20250702

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Artículo de la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe. "El nuevo Plan de Industria Euskadi 2030 del Gobierno Vasco recién presentado es, en mi opinión, una apuesta valiente, ambiciosa y alineada con lo que nuestra economía necesita en este momento crucial. No se trata de un simple documento técnico: es una hoja de ruta que recoge el sentir de nuestras empresas, que ha sido elaborada tras un proceso intenso de escucha y participación, y que nace con vocación de país. Y por todo ello, desde Confebask, lo valoramos de forma positiva. La industria vasca ha sido durante décadas el motor de nuestro bienestar. Y ahora, con los profundos cambios que se están produciendo a escala global —transformación digital, transición energética, reorganización de cadenas de suministro, envejecimiento poblacional, escasez de talento cualificado— necesitamos reforzar ese motor. Por eso, este plan no podía llegar en mejor momento. Uno de los elementos que más valoro como presidenta de Confebask es el enfoque colaborativo con el que se ha construido este plan. La escucha activa puesta en marcha es un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas cuando lo que está en juego es el futuro económico de todo un país. Las empresas hemos tenido voz en la definición de prioridades, y eso es un activo valiosísimo..."

Tubos Reunidos Group comunicó ayer por la tarde al comité de empresa la necesidad de aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo en su planta de Amurrio. Esta decisión llega motivada como una medida de ajuste de producción temporal que le dote de la flexibilidad necesaria ante la bajada de pedidos derivada de la situación geopolítica y, más concretamente, de las actuales medidas arancelarias, justifican fuentes de la firma. El ERTE afectará a unos 850 contratos de trabajo del centro ayalés. Según informa la empresa al comité, el inicio formal del periodo de consultas del expediente tendrá lugar el próximo martes 8 de julio. Será entonces cuando los representantes de la compañía tubera entreguen a la parte social la documentación preceptiva, con la que se justificarán las causas, el alcance y la concreción del expediente de regulación temporal. Tal y como se informó en la Junta General de Accionistas de la semana pasada, Tubos Reunidos Group está adaptando su estrategia a los cambios derivados de la situación de mercado expuesta inevitablemente a las alteraciones derivadas del contexto geopolítico. Tubos Reunidos es un grupo industrial fundado en 1892 cuya sede principal se encuentra en Amurrio. A finales de 2024, la empresa contaba con una nómina global de 1.400 trabajadores repartidos en su planta alavesa, la del Valle de Trápaga y Houston (Estados Unidos), a las que se puede añadir una red internacional de oficinas en Dubai, Corea, México, Milán, Pekín y Alemania. 

Euskadi registró una tasa de absentismo en el primer trimestre del año del 9,1%, tres décimas más que en el mismo periodo de 2024, la mayor tasa del conjunto del Estado por comunidades autónomas y muy por encima del 7% de la media estatal. Según datos elaborados por el centro de estudios del mercado laboral Randstad Research a partir de datos del INE, en Euskadi se ha registrado en el primer trimestre una media de 20,6 horas no trabajadas y 10,6 horas no trabajadas por IT. Estos datos suman prácticamente cuatro jornadas laborales que los profesionales no se han presentado a trabajar a lo largo de los tres primeros meses de 2025. En el conjunto del mercado laboral español, cerca de 1,52 millones de empleados faltan cada día a su puesto de trabajo, de los cuales un 21,4% no cuenta con una incapacidad temporal por razones médicas. La industria es el sector que concentra el mayor absentismo, con el 7,3% de las horas pactadas, seguido de los servicios (7,1%) y la construcción (5,7%). Junto a la tasa de absentismo del mercado laboral vasco, que se situó en marzo en el 9,1%, en el caso concreto del absentismo con incapacidad temporal (IT), el incremento fue de dos décimas en relación al mismo periodo del año pasado para marcar una tasa del 7,2% en Euskadi, según el informe elaborado por Randstad Research con datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del INE. Por comunidades autónomas, Euskadi y Canarias son las que registran un mayor absentismo en el primer trimestre de 2025, ambas con un total del 9,1%.

Foment de Treball, la principal confederación empresarial de Cataluña, ha firmado un convenio de colaboración con Fabrika, el Centro de Alto rendimiento para la Transición Cultural de las Organizaciones promovido por la asociación empresarial de Gipuzkoa ADEGI (www.fabrika.eus). El principal objetivo del acuerdo es fomentar la competitividad de las empresas catalanas y de sus equipos a través de diferentes programas de entrenamiento cultural y de liderazgo. Fabrika es una iniciativa pionera a nivel internacional que ha desarrollado una metodología propia de trabajo recogida en un libro titulado “El Método Fabrika”, que recientemente fue presentado en la sede de Foment. Sus servicios incluyen diferentes propuestas para abordar temas como la adaptación al cambio, la reducción del absentismo, la atracción y fidelización de talento, el alineamiento con un propósito inspirador, la convivencia intergeneracional, el desarrollo de un liderazgo facilitador, la creación de equipos de alto rendimiento, la resolución de conflictos o la mejora de las relaciones de experiencia de los empleados. Con este convenio de colaboración las empresas y organizaciones asociadas a Foment tendrán un acceso preferencial y a precios más competitivos a los servicios ofrecidos desde Fabrika en Cataluña. Ver más en Adegi. 

Tras el gran apagón que sufrió la Península Ibérica el pasado 28 de abril se ha puesto sobre la mesa la imperiosa necesidad de aumentar de manera cuantiosa la capacidad de almacenamiento de energía, siendo esta tarea una de las principales asignaturas pendientes en la hoja de ruta energética tanto del Gobierno central como del autonómico. En este escenario, los grandes depósitos en forma de baterías están llamados a impulsar el sector, proporcionando un mejor aprovechamiento de la energía. Estos centros de almacenamiento de electricidad (llamados en argot técnico ‘bess’) jugarán un papel muy relevante y Euskadi ya se prepara para su desembarco, con Bizkaia como avanzadilla. Y es que al margen de la iniciativa de Iberdrola que construyó una ‘pila’ en los alrededores del parque eólico del monte Oiz de 3,5 MW de potencia, a principios de 2024 se contabilizaban ya cuatro peticiones de empresas independientes para poner en marcha sus instalaciones en el territorio. Detrás de las dos primeras, en Barakaldo y en Güeñes, está la empresa madrileña Bess Development, relacionada con la familia Benjumea, antiguos directivos de Abengoa, que están dispuestos a invertir unos 60 millones de euros (28 y 31, respectivamente). La de la localidad fabril es la que está más avanzada y de hecho es el proyecto de estas características más maduro en estos momentos en Euskadi. Con el visto bueno ambiental, la licencia de actividad municipal y algunas modificaciones no sustanciales respecto del anteproyecto original, acaba de recibir del departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco la autorización administrativa de construcción. Bajo el nombre de ‘Bess Retuerto’ sus promotores instalarán 17 grandes contenedores, con una capacidad de almacenamiento energético de 81,20 megavatios hora.

Euskadi crecerá un 2% en 2025 —ligeramente por debajo del 2,4% previsto para el conjunto del Estado—, pero el entorno internacional se vuelve cada vez más volátil e incierto. El Informe de Economía Vasca, elaborado y presentado ayer por Laboral Kutxa, advierte que la combinación de tensiones comerciales, fragmentación política global y conflictos geoestratégicos —como la posible vuelta de los aranceles de Trump o la guerra en Oriente Medio— obliga a las empresas a «extremar» la prudencia. Aunque el punto de partida sigue siendo sólido, el clima económico está ya enfriando decisiones clave de inversión privada. En este contexto, el informe también subraya que una política arancelaria más agresiva por parte de Estados Unidos tendría un impacto directo sobre la economía vasca. Por ejemplo, en un escenario con aranceles del 20% –probablemente el más realista– y un traslado completo de los costes al mercado, el PIB vasco se reduciría en medio punto porcentual en dos años, con una pérdida acumulada estimada de hasta 487 millones de euros. Si la presión comercial se intensificara — con aranceles del 50% y también traslado pleno—, el PIB caería 1,25 puntos y la pérdida superaría los 1.200 millones. Actualmente, Trump mantiene un arancel universal del 10% a todas las importaciones europeas y del 25% al sector del automóvil, el acero y el aluminio. Pese a la resiliencia mostrada hasta ahora, el informe avisa que la economía global avanza sobre un «suelo frágil», y la incertidumbre también alcanza las previsiones para 2026. En ese ejercicio, el crecimiento del PIB vasco se moderaría al 1,7%, el empleo aumentaría un 1,3% y la tasa de paro bajaría hasta el 6,9%, siempre y cuando el entorno internacional no sufra un deterioro mayor. Ver informe Laboral Kutxa aquí. 

La Formación Profesional (FP) vasca siempre ha ido un paso por delante de los cambios y las necesidades del mercado laboral. Y quiere seguir haciéndolo en este contexto de revolución digital donde la inteligencia artificial (IA) y la economía del dato tienen ya un peso considerable. El Boletín Oficial del País Vasco publicó ayer el nuevo decreto de los centros «integrados» de FP. Son los más punteros del sistema y tienen una serie de características específicas: sólo imparten ciclos de FP; trabajan con una metodología, Ethazi, de aprendizaje por retos; participan en proyectos de innovación aplicada y en redes de internacionalización; ofrecen formación a personas en desempleo o trabajadores en activo; y fomentan el emprendimiento, entre otras. Euskadi cuenta con 70 centros integrados, de los que 44 son públicos y 26, concertados. Dentro de ellos se contarán, a partir de ahora, los «5.0 inteligentes», orientados a la IA, las tecnologías y espacios inteligentes, la analítica y gestión de datos, la ciberseguridad... De los 70 centros integrados, 67 ya son, o van camino de ser, inteligentes. El cambio va mucho más allá de que los centros cuenten con tecnología punta en sus instalaciones. Serán «tractores de lo que va a ser una nueva FP inteligente y sostenible», innovadores y pegados a la realidad de las empresas. El nuevo decreto fue puesto en marcha la pasada legislatura y bebe del VI Plan Vasco de FP, aprobado en 2022, centrado en la transformación tecnológica. Otorga cobertura legal a una serie de prácticas que ya se vienen realizando. Por ejemplo, los centros integrados cuentan con una estructura de gobernanza muy característica que incluye un consejo social donde tienen voz empresas de su entorno y sindicatos. También crea varias direcciones –de estrategia, innovación y operativa– subordinadas al equipo directivo. Es decir, la organización de estos centros educativos no tiene nada que ver con la tradicional.

El mercado de matriculaciones vasco llega a mediados de año al rojo vivo tras un junio en el que han salido 2.932 unidades nuevas de los concesionarios vascos. Son 712 más que las vendidas en el mismo mes del ejercicio anterior, y se traduce en un crecimiento del 32,1%. De esta manera, en Euskadi se han vendido 14.584 coches nuevos en los primeros seis meses de 2025, un 17,1% más que el ejercicio anterior, tal y como constatan los datos publicados ayer por las tres patronales del sector: Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores). Una de las principales causas que explican este alza en el mercado es el impacto que han tenido los planes de incentivo a la demanda. Por una parte, el Gobierno vasco activó hace tres meses el plan ‘Renove’ para adquirir coches de cualquier motorización con ayudas de hasta 3.500 euros. Por otra parte, hace dos semanas volvió a activarse el Moves III, programa destinado exclusivamente a la compra de vehículos enchufables con subvenciones de hasta 7.000 euros y que había permanecido en ‘stand by’ desde el no del Congreso de los Diputados al decreto ómnibus de finales de enero. El buen comportamiento de ambos está impulsando la demanda en Euskadi, en un momento en el que el parque automovilístico registra una edad avanzada –14,9 años de media–, según los últimos datos. Todos estos factores han propiciado que en junio se hayan vendido más vehículos enchufables que nunca en Euskadi, porque los 760 híbridos enchufables y eléctricos puros que han salido de los concesionarios representan ya una cuarta parte del total (25,1%).

El papel del Gobierno israelí en la ocupación de Gaza y su estrategia en los territorios de Cisjordania ha generado un movimiento político de rechazo que ha afectado también a las relaciones comerciales de algunas empresas. Es el caso de la siderúrgica vasca Sidenor, que anunció ayer la suspensión de las ventas al país gobernado por Benjamin Netanyahu. La decisión supone perder un 0,5% de la facturación de la compañía, según explicó ayer en un comunicado, lo que de acuerdo a las últimas cifras publicadas –establecen una facturación de 938 millones– supondría un impacto de 4,69. El anuncio ha tenido lugar después de diversas denuncias de sindicatos con presencia en la compañía, como LAB, por la venta de aceros de Sidenor al fabricante de armamento israelí, IMI Systems. Es la compañía a la que el Gobierno de España iba a comprar también 15 millones de balas de 9 mm para el Ministerio del Interior. Un contrato que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió cancelar el pasado abril tras las presiones de Sumar, su socio en el Ejecutivo. Es el hecho al que ha recurrido la empresa siderúrgica vasca presidida por José Antonio Jainaga al señalar que «tras la decisión tomada por el Gobierno de España el pasado mes de abril de suspender el contrato de ventas a Israel, Sidenor ha decidido a su vez suspender las ventas de acero a dicho país». 

El impuesto turístico que gravará las pernoctaciones en los alojamientos de Euskadi no se regirá por una normativa autonómica, como apuntaba a ser en un principio y como sucede en Cataluña y Baleares, las dos comunidades donde ya se aplica. Serán las diputaciones de Gipuzkoa, Álava y Bizkaia las que reglamenten un tributo que será de naturaleza municipal (lo recaudarán los ayuntamientos y habrá un posterior reparto entre administraciones) y regulado por una norma foral en cada territorio. El departamento de Turismo del Gobierno Vasco, en manos del PSE, ha cedido a la pretensión del PNV de que, como la mayoría de impuestos en Euskadi, este también sea territorial y no autonómico. Esta cuestión, en apariencia irrelevante para el ciudadano, es troncal en la compleja arquitectura institucional vasca y es, de hecho, el principal elemento que explica el retraso acumulado en la aprobación de este gravamen. El consejero de Turismo, Javier Hurtado, que en octubre se había comprometido a presentar en seis meses un proyecto consensuado entre instituciones, partidos y sector, achacó ayer a las haciendas forales (las tres gestionadas por el PNV) la responsabilidad de que no se haya podido cumplir el plazo y de que Euskadi no tenga aún un proyecto concreto de impuesto turístico. «Todos sabemos por experiencia que las diputaciones pueden ser rápidas en ciertos asuntos y en otros, quizá no tanto», llegó a decir en una comparecencia tras el Consejo de Gobierno Vasco. La declaración escoció tanto en el PNV como en la Diputación de Gipuzkoa que, no obstante, no quisieron alentar un cruce de declaraciones precisamente cuando parece que se ha alcanzado un consenso sobre la formulación del impuesto tras meses de debate. 

Los sectores más necesitados por la escasez de mano de obra, como la Construcción o la Hostelería, celebran el traspaso al Gobierno Vasco de la competencia para tramitar todos los permisos de trabajo para inmigrantes que entren a partir de ahora y urgen al Ejecutivo a acelerar el proceso. Este procedimiento, que entró en vigor ayer, permitirá acortar los trámites para recibir estos permisos y así afrontar la falta de trabajadores, agilizando los procesos de incorporación laboral en Euskadi. La transferencia se resume en dos procedimientos: las autorizaciones colectivas en origen y los permisos para trabajos de temporada, según informó ayer el Gobierno Vasco en un comunicado. Unas gestiones que desde ayer asumió la Dirección de Trabajo del Gobierno Vasco y las tres delegaciones territoriales de Euskadi. Las tramitaciones seguirán solicitándose, como hasta ahora, por vía telemática y deben ser solicitada por las propias empresas. El traspaso, en cualquier caso, tiene un «impacto limitado» por varias razones, tal y como reconocen desde el departamento vasco de Economía, Trabajo y Empleo. La colaboración entre los Gobiernos autonómico y central seguirá siendo necesaria porque, por un lado, Euskadi debe asumir de manera gradual –hasta el 1 de octubre– todas las solicitudes recibidas antes de la transferencia y, por otro lado, porque España mantiene la potestad de otorgar permisos de residencia y de trabajo a nivel estatal. Esta cesión ha sido celebrada de manera especial por sectores con mayores dificultades para conseguir personal. Uno de ellos es el de la Hostelería, sector que ha continuado con proyectos de «arraigo para la formación» y que con el traspaso de la gestión de los permisos para personas extranjeras puede ver aliviada su situación. En este sentido, fuentes del sector agradecerían acortamiento de plazos en la entrega de los permisos a extranjeros, que podría ayudar a solventar la «falta de personal» que está dificultando la rentabilidad y mantenimiento de negocios, y obliga a «reducir horarios».

La autosuficiencia energética se ha convertido en los últimos años en una cuestión fundamental para el futuro de Euskadi, pero las reticencias de los grupos ecologistas, que se muestran en contra de la colocación de parques eólicos y fotovoltaicos, ha obligado a los partidos vascos a abordar una debate con muchas aristas y complicada solución. La izquierda independentista ha culminado un proceso interno con su militancia, al que ha tenido acceso este periódico, en el que ha aprobado por mayoría (76,67%) la ponencia base ‘Bizigintza’ para impulsar una transición energética «justa y ordenada». En ese documento de 52 páginas, EH Bildu critica las «posturas cerradas y absolutamente contrarias a la expansión de los parques eólicos y fotovoltaicos», ya que considera que esos no son los mimbres para una «política transformadora». Los proyectos de energía renovable suponen, también para EH Bildu, un quebradero de cabeza de los gobiernos locales. En la pequeña localidad alavesa de Arrazua-Ubarrundia, tres concejales de la coalición soberanista dimitieron por la «frustración» de no poder parar un macroproyecto solar. La plataforma ‘Proiektu Honi Ez’ acusó a la formación de Otegi de «perder el norte» con su «política de moqueta» y de ser una «marca blanca» del PNV. La contestación a estos proyectos también se ha visibilizado en Oion, en la Rioja Alavesa, por la instalación de una infraestructura eólica en el barrio de Labraza. El episodio más violento para la izquierda soberanista se produjo a finales de abril, cuando atacaron con bengalas la casa de Aritz Otxandiano, responsable de Sostenibilidad del Grupo Fagor y hermano del portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, por defender las energías renovables. La formación que dirige Arnaldo Otegi trata de hacer pedagogía y carga en su ponencia contra quienes se niegan «a debatir cuántos, dónde y cómo deberían implantarse» los proyectos. Recuerda que la alternativa a no afrontar esta conversación es «seguir quemando combustibles fósiles». La coalición soberanista hace un ejercicio de realidad y apunta que «no existe ninguna fuente de energía que no genere un impacto en el medio ambiente».

Tras diez meses de proceso, el viernes se celebró la última reunión de la Mesa de Salud, una de las principales iniciativas de Imanol Pradales para abordar la gran preocupación social de los últimos años. Participaron una treintena de agentes –partidos políticos, colegios profesionales, sindicatos, asociaciones de pacientes, representantes empresariales, universidades...– en un total de 24 grupos de trabajo. Sus respectivas ponencias acabaron siendo aprobadas, aunque con menor consenso en temas como la colaboración público-privada o la política lingüística. Ayer, en la primera reunión del Consejo de Gobierno tras finalizar el proceso, el titular de Salud, Alberto Martínez, compartió con sus compañeros un balance positivo sobre la iniciativa. Según expuso después la portavoz, Maria Ubarretxena, «se ha alcanzado un acuerdo y consenso histórico de la mayoría". La coalición de Otegi apoyó 11 de las 24 ponencias del acuerdo, se abstuvo en cinco y rechazó otras ocho colectivos que tienen algo que decir en materia de salud». Aseguró que el Ejecutivo está «satisfecho con el resultado» y subrayó los «compromisos y acciones de futuro» que contiene el documento. Ubarretxena quiso, además, mandar un mensaje en clave política a EH Bildu, que en la votación final se posicionó a favor de 11 de las 24 ponencias, se abstuvo en cinco y rechazó las otras ocho. En su opinión, los de Pello Otxandiano «han quedado en evidencia, liderando una actitud minoritaria con el desacuerdo frente a todos los demás». La portavoz del Gabinete Pradales incluso fue más allá y lamentó que, «como siempre», la coalición soberanista se queda fuera de todo aquel acuerdo en el que «no puede imponer su criterio».

El ingreso en prisión de Cerdán ha sacudido al Gobierno pero también a los socios que le apoyan. El PNV dejó claro ayer que su respaldo no es incondicional y que su línea roja es que el escándalo de corrupción alcance al Gobierno o al PSOE. Los jeltzales confirmaron que el PP se ha puesto en contacto con ellos con la intención de restablecer unas relaciones muy deterioradas. Bildu, por su parte, guarda silencio y Junts exige que Feijóo visite a Puigdemont. La clave de bóveda de la legislatura de Pedro Sánchez, herida de gravedad por el estallido del ‘caso Cerdán’ y la entrada en prisión del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, descansa más que nunca en los socios que propiciaron su investidura. Y, singularmente, en el PNV y en Junts, las dos fuerzas políticas con más cintura para cambiar de aliados si las cosas vienen mal dadas o, como mínimo, para borrarse por voluntad propia de la nómina de apoyos del Ejecutivo y unirse al coro de voces que exigen elecciones inmediatas o la dimisión del presidente del Gobierno. Sabin Etxea aún no ha cruzado esa línea pero se planteará hacerlo, según las fuentes consultadas, si el escándalo por presunto amaño de contratos públicos a cambio de mordidas salta la barrera del triunvirato Koldo-Ábalos-Cerdán y salpica, con pruebas fehacientes de por medio, al propio Sánchez, a su Ejecutivo o al PSOE como organización.

La opa del BBVA sobre el Sabadell ha tenido un invitado inesperado: el Santander. Cuando la operación entra en sus compases finales, se ha alzado ganador en la subasta para hacerse con la filial británica del Sabadell, TSB, a cambio de 3.100 millones. Por un lado, el banco de Ana Botín se refuerza en uno de sus mercados clave, el británico; y, por el otro, le da al Sabadell la munición necesaria para lanzar el último gran golpe de efecto contra la opa del BBVA, el pago de un macrodividendo extraordinario de 2.500 millones. El mensaje es claro. Mientras que las condiciones extra del Gobierno han puesto en duda el ritmo al que el BBVA pueda conseguir las sinergias de la opa, el Sabadell busca convencer a sus accionistas con generosos pagos en dinero contante y sonante, que se elevan hasta los 3.800 millones en un año y fuerzan al BBVA a contemplar una mejora que han negado taxativamente en los últimos meses. En septiembre de 2024 se reunieron en el palacio madrileño que alberga la sede del Banco de España los principales banqueros del país para asistir a la toma de posesión de José Luis Escrivá como nuevo gobernador. Todos los focos se centraron en un punto. El saludo entre el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, y el del BBVA, Carlos Torres, en su primera aparición pública desde que el banco del segundo lanzase una opa hostil para comprar al primero. Rápidamente Botín, presidenta del Banco Santander, se unió al corrillo y así quedó retratada ante los medios de comunicación la reunión de los tres banqueros. Nadie podía imaginar entonces que, casi un año después, la operación fuese, de alguna manera, un baile de ellos tres.

Dos de los mayores grupos españoles de construcción y operación de infraestructuras mantienen un duro enfrentamiento judicial en Estados Unidos, después de que Ferrovial haya demandado a Acciona y a varios de sus empleados por supuesto robo de información sensible y espionaje industrial con el objetivo de tener ventaja en las licitaciones milmillonarias en las que ambas firmas se enfrentan en ese país. Ferrovial, empresa que preside Rafael del Pino, acusa a su rival de vulnerar las leyes federales estadounidenses y las estatales de Georgia y Texas que protegen los “secretos comerciales” de las compañías, por lo que reclama que los datos sustraídos no puedan utilizarse y además exige una compensación “ejemplar y punitiva” por los perjuicios sufridos. La denuncia ha sido presentada en el tribunal del distrito norte de Georgia, estado donde el año pasado Acciona –en consorcio con ACS– batió a Ferrovial en una puja de 4.200 millones de euros para construir la autopista SR-400 junto a la ciudad de Atlanta. Los dos grupos pelean ahora por otra adjudicación en la región, la carretera I-285, valorada en 3.000 millones. En su defensa ante el mismo tribunal, la compañía presidida por José Manuel Entrecanales alega que en ningún momento ha usado información confidencial de su competidor y explica que la rivalidad en su sector no se basa en secretos comerciales ni patentes de I+D. Acciona pide a la jueza del caso que desestime la demanda de Ferrovial, a quien critica por usar “lenguaje inflamatorio y alegaciones sin fundamentos fácticos”. El origen del pleito se remonta al 19 de noviembre de 2024, cuando Jesús González Fernández dimite como director de diseño de proyectos de Ferrovial en Atlanta y ficha por Acciona. Según la denuncia, el equipo de ciberseguridad de Ferrovial descubrió que ese empleado, antes de su marcha, descargó más de cien mil documentos de la empresa en equipos externos de almacenamiento, incluyendo “diseños de ingeniería, estrategias de construcción, estrategias de licitación, estudios de riesgo e información de precios”.

Más de 15.000 personas afectadas por una caída de tensión en una catenaria entre Yeles y la comarca de La Sagra (Toledo), que dejó atrapados durante horas a miles de pasajeros en varios trenes AVE entre Madrid, Toledo y Andalucía, sin ventilación adecuada, agua y comida suficiente y con temperaturas superiores a los 30 grados en el exterior. Además, sin información completa por parte de las operadoras. En esta ocasión, el incidente comenzó con la interrupción de la circulación a las 20.30 horas este lunes, en pleno inicio de la operación salida de las vacaciones de julio. Fuentes del sector ferroviario atribuyen la causa de la falla a una caída física de la catenaria. La propia Adif reconoció la complejidad de la reparación e informó que la circulación se restablecería a las 8.45 horas. Aunque varios trenes se movilizaron con diversas paradas durante la madrugada, dos vehículos se mantuvieron detenidos en las vías con más de 300 pasajeros, uno a la altura del término municipal de Villaseca de la Sagra y el otro, vacío. En el primero viajaba una pasajera de 84 años que tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de Toledo por una insuficiencia respiratoria, pero fue dada de alta. El servicio solo estuvo disponible en un sentido, por lo que el caos ferroviario causó un colapso en las vías que unen Madrid y Andalucía. Así, se tardó cerca de 15 horas en resolverse y al menos 23 trenes, con más de 2.000 pasajeros afectados. Incluso, los trenes que debían salir en la mañana del martes lo hicieron si ninguna advertencia de que podían quedarse parados en medio del camino se vieron afectados por la falta de protocolos para estas situaciones. A la situación de caos se une la falta de información.

La inflación de la zona euro repuntó una décima en junio, hasta una tasa interanual del 2%, aupada por los precios de los servicios y de los alimentos frescos y por una caída menor de los de la energía, según los datos preliminares publicados por Eurostat. Los datos publicados ayer suponen un aumento respecto al 1,9% de mayo y coinciden con las expectativas de los economistas, según una encuesta de Reuters. Diego Iscaro, director de economía europea de S&P Global Market Intelligence, aseguró a FT que el aumento es “modesto” y “no especialmente preocupante”. La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles, se mantuvo estable en el 2,3% en junio. La cifra de inflación de servicios, un indicador de las presiones sobre los precios internos que se ha mantenido muy por encima del objetivo del 2% durante más de tres años, aumentó al 3,3%, ligeramente por encima del 3,2% registrado en mayo. Los precios de los alimentos frescos se incrementaron un 4,6%, tres décimas más que en el mes anterior, de acuerdo con los datos de la oficina comunitaria de estadísticas. El de la energía retrocedió al 2,7% en el sexto mes del año, una caída menor a la del 3,6% de mayo. El precio de los alimentos procesados, el alcohol y el tabaco descendió dos décimas (desde el 2,9% hasta el 2,7%) y el de los bienes industriales no energéticos retrocedió una (desde el 0,6 % hasta el 0,5 %).

Corre el reloj y lo que antes era inasumible ahora no lo es tanto. La Comisión Europea avanza en sus negociaciones con Estados Unidos desde que el pasado jueves recibiera el primer borrador para la propuesta de un acuerdo comercial y lo hace contrarreloj, con la vista puesta en el 9 de julio en el que finaliza la tregua decretada por Donald Trump. Según ha informado Bloomberg, la Unión Eu- ropea estaría abierta a aceptar aranceles universales del 10% por parte de Estados Unidos en esta fase de la negociación. A cambio, el bloque comunitario pediría eximir de este varapalo a sectores clave como el farmacéutico, el alcohol, los semiconductores y la aviación comercial (Airbus). Asimismo, también estaría tratando de reducir los gravámenes comerciales impuestos al acero y al aluminio (50%) y a los automóviles y sus partes (25%). Con estos mimbres, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, viaja hoy a Washington para reunirse con sus homólogos estadounidenses en el intento de dar un último empujón a estas negociaciones. Según señaló el político eslovaco, hay mucho que debatir. “En este momento, solo puedo decirles que queremos lograr lo máximo posible, algo que sea justo para ambas partes, algo que ayude a las empresas de ambas partes a obtener mayor previsibilidad y claridad sobre cómo planificar sus operaciones para, por supuesto, el resto del año y el futuro”. De forma paralela a la visita de Sefcovic, una delegación de técnicos voló a EEUU el lunes también para seguir allanando el terreno. Reino Unido firmó hace más de un mes el primer acuerdo tras la guerra comercial. En él se contemplaban aranceles del 10% para los productos británicos, entre otras medidas, en un pacto de poco detalle que pasaría a concretarse algo más de un mes después. De partida, las instituciones europeas calificaron ese acuerdo de “basura precipitada”, tal como reconocían fuentes comunitarias que achacaban esas condiciones a “la debilidad negociadora de Reino Unido”.

La frase, de la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, es famosa en Washington: “En el Congreso aprobamos las leyes, y luego ya nos las leemos”. El sábado pasado, Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado de EE UU, invirtió el orden de los factores al forzar, en una maniobra de dilación parlamentaria, que unos sufridos empleados de la Cámara Alta leyeran en voz alta en el hemiciclo durante 15 horas las 940 páginas de la versión revisada y publicada poco antes de la medianoche del viernes de la polémica “ley grande y hermosa”. El texto –que encierra la ambiciosa reforma fiscal y de propuesta de gasto de Donald Trump y amenaza con aumentar considerablemente un déficit público ya de por sí desbocado– fue aprobado finalmente ayer, tras cuatro días de agónica discusión en el Capitolio y por los pelos. Hizo falta el voto de desempate del vicepresidente, J. D. Vance, que había llegado al hemiciclo pocas horas antes, en previsión de que iba a ser necesario el poder que le da la Constitución para deshacer entuertos como este. Hubo tres senadores republicanos que se opusieron y eso dejó la cuenta en un 50-50. La contribución de Vance alteró el resultado a un ajustadísimo 51-50. La One Big Beautiful Bill (BBB son sus siglas en inglés), un nombre que solo podía haberle puesto el presidente de EE UU, es la norma a la que Trump fía el éxito de su agenda económica interna, y de ahí su impaciencia por firmarla. Ha presionado durante meses a los suyos en el Capitolio para que hicieran de tripas corazón ante el previsible agujero en el gasto público y los recortes de las prestaciones que afectarán a sus electores y la sacaran adelante, y ahora el presidente quiere que aterrice en su mesa directa desde el Capitolio antes de la fiesta grande del Día de la Independencia, que se celebra el viernes, 4 de julio.