20250314

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

Esta vez Podemos no consultará a sus bases. Los morados han impuesto 27 medidas a PNV y PSE para sacar adelante su reforma fiscal con un «giro a la izquierda». Los cambios introducidos benefician sobre todo a las clases más vulnerables –eleva el mínimo exento de tributación de 14.000 a 20.000 euros– y penalizan a las grandes empresas con una fiscalidad mínima que pasa del 17% al 19%. También limitan la deducción de vivienda a rentas de 68.000 euros. La reforma fiscal vasca, cuya negociación se ha caracterizado por toda una sucesión de giros imprevisibles, guardaba una última pirueta para rematar la faena. Contra todo pronóstico, el proyecto de PNV y PSE-EE en los tres territorios históricos saldrá finalmente adelante y lo hará gracias al apoyo de Podemos, que tras alcanzar un primer preacuerdo y abortarlo después por la división entre su militancia, ha sellado un segundo y definitivo entendimiento que esta vez evitará someter al criterio de las bases. La operación garantiza la luz verde al paquete de medidas tributarias en las tres Juntas Generales y, de paso, sacude la política de alianzas en Euskadi.

Los empresarios vascos se habían mostrado ya «muy decepcionados» después de que el catálogo de sus propuestas para la reforma fiscal –un total de 15 medidas concretas– fuese archivado en la papelera de los responsables políticos encargados de su redacción inicial. Todas las medidas menos una –el aumento de las deducciones para las inversiones en proyectos de descarbonización– habían caído en saco roto. Lo calificaron como «una oportunidad perdida». Ahora, tras el pacto de PNV y PSE con Podemos las empresas recibirán una vuelta de tuerca en su presión fiscal, con un castigo dirigido a las grandes. Y es precisamente así como lo definen ya en el entorno de las organizaciones empresariales vascas, como «un castigo añadido». La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, hará pública este viernes su valoración sobre las medidas acordadas. A falta de un texto articulado, lo cierto es que las referencias a «grandes empresas» –a efectos tributarios merecen esa consideración todas las que superen los 50 millones de euros anuales de facturación o tengan más de 250 empleados– apuntan a una clara penalización y por una doble vía. La primera es elevar del 15% al 19% el tipo efectivo mínimo que deben aplicar a sus beneficios tras haber realizado las deducciones que admite la normativa. La segunda vuelta de tuerca es la incorporación de concepto de «beneficios extraordinarios» como símil de ganar mucho más que en ejercicios precedentes, que acuñó el Gobierno central en el gravamen especial a las empresas energéticas y a la banca. En la recuperación tras varios años de crisis será un lastre. Desde sectores empresariales se apunta la «contradicción en el relato» que transmite este acuerdo para la fiscalidad con los planes industriales que han desarrollado hasta ahora los gobiernos de coalición de PNV y PSE. En todos, recuerdan –es probable que en el nuevo que está en elaboración vuelva a figurar–, la incentivación de fusiones para aumentar el tamaño de las empresas ha sido una constante. «Animar a aumentar el tamaño empresarial para luego penalizarlo es un contrasentido», señalan fuentes empresariales vascas.

El pacto entre el PNV, el PSE y Podemos introduce novedades en el IRPF y el impuesto de Sociedades y pone el foco en materias sensibles como la vivienda, las pensiones o la conciliación. En esencia, los partidos alivian la presión fiscal a las rentas bajas y elevan el esfuerzo a las grandes empresas y a los más favorecidos. Mientras, a Diputación Foral de Gipuzkoa, gobernada por PNV y PSE, valoró positivamente el acuerdo alcanzado con Podemos. La diputada general del territorio, Eider Mendoza, mostró una «enorme satisfacción» por haber llegado a este acuerdo que, a su juicio, «es bueno para Gipuzkoa puesto que beneficiará a más de la mitad de la ciudadanía mayor de 19 años y apuntalará la competitividad de nuestra industria». Las medidas recogidas en el proyecto de norma foral, trasladó Mendoza, «se han desarrollado con el objetivo de avanzar en la progresividad del sistema y apuntalar la competitividad del tejido económico» del territorio, al mismo tiempo que «se atiende a los retos socioeconómicos identificados en la ponencia de la reforma fiscal».

Nuevo movimiento sindical en pos de un salario mínimo vasco por encima del nacional (1.184 euros al mes en 14 pagas). ELA y LAB y otros sindicatos nacionalistas –sin coordinarse con CC OO y UGT– hicieron ayer un ejercicio de «pragmatismo» y rebajaron a 1.500 euros mensuales en 14 pagas el SMI que propondrán a la patronal en la reunión del próximo jueves. El nuevo planteamiento rebaja de manera sustancial las aspiraciones de ambas centrales, pues en la anterior mesa de negociación ELA reclamaba 1.795 euros y LAB 1.600 euros. La nueva propuesta de los sindicatos llega después de que Confebask se negara el pasado febrero a constituir con los sindicatos una mesa para negociar un SMI vasco, en el Consejo vasco de Relaciones Laborales (CRL). Confebask dio así carpetazo –sin siquiera sentarse a negociar– a una reivindicación que logró un respaldo prácticamente inédito entre unas centrales con relaciones turbulentas. El argumento que la organización empresarial esgrimió entonces fue que un salario mínimo autonómico «supone un riesgo para la competitividad» en un momento de fuerte incremento de los costes laborales, al que se suma la incertidumbre internacional. «En la mochila empresarial no caben más piedras», señaló a este periódico la presidenta de la patronal, Tamara Yagüe. ELA y LAB extienden a las patronales provinciales la crítica por sobre la «poca capacidad negociadora», pues Adegi, Cebek y SEA han rechazado reunirse con los sindicatos para abordar esta cuestión. Un hecho que hace que las centrales nacionalistas consideren que las organizaciones empresariales vascas «no dan la talla que exige la actual coyuntura» al renunciar a debatir «una medida estratégica para el país». Las centrales nacionalistas amenazaron con aumentar «la conflictividad laboral» ante la falta de diálogo de las patronales. ELA y LAB lamentan que ni el lehendakari, Imanol Pradales, ni el vicelehendakari y consejero de Economía y Empleo, Mikel Torres, hayan accedido a su solicitud de reunirse para exponerles su propuesta. Las centrales denuncian que «deben dejarse de gestos favorables a la patronal y empezar a presionarla».

El XIV Congreso de UGTEuskadi, en el que se iba a dar relevo a su secretario general, Raúl Arza, se suspendió ayer apenas unas horas antes de su inicio. La decisión se adoptó cuando la cita se avecinaba sobre el sindicato sin que éste hubiese resuelto la sucesión. Había un baile de posibles candidatos sin que ninguno suscitase un consenso claro. Hasta primera hora de la tarde de ayer UGT-Euskadi no dio una respuesta oficial a la caótica situación que se venía produciendo en su seno. Finalmente la Comisión Ejecutiva Confederal señaló su intención de aplazar el evento, hasta «una fecha por determinar», tras analizar la solicitud de una federación de impugnar la designación de sus delegados. En la misma línea estimó la petición de otra que solicitaba posponerlo hasta que se pudiera garantizar la participación democrática de todas las organizaciones convocadas. Dos procesos que ponen excusa a la cancelación del acto, y que permiten a la ejecutiva actual, liderada por Arza, continuar su desempeño «con absoluta normalidad». Los problemas internos ya eran manifiestos. El secretario general anunció la semana pasada su intención de «dar un paso a un lado» para pasar el testigo a un candidato de consenso, preferiblemente una mujer según sus propias palabras. 

El centro de investigación Thomas J. Watson de IBM acogió ayer por la mañana (a media tarde en Euskadi) la reunión entre el vicepresidente de IBM Quantum, Jay Gambetta, y el lehendakari, Imanol Pradales, con la presencia también de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, que tras el acuerdo visitaron las instalaciones. La cita se produjo tras el acuerdo alcanzado entre la multinacional estadounidense y el Gobierno Vasco, a través de la Fundación Ikerbasque. La iniciativa sella que Euskadi, y San Sebastián en concreto, aloje el IBM Quantum System Two, la joya de la corona de su departamento de investigación y desarrollo. En un principio, las instituciones vascas habían cerrado con IBM la instalación del System One en el nuevo edificio que se está construyendo en el campus de Ibaeta de la Universidad del País Vasco en San Sebastián, entre el centro Korta y el Nanogune, para finales de este año. Aunque ya se conocía que la capital guipuzcoana se convertiría en una de las pocas ciudades del mundo en ostentar el System One, la decisión final por la última generación constata lo prioritario que se ha convertido para el Ejecutivo autonómico la inversión en tecnología avanzada. A pesar de este cambio de modelo, el plazo de instalación del ordenador en el campus de Ibaeta se mantiene.

El futuro de Astilleros Balenciaga se va despejando cada vez más. Tras el acuerdo alcanzado el jueves pasado para que la empresa reduzca su deuda con el financiador estatal Cofides de 15 millones a 8,5 millones, el resto de acreedores también han aceptado una quita, que ha sido aprobada por la administradora concursal. Uno de esos acreedores es la sociedad de garantía recíproca Elkargi. El Gobierno Vasco consideró el acuerdo final como «una gran noticia y un gran paso», aunque recordó que aún queda camino por recorrer, y que ahora se abre el periodo para que se negocie con los inversores interesados en reflotar el astillero de Zumaia. Cabe recordar que la deuda total del astillero ascendía a 28 millones y que la quita permite aligerar considerablemente ese lastre para que los inversores puedan presentar una oferta formal por la compañía, aunque necesitarán del apoyo financiero de las instituciones para poder dar ese paso. En este punto del proceso –el astillero está en concurso de acreedores desde mediados de diciembre– son dos los inversores los que han mostrado un interés serio por hacerse con los activos de Balenciaga –instalaciones, maquinaria y también con la plantilla– con el objetivo de reflotarlo. Uno de ellos es un pequeño inversor estatal y otro de mayor tamaño del ámbito internacional. Salvado este primer escollo de la reducción de la deuda, es el momento de que den el paso definitivo. El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ratificó ayer que el Ejecutivo vasco «ya está hablando con los posibles inversores», una negociación, indicó, que se está liderando a través del equipo del viceconsejero de Promoción Industrial, Andoitz Korta.

Basquevolt, la empresa vasca dedicada a la fabricación de baterías de estado sólido de última generación, se ha asegurado una inyección de 10 millones de euros de Ekarpen (el fondo público liderado por el Gobierno vasco en el que también participan las cajas de ahorro), la sociedad de capital de riesgo privada Stellum y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDIT, una entidad pública en la que participa el Estado). La empresa explicó, a través de un comunicado que esta financiación le permitirá «mantener su hoja de ruta tecnológica» y acelerar su industrialización. Esta inyección supone una línea de financiación fundamental para una compañía que ya acusa la crisis del coche eléctrico, derivada de la desaceleración de los motores de la economía europea y la falta de desarrollo de la red de carga. Basquevolt intenta sacar la cabeza en este complejo contexto económico y aspira a levantar una pequeña fábrica que produzca las primeras celdas de batería en modo industrial. Este centro ayudaría a la compañía a continuar su hoja de ruta hacia la producción de unas baterías que aumentarían la autonomía del coche eléctrico en un 50%, ahorrando unos coste de producción del 30%.

Será el lunes 17 de marzo cuando la cooperativa científica i+Med inaugure en el Parque Tecnológico de Álava la sede que albergará el primer Instituto Biomédico de Nanohidrogeles Inteligentes del mundo. El proyecto ha supuesto una inversión de 30 millones de euros, generando inicialmente más de cien empleos de alta cualificación. La nueva sede, según ha avanzado la propia compañía, cuenta con más de 4.000 metros cuadrados "y dispone de las tecnologías más innovadoras del mercado farmacéutico para poder seguir trabajando en la medicina personalizada". La inauguración de estas nuevas instalaciones, ubicadas en el Parque Tecnológico de Álava, se celebrará este próximo lunes y contará con la presencia del lehendakari, Imanol Pradales, y del director de i+Med, Manu Muñoz.

El consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, hizo ayer en Bilbao una cerrada defensa del sector como pilar fundamental de la economía vasca, durante una conferencia en el Fórum Europa. También de la propia industria de defensa, que está en estos momentos en el centro de atención a causa de los terremotos geopolíticos y la decisión de la Unión Europea de reforzar con más gasto sus ejércitos. «Nos toca colaborar en el proyecto de defensa de la Unión Europea y también a nuestra industria», remarcó Jauregi. El consejero fue presentado en el acto por el presidente de Kutxabank, Antón Arriola, que destacó el impulso que ha dado el Gobierno vasco para incentivar la inversión empresarial. El consejero coincide así con la estrategia expresada semanas atrás por el vicelehendakari y titular de la cartera de Economía y Empleo. Mikel Torres cree que ese sector va a ser clave en los próximos años y su actividad en Euskadi también. «La guerra en Ucrania nos ha dado muchas pistas de por donde va a ir ese sector en el futuro, con una importancia decisiva de la tecnología digital y de la ciberseguridad. Debemos hacer esfuerzos para colaborar en esta línea», remarcó.

BBVA Research ha elevado su previsión de crecimiento para el Producto Interior Bruto (PIB) de España para este año, hasta el 2,8%, cinco décimas más que en la previsión anterior, aunque espera desaceleración en 2026. Así, para el año que viene calcula un crecimiento del PIB del 1,8% (supone también una ligera mejora, de una décima, respecto a su anterior dato). El organismo advierte también del riesgo que supone la política arancelaria de Estados Unidos. Según detalla BBVA Research, la mejora en la previsión obedece a una mayor ganancia de competitividad de la economía, la disminución de la inflación, el descenso de los tipos de interés, una política fiscal no contractiva y la caída de la tasa de paro, con señales de mejoras de eficiencia en el mercado laboral. No obstante, según Europa Press, el servicio de estudios de BBVA percibe un «repunte» en el riesgo ante una mayor incertidumbre por las tensiones geopolíticas, un encarecimiento del gas, el estancamiento de la eurozona, una tasa de ahorro atípicamente alta de los hogares españoles y medidas insuficientes para impulsar la construcción de vivienda y la incertidumbre en la política económica por falta de consensos, con un Gobierno funcionando con las cuentas públicas de 2023.

«Con un mercado de coches eléctricos como el actual, con un 5% en España y menos de un 14% en Europa, no tiene sentido que hagamos un Seat eléctrico. Lo tendrá cuando las ventas estén en un 30% o un 40% y, por supuesto, siempre que sea un proyecto rentable» señaló ayer Waye Griffiths, quien añadió que en 2030 decidirán si siguen fabricando coches de combustión o no. El CEO de Seat y Cupra, de hecho, aseguró que tampoco piensan sumarse al proyecto del VW ID.1, el modelo de baterías que la marca alemana ha anunciado que producirá en Palmela (Portugal) y que tampoco tendrá una declinación de Skoda. Será su eléctrico más barato, con un precio de 20.000 euros antes de ayudas. «Nuestro objetivo es consolidar la rentabilidad de la compañía y los proyectos que tiene en marcha. Para dedicarme a eso dejé la presidencia de Anfac y no me arrepiento de ello» señaló en la presentación de los resultados financieros de 2024. «Han sido los mejores de nuestra historia», añadió, aunque sigue habiendo un triple desafío: la desaceleración en la demanda del vehículo eléctrico, el aumento de la competencia de China y un panorama arancelario inestable.

A pesar de que los salarios están creciendo con fuerza y en los últimos meses han comenzado a recuperar terreno frente a la inflación, los trabajadores están muy lejos de recobrar su poder adquisitivo. De hecho, el Instituto Juan de Mariana calcula que el trabajador medio ha perdido 1.410 euros al año de capacidad de compra desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, si se tiene en cuenta tanto la variación de los salarios a lo largo de estos años como el efecto combinado de la subida de precios acumulada en este periodo y la progresividad en frío del IRPF, provocada por la no deflactación completa de los tramos conforme a las subidas de precios, y la incremento de las cotizaciones sociales, con la entrada en vigor del recargo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional en 2023. El informe El impacto de la inflación sobre las familias españolas, publicado ayer, señala que el salario medio bruto de los trabajadores españoles ha crecido un 22,2%, en términos nominales, entre 2018 y 2024, lo que supone un incremento de 6.013 al año. Sin embargo, la subida de precios a lo largo de este periodo, del 19,8%, se ha comido el 89% de la mejora salarial, haciendo que el sueldo bruto en términos reales haya mejorado apenas un 2%. Esto es, 663 euros al año. Con todo, el verdadero problema para los asalariados viene cuando a ello se suma la progresividad en frío del IRPF –esto es, la negativa del Gobierno y de la mayoría de las comunidades autónomas a deflactar los tramos del IRPF para adecuarlos al nuevo nivel de precios, ya que únicamente ha habido pequeñas rebajas para las rentas más bajas– y el incremento de las cotizaciones sociales, que han supuesto un incremento de la presión fiscal para el sueldo medio de 2.073 euros al año. Con ello, el trabajador medio ha perdido 1.410 euros de poder adquisitivo desde el año 2018. No obstante, este impacto es desigual a lo largo y ancho de la geografía española, ya que hay regiones que sí han adecuado sus tramos impositivos a los nuevos precios (Madrid, Andalucía o País Vasco) y otras con rebajas mucho más limitadas (como es el caso de Cataluña). 

El presidente de EEUU, Donald Trump, amenaza con imponer un arancel del 200% a todas las bebidas alcohólicas europeas como represalia a los tarifas al whisky estadounidense que Bruselas anunció el miércoles como respuesta a los gravámenes al acero y al aluminio impuestos por la Casa Blanca. “Si este arancel no se elimina de inmediato, Estados Unidos impondrá próximamente un arancel del 200% a todos los vinos, champanes y productos alcohólicos procedentes de Francia y otros países de la UE”, según anunció Trump en su red social Truth Social. Según el presidente, la medida “beneficiará enormemente al sector del vino y el champán en Estados Unidos”. Al mismo tiempo, insistió en una idea que ya ha repetido en numerosas ocasiones durante las últimas semanas: La Unión Europea se fundó “con el solo propósito de aprovecharse de EEUU”. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, rechazó ayer los nuevos aranceles anunciados por Trump, pero subrayó que la UE está “abierta a negociar”. “No nos gustan los aranceles porque creemos que son impuestos y que son perjudiciales para las empresas y los consumidores”, afirmó Von der Leyen en una rueda de prensa tras la cumbre UE-Sudáfrica en Ciudad del Cabo. “Siempre hemos dicho que, al mismo tiempo, defenderemos nuestros intereses. Lo hemos dicho y demostrado”, indicó la política alemana. Además, aseguró que hay una línea abierta de comunicación entre Bruselas y Washington DC. El comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis, “está en contacto con su homólogo en EEUU”. Está previsto que ambos hablen hoy en un intento de acercar posturas para desescalar la guerra comercial.

Olivier Blanchard (Amiens, 76 años) ha sido mucho más que un espectador pasivo de los terremotos que han agrietado la economía mundial en las últimas décadas. Profesor en las universidades más prestigiosas del mundo, economista jefe del FMI entre 2008 y 2015, cuestionó las políticas de austeridad severa durante la Gran Recesión y defendió el estímulo fiscal. Sus investigaciones le han convertido en una de las voces más influyentes y citadas en el campo de la macroeconomía y le acaban de valer un logro más en su carrera profesional: la Fundación BBVA le ha concedido recientemente el Premio Fronteras del Conocimiento junto a Michael Woodford y Jordi Galí, un reconocimiento que en hasta 12 ocasiones ha sido la antesala del Nobel de Economía. En una entrevista por videollamada reflexiona sobre las políticas erráticas del nuevo mandatario estadounidense y el revulsivo que están suponiendo para un orden mundial ya tocado, el papel de los bancos centrales y la crisis que atraviesa Europa. “La economía global será más fragmentada, y no solo por Donald Trump”. El economista observa el tablero global con realismo y preocupación. Los grandes shocks de la pandemia y la invasión de Ucrania han tensionado las costuras de un sistema hiperglobalizado y han puesto en el foco la seguridad nacional, tanto en términos económicos como de defensa. 

Kargua hartu zuenetik bi hilabete eskas baino ez dira pasa eta egunerokotasunaren parte bilakatu zaizkigu Trumpen neurriak. Hilabete bakar batean 72 dekretu onartu ditu presidente berriak, Bidenen bikoitza eta Obamak halako bost. Jarduera bizi horren atzean Stephen K. Bannon aholkulari ultraeskuindarraren eskua ikusi dute hainbatek, aurkariak ahuldu eta oposizioa indargabetzeko.

Andrew Harnik, fotorreportero de la agencia Getty, tomó el martes una imagen de apariencia sin importancia, pero que resume mejor que ninguna otra el intenso debate surgido en Estados Unidos sobre los posibles conflictos de interés con sectores como los de las criptomonedas, la producción audiovisual o las redes sociales que pesan sobre la nueva Casa Blanca de Donald Trump, su familia y sus aliados. En la foto, se ve la mano del presidente sosteniendo una chuleta con los precios (tan bajos como 299 dólares al mes o 35.000 en un solo pago) y las ventajas de los vehículos eléctricos de la marca Tesla, empresa propiedad de su estrecho colaborador Elon Musk, encargado de la voladura desde dentro de la misma Administración con la que el hombre más rico del mundo hace jugosos negocios con sus empresas, especialmente con la astronáutica Space X. Ambos comparecieron ayer en la Casa Blanca ante una hilera de cinco coches en un evento asombrosamente parecido a un anuncio de Tesla, en el que Trump se comportó como un vendedor de concesionario y se compró un vehículo eléctrico. Los funcionarios de la Casa Blanca respondieron después a los reporteros que no veían conflicto de intereses, pese a que no existe precedente de algo así. Según explica Kathleen Clark, profesora de Derecho de la Universidad de Washington en San Luis, los funcionarios del Gobierno tienen prohibido promocionar el producto de un amigo, salvo si son el presidente y el vicepresidente. En el caso de Trump, ya en su primer mandato demostró que en estos asuntos tampoco se siente sujeto a las reglas del decoro que sí asumieron sus antecesores en el cargo.