20250512

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día. 

El empresario Guillermo Buces es uno de los dos candidatos que se han postulado a presidir Cebek en las que podrían ser, si no hay giros de última hora, las primeras elecciones de la patronal vizcaína en su historia. "De mi programa destacaría la necesidad de poner en valor la aportación empresarial al Estado de bienestar además de recuperar la cultura del esfuerzo, que se ha perdido. Creo que las relaciones con los sindicatos están obsoletas y hay que darles un nuevo impulso. Me gustaría continuar con el programa de Cebek para gestionar el absentismo, que es una lacra, y también promover la salud y el bienestar en las empresas. Otro reto es la captación y retención del talento y, por supuesto, seguir avanzando en la igualdad...Hay que comunicar lo que hacemos. Existe la idea de que los empresarios se hinchan a ganar dinero y no es así. Yo desde luego no. Generamos puestos de trabajo y pagamos impuestos. La empresa hace una importante labor social...No digo que haya que vivir para trabajar, pero sí que hay que esforzarse. Nuestros padres sacaron este país adelante. Estoy totalmente a favor de nuestro sistema de ayudas pero tampoco puede ser que haya una diferencia de 300 euros entre trabajar y no hacerlo...Algo no encaja cuando la tasa de absentismo aquí, donde hay un alto nivel de vida, ronda el 9,5% y en el conjunto de España es del 7,5%. No sé la causa pero podría haber un mal uso de las bajas. Las empresas, por nuestro lado, debemos promover políticas de bienestar y recuperar el orgullo de pertenencia. Si te falta el 10% de la gente se pierden pedidos por falta de capacidad para atenderlos. A nosotros nos ha pasado...A mí me encantaría pagar un 25% más de salario, pero entonces la empresa sería inviable...La forma de atraer talento es creando más empresas en Euskadi y para eso tenemos que ser atractivos, con menos conflictividad y absentismo. También influyen los costes laborales, la fiscalidad y las comunicaciones porque todavía seguimos sin tren de alta velocidad. Tampoco ayudan nada los continuos cambios regulatorios que vienen de Madrid, en los que veo mucho populismo... La reducción de jornada debe ser materia de negociación colectiva porque hay muchas diferencias por sectores.– ¿Se opone a negociar un salario mínimo vasco?– Lo que pienso es que ya hay un foro de diálogo social para debatir temas como el salario mínimo y el absentismo. No puede haber un foro a la carta donde hablo de lo que yo quiero"

En un mundo orientado a decir adiós a los motores de combustión, Gipuzkoa da un paso firme hacia el transporte limpio. El territorio celebra hoy, con presencia del lehendakari, Imanol Pradales, la apertura oficial de Mubil Center, el primer edificio inaugurado en este ecosistema y el corazón tecnológico de la movilidad inteligente y sostenible, ubicado en el polígono donostiarra de Eskuzaitzeta (Zubieta). Con una superficie de 9.700 metros cuadrados sobre una parcela de 48.000 y laboratorios de última generación, este nuevo polo de innovación aspira a convertirse en un referente europeo en la descarbonización del transporte y la movilidad. Impulsado por la Diputación Foral de Gipuzkoa desde 2018, el proyecto forma parte de una estrategia de anticipación orientada a generar empleo, competitividad e innovación industrial, y abordará los grandes retos del sector. Un total de ocho empresas (Battera, Lazpiur, NX, Wattson, Battbelt, Veltium, AVL y Novac) residirán desde este lunes en el edificio central del nuevo polo de movilidad, con dos gestores tecnológicos como Cidetec y Epowerlabs, que ya trabajan desde hace meses en Eskuzaitzeta. Alrededor de 80 profesionales desarrollarán soluciones innovadoras para una movilidad inteligente y sostenible en Mubil Center. Además, otros tres centros tecnológicos de referencia como son Ceit, Vicomtech, y Tecnalia trasladarán físicamente parte de sus instalaciones a este polo, estas dos últimas ya en 2026, cuando se prevé que trece firmas y unos cuatrocientos empleados estén instalados en el polo. Mubil Center alberga así tres laboratorios de última generación donde se trabajará en campos como las baterías eléctricas, sistemas de tracción y pilas de hidrógeno, con el primero gestionado por Cidetec. Los otros dos, a cargo de Epowerlabs, están enfocados al ‘power train’ y al hidrógeno. En su interior, Mubil acoge otros laboratorios punteros para el desarrollo y validación de tecnologías clave, todo ello enmarcado en los objetivos europeos para reducir las emisiones un 55% antes de 2030.

Después de ver cómo varias empresas han pasado de largo de Álava, las instituciones quieren atajar el problema de suelo que afecta a la industria local. A las ampliaciones de polígonos como el de Arasur, Vitoria quiere sumar una nueva apuesta por Betoño. El Ayuntamiento, a través del Plan General, busca ahora resucitar esta zona de la ciudad y disponer de ella como polo industrial de la ciudad. El Consistorio pretende que el antiguo polígono, que en 2019 contaba con diez hectáreas en desuso, sea uno de los pilares sobre los que relanzar al sector secundario. Y para ello, la capital alavesa tira de un aumento de la edificabilidad en las parcelas para tratar de ofrecer casi 130.000 metros cuadrados entre las antiguas instalaciones de Llama Gabilondo y una parcela situada frente a la Fundación Sancho el Sabio. Por partes. Gabilondo sería el ariete industrial para revitalizar el polígono. La antigua fábrica de pistolas, clausurada con el cambio de milenio, cuenta con casi más de 50.000 metros cuadrados, pero con los aumentos de edificabilidad que contempla el Plan General se podría permitir crecer hasta los 95.153. De acuerdo a la ‘hoja de ruta’ urbanística este terreno formaría parte de una de las claves del Distrito Industrial Norte, la iniciativa que presentaron Diputación y Ayuntamiento en 2022 para reflotar las antiguas zonas industriales. 

 Mientras Mercedes Vitoria va culminando poco a poco las obras de su ampliación para la plataforma VAN.EA, otras empresas de automoción van conquistando suelo industrial en otras partes de la ciudad. A pesar de la fuerte crisis que sufre el sector, los módulos de Panattoni ya lucen al 86% de ocupación en Júndiz gracias a fabricantes de piezas vinculadas a la industria del coche. En los últimos meses, el promotor industrial ha cerrado dos importantes operaciones con proveedores de los principales fabricantes de automoción. Así, en octubre del año pasado, la alemana Kromberg & Schubert alquiló dos módulos de 5.000 metros cuadrados a Panattoni. La compañía alemana es uno de los principales fabricantes de los sistemas de cableados que llevan los coches y presume en su propia página web de «suministrar a todas las grandes fabricantes» del sector –la filial española tiene su sede en Navarra, donde está la factoría de Volkswagen Landaben– entre los que incluye también el cableado que usan muchas motocicletas. A esa instalación se ha sumado este mismo mes Rhenus Automotive. Esta firma, también alemana, es bastante diferente a Kromberg, ya que está especializada en logística y cadena de montaje. La apuesta de estos segundos ha sido más ambiciosa, ya que han decidido alquilar 11.000 metros cuadrados en las instalaciones de Panattoni en Júndiz. En paralelo a las operaciones de la firma logística, otros portales del sector inmobiliario siguen anunciando naves en las afueras de Vitoria. Sólo en Ali, por ejemplo, se ofertan más de 22.217 metros repartidos en cuatro naves que, sumadas, están a la venta por 8,25 millones de euros. CBRE, una de las principales firmas del sector, también anuncia los terrenos de Panattoni. Junto a ellos, otros tres grandes espacios: dos en Júndiz y uno en Gamarra.

El conflicto laboral en Bridgestone encara hoy su jornada más decisiva hasta la fecha. Los trabajadores volverán a parar la producción y el comité de empresa se sentará por última vez con la dirección para intercambiar propuestas, después de un encuentro el pasado jueves en el que la multinacional japonesa propuso por primera vez una rebaja de los despidos, desde los 546 planteados inicialmente para las fábricas de Basauri y Puente San Miguel, hasta los 491. En el caso de la planta vizcaína, de 335 a 290. No es la única mejora que planteó la dirección de Bridgestone, que hoy deberá presentar su oferta definitiva. Será la última baza de la compañía antes de que los sindicatos decidan antes del próximo lunes si la firman o no. La parte empresarial –sometida a una importante presión política que busca aminorar los daños sobre un sector de la automoción en crisis– también puso sobre la mesa la posibilidad de elevar la indemnización por despido hasta los 45 días por año trabajado. Un salto destacado desde los 27 que ofreció cuando anunció su intención de ejecutar un ERE. La compañía también planteó la posibilidad de abrir la vía de las prejubilaciones para los 55 empleados de Basauri de más de 57 años mediante un plan de rentas que una aseguradora detallará hoy a los representantes de los trabajadores. Fuentes sindicales confían en que durante el encuentro de esta mañana se rebaje esta edad, ya que indicaría que hay «una apuesta de futuro por la planta».

La mayor planta fotovoltaica de Bizkaia instalada directamente sobre el suelo se levantará en Usansolo. El proyecto ha iniciado estos días los trámites administrativos ante el Departamento de Industria del Gobierno vasco. El plan prevé construir un parque con 5.100 paneles, en una parcela de 30,58 hectáreas, en el barrio de Gorosibai. Se trata de una superficie notable. Equivale a tres veces la plaza Moyua de Bilbao y se corresponde con casi el 5% de las 727 hectáreas que conforman el término municipal de la localidad recién desanexionada de Galdakao. Actualmente, la planta solar más grande del territorio se ubica en Arrigorriaga. Pertenece al Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia y ocupa el tejado de un depósito de la planta de Venta Alta. Allí hay 1.284 placas colocadas, con una potencia de 0,5 MW. El Consorcio está en proceso de ampliación de ese recurso y quiere implantar otros 1.000 paneles. La instalación de Usansolo será cinco veces mayor que la de Venta Alta. Dispondrá de una capacidad nominal de producción de 2,5 MW o, lo que es lo mismo, músculo suficiente para surtir de electricidad a cerca de un millar de viviendas (en el pueblo están censados 4.500 habitantes). Aún así, será superada en no mucho tiempo por el proyecto que se está cocinando en el BEC. La feria de muestras de Barakaldo aspira a contar con 15.000 paneles de producción eléctrica en la cubierta de cinco de sus pabellones, lo que permitirá cubrir la cuarta parte del fluido que necesita el propio BEC y el hospital de Cruces. El proyecto parte con un presupuesto de 3,58 millones de euros y ya se han invertido otros 1,9 en la compra de la parcela. 

La construcción de un parque eólico en el monte Argalario, entre Barakaldo y Trapagaran, que incluirá el montaje de cinco aerogeneradores –la instalación afectará de paso a la Zona Minera, donde se colocará otra turbina de grandes dimensiones en el monte Mendibil– está levantando ampollas entre los residentes en la zona. Más de un centenar de personas convocados por la asociación de vecinos de La Reineta y los usuarios de los montes de Triano se manifestaron ayer por la zona alta de Trapagaran para alzar la voz contra el proyecto. «No nos resignamos a ser, una vez más, el vertedero energético de Bizkaia». «Hoy estamos aquí, en pie y unidos, porque nos quieren imponer cinco gigantes de acero en las cumbres de Argalario y Mendibil, destruyendo para siempre un paisaje que es nuestra raíz y nuestro refugio. Dicen que es por el bien común, pero sabemos que lo común es el sacrificio... Siempre aquí, en Meatzaldea», lamentaron. En tono combativo explicaron que «esto no es solo un monte, es la casa de nuestros padres y madres, el legado que nos dejaron y no vamos a dejar destruir». «Basta, es nuestro territorio, somos los nietos de los mineros que arrancaron hierro a esta tierra y que ahora nos piden defenderla», se rebelaron. Los vecinos recordaron que «es el corazón verde de Trapagaran y Barakaldo, es la memoria viva de la minería, el refugio de la fauna salvaje y el alma de nuestras caminatas, nuestras historias y nuestras infancias. Es donde se cruzan las miradas del pasado y del futuro, donde aún vuelan libres el alimoche y el milano, donde las heridas de la mina se han convertido en belleza natural recuperada». En su opinión, los molinos solo traerán daños. «Nos quieren arrancar esa segunda vida, el camino que hoy recorremos es el mismo por donde pretenden meter sus camiones, sus palas... No vamos a entregar nuestro paisaje sin pelear, 4,3 kilómetros de lucha, paso a paso», dijeron.

El pasado septiembre comenzó el curso en el que entró en vigor la nueva ley de FP (Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional) aprobada en 2022. Un nuevo marco regulatorio cuyo principal objetivo es dar respuesta a las demandas del mercado laboral y fomentar una mayor empleabilidad. Es por ello que «tanto este curso como el próximo van a suponer cambios importantes en la FP», asegura Julen Elgeta, presidente de Hetel (asociación de centros de FP concertados de Euskadi). Por un lado, «se implanta un nuevo enfoque de la dualidad: ahora, todos los módulos profesionales incluirán una parte de formación desarrollada en la empresa, y esto se aplicará a todo el alumnado matriculado en ambos cursos de todas las etapas de FP», detalla Elgeta. ¿El beneficio? Que «permite que los alumnos se preparen en contextos reales, con tecnologías y procesos actualizados, y fomenta un aprendizaje más completo y personalizado, donde las competencias técnicas se complementan con habilidades transversales clave», destaca Mónica López Abraira, responsable de selección en CMZ, empresa que acoge a a estudiantes de FP desde 2012. ¿El desafío? La necesidad de «seguir estrechando la colaboración con las empresas, clave en el modelo dual y en la inserción laboral» de las 50.000 personas matriculadas en FP en el País Vasco, puntualiza Elgeta. La FP, especialmente la vasca, «ha avanzado muchísimo en los últimos años». Un buen ritmo que continúa y que pone sobre la mesa importantes retos. «Uno de ellos es seguir adaptando la oferta formativa a los cambios constantes del mercado laboral, con ciclos más flexibles, actualizados y alineados con los sectores emergentes. También debemos reforzar la orientación profesional para que el alumnado elija con más información y seguridad desde etapas tempranas; y otro gran reto es continuar garantizando la equidad: que cualquier joven, independientemente de su origen o contexto, tenga acceso a una formación profesional de calidad". 

Julen Elgeta, Heteleko presidentea. EAEko lanbide heziketako ikastetxeak hiru saretan banatuta daude, eta horietako bat da Hetel, gizarte ekimeneko lanbide heziketako 33 ikastetxe barnebiltzen dituena. Julen Elgeta Heteleko presidentearen ustez, garai interesgarriak dira lanbide heziketarentzat: enpresengandik geroz eta gertuago izatea lortu dute formakuntza dualaren eta zerbitzu teknologikoen bitartez, ETHAZI metodologiak ikasleen gaitasunen lanketan laguntzen du eta goi mailako zikloek %82,9ko enplegagarritasuna dute."Sendo gabiltza", nabarmendu du EnpresaBIDEAri eskaini dion elkarrizketan. 2025-2026 ikasturterako aurrematrikulazioa hasi den honetan —maiatzaren 23ra bitarte—, aitzakia ere bada datorren ikasturtean Lanbide Heziketaren Legea dela eta datozen aldaketei buruz hitz egiteko: zikloetan hautazko ibilbideak sartuko dira indarrean, eta oinarrizko lanbide heziketa eta erdi mailakoa zentro berdinean egiteko aukera izango da, bermatrikulazio prozesu batetik igarotzeko beharrik gabe. Hetelen kasuan, eskaintza zabala da. "Badirudi zatitxo bat ikastetxean egitea eta beste bat enpresan gauza erraza dela. Baina kontuan hartu behar da Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide heziketako sisteman 50.000 ikasle daudela matrikulatuta". "Ikusten ari gara mutilak geroz eta gehiago joaten ari direla feminizatuta izan diren zikloetara. Hori oso ondo dago. Baina kontrakoa faltan botatzen dugu, neskek industria beste begi batzuekin ikustea". "Orain legeak dio titulu bat jasotzeko enpresara joan behar zarela, eta enpresara joateko Gizarte Segurantza altan emanda izan behar zarela. Horrekin guztiarekin arazo nabaria dugu migratzaileen praktikei dagokienez". Gehiago irakurri hemen. 

Los dos socios en el Gobierno Vasco, PNV y PSE, llevan varias semanas ultimando el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que llevarán al Parlamento de forma «inminente» para que pueda empezar su tramitación y ser aprobado antes de final de año. El consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, desveló ayer que el texto de esta ley que pretende ser un revulsivo para la «crisis habitacional» que sufre Euskadi está «prácticamente hecho», por lo que su envío a la Cámara vasca es «inminente», probablemente antes de que acabe este mes de mayo, según apuntan fuentes de Vivienda. Itxaso, en una entrevista en Radio Euskadi, explicó ayer que «desde hace semanas» los grupos parlamentarios que sostienen el Gobierno Vasco están analizando el documento, como también lo están haciendo en el seno del Ejecutivo, por lo que, tras su próximo registro en el Parlamento. El consejero se marca el objetivo de que «antes de que concluya este año esa ley haya entrado en vigor». A través de ella, el departamento pretende «dar un nuevo ritmo a la construcción de vivienda» para que «los tiempos del suelo, los tiempos del urbanismo, sean más los tiempos de las personas». Entre las medidas que prevé esta reforma legal están la rebaja de los porcentajes obligatorios de VPO en suelo urbanizable del 75% al 60%, siempre que lo apruebe el pleno del ayuntamiento en cuestión. También se redensificará el parque público de vivienda con la autorización de levantes de hasta dos alturas en edificios de viviendas protegidas y alojamientos dotacionales. Además, se pretende institucionalizar una reserva estratégica de suelo con acuerdos con los ayuntamientos para la cesión de suelos para el desarrollo de vivienda protegida. También se plantea desarrollar un régimen sancionador. 

Orange, la multinacional francesa de telecomunicaciones, ha iniciado contactos con bancos de negocios internacionales para empezar a preparar una oferta para comprar el 50% del capital de la teleco española Masorange que no controla, según señalan fuentes conocedoras del proceso. La teleco es fruto de la fusión de la filial española de Orange y de MásMóvil y su accionariado está repartido en dos: un 50% lo controla la teleco francesa a través de la filial Orange Participations UK Ltd; y el otro 50% es propiedad, por medio de varias filiales, del hólding instrumental Lorca Midco Ltd. Los accionistas que controlan la mitad de Masorange a través de la sociedad instrumental Lorca son los fondos estadounidenses Providence, con un 14,8% del capital, y KKR (13,4%), junto con el británico Cinven (12,1%); así como la familia Ybarra Careaga (2,6%); José Eulalio Poza (2,6%); Meinrad Spenger, el CEO de Masorange (2,8%), varios directivos, con un 1%, e Inveready, con un 0,7%. Los fondos anglosajones disponen de un 40,3% del capital mientras que los accionistas españoles –y el CEO– controlan otro 9,7%. La idea de Orange es poder hacer un anuncio al mercado antes de su Capital Markets Day, previsto para febrero de 2026. El calendario para que Orange tome el control de Masorange está determinado por el pacto de accionistas entre las dos partes. El acuerdo que rige la joint venture creada por la fusión de Orange España y MásMóvil establece que, a partir del cierre de la fusión, producida el pasado 26 de marzo de 2024, existe un plazo de dos años durante el cual las dos partes tienen prohibido vender acciones.

El responsable de la gestión de siniestros de una de las mayores compañías de seguros de España explica que en la semana posterior a la caída de la luz ya empezaron a tramitarse cientos de partes. “En el caso de los particulares, las pólizas son muy homogéneas y se ve rápido si el seguro de hogar les cubre por la comida que hayan tenido que tirar. Pero, en las empresas, cada póliza es un mundo, con su clausulado y sus franquicias. Además, parar reclamar por la pérdida de ingresos hay que acreditar que ha habido un daño a un bien asegurado, lo que no es tan claro en este caso”, advierte. En los pequeños comercios y la hostelería es frecuente que se incluya algún tipo de cláusula que cubre frente a la pérdida de beneficios por un cierre forzado del negocio. “Lo más normal es que haya una franquicia de dos días, es decir, que la compañía no paga nada cuando el cierre ha sido solo de unas horas”, explica Miguel Relaño, socio codirector de Clyde & Co, un despacho de abogados que ya ha llevado varios casos relacionados con cortes de luz. Dado que los daños a componentes eléctricos han sido anecdóticos, que muchos clientes no van a pedir compensación por la comida perdida (porque las cuantías dinerarias son pequeñas) y que las pólizas para comercios tienen las mencionadas franquicias, las aseguradoras no esperan un impacto significativo, según fuentes del sector. El siguiente frente de reclamaciones serán las compañías eléctricas: desde las comercializadoras a las distribuidoras, hasta llegar a la operadora del sistema (Red Eléctrica). Todos aquellos clientes que hayan sufrido un perjuicio por el apagón pueden tratar de pedir una compensación. Uno de los más beligerantes será la industria pesada. La CEOE cuantifica en 1.600 millones las pérdidas económicas del apagón, pero la afectación por sectores ha sido muy dispar. La industria, gran consumidora de electricidad, se vio abocada a un parón de toda su maquinaria sin previo aviso, a diferencia de algunos edificios de oficinas, que pudieron seguir operando con generadores de emergencia. Para los grandes consumidores de electricidad, la luz supone hasta el 50% de sus costes operativos.

Entrevista co Maria da Graça Carvalho, ministra de Medio Ambiente y Energía de Poertugal. Cree que no es la hora de evaluar peticiones de compensación a España mientras se desconozca el origen del apagón, pero sí ve el momento de mostrar más firmeza ante Francia para acabar con la isla energética ibérica. "Ciertamente. El apagón habría sido menos grave si la península tuviese más interconexiones con Francia. Habría sido más rápida la recuperación. Nosotros, al cortar la conexión con España, estábamos sin ninguna otra. Tenemos dos centrales con black start [inicio autónomo] que tuvieron alguna dificultad en reiniciar. Después se agilizó cuando logramos ayuda de España. Para reiniciar, España usó algo de la conexión con Marruecos y sobre todo, la de Francia, que es poca. Es una lucha de hace años de todos los gobiernos. Esta reivindicación está siempre presente en las cumbres ibéricas. Creo que Francia no tiene mucho interés porque tiene mucha energía nuclear. Los dos gobiernos vamos a retomar esta cuestión con más fuerza junto a la Comisión Europea. Esta no es una cuestión bilateral ni trilateral, es una cuestión europea. Estamos ante barreras al mercado interno, que es el pilar de la construcción europea, y Francia, al no apoyar estas interconexiones, está colocando barreras al mercado interno. Vamos a pedir apoyo de la Comisión y solicitar una reunión con Francia. Este incidente demuestra la importancia de las interconexiones para Europa. Ahora habría sido beneficioso para nosotros, pero puede ser en sentido contrario, como ocurrió durante la crisis del gas ruso..."

Una nueva riada de compañías de nueva creación o desconocidas a nivel nacional hasta hace poco han copado, por primera vez, el ránking de mejores ofertas del mercado. Así se refleja en el comparador de precios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este comparador es accesible a través de la página web de la CNMC. Las mejores ofertas que puede encontrar en estos momentos un usuario doméstico o pyme, con un contrato estándar de 5 kilovatios de potencia y un consumo medio de unos 300 kilovatios hora al mes, son de grupos como Nufri, Visalia, HSC, MIW, Clearview, VM, Imagina, Octopus y Estabanell, entre otros. Aunque grandes energéticas como Iberdrola, Naturgy, Repsol, Endesa y Acciona logran colocar algunas ofertas entre las mejores, en general sus propuestas están entre las más caras dentro de un escaparate cada vez mayor. Para ese perfil de usuario, la CNMC tiene en estos momentos registradas más de 240 ofertas de 50 empresas distintas. En el sector eléctrico empieza a imponerse el concepto de ofertas “a medida”, como en una hamburguesería. El cliente, sobre la base de un mismo servicio (en este caso luz), puede elegir la oferta que más le convenga dentro de un amplio abanico (mayor consumo nocturno o diurno, tarifas planas, combinadas con otros servicios...). La variedad de propuestas es algo que practican con profusión tanto nuevas comercializadoras como Nufri y Octopus, como gigantes energéticos como Iberdrola.

Iberdrola ha dado varios pasos para acelerar sus inversiones en renovables en Reino Unido a la vez que el gigante danés Ørsted ha anunciado que renuncia a un proyecto de eólica marina porque no le salen los números como consecuencia del alza de los costes. El grupo español tiene comprometidos 24.000 millones de libras (28.000 millones de euros) hasta 2028 para ampliar su potencia de eólica marina y terrestre y, sobre todo, crecer en redes en el país. Su filial británica, Scottish Power, acaba de cerrar una financiación de 1.350 millones de libras (1.600 millones de euros) para desarrollar y construir redes eléctricas inteligentes que sean propiedad o que gestione la compañía. Este proyecto, llamado Eastern Green Link (EGL), elevará la capacidad de transportar energía desde Escocia, donde se sitúa buena parte de la energía eólica instalada, hacia los principales centros de consumo de Inglaterra. Se trata de un préstamo verde que consta de dos tramos: uno de 900 millones de euros concedido por bancos comerciales y otro, denominado en libras (de 600 millones), comprometido por el Fondo Nacional de Riqueza (NWF, por sus siglas en inglés), creado por el Gobierno laborista para impulsar proyectos de renovables.

Sabadell negocia con Abanca una posible fusión como alternativa a la opa hostil lanzada por BBVA. El banco mantiene conversaciones preliminares con los accionistas del banco gallego, controlado en su mayoría por Juan Carlos Escotet, según fuentes del mercado consultadas. Sabadell está tratando de encontrar una operación alternativa con otro banco local como forma de contrarrestar la opa no solicitada de BBVA, una operación que contaría con el beneplácito del Gobierno de Pedro Sánchez, que estaría a favor de un movimiento en el capital alternativo que diera lugar a un núcleo duro que blindase al banco presidido por Josep Oliu contra la operación hostil lanzada por Carlos Torres. Abanca sería favorable a esta operación, que le permitiría dar un gran salto en tamaño dentro del sector financiero español. A cierre de 2024, Abanca contaba con 97.000 millones de euros en activos. La entidad resultante controlaría alrededor de 281.000 millones de euros en activos, solamente superada por CaixaBank, Santander y BBVA. La posible operación entre Sabadell y Abanca contaría con el visto bueno del Banco Central Europeo (BCE), ya que la entidad resultante se convertiría en un nuevo banco cotizado, sometido a los requisitos habituales. Como en todas las fusiones el reparto del poder siempre es fuente de conflicto. Pero de fructificar esta operación, que aún se encuentra en una fase muy temprana, parece lógico pensar que el principal puesto de responsabilidad recayera en algún ejecutivo de Abanca, dado el peso en el accionariado, pese a que Josep Oliu se ha mostrado siempre reacio a renunciar a poderes ejecutivos en la historia de Sabadell.

España es la cuarta economía de la UE y la quinta de Europa. Sin embargo, en la clasificación de las mayores empresas militares europeas, la primera española es el astillero público Navantia, en el puesto 21, cuya facturación no llega al 5% de la primera, la británica BAE. Entre las 100 primeras compañías armamentísticas del mundo, según la clasificación de Defense News, solo hay dos españolas, Navantia e Indra, con los números 74 y 86, respectivamente. La 13 es la aeronáutica Airbus, pero apenas un 4% de la misma está en manos españolas. La consolidación de una potente industria nacional de defensa no ha sido una prioridad de los sucesivos gobiernos en las primeras décadas de este siglo. Entre 2008 y 2018, la inversión militar estuvo congelada y el presupuesto de defensa cayó en términos reales, lo que llevó a muchas empresas al borde del cierre por inanición. Algunas de las principales compañías españolas de armamento se vendieron: Santa Bárbara, la histórica fabricante de armas para el Ejército de Tierra, a la estadounidense General Dynamics (2001); la firma de motores ITP a la británica Rolls-Royce (2016) y la de munición Expal a la alemana Rheinmetall (2023), entre otras. Los expertos subrayan que España tiene un rico tejido industrial de defensa, con unos 30.000 empleos directos, que en 2022 facturó casi 7.500 millones de euros, pero está muy fragmentado, y el 80% de las más de 375 empresas que lo conforman son pymes que se disputan un mercado nacional hasta ahora escuálido y carecen de músculo financiero para competir en el exterior. Pese a ello, el 70% de su producción se vende fuera, lo que hace de España el octavo exportador mundial de material militar. En parte se debe al sector aeronáutico, que factura el 60% del total, mientras que el auxiliar es el que reúne a más empresas, 183. La situación ha empezado a revertirse en los últimos años, con la aprobación de la Estrategia Industrial de Defensa en 2023, cuando el presupuesto militar creció un 26%, y la creación de una dirección general de Estrategia e Innovación en el Ministerio de Defensa en 2024. 

Ignacio Rivera Quintana, presidente de Estrella Galicia y del Instituto de Empresa Familiar. “El IEF es muy transversal, toca prácticamente todos los sectores de la economía”, dice en esta entrevista. Es la primera que concede como máximo responsable del IEF, cuyo papel de interlocutor social y económico trata de potenciar. “El instituto tiene que tener una relación fluida con el Gobierno”, dice, y también con “todas las demás fuerzas políticas”. Rivera reconoce que el IEF “no es el interlocutor social, en asuntos como la negociación laboral colectiva; para eso está la patronal CEOE [Confederación Empresarial de Organizaciones Empresariales]. Pero el IEF es un faro importante y queremos que se nos escuche”. El IEF es una asociación integrada por cien grandes grupos empresariales familiares en España. Además de Hijos de Rivera, están Mercadona, Acciona, Torreal, Antolin, Cosentino, Alsa, Iberostar, Godó, Barceló, Puig, Fluidra y Banca March, por citar algunos. Rivera, que en su discurso en la junta del IEF ya abogó por “pactos de Estado” en España para asuntos esenciales, insiste: “Me sorprende que, un país en el que dos tercios de los votos están en manos de dos partidos, no sea capaz de tener un pacto de Estado en temas esenciales como energía, industria, vivienda, competitividad o turismo, que es nuestro petróleo”. “Me sorprende el nivel de crispación”. Los empresarios “no la necesitamos. Necesitamos más pactos políticos y económicos que sienten las bases para crecer”. Rivera se lamenta de que “se politiza todo”. “Se politiza incluso el tema de la sostenibilidad”, que debería ser, a su juicio, totalmente objetivo. Rivera reclama un pacto de Estado “a 4 u 8 años”, en asuntos como “energía, Defensa, vivienda, industrialización y competitividad”. Este país “ya fue capaz de hacerlo en momentos históricos”. Se refiere, por ejemplo, a los Pactos de la Moncloa en asuntos económicos; o los de Toledo, en Seguridad Social. “Hay que avanzar, sí o sí”, dice. Rivera reclama un “momento de sensatez”. “Hay oportunidades para España que no se pueden perder”. Menciona expresamente “Mercosur”.

Si algo arrojan las quinielas a una semana de las elecciones en Cepyme es división. El poderoso aparato autonómico y provincial, así como la potente red de organizaciones sectoriales, se van posicionando en la batalla por la representación de las pequeñas y medianas empresas en un contexto de auténtico cisma entre los partidarios del actual presidente, Gerardo Cuerva, y los que apoyan a Ángela de Miguel, la máxima representante de los empresarios de Valladolid y candidata del líder de la CEOE, Antonio Garamendi. La victoria se juega a un puñado de votos y los equipos de ambas candidaturas ya echan cuentas en base a los apoyos brindados oficial o extraoficialmente. Eso sí, con la gran incógnita del volumen que pueda alcanzar el 20 de mayo tanto el voto delegado como lo que algunos internamente denominan voto «desleal», que podría acabar inclinando la balanza a uno u otro lado en función de los vocales que deleguen su voto y de los que puedan coger la papeleta del candidato contrario al que habían anunciado. En la Asamblea Electoral de Cepyme están censados 505 vocales. En total, 56 organizaciones territoriales tienen 230 votos. Por norma general, tienen 4 votos por comunidad autónoma y otros 4 por cada provincia, salvo excepciones como la madrileña CEIM, la catalana Foment del Treball o la valenciana CEV, que tienen 8 vocales cada una. Los otros 275 votos se reparten entre 91 patronales sectoriales, con 4 vocales cada una. De nuevo, con excepciones, porque hay organizaciones como la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) o la patronal de industria Confemetal que tienen ocho. Así, el peso del voto territorial recae en comunidades autónomas como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Aragón o Galicia, además de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Pero la clave, en todo caso, está en las sectoriales, mayoritariamente organizaciones de tamaño reducido implantadas por todo el territorio nacional que controlan esos 275 votos y donde es fundamental tener el apoyo de las bases, más allá de las grandes patronales como pueden ser las citadas CNC y Confemetal, la Confederación Española de Comercio u Hostelería de España, por poner algunos ejemplos.

Tras la finalización del primer proceso de regularización de cuotas de los autónomos, correspondiente al ejercicio 2023, cuando entró en vigor el sistema de cotización por ingresos reales, el colectivo tendrá que hacer frente a un nuevo conflicto por su tributación. Hacienda prepara un golpe fiscal a los autónomos a cuenta de la regularización, tras el criterio mostrado por la Agencia Tributaria en un informe emitido el pasado 1 de abril, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN. Las intenciones del Fisco pasan por obligar a los trabajadores por cuenta propia que presentaron diferencias de cotización en 2023 –a pagar o a devolver– a imputar estas cantidades en la declaración de la Renta de este año, en lugar de en la de hace dos, cuando realmente abonaron sus cuotas. Las cotizaciones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) son consideradas un gasto deducible en la Renta. En caso de ser diferentes a las pagadas en un primer momento durante 2023, después del ajuste realizado por Seguridad Social en los últimos meses, las diferencias también deberían corregirse en la declaración de IRPF de dicho ejercicio, aplicando el principio de devengo. Sin embargo, la Agencia Tributaria pretende hacer pasar los ingresos o gastos provenientes de la regularización de cuotas como un cambio de estimación contable, obligando al colectivo a imputarlos al año en el que el proceso se resuelve. En el caso de la regularización de 2023, en 2025.

La ley española para la representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, que entró en vigor en agosto de 2024, establece que todas las sociedades cotizadas tienen hasta el 30 de junio de 2027 para cumplir con la obligación de que su consejo de administración tenga, como mínimo, un 40% de personas del sexo menos representado, generalmente mujeres. Esta obligación se extiende a la composición de los miembros de la alta dirección de las empresas de la Bolsa. A dos años de esa fecha límite de junio de 2027, la presencia femenina en los puestos de alta dirección en el conjunto de las compañías cotizadas españolas se situaba en el 25% a finales del año pasado, según los informes de gobierno corporativo de 2024 remitidos por las sociedades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este dato, que excluye a las altas directivas que son miembros del consejo de administración, aumenta dos puntos porcentuales respecto al 23,07% registrado al cierre de 2023, y algo más de tres puntos sobre el 21,73% de 2022. Según los datos del informe que presenta cada año el regulador bursátil, el porcentaje de mujeres en los altos puestos directivos de las cotizadas ha crecido diez puntos desde 2017, cuando era del 14,8%. Actualmente, las compañías que cotizan en Bolsa tienen alrededor de 230 altas directivas, por lo que se necesitarían todavía cerca de 140 mujeres para alcanzar el porcentaje del 40% requerido por la Ley.

Cerca de 7.000 trabajadores recibieron el año pasado un cheque de unos 18.000 euros de media al jubilarse por retrasar este momento. Alargar la salida del mercado laboral de forma voluntaria es una opción que está cogiendo más peso en estos últimos años, a raíz de los cambios realizados tras la última reforma de las pensiones, puesto que permite a los nuevos pensionistas cobrar al contado una cantidad significativa por cada año de demora. Es más, el número de personas que siguen trabajando más allá de la edad legal de retiro se ha duplicado con creces en apenas tres años. Así, en 2024 se registraron un total de 34.273 jubilaciones demoradas, todo un récord, frente a las 15.250 que hubo en 2021, cuando no existía aún el cheque al portador. Incluso todo apunta a que este año se marcará un nuevo récord, puesto que, si en 2024 se sobrepasó por primera vez la barrera de más de un 10% de jubilaciones demoradas, en lo que va de año superan ya el 11% (son más de 10.700 personas las que así lo han decidido), con datos hasta marzo. Y este tipo de retiro seguirá ganando protagonismo en los próximos años hasta representar un 30% del total de altas, que decidirán voluntariamente alargar tres años de media su permanencia en el mercado laboral, según estimaciones de la Airef. Sin embargo, la jubilación demorada no tiene premio para todos, aunque sí implica, al fin y al cabo, cobrar una mayor pensión. 

Avances importantes y un nuevo acuerdo entre China y EE UU. Es lo que anunció ayer la Casa Blanca, después de dos jornadas maratonianas de negociación en Ginebra (Suiza). A falta de que se conozcan los detalles del acuerdo, hoy, en Washington, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció ayer que las conversaciones fueron «muy productivas» y que, a su juicio, la «rapidez» con la que se han limado las asperezas «reflejan que quizá las diferencias no eran tan grandes como se creía». El representante de Comercio, Jamieson Greer, también presente en Ginebra, añadió que fueron «dos días muy constructivos» y que las dos potencias llevaron a cabo «mucho trabajo de campo». En este punto, recordó que EE UU tiene un déficit comercial «masivo» de 1,2 trillones de dólares y que, ante esta situación, el presidente estadounidense, Donald Trump, «declaró la emergencia nacional e impuso los aranceles». «Confiamos en que este acuerdo que hemos logrado con nuestros socios chinos ayude a resolver esa emergencia nacional», concluyó Greer. La cita entre la delegación estadounidense y su contraparte china –de la que formaba parte el viceprimer ministro chino He Lifeng– se ha desarrollado estos dos días en el más absoluto secretismo a las afueras de Ginebra. El encuentro del sábado se alargó unas ocho horas y, a la salida, los gestos tanto de los enviados chinos como de los estadounidenses daban señales para la esperanza.

Las grandes farmacéuticas han anunciado inversiones de más de 287.300 millones de dólares (254.700 millones de euros) para trasladar y ampliar su producción e investigación en Estados Unidos. Grupos norteamericanos como Johnson & Johnson, BMS, Lilly, AbbVie, Merck-MSD o Gilead, o europeos como Novartis, Roche, AstraZeneca y GSK se preparan para los aranceles que el presidente Donald Trump ha anunciado para las importaciones farmacéuticas. Otras empresas están expectantes. Pfizer, por ejemplo, espera más claridad sobre los aranceles por parte de la Casa Blanca antes de decidir si aumentar sus inversiones. Desde su regreso a la presidencia, Trump ha activado una guerra comercial para tratar de relocalizar operaciones de fabricación en Estados Unidos y compensar con la recaudación de los aranceles los recortes de impuestos de su Administración. El pasado lunes, firmó una orden ejecutiva para promover y facilitar la instalación de nuevas plantas de productos farmacéuticos en suelo estadounidense. El último anuncio es el de Takeda. La farmacéutica japonesa ha comprometido 30.000 millones de dólares para Estados Unidos en cinco años, según acaba de anunciar su CEO, Christopher Weber, en la presentación de resultados. Takeda, que señala que ese es el principal mercado mundial para la innovación biofarmacéutica, destinará el dinero tanto a instalaciones de fabricación como a I+D.

México ha visto cómo las optimistas previsiones de crecimiento que manejaba para su economía en 2025 se han ido desinflando semana tras semana, desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió la presidencia del país el pasado 20 de enero. La guerra comercial desatada por Trump es la causa de que las últimas previsiones de organismos multilaterales y analistas privados prevean un escenario de estancamiento o incluso de recesión para este año en la segunda potencia económica de América Latina (por detrás de Brasil). El optimismo desatado el año pasado por la intención de empresas estadounidenses trasladar sus manufacturas desde China a México ha quedado atrás, al menos por el momento. Aunque el Gobierno izquierdista de Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha una política apaciguadora con Washington para minimizar el impacto de los aranceles, las perspectivas no son buenas. La semana pasada, la encuesta de Citi sobre las expectativas reveló que el consenso de analistas consultados por la entidad estima que el PIB mexicano apenas crecerá una décima este año. Pocos días antes, los analistas privados que respondieron a la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado que realiza el Banco de México, recortaron la media de crecimiento para México en 2025 desde el 0,5% a 0,2%. El Gobierno sigue aferrándose a previsiones más optimistas: la Secretaría de Hacienda ha reducido a un rango del 1,5% al 2,3% su expectativa.

Sí a negociar la paz pero con condiciones. Zelenski aceptó ayer la propuesta de Putin de retomar las conversaciones que se suspendieron en 2022 para el final de la guerra, pero a cambio elevó el órdago: mantiene la exigencia de un alto el fuego desde hoy y quiere que el líder ruso se siente en la misma mesa que él en Estambul el jueves. Todo ello pese a las presiones de Trump para que el dirigente ucraniano aceptase abrir contactos aunque no hubiese una tregua. Ucrania se sentará por fin el próximo 15 de mayo, jueves, con Rusia para abordar de forma «directa» un posible proceso de paz. La reunión tendrá lugar en Estambul. ¿Quiénes se colocarán a ambos lados de la mesa? Se admiten apuestas. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reveló ayer su intención de viajar personalmente a Turquía y verse cara a cara con su homólogo ruso, Vladímir Putin, si éste ordena hoy parar la guerra durante treinta días. Al cierre de esta edición no se había producido reacción alguna desde Moscú, aunque previamente su líder mostró únicamente disposición a tratar sobre una tregua en función de cómo comenzase el diálogo bilateral. Sin embargo, todo parece posible en esta carrera de órdagos en que se ha convertido la próxima toma de contacto. «Le estaré esperando», desafió ayer Zelenski al jefe del Kremlin, después de que en un primer momento antepusiera el alto el fuego a la oferta de reunión lanzada por el propio Putin y, más tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump, prácticamente le obligase a aceptarla.