20250102

Los números son conocidos. En el curso 2014/15 había 94.433 alumnos de Infantil en las aulas vascas; en 2024/25 el Eustat dice que son 68.114. Es una caída del 28%. La tendencia se agravará en los próximos cursos. Según estimaciones del Departamento de Educación, las matrículas caerán otro 20% hasta 2032 en el conjunto del sistema educativo, lo que supondrá la pérdida de 65.000 escolares. A todo ello se suma que el peso del alumnado de origen extranjero no hace sino aumentar año tras año, lo que plantea grandes retos de inclusión en una de las comunidades autónomas con mayores índices de segregación escolar. «Esta realidad, en otros sectores económicos, se llama reconversión. La pregunta es, ¿cómo lo vamos afrontar?». Esta reflexión la pronunció Patxi Olabarria, director de estabilidad financiera de Ikastolen Elkartea, la patronal que aglutina a más de 60 ikastolas sólo en el País Vasco, durante su intervención en una reciente mesa redonda en torno a los retos de la educación vasca. El experto también cifró en 2.000 los puestos de trabajo que están amenazados en el sector educativo por la caída de la natalidad. Blindar el empleo ha sido y es un asunto nuclear en las negociaciones sindicales. Una de las principales reivindicaciones de los sindicatos para convocar doce días de huelga en la escuela pública entre enero y febrero es, precisamente, «garantizar» los puestos de trabajo. Lo mismo sucedió en febrero del año pasado, cuando se firmó el acuerdo de fin de huelga en los colegios de iniciativa social. En el documento se acordó crear un mecanismo de recolocación del personal afectado por la bajada de la matrícula y se abogaba por «mantener el empleo». Algunas opciones que se han planteado son la codocencia –es decir, aulas con dos profesores– o crear nuevas figuras para reforzar el euskera o la comprensión lectora, por ejemplo; teniendo en cuenta además que cada vez hay más alumnos de origen extranjero. Sin embargo, por el momento no se conocen grandes avances en este sentido. Responder acertadamente a la pregunta planteada por Olabarria será la clave de bóveda de la política educativa vasca en el futuro inmediato.

En torno a 230 centros educativos de toda Euskadi cuentan como mínimo con un aula en la que estudian menos de diez alumnos, pese a que la normativa exige que en Infantil y Primaria sean al menos once, en el caso de la pública; y trece en el de la concertada. La falta de escolares se deja notar en los tres territorios y afecta a ambas redes, aunque más a la pública y en Bizkaia. En algunos casos es lógico, al tratarse de pequeñas escuelas rurales. Pero también hay casos de colegios ubicados en las grandes ciudades. Según los datos de la consejería, en el País Vasco hay más de 1.100 centros educativos, entre escuelas infantiles privadas y públicas (haurreskolak), colegios, escuelas, ikastolas, institutos y centros de FP. Es decir, que uno de cada cinco centros educativos vascos tiene algún aula semivacía, unas 350 en total. De ellas, 130 son aulas de un año. El resto de clases sin apenas estudiantes se concentran entre el aula de dos años y 6º de Primaria (12 años). Sólo hay nueve situaciones de este tipo en Secundaria o FP y ninguna en Bachillerato. No es la primera vez que la educación vasca afronta una caída de este calibre en el número de matrículas. Entre el curso 1983/84 y 1994/95 la matrícula en Infantil disminuyó un 33% por la caída de la natalidad de principios de la década de los 90. Aquella crisis se afrontó ampliando la escolarización por arriba y por abajo. Es decir, por un lado se universalizó la educación infantil: aunque nacían menos niños, se dispararon las matrículas en el aula de dos años y siguientes, que hasta entonces estaba casi vacías. Por otro, la entrada en vigor de la Logse amplió la educación obligatoria de los 14 años a los 16, lo que permitió reorientar los recursos para reforzar los cursos superiores y el Bachillerato, etapa que ganó cada vez más peso. También se dio un salto de calidad en cuanto a comedores y extraescolares. Algunos expertos consideran que la revolución debe venir ahora por la parte de optimizar recursos.

La cuesta de enero siempre es empinada para las familias, pero este año las subidas se reflejarán en todas las partidas. Pese a ello, los incrementos serán más moderados que los pasados cuando toda Europa estaba inmersa en una crisis inflacionista desde que en febrero de 2022 estalló la guerra de Ucrania y se disparó la energía. La inflación ha cerrado 2024 en el 2,8%, aún por encima del objetivo de precios del Banco Central Europeo (BCE) del 2%, pero bastante más moderada que el 3,5% con el que terminó 2023 y nada que ver con el 8,4% que cerró 2022. El Banco de España estima que la inflación se irá moderando hasta terminar 2025 en el 2,1% y bajará al 1,7% a cierre de 2026. A partir del 1 de enero, el IVA rebajado de los alimentos ha decaído, el IVA de la luz ha vuelto a su habitual 21% y otros servicios como internet, los peajes o la paquetería subirán de acuerdo al IPC. La única partida que seguirá bonificada será la del transporte público, después de que el Ejecutivo haya decidido ampliar seis meses los descuentos que aplican desde hace dos años. Alimentación Se recupera el IVA, aunque se mantiene el 4% en el aceite: La inflación de los alimentos se ha ido conteniendo durante 2024 hasta situarse por debajo del 2% en diciembre desde el 7,5% con la que comenzó el año. El Gobierno prorrogó hasta julio la rebaja del IVA de los alimentos básicos, pero después se fue recuperando el IVA de cada producto hasta que el 1 de enero todos los alimentos han vuelto a su estado anterior a la crisis. Esto generará subidas en los supermercados en estos próximos meses, a excepción del aceite de oliva, cuyo IVA se ha modificado de forma permanente al 4%. Carburantes: los expertos vaticinan incrementos en el nuevo año. Los precios de la gasolina y el diésel experimentaron una fuerte subida en 2023 tras eliminarse la subvención estatal de 20 céntimos por litro, pero se fueron moderando a medida que pasaban los meses y 2024 fue un año de pocas alteraciones en esta partida. El precio de referencia del barril de Brent rondó los 75 dólares la última semana del año, con el litro de gasolina de media a 1,53 euros en las estaciones de servicio españolas, y el litro de diésel a 1,45. Sin embargo, los expertos vaticinan incrementos en los carburantes en 2025 y el compromiso de España con Bruselas de equiparar los impuestos del diésel a los de la gasolina hará que suba el litro unos 10 céntimos a partir de que entre en vigor la medida.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fue ayer el primero en inaugurar las comparecencias públicas del Gobierno en el nuevo año, que se presenta plagado de desafíos e incógnitas, que arranca por segundo año con Presupuestos prorrogados (ver información en página 17) y sin tener atados los apoyos parlamentarios necesarios para dar una mínima estabilidad a la legislatura y sacar adelante algunas de las iniciativas estrella del Ejecutivo, como la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanas sin recorte salarial. Ante este escenario envuelto de incertidumbre, Cuerpo quiso poner el acento en la resiliencia y buena marcha de la economía española, en contraste con una eurozona que avanza al ralentí, y anticipó que a finales de este mes el Gobierno actualizará sus previsiones macro, una vez que el INE certifique que el PIB creció en 2024 por encima del 3%. “Lo que tendremos para 2024 es un crecimiento del 3,1% o del 3,2%, dependiendo del impacto final que tenga la Dana, y eso nos aporta para el arranque de 2025 un arrastre de 1,2 puntos de crecimiento, por lo que el (nuevo) año va a tener también un crecimiento, fuerte y robusto”. Así lo afirmó Cuerpo en una entrevista en la Cadena Ser, en la que avanzó que la economía española crecerá en 2025 “por encima del 2,4%” que hasta ahora viene sosteniendo el Ejecutivo. Con esta anticipada revisión al alza, el Gobierno se alinea con los pronósticos del Banco de España, que a mediados de diciembre elevó en tres décimas su estimación de PIB para 2025, hasta el 2,5%, pero sigue siendo más optimista que otros grandes organismos internacionales, como la OCDE o la Comisión Europea, que, de momento, acotan al 2,3% el crecimiento esperado para este año. En cualquier caso, y aunque seguirá siendo un avance robusto (casi el doble que el conjunto de la eurozona), la tendencia dibuja una curva descendente en los próximos años, de moderación en el ritmo de crecimiento, “hacia valores más acordes” con la “capacidad de crecimiento potencial” de la economía española, tal como advirtió el Banco de España.

"El Gobierno central se ha venido arriba y sus ánimos se han calentado con la reciente publicación en la prestigiosa revista ‘The Economist’ de tres artículos en los que se ensalza el comportamiento económico de España en 2024, asignándole el calificativo de líder de la Unión Europea. Pero los datos que en ellos se incluyen, aunque ciertos, exigen alguna revisión en los fundamentos de sus bondades. El rotativo británico cita un buen número de indicadores de la buena salud de la economía española, como el control de la inflación subyacente (2,4%) por debajo del promedio de la eurozona (2,8%); la continua reducción experimentada por el desempleo general, que se sitúa en el 11,5%, el nivel más bajo en 15 años, con más de 400.000 nuevos puestos de trabajo creados y el paro juvenil que ha pasado del 55% en 2013 al 26% en 2024; o el turismo, donde España ha reafirmado su carácter de potencia mundial, con una entrada de 85 millones en 2023, que generó ingresos por 190.000 millones de euros; y un déficit público contenido. Pero la noticia más destacada ha resultado ser que «España está en cabeza de la lista de la OCDE de este año», con un crecimiento superior al 3%. Todo lo referido constituye sin duda un éxito, aunque la música deba estar acompañada de una conveniente sordina. Y es que nuestro PIB crece porque aumenta el número de empleos que alimentan directamente la variable producción. A más empleos, salarios y gasto, sigue más PIB, pero sin rastro de aumento de la productividad...Días después de la publicación del reportaje británico, un informe conjunto de la Comisión Europea y el Consejo se ha encargado de encender las alarmas y señalar algunas importantes carencias para España en el ámbito social. En efecto, en 2023, el 26,5% de la población y el 34,5% de los niños estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, cifras muy por encima de las medias de la UE (21,3% y 24,8%)...El veredicto de la Unión Europea ha supuesto con toda razón un jarro de agua fría en temas que atañen al corazón de las condiciones de vida en España. En resumen, la economía española no va como una moto. En 2024, la macro ha ido bien, pero la micro ha dejado bastante que desear". 

En cuestión de un año la izquierda alternativa al PSOE se ha puesto patas arriba y eso se hace notar en la agenda, las urgencias y las batallas. Estos tres elementos políticos se condensan hoy en una sola idea para el socio minoritario del Gobierno de coalición: la reducción de la jornada laboral. La que fuera una de las promesas estrella de Yolanda Díaz durante la campaña de las generales aparece en este momento como algo que va mucho más allá del cumplimiento de un programa electoral. Porque esto se ha convertido, además, en la tabla de salvación a la que se agarra Sumar para salir de su crisis y para cortar el acecho de Podemos. Reducir la jornada de trabajo a las 37,5 horas a la semana sin una rebaja de sueldo es para Díaz «la bandera de la segunda legislatura». El hito de gestión que se compara a la reforma laboral de la primera. En definitiva, es el núcleo de la transformación de espíritu laborista que Díaz trata de impulsar desde el Ministerio de Trabajo y que, a su vez, se convierte en el aval para poder reivindicar el liderazgo político en el universo de la izquierda. Por eso la feroz batalla que se ha desatado en varios frentes alrededor de esta iniciativa trasciende el sentido puramente laboral. Porque de su éxito o no dependerá en buena medida la relación entre los dos partidos del Gobierno de coalición, la recuperación de Sumar en el espacio de la izquierda, la resistencia de esa alianza ante el empuje de un Podemos al alza y el porvenir de Díaz como figura capaz de sobreponerse al desgaste del último año y medio para mantenerse como el referente. Todo eso se está jugando en medio de un durísimo enfrentamiento dentro del Gobierno con el que hace dos meses no se contaba en Trabajo. Los calviñistas del PSOE están poniendo trabas al calendario de aplicación ideado por Díaz y pretenden imponerle más mecanismos de flexibilidad en los tiempos para que las empresas se vayan adaptando. Pero el acuerdo de gobierno entre los socialistas y Sumar fija que la reducción de jornada a 37,5 horas semanales tiene que culminarse «en 2025». 

Casi un millón de estudiantes en prácticas sin remuneración han cotizado a la Seguridad Social a lo largo de 2024. Es decir, aunque no cobrasen, ese periodo cuenta para su futura jubilación. Este nuevo derecho de los becarios está en vigor desde el 1 de enero de 2024, como uno de los elementos de la reforma de pensiones. Un año después, según registros de la Seguridad Social hasta el 12 de diciembre, 925.266 estudiantes en prácticas no remuneradas han estado al menos un día de alta. “Se trata de una extensión de derechos que beneficia a los más jóvenes que, de este modo, podrán comenzar una carrera de cotización que les permitirá generar derechos a futuro”, indicó el ministerio que dirige Elma Saiz cuando se implantó la medida. Esta mejora para los estudiantes en prácticas se comprometió en la primera parte de la reforma de pensiones, con José Luis Escrivá al frente de la Seguridad Social y con el apoyo tanto de los sindicatos como de la patronal. Los becarios que perciben una compensación económica cotizan desde 2011 —una medida aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero—, pero no lo hacían aquellos cuyas prácticas no estaban retribuidas. Según las estimaciones del ministerio antes de que entrase en vigor, este nuevo derecho beneficiaría a unos 1,2 millones de estudiantes en prácticas. Los datos de la Seguridad Social a 12 de diciembre indican que las estimaciones no se han quedado lejos. “El sistema está rodando muy bien. Después de aclarar cuestiones técnicas de toda índole, que hemos ido resolviendo con la Tesorería General de la Seguridad Social, todo está yendo bien”, indica María Antonia Peña, presidenta de la Comisión Sectorial Crue-Asuntos Estudiantiles y rectora de la Universidad de Huelva.

Despiertan desconfianza para buena parte de los inversores decanos –Warren Buffet es un claro ejemplo– y sobre su regulación ha colgado una sombra de opacidad preñada de sospechas, pero las criptomonedas se siguen abriendo camino y ahora grandes entidades financieras como el BBVA, Kutxabank, Openbank (Grupo Santander) y Caixabank han movido pieza para comenzar a operar con ellas. En este clima cambiante, las haciendas vascas han dado un nuevo paso y este año ya han impuesto la obligación de declarar las criptodivisas que se ubiquen en el extranjero, donde las depositan la mayor parte de las casas de cambios y plataformas. Para cumplir con este requisito, solo obligatorio para quienes poseen más de 50.000 euros invertidos, únicamente se han presentado 115 vascos declarantes. Esa es la cantidad total de los modelos informativos 721 presentados a las haciendas forales para aportar una ‘fotografía real’ sobre la tenencia de criptoactivos. Este año se ha presentado por primera vez, con relativo éxito. Únicamente han declarado sus carteras virtuales 30 vizcaínos, 82 guipuzcoanos y tres alaveses. Hasta ahora solo se recogían los datos de pérdidas o ganancias sobre criptomonedas –en clave de otro tipo de activos– en el IRPF. Como ocurre en la bolsa, debían tributar al cerrar su posición. Dentro de esta modalidad, incluso en la provincia vasca donde más se reconoce poseer esta divisa, en la pasada campaña sólo detallaron sus operaciones 277 guipuzcoanos. Por ponerlo en negro sobre blanco, se trata del 0,06% de todos las declaraciones presentadas en esta región. Esta escasez es en parte culpa de un desconocimiento generalizado sobre su obligación, al menos por parte de los inversores más modestos.

Testuinguru konplexua izanik ere, 2024an errotzea bermatzeko enpresek eginiko inbertsioa eta I+Gan inbertitutako diruak gora egiten jarraitzen duela nabarmendu dute, besteak beste, Saray Zárate Arabako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko eta Jasangarritasuneko diputatuak, Ainara Basurko Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko diputatuak, eta Ane Insausti Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko eta Proiektu Estrategikoetako diputatuak. 2025erako testuinguru makroekonomikoaren eraginak zuhurtziaz hitz egitera eraman ditu hiruak, baina deskarbonizazioari, talentuari, mugikortasunari zein kuantikari loturiko apustuekin aurrera egiten jarraituko dute, norberak bere erakundetik. Gehiago irakurri hemen. 

Tomar mejores decisiones sobre el tratamiento de una enfermedad o controlar a los pacientes desde la distancia. La inteligencia artificial se define como la «disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana». Cada vez está más presente en nuestras vidas y se aplica en más ámbitos, entre ellos la medicina. Osakidetza no es ajena a esta tendencia imparable y, de la mano de Bioaraba (Investigación Vasca en Salud), ha puesto en marcha dos proyectos para aplicar la IA en la asistencia a pacientes alaveses. En ambos casos, la tecnología ayuda a los médicos a tomar decisiones más informadas y les permite centrarse en las cuestiones más complejas ya que agiliza los trámites más rutinarios y sencillos. «El algoritmo asiste pero siempre es el personal médico el que decide», incide Juan Fernández, coordinador de innovación en Bioaraba. El primero de estos proyectos pioneros se ha bautizado como Catalys y está centrado en el tratamiento del glaucoma. Se está desarrollando en colaboración con la empresa Deusto Seidor de Miñano, especializada en desarrollos informáticos, y se encuentra en fase de pruebas. Básicamente de lo que se trata es de ofrecer a los facultativos información precisa sobre qué tratamiento es el más adecuado en el caso de cada paciente de acuedo a la gran cantidad de datos que maneja la aplicación. Esta innovación «parte de una necesidad. El glaucoma es una enfermedad progresiva que presenta varios estadios y todas las personas con antecedentes familiares deberían realizarse una revisión, lo que genera una gran carga asistencial, por lo que había necesidad de hacer un cribado por telemedicina», explica Aritz Urcola, jefe de Oftalmología de la OSI Araba.

Año nuevo desafortunado para Talgo y Renfe. La flota de trenes Avril de alta velocidad –que entró en servicio con un fuerte retraso y de manera parcial en mayo– no funciona. Un fallo de comunicación del sistema de control con la potencia, un componente que Talgo contrató a Ingeteam en 2016, ha dejado paradas todas las unidades en servicio a la espera de que se encuentre una solución. El daño para Renfe es tremendo ya que supone retirar de las vías 28 trenes de la Serie 106 que, de momento, afectó ayer a casi 15.000 viajeros que habían comprado billetes el 1 de enero para circular entre Madrid y Levante y el norte de España. Los Avril conectan Madrid con Galicia, Asturias, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia, en trenes AVE y Avlo. Renfe consiguió ayer reubicar a sus clientes en otras conexiones con los trenes Avant, aunque había aún problemas en los enlaces con Gijón y con Castellón. “Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe ha diseñado un plan operativo especial por el que está reubicando a todos los viajeros afectados en otros trenes”, comunicado ayer el operador ferroviario estatal, que duplicó la capacidad del resto de trenes de alta velocidad y larga distancia y había programado planes alternativos de transporte por carretera en casos puntuales. Renfe también ofreció cambios y anulaciones sin coste a todos los viajeros afectados.

En ausencia de unas nuevas cuentas públicas, el año 2025 arranca con la segunda prórroga consecutiva de los Presupuestos de 2023. A la espera de ver si el Gobierno es capaz de cumplir su objetivo de impulsar un nuevo proyecto presupuestario en los primeros meses del ejercicio, el inicio del mes de enero trae igualmente consigo la entrada en vigor de una docena de relevantes novedades tributarias, la mayor parte de las mismas derivadas de la reciente reforma fiscal aprobada en el Parlamento. Los Presupuestos Generales del Estado para 2025 ascienden a 380.822 millones de euros, en virtud del acuerdo de prórroga de las Cuentas Públicas aprobado en el último Consejo de Ministros de 2024. Aunque, en ausencia de unas nuevas cuentas, la extensión es automática, el Gobierno ha establecido una serie de criterios de adaptación, que permitan por ejemplo su adecuación a los cambios en las estructuras de los departamentos ministeriales que se hayan ido produciendo. La prórroga del Presupuesto no afecta a los créditos para gastos correspondientes a actuaciones que terminen en el ejercicio 2024 y para obligaciones que se extingan en el mismo. Así, por ejemplo, las condiciones de la prórroga establecen que cada ministerio adapte los créditos prorrogados relacionados con las ayudas europeas del fondo Next Generation hasta la aprobación de nuevos Presupuestos. El Ejecutivo también establece la reasignación de parte de los fondos comunitarios para dar respuesta a los daños ocasionados por la dana.

Tras un año 2024 marcado por una recuperación moderada, el optimismo vuelve al sector inmobiliario que prevé que la inversión recobre su dinamismo con tasas de crecimiento por encima del doble dígito este ejercicio, aunque sin alcanzar los niveles récord de 2018, un año muy influido por las grandes operaciones corporativas. La mayor actividad esperada para este año responde al retorno del capital internacional, incluyendo los fondos institucionales que exigen menos riesgo; a la reducción de los costes de financiación; el atractivo del euro frente al dólar; y a la evolución favorable de la economía española. Según las previsiones recogidas de los principales ejecutivos de las grandes consultoras inmobiliarias y de los socios de las Big Four responsables de este negocio, la inversión en 2025 podría incrementarse en hasta un 20%. Dependiendo de la firma consultada, el volumen de transacciones registrado en el mercado inmobiliario en 2024 ha sido de entre 10.000 millones y 12.000 millones. “Esperamos que 2025 sea un año muy bueno para la inversión inmobiliaria. El sector ha navegado ciclos de mercado muy complicados mostrando su resiliencia”, asegura Enrique Losantos, CEO de JLL España. Adolfo Ramírez-Escudero, presidente de CBRE en España y Latam, apunta que tras un ejercicio 2024 marcado por un mercado de ocupación robusto en todos los sectores, con buenos indicadores de afluencias, ventas, turismo récord y asistencia a la oficina, en los próximos meses se prevé una mayor actividad inversora, alcanzando cifras en línea con el promedio alcanzado en el periodo 2015-2019, excluyendo operaciones corporativas. “El interés del inversor sigue focalizado en los activos de mayor calidad y con criterios de sostenibilidad, un factor cada vez más decisivo en las estrategias de inversión”, aclara.

El camino hacia la descarbonización del transporte aéreo, por la vía del obligado uso del combustible sostenible de aviación (SAF por sus siglas en inglés), ha comenzado este 1 de enero con el mandato de la UE de incorporar este producto al queroseno, mezclado al 2%, y con un alto sobrecoste para las compañías aéreas. Solo en España, según cálculos que maneja la Asociación de Líneas Aéreas, se espera una factura de unos 332 millones de euros por esa incipiente cuota de SAF, lo que arrojaría un sobrecoste total que ronda los 235 millones de euros sobre los vuelos impulsados hasta ahora exclusivamente por combustible convencional. El SAF, junto a la llegada de aviones de nueva generación y una mayor eficiencia en el trazado de las rutas, es considerado por toda la industria como la herramienta más útil en estos momentos para reducir la huella ambiental. La iniciativa RefuelEU Aviation (Reglamento UE 2023/2405), dentro del paquete legislativo Fit for 55 (Objetivo 55), ordena a los productores garantizar el suministro, lo que parece asegurado, aunque a precios aún desorbitados al no existir una industria asentada a este lado del Atlántico. Esta presión sobre el que es considerado uno de los mayores costes para una aerolínea, el del combustible, hace que asociaciones como la citada ALA insistan en reclamar incentivos a la producción. De hecho, el presidente, Javier Gándara, habla del SAF como “una clara oportunidad de desarrollo industrial para España”.

El sector de la automoción tiene fijado en su GPS un destino claro, la neutralidad de las emisiones de CO2, pero la ruta para llegar hasta allí parece haber zozobrado durante todo el pasado 2024. A la electrificación titubeante del parque de automóviles se le ha sumado un horizonte incierto de nuevas leyes y regulaciones. El último de estos obstáculos es la normativa CAFE (siglas en inglés de Emisiones de Combustible Medias Corporativas) que impone ahora un nuevo máximo a las emisiones de dióxido de carbono en un momento en el que grandes grupos europeos afrontan graves problemas económicos. Sin embargo, la ley es clara. Desde este año se marcará un límite de 93,6 gramos de dióxido de carbono por kilómetro a los coches que se vendan en los 27 países de la UE, y pasarse de esa línea podrá acarrear multas millonarias. De hecho, cada gramo extra se traducirá en sanciones de 95 euros, y el cinturón se seguirá apretando durante los próximos años hasta alcanzar el objetivo, para 2035, de impedir la venta de vehículos de combustión alimentados por gasolina o diésel. La respuesta es unánime. Aunque la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles ACEA se muestra comprometida con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática para el año 2050, demandan «tiempo» y «una máxima claridad» para evitar que se dañe a la industria. La patronal insiste en que a diferencia de hace cuatro años, para cumplir con los objetivos de reducción más estrictos es «es necesaria una interacción fluida de factores que están dentro y fuera del control directo de los fabricantes».

Buena cosecha para los inversores en Bolsa durante 2024. Los resultados fueron especialmente brillantes en los índices estadounidenses Nasdaq Composite y S&P 500, que se revalorizaron un 28,64% y un 23,31%, respectivamente, impulsados por el formidable comportamiento de los gigantes tecnológicos: los avances de los Siete Magníficos oscilaron entre el 12,93% de Microsoft y el 171,25% de Nvidia. Pero la mejora de los marcadores fue contundente en la mayoría del resto de los principales indicadores bursátiles. El Cac 40 de París se desligó de este comportamiento general con una caída del 2,15% (ver información adjunta), en un año muy convulso políticamente para la segunda potencia económica de la zona euro, que acrecentó las dudas sobre la estabilidad financiera del país y afectó a la marcha de sus activos. El Ibex sumó un 14,78% tras avanzar un 22,76% en 2023. En el acumulado de los dos últimos años se anotó 40,9%, su mejor resultado en veinticuatro meses desde 2006-2007, cuando se disparó un 41,45%. El selectivo español acabó 2024 como el segundo indicador bursátil más rentable entre los principales de la zona euro, sólo por detrás del Dax Xetra de Fráncfort, que se apreció un 18,85%, y terminó a un 2,6% de su máximo histórico de 20.426,27 puntos alcanzado el pasado 12 de diciembre. Hay que tener en cuenta, eso sí, que el índice de la Bolsa alemana es de retorno total, es decir, que en su cómputo se incluyen los dividendos repartidos por las compañías que lo integran. El Ibex 35 con dividendos también marcó récord el mes pasado, el día 6, en 42.208,5 puntos; y corrige desde entonces un 4,33%.

El euro está débil. La moneda comunitaria se cambia por apenas 1,03 dólares, lo que le ha supuesto perder más de un 6% en el conjunto de 2024. Con esos números, el euro ha cerrado su peor ejercicio frente a la divisa estadounidense desde 2021, cuando ante la tempranera recuperación económica estadounidense tras la pandemia se dejó más de un 7%. La mayor velocidad a la hora de bajar los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) frente a la Reserva Federal de Estados Unidos inició el descenso del euro en 2024, un movimiento que se aceleró tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, que ha trabado todavía más las expectativas de recortes de las tasas al otro lado del Atlántico. Se espera que la tendencia vaya a más a lo largo del año que viene. Aunque todo lo relacionado con el presidente de Estados Unidos es una incógnita, sus políticas, de tinte inflacionista, podrían retrasar todavía más los planes de normalización monetaria de la Fed. Al mismo tiempo, los potenciales aranceles que pueda imponer al comercio debilitarán todavía más la economía de la región, forzando al BCE a ser más agresivo con sus recortes. El mercado descuenta ahora tan sólo dos bajadas de los tipos de interés en Estados Unidos, frente a entre cinco y seis recortes en la zona euro. Esto dejaría al BCE con unas tasas de entre el 1,5% y el 1,75%, mientras que el precio del dinero se mantendría en el 4% en el caso de la Fed, una brecha con implicaciones importantes para la negociación de las divisas. Es por eso que muchos expertos apuestan por que el euro pondrá a prueba el próximo año la paridad con el dólar, pudiendo caer incluso por debajo en su valoración. Atrás quedan aquellos tiempos en los que se refrendaba que el valor real de la moneda única se situaba en los 1,20 dólares.

La patronal CBI (Confederación de la Industria Británica) advierte que avanzamos «hacia el peor de todos los mundos», ante el previsible declive de la actividad económica en los próximos tres meses por el impacto de la subida de las cotizaciones de las seguridad social y de la presión fiscal. Un sondeo entre 899 compañías ha detectado que el nivel de «optimismo» es el más débil desde noviembre del 2022, tras el desastroso presupuesto de Liz Truss, la «premier» conservadora de los 45 días. La economía británica arranca el 2025 con un clima desapacible, a tono con los gruesos nubarrones y los vientos racheados que sacuden las islas en los primeros lances del año. A punto de superar el listón del los seis meses, el Gobierno laborista de Keir Starmer ha tenido un impacto aparentemente negativo en el panorama económico, con un crecimiento cero en el tercer trimestre del 2024 y un panorama similar en el alicaído fin de año, como consecuencia de las medidas introducidas en el presupuesto de octubre que han provocado duras críticas por parte de la clase empresarial. Los analistas han rebajado notablemente las expectativas a la luz de los nuevos datos. La perspectiva de un crecimiento del 2% para el 2025 anticipada por la Oficina de la Responsabilidad Fiscal (OBR) se ha visto rebajada al 1,5% en las proyecciones del Banco de Inglaterra y al 1,2% en las estimaciones fin de año de Goldman Sachs Research, que advierte de la necesidad de «lazos más directos con la UE» para amortiguar el coste del Brexit y de la «incertidumbre» que rodea a un posible acuerdo comercial con Estados Unidos, con el proteccionismo de Trump a la vuelta de la esquina. La confianza de los consumidores está bajo mínimos y el 57% de los británicos cree a estas alturas que la economía puede entrar en recesión en el año en ciernes, según un sondeo de Ipsos. La inflación ha cerrado el año en el 2,6% y un reciente informe de la Resolution Foundation apunta a que «hay pocas razones para celebrar el 2025», con una caída de los estándares de vida y del dinero disponibles en los bolsillos de los británicos, especialmente de los menos favorecidos.

El suministro de gas ruso a Europa a través de Ucrania no había sido interrumpido desde el comienzo de la invasión de las tropas rusas, pero quedó considerablemente reducido debido a la negativa de la mayoría de los países de la Unión Europa a aceptar el gas procedente de Gazprom. Sin embargo, Eslovaquia, Hungría, República Checa, Austria y Moldavia continuaron recibiendo gas ruso. Hasta ayer. Ucrania advirtió desde mediados de 2024 que no renovaría el contrato y, el pasado 19 de diciembre, en su gran rueda de prensa anual, el presidente ruso, Vladímir Putin, confirmó que en 2025 no habría más tránsito de gas por el gaseoducto ucraniano. El primer ministro eslovaco, el prorruso Robert Fico, se trasladó a Moscú a finales del mes pasado para entrevistarse con el mandatario ruso y tratar de negociar una extensión del contrato, pero no fue posible a causa de la postura ucraniana. El jefe del Gobierno húngaro, Viktor Orbán, también defiende mantener los vínculos energéticos con Rusia y deplora la política de sanciones de Bruselas contra Moscú, pero su país recibe el gas ruso a través de la tubería del mar Negro, con lo que el corte del gaseoducto ucraniano le afecta mucho menos. Austria, por su parte, ya rescindió en diciembre su contrato con Gazprom. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estimó en 2019 los ingresos por el tránsito de gas ruso en al menos siete mil millones de dólares durante los cinco años del contrato, pero luego los suministros disminuyeron. Según los términos del acuerdo, Gazprom debería haber garantizado el bombeo de 40.000 millones de metros cúbicos al año, pero el tránsito se redujo a aproximadamente a 15.000 millones. Gazprom ha experimentado en el último año pérdidas por encima de los siete mil millones de dólares, la primera vez que presenta números rojos desde 1999 y ello a pesar de los esfuerzos de la compañía por tratar de compensar con China esta caída de las exportaciones. Rusia ha perdido así la ruta principal para suministrar su gas al mercado europeo, ahora sólo tiene una única vía de tránsito operativa hacia la UE, a través de Turquía.

Al menos 15 muertos y decenas de heridos después de que un conductor, que llevaba una bandera del ISIS, les arrollara y disparara en la calle Bourbon. Shamsud-Din Bahar Jabbar se ha convertido en el primer asesino múltiple de 2025 en Estados Unidos. Oriundo de Texas, de 42 años y exmilitar, embistió con una camioneta alquilada a una multitud que celebraba la entrada de año nuevo en la zona más popular de Nueva Orleans. El brutal ataque mató al menos a 15 personas y causó heridas a una treintena que festejaban la efeméride pasadas las tres de la madrugada (once de la mañana en España) entre las calles Bourbon y Canal. La alegría se convirtió en una «pesadilla infernal», según una pareja que pasaba las vacaciones navideñas en el Estado de Louisiana. Jabbar fue abatido de un disparo después de que descendiera del vehículo y la emprendiera a tiros con los aterrados ciudadanos y la Policía. Dos agentes resultaron heridos por balas. Decenas de cuerpos en posiciones inverosímiles quedaron tendidos en la calzada. Anoche no se descartaba que la cifra de víctimas mortales aumentase debido a la gravedad de las lesiones sufridas por los heridos, rápidamente evacuados al hospital. El FBI comenzó escasas horas después a dar forma a la masacre de Nueva Orleans como un «acto terrorista». Los investigadores siguen esta hipótesis en función de los indicios encontrados en el lugar de los hechos, en especial una bandera del ISIS, que el autor de la matanza llevaba dentro de la cabina de la furgoneta.