20250522

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

Los procesos de descarbonización que ya están poniendo en marcha muchas empresas vascas y que se intensificarán en los próximos años para poder cumplir con los requisitos europeos requerirán de fuertes inversiones. El Gobierno Vasco y los agentes energéticos cifran esos desembolsos en mil millones de euros para el periodo 2023-2030. En concreto, 950,7 millones. Una cifra nada desdeñable pero que servirá para que la industria vasca se alinee con todas las normativas, políticas y planes estatales con los que el Ejecutivo Vasco ha expresado su compromiso y adhesión y que tienen como objetivo alcanzar la neutralidad, la resiliencia y una transición justa para 2050. Para poder llevar a cabo ese proceso el Ejecutivo vasco aprobó en febrero de 2024 la Ley de Transición Energética y Cambio Climático de Euskadi. La nueva norma recoge el reto de aprovechar las oportunidades del proceso de transición para impulsar la competitividad y transformación de la industria vasca, basada en el desarrollo tecnológico industrial y en su descarbonización. El grueso de esa transformación vendrá dado por la electrificación de los procesos, señala el Gobierno de Pradales. Una transición que se espera sea rápida, según admite el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, en la información enviada precisamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) en la que reclama una mayor potencia eléctrica para afrontar esa transición, en la que estima que se necesitarán en torno a 6.000 MW adicionales.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, advirtió ayer en una entrevista radiofónica de que la falta de acuerdo para ampliar la potencia eléctrica disponible podría afectar gravemente a las industrias electrointensivas de Euskadi. El consejero alertó de que sin una red eléctrica adecuada no solo está en riesgo la competitividad del tejido industrial, sino también miles de puestos de trabajo. «Estamos ante un cuello de botella: no hay enchufes suficientes para expandir o electrificar empresas», afirmó Jauregi, quien recordó que cerca de 70.000 empleos están en juego si no se avanza en la descarbonización y electrificación de la industria vasca. Según explicó, las industrias que requieren grandes cantidades de energía, como las electrointensivas o aquellas que usan calor en sus procesos productivos, serán las más afectadas si no se garantiza el suministro eléctrico necesario. Jauregi destacó que el Gobierno Vasco lleva meses trabajando junto con Red Eléctrica (Redeia) y el Ministerio para la Transición Energética en la planificación quinquenal, y que han identificado de forma detallada los proyectos industriales que requieren nuevas capacidades energéticas. Sin embargo, el anuncio sobre el volumen de nueva potencia asignada se ha retrasado, lo que genera incertidumbre entre las empresas.

El arranque de 2025 ha traído un notable impulso inversor entre las pequeñas y medianas empresas. Así se desprende al menos de los datos de Elkargi presentados ayer. La sociedad de garantía recíproca ha registrado en el primer cuatrimestre del año un crecimiento del 45% en las nuevas operaciones de financiación hasta alcanzar los 163 millones. Una cifra que, sumada a las incentivadas en los 45 años de historia del organismo impulsado por las patronales y el Gobierno vasco, ha permitido superar la barrera simbólica de los 10.000 millones. En lo referido a este año, el presidente y el director general de Elkargi, Lander Arteche y Zenón Vázquez, lanzaron un mensaje optimista al señalar «que estamos viendo una recuperación clara. El año pasado la inversión cayó, pero a principios de este confirmamos un repunte y esperamos seguir en esa tendencia». Los máximos responsables de Elkargi confirmaron que las empresas, a pesar de la incertidumbre, transmiten que 2025 será un buen año y destacaron «la resiliencia de las pymes y del pequeño empresario, que están ahí, día a día, sacando adelante proyectos». Buena parte de estas financiaciones, explicaron Arteche y Vázquez, están orientadas al crecimiento: «Estamos hablando de nuevos proyectos, nuevas líneas, productos o clientes. Y por supuesto, de internacionalización. Hay empresas que han desarrollado ese camino de forma importante en Euskadi, pero es un proceso que lleva su tiempo. El primer paso es la exportación». En este sentido, destacaron que «la apertura de mercados es importantísima. Muchas empresas están buscando eso ahora mismo». En cuanto a los destinos, además de los tradicionales –Francia, Alemania, Estados Unidos o México—, Elkargi observa una creciente actividad hacia Asia, Oriente Medio o Sudamérica.

CAF anunció ayer una inversión de 50 millones de euros en Francia durante los próximos cinco años, con el objetivo de triplicar el volumen de horas de producción en sus plantas de Reichshoffen (Alsacia) y Bagnères-de-Bigorre (Occitania). Esta expansión conllevará la creación de 200 nuevos puestos de trabajo en estas instalaciones, que ya emplean a cerca de 1.000 personas. El anuncio se realizó durante la 8ª edición de la cumbre económica ‘Choose France’, celebrada el pasado lunes en el Palacio de Versalles de París. En este encuentro, más de 50 empresas internacionales comprometieron un total de 40.800 millones de euros en inversiones destinadas al desarrollo económico del país galo. CAF subrayó que uno de cada cuatro proyectos que desarrolla actualmente en Francia tiene como destino la exportación. Entre ellos destacan la producción del tranvía de Roma, que se fabricará en Bagnères-de-Bigorre, y el tranvía de Hannover, que se ensamblará en la planta de Reichshoffen. Además de CAF, otras compañías del Estado participaron en la cumbre con importantes compromisos. Cellnex, por ejemplo, anunció una inversión de 950 millones de euros para 2025, destinada a la implantación de 2.000 nuevas infraestructuras de telecomunicaciones en territorio francés. 

El anuncio del cierre del restaurante The Bost el próximo 31 de mayo ha sentado como un jarro de agua fría en el sector de la hostelería local. La «dificultad de encontrar personal con vocación, compromiso, saber hacer y esfuerzo» ha sido uno de los factores principales que han llevado a su responsable, Jon Santxotena, a decidir bajar la persiana. Sus colegas de profesión califican esta pérdida como una «malísima noticia» para la ciudad y advierten de que muy probablemente no será la única. Lamentan que cada vez les resulta más complicado encontrar personal –ya ni siquiera cualificado– que esté dispuesto a trabajar en determinados horarios y alertan sobre el aumento de las bajas laborales. Un cóctel de factores que está poniendo al sector sobre las cuerdas y que se complicará todavía más de cara a la temporada de verano. «Estamos sufriendo mucho con este tema. La situación es gravísima», ataja Juan Carlos Antolín, presidente de SEA Hostelería y al frente de negocios como Kobatxa, Kotarro o Kanijo. A su juicio, hay varias circunstancias que complican la situación. «El principal problema para la mayoría de la gente es el horario. Desde el principio nos vienen con exigencias en este sentido y nos vemos obligados a ceder cada vez más y más, hasta que llega un punto en el que es inviable. Lo que no se puede pretender es que la hostelería tenga un horario de funcionarios porque así desaparece», sentencia. Pero no es el único punto de conflicto. «Con las bajas hay muchos abusos. Y un bar es como un castillo de naipes, se cae una carta y se te cae todo el castillo», lamenta. A esto añade que «muy pocos se comprometen» y que «falta formación». La hostelería da trabajo a 9.738 personas en Álava, según los últimos datos de la Seguridad Social, y es el segundo sector que más contratos formaliza. Aun así se estima que solo este año se necesitarán 311 empleados que no se podrán cubrir.

El pasado mes de diciembre los trabajadores de la hostelería alavesa convocaron dos jornadas de huelga para exigir un nuevo convenio para el sector, congelado desde el año 2019. No tuvieron éxito en sus reclamaciones y desde entonces las relaciones habían sido mínimas, hasta dentro de unos días. Y es que los sindicatos y la patronal SEA Hostelería se volverán a reunir el próximo 5 de junio, para cuando se ha convocado la mesa negociadora. «Nos jugamos mucho», subrayan desde ELA. Entre las principales reclamaciones de los sindicatos convocantes de la anterior huelga –ELA, CCOO y UGT– está recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. Algo sobre lo que se llegó a acercar posturas en las anteriores negociaciones, sin embargo, el punto de fricción principal estuvo en las distintas visiones sobre los complementos a las bajas laborales. Una cuestión que no se llegó a resolver al no acceder SEA Hostelería al requerimiento sindical de no reducir la cuantía de dichos complementos a la incapacidad temporal (IT).

Euskal Autonomia Erkidegoko eredu ekonomikoaren eraketan Ekonomia Ituna funtsezkoa izan da, eta eragin nabarmena izan du ekosistema ekonomikoaren bilakaeran. Itunak ahalbidetzen duen autonomiari esker, euskal erakundeek zerga-politika eta baliabideen esleipena lurraldeko berezitasun sozial eta ekonomikoetara egokitu ahal izan dute. Erakundeen aldetik jarrera arduratsuagoa finkatzen ere lagundu du, Ekonomia Itunetik eratorritako zerga-autonomiak lurraldearen garapenean duten eginkizunaz kontzienteago egin baititu, tokiko sarean berrinbertitzera, epe luzerako plangintza estrategikora eta inguruneko iraunkortasun ekonomikoan inplikazio handiagora bideratutako kultura sustatuz. Gehiago irakurri hemen. 

El jurado de los premios Joxe Mari Korta ha decidido que a partir de su próxima edición se conceda un único galardón. La medida busca elevar el nivel del reconocimiento y ofrecer una visión unificada del país en el ámbito económico-empresarial. Este cambio consolida al premio Joxe Mari Korta como el galardón más relevante en el ámbito empresarial. El guipuzcoano José Ángel Muro Zabaleta, de Lazkao Ezarri Mosaic, fue el galardonado del año pasado.

¿Ha tocado techo la llegada de turistas en Gipuzkoa? Habrá que comprobar la evolución de los datos los próximos meses y ver cómo se presenta la campaña de verano, pero en el primer punto fuerte del año, la Semana Santa, por primera vez desde la pandemia de Covid la entrada de visitantes ha sido inferior a la del año anterior. Pese a celebrarse en abril en vez de en marzo como el pasado año, el territorio ha registrado una llegada de visitantes un 7,6% inferior a la de la Semana Santa de 2024. Y, especialmente llamativo ha sido el pinchazo en San Sebastián, con una bajada de viajeros de un 16% en esos días festivos –del 17 al 20 de abril–. En total, llegaron a Gipuzkoa 21.528 visitantes esos días, por los 23.307 del mismo periodo de 2024, según los datos publicados ayer por el Eustat. Después de que la Semana Santa de 2020 pasara a la historia con unos registros globales de ocupación insólitos del 0% en pleno confinamiento por la pandemia, el turismo consiguió salir a flote con el fin de las restricciones y las entradas y pernoctaciones han ido marcando un récord tras otro. Sin embargo, el retroceso de este año contrasta de lleno con el avance registrado en el territorio vecino, Bizkaia, que con 23.490 visitantes en Semana Santa y un crecimiento del 12,2% (asciende al 15,5% en Bilbao) ha desbancado a Gipuzkoa como el principal destino elegido por los visitantes en ese periodo de vacaciones. En Álava, la bajada en Semana Santa fue del 2,9%. En el conjunto de Euskadi, el impulso de Bizkaia ha permitido que la entrada de viajeros haya sido un 1,1% superior a la del mismo periodo festivo del pasado año, con 52.305 visitantes.

Las jornadas de huelga vuelven a las residencias de Gipuzkoa. El sindicato ELA, mayoritario en el sector, ha convocado seis días de paros entre junio y julio. En concreto, los días 11, 12 y 13 de junio, y 9, 10 y 11 de julio. El objetivo es, según explicó ayer la central, reivindicar mejoras en las condiciones laborales «precarias» de las 5.000 personas trabajadoras del sector, la gran mayoría de ellas mujeres. ELA recuerda que las residencias son un servicio público financiado al 90% por la Diputación Foral de Gipuzkoa, denunciando que «el 40% de la plantilla tiene contratos parciales no voluntarios». El sindicato subraya que «en los últimos años han disminuido las horas de atención directa en las residencias, lo que ha aumentado considerablemente las cargas de trabajo y ha empeorado la salud de las trabajadoras y la calidad del servicio. Esta situación deriva de un sistema de cuidados basado en una lógica de negocio para que la mayoría de las empresas privadas y declaradas sin ánimo de lucro obtengan beneficios». La negociación del convenio sectorial de residencias y centros de día de Gipuzkoa arrancó el pasado mes de enero y, tras cuatro reuniones, «las patronales apenas han respondido a las reivindicaciones de ELA», denuncia la organización que dirige Mitxel Lakuntza.

La consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa, cifró ayer en 100 millones el impacto económico que tendrá el acuerdo alcanzado con los sindicatos de la enseñanza pública no universitaria el pasado 9 de mayo para evitar una nueva ronda de huelgas. El pacto para la firma del nuevo convenio laboral de los profesores, que estaba congelado desde 2010, incluye, entre otras medidas, subidas salariales del 7% en tres años para los docentes y más recursos para los centros educativos. Pedrosa compareció el pasado martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno –igual que la semana previa–, pero preguntada por esta cuestión evitó aportar datos sobre el coste económico del acuerdo, ya que todavía se estaban «puliendo las cifras». Ayer, la consejera fue cuestionada de nuevo sobre este particular en una entrevista en la Ser, y ahora ya sí que desveló el alcance monetario que tendrá la aplicación del nuevo convenio pactado con Steilas, LAB, Comisiones Obreras, UGT e Interinok Taldea y del que se ha desmarcado ELA. «Lo más importante no es la mejora retributiva, sino que nos da estabilidad para el futuro en la escuela pública con unos compromisos, con una corresponsabilidad y que abarca, además, elementos como la mejor atención al alumnado, bajada de ratios, bienestar emocional, mejora de resultados...», volvió a reiterar Pedrosa. En su opinión, se trata de «una apuesta de país que hacemos ante los retos a los que se enfrenta la escuela pública vasca», destacó. El nuevo convenio firmado tendrá validez hasta el 31 agosto de 2028, es decir, algo más de tres años. 

Bruselas ha dicho basta y se lanza a regular los millones de paquetes que cada día eluden el pago de aranceles en aduanas por tener un valor menor de 150 euros. La Comisión Europea, tras años de denuncias del tejido empresarial por distorsiones en el mercado interior y de análisis que evidencian un considerable déficit recaudatorio, está ahora decidida a imponer una tasa de hasta dos euros a estos envíos ‘low cost’, que en su mayoría practican empresas chinas como Shein y Temu. El Ejecutivo comunitario lleva tiempo advirtiendo que la presencia de plataformas de bajo coste en el mercado interior ha crecido «extremadamente rápido» en la última década. Los informes de la Comisión apuntan a que el año pasado se realizaron cerca de 4.600 millones de envíos de este tipo, lo que supone la entrada de 12 millones de paquetes diarios libres de aranceles por no superar los 150 euros, de los que unos 55.000 tendrían como destino Euskadi. Es el doble que en 2023 y el triple que en 2022, lo que lleva al Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen a querer poner coto a este crecimiento exponencial. El comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, expresó el martes su intención de que cada uno de estos envíos pague una tarifa de dos euros si es una venta directa a un hogar y de cincuenta céntimos para los gestionados por operadores con licencia en el régimen de ventas a distancia. La propuesta, que podría recaudar cerca de 3.000 millones de euros cada año para «compensar el coste» del trabajo de aduanas que suponen estos paquetes, aún se encuentra en fase embrionaria. Debe recibir todavía el visto bueno del Parlamento y del Consejo Europeo.

El duro cruce de reproches entre el PNV y el PSE con el debate migratorio de fondo, lejos de mitigarse, está alcanzando cotas inéditas hasta el punto de que el líder socialista, Eneko Andueza, puso en duda que los jeltzales tengan «muchas ganas» de seguir gobernando juntos. Sus palabras fueron replicadas de inmediato por el PNV, que exigió a Andueza acabar con estas «provocaciones» al tiempo que defendió sus gobiernos de coalición. En la creciente lista de enfrentamientos entre PNV y PSE-EE, el suscitado esta última semana a cuenta de la gestión migratoria ya no es otro más. Y es que lejos de bajar el diapasón en una disputa que ya de por sí evidencia de manera cruda sus diferencias ideológicas, los socios han subido varios escalones y se han enfrascado de lleno en una inédita discusión pública sobre el propio futuro de la coalición que gobierna las principales instituciones vascas desde 2015. En ambos lados tienen el convencimiento de que la alianza persistirá, pero ninguno está dispuesto a callar ante las «provocaciones» o «deslealtades» del otro. La batalla se reactivó súbitamente ayer cuando parecía que las aguas empezaban a bajar más calmadas. Aunque la consigna que salió el martes del Consejo de Gobierno era ir templando gaitas para poder zanjar la pugna, desatada por las declaraciones en las que Imanol Pradales llamaba a preguntarse «qué tipo de migración necesitamos y cuál estamos recibiendo», Eneko Andueza volvió a apretar el acelerador a fondo. El líder del PSE-EE cuestionó las «ganas» que tiene el PNV de mantener la coalición tras acusar al lehendakari de «salirse de las posiciones políticas recogidas en el acuerdo» firmado en junio del año pasado. «No sé si tienen ganas de seguir gobernando con nosotros, al final nos surgen dudas y desconfianza», planteó el secretario general de los socialistas. 

La regularización extraordinaria que prepara el Gobierno para los inmigrantes que cumplan las condiciones dará permisos de residencia y trabajo durante un año sin exigir haber tenido contratos de trabajo previos. Los requisitos, a falta de la negociación en el Congreso, serán los siguientes: demostrar que llevan al menos un año en España, que desistan de sus peticiones si son solicitantes de asilo, que no tengan antecedentes penales, que no tengan activa una orden de retorno y que no supongan un riesgo para la seguridad nacional, según explicó ayer la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, a varios grupos parlamentarios. Del mismo modo que en la regularización ya aprobada de 23.000 inmigrantes afectados por la dana en Valencia, la idea es que esas autorizaciones de un año (más el año que se les exige llevar en España) sirvan para que los inmigrantes se reenganchen luego a las vías convencionales de regularización, como los distintos tipos de arraigo, que exige dos años de estancia en España. El Gobierno necesita ahora reunir una mayoría del Congreso.

En octubre, en el Boletín Oficial del Estado se publicó un real decreto que pasó desapercibido pero que podría llegar a suponer el primer e inicial paso de un cambio que la sociedad ya empezó a reclamar como necesidad hace unos años y que el feminismo lleva décadas intentando que se ponga sobre la mesa de gobiernos e instituciones: el de los cuidados, que recaen, cada vez menos pero aún mayoritariamente, sobre las mujeres. En ese real decreto se creó una nueva cualificación profesional, Atención a personas no dependientes con necesidades de cuidados en su entorno cotidiano, y ese perfil profesional nuevo es la ranura que el Gobierno ha abierto para comenzar a estudiar cómo convertirla en una Formación Profesional, es decir, a profesionalizar los cuidados. Ayer, tras el Consejo de Ministros, la portavoz y ministra de Educación, Pilar Alegría, y la de Igualdad, Ana Redondo, salieron a explicar, entre otras cuestiones, la renovación del Plan Corresponsables, que se puso en marcha en 2021 “con el objetivo de achicar la brecha de género en materia de cuidados, una brecha compleja que está costando mucho reducir, y que después de la covid no solamente se mantiene, sino que incluso se incrementa”, dijo ayer Redondo, que la cifró en torno al 47%. “Las mujeres asumen los cuidados en un 80% más que sus compañeros”, añadió. Y ahí, mientras hablaba de la “necesidad de transformar una sociedad que tiene que ir evolucionando desde la conciliación hacia una auténtica corresponsabilidad social, familiar y en las empresas”, aludió a la profesionalización de los cuidados. “Es verdad que los cuidados son profesiones poco valoradas y creemos que hay que incidir en la profesionalización específica de esos cuidados. Hemos trabajado con el Ministerio de Educación para generar una línea específica destinada a tener en cuenta estas habilidades específicas en cuanto al cuidado”, apuntó Redondo.

El Gobierno va a insuflar más recursos a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social para hacer frente al fuerte incremento que ha experimentado el gasto en prestaciones de Incapacidad Temporal en los últimos años. El departamento que dirige Elma Saiz tiene ya lista la orden para inyectar hasta 147 millones de euros a las compañías ante una situación de escalada de las bajas laborales por enfermedad que «compromete seriamente» su viabilidad financiera. En diciembre de 2024, el Ministerio elevó la dotación a las mutuas a través de un incremento del porcentaje que reciben de las cuotas por contingencias comunes que empresas y trabajadores aportan a la Seguridad Social. Pero apenas cinco meses después, los técnicos han constatado que ese aumento de la financiación ha resultado insuficiente para cubrir las necesidades derivadas del repunte del gasto en bajas y han decidido, directamente, eliminar el tope máximo de financiación (fijado en 0,081) para asegurar siempre el equilibrio financiero de las entidades. Esta decisión coincide con la llamada de atención que acaba de hacer el Banco de España, precisamente, sobre la crisis de las bajas laborales. En su informe anual de 2024, el organismo gobernado por el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, advierte de que la proporción de trabajadores en situación de IT pasó del 2,7% en 2019 al 4,4% en 2024, mientras el gasto público en estas prestaciones se ha disparado un 78,5%, hasta superar los 15.000 millones de euros, el equivalente al 1% del Producto Interior Bruto (PIB).

No pasaron ni 24 horas entre que Ángel Gavilán explicara este martes el informe anual del Banco de España y que presentara su dimisión como director de Economía. Según confirmaron fuentes cercanas al supervisor, lo hizo por «cuestiones personales». Gavilán, economista jefe del organismo desde enero de 2022, dejará el cargo el 12 de junio, según un comunicado que hizo público el organismo unos minutos después de saltar la noticia. Esta salida coincide con la presentación del informe anual menos «beligerante» con el Gobierno de los últimos años, según reconocen fuentes internas. Durante la rueda de prensa, varios periodistas preguntaron por qué en esta ocasión no se incidía en el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones o en otras cuestiones de la política económica del Gobierno, como sí había ocurrido en anteriores ocasiones. El economista, visiblemente incómodo, argumentó que la Autoridad Fiscal (Airef) había publicado un informe recientemente con una valoración positiva sobre esta reforma. Una iniciativa que impulsó el propio gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en su etapa como ministro de Seguridad Social y puesto del que pasó directamente al regulador. Con la marcha de Gavilán son ya tres las que se acumulan en la estructura directiva de la entidad desde la llegada de Escrivá. 

Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, pero también uno de los principales activos políticos de un PP, que, desde las elecciones autonómicas de mayo de 2023, ostenta la mayoría del poder territorial en España. Sus intervenciones y mensajes casi siempre tienen una doble lectura o dimensión: regional y nacional, actuando en muchas ocasiones como contrapeso al Gobierno de Sánchez. Ayer no fue una excepción. La presidenta madrileña pronunció un discurso que trascendió el ámbito autonómico, abordando cuestiones nacionales y criticando la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, con especial énfasis en lo económico y en la defensa del tejido empresarial por su papel crucial en la generación de riqueza, empleo y prosperidad. “La Comunidad de Madrid defiende la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y, en las calles, el respeto por el Estado de derecho, y la defensa de la libertad, que incluye defender el derecho a la propiedad, la igualdad de oportunidades, y la propia libertad de mercado”, afirmó la presidenta madrileña durante su discurso en el VI Foro Internacional de Expansión. Durante su intervención, que puso el broche a la primera jornada de debate del Foro, este año bajo el lema El futuro se decide aquí. Desafíos globales para una nueva era económica, geopolítica y tecnológica, Ayuso denunció las decisiones “arbitrarias” e ideológicas, criticando especialmente la reducción obligatoria de la jornada laboral, “que no nace del diálogo social ni de la realidad productiva de cada sector”, sino de la “pura ideología” y como “parte de una estrategia para acabar con la libertad, con esta economía social de mercado que nos dimos y que tanta prosperidad nos ha traído”. 

Contracción de las exportaciones, debilidad del consumo privado y un moderado cambio a mejor de la inversión en la construcción. Alemania ha caído en las garras del estancamiento. El Consejo de Expertos Económicos que asesora al Gobierno, conocido como los «cinco sabios», rebajó ayer del 0,4% al 0,0% las previsiones de crecimiento para este año, pese a la premura con la que el canciller Friedrich Merz pretende recuperar su papel de locomotora. Las previsiones para 2026 son más optimistas, pero el crecimiento será débil - siete décimas si se tiene en cuenta el efecto calendario-. El año que viene habrá más días laborables. Las previsiones se basan en el supuesto de que se mantendrán los aranceles adicionales estadounidenses del 10% sobre las importaciones procedentes de Europa: existe un «alto grado de incertidumbre sobre la futura dirección de la política comercial estadounidense», resumió la presidenta del consejo, Veronika Grimm. Más certeza hay respecto a la pronunciada debilidad de la economía alemana, que los sabios achacan también a «obstáculos internos», a los «amplios requisitos burocráticos» y a los «largos procedimientos de autorización». Mientras la economía se enfrenta, además, a retos como el abandono de los combustibles fósiles, el envejecimiento de la sociedad y la creciente difusión de la IA. Las esperanzas de crecimiento de los economistas para el 2026 tienen en cuenta el multimillonario paquete financiero que la gran coalición financiará con deuda. Incluso antes de que se formara el nuevo Gobierno, el Bundestag aprobó un fondo de 500.000 millones de euros para infraestructuras y un margen de endeudamiento adicional para defensa.

Un nuevo mercado único verdaderamente europeo. Ese es el sueño de la Comisión Europea, que ayer decidió tomar cartas en el asunto para tratar de dar un paso más en el camino para hacerlo realidad. El Ejecutivo comunitario ha planteado una ambiciosa estrategia de reformas con la que pretende derribar las barreras que encuentran las empresas a la hora de expandir su negocio y crecer en los diferentes países del bloque. La propuesta, presentada por Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, identifica barreras que se han denominado como las “diez terribles” y que impiden que el mercado único europeo funcione realmente como tal. Según señaló ayer, estas trabas generan una carga equivalente a aranceles de entre el 50% y el 110% a las compañías, según datos del Fondo Monetario Internacional, lo que desincentiva cualquier ambición por expandirse en el mercado único. Entre las diez barreras terribles, la Comisión alude a la dificultad de las empresas para operar en otro Estado miembro, la complejidad de la normativa comunitaria, el reconocimiento de cualificaciones profesionales en los diferentes Estados miembros o la fragmentación de estándares, como ocurre con los envases, el etiquetado o los residuos. Además, también incluye los largos procedimientos en el desplazamiento de trabajadores y las limitaciones territoriales para ciertos productos. “La eliminación de estas barreras mejorará la libre circulación de productos seguros, la prestación transfronteriza de servicios y simplificará el establecimiento y el funcionamiento de empresas en toda la UE”, aseguran fuentes comunitarias, que destacan que, con una mayor integración se podrían duplicar los beneficios del mercado único, que se estima que ha aportado alrededor de un 4% del PIB europeo y ha creado más de 3,6 millones de empleos.

La Comisión Europea quiere reducir la carga administrativa que las empresas enfrentan cuando crecen en Europa. Con ese objetivo en mente, el Ejecutivo comunitario ha propuesto la creación de una nueva categoría de compañías: las empresas de mediana capitalización. Esta nueva etiqueta define a las compañías europeas que cuentan con menos de 750 empleados y un volumen de negocio de hasta 150 millones de euros o hasta 129 millones de euros en activos totales. La nueva categoría sirve para reducir considerablemente los requerimientos burocráticos que se exige a las grandes empresas en cuanto pasan de los 250 trabajadores y pierden la exención de la que gozan las pymes. A juicio de la Comisión, ese salto, unido a las trabas en el mercado único, está impidiendo crecer a las empresas. Bruselas estima que existen casi 38.000 compañías europeas que podrían pertenecer a esta categoría y que disfrutarán de beneficios como excepciones específicas en virtud del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) o normas simplificadas, como las normas sobre folletos que simplifican y abaratan la cotización de las pymes en el mercado de valores. Sólo seguirán siendo grandes compañías en lo relativo a las ayudas y la financiación pues, según explican fuentes comunitarias, no hacer esta excepción reduciría los fondos disponibles para las empresas de menor tamaño. La creación de la nueva categoría es una de las medidas estrella de un paquete de propuestas europeas dirigido a ahorrar a las compañías unos 400 millones de euros anuales en costes administrativos.

Frente a los aranceles de Estados Unidos, “tenemos que hacer un esfuerzo en la diversificación de mercados, pero también en la competitividad de nuestras empresas”, defiende Elisa Carbonell (Madrid, 1979), consejera delegada del ICEX, al explicar el plan de apoyo a empresas que acaba de lanzar “de la mano” de las comunidades autónomas. Licenciada en Derecho y miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, Carbonell asevera que frente a la convulsión en el comercio global “España tiene buenas cartas”, pero argumenta que para “absorber el incremento en los aranceles” hay que trabajar con las empresas españolas en aspectos como “competitividad, crecimiento, marca, innovación y financiación”. "En tres pinceladas, el resultado de la encuesta es que las empresas consideran que esto no va a ser un tema coyuntural, sino que la ruptura de los mercados internacionales está aquí para quedarse; que necesitan una respuesta a corto plazo, muy enfocada en tener información relevante para ir ajustando sus decisiones a la espera de tomar decisiones estratégicas cuando se clarifique la situación; y solicitan cuestiones para su competitividad a largo plazo en resiliencia, diversificación de mercados, financiación, talento y crecimiento...Canadá, por ejemplo, es un mercado geográficamente cercano a Estados Unidos, con una cierta afinidad y capacidad adquisitiva, en el que hay mucho margen que España no está aprovechando. Muchas empresas nos están hablando de Mercosur gracias al acuerdo de libre comercio. También están otros países de la UE, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, que es muy interesante por su dinamismo, y además hay países asiáticos, más lejanos tanto cultural como físicamente, como Japón o Australia, que pueden ser interesantes..."

A sus 77 años, Martin Wolf (Londres, 1946), chief economics commentator de Financial Times, continúa siendo un referente indispensable para comprender los desafíos económicos y políticos de nuestra era. el analista londinense comenzó valorando al personaje del momento: Donald Trump. Wolf duda de que el presidente de Estados Unidos posea una “visión” económica coherente: “No me gusta usar la palabra visión porque eso implica algo más que un objetivo, sino algo que hasta cierto punto es un elaborado, y complejo, sistema de ideas”, señaló Martin Wolf. En su lugar, el experto describió a Trump como un actor político movido por “instintos muy poderosos y algunas ideas fijas”. De dichas convicciones puso en relieve su nacionalismo y proteccionismo. Según Wolf, Trump anhela una nueva “edad de oro” americana similar a la acontecida en la Segunda Revolución Industrial. “Le gusta la idea dirigir el mundo de acuerdo con las ideas políticas del siglo XIX”, valoró Wolf, añadiendo que su liderazgo se fundamenta en “esferas de influencia y poderes dominantes. Además, de esta carencia de visión también carece de un plan económico detallado, lo que genera una apariencia de desorden y que tiene unos efectos en los que no ha pensado y que, además, luego tiene que cambiarlos. Sin embargo, esto definitivamente no es aleatorio”. Por otro lado, la política arancelaria de Trump fue calificada por Wolf como posiblemente “la política comercial más loca en la historia”. Su táctica es la de “sacudir el árbol y ver qué cae. Ha conducido al mercado a una situación de aranceles significativamente elevados, comparables a los de 1932, y a una constante renegociación”. Negociaciones que para el experto “nunca se detendrán”.

Jensen Huang, fundador y máximo responsable del grupo estadounidense Nvidia, líder mundial en chips para inteligencia artificial (IA), ha calificado de “fracaso” los controles a la exportación de semiconductores avanzados de EEUU a China porque, considera, que lo único que han conseguido es incentivar a los rivales chinos a acelerar el desarrollo de sus propios microchips. Las críticas de Huang a una política sobre semiconductores implementada por ambas administraciones fueron acompañadas del rechazo al reciente veto de Washington a la exportación de un chip que Nvidia diseñó expresamente para China con el objetivo de cumplir las restricciones de la anterior Administración Biden. Se trata del chip H20, con menores prestaciones que el original. Los nuevos obstáculos del Ejecutivo de Trump empujaron a Nvidia a anunciar en abril una provisión de hasta 5.500 millones de dólares. En una conferencia en la feria tecnológica Computex celebrada ayer en la capital de Taiwán, el CEO del líder mundial en chips para IA aseguró que los controles a las exportaciones de EEUU a China han propulsado a competidores, liderados por Huawei, a desarrollar en tiempo récord su propio hardware de IA de forma muy competitiva. “Hace cuatro años, Nvidia tenía una cuota de mercado del 95% en China. Hoy, es sólo el 50%”, afirmó Huang. Y añadió a modo de aviso: “El resto es tecnología china. Tienen un montón de tecnología local que podrían utilizar si no tuviesen a Nvidia”. Además, el primer ejecutivo de la tecnológica recordó que Pekín, consciente de la importancia de aumentar su soberanía tecnológica en plena guerra comercial, está incentivando a las empresas locales, y en ocasiones forzando a desarrollar o comprar tecnología made in China.

El acuerdo del presidente Donald Trump con Pekín la semana pasada llegó justo a tiempo para que la empresa con sede en Misuri planificara los pedidos para fin de año con su proveedor de Shenzhen, incluyendo ya con los aranceles reducidos. Sin embargo, la producción navideña seguirá siendo “mucho más modesta de lo habitual”, afirma Jamey Stegmaier, responsable de la empresa privada que produce juegos de estrategia como Wingspan. “Hay demasiada incertidumbre”. La compañía ha presentado una demanda junto con otras diez pequeñas empresas para impugnar la autoridad de Trump para imponer aranceles. “No hubo un debido proceso, sólo un agente del caos que elevó los aranceles del 20% al 145% en una semana”, añade Stegmaier. En Wall Street, el recuerdo del Día de la liberación se desvanece rápidamente. El índice de referencia S&P 500 ha vuelto a niveles casi récord este año después de registrar fuertes pérdidas tras el desorden del 2 de abril. Pero para el ciudadano común, el sufrimiento persistirá, ya que el enfoque caótico del presidente para reformar el sistema de comercio global está socavando la confianza en la economía. Aunque el índice de precios al consumo de abril subió menos de lo esperado, la mayoría de los economistas creen que el coste de los bienes pronto aumentará. Diane Swonk, economista jefe de KPMG US, afirma que las cifras del mes pasado podrían ser “el último dato de inflación moderada por un tiempo”, lo que indica que las tensiones comerciales aún no han terminado. Otro punto clave de la política comercial del presidente –un nuevo plazo de 90 días para conversar con China, tras el cual los aranceles podrían volver a subir– ha contribuido al clima de incertidumbre. “El mercado ha confiado en exceso en el acuerdo”, afirma Steve Hanke, economista de la Universidad Johns Hopkins que trabajó como asesor de Ronald Reagan. “Trump todavía cree que dirige Trump Enterprises, no la economía estadounidense”. Si bien la distensión ha reducido las probabilidades de una recesión grave, la gestión de la guerra comercial por parte del presidente estadounidense podría seguir proyectando una sombra durante el resto de 2025, deshaciendo años de crecimiento estelar y aumentando la posibilidad de un episodio de estanflación que dejaría a los responsables políticos de la Reserva Federal en una posición difícil. La preocupación se ha intensificado tras la decisión de Moody’s de retirar a EEUU su calificación crediticia AAA, tras advertir que el déficit federal aumentará a casi el 9% del PIB para 2035, frente al 6,4% del año pasado. La preocupación se extiende a todas las economías vinculadas a EEUU.

El ejército israelí recibió ayer a tiros a una delegación de diplomáticos que visitaban el campo de refugiados de Yenin, en Cisjordania. El grupo, compuesto por representantes de Reino Unido, Italia, Francia, China, España y países árabes como Jordania o Egipto, tuvo que ponerse a cubierto y vivió escenas de gran tensión. Poco después del incidente, italianos y franceses llamaron a consultas a los embajadores israelíes en Roma y París para mostrar su malestar por lo sucedido, mientras que España hizo lo propio con el encargado de negocios de la legación diplomática en Madrid. El ejército justificó los disparos de advertencia «después de que la delegación se desviara de su ruta autorizada» y se trasladara a una zona de operaciones vetada como es el campo de refugiados. «No se reportaron heridos ni daños», declararon los militares que, como hacen en estos casos, pidieron disculpas e informaron de la apertura de una investigación. De esta manera, volvió a quedar claro que el Estado judío no quiere testigos: ni en Gaza, ni en Cisjordania. Desde la Unión Europea, el ataque fue calificado de «intolerable», pero no es la primera vez que una delegación internacional es atacada por las fuerzas israelíes. Sucedió en octubre con un grupo en el que viajaban la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el eurodiputado de los Comunes Jaume Asens, junto a agricultores palestinos a los que acompañaron a recoger aceitunas en unas plantaciones en la Cisjordania ocupada. En esa ocasión, los militares dijeron que no había habido coordinación previa para la visita.