para conseguir los contratos millonarios sospechosos. El magistrado Ismael Moreno, juez instructor de la Audiencia Nacional, ha citado a declarar como imputados el día 21 a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif; y a Javier Herrero, ex director general de Carreteras, después de que ambos fuesen señalados por la Guardia Civil por su presunta implicación en el amaño de obras públicas a cambio de mordidas investigadas en el caso Cerdán. Ismael Moreno, que ya aprobó el registro de sus domicilios en junio, toma esta decisión después de que el Tribunal Supremo le indicase que existían “indicios consistentes” de que los dos “hubieran podido prestar asistencia” a la trama para conseguir los contratos millonarios sospechosos. Los nombres de estos dos ex altos cargos sobrevolaban la causa desde hace meses.

Luz verde a una nueva inyección de recursos comunitarios para España procedente de los fondos europeos, pero con letra pequeña. La Comisión Europea desbloqueó ayer el quinto desembolso del programa Next Generation EU para el país, que asciende a 23.900 millones de euros, pero retiene alrededor de 1.110 millones de euros de esa cuantía por considerar que el Gobierno no ha cumplido con todas las reformas a las que se había comprometido para recibir las ayudas. A la hora de justificar el recorte de los fondos, el Ejecutivo comunitario apunta directamente al incumplimiento del compromiso de fiscalidad verde alcanzado por Hacienda para equiparar el tratamiento tributario del diésel al de la gasolina, que el Gobierno no ha conseguido sacar adelante en el Congreso y que resta al país unos 460 millones de euros de los fondos comunitarios. A ello se le suma también la falta de inversiones en la digitalización de las entidades regionales y locales, una medida que busca “garantizar un acceso más fácil de los ciudadanos a los servicios gubernamentales”, apuntan desde Bruselas, que resta otros 40 millones de euros por este incumplimiento. “A España se le concederá tiempo adicional para completar los hitos pendientes, aunque seguirá recibiendo un pago parcial por los hitos que se hayan cumplido con éxito”, explicó la Comisión Europea. Junto a estos dos hitos incumplidos, Bruselas también ha congelado 623 millones de euros por considerar que no se ha compensado a los funcionarios que han sufrido una alta temporalidad, los interinos.

El Banco Central Europeo (BCE) anunció la semana pasada un cambio en su estrategia monetaria. La institución presidida por Christine Lagarde será más dura y contundente frente a los shocks inflacionarios, incluso aunque sean exógenos, siempre que esos se perciban como persistentes. Sin embargo, de este ejercicio de reflexión interna sale también un banco central más flexible y sensible a las necesidades de los inversores. La autoridad monetaria europea ha anunciado que incorporará escenarios alternativos a su proceso de toma de decisiones y a sus proyecciones macroeconómicas y, además, valorará hacerlos públicos en determinados momentos para que puedan conocerlos los inversores. El objetivo es que de forma recurrente se cuente con un análisis de sensibilidad y riesgos sobre las posibles desviaciones respecto al escenario base recogido cada trimestre por el BCE, algo que se espera que pueda dar algo más de certidumbre en tiempos complejos. Contar con un abanico de escenarios en unas proyecciones macroeconómicas no es algo completamente nuevo para el BCE. La autoridad monetaria publicó por primera vez diferentes supuestos con distintas sendas para el crecimiento y la inflación en plena pandemia, al considerarse incapaz de determinar un único supuesto sin conocer el alcance de la enfermedad, el tiempo que estarían vigentes las restricciones y el impacto sobre la economía.

El grupo químico estadounidense Dow anunció ayer que cerrará tres factorías en Europa (dos en Alemania y una en Reino Unido) con el fin de “dimensionar la capacidad regional”, reducir costes y eliminar las partes de mayor gasto y alto consumo energético en la zona, lo que afectará a unos 800 puestos de trabajo. El gigante estadounidense prevé cerrar a mediados e 2026 una planta en la localidad británica de Barry. Además, en el cuarto trimestre de 2027 clausurará una planta craqueadora de etileno en Böhlen y otros activos de cloro-álcali y vinilo en Schkopau, ambos en Alemania. Dow anotará cargos de reestructuración de entre 630 y 790 millones de dólares (entre 535 y 670 millones de euros), tanto por amortizaciones y enajenación de activos, como indemnizaciones por despido y otros costes. Según el grupo químico, el cierre de los activos resultará en un aumento del ebitda operativo a partir de 2026. El repliegue en Europa se suma a otras medidas de ahorro de costes de 1.000 millones de dólares (849 millones de euros) que Dow anunció en enero, que incluía una reducción de plantilla de unos 1.500 empleos a nivel mundial. “Nuestra industria en Europa continúa enfrentándose a dinámicas de mercado complejas, así como a un panorama de costes y demanda desafiante”, afirmó Jim Fitterling, CEO de Dow.

Los mercados arrancaron ayer la semana expectantes por conocer si la tregua arancelaria llega a su fin. Tras una mañana de indefinición, los inversores se decantaron por las subidas, y las Bolsas europeas marcaron avances moderados. El anuncio de la Comisión Europea de que está avanzando hacia un acuerdo marco con EE UU y la ampliación de la tregua arancelaria hasta el 1 agosto (publicado por Donald Trump en su red social Truth) decantó la sesión al alza, mientras en EE UU la tendencia fue la contraria. El fin de semana el presidente estadounidense había indicado que los aranceles “recíprocos”, anunciados en abril entrarán en vigor el 1 de agosto para los países que no hayan llegado a un acuerdo. Ibex 35 superó los 14.000 de la mano de la subida de ayer, un 0,73%, inferior al 1% que sumó el Dax alemán o el 0,9% del Euro Stoxx 50. Con los mercados europeos cerrados, Trump empezó a desvelar sus intenciones. En una publicación en Truth, el republicano anunció también que a partir del 1 de agosto aplicará un arancel “recíproco” del 25% para los productos procedentes de Japón y Corea, en línea con el anunciado el 2 de abril. “Si por cualquier motivo deciden subir sus tarifas, el porcentaje que elijan se sumará al 25% que cobramos”, advirtió. Wall Street, que desde primera hora registraba pérdidas, aceleró los descensos y bajaba un 1% al cierre de esta edición. El S&P 500 y el Nasdaq hacen una pausa y se apean de los máximos registrados la semana pasada. Los analistas de Morgan Stanley consideran que los acuerdos a corto plazo son de alcance limitado y dejan muchas preguntas sin respuesta.

“Negociamos con más de 170 países. ¿Cuántos acuerdos se pueden lograr? Serán muy buenos, pero negociarlos es muy complicado”. El presidente de EEUU, Donald Trump, trabaja contrarreloj para intentar cerrar el mayor número posible de tratados comerciales antes de que mañana finalice la tregua de 90 días que concedió poco después de declarar la guerra arancelaria al mundo el pasado 2 de abril. Salvo Reino Unido y Vietnam, al cierre de esta edición la mayoría de esos acuerdos siguen en el aire. Incluso la tregua con China, firmada hace unos días, sigue pendiente de que se concreten los detalles para que entre en vigor de forma permanente. Especialmente complejas están siendo las negociaciones con la Unión Europea, Japón y Corea, de los que se esperan anuncios en cualquier momento a lo largo del día de hoy que definan el nuevo mapa del comercio internacional. Aunque Trump ha descartado conceder nuevas prórrogas, lo cierto es que ya ha ampliado el plazo hasta el 1 de agosto, que es la nueva fecha elegida para que entren en vigor los aranceles recíprocos para los países que mañana no tengan un acuerdo firmado con EEUU. Hasta ayer, Washington seguía defendiendo que las tarifas iban a empezar a aplicarse mañana mismo. El objetivo es que no se vea como una capitulación. En sentido estricto, la Casa Blanca mantiene la fecha del 9 de julio, en la práctica, es una forma de ganar tiempo. Mientras, Trump intensifica sus amenazas y presiones. De hecho, la Casa Blanca empezó a enviar ayer cartas a los países afectados y con los que las negociaciones están más estancadas.

El test de estrés al que Donald Trump viene sometiendo al comercio mundial desde su regreso a la Casa Blanca amenaza con acelerar durante las próximas horas y desencadenar una nueva oleada de medidas unilaterales que devuelvan el caos a los mercados. El plazo impuesto por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo comercial que evite la reactivación de unas barreras aduaneras sin precedentes expira mañana mismo. Y lo hace en un clima de máxima tensión, con apenas un par de pactos cerrados –con Reino Unido y Vietnam, además de una tregua con China– y un temor creciente a una nueva recesión global. El presidente estadounidense, sin ningún reparo en dinamitar sus alianzas tradicionales, comenzó ayer a enviar cartas formales a sus socios comerciales detallando los aranceles que se aplicarán a sus exportaciones a partir del 1 de agosto. Los primeros en recibir el aviso fueron dos de sus aliados estratégicos en Asia, Japón y Corea del Sur, cuyas mercancías serán penalizadas con un gravamen del 25%. Las misivas también llegaron a Myanmar (40%), Laos (40%), Sudáfrica, (30%), Malasia (25%) y Kazajistán (25%). La Administración Trump, ya acostumbrada a convertir cada decisión en una prueba de resistencia para los equilibrios multilaterales, demuestra con este movimiento que su apuesta por la guerra comercial va en serio. Al señalar directamente a dos países clave de la región Asia-Pacífico, donde Estados Unidos lleva años tratando de reforzar su influencia frente al ascenso de China, envía un mensaje tan contundente como contradictorio.