20250124

Declaraciones de la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, a la cadena SER Euskadi. “Acudiremos a la reunión convocada por los cuatro sindicatos porque somos un agente social responsable y siempre acudimos a las mesas de diálogo a las que se nos convoca. Pero que en ese proceso nadie espere que vayamos a poner en riesgo la sostenibilidad y la competitividad de nuestras empresas". Así respondía en la Cadena SER Euskadi la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, a la pregunta de si acudirán a la reunión convocada para el próximo 6 de febrero en el CRL, cuando los cuatro sindicatos mayoritarios del país presentarán sus propuestas para establecer un salario mínimo en Euskadi, diferenciado del resto del Estado. “Hay que ser realistas, ir a la mesa de negociación y ver si los planteamientos son coherentes y viables.  Y no me parecen coherentes unos salarios mínimos de 1.600 o 1.800 euros en Euskadi”. Tamara Yagüe ha recordado que “todos los convenios ya contemplan un salario mínimo acordado con los sindicatos. Y dependiendo del sector, porque no se puede meter a todos en el mismo saco. Con todo lo cual, por cierto, Euskadi ya tiene los salarios más altos del Estado”. Por otra parte, sobre la situación de confusión generalizada tras el rechazo ayer en el Congreso de un decreto del Gobierno con múltiples temas de la agenda social y empresarial, la presidenta de Confebask ha emplazado a los políticos a reflexionar sobre si "es la forma correcta de hacer las cosas".  Tamara Yagüe se ha referido de esta forma, a la derogación del decreto ley ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones, nuevas cotizaciones a la Seguridad Social, la prórroga de las ayudas al transporte público o la prohibición del corte de suministros básicos a personas vulnerable, entre otras iniciativas.  La presidenta de Confebask se ha preguntado si se tenía que haber "hecho así" porque, al final, "se genera una inseguridad jurídica en muchos ámbitos distintos". Ver más en Confebask. Escuchar entrevista aquí. 

La derogación del decreto ómnibus que incluía, entre otras muchas medidas, la revalorización de las pensiones, ha generado un importante caos entre las empresas, que no saben a qué atenerse para elaborar las nóminas de enero, dado que el texto también fijaba la subida de la base máxima de cotización en un 4%, el alza del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para todos los trabajadores y la introducción de la denominada cuota de solidaridad, una nueva carga social para los sueldos más altos. Es también un grave problema para el Gobierno, que contaba con estos ingresos para fortalecer el sistema de las pensiones. «No hemos recibido ninguna instrucción de la Seguridad Social sobre cómo debemos proceder. Ya hemos elaborado las nóminas de enero de acuerdo con lo que estaba previsto porque los programas informáticos lo tenían así incorporado», apunta Beatriz González, de la asesoría Eurotax Abogados. Las consultas se han disparado. Entre las medidas que han decaído figura, en primer lugar, un incremento de la base máxima de cotización del 4%, hasta los 4.909 euros al mes. Se estima que en Euskadi hay cerca de 100.000 trabajadores en este rango, muchos de ellos del sector público. En segundo lugar, la subida del Mecanismo de Equidad Interprofesional desde el 0,7% al 0,8% de la base de cotización, que se aplica a todos los trabajadores. Y, finalmente, la incorporación de la cuota de solidaridad para los sueldos más altos, un gravamen que entra en vigor este 2025 y se aplica a la parte del salario que excede la base máxima. Ya el miércoles a la tarde, cuando decayó el decreto tras el rechazo de Junts y el PP, las alarmas se encendieron en los departamentos de recursos humanos y las asesorías, pero se dio por hecho que casi de inmediato se aprobaría un nuevo texto con la revalorización de las pensiones, las cotizaciones o las rebajas al transporte. Sin embargo, la inquietud aumentó ayer ante la postura del Gobierno de retrasar cualquier decisión para evidenciar el daño causado por los populares y posconvergentes.

Apenas unas horas después de que decayera el decreto ómnibus y, con él, la obligación de cumplir un salario mínimo (SMI) de 1.134 euros al mes, el mismo que en 2024 a la espera de que se apruebe la nueva subida, el Gobierno mueve ficha rápidamente para proteger a los más de 2,5 millones de trabajadores que cobran esta renta mínima por un empleo a tiempo completo y evitar, al mismo tiempo, que los nuevos contratos se firmen con remuneraciones más bajas. La clave está en que a día de hoy España no tiene fijado un salario mínimo por ley al naufragar la prórroga del SMI de 2024. Por eso, el ministerio liderado por Yolanda Díaz, a través de la dirección general de Trabajo, emitió ayer a mediodía un «criterio interpretativo» por el que advierte que «la desaparición abrupta de la prórroga no afecta a los salarios vigentes, por entender que se trata de un salario ya contractualizado». Sostiene también que las nuevas contrataciones no deben tomar como referencia un salario mínimo inferior al fijado en 2024, es decir, inferior a 1.134 euros al mes repartidos en catorce pagas, en tanto que no se apruebe el nuevo para 2025, una medida que el Gobierno está en plenas negociaciones con los sindicatos y la patronal con la idea de elevarlo 50 euros hasta los 1.184 euros, aunque por el momento sin haber alcanzado un acuerdo. Y apela para ello a mandatos constitucionales y acuerdos internacionales suscritos por España que así lo señalan. Y cita expresamente el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que el Gobierno fijará anualmente, previa consulta con los agentes sociales, este salario mínimo. ¿Han de cumplir las empresas esta orden de Trabajo? A juicio de Álvaro Rodríguez de La Calle, socio del Área Laboral Écija, «esta opinión carece de soporte normativo alguno, ya que, sencilla y llanamente, no existe un SMI de 2024 (tiene vigencia exclusivamente anual) y tampoco existe un SMI de 2025», ya que –apunta– «el Gobierno no ha cumplido su obligación de fijarlo)». Por ello, este abogado concluye que «carece de valor alguno, más allá de presentar una intención más política que técnica».

La sonora derrota del Gobierno en el Congreso, con la caída (no convalidación) del decreto ómnibus, ha puesto al coche eléctrico contra las cuerdas: este tipo de movilidad se queda sin las ayudas a la compra del Moves III y sin la deducción de hasta 3.000 euros en el IRPF. Ambas medidas habían sido aprobadas por el Ejecutivo en el último Consejo de Ministros del año, después de semanas de incertidumbre en las que parecía que el vehículo eléctrico comenzaría 2025 sin ayudas. Ahora, tras la caída del decreto ómnibus se confirma “el peor escenario”, según destacó ayer en un comunicado conjunto la patronal de fabricantes de coches, Anfac, y la de concesionarios, Faconauto. “Sin las ayudas a la compra, como se ha demostrado en otros países de la UE, se paralizan las ventas de turismos eléctricos, con el consiguiente retraso en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización que marcan España y la UE”, señalan ambas asociaciones en una clara alusión al caso alemán. Allí, una decisión del Constitucional tumbó las ayudas a la compra de vehículos eléctricos a finales de 2023 y provocó que estos no tuvieran subvenciones durante todo 2024. Eso tuvo como resultado el desplome del mercado eléctrico en el país el ejercicio pasado, con una caída del 27,4%. Alemania incluso perdió su puesto como principal mercado de eléctricos del continente en favor de Reino Unido, un país con un mercado automovilístico notablemente más pequeño, según datos de ACEA, la patronal europea.

El dueño de Talgo, el fondo inversor Trilantic, se ha visto obligado a estirar los plazos hasta el 14 de febrero para recibir las ofertas que preparan por el fabricante de trenes Sidenor, la polaca Pesa y la india Jupiter Wagons. Las tres compañías están inmersas en un proceso que arbitra la consultora PwC para realizar una propuesta de adquisición total o parcial de la empresa. El plazo inicial, tras la entrega de las cuentas y la visita a las fábricas, era el 31 de enero. El Ministerio de Transportes había presionado, además, para que la operación se resolviera antes de fin de mes. Pero, según confirman fuentes conocedoras de las negociaciones, se ha ampliado la ventana para poder ofrecer más información. Un síntoma también de algunas dudas que surgen sobre el valor de la compañía. Una de las cuestiones sobre las que se ha solicitado aclaración es el impacto de la sanción de Renfe por los retrasos en la entrega de los trenes Avril. Son 116 millones que, según establezca el auditor, podrían exigir una provisión de fondos en 2024 dejando un cierre de ejercicio con pérdidas. Además, y atendiendo a una posible ampliación de las penalizaciones, podrían escalar hasta los 200 millones. El escenario agravaría el endeudamiento de Talgo hasta los 500 millones, unas cifras que afectan de plano a la valoración que los interesados estarían dispuestos a ofrecer. El accionista principal, Trilantic, reclama 5 euros por acción –que supondrían 617 millones por toda la empresa–, pero parece complicado que las ofertas vayan mucho más allá de 4 euros. Es, precisamente, la cantidad máxima a la que Sidenor estaría dispuesta a llegar, pero que solo ofrece sobre las acciones que controla Trilantic, el 29,9%. La empresa vasca presidida por José Antonio Jainaga limita su oferta a ese porcentaje –supondría un desembolso de 150 millones– para evitar la formalización de una opa, que elevaría el coste de la operación por encima de los 400 millones.

Jupiter Wagons prepara una opa sobre Talgo. La compañía india ha contratado a Lazard y a Eversheds Sutherland como asesores para esta operación, según señalan fuentes al tanto del proceso. De esta manera, la compañía asiática demuestra que no va de farol. Fuentes del mercado creen que está poniendo toda la carne sobre el asador y hará una oferta económica superior a la que ha puesto encima de la mesa Sidenor, quien por ahora no está dispuesta a subir de los 4 euros por el 29,9% que tiene Trilantic, principal accionista de la empresa ferroviaria. El fondo de capital riesgo ha abierto un proceso para buscar la mejor opción de venta de sus acciones después de que el Gobierno vetara el pasado verano la opa a cinco euros por acción que lanzó el consorcio húngaro Ganz-Mavag Europe. Dicho proceso, asesorado por PwC, pretendía recabar las ofertas vinculantes antes del 31 de enero. Sin embargo, fuentes próximas a la subasta señalan que se está realizando la due diligence y por razones técnicas los plazos se podrían alargar un poco. Además de Jupiter Wagons, en esta puja también está interesada la firma polaca Pesa, que ha contratado a Société Générale y a Baker McKenzie como asesores para este proceso. En el mercado se da por hecho que las ofertas económicas tanto de Pesa como de Jupiter Wagons superarán a la de Sidenor, lo que complica las opciones de la siderúrgica vasca.

CAF sigue apostando fuerte por los mercados internacionales presentándose a numerosos proyectos en un contexto de apuesta de los gobiernos por el impulso del ferrocarril. Entre los muchos concursos en los que se postula la empresa beasaindarra hay uno que destaca por su volumen, el que sacará a licitación el operador público británico Northern Trains para el suministro de 450 nuevos trenes para renovar su flota en el norte de Inglaterra. CAF opta a llevarse este macrocontrato, que afianzaría su presencia en un mercado que considera estratégico. El contrato sería uno de los más importantes de su historia, ya que, aunque todavía no está confirmado el montante del mismo, superaría los mil millones, todo un hito para la firma si logra su adjudicación, aunque tendrá que pugnar con unos duros competidores como son Alstom, Hitachi, Siemens y Stadler, que también han sido invitadas al concurso. El operador británico prevé adjudicar el contrato en 2026 y recibir los primeros pedidos de trenes en 2030. Northern Trains pretende renovar su flota ferroviaria con un mix de trenes eléctricos y multimodales (diésel/eléctricos), y los fabricantes que se presentan al concurso deberán incluir en sus propuestas trenes propulsados por baterías.

En los próximos meses se decidirá de forma definitiva el futuro de la energía nuclear en España y, aunque el Gobierno se mantiene en su idea de no aplazar el calendario establecido para desmantelar las centrales, distintas partes del sector se están posicionando en contra en un momento geopolítico diferente. Ayer fue Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, quien advirtió de lo «crucial» que es la energía nuclear para abastecer a una España con una demanda al alza. En su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), el ejecutivo alertó de que la solución a la dependencia energética de Europa «no puede venir del gas» y pidió mantener las actuales centrales, e incluso abrir la puerta a la construcción de otras nuevas. «No sé si es el momento de construir una nueva o no», añadió Galán en presencia del comisario europeo del Clima, Wopke Hoekstra, y la consejera delegada (CEO) del grupo galo Engie, Catherine MacGregor, añadiendo que países como Francia «pueden hacerlo» e invertir. «Al menos aquellos con plantas de energía nuclear en funcionamiento, que han demostrado que son seguras y eficientes, son absolutamente necesarias para mantener las luces encendidas en un momento en que aparezca cierta demanda, como los centros de datos, que requieren 24 horas al día, siete días a la semana», justificó Galán. El sábado 7.000 personas se manifestaron en Almaraz (Extremadura) contra el cierre de la central previsto para 2027. Desde Foro Nuclear recalcaron que la medida tendría un impacto «muy negativo y directo» en el empleo y la economía de Extremadura. El parque nuclear español está «en las mejores condiciones técnicas y de seguridad» y sería «positivo» un diálogo con el ministerio para la Transición Ecológica.

El Corredor Vasco del Hidrógeno, BH2C, pondrá en marcha cuatro nuevos proyectos a lo largo de este año relacionados con la producción, el almacenamiento, la movilidad y la industria. Su presidente, José Ignacio Zudaire, lo anunció ayer en el edificio Energy Inteligence Center (EIC) de Abanto, durante la celebración de su V Asamblea Anual y su XV Junta Directiva. Los nuevos proyectos se sumarán a los ya iniciados el pasado año, cuando el BH2C desarrolló 54 iniciativas que siguen en progreso y 71 acciones de posicionamiento en el ámbito autonómico, estatal e internacional para impulsar el hidrógeno renovable en la industria y en la movilidad. Además participó en varios eventos y ferias globales, como la European Hydrogen Energy Conference (EHEC) que se desarrolló en marzo en Bilbao, o la World Hydrogen Summit & Exhibition que reunió a un centenar de países en Rotterdam. A fin de compartir los avances y crear sinergias entre los diferentes proyectos que se van a desarrollar este año, se organizarán encuentros entre sus verticales –Producción, Transporte, Distribución y Almacenamiento, Industria y Movilidad– y durante dos jornadas técnicas.

Un día después de que el lehendakari afirmase que el Gobierno vasco está «absolutamente volcado» en dar con soluciones para Guardian Llodio, ayer llegaron los primeros contactos entre la compañía y el Ejecutivo. Según informaron fuentes del Departamento de Industria, el equipo de Mikel Jauregi habló con los ejecutivos de Guardian ayer por la mañana. Las partes, de acuerdo con lo trasladado por el Ejecutivo, se han citado para mantener una reunión «en los próximos días». Durante esta primera toma de contacto, Lakua trasladó su «preocupación» por el cierre de la factoría y su impacto sobre los trabajadores y «todo el valle de Aiaraldea». Los responsables del Gabinete Pradales se ofrecieron, como han hecho durante las últimas semanas, a explorar «todas las posibles soluciones alternativas al cierre» de la factoría de Llodio. La interlocución entre Guardian y las instituciones se hará de aquí en adelante a través del Ejecutivo autonómico, que mantendrán esa reunión en próximas fechas. En esa cita la intención de Industria es «compartir los detalles sobre las razones que han motivado el cierre de la empresa», trasladar su oposición ante una decisión «injustificada» y «analizar todas las alternativas para revocar esta situación». La toma de contacto llegó después del anuncio de una desinversión que supondrá, si nada cambia, la pérdida de 171 puestos de trabajo en la comarca, que se sumarán a los despidos ya ejecutados en Glavista. 

El consejero delegado de Tubacex, Jesús Esmorís, aumentará su perfil industrial tras hacerse con un 5% de la cotizada Amper, lo que le dará, además, entrada en su consejo de administración. Así lo han confirmado fuentes del mercado, que explican que el órgano de gobierno de Amper planteará a finales de este enero la convocatoria de una junta extraordinaria que confirme el nombramiento entre febrero y marzo.El movimiento ha sido desencadenado a raíz de la compra que la cotizada dedicada a energía y defensa realizó el pasado mes de diciembre de la empresa vasca Navacel por 23,8 millones. Esmorís mantenía más de un 20% del accionariado de la firma vasca dedicada a la construcción de elementos críticos de la eólica marina, como las plataformas en las que se instalan los aerogeneradores. Tiene además presencia en el sector gasista y cuenta en la Ría de Bilbao con un muelle propio de carga.

El centro de ciberseguridad industrial de Gipuzkoa Ziur y el Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI) organizan unos talleres sobre la normativa NIS2, que establece un nivel de ciberseguridad mínimo para todos los Estados miembros de la Unión Europea y cuyo incumplimiento puede conllevar sanciones millonarias. Más de 80 empresas han participado ya en el primero de los talleres organizados por ambas entidades, que continuarán con esta formación en un próximo curso programado para el 11 de febrero. La directiva NIS2, ya en vigor, tiene como objetivo fortalecer la ciberseguridad en toda la UE, establece requisitos mínimos de gestión de riesgos a los sectores esenciales y exige medidas más estrictas para proteger infraestructuras críticas y mejorar la resiliencia frente a ciberataques. Esta normativa aumenta la presión sobre las organizaciones industriales mediante las responsabilidades legales y las sanciones, para que adopten las mejores prácticas de ciberseguridad. En este sentido, las multas previstas por incumplimiento son muy significativas, ya que pueden alcanzar hasta los 10 millones de euros o el 2% del volumen de negocio anual total para las entidades esenciales; y hasta los 7 millones de euros y el 1,4% del volumen de negocio para las importantes. La directora de Ziur, María Penilla, explicó que «comprender las implicaciones y obligaciones en materia de ciberseguridad que tienen las pymes es fundamental para identificar brechas y conocer herramientas clave que garanticen una gestión eficaz en este campo». 

El Gobierno foral tendrá que sudar la camiseta para aprobar la reforma fiscal en primavera a tenor de la comisión vivida ayer en las Juntas Generales de Gipuzkoa, en la que la diputada de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre, expuso a los grupos junteros –que serán los encargados de aprobar, o no, el proyecto de norma foral– la reforma fiscal. Tras superar el escollo de los Presupuestos, aprobados gracias a los votos del PP, el Ejecutivo foral en minoría requiere una vez más del apoyo de uno de los partidos de la oposición (EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos) para dar luz verde a la reforma fiscal. Todo parece apuntar a que la aprobación del nuevo texto fiscal tendrá más piedras en el camino que el de los Presupuestos, sobre todo tras escuchar ayer a los tres grupos junteros de la oposición, que criticaron en bloque el proyecto, catalogándolo de «poco ambicioso», «decepcionante», o que se «queda muy corto». Además, cada una de estas formaciones reprocharon al departamento de Hacienda que no haya tenido en cuenta los once retos que aprobó la ponencia fiscal de las Juntas por la que pasaron hasta 60 expertos e instituciones, aunque tanto Haritz Perez (EH Bildu) como Mikel Lezama (PP) y Miren Echeveste (Elkarrekin Podemos) mostraron su voluntad de dialogar. También lo hizo la propia diputada de Hacienda, que defendió la reforma como «justa y progresiva», prestando especial atención a los «colectivos más vulnerables y las personas jóvenes», y se mostró «abierta a hablar» con todos los partidos para llegar así a un «amplio acuerdo» en materia fiscal que dé respuesta a «los desafíos sociales y económicos que se plantean» en Gipuzkoa.

El proyecto para la reforma de impuestos de la Diputación de Álava plantea una mejora en las bonificaciones en el IRPF para las rentas más bajas. En concreto, la modificación propone que, cuando la diferencia entre los ingresos brutos del trabajo y el gasto por Seguridad Social sea igual o inferior a 14.800 euros, se aplique una deducción. «Se ha modulado la bonificación con un importe mínimo de 3.000 euros que puede alcanzar hasta los 8.000», cuando «hasta ahora se situaba entre los 3.000 y los 4.650 euros». El cambio beneficiaría a 50.335 declaraciones con un impacto de 15,2 millones de euros en las arcas forales. Una medida que «incide especialmente en las rentas más modestas y contribuye a mejorar la progresividad del impuesto». Así lo destacó ayer la diputada foral de Hacienda, Itziar Gonzalo, que desgranó toda la propuesta para la revisión fiscal en las Juntas Generales. Un proyecto que «responde a los nuevos retos» del territorio como «el demográfico, la dificultad para acceder a la vivienda, la lucha contra el cambio climático o la mejora de la cohesión social, fundamentales para cimentar la prosperidad y el desarrollo económico local», sintetizó al resto de grupos junteros. que «promueven una igualdad real que mejore la conciliación» y «apuesta por la discriminación positiva de la mujer». Así, se plantea una deducción por la reincorporación al mercado laboral tras el cuidado de menores (excedencia/reducción de jornada) de 1.200 euros para las mujeres y 1.500 para los hombres. En este marco, en el impuesto de Sociedades, se propone una deducción del 5% con límite de 2.500 euros por implantar un plan de conciliación, que podrá ascender al 15% y un tope de 7.500 euros cuando un tercio de la plantilla se acoja a las medidas.

Otra buena noticia para el aeropuerto de Loiu. La aerolínea Vueling anunció ayer en Fitur, la feria de turismo más pujante de España, que recuperará la conexión de Bilbao con el aeropuerto más importante de Londres. La compañía catalana operará a partir del próximo 30 de junio con Heathrow, que es el ‘hub’ de referencia para viajes de largo radio, con el mayor número de posibilidades de Europa. Este aeródromo constituye una escala vital y es la puerta de entrada a destinos como Norteamérica o algunos países de Asia. En los últimos tres años, los vizcaínos no han podido volar a Heathrow, una plaza que ha estado servida de forma irregular desde la marcha, antes de la pandemia, de British Airways (perteneciente al mismo grupo que Vueling). Bilbao ha estado huérfano durante mucho tiempo de una ruta que permite a sus usuarios hacer escala con cierta comodidad en la capital británica, en su camino hacia ciudades más lejanas. Vueling volará a Heathrow todos los días de la semana, desde el 30 de marzo hasta el 25 de octubre. En principio se plantea como un enlace estacional veraniego, pero habrá que ver si perdura también en invierno, ya que suele ser habitual que la firma catalana prorrogue a todo el año aquellos destinos que han funcionado. En cualquier caso, la compañía mantendrá las 21 operaciones que oferta con el otro gran aeropuerto londinense: Gatwick. El tráfico con Londres ha crecido de forma importante en los últimos tiempos. Ahora mismo es el tercer destino en importancia por volumen de pasajeros desde Loiu. 

Palma, San Sebastián, Málaga y Cádiz se alzan como las ciudades más caras para vivir. Aquí las familias destinan más del 60% de su prepuesto al pago de los servicios más básicos, mientras que para las de Guadalajara y Palencia éstos representan un poco más del 36% del presupuesto familiar. «Ahora bien, el nivel de vida está intrínsecamente relacionado con el salario medio que se cobra en cada ciudad. De hecho, el salario medio que entra en un hogar en San Sebastián supera los 53.000 euros y los 43.000 en Mallorca, más que en Jaén, por ejemplo, donde una familia de tres vive con un sueldo de 32.000 euros», apuntan desde Roams. Sin embargo, hay bienes que se han encarecido más en unas zonas que en otras, como ha sido el caso de la vivienda, que experimentó un incremento anual del 8,4% en el último año, según Fotocasa, afectando sobre todo a las familias residentes en Palma que destinan el 42,4% de sus ingresos al pago de la hipoteca. También los carburantes han repuntado desde el pasado verano y en la última semana se han disparado casi un 2%, tal como registró ayer el Boletín Petrolero de la Unión Europea. Pero el análisis de Roams va más al detalle. «La factura de una tarifa de luz de discriminación horaria puede llegar a ser entre 65 y 93 euros más cara al año en la Península que en las Islas Canarias o Ceuta y Melilla por el IVA», destacan. También en los seguros del hogar y del coche de hay hasta 220 euros de media al año en la cuota entre quien vive en Vitoria y en Ceuta por cuestiones «climatológicas», aseguran. 

A unos meses del final de su construcción, lo que está previsto para el verano de este 4047, el apartahotel que ofrecerá 859 alojamientos junto al Bilbao Exhibition Centre, en Barakaldo, ha sido incluido en una destacada operación inmobiliaria, que ha terminado poniendo a este edificio, llamado a revolucionar el entorno y a dar un impulso a la localidad fabril, en manos de un fondo estadounidense. Se trata de Greystar, uno de los líderes mundiales en inversión, desarrollo y gestión de inmuebles de alta calidad en el sector residencial. Acaba de hacerse con la gestión de este gran complejo, por el que, junto a un inmueble en Alcobendas (Madrid) y a otro de San Cugat (Barcelona), ha llegado a pagar 500 millones de euros a otro fondo de activos financieros, Bain Capital, junto a la promotora Momentum, y a la compañía internacional especializada en alojamiento temporal Node, con cuyo nombre se había bautizado ya en un principio este apartahotel. En cuanto termine la obra pasará a formar parte de manera oficial de la cartera de Greystar, inmobiliaria que lo utilizará para reforzar su marca Be Casa, alcanzando una oferta de unos 6.800 apartamentos. Esto le consolidará como uno de los principales proveedores en España de las llamadas ‘viviendas flexibles’, que permiten alquileres temporales y adaptados a cada necesidad, un sector en auge debido al escasez de ofertas en el mercado inmobiliario tradicional y que va a jugar un papel importante sobre todo en las grandes ciudades. En esta operación este fondo estadounidense ha sumado 888 alojamientos en Alcobendas, ya operativas desde julio del pasado año; 689 en San Cugat, y las 859 de Barakaldo.

Si en algún momento de la legislatura se planteó la posibilidad de que el PP fuera capaz de atraer a socios de Sánchez como el PNV para llevar a su Gobierno al colapso esa opción parece hoy imposible. El enfrentamiento entre ambos partidos por la cesión del palacete de París ha subido a un tono que ha hecho saltar por los aires todos los puentes. El propio Feijóo se implicó ayer en la polémica y censuró «los regalos y privilegios a los nacionalistas», confirmando la inexistente relación con la formación jeltzale, a la que tachó de «satélite» del PSOE y no descartó denunciar por financiación irregular. Una de las grandes incógnitas políticas del nuevo año era dilucidar si el PP, en su estrategia de oposición para debilitar la maltrecha mayoría parlamentaria del Gobierno, sería capaz de atraer a socios de Pedro Sánchez como el PNV hacia un bloque alternativo que condenara la legislatura al colapso. Pues bien, cuando ni siquiera se ha arrancado la primera hoja del calendario, toda duda ha quedado ya resuelta. Los puentes entre Génova y Sabin Etxea han saltado por los aires y la posibilidad de alianzas, más allá de coincidencias puntuales en votaciones del Congreso, se ha reducido a la mínima expresión. La relación es nula. Ya había una sucesión de motivos que explicaban el distanciamiento, pero sin duda el detonante que en los últimos días ha hecho explotar todo ha sido la operación por la cual el Gobierno ha traspasado a manos jeltzales el palacete de París que fue sede del Gobierno vasco en el exilio. El enfrentamiento dialéctico entre representantes de PP y PNV pasó ayer a un nuevo nivel por dos vías: la primera, la política, a la que se sumó el propio Alberto Núñez Feijóo al censurar el «regalo» por parte de Sánchez a uno de sus socios; y la segunda, la judicial, ya que los populares estudian interponer una denuncia contra la formación nacionalista por presunta financiación irregular.

La opa por el Sabadell se endurece por momentos. El cambio de la sede del banco, de Alicante a Cataluña de nuevo, no ha hecho sino encender la encarnecida batalla que libran el BBVA y el equipo directivo del banco catalán, con la intermediación del Gobierno, que se ha opuesto a la transacción. Si bien el Ejecutivo no puede vetarla, sí la puede complicar sobremanera, elevando las condiciones que imponga la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y bloqueando la fusión posterior a la opa que el banco que lidera Carlos Torres planea ejecutar si la oferta tiene éxito. Este extremo, una opa sin una fusión posterior, no es el escenario ideal para el BBVA, pero va cundiendo en el mercado la idea de que lo puede ver como un mal menor que le permitiría al menos integrar al banco catalán. La idea de que el sino de la opa pueda ser un Sabadell como entidad independiente, pero cuya mayoría de las acciones esté en manos del BBVA, ha tomado fuerza como un posible escenario final. Estaba ya sobre la mesa, pero ha cogido vuelo desde que la entidad planteó el miércoles retornar su sede a Cataluña siete años después. El momento político elegido ha sido el idóneo, puesto que entronca con el deseo tanto del Ejecutivo de Pedro Sánchez como del Govern catalán que lidera el socialista Salvador Illa de que las empresas catalanas que emigraron tras el referéndum del 1-O vuelvan a casa. Por ello, a nadie se le escapa que cuando el Gobierno se pronuncie sobre la opa tendrá muy en cuenta estas circunstancias.

Entrevista con Carlos Torres, presidente del BBVA. “La operación con Banco Sabadell tiene un innegable sentido estratégico y financiero”, empieza diciendo en la que es la primera entrevista de Torres Vila a un medio de comunicación español desde que BBVA anunciara la opa sobre Sabadell en mayo del pasado año. “El sector financiero ha experimentado una transformación profunda por la digitalización pues ha cambiado por completo la forma en la que los clientes interactúan con los bancos”, comenta. “En 2017, solo el 7% de los nuevos clientes de BBVA llegaba por canales digitales; hoy, solo siete años después, la cifra es del 67%”. En este el contexto, “el tamaño de los bancos es clave para afrontar estos retos”. ¿Por qué? Porque “las inversiones tecnológicas tienen altos costes fijos que pueden diluirse más eficientemente cuanto mayor sea la base de clientes”. “Esta operación nos permite ampliar significativamente esa base de clientes en un mercado atractivo como España, combinando negocios altamente complementarios”. Además de una “lógica financiera clara”, esta integración “supone un compromiso decidido con nuestro país y con las pequeñas y medianas empresas (pymes), al tiempo que asegura un mejor servicio a nuestros clientes y un mayor valor para nuestros accionistas”. Hay que recordar que BBVA es una de las cotizadas españolas con mayor base accionarial, con unos 800.000 inversores. El presidente de BBVA descarta que el recién aprobado traslado de sede de Sabadell a Cataluña vaya a complicar la opa. “Como ya hemos trasladado, respetamos la decisión de Banco Sabadell. Para nosotros no cambia nada las bondades de la operación. Creemos que es buena para España, para Cataluña y para el resto de territorios donde está Banco Sabadell, así como para los clientes empleados y accionistas de ambos bancos”, reitera.

Indra ultima la compra del gestor de satélites Hispasat a Redeia, su actual propietaria, según señalan distintas fuentes al tanto de la situación, para crear un campeón nacional que le permita crecer en el sector espacial. Ambas compañías están cerrando los últimos flecos y, si no se produce un giro de guion de última hora, la operación se elevará a sus respectivos consejos de administración para su aprobación de forma inminente, señalan varias fuentes consultadas. Tras meses de difíciles negociaciones, la adquisición se estima en más de 650 millones de euros. Fuentes de Redeia, Indra e Hispasat han declinado hacer comentarios. La operación lleva muchos meses en el mercado. De hecho, tomó carta de naturaleza después de que el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, abriera la puerta a la potencial compra del gestor de satélites ya en marzo del pasado año, coincidiendo con la presentación de su plan estratégico. La firma ya admitió ahí que su objetivo es convertirse al término de esta década en un campeón nacional tanto del sector del espacio como de defensa. Con esa ambición, Hispasat se convierte en objetivo prioritario, ya que la compañía además de su negocio de satélites civiles tiene una firma militar, Hisdesat. Máxime, en un momento geopolítico donde los conflictos en el mundo se están intensificando.

Bruselas ha prometido ayudar al sector del automóvil europeo mediante subsidios paneuropeos para impulsar la demanda de vehículos eléctricos. En declaraciones a Financial Times, Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, anunció en Davos que las autoridades todavía estudian distintas opciones. “Tiene sentido ver cómo podríamos, desde una perspectiva paneuropea, facilitar las medidas en lugar de recurrir a subsidios nacionales”, declaró Ribera. Advirtió de los riesgos de entrar en una “carrera en la que podríamos enfrentarnos a un modelo nacional frente a otro”. El canciller alemán, Olaf Scholz, anunció el martes que Bruselas se estaba planteando introducir un programa de ayudas de la UE que él había propuesto. El Gobierno alemán descartó su propio plan en 2023, lo que provocó una caída en las ventas de vehículos eléctricos. Aunque muchos estados de la UE ofrecen incentivos para estos vehículos, las condiciones son muy distintas y varios Estados miembros no ofrecen ayudas a la compra, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. Un desafío para Bruselas sería diseñar un plan que se ajuste a las reglas de la OMC y al mismo tiempo evite los subsidios a los fabricantes de automóviles chinos, cuya cuota de mercado sigue creciendo a gran velocidad. Ribera reconoció que había que lograr un “equilibrio complicado” entre la transición rápida al vehículo eléctrico y “un desajuste con la capacidad de las marcas europeas para ofrecer en términos de cantidad y calidad lo que nos gustaría ver en nuestras carreteras”. La comisaria explicó que un posible plan de incentivos sería una de las varias medidas destinadas a apoyar a un sector considerado vital para la economía de Europa. Los fabricantes de automóviles europeos “necesitaban una visión integral sobre cómo actualizar sus capacidades y ponerse al día con lo que ya se demanda en todo el mundo”, puntualizó Ribera. Sus declaraciones contrastan con las del presidente de EEUU, Donald Trump, que ha prometido poner fin a los “subsidios injustos” para los vehículos eléctricos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, invitó ayer “a todas las empresas del mundo”, a través de una intervención por videoconferencia en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, a ir a Estados Unidos a “hacer sus productos”. A cambio, les promete, un edén fiscal nunca visto hasta ahora. “Mi mensaje a cualquier empresa es simple”, dijo a los pocos minutos de iniciar su intervención. “Vengan a América a hacer sus productos” y “les daremos los impuestos más bajos de cualquier nación en la Tierra”. “Si no fabrican su producto en Estados Unidos, lo cual es su prerrogativa, entonces simplemente tendrán que pagar un arancel, de monto variable”, avisó el nuevo presidente de EEUU. Trump tomó posesión de su cargo el pasado lunes. En su anterior mandato, entre 2017 y 2021, fue de forma presencial al Foro Económico Mundial en la localidad suiza de Davos. En esta ocasión, se excusó por la cercanía de fechas con respecto a su toma de posesión. Pero su discurso, como en anteriores ocasiones, fue el más esperado de todos los 60 mandatarios que sí fueron presencialmente. Y sobre todo: no dejó indiferente a nadie. Toda la temática de Davos esta semana terminó girando en torno a Trump, que ya en las primeras horas de su mandato empezó a anunciar medidas drásticas, como fuertes subidas de aranceles o la retirada del Acuerdo de París, de lucha contra el cambio climático. Ayer, su discurso no defraudó. Trump se dedicó a amplificar aún más la dimensión de sus medidas, que él mismo calificó de “revolución del sentido común”.

Donald Trump continúa blandiendo un discurso crudo para los intereses comerciales de la Unión Europea y el gasto militar de los países que conforman la OTAN. El nuevo presidente de Estados Unidos insistió ayer en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), su primera gran intervención internacional tras la toma de posesión, en que los integrantes de esta organización eleven al 5% del PIB su inversión en Defensa y que Bruselas aplique una menor carga fiscal y regulatoria en productos que afectan a los intereses norteamericanos. El magnate esgrimió que los países de la OTAN deberían haber efectuado «hace muchos años» ese gasto militar. Por ello, reivindicó que fue bajo su primer mandato cuando los aliados avanzaron hasta el umbral del 2% para poner fin a un desequilibrio «injusto» respecto a EE UU. Y lanzó un claro aviso a Bruselas. «Si no fabricas tus productos en Estados Unidos, tendrás aranceles. Me encanta Europa pero nos trata de forma muy, muy injusta», zanjó poniendo como ejemplo las tasas aeroportuarias. No fue la única declaración de peso que hizo ayer Trump, quien también aseguró que quiere reunirse con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, cuanto antes para poner fin a la guerra de Ucrania, un asunto para el que pedirá la colaboración de China.