20220917

Sus responsables comunicaron en la mañana de ayer al comité de empresa la «desactivación» de algunas de las actividades de la fábrica durante los fines de semana de todo el mes de octubre. Así se ha dado en llamar lo que en la práctica es parar el trabajo en algunas de las líneas de fabricación. Se trata de una medida que ya se ha aplicado durante algunas jornadas de este mes de septiembre y que, vistas las malas previsiones que se ciernen sobre la economía, parece que será tónica general «al menos a medio plazo», según reconocieron fuentes de la multinacional. La decisión fue comunicada al comité de empresa a primera hora de ayer viernes por la dirección de la factoría. La parada afectará a 1.845 trabajadores –de los cerca de 3.500 que ocupa la planta– de las secciones de cubiertas de turismos, ruedas pequeñas. La empresa reconoce «una gran incertidumbre de cara a los próximos meses porque no hay demanda» de ingeniería civil y algún taller de semiterminados. «Gracias a los mecanismos de flexibilidad pactados en la empresa, estas paradas de producción no afectarán al sueldo de los trabajadores implicados ni al mantenimiento del empleo», según explicó Alberto Martín, miembro de la sección sindical de CC OO-Michelin.

El alza de los precios sigue presionando el bolsillo de los consumidores y no es una situación exclusiva de España. La inflación en la zona euro alcanzó en agosto una cifra récord del 9,1%, dos décimas más que en julio, según publicó ayer Eurostat. Al mismo tiempo, en otro indicador conocido ayer, el euríbor amaga con rebasar el 2% este mes ante la lucha del Banco Central Europeo (BCE) contra la inflación a través de la subida de tipos de interés. En este contexto, con una media del 2% en el euríbor, la hipoteca media de un guipuzcoano se encarecería en 183 euros al mes (o 2.196 euros al año). El cálculo se realiza tomando como referencia en Gipuzkoa una hipoteca de 150.000 euros a 30 años. Cabe recordar que la cuantía final siempre dependerá del calendario de revisión del crédito y del diferencial (en este caso hemos aplicado euríbor +1%) que tenga comprometido cada ciudadano con su banco, así como el tipo de crédito (fijo o variable). La inflación subyacente de la Unión Europea, que excluye alimentos y energía y, por lo tanto, es considerada como la más persistente, también alcanzó un récord del 4,3%, tres décimas más que en julio. Este dato es precisamente el que más preocupa al Banco Central Europeo (BCE), que además se mantiene varios pasos por detrás de la Reserva Federal (Fed) estadounidense en el ritmo de endurecimiento de la política monetaria. 

La revisión del IPC de agosto efectuada ayer por Eurostat corroboró que la inflación se encuentra en las cotas más altas en la historia de la zona euro, carcomiendo el poder adquisitivo de las familias; torpedeando la actividad productiva, estrangulada por los altos costes, y forzando así al BCE a un endurecimiento más rápido e intenso de su política monetaria, lo que puede desembocar más pronto que tarde en un periodo de contracción económica. Esto es, en una recesión en parte autoinfligida para evitar el mal mayor que supondría a medio plazo la combinación de elevadas tasas de inflación con un crecimiento anémico. La oficina estadística comunitaria confirmó ayer el dato avanzado hace dos semanas: el IPC armonizado se catapultó hasta el 9,1% anual en agosto, dos décimas más que en julio y la cifra más alta desde la existencia de la moneda única, espoleada por la energía y los alimentos frescos, que se dispararon un 38,6% y un 10,6%, respectivamente. En apenas un año, la inflación se ha triplicado en la zona euro al pasar del 3% en agosto de 2021 a la tasa actual, una subida exponencial que la guerra en Ucrania ha agravado e intensificado pero que venía de meses atrás. En noviembre, diciembre y enero, en vísperas del conflicto en Europa del Este, el IPC armonizado ya fluctuaba en tasas anuales de entre el 4,9% y el 5,1%; es decir, más que duplicando el objetivo del BCE de una inflación del 2% dentro de su mandato de preservar la estabilidad de precios. Sin embargo, la autoridad monetaria europea aún seguía defendiendo por aquellas fechas que la crisis inflacionista era pasajera y que se iría desinflando a lo largo de 2022. La agresión de Rusia a Ucrania truncó esa esperanza, y ahora Europa se enfrenta a una crisis energética y de precios sin precedentes, con el BCE actuando como bombero apresurado para intentar apagar el incendio inflacionista.

El Gobierno francés ha elevado el descuento en el litro de combustible de 18 a 30 céntimos –medida que estará en vigor en septiembre y octubre para paliar el actual escenario inflacionista–, lo que está provocando que algunas estaciones de servicio de Iparralde ofrezcan por primera vez en la historia el precio del diésel por debajo de la media de Gipuzkoa. La bonificación del Ejecutivo galo es actualmente 10 céntimos superior a la que se aplica a este lado de la muga, si bien aquellos clientes fidelizados con una tarjeta puedan llegar a gozar también de rebajas de ese calibre en Gipuzkoa. Pero si nos ceñimos al grueso de la población, los 20 céntimos son la norma en nuestro territorio. De toda la vida, llenar el depósito siempre ha sido más rentable en Gipuzkoa con un ahorro que ha oscilado entre los 15 y los 20 euros. Pero en el último año, marcado por la crisis energética y el estallido de la guerra en Ucrania, esa histórica brecha se ha ido reduciendo. 

Los vascos tienen ahorrados 79.318 millones de euros en cuentas corrientes. «Si ustedes son ahorradores y tienen un depósito a plazo, yo me iría al banco a pedirle que me actualizara la remuneración». La frase es del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, e ilustra la primera consecuencia de la subida de los tipos de interés. Los bancos suben las hipotecas pero no pagan por los ahorros de sus clientes, salvo la banca ‘online’, que intenta ganar cuota y ofrece intereses del 1% por depósitos de 20.000 a 30.000 euros. Tanto Kutxabank como BBVA, Laboral Kutxa o Banco Santander están siguiendo de cerca la evolución del mercado y de la competencia, pero todavía, según han confirmado a El Correo, no han movido ficha y siguen la dinámica general del sector de no pagar intereses a los ahorradores. El caso es que los tipos de interés, elevados hasta el 1,25% la pasada semana por el Banco Central Europeo, sí encarecen el pago de la hipoteca, pero los bancos no trasladan ese mismo efecto al dinero que sus clientes tienen depositado. Es más, las entidades están recibiendo desde este pasado jueves una retribución por las cantidades que guardan en el BCE, una situación que llevó al propio vicepresidente de la autoridad monetaria, Luis de Guindos, a invitar a los clientes a tomar la iniciativa. 

El secretario general del sindicato UGT, Pepe Álvarez, tiene previsto reunirse este lunes con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a la que propondrá la creación de un fondo presupuestario de rescate hipotecario para personas y familias de bajos ingresos ante la escalada iniciada por los tipos de interés. Se trata de un fondo de protección frente al aumento excesivo del coste hipotecario que “pretende evitar un endeudamiento desmedido de los hogares españoles por causas sobrevenidas, como es el incremento de los tipos ligado a una situación de inflación extraordinaria” y en un escenario en el que las rentas no se han actualizado. Según UGT muchas decenas de miles de familias van a ver cómo su coste hipotecario se eleva de manera extraordinaria y excesiva en su próxima renovación, como consecuencia del aumento de los tipos de referencia establecidos por el BCE –en el 1,25% –y la subida del euríbor hasta el 2% en septiembre, cuando hace un año era del 0,49%. UGT propone que los posibles beneficiarios de este fondo sean dos grandes colectivos. Por un lado, personas con unos ingresos totales inferiores al salario medio en España que, según el último dato publicado por el INE (2020), se sitúa en 1.797 euros mensuales brutos con 14 pagas, es decir, 25.165,51 euros al año. Si bien este umbral de renta se incrementaría según una escala ajustada por el número de personas que componen la unidad de convivencia. Para esto último se usarían las herramientas de elaboración de este tipo de escalas que utiliza la OCDE. El segundo gran colectivo que podría beneficiarse de esta ayuda serían las personas o unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad social: cuando existan personas dependientes, jubiladas de manera ordinaria (una vez cumplida la edad), víctimas de violencia de género o menores de edad a cargo.

El impuesto a la banca no sólo tendrá un impacto negativo para el sector financiero, sino que será un “freno” para la economía española en su conjunto. Así lo señaló ayer, desde Barcelona, el presidente de BBVA, Carlos Torres. Las entidades bancarias tienen un “papel neurálgico”, por lo que “ponerle un freno a lo que es el sistema circulatorio de la economía” tendrá una repercusión global. Implicará “menos capital, menor inversión, menos crecimiento, menos empleo, menos riqueza y menos impuestos”, detalló. Por todo ello, el gravamen “no tiene sentido”, concluyó Torres. Sin embargo, no se aventuró a decir si contribuirá a rebajar el PIB nacional en un momento muy delicado para la economía española, a raíz de la crisis energética y la inflación desbocada. “La deuda pública es muy elevada, del 120% del PIB; entiendo la necesidad de recaudar más dinero” pero las medidas deberían ser “temporales” y “distorsionar lo menos posible al funcionamiento de los mercados”, explicó. Torres aseguró que la coyuntura es compleja, aunque hay datos que invitan a no dejarse llevar por el pesimismo. A diferencia de otras crisis anteriores, ahora la deuda de los hogares y las empresas es menor, y se sitúa en la media europea. “Su balance es más saneado”, apreció. El gasto en tarjetas “todavía es bueno” y hay altas tasas de crecimiento en las compras, dos datos que no invitan a pensar a que venga una recesión.

La alta inflación ahoga a los trabajadores autónomos, que piden socorro solicitando al Gobierno un salvavidas en forma de rebajas fiscales que alivie sus costes de producción. Así se lo expresaron ayer al Ejecutivo las dos principales organizaciones de autónomos de España, ATA y UPTA, al reclamar, entre otras medidas, una rebaja en el IRPF de los trabajadores por cuenta propia. Por un lado, UPTA señaló ayer que los autónomos se encuentran “al límite” ante los “desproporcionados” costes de producción que tienen que asumir con la inflación disparada por encima del 10%, por lo que la organización ha remitido a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una serie de propuestas urgentes. Entre ellas se encuentra la rebaja de los tipos impositivos del IRPF a los autónomos con ingresos netos inferiores a los 18.000 euros al año, así como rebajar temporalmente la retención de IRPF aplicada a las facturas emitidas por los profesionales. Otra propuesta fiscal de UPTA es bajar el IVA al 4% para los alimentos de primera necesidad y aquellos artículos de la misma categoría a los que actualmente se aplica un tipo del 10%. El presidente de UPTA, Eduardo Abad, defiende que “esta medida permitiría una bajada del precio final de los alimentos, sin que se merme la recaudación, ya que la subida del precio de los alimentos provocada por la inflación permite recaudar más”. Entre el resto de propuestas de UPTA se encuentran fijar un tope a las comisiones bancarias para que las entidades no puedan repercutir en sus clientes el nuevo impuesto. 

Durante el segundo trimestre del año, mientras la Encuesta de Población Activa (EPA) señalaba la tasa de paro más baja desde 2008, las empresas vivían un momento complicado para encontrar trabajadores. Así se desprende de la Encuesta trimestral del coste laboral elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, que indica que, entre abril y junio, hubo 145.053 vacantes sin cubrir. Se trata del máximo histórico de esta estadística, que el INE recoge desde el tercer trimestre de 2013. Por entonces, cuando la tasa de paro rebasaba el 25%, el número de vacantes era sólo de 72.790. La evolución ha sido claramente ascendente, con algunos bajones puntuales. De las 145.000 vacantes, nueve de cada diez son atribuibles al sector servicios, ya que es responsable de más de 130.000 de ellas. En el segundo trimestre del pasado año, los servicios superaron las 100.000 vacantes, y aunque durante el último trimestre del año bajó de ese umbral, desde entonces su subida es destacada: casi 25.000 en el primer trimestre del año y otras 11.000 en los tres meses siguientes. En comparación con el sector servicios, las vacantes surgidas en la industria y la construcción están muy por debajo: los dos sectores suman casi 15.000, siete veces menos que los servicios. Al fin y al cabo, se trata de un sector con una gran rotación en el que siempre hay necesidad de empleados. Desde el último trimestre de 2021, la industria sólo ha sumado 2.400 vacantes. Mientras, la construcción ha disminuido en medio año 1.100 vacantes, lo que da muestra del empuje del empleo en el sector. Según datos del Ministerio de Trabajo, la construcción alcanzó en junio de este año su menor tasa de desempleo de los últimos quince años. Aun así, queda mucho por recorrer en la construcción.

Un año después del comienzo de la pandemia, el Gobierno aprobó un paquete de ayudas directas a empresas y autónomos por valor de 7.000 millones de euros. Tras muchas críticas por el retraso y con numerosas trifulcas internas en el Ejecutivo debido a la envergadura y el diseño del plan, finalmente se concedieron subvenciones entre 3.000 y 200.000 euros. La idea consistía en que no se perdiese tejido productivo durante la crisis por aquellos gastos de las compañías que no se habían cubierto con los ERTE y que podrían lastrarlas. Un año y medio más tarde ya hay un balance definitivo de cuánto se ha gastado. Las comunidades autónomas, las encargadas de gestionar estas subvenciones, han devuelto al Tesoro el 25%: 1.719 millones, según datos de ejecución publicados por el Ministerio de Hacienda. Es decir, uno de cada cuatro euros en ayudas no se entregó. Esa cantidad engrosará la recaudación del Estado de este año. La cantidad finalmente concedida han sido 5.225 millones, de los que ya se han pagado casi la totalidad: 5.198 millones. El plan se enfrentó a múltiples problemas desde el inicio. 

Tras superar las turbulencias a causa del covid-19, la industria aeronáutica, con notable peso en Euskadi, registra una clara demanda de aviones más tecnológicos, más ecológicos y de bajo consumo de combustible. Existe una creciente recuperación del mercado a medida que el sector busca acelerar el progreso hacia aeronaves ‘cero neto’. Líderes  reconocidos a nivel mundial como Airbus, Boeing, Rolls-Royce o Embraer revelaron una fuerte acumulación de pedidos de aviones y motores, asociaciones globales de miles de millones de dólares y contratos en las cadenas de suministro aeronáutico, espacial y de defensa. Una recuperación de la que espera beneficiarse el tejido industrial vasco, que acoge un buen número de fabricantes de equipos aeronáuticos y espaciales, representados la mayoría de ellos en la Asociación Clúster de Aeronáutica y Espacio (Hegan), cuyo último balance, referido al año 2021, mostraba aún el impacto de la crisis sanitaria en el sector. A pesar de ello, las 68 empresas y entidades asociadas, posicionadas en toda la cadena de valor aeroespacial, acabaron el año con una facturación de 1.867 millones de euros, similar a la de 2020; con una positiva recuperación del 3% en el empleo y un crecimiento del 15% de la inversión en I+D+i, que alcanzó los 117 millones. La industria vasca se compromete con la aviación sostenible a través de programas como ‘Clean Sky’ de la UE y ‘ZEROe’ de Airbus. 

Mikel Kerejeta Gerente de Seguridad Informática de Lazpiur. «Existen empresas que no han hecho una reflexión del riesgo, pero sufrirán un ataque y hay que estar preparados». "La superficie de ataque se ha visto incrementada por todo el proceso de digitalización. Siempre han existido ‘hackers’, pero en los últimos años se han vuelto más violentos y disponen de mayores recursos. Los ‘malos’ invierten tres veces más que los ‘buenos’. Y eso que cada vez gastamos más dinero. – ¿Qué nivel de preocupación existe en las empresas?– Están apretando a todos sus departamentos de seguridad y trabajadores para que se pongan las pilas. Pero también es cierto que existen negocios que todavía no han hecho esa reflexión de riesgos. Haciendo un símil con el ciclismo. Existen dos tipos de ciclistas: el que ya se ha caído y el que se va a caer. Aquí ocurre lo mismo. Si alguna empresa todavía no ha recibido ningún ciberataque, tarde o temprano sufrirá uno. Hay que estar preparado..."

El desconocimiento de esta nueva modalidad entre las pymes, gran mayoría en España, dificulta su conversión en centros formativos. La formación profesional (FP) dual en España, por la que los alumnos de este tipo de enseñanza reciben conocimientos teóricos y prácticos casi a partes iguales desde el principio, ha tenido un gran impulso tras la ley que entró el pasado mes de abril. La norma implanta un sistema completamente dual, por el cual los estudiantes de la FP general deben contar entre un 25% y un 35% de formación práctica in situ en empresas, y los de FP intensiva, entre un 35% y un 50%. En esta etapa ya existe contrato laboral y, por consiguiente, remuneración. La ley ha sido muy bien recibida en los ámbitos educativo y empresarial. De hecho, fue consensuada con todos los agentes sociales durante su elaboración. No obstante, el camino que se abre no está exento de problemas, pues la mayor implicación de la empresa en la formación profesional va a llevar su tiempo. “Las compañías, grandes, medianas y pequeñas, se han convertido en impartidoras de formación más allá de tener a un becario en prácticas, y eso supone una transformación”, asegura Juan Carlos Tejeda, director de formación de CEOE, quien añade que por eso se habilitó un periodo de transición hasta 2028. La principal dificultad para el tejido empresarial no es tanto económica, explica Tejeda, sino “el desconocimiento que gran parte de las empresas españolas tiene sobre lo que es la nueva FP dual o de cómo ponerla en práctica”. 

Mondragon Unibertsitatea arrancó ayer un nuevo curso con una apuesta clara por la innovación y por reforzar su metodología. Algo para lo que es clave la generación del conocimiento mediante la investigación y transferirlo a los alumnos para después compartirlo con las empresas con el fin de lograr que tenga un impacto socioeconómico. Pero para el rector Vicente Atxa, «por encima de la docencia o la transferencia del conocimiento está el papel social de la universidad». Su labor «más importante» es la de servir como agente de «la transformación social en la construcción de una sociedad con menos desigualdades». «Y en este sentido, el conocimiento y la educación son las armas más fuertes para combatir las desigualdades», aseguró Atxa durante su intervención en la apertura del curso académico de esta institución académica que, por primera vez en sus 25 años de historia, tuvo lugar en Bizkaia. En concreto en el campus de Bilbao As Fabrik. Este curso arranca con más de 6.700 matriculados en 18 grados y 19 másteres que ofrece Mondragon Unibertsitatea –una parte importante de ellos duales– en todos sus campus de Euskadi. De estos alumnos, 1.700 son nuevos estudiantes de grado, un 9% más que el año pasado. Todos estos estudiantes van a recibir una formación «eminentemente práctica» y con un papel fundamental de la «investigación» y la innovación. Ver nota Mondragon Unibertsitatea. 

«La transformación del sistema educativo ya ha comenzado», sostiene el responsable de la educación en Euskadi. El consejero Jokin Bildarratz está «muy satisfecho» de cómo se ha recogido en el anteproyecto de Ley de Educación vasca «el mandato del más del 90% del arco parlamentario». Recibe las críticas al texto publicado esta semana con tranquilidad, la misma que pide a la comunidad educativa. «Ahora toca escuchar, reflexionar y recibir las aportaciones y alegaciones para poder presentar, espero en diciembre, el mejor texto posible al Consejo de Gobierno y de ahí al Parlamento». Tiene claro el objetivo. «Estamos estableciendo la educación de 2040». «Es normal el nerviosismo de los colegios por la baja natalidad». "Somos conscientes de la situación y trasladamos un mensaje de tranquilidad. Nos corresponde ayudar a los colegios, sean cuales sean, para adoptar algunas decisiones para hacerlos más fuertes.– ¿Qué pasará a corto plazo?– Hay centros que lo van a pasar mal, sobre todo los de una línea si exceptuamos a las eskola txikiak. En las grandes ciudades habrá colegios que deban dar con un proyecto muy exclusivo o que tendrán que pensar en otro tipo de decisiones. En la red pública habrá que contar con más centros que comiencen con los más pequeños hasta Secundaria. A los colegios concertados les ayudaremos para que no se vean afectados sus alumnos ni sus profesionales..."

El Gobierno federal alemán intervino y asumió ayer el control de las tres refinerías que el consorcio energético ruso Rosneft gestiona en Alemania. Con el fin de asegurar el funcionamiento de las refinerías situadas en las localidades de Schwedt, Karlsruhe y Vohburg, el Ejecutivo de Berlín ordenó que el importador de crudo Rosneft Deutschland (RDG) y la RN Refining & Marketing Gmb (RNRM) pasen a ser administradas de manera fiduciaria por la Agencia Federal de Redes, según anunció el Ministerio federal de Economía. La medida entró ayer mismo en vigor y será efectiva inicialmente durante los próximos seis meses. Las propias empresas afectadas asumirán los costes de la operación, subrayó el ministerio que dirige el ‘verde’ Robert Habeck. Poco después, el canciller federal, el socialdemócrata Olaf Scholz, subrayó que la intervención de las filiales de Rosneft en este país «es un paso importante» para garantizar la seguridad energética de Alemania. «Aprovecharemos las oportunidades que ofrece esta decisión; el tiempo de incertidumbre se ha terminado», afirmó Scholz, quien señaló que se trata de «una decisión en materia de política energética de amplias consecuencias para proteger a nuestro país». Rusia ya no es un socio seguro, sentenció el jefe del Gobierno germano, que anunció inversiones de 1.000 millones de euros en los próximos años para la supervivencia de la planta de Schwedt, que hasta ahora depende exclusivamente del suministro de crudo ruso que llega a través del oleoducto ‘Druschba’ y amenazada de cierre sin ese suministro. 

Aprovechando la afluencia de numerosos líderes de países orientales y exrepúblicas soviéticas con motivo de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Samarcanda (Uzbekistán), el presidente ruso, Vladímir Putin, se ha reunido por separado con varios de los asistentes. El jueves lo hizo con el presidente chino, Xi Jinping, y entre los contactos de ayer destacaron los mantenidos con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, y con el primer ministro indio, Narendra Modi. Igual que tuvo que dar explicaciones a Xi sobre los motivos por los que Rusia invadió el país vecino el 24 de febrero y lo mucho que dura ya el conflicto, se vio obligado a hacer lo mismo con algunos de sus interlocutores. Modi le dijo que «ahora no es momento para la guerra, ya que la seguridad de los suministros de alimentos, fertilizantes y combustible se encuentra entre las principales preocupaciones actualmente». Putin respondió, según las agencias rusas, que conocía «su posición sobre el conflicto en Ucrania, las preocupaciones que usted expresa constantemente (...), pero haremos todo para que esto se detenga lo más rápido posible. Por desgracia, la parte opuesta, la dirección de Ucrania, ha rechazado el proceso de negociaciones, ha anunciado que quiere lograr sus objetivos por medios militares, como ellos mismos dicen, en el campo de batalla». Sin embargo, poco después, durante la rueda de prensa, el mandatario ruso se contradijo, manifestó que «nuestras operaciones ofensivas, en el Donbás, no se detienen, avanzan poco a poco (...) El plan no exige que nos apresuremos».