20250428

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día. 

El incremento del gasto en seguridad aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez tras ser reclamado por la OTAN depara una interesante oportunidad de inversión para las empresas vascas de los sectores productivos relacionados con las armas, la defensa y la ciberseguridad. Compañías como Satlantis, ITP Aero, Indra, Sener, Sapa,Tecnalia o Aernnova quieren aprovechar el «viento de cola» para obtener contratos, incrementar su facturación y dar un salto de gigante en su posición en un sector que emplea a 21.000 trabajadores. La guerra de Ucrania y el progresivo distanciamiento de Estados Unidos de la OTAN han disparado los recursos destinados por las capitales a reforzar sus capacidades militares, en un contexto en el que las cuestiones armamentísticas han dejado de ser un tema tabú y emergen como un pilar de la soberanía continental. España no es ajena a este giro y acelera con fuerza en la carrera armamentística europea. El martes pasado, en una comparecencia sorpresa en pleno luto oficial por la muerte del Papa, el presidente del Gobierno anunció su intención de elevar el gasto en defensa al 2% del PIB durante este mismo año. Es un paso histórico que alinea a España con los objetivos de la OTAN tras una década de aplazamientos. Una apuesta de calado que Pedro Sánchez pretende implementar sin pasar por el Congreso y sin tramitar nuevos presupuestos, con el argumento de que basta con una simple reorganización de las partidas de las cuentas de 2023. Las empresas que forman parte del sector, especializado en tecnología avanzada, ingeniería de precisión y componentes estratégicos para plataformas de tierra, mar y ciberespacio, dan trabajo a 21.090 personas en Euskadi. Según el último informe de TEDAE, la asociación nacional de empresas de defensa, su aportación económica alcanzó en 2023 los 2.192 millones de euros, lo que equivale al 14,3% del valor añadido industrial de la comunidad, consolidando así su peso como motor tecnológico y productivo de primer orden.

Casi un año después desde su lanzamiento, la opa de BBVA sobre Banco Sabadell entra en su fase decisiva. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) podría aprobar este mismo lunes su dictamen sobre la operación, justo un día antes de la presentación de resultados del banco vasco. Fuentes cercanas al proceso señalan que lo habitual es que las reuniones del órgano de gobierno de la institución presidida por Cani Fernández sean los miércoles, por lo que no se descarta que la decisión se retrase a ese último día del mes ante la complejidad de un proceso que necesita del mayor consenso posible. Las mismas fuentes insisten en que para el regulador –que no hace comentarios– es importante dejar claro que ha analizado al milímetro no solo los compromisos planteados por BBVA para salvar el trámite, sino también las alegaciones presentadas en el test de mercado lanzado a principios de abril, en el que ya se reconocían riesgos de competencia en determinadas zonas, tanto para pymes como para particulares. Por eso, se espera que el documento de la CNMC incluya requisitos –los denominados ‘remedies’– algo más duros de los planteados por el banco de Carlos Torres, aunque en ningún caso supondrán un freno a la operación. Se trata de demostrar que todas las alegaciones se han estudiado a fondo, aceptando algunas de ellas, aunque no está previsto que se incluyan todas las peticiones del Sabadell, tal y como las planteó la vallesana.

Jaime Sáenz de Tejada (Madrid, 1968) lo ha sido casi todo en BBVA: director financiero, de gestión del riesgo y de estrategia, entre otros cargos. Desde el año pasado es el máximo responsable del negocio de empresas para todo el grupo y es el encargado de llevar a cabo una estrategia que apuesta por crecer con fuerza los próximos años. "...Las cuotas de mercado combinadas de BBVA y Sabadell son moderadas. De hecho, la entidad resultante sería el segundo banco por cuota a nivel nacional, por detrás de CaixaBank tanto en créditos y depósitos como en sucursales. En los territorios con mayor presencia de Sabadell tampoco vemos riesgos de concentración que perjudiquen la competencia. En Cataluña y la Comunidad Valenciana, las cuotas combinadas serían menores que las de otras entidades en regiones como Galicia, Baleares o el País Vasco, donde el sistema sigue siendo muy competitivo debido a factores, como la ausencia de barreras de entrada y la digitalización....La unión permitiría aumentar en 5.000 millones de euros al año la capacidad de financiación a familias y empresas. Se trata de una clara apuesta por las compañías y los territorios con mayor presencia de ambas entidades. Las empresas que hoy son clientes de Sabadell tendrán en BBVA a su mejor aliado para crecer. Tenemos múltiples casos de éxito de pymes, start up y grandes compañías a las que hemos acompañado en sus procesos de expansión, transformación o internacionalización...Hemos propuesto una batería de compromisos sin precedentes, que responden a las preocupaciones de las autoridades en torno al acceso al crédito para pymes, la inclusión financiera, la cohesión territorial y la competitividad, con especial atención a los territorios donde Sabadell tiene una mayor presencia, como Cataluña, la Comunidad Valenciana o Asturias. Nunca se habían planteado compromisos de garantía de precio y de mantenimiento del volumen de crédito en España. Mantendremos todas las oficinas de Sabadell especializadas en empresas en todo el territorio nacional..."

El comercio electrónico de productos baratos que se compran a gigantes chinos como Temu o Shein se dispara en Gipuzkoa, que entrega ya cada día 20.000 paquetes de este tipo –de menos de 150 euros– en los hogares del territorio. Para poner control a este fenómeno que amenaza la competitividad del tejido local, Europa estudia aranceles a este tipo de paquetes. Europa calcula que en 2024 se entregaron 4.600 millones de paquetes de bajo coste –de menos de 150 euros–. Lo que supone la entrada de 12 millones de paquetes diarios. Esos mismos cálculos en Euskadi, con un peso del 0,49% de la población europea, arrojan cifras también impactantes: 22,5 millones de pedidos al año y unos 61.000 al día. Lo mismo que sucede con Gipuzkoa, que recibe 7,36 millones de paquetes al año. ¿Cómo impacta este negocio en las empresas de Gipuzkoa? ¿Qué puede hacer el tejido empresarial del territorio para adaptarse o resistir ante semejante ‘tsunami’? Desde la Cámara de Comercio, su directora de Comercio y Turismo, Amalur Anguiozar, reconoce que la popularidad de esta empresa «evidentemente» ha tenido su impacto, «como lo tuvo en su día Amazon». La responsable de la institución reconoce que el tipo de producto que se distribuye a través de estas empresas es «de bajo coste» con una calidad que «es la que es». Afirma que su ‘target’ habitual es la juventud, cuyo poder adquisitivo es «más bajo». Pero la reflexión que se esfuerza en describir es que, al igual que sucedió en tiempos de la pandemia, este fenómeno está provocando «una revolución en los hábitos del consumidor». Porque su precio es «tan, tan bajo que aquellos que tienen menor capacidad tienen la posibilidad de consumir más». Preguntada por lo que tienen que hacer las empresas a la hora de adaptarse, contesta que «trabajamos mucho» para que estén presentes en este universo digital porque es «fundamental». ¿Hay algún subsector que sufra especialmente con esta competencia? «El más afectado es el de la ropa y los complementos. Y luego están los productos electrónicos», responde.

Inork gutxik ukatzen du hemendik urte batzuetara ez dela enpresarik geratuko AA sortzailea erabiltzen ez duena. Aitzitik, teknologiak eskaintzen dituen aukerak hain dira anitzak, ezen egitasmo enpresarial bakoitzarentzat apropos izan daitekeena identifikatzea zaila suertatu daitekeen. Eta horrek inguruan dagoen ezagutza nahikoa ez aprobetxatzera eraman dezake. Ideia hori abiapuntu, duela aste batzuk Donostia Sustapenak eta Tecnunek —Nafarroako Unibertsitateak Donostian duen ingeniaritza eskolak— hitzarmen bat sinatu dute, Adimen Artifizial Aplikatua ikertzeko katedra sortu asmoz. Gehiago irakurri hemen. 

La inminente aprobación en Consejo de Ministros de la reducción de jornada a 37,5 horas terminará por desviar al terreno parlamentario el foco de la discutida medida que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere tener aprobada para antes de que acabe el año. Pero en el plano del Congreso de los Diputados parece que el Gobierno tendrá difícil sacar adelante la medida si no consigue ablandar el “no” inicial de formaciones escépticas como Junts, PP y PNV. Precisamente, uno de los esfuerzos de las organizaciones empresariales, que ya rechazaron el texto acordado entre Trabajo y los sindicatos, está en apuntalar el rechazo de la formación independentista para dejar en punto muerto las expectativas del Gobierno. Primero fue el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, hace un año, y en los últimos días ha sido el presidente de Pimec, Antoni Cañete, quien se ha reunido en Waterloo (Bélgica) con el presidente de Junts, Carles Puigdemont, para trasladarle su “postura crítica” con la propuesta de reducción de la jornada laboral. El argumento de la patronal es claro: la medida supondría un incremento insostenible de los costes, especialmente para las microempresas y los sectores más afectados. Desde Junts, por su parte, mantienen por el momento el rechazo a la medida ante este último paso que pretende andar el Ejecutivo de llevar al Congreso la reducción de jornada ya como proyecto de ley tras la aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros. Alegan en este rechazo que el departamento de Díaz no se ha puesto en contacto con la formación para transmitir los pasos a seguir, y además se alinean con los empresarios en cuestiones clave como que puede suponer un golpe para los pequeños negocios y desactivar la negociación colectiva.

Yolanda Díaz no cede en su empeño de recortar la jornada laboral máxima por decreto a pesar de las numerosas advertencias sobre los efectos letales que tendría esta medida para las pequeñas y medianas empresas. El Consejo de Ministros aprobará mañana el proyecto estrella para esta legislatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Obligar a las pymes a reducir desde 40 a 37,5 horas por semana el tiempo máximo de trabajo de sus asalariados sin poder ajustar los salarios implica incrementar otro 6,25% sus costes laborales. Algo inasumible para gran parte de los pequeños empresarios, para quienes mantener a sus plantillas es ahora un 25% más caro que antes la pandemia debido a medidas del Gobierno como las subidas anuales del salario mínimo, el alza de las cotizaciones sociales o el recargo de solidaridad para pagar las pensiones. La constatación de que las compañías de menor dimensión son las que más están sufriendo con la política laboral de PSOE y Sumar es la pérdida progresiva de peso de las pymes en el empleo. Este pasado marzo las micropymes (entre 1 y 9 trabajadores) emplearon al 18,38% de los asalariados, pero hace cuatro años ese porcentaje era del 20,91%. En el caso de las catalogadas como pequeñas (entre 10 y 49 asalariados), el descenso comenzó en 2023 y ya sólo representan el 18,47% del total de trabajadores. En sentido contrario, la participación de las grandes compañías en el empleo se ha ido incrementando progresivamente desde que gobiernan socialistas y populistas, al haber pasado de un 35,64% en marzo del año 2021 a un 38,93% en estos momentos, y subiendo. El Gobierno niega la mayor, pero llegó a ofrecer en las negociaciones con los agentes sociales ayudas de hasta 300 millones de euros para facilitar a las pymes con menos de cinco trabajadores la digestión de la medida. El hecho de ofrecer subsidios únicamente para las compañías de menor dimensión es todo un reconocimiento implícito de que serán las más afectadas por esta medida. 

“La diversificación comercial y la apertura de mercados alternativos ya era un objetivo fundamental antes y lo es más ahora” que ha estallado el “conflicto arancelario” con Estados Unidos, defiende María Amparo López Senovilla (Jaén, 1975), secretaria de Estado de Comercio. Siguiendo dicha estrategia, esta abogada del Estado, que formó parte de la comitiva que acompañó a Pedro Sánchez en su reciente viaje a Pekín, defiende que China debe ser vista como “un rival pero también como un aliado estratégico” del que captar inversión y hacia el que aumentar las exportaciones, “lo que no obstaculiza nuestra relación con EEUU”. A su vez, las empresas españolas deben aumentar su relación comercial con Latinoamérica, el sudeste asiático o África mientras España debe aprovechar la situación para captar inversión extranjera con iniciativas como el foro Invest in Spain Summit en el que participa hoy en Madrid. "España encara la situación arancelaria, no me gusta llamarla guerra comercial, de una manera positiva porque estamos en una muy buena situación económica. Es el único de los países desarrollados al que el FMI no ha corregido las previsiones salvo para elevarlas y en 2024 tuvimos un 3,2% de crecimiento de PIB. Con todo, no vamos a ser autocomplacientes: la situación arancelaria causa un impacto en la economía. España está menos expuesta que otros países europeos y del entorno porque nuestras exportaciones a Estados Unidos son inferiores, pero hay que tener en cuenta posibles efectos indirectos que estamos monitorizando...En 2024, en bienes hemos exportado a Estados Unidos unos 18.000 millones y en servicios unos 19.000 millones de euros. Sería difícil dar una afectación específica para España. A nivel de la Unión Europea en torno a un 80% de las exportaciones se ven afectadas por los por los aranceles...China es un actor político y económico importantísimo a nivel internacional. Tenemos que diseñar unas relaciones que por un lado nos permiten considerarlo un rival, porque lo es además en sectores estratégicos, pero también como un aliado estratégico, precisamente en sectores cuya tecnología han desarrollado de manera adelantada a Europa. Es cierto que, desde el punto de vista comercial, la relación es muy desequilibrada. Es algo que ha puesto encima de la mesa tanto la Comisión Europea como el propio presidente en ese viaje, y tenemos que buscar mecanismos que traten de equilibrar esa relación comercial tan desequilibrada, bien aumentando nuestras exportaciones o incrementando la inversión China en España, que tiene que ser de alto valor añadido, de creación de empleo de calidad y de transferencia de tecnología. Esa es nuestra aspiración..."

El constructor de automóviles Chery reforzará su presencia comercial e industrial para convertirse en «la empresa china más importante en España» según desveló Charlie Zhang, vicepresidente ejecutivo de Chery Auto, en un encuentro en los cuarteles generales de la compañía en Wuhu. La estrategia pasa por dos caminos. Por un lado, barajan traer hasta cuatro nuevas marcas entre finales de este año y el que viene, para sumarlas a las dos (Omoda y Jaecoo) que ya comercializan desde 2024. Por el otro, subirán un escalón la cadencia de producción de la planta de Barcelona en la que están asociados con la española EV Motors. Actualmente esta factoría ya culmina los modelos Ebro S700 y S800, que vienen casi terminados desde Wuhu.En noviembre, una vez que tengan localizados en Europa o España los suficientes componentes para hacer las baterías, empezarán con el ensamblaje de los Omoda 5 y Jaecoo 5 eléctricos. Chery, que es el mayor exportador chino de vehículos desde hace 20 años, cuenta con una amplia cartera de marcas en su mercado local. La que tiene mayores probabilidades de venir es iCar, que produce pequeños todoterrenos inspirados en modelos de Jeep o Land Rover, 100% eléctricos o de autonomía extendida, que serían los primeros en aterrizar. También es fácil que llegue Lepas, con una oferta de SUV convencionales, híbridos con enchufe o sin él y eléctricos puros. Las otras dos enseñas tienen un enfoque prémium y no llegarían antes de finales de 2026. Una es Exlantix, con dos modelos insignia –una berlina y un SUV con las mismas tecnologías que iCar– pero dado el perfil del cliente al que se dirigen, la comercialización se iniciará por Noruega y Dinamarca. «Luego consideraremos la introducirlos en España». La otra es Luxeed, fruto de la colaboración de Chery con la tecnológica Huawei y, por tanto, rival de su compatriota Xiaomi o Tesla.

El Gobierno organiza por primera vez el foro Invest in Spain y lo hace en pleno paréntesis de las inversiones en el mundo del capital privado. El sector está congelado hasta que expiren los 70 días que faltan para que finalice la pausa arancelaria autoconcedida por EEUU para poder negociar con medio mundo su régimen comercial y la imposición de aranceles. Al encuentro acudirán representantes de 75 compañías de 25 países, de las cuales unas 22 son estadounidenses, que cuentan con inversiones en España o tienen intención de tenerlas, y charlarán empresas nacionales y miembros de media docena de ministerios y comunidades autónomas sobre los proyectos en los que están interesados. Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio, el año pasado las mayores inversiones extranjeras se canalizaron a través de Reino Unido, EEUU, Francia y Alemania. Por primera vez, Londres adelantó al país americano como primer emisor de capitales hacia España. Desde el Gobierno niegan que, por el momento, se haya notado una ralentización de las relaciones comerciales con EEUU y apuntan que «implican más de 4.400 millones de euros diarios en intercambios». Entre los sectores que participarán en este foro no estará el turismo, pero sí otros de «alto valor añadido», como explicó la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, como la tecnología, energías renovables, automoción, aeroespacial o la industria química, entre otros. Después de los estadounidenses, la siguiente delegación más numerosa es la de Japón, por delante de China y Alemania. Este encuentro se produce en un momento clave para el mercado del capital privado: los grandes inversores han decidido parar y esperar a ver qué sucede a principios del verano, después de que finalice el periodo de gracia de la Administración Trump. 

El mecanismo creado por el Gobierno español tras la pandemia del Covid para controlar las inversiones extranjeras en activos “estratégicos” batió todos sus récords en 2024, al atrapar en su red regulatoria un total de 147 compras, aunque solo una de ellas fue vetada: la oferta del grupo húngaro Ganz Mavag por el fabricante de trenes Talgo. Según datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, departamento que gestiona el denominado escudo anti-opas, el número de casos “informados” el año pasado por la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex) supone un salto del 50% respecto a 2023, cuando supervisó 97 transacciones. La tendencia de aumento de las inversiones que topan con este blindaje es creciente desde su implantación en 2020, cuando apenas afectó a 29 acuerdos. Por un lado, este incremento se explica por un mayor interés extranjero por realizar operaciones en España. Pero sobre todo, por la progresiva ampliación del alcance del blindaje, especialmente desde la publicación de un nuevo decreto-ley en 2023. En esta normativa se considera como activos estratégicos un amplio número de sectores de la economía española, desde las telecomunicaciones a la energía, pasando por la salud, la banca, los medios de comunicación, la Defensa, la alimentación y cualquier negocio que tenga acceso a datos personales o sensibles. Cualquier inversor de fuera de la Unión Europea (UE) que quiera comprar una empresa de esas industrias debe pedir permiso al Gobierno. En el caso de firmas de otro estado comunitario, necesitan la autorización si adquieren más del 10% de una empresa cotizada española o invierten más de 500 millones de euros en un grupo no cotizado. El escudo afecta a los inversores europeos de manera provisional, pero de momento su aplicación se ha ampliado hasta el final de 2026.

Iberdrola, Naturgy, Endesa y Repsol, las cuatro mayores energéticas españolas, preparan operaciones de compra de acciones propias por valor de 8.000 millones de euros para los próximos meses. Es una cifra histórica que nunca se había alcanzado en España. Las Big Four energéticas españolas entran de lleno así en una práctica financiera que, aunque lleva años en el mercado –sobre todo en EEUU– ahora está causando furor en Europa. Especialmente entre otros gigantes energéticos como Shell, Totalenergies, ENI y Centrica (ver cuadro). Pero también en otros sectores como telecomunicaciones (Orange), seguros (AXA, Generali), infraestructuras (Vinci) y consumo (Unilever), entre otros. La práctica de la compra de acciones propias, o autocartera, por parte de una empresa cotizada se conoce genéricamente como share buybacks. Hay distintos modelos dependiendo de la finalidad. En general, las empresas compran sus propias acciones porque, en un determinado momento, eso es la mejor opción de inversión ante la ausencia de otros proyectos. A partir de ahí, el destino final de esa autocartera es distinto. Es el caso de Iberdrola, Naturgy, Endesa y Repsol. Cada grupo prepara un plan, pero sus objetivos son diversos. Iberdrola aprobará en su próxima junta de accionistas, el 30 de mayo, un programa de recompra de acciones propias por hasta 200,5 millones de títulos, lo que supone el 3,4% del capital. A precios de mercado, esa cifra supone unos 3.000 millones de euros.

La idea de presentarse a un tercer mandato en 2028 pareció, al principio, una provocación más de Donald Trump, pero ahora el presidente de EE UU y su entorno han admitido que estudian fórmulas para hacerlo pese a que la Constitución lo veta. Trump asegura que le han “inundado” de peticiones para que repita. Un nuevo producto se ha sumado a las decenas que se ofrecen en la página oficial de merchandising del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: por 50 dólares, más impuestos y gastos de envío, cualquiera puede hacerse con su característica gorra de béisbol roja, pero con un nuevo lema bordado: “Trump 2028”. Un guiño a sus coqueteos en torno a un tercer mandato. O quizás una declaración de intenciones, al cumplir sus primeros 100 días en la Casa Blanca. Empezó sonando a una especie de provocación. Inmediatamente después de tomar posesión de su cargo, el republicano planteó su idea de optar a una nueva reelección, algo que la Constitución de EE UU veta de manera rotunda. “Será el mayor honor de mi vida el ocupar la presidencia no solo una vez, sino dos, o tres o cuatro”, declaró en enero en un mitin en Nevada. Muchos restaron importancia a esas palabras. Pero la idea no quedó ahí. El pasado martes, en una entrevista para el semanario Time, volvió a insistir: “Todo lo que puedo decir es que me han inundado a peticiones… Estoy haciendo un buen trabajo”.

"...La independencia de los bancos centrales en general y la de la Fed en particular es una norma compartida por las democracias avanzadas y no responde a un capricho académico ni una moda neoliberal. Se trata de una lección recogida en los manuales económicos y extraída de repetidas experiencias desestabilizantes, como la Argentina de los corralitos financieros, la Turquía de Erdogan con tipos dictados desde el palacio presidencial, o incluso el breve episodio del Reino Unido bajo el efímero mandato de Liz Truss. Trump lleva tiempo desafiando la independencia institucional de diversas agencias estatales. Desde su regreso a la presidencia ha intervenido organismos como la Comisión Federal de Comercio o la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Ambas han sido objeto de purgas ideológicas, ceses arbitrarios y prácticas nepotistas, sustituyendo cuadros técnicos por leales ideológicos. Paralelamente fustiga aquellos flancos de la sociedad civil que más incomodan a los vaivenes de su temperamento: las Universidades, los bufetes de abogados, los centros de opinión. La Fed ha sido, durante los últimos días, su oscuro objeto de deseo. Anhela poseer la llave del arca de la liquidez y del precio del dinero, aunque no se limite a ello. La Reserva Federal supervisa un sector bancario con activos superiores a los 150 billones de dólares. Otorgar al Gobierno mando sobre un regulador que autoriza licencias y que examina y sanciona a los bancos abre la puerta a una asignación de crédito politizada. La Casa Blanca podría ‘persuadir’ al sistema financiero para que se oriente de forma preferencial hacia tal o cual sector o proyecto aliado, algo que encaja sin rodeos en la categoría de la corrupción. La historia de EE UU ya ha conocido episodios de presión presidencial sobre la política monetaria. Johnson la ejerció sobre Mc Chesney Martin y Nixon sobre Arthur Burns. Pero nunca se había planteado una ofensiva frontal contra la presidencia de la Fed, como la actual..."

Pocos políticos progresistas en el mundo podrían deberle su éxito a Donald Trump, excepto el primer ministro canadiense Mark Carney, que hoy se prepara para celebrar una victoria electoral inimaginable sin el revulsivo que ha supuesto el discurso anexionista del presidente de EE UU. En enero, solo el 12% del electorado creía que el Partido Liberal de Justin Trudeau merecía la reelección. El líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, había puesto a su formación 27 puntos por delante, gracias a un discurso pospandémico metódicamente construido sobre la inflación, la vivienda y la necesidad de cambio que se respiraba a nivel global. Bastó con que Trump subiera al poder reclamando que Canadá se convierta en el 51 estado de la Unión para dar un vuelco impensable a las encuestas. Pese al desgaste de casi una década con Trudeau en el poder, el Partido Liberal llega hoy a las elecciones con entre cuatro y seis puntos de ventaja en la intención del voto. «La conversación política cambió rápidamente. Lo que antes era una contienda centrada en la escasez interna pasó a definirse por la precariedad internacional. Y con ello cambiaron las cualidades que los canadienses buscaban en un líder», observó en su editorial el diario ‘Toronto Star’. Hasta que su partido le eligió para suceder a Trudeau, el exbanquero era casi un desconocido, al que solo le daba solidez su gestión como el primer director no británico del Banco de Inglaterra. Pero su popularidad ha pasado del 19% al 46% es los dos meses que han pasado desde que convocó comicios anticipados, solo dos semanas después de heredar el cargo.

El suceso ocurrió a pocas horas de las elecciones parlamentarias que se celebran hoy en Canadá, lo que modificó la agenda de fin de semana de algunos candidatos. El primer ministro y líder del Partido Liberal, Mark Carney, tenía previsto pasar parte del día de ayer en Columbia Británica, la provincia donde se encuentra Vancouver, pero canceló dos grandes actos de campaña que iba a celebrar en Calgary y Richmond por la tragedia. En un mensaje de condolencias a las víctimas y la población de Vancouver, Carney apeló a “la unidad” —uno de sus lemas electorales— para hacer frente a sucesos inexplicables como el del sábado. El rival de Carney, el conservador Pierre Poilievre, se declaró “conmocionado por las terribles noticias que surgieron del Festival del Día de Lapu Lapu en Vancouver esta noche”. Pese a la dureza de su mensaje contra la delincuencia, y sus modos trumpistas, ni se le ocurrió sugerir lecturas alternativas sobre lo sucedido. Es el único que no modificó su jornada y tenía intención de celebrar ayer por la tarde un acto con votantes cerca de Ottawa.