20241118

El peor año de producción en el último lustro. Ese es el título con el que Mercedes encara su 2025 en Euskadi en un difícil contexto europeo del sector, sumido en una preocupante crisis, aunque con la tranquilidad de tener garantizada la inversión de 1.000 millones de euros que la multinacional alemana hará en la planta de Vitoria para su crecimiento y modernización. Pese al importante recorte de producción no habrá despidos en la factoría, donde las negociaciones han naufragado por el calendario de los turnos. Peor situación están viviendo en la cadena de proveedores. De Mercedes dependen 800 subcontratas y más de 30.000 puestos de trabajo. Muchos de ellos en Álava, pero otros tantos repartidos por puntos de media Euskadi y el resto de España. Este año, ya flojo de producción, miles de empleados han sufrido un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). Así ha ocurrido en firmas como Benteler (responsable de los ejes), SAS (salpicaderos), Faurecia (asientos delanteros), Lear (asientos traseros), Gestamp (carrocería) o Gonvarri (proveedor de Gestamp). En otras empresas como DHL (logística), Auria Solutions (suelos) o Ceva Logistics (logística), la situación no ha sido mejor: se han ampliado bolsas de flexibilidad como en Mercedes, pero las plantillas deben muchas jornadas a sus empresas. Según los datos recabados por EL CORREO, sólo en este puñado de compañías hay más de 3.000 trabajadores sobre los que sobrevuela la amenaza de un ERTE o despidos entre sus eventuales. Ahora, una vez concluida la negociación en la matriz, en Mercedes, es cuando toca abordar los calendarios del próximo año en las subcontratas. De momento, sigue sin haber movimientos. Ninguno de los comités consultados han recibido la llamada de sus direcciones para negociar el programa de trabajo para el próximo curso. Pero los precedentes apuntan a un escenario similar.

La compleja situación de la fábrica más importante de Euskadi preocupa en el resto del empresariado. En un territorio eminentemente industrial como Álava, la patronal admite que los bajos volúmenes, «mucho menores que en años pasados» de la multinacional, «preocupan» en su seno. Así lo afirma el director general de SEA Empresas Alavesas, Juan Ugarte. La baja producción hará que la red de proveedores tenga que ajustarse y Ugarte concede que esa adaptación a la realidad implicará «dificultades económicas y organizativas». Pese a ello, la patronal confía «en la fortaleza y buen hacer de Mercedes» para salvar una situación que SEA tilda de «delicada» a nivel europeo. La firma de la estrella, en opinión de Ugarte, tiene mimbres «para salir airosa» del revés de la automoción del continente. La dependencia de la Avenida de Los Huetos es más que relevante en la economía alavesa. Según datos difundidos por la propia compañía en septiembre, Mercedes pone sobre la mesa el 33,7% del PIB del territorio. Es, además, la puerta de Acapara con sus furgonetas el 45,16% de las exportaciones de Álava al extranjero la que salen el 45,16% de las exportaciones de Álava al resto del mundo. Son cinco modelos los que fabrica Vitoria en la actualidad: la histórica Vito, la Clase V, los Marco Polo y dos unidades eléctricas, la EQV y la eVito. A partir de 2026 esa situación cambiará radicalmente con la plataforma VAN.EA, la que traerá a Vitoria las furgonetas ‘fullelectric’. Sin embargo, su impacto se dejará sentir este mismo año en la Avenida de Los Huetos. Parte de la plantilla que dejará de trabajar en las líneas se formarán en esta plataforma.

Sidenor trabaja en el análisis de las cuentas de Talgo para preparar una oferta a la vez que diseña la fórmula con la que hacerse con el control del fabricante de trenes. Una operación con múltiples vertientes que pasa por el precio que ofrecer en la negociación al principal accionista de Talgo, Trilantic. Fuentes conocedoras del proceso confirman que el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, quiere cerrar un acuerdo antes de final de año para adquirir el control del 29,9% de las acciones de la compañía. Una de las claves de la operación es concentrar la compra en ese porcentaje que, según la cotización de bolsa, supondría unos 126 millones. Superar el 30% obligaría a presentar una opa sobre toda la empresa, lo que elevaría el coste a más de 420 millones, a cierre de mercado del viernes. Jainaga, para diseñar la financiación, cuenta con el respaldo de los gobiernos central y vasco, que están dispuestos a entrar adquiriendo participaciones en la empresa para asegurar su proyecto industrial. Además, como desveló este medio, la Fundación Vital –una de las accionistas de Kutxabank– está dispuesta también a aportar capital. Ese respaldo institu- cional es la principal baza que quiere emplear Sidenor para presentarse como única candidatura viable para controlar una empresa que el Gobierno central considera estratégica y sobre la que vetó el intento de compra de la húngara Magyar Vagon. El fondo americano Trilantic, representado por Javier Bañón, busca en cambio dar entrada a una alternativa que le permita encarecer la operación. Su propuesta de venta sigue en los 5 euros por acción que plantearon los húngaros. Eso haría que el coste del 29,9% de las acciones alcanzara los 185 millones. En las últimas semanas se han tratado de reactivar vías fallidas como la de Skoda o la de Pesa, participada por el Gobierno polaco. Incluso, uno de los constructores indios, Jupiter Wagon, está preguntando por Talgo atraído por el ruido.

La reforma fiscal de Gipuzkoa y de Euskadi rebajará la carga al ahorrador medio y subirá dos puntos, hasta el 27%, el tipo máximo para rendimientos del ahorro de más de 240.000 euros. El anteproyecto de norma foral, que hoy se abre al periodo de exposición pública, rediseña los cinco tramos para una «mayor progresividad», e incrementa la bonificación casi el doble para las rentas del trabajo inferiores a los 23.000 euros. La progresividad es uno de los ejes principales de la reforma fiscal de Gipuzkoa y Euskadi. El anteproyecto de norma foral al que ha tenido acceso este periódico, y que hoy se abre al periodo de exposición pública, consta de seis capítulos y 17 artículos, y entre ellos destaca uno mediante el cual se pretende beneficiar al ahorrador medio aproximando la carga tributaria al principio de progresividad. Esta medida busca rebajar la carga soportada por el ahorrador medio e incrementar la de las rentas del ahorro más elevadas. Estas rentas son las que provienen de aquellos ingresos que no están relacionados con el trabajo, tales como el cobro de seguros de vida e invalidez, intereses en cuentas corrientes, dividendos, ganancias y pérdidas patrimoniales... Para alcanzar dicho objetivo, el nuevo texto fiscal rediseña los cinco tramos de la escala del ahorro preexistentes y añade uno más, elevando el tipo máximo de la escala hasta el 27% (ver tablas adjuntas). Así, se creará un nuevo tipo por encima del máximo actual del 25% para aquellas personas con ingresos superiores a los 240.000 euros. A partir de esa cantidad, el tipo aplicable será del 27%, y un escalón por debajo se presenta otro gravamen del 26% para rentas del ahorro que se muevan entre los 120.000 y los 240.000 euros. La intención de las Haciendas forales es rebajar la presión fiscal sobre el resto de rentas en la medida en que suba la recaudación por los contribuyentes con esas ganancias superiores a los 240.000 euros. En definitiva, inyectar más dinero en el bolsillo del pequeño y mediano ahorrador con una medida que impactará en una gran parte de los contribuyentes del territorio.

Hoy abre sus puertas en Bilbao ‘Harreragune’, la primera oficina pública de Euskadi de acogida a inmigrantes. Se trata de un proyecto piloto, impulsado por el Gobierno vasco y el Ayuntamiento, que prestará una primera atención integral a las personas que lleguen procedentes de otros países, tanto de la UE como extracomunitarios, a las que ofrecerá información y orientación para facilitar su integración en la capital vizcaína. Es, en palabras del alcalde, Juan Mari Aburto, un «recurso de responsabilidad pública», un local «a pie de calle, en pleno centro», gestionado por Zehar Errefuxiatuekin. Ocho técnicos de la entidad social ofrecerán servicios especializados, como información sobre el padrón, la tarjeta sanitaria y la escolarización de menores; asesoría jurídica en materia de extranjería; orientación formativo-laboral; homologación y convalidación de estudios; acompañamiento psicosocial; apoyo a la reagrupación familiar... Todo ello en función de la situación del usuario y de forma «personalizada». La idea es que el proyecto piloto, que centraliza de esta manera los servicios municipales de atención a personas migrantes, se prolongue durante dos años, periodo tras el cual se valorará su implantación prioritaria en las otras capitales vascas. Eso sí, no se trata de un servicio exclusivo para las ciudades. Hace dos semanas, Eudel ya presentó un manual de acogida para ayuntamientos, elaborado de forma conjunta con el Gobierno vasco y diecinueve municipios y mancomunidades, que recoge los pasos que deben dar las entidades locales para implantar protocolos de acogida y crear este tipo de servicios especializados. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, subrayó que esta oficina bilbaína, que se enmarca en «el despliegue del Modelo Vasco de Acogida», será «la piedra angular de orientación y acompañamiento para aquellas personas que llegan a la villa, personas que vienen de fuera dispuestas a sumar y no a restar», subrayó la consejera.

Los grados universitarios STEM, o lo que es lo mismo, los relacionados con los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas siguen repuntando en el sistema universitario vasco. Desde que el Gobierno Vasco activase en junio de 2018 la Estrategia STEM «para fomentar las vocaciones científicas, prestando especial atención a las alumnas», como declaró en su día la exconsejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, el número de estudiantes en Euskadi que han entrado a grados universitarios de esta rama ha crecido un 24,6%, pasando de los 3.311 de 2018 a los 4.125 estudiantes de nuevo acceso –recién matriculados– el pasado curso 23/24. Con todo, son cifras mejorables, ya que en el País Vasco sigue existiendo un desajuste entre lo que demandan las empresas en estos sectores –contratar a unos 9.000 graduados– y las opciones académicas que toman los estudiantes, tal y como se expuso el pasado mes de septiembre en Bilbao, en una de las jornadas del programa Industria Erronka. Haciendo una disgregación por géneros, el número de universitarias vascas recién matriculadas en estos estudios también ha crecido de manera notable hasta un 38,4% desde 2018. Si en el curso 17/18 eran tan solo 994, en el arranque del curso 23/24 esa cifra escaló hasta las 1.376 jóvenes que habían ingresado en carreras de STEM. Con todo, a pesar de este impulso del plan puesto en marcha por el Ejecutivo autonómico, las estudiantes vascas de la rama científico-técnica aún suponen un 17,9% del total de chicas matriculadas, creciendo este porcentaje un 1,6% en los últimos seis años. Queda mucho trabajo por hacer. Amaia Esquisabel, directora de Investigación del departamento de nueva creación del Gobierno Vasco de Ciencia, Universidades e Innovación, subraya que «la inmersión de las jóvenes vascas en los estudios científico-técnicos es una de las líneas maestras de nuestra Estrategia STEM». Esquisabel indica que «eran, y siguen siendo, una prioridad. 

Naru Healthcare enpresa gipuzkoarran adimen artifizialeko teknologia garatu dute, paziente guztiei gertatzen zaienetik ikasten duena. Hainbat helburu ditu teknologiak. Lehena, pazienteen emaitza klinikoak, haien pronostikoa eta bizitza kalitatea hobetzea; bigarrena, ospitaleetarako eta osasun sistemetarako kostuak murriztea. Horrekin batera, osasun arloko profesionalentzako lan karga gutxitzeko teknologia ere bada, eta industria farmazeutikoak Real World Evidence emaitzak lortzeko behar dituen baliabideak, denbora eta inbertsioa murriztea ahalbidetzen du. Izan ere, ahalbidetzen die ikustea pazienteen profilek tratamenduei nola erantzuten dieten eta tratamenduetan zehar konplikazio larriak garatzeko zer arrisku duten. Gehiago irakurri hemen.

Entrevista con Jose Miguel García. El primer ejecutivo estatal de Vodafone, considera que "las empresas y las administraciones que tendrán más éxito serán las que utilicen la inteligencia artificial de forma más eficaz". "Las compañías que no asuman el impacto de la innovación en su negocio quedarán inevitablemente fuera de juego y serán superadas por otras que si han sabido entender y capturar su potencial...Euskadi se ha convertido en un polo de atracción de la innovación y del desarrollo industrial y tecnológico mundial. Cada día son más las empresas que implantan sus operaciones y sus centros de desarrollo. La situación es inmejorable, las inversiones en I+D+I de las administraciones y de las empresas, el alto porcentaje de población activa con estudios superiores y preparada y el acceso a internet gracias a las infraestructuras de banda ancha móvil y fijo, han favorecido la creación de un ecosistema de innovación de referencia en el mundo. Euskadi supera la media de la Unión Europea. Pero creo que hay que seguir trabajando para alcanzar mayores niveles de penetración en digitalización, especialmente entre las pymes...La inteligencia artificial ya está revolucionando las empresas y reinventando procesos de negocio en todos los sectores. Por ejemplo, la experiencia de cliente, en donde los chatbots de atención al cliente cada vez funcionan mejor gracias a la inteligencia artificial generativa. Pero también hay otras aplicaciones, como en la formación, la gestión del conocimiento, el pago automatizado de las nóminas, la detección de fallos de producción, la detección anticipada del fraude, gestión de contratos, salud y diagnóstico médico, marketing, etc…"

El pasado 14 de octubre, un radiante Jorge Azcón, presidente de Aragón, anunciaba el faraónico Proyecto Rodes, un ambicioso plan del fondo estadounidense Blackstone para invertir 7.500 millones de euros en el municipio zaragozano de Calatorao para crear un centro de datos (CPD) de 224 hectáreas (equivalentes a doscientos campos de fútbol). El anuncio de Azcón se producía el mismo día que el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, anunciaba la licencia definitiva a Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) para su centro de datos en un solar de 191 hectáreas en Talavera de la Reina (Toledo). Son sólo la punta del iceberg de la fiebre empresarial que se ha desatado en España en torno a los centros de procesamiento de datos, o data centers. Además de Blackstone y Meta, hay involucrados otros gigantes tecnológicos, como Amazon, Microsoft, Oracle y Telefónica; eléctricas, como Iberdrola, Endesa, Solaria y Acciona Energía; constructoras e inmobiliarias, como ACS, Merlin y Azora; o grandes fondos, como KKR, GIP, CVC, BlackRock, Antin, Macquarie o Brookfield. En muchos casos han lanzado o comprado empresas con nombres más o menos futuristas y sugerentes: CPD4Green, Nabiax, Equinix, Data4, Quetta Data, CyrusOne, Form8tion, IronMontain o Prime son algunos. Un estudio de Spain DC, la gran patronal del sector, explicaba hace unas semanas que sólo en inversiones directas, los proyectos previstos podrían movilizar de 25.000 millones a 30.000 millones de euros en los próximos años. Más allá del impacto directo, lo relevante es el impacto indirecto y el inducido. Se calcula un efecto multiplicador de 2,8 veces. El impacto total podría ser de más de 70.000 millones de euros en la economía, según ese informe, que en pocas semanas se ha quedado pequeño. Spain DC ya prepara una actualización elevando los datos entre el 10% y el 20%. Las cifras de impacto total se situarían en más de 80.000 millones. Sería, con diferencia, la mayor oportunidad empresarial y económica para España en décadas, por no decir la más relevante de la historia moderna.

Ha llegado el momento decisivo para resolver la primera gran demanda judicial por greenwashing, o ecopostureo, en España, es decir, por promocionar actividades supuestamente ecológicas cuando en realidad no lo son. Este jueves 21 de noviembre, se celebra la vista oral del litigio entre Iberdrola y Repsol por ecopostureo. En concreto, los peritos y abogados de ambos grupos se verán las caras en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander. El problema se originó hace ya nueve meses, cuando Iberdrola presentó una demanda en un juzgado contra Repsol acusando a esta compañía de ecopostureo. Según Iberdrola, Repsol estaría supuestamente publicitándose como una compañía sostenible, líder en la transición energética, que protege el medio ambiente y que trabaja por la reducción de la huella de carbono y la mitigación de los efectos del cambio climático, cuando en realidad es una petrolera que contamina. Es la primera gran demanda, por no decir la única hasta ahora en España, basada en greenwashing, un concepto que se ha puesto de moda en los dos últimos años. Sobre todo a partir de la carrera entre las empresas por demostrar que se han volcado con la transición ecológica y la descarbonización de la economía. En el caso de la demanda de Iberdrola contra Repsol, la demanda fue presentada el 21 de febrero de este año en los Juzgados de lo Mercantil de Santander –sede de la filial comercial de Repsol que supuestamente estaba haciendo la publicidad comercial–. Iberdrola ponía la denuncia al amparo de los artículos 5, 7 y 18 de la ley general de publicidad, que versan sobre actos de engaño, omisiones engañosas y publicidad ilícita en el marco de campañas de publicidad y comunicaciones corporativas.

La repotenciación del parque eólico comienza a ser una realidad en España y en Galicia puede llegar antes y de forma obligatoria en un movimiento que enfrenta a Xunta, Gobierno y eléctricas. Mientras, las arcas de los ayuntamientos que viven de los impuestos que pagan estas infraestructuras se convierten en un daño colateral del progreso. Las tiranteces han surgido a raíz de la actualización del Plan sectorial eólico de Galicia. Hace unos días, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana presentó en el Pleno del Parlamento gallego algunas de las próximas medidas, entre las que se incluye la repotenciación. La idea es cambiar unos miles de aerogeneradores de 100 parques, los que cumplirán 25 años en el próximo lustro. También deberán cumplir el mandato las empresas propietarias de parques que tengan más de diez molinos y cuyas máquinas hayan llegado al final de la vida útil que se estimó originalmente en los proyectos. La idea, según detalló Lorenzana, es que en ocho años –en el cálculo entran también los 18 meses de moratoria– el paisaje gallego pase de esos 3.000 aerogeneradores a unos 600 molinos; es decir, un 80% menos. Al tratarse de máquinas más nuevas, potentes y eficientes, serán capaces de producir, como poco, la misma electricidad. También serán considerablemente más grandes. Tanto, que la Xunta plantea actualizar el canon eólico para que no tenga únicamente en cuenta el número de aerogeneradores sino también la altura de cada uno. Esto ayudaría también a los municipios que verían reducidos los ingresos procedentes de los impuestos.

La ciudad de Valencia se salvó de las peores consecuencias de la pasada dana por el desvío del río Turia, una obra faraónica y muy criticada en su momento que se llevó a cabo entre 1965 y 1969 en respuesta precisamente a la gran riada de 1957. Una tragedia que queda lejos pero ha vuelto a la memoria de los valencianos, sobre todo ahora que los expertos vaticinan que el cambio climático conllevará desbordamientos más habituales. «España seguirá siendo escenario de más fenómenos como este», destaca Roop Singh, director de Asuntos Urbanos de la Cruz Roja. La dana fue un 15% más húmeda que las anteriores debido a que el Mediterráneo está 4 grados por encima de la media, «lo que favorece la formación de tormentas sobre esta cuenca durante estos eventos», aclara. Y este proceso tiene su impacto económico directo. Es difícil cuantificar cuál debería ser la inversión, pero desde Seopan, patronal de las constructoras, han elaborado varios informes previos en los que ya se cifraba en 85.400 millones de euros las infraestructuras de movilidad planificadas pendientes de ejecutar, otros 38.000 ara un plan de infraestructuras hidráulicas en España –lo que supondría triplicar la licitación pública en materia de agua de las administraciones públicas hasta 2027, según los datos de Sener/Seopan– y alrededor de 1.500 millones más para dotar de sistemas de alcantarillado y saneamiento a casi 900.000 viviendas que carecen de estas infraestructuras en España. «Necesitamos infraestructuras regenerativas, es decir, que compensen los efectos del cambio climático, sostenibles y adaptadas a los nuevos y exigentes requisitos tecnológicos y regulatorios», explican desde Seopan.

El paquete de impuestos que propone el PSOE, y que suscita divergencias entre los socios, no es un asunto menor, es el preludio de la negociación por los Presupuestos Generales del Estado y una cuestión que ha terminado por reventar las costuras del sistema de alianzas en el que Pedro Sánchez apoya su intención de permanecer en la presidencia hasta 2027. En ese contexto, el bloque que propició la investidura llega dividido a la reunión de la Comisión de Hacienda de hoy. Si las posturas no se mueven –no ha habido señales de ello este fin de semana– el Ejecutivo fracasará en su nuevo intento de someter a votación la reforma necesaria para solicitar antes de fin de año el quinto pago de los fondos europeos, unos 7.000 millones de euros. Aunque Moncloa confía en la flexibilidad de Bruselas, también necesita sacarla adelante para cuadrar sus Presupuestos. Como otras veces, el reto principal de la negociación se halla en la dificultad que el Gobierno tiene para atraer al mismo tiempo a PNV y Junts, por un lado, y a Podemos, EH Bildu y ERC, por otro. Los morados, de hecho, censuran que el Gobierno «negocia primero con los nacionalistas de derechas y luego da por descontado el voto del resto». Estrategia que han bautizado como ‘malmenorismo’. Insisten en su exigencia de convertir en permanente el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas, un asunto en el que Sumar ha cedido para evitar la zozobra de la legislatura. Junts, por su parte, tampoco está dispuesto a mover sus posiciones y defienden que todo lo que se encuentre fuera de lo negociado con los socialistas provocará su ruptura de cualquier acuerdo que ya tuvieran cerrado.

Dirigentes empresariales –con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi a la cabeza– y los principales banqueros del país compartían el viernes movilizados, su indignación y crítica contra el nuevo intento de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, de sacar adelante lo que llama «reforma fiscal». Será en la Comisión de Hacienda del Congreso este lunes tras los fiascos previos y con riesgo de fracaso por el veto cruzado entre los propios socios del PSOE. La reforma es una ensalada de enmiendas –varias de ellas contradictorias según en qué día y con quién las iba pactando el PSOE– que prorrogan el impuesto a la banca, endurecen la fiscalidad sobre sociedades inmobiliarias y seguros de salud, entre otras medidas. Sus efectos económicos han provocado un estallido de protesta por parte de la élite económica y financiera del país. En declaraciones desde la Cumbre Iberoamericana en Ecuador, Garamendi carga contra la reforma de la vicepresidenta: «Montero no habla con nadie, no nos consulta. El Gobierno solo actúa en su clave política sin medir las consecuencias. Con bandazos fiscales y regulatorios cada tres días ¿Quién va a invertir aquí?». Para Garamendi, «el impuesto a la banca no es a los banqueros, es al sector productivo y a los asalariados, porque si se penaliza el crédito, no habrá financiación para lo que el país necesita. Castigar también la sanidad privada colapsará más la pública. Y las Socimi y los que producen hidrógeno verde ya han dicho que se irán si se les sube la presión fiscal, porque en un mundo competitivo el efecto de los impuestos es enorme». ¿Hay riesgo real de salidas de empresas? «Los que puedan se irán y los que no, invertirán menos» afirma el presidente de CEOE, que resalta que los grandes grupos tienen más al alcance llevarse su sede como prueba el caso de las dos principales inmobiliarias del Ibex, Merlín y Colonial. Ambas, con el respaldo de sus principales accionistas –Santander y la Fundación la Caixa, respectivamente– amenazan ya con trasladarse fuera de España, si la reforma incluye el pacto de Montero con Yolanda Díaz para subir la fiscalidad de las Socimi.

Las carencias formativas y «las ayudas económicas que desincentivan la búsqueda activa de empleo» son los dos principales retos para cubrir puestos de trabajo en las empresas españolas, según recoge el Observatorio de Competitividad Empresarial de la Cámara de Comercio de España. Esta es una situación que se extiende a todos los sectores, donde más del 53% de las empresas españolas tiene problemas para encontrar perfiles cuya formación y experiencia se ajusten a sus puestos de trabajo, una dificultad que se agrava cuanto más pequeño es el negocio. Por otro lado, alrededor de 49% de las empresas españolas considera que las ayudas económicas son un freno para cubrir las vacantes: alegan que los potenciales buscadores de empleo se ven respaldados por las subvenciones y se desincentiva su búsqueda activa de empleo. El estudio de la Cámara de Comercio, que recoge las respuestas de 2.039 empresas españolas de todos los sectores y tamaños, refleja cómo la búsqueda de empleados también se ve afectada por la economía sumergida, algo que experimentan el 25,7% de las compañías. Este aspecto cambia de peso en función del sector donde se desarrolla la actividad, porque en el caso de la construcción, la economía sumergida es la segunda razón para no encontrar empleados. La primera es, de nuevo, la carencia formativa. Por otro lado, en el sector comercial y de servicios, que no haya condiciones laborales favorables (más allá del salario) supone una gran desventaja a la hora de captar talento, más incluso que contar con salarios reducidos. El Observatorio también recoge la valoración del desempeño de los empleados desde la perspectiva de la empresa. En este sentido, los idiomas son la debilidad del 39,5% de las plantillas, según las empresas. 

José Luis Mateo (Palma, 54 años) es consejero de Vivienda, Territorio y Movilidad del Gobierno de Baleares. "Somos muy conscientes de que el problema de la vivienda nos atañe a todos y nos tenemos que involucrar. Es un problema multifactorial, en el que además tiene que ver el tema insular porque somos un territorio limitado y eminentemente turístico, en el que el alquiler vacacional juega un papel importante. Tenemos muy claro que la caravana no puede ser una solución habitacional. Estamos abiertos a colaborar con el Gobierno del Estado. Otra cosa es que no compartamos algunas de esas soluciones, pero no compartir no significa no colaborar o no querer solucionar el problema...En este primer plan de choque, que incluye las iniciativas del decreto ley de emergencia más el programa build to rent, que es construir viviendas de alquiler a precios asequibles y que es de iniciativa público-privada, esperamos obtener 4.000 viviendas. Además, con el programa Alquiler Seguro pretendemos obtener de 2.000 a 3.000 casas que están vacías. Creemos que hay un porcentaje muy elevado de propietarios que no sienten seguridad jurídica suficiente para alquilar, que temen no poder cobrar la renta. En esas viviendas se fija un precio máximo de tasación por parte de los agentes de la propiedad inmobiliaria y los administradores de fincas porque intentamos, en la medida de lo posible, evitar la especulación... Creemos que la medida de topar el precio del alquiler no ha dado resultados, acaba tensionando más el mercado y, por lo tanto, también aumentando los precios. Creemos más en incentivar al propietario..."

Airbnb ve peligrar su negocio en las grandes capitales españolas y ha decidido colocar las espadas en alto. La multinacional intermediadora en alojamiento turístico presiona a los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona para que den marcha atrás en sus políticas para restringir las licencias de alquiler vacacional. La compañía estadounidense teme que su mercado se vea considerablemente reducido, tal y como ha sucedido en Nueva York a raíz de la aprobación, en 2023, de la normativa local sobre arrendamientos a corto plazo. La plataforma digital creada en San Francisco en 2007 ha enviado en los últimos días dos cartas a los respectivos alcaldes, el jueves al popular José Luis Martínez-Almeida y ayer al socialista Jaume Collboni, en las que les insta a revertir las medidas anunciadas por ambos Gobiernos municipales respecto a esta actividad. Hace apenas tres semanas, Airbnb ya expresó su «preocupación» por el Real Decreto que el Gobierno de Pedro Sánchez prepara para regular, a partir de 2025, los alquileres temporales. La norma introducirá en el ordenamiento jurídico español el reglamento europeo sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración. Entre otros aspectos, cualquier arriendo de esta modalidad deberá registrarse y obtener un número de identificación antes de publicitarse en plataformas digitales como Airbnb o Booking. Según la empresa de intermediación de apartamentos turísticos, el proyecto legislativo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana «se desvía de manera significativa del propósito original de la Unión Europea y generará confusión y cargas administrativas adicionales». A juicio de los directivos de Airbnb, la propuesta liderada por la ministra Isabel Rodríguez «introducirá nuevos requisitos que complicarán aún más las tareas administrativas de aquellas personas que quieran compartir sus hogares».

La empresa familiar madrileña alerta de un fuerte impacto en la economía de la región y en la atracción de inversión extranjera por el Impuesto Temporal de Solidaridad de Grandes Fortunas (ITSGF). La Asociación Madrileña de Empresa Familiar (AMEF) maneja un informe en el que calcula que la medida –que ha obligado a la Comunidad de Madrid a recuperar el Impuesto sobre Patrimonio para que la recaudación se quede en la región– ha costado, hasta el momento la pérdida de 1.500 millones de euros en inversión extranjera. Además, el documento sostiene que el impacto en el empleo perdido alcanza los 65.000 puestos de trabajo. De esta forma, la caída en la actividad económica de la región sería de unos 8.000 millones de euros, según los cálculos de Amef. El informe esgrime que el número de declarantes del Impuesto sobre Patrimonio creció en el periodo 2013-2021 un 24% en la Comunidad de Madrid frente a un 29,6% en España. Amef destaca que cerca del 9% de declarantes residen en Madrid. De esta forma, el patrimonio declarado en la región aumentó un 36,1% en el período, frente a un 21,7% en España. Según los datos de la asociación, esto también ha conllevado un aumento de la base liquidable y de la cuota minorada mayor que la media española. La cuota minorada –que es el resultado de restar las bonificaciones a la cuota íntegra– se incrementó un 98,1% en el periodo 2013-2021 en la Comunidad de Madrid frente al 77,3% en España. “De haberse aplicado el Impuesto sobre Patrimonio sin minorar la cuota, en 2013 se habrían ingresado en la Comunidad de Madrid 612 millones de euros, y 1.212 millones en 2021”, subraya el documento.

"...Ha sido la economía, y en particular la aversión generalizada a la inflación arrastrada durante el mandato de Joe Biden, el factor determinante que ha decidido el triunfo del neoyorquino. Lo paradójico del caso es que algunas de las medidas contenidas en ‘trumponomics’, el programa económico trazado por el presidente electo, son a su vez inflacionistas. Con lo que llegaríamos a la molesta conclusión de que el voto otorgado a Trump puede alimentar justamente aquello que se pretendía combatir. Con una alta probabilidad, y siempre que Trump no rebaje la radicalidad de sus propuestas, sus seguidores han votado en contra de las razones de su voto...Un arancel es un impuesto a las ventas, como el IVA, que incrementa los precios y, en su caso, es inflacionista. Al comprar productos nacionales protegidos o adquirir los extranjeros penalizados, el comprador nacional sufraga el arancel incorporado en el precio del producto como un impuesto silencioso e inadvertido. Examinemos a continuación la deportación de millares de inmigrantes ilegales o indocumentados, un colectivo que trabaja predominantemente en la agricultura o en la construcción y que supone una fuerza de trabajo mal pagada que deambula en la semiclandestinidad, atendiendo las labores que desprecian los estadounidenses. Sustituirlos por otros trabajadores, nacionales o inmigrantes regularizados incrementará ineludiblemente el coste de la recogida de productos del campo o el precio de las nuevas viviendas. La medida le estallará a Trump en sus propias manos en forma de una notoria subida de precios. Queda además en el aire la independencia de la Fed, la Reserva Federal, para actuar anticíclicamente contra nuevas repuntes de la inflación, básicamente mediante la política de tipos de interés. Trump detesta los tipos de interés altos ya que –según dice– perjudican a los inversionistas..."

Con Donald Trump de vuelta a la Casa Blanca, quién mejor que Cecilia Malmström (Estocolmo, 56 años) para hablar de proteccionismo y aranceles. Comisaria europea de Comercio entre 2014 y 2019, suya fue la respuesta exprés del Ejecutivo comunitario para hacer frente a los agresivos gravámenes del republicano. Lustro y medio después, vuelven las curvas: el mercantilismo impone otra vez su ley en la primera potencia mundial. Volcada en lo académico y alejada de la política desde hace años, Malmström apura una taza de té en el salón de un hotel de Madrid el viernes mientras avisa del riesgo de “caos total” en el comercio internacional si el magnate neoyorquino cumple todo lo que dice. A saber: un arancel universal de entre el 10% y el 20%, con tasas aún superiores para países con los que Estados Unidos tiene un mayor déficit comercial. "Dice muchas cosas, pero no sabemos qué va a hacer. Está mucho más preparado, más organizado... Y tiene una mayoría amplia. No va a tener límites: va a poder hacer lo que le dé la gana. Por eso tenemos que contar con que va a hacer la mayoría de lo que dice. Ese debe ser el escenario base...Será un caos total. Nos va a costar mucho dinero, sobre todo inicialmente. Un 10% sobre todas las importaciones es mucho. Y un 60% sobre China provocará cambios en los flujos del comercio internacional que podría, a largo plazo, acabar siendo una ventaja para Europa. A corto, China tendrá que encontrar un mercado para sus productos y tendrá que bajar el precio...No creo que vaya a hacer todo al mismo tiempo. Es muy probable que haga algunas cosas al principio de su mandato y después verá si puede llegar a acuerdos. Con todo, hay que tener en cuenta que el comercio más importante hoy en día es el de servicios, y ahí no se pueden poner aranceles...Lo más inteligente es preparar listas y decir: “Si me pones un arancel, yo respondo recíprocamente aquí, aquí y aquí”. Eso no significa que vayas a hacerlo sí o sí: es un aviso..."

En la mayoría de las democracias, la principal preocupación después de una elección es que los ganadores no cumplan con sus promesas de campaña. En Estados Unidos, y tras las elecciones de 2024, el miedo palpable se centra en que el ganador efectivamente cumpla con su palabra...Durante la campaña electoral, Trump prometió, en repetidas ocasiones, crear empleos en el sector manufacturero imponiendo un arancel del 10% a todas las importaciones y de hasta el 60% a los productos chinos. También prometió castigar a las empresas estadounidenses que producen bienes en el exterior, deportar a millones de inmigrantes indocumentados y dificultar la entrada de inmigrantes en el país para competir con los trabajadores estadounidenses. A simple vista, la visión de Trump de un “renacimiento del sector manufacturero” puede parecer atractiva. Dado el resultado electoral, es evidente que ha calado entre los votantes. Los mercados financieros también reaccionaron de manera positiva: tras conocerse el resultado de las elecciones, el dólar aumentó frente a la mayoría de las principales divisas, y el S&P 500 registró su mayor alza semanal en un año. Pero la realidad no es tan halagüeña como parece. El repunte bursátil se debe, principalmente, a las expectativas de importantes recortes fiscales y desregulación. Los planes para subir los impuestos a los superricos y a las grandes empresas –una pieza central de la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris– serán archivados, al menos por ahora. En lo que concierne a los planes de Trump de restringir los flujos de bienes y personas, los expertos son aún menos optimistas. 

El Gobierno de Estados Unidos ha autorizado al de Ucrania a utilizar misiles tierra-tierra ATACMS, que teóricamente podrían alcanzar la región de Moscú, incluyendo las afueras de la ciudad. Lo avanzaron ayer medios de comunicación estadounidenses que especificaron que, al menos en un primer momento, los proyectiles sólo podrán ser utilizados en la defensa, por parte de Ucrania, del territorio que ocupa desde agosto en la región rusa de Kursk. La Administración Biden ha decidido, así, subir otro peldaño en la guerra de escalada que se vive en Ucrania. El uso de misiles occidentales de largo alcance para atacar suelo ruso es algo por lo que Kiev clamaba desde hace más de un año. La decisión no se había tomado hasta ahora por amenazas rusas muy concretas. Los medios subrayaron que es una respuesta al envío sobre el terreno de miles de militares norcoreanos y de armamento procedente de Pyongyang para echar a los ucranianos de la zona. Moscú ha sido incapaz de recuperar el 80% del espacio que perdió, y ha tenido que llamar en su auxilio a al menos 10.000 soldados de Corea del Norte, que han entrado en combate apoyados por artillería traída también de ese país. En la actualidad, Kiev mantiene el control de unos 800 kilómetros cuadrados de territorio ruso.

La COP29, la cumbre del clima de la ONU que se celebra en Bakú, capital de Azerbaiyán, afronta desde el lunes pasado el más endiablado de los debates de estas conferencias internacionales: el de la financiación climática, es decir, cómo ayudar económicamente a los países con menos recursos a que recorten sus emisiones apartándose de los combustibles fósiles y cómo asistirlos para que se protejan de los impactos de un calentamiento del que son los menos responsables. Pero las conversaciones no marchan bien. “Me preocupa el estado de las negociaciones en la COP29”, admitió ayer António Guterres, secretario general de la ONU, quien instó a los líderes del G-20, que se reúnen también a partir de hoy en Río de Janeiro, a que cierren un “objetivo ambicioso de financiación climática”. De Bakú debe salir una cantidad de dinero para ese fin —miles de millones de dólares, opinan los llamados a poner los fondos, billones, según los que los recibirán—; también tiene que acordarse cómo se movilizará y quién debe ponerlo sobre la mesa. Esto último es seguramente lo más espinoso, porque los países desarrollados, que hasta ahora han sido los financiadores, quieren que otras naciones económicamente poderosas y grandes emisoras de gases de efecto invernadero contribuyan. Y cuando lo dicen miran directamente a los ojos de China, de quién algunos esperan que dé un paso adelante en mitad de un panorama geopolítico convulso.