20250905

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Con Estados Unidos ya fuera del Acuerdo de París –el pacto climático suscrito por la práctica totalidad de países–, la Administración republicana ha virado con decisión hacia el fracking, el petróleo y el carbón, en detrimento de unas renovables contra las que libra una cruzada. La ofensiva tiene ahora en el punto de mira a Iberdrola, a la que amenaza con bloquear dos parques eólicos en Massachusetts, una maniobra que desata la alarma e introduce nuevas dosis de incertidumbre en un sector ya golpeado por la andanada arancelaria. Los proyectos que la Casa Blanca ha puesto en la diana son los megaparques eólicos marinos New England 1 y 2, en los que Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola, preveía invertir 6.800 millones de euros. El argumento esgrimido por Washington para justificar su paralización es el presunto daño al ecosistema marino, ya que «los molinos vuelven locas a las ballenas», según justifica el líder republicano de forma reiterada. El proyecto, en cualquier caso, aún estaba en una fase incipiente, de modo que el impacto de la paralización es limitado. La Bolsa apenas se inmutó ayer: la acción retrocedió un 0,4%, manteniéndose muy cerca de sus máximos históricos. 

Iberdrola quiere mantener a Estados Unidos como su principal foco inversor. Así se lo ha hecho saber al Gobierno americano. Pero todo dependerá de que no se bloqueen proyectos clave o, si se da cerrojazo a algunos de ellos, como los de eólica marina –contra la que Trump mantiene una cruzada particular– se compense con nuevas oportunidades, especialmente en desarrollo de redes eléctricas. Iberdrola ha mantenido siempre una relación fluida con el Gobierno americano, sea del signo que sea. El grupo español siempre ha demostrado gran flexibilidad para adaptarse. Pero ahora el tiempo apremia. El próximo día 24 de septiembre, Iberdrola celebra el denominado día del inversor (Capital Markets Day), en el que debe trazar una nueva hoja de ruta una vez que el actual plan estratégico 2024-2026 ha sido batido con creces. No se trata de una mera actualización de números en término de previsión de resultados y dividendos. Es el plan estratégico que confirmará definitivamente el giro que está dando Iberdrola en cuanto a negocios y áreas geográficas. La obsesión de Iberdrola es centrarse en negocios recurrentes y países con regulación estable. Un golpe a la eólica marina en EEUU –por mucho que algunos analistas digan que estaba descontado, habida cuenta de que en meses anteriores Trump había ido cancelando proyectos de otros gigantes, como Ørsted y Equinor–, puede marcar un punto de inflexión a la hora de rediseñar la estrategia de Iberdrola. 

El martes, 9 de septiembre, las distribuidoras eléctricas van a publicar, por exigencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuánta capacidad disponible existe en sus redes en España para conectar nuevos proyectos industriales que necesitan electricidad para desarrollar su actividad. Y la situación que describen tanto fuentes empresariales como de la Administración es que el panorama va a ser desolador, por la elevada falta de puntos de acceso de la que actualmente dispone España. El problema, detallan las fuentes consultadas, es de primera magnitud, ya que actualmente España vive un bum de solicitudes por parte de inversores que quieren establecerse en el país por los precios competitivos de la electricidad. Este cuello de botella supone toda una amenaza para la economía española, que en los últimos dos años ha recibido propuestas de algunas de las más grandes tecnológicas norteamericanas (Amazon, Microsoft, etc.). Aelec, la asociación que engloba a Iberdrola, Endesa y EDP, ya advirtió en febrero de un bum de peticiones (67 GW) para centros de datos (19 GW) y otras industrias (18 GW) en 2024, equivalente al 40% de lo ya instalado en España. De hecho, la mitad de las solicitudes se denegaron por falta de acceso. La cuestión despertó la alarma al más alto nivel en la Administración, ya que se estimó la pérdida de oportunidad en 60.000 millones de euros de inversión potencial no ejecutada. “Más de uno se va a sorprender el martes de la baja capacidad que tenemos; existen muchos nudos en toda España que están totalmente saturados ya”, advierten fuentes al tanto de la situación. 

«La imposición de un arancel del 50% en el mercado estadounidense supone, en la práctica, el cierre de ese mercado para el acero europeo». Con esta contundencia el sector español insta por carta al ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, a que exija a la Comisión Europea un instrumento de defensa comercial para que proteja a la industria del Viejo Continente y contemple la aplicación de cuotas. Es decir, niveles máximos de importación a Europa sin arancel y una vez que se superen esos niveles de importación, que se comience a aplicar una tasa del 50% a todos los países importadores, sin diferencia. Las industrias del acero y el aluminio, cuyos productos siguen sujetos a un gravamen del 50% pese al acuerdo comercial sellado por el que Bruselas acepta que Washington imponga a las exportaciones europeas aranceles del 15%, temen que el mercado europeo se inunde de productos que antes de la guerra comercial iban dirigidos a EE UU.

Europa debería seguir el “manual” chino e incluir los híbridos en su impulso para reducir las emisiones de los automóviles, han señalado ejecutivos de la industria, advirtiendo a Bruselas de que mantener su prohibición a partir de 2035 de los motores de gasolina pone en riesgo la mayor industria del bloque. Ola Källenius, presidente de la Acea, patronal de la industria automovilística europea, afirma a Financial Times que China es el país más avanzado en la “descarbonización de la movilidad” gracias a una política que fomenta no solo los vehículos eléctricos, sino también los híbridos y otras tecnologías para reducir las emisiones. “Sin fecha, sin prohibición, con apertura tecnológica... si ese manual ha tenido éxito, ¿por qué no estamos dispuestos a debatir al menos su versión europea?”, pregunta Källenius, también consejero delegado de Mercedes-Benz. Matthias Zink, consejero delegado del proveedor de componentes para automóviles Schaeffler y responsable de Clepa, el asociación de la industria de proveedores de automoción, comparte su opinión: “Lo que China hizo bien fue no regular la tecnología... ¿Qué hay de malo en copiar esa idea?”. La industria automovilística ha solicitado cada vez con mayor vehemencia a la Comisión Europea que reconsidere la prohibición de los nuevos vehículos con motor de gasolina a partir de 2035, argumentando que obliga a los fabricantes a concentrar toda su inversión en vehículos eléctricos en lugar de en una gama de alternativas con menores emisiones.

El Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo) ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento de Alemania para 2025 y 2026. Ahora pronostica que el PIB crecerá este año un 0,2% frente al 0,3% estimado en verano, y el ejercicio que viene avanzará un 1,3%, por debajo del 1,5% previo. «Los aranceles estadounidenses siguen teniendo un impacto negativo importante en la economía alemana. No se espera que el acuerdo entre EEUU y la UE tenga un impacto directo en las previsiones dado que los aranceles efectivos son, en gran medida, los mismos», detalló su jefe de investigación económica, Timo Wollmershäuser. Según añadió, si la incertidumbre se reduce, la economía podría repuntar.

Los concursos de acreedores han crecido un 4,8% hasta agosto en Euskadi, lo que sitúa a la comundiad autónoma en cuarta posición en el ránking estatal, por detrás de Cataluña (26%), Madrid (22%) y Andalucía (10%), según el seguimiento de los procesos concursales publicados en el BOE que realiza Iberinform. Por sectores, en el conjunto del Estado predominan las insolvencias en el comercio (24% del total) y en los sectores de construcción e inmobiliario (19%), seguidos de industria manufacturera (15%) y servicios a empresa y hostelería (11%).

La urgencia de una solución en el accionariado de Talgo que permita desatascar la situación industrial de la compañía se agrava con el paso del tiempo. El ahogo de la producción en las plantas del fabricante se evidenció con los retrasos de los trenes Avril, que provocó una sanción de 116 millones de euros a finales del año pasado. Y ahora, se añaden retrasos en el calendario de la entrega de 26 trenes de alta velocidad que el operador debía haber recibido a partir del pasado enero. Es un contrato suscrito en 2021 de «26 cabezas motrices para trenes de alta velocidad de rodadura desplazable». Unos equipos para impulsar 13 composiciones ya en uso, que Talgo debe transformar para crear lo que será la nueva serie 107, con una capacidad de circular a 330 km/h, según explican a este periódico fuentes de Renfe. El proceso de entrega de los trenes no termina en su fabricación, sino que debe procederse a la homologación de las unidades. Una tarea que requiere de una serie de pruebas en vía en las ventanas y tramos que concede el gestor público de la vía, Adif. Este es un punto en el que, precisamente, Talgo chocó con el operador estatal por los retrasos en la entrega de los trenes de la serie 106, los Avril. 

La del AVE en el País Vasco es la historia de un tren rápido que se construye lento. Y con renglones torcidos. El último episodio de inconvenientes ligados a la famosa Y vasca lo protagonizan las empresas Comsa SA y Cycasa Canteras y Construcciones SA: ambas constructoras han ganado una batalla judicial para que el Estado las indemnice por los gastos imprevistos y los retrasos en las obras de uno de los tramos de la alta velocidad vasca. En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha dado la razón a estas contratistas porque Adif no tuvo en cuenta la orografía adversa para calcular el precio de esta megalómana obra pública. Las tuneladoras tuvieron problemas a la hora de atravesar el macizo de Albertia, el que es el túnel más largo del País Vasco. Ello disparó de forma imprevista los gastos y las fechas de finalización de la obra. En el fallo, de 21 de julio, el Supremo concluye que la oficina pública estimó de una manera demasiado optimista el precio y el plazo para acometer la titánica tarea de atravesar el macizo montañoso: la compensación inicial era de 12 millones de euros y el plazo de 48 meses, pero las labores duraron casi el doble, 92 meses, y estuvieron colmadas de gastos imprevistos. Las constructoras demandaron a la Administración al considerar que las sucesivas prórrogas incrementaron los costes y desajustaron el precio inicial, lo que justificaba una compensación adicional. En el fallo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo corrige a la Audiencia Nacional, que en principio rechazó el derecho de indemnización, y considera que es la Administración, y no la constructora, la que debe soportar los costes imprevistos. Si bien posterga el cálculo de la cuantía de esta compensación a una fase posterior.

Rioja Alavesa ha comenzado ya la vendimia más peculiar de su historia reciente en una campaña en la que se han juntado dos circunstancias excepcionales. Por una parte, los viñedos están escasos de uva por efecto de las tormentas, el calor y el hongo mildiu que los han maltratado durante el año y la previsión es que la cosecha sea la más corta del siglo. Por otro lado, la climatología de las últimas semanas ha propiciado que en muchos casos el fruto ya se encuentre listo para ser recogido cuando apenas se ha estrenado el mes de septiembre. En varias fincas ya se ha comenzado a seleccionar los racimos destinados a la producción de vino blanco, que vienen unos pocos días adelantados con respecto a otros años precedentes. Eso sí, se espera que el grueso del trabajo con estas variedades se realice a principios de la semana que viene. Pero lo verdaderamente curioso es que ya hay quien ha empezado a recolectar uva tinta, para cuyo corte normalmente hay que esperar a finales de septiembre.

La fundación BBK materializó el pasado año un salto importante en sus participaciones empresariales. Tras los fuertes aumentos de patrimonio cosechados en los últimos años gracias a los dividendos recibidos de Kutxabank, la entidad ha aumentado un 70% sus inversiones en empresas. De este modo, elevó los 305 millones de 2023 hasta los 524 a cierre del pasado año. Así se recoge en la auditoría de cuentas realizada sobre el último ejercicio y en la que falta todavía por anotar el traspaso de los 400 millones en acciones de Iberdrola que Kutxabank realizó este marzo a las fundaciones bancarias –a la vizcaína le corresponden 228–, así como los 45 millones con los BBK entrará en la compra de Talgo cuando esta se materialice, junto a Gobierno vasco, Vital y el industrial José Antonio Jainaga. Mientras la entidad presidida por Xabier Sagredo afronta el desarrollo de su cartera de participadas, que aspira a elevar a 2.000 millones en una década, y exceptuando la participación de Iberdrola, el fondo de capital riesgo Aparca10 se convierte en la principal inversión de la entidad con un total de 50 millones. El pasado año BBK elevó su aportación a 33,3 millones y se comprometió a llegar a esos 50. Así lo señala, además, en el folleto de esta herramienta de inversión, que registró en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a principios de este año. Según reza el documento, BBK se convierte en «promotor» del fondo cuya gestión ha encargado a Lanza Capital, una gestora que ha levantado más de 500 millones de financiación para negocios de parkings en España.

Pueden arrancar el curso con optimismo aquellos estudiantes que se disponen a realizar una carrera universitaria en cualquiera de las facultades vascas, ya sean de la Universidad del País Vasco (EHU), Deusto, Mondragon Unibertsitatea o Euneiz. Los datos de sus antecesores de aula son halagüeños. Tanto, que indican que lo más probable es que finalicen el grado en su duración natural y encuentren después trabajo a tiempo completo. Según el informe autonómico de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), Euskadi es la comunidad con el mayor porcentaje de egresados –personas que han completado y aprobado satisfactoriamente un plan de estudios– en la edad típica universitaria. El 77,7% de los alumnos ha terminado la carrera con menos de 25 años (en estudios de grado y máster) o con 30 tenía ya el doctorado. Así, casi ocho de cada diez alumnos cubre con éxito su etapa formativa antes de incorporarse al mercado laboral. Pero es que ese paso, tan deseado como temido, también se desarrolla con alto grado de satisfacción en la mayoría de casos. El informe analiza la situación laboral de los egresados en grado en el curso 2018/19 y concluye que a los cuatro años, es decir en 2023, de los dados de alta en la Seguridad Social, un 77,7% cuenta con un trabajo a tiempo completo y un 63,2% cotiza dentro de la categoría de los titulados.

El sistema educativo vasco asiste a una serie de «transformaciones muy importantes». Cambios de tipo «social y cultural», según explicó ayer la consejera de Educación del Gobierno vasco, Begoña Pedrosa. La combinación de unos índices de natalidad muy bajos con el incremento del flujo migratorio está transformando la realidad de las aulas vascas. Desde el curso 2023/24, por ejemplo, los colegios vascos han perdido 13.000 estudiantes, casi un 4% del total. Y eso que la cifra se ve amortiguada por la llegada de alumnado de origen foráneo. De hecho, si no llega a ser por la inmigración, la caída en el número de alumnos superaría los 20.000, lo que habría supuesto una pérdida de más de un 5% del total de estudiantes. A lo largo del pasado curso escolar, llegaron a Euskadi «casi 8.000» nuevos escolares, la inmensa mayoría, extranjeros. Hace apenas cuatro años fueron 2.500. Esta realidad obliga a la Administración a conjugar medidas a corto plazo con otras de «luces largas». Es por ello que Educación ha activado una mesa de diálogo para alumbrar un pacto social contra la segregación escolar.

El servicio vasco de empleo movilizará durante los próximos dos años 141 millones de euros para impulsar el empleo, el emprendimiento y reforzar los programas de formación continua e inclusión social. Según anunció ayer Lanbide, este paquete esta financiado por el Fondo Social Europeo y los fondos Next Generation. Además, se sumará a los 15 millones ya aprobados, que se desarrollarán en colaboración con el departamento de Educación y de HABE para acreditar las competencias profesionales. De los 141 millones, algo más de la mitad financiarán planes de formaciónde Lanbide. El programa irá dirigido a personas desempleadas con las que se trabajará para impulsar su inserción laboral y su recualificación. La iniciativa pondrá atención especial en la formación acreditable y en las necesidades sectoriales que ha detectado el propio servicio. La segunda línea, dotada con 31,8 millones de euros, apuntará a las competencias de sectores estratégicos como el de los cuidados. El tercer área quiere fomentar las capacidades digitales del sector turístico con más de 1,9 millones de euros. Para Lanbide, el emprendimiento figurará como otro de los ejes prioritarios con 3,9 millones para el desarrollo de una idea empresarial y su puesta en marcha. 

La reducción de jornada a 37 horas y media semanales está al borde de un precipicio. Aún vive, pero puede despeñarse en menos de una semana si Junts no retira su enmienda a la totalidad al proyecto. Ese texto se expresa en unos términos difíciles de conciliar con un futuro respaldo. “La viabilidad de las pymes se puede ver gravemente perjudicada por esta imposición rígida de la reducción de la jornada”, dice. Pese a esta enmienda de los independentistas, que si nada cambia se votará el próximo miércoles (y triunfaría si la respaldan PP y Vox), Trabajo mantiene la esperanza de que Junts cambie de parecer. Para ello, el ministerio ha puesto sobre la mesa varios argumentos de índole laboral con los que confía, aunque cree que hay mucho trasfondo político, en convencer al grupo de Carles Puigdemont. Las que han trascendido son la recuperación de las millonarias ayudas para pymes y medidas contra el absentismo como las que reclamaba la patronal catalana Pimec. Por si no bastan, se suma una amenaza: la de endurecer el registro horario de forma unilateral, algo para lo que el Gobierno no necesita al Congreso. Los incentivos para pequeñas y medianas empresas no son nuevos. El asunto se planteó en la negociación con los representantes de los trabajadores y los empresarios el año pasado.

Nuevo choque en el seno del Gobierno. En plena batalla para sacar adelante la reducción de la jornada laboral en el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abierto otra guerra interna en el área económica del Ejecutivo. En esta ocasión, con la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, a cuenta de la reforma de la denominada jubilación reversible, que permitirá a los jubilados volver a trabajar compatibilizando el sueldo de una jornada parcial con un porcentaje mejorado de la parte de la pensión correspondiente. Díaz evidenció el conflicto en la noche del miércoles en una entrevista en la Ser. Tras una jornada marcada por las reacciones al veto de Junts a la reducción de la jornada laboral y la asunción por parte de la propia vicepresidenta de que, previsiblemente, perderá la votación del próximo miércoles, la titular de Trabajo fue preguntada también por la iniciativa de la responsable de Seguridad Social para que los jubilados puedan reincorporarse al mercado laboral a cambio de un premio económico. La respuesta de la vicepresidenta segunda pasó desapercibida, pero fue cristalina. A la pregunta «¿está usted de acuerdo con la propuesta de Seguridad Social de impulsar las jubilaciones reversibles?» respondió con un tajante «no». Y añadió: «Tenemos una discrepancia en materia de pensiones públicas con el PSOE».

El BBVA recibió anoche la autorización de la SEC, el regulador bursátil de EE UU, para rebajar el umbral de éxito de su opa hostil sobre el Sabadell a menos del 50% del capital, aunque solo lo podrá hacer si alcanza al menos un 30%. De concretarse, estaría obligado a lanzar una segunda opa en efectivo. Las acciones del Sabadell cotizan un 10% por encima de la oferta, que el mercado espera que mejore. La CNMV revisa el folleto, que será clave para los accionistas. El BBVA recibió anoche una carta del regulador de la Bolsa de Estados Unidos en la que le autoriza a controlar entre el 30% y el 50% del Sabadell como resultado de la opa hostil lanzada sobre la entidad catalana. Esto supondría rebajar el umbral de éxito de la oferta, en un momento en el que los títulos del Sabadell cotizan casi un 10% por encima de la puja del BBVA, y complican que la opa tenga éxito. El documento remitido por la SEC (el regulador bursátil de EE UU) apunta a que el folleto de la opa contempla que el BBVA rebaje el umbral de aceptación. También señala que la entidad que preside Carlos Torres solo tomará esta decisión si logra, al menos, un 30% del capital del Sabadell.

Las grandes empresas españolas han vuelto a pedir dinero a los bancos en operaciones sindicadas. El volumen crece un 90% en la primera mitad del año, con CaixaBank, Santander y BBVA como los principales dominadores del negocio. El 46,7% de la cuantía prestada en el segmento más competido e internacional del crédito lleva su firma. Las principales transacciones del semestre han llamado a sus puertas y Telefónica ha sido la más importante. La operadora de telecomunicaciones refinanció en enero su crédito verde de 5.500 millones de euros y ninguna empresa ha conseguido superar esa cifra. CaixaBank, Santander y BBVA han estado en esa financiación. También en otra treintena más y eso les da los tres primeros puestos en el ránking de Bloomberg de máximos directores de préstamos sindicados corporativos en España. Son las únicas entidades que superan los 3.000 millones en crédito concedido, pero hay muchas diferencias entre ellas. El liderazgo es para CaixaBank. Se lo ganó a Santander en el primer trimestre, lo ha conservado en el segundo y logra su mejor posición desde 2022. Lo hace con el crecimiento disparado. Los 6.176 millones de euros atribuidos en préstamos a empresas suponen un incremento del 158% con respecto al mismo periodo del año pasado y le dan una cuota del 22,9%.

El histórico acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur abre un mundo de posibilidades para la industria española, una de las que más se beneficiará de la retirada de las restricciones comerciales que ahora soporta en sus exportaciones a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.Las redes de exportación están montadas y las diferentes compañías españolas vendieron 4.330 millones de euros a estos países en el pasado ejercicio. A partir del momento en el que el acuerdo entre en vigor, los aranceles comenzarán a retirarse de forma gradual a lo largo de un periodo transitorio de 10 años. Se trata de un alivio que permitirá a las empresas ganar competitividad en esos mercados y que se espera que propulse las cifras de los sectores más beneficiados, sobre todo ahora que el comercio con EEUU se encuentra lastrado por gravámenes comerciales. Químicos y productos farmacéuticos. El segmento que concentra el mayor volumen de exportaciones españolas a Mercosur se frota las manos con la posibilidad de que se retiren las trabas a sus ventas en los países del bloque americano. Los 1.500 millones de euros en los que están valorados los productos enviados a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay se dispararán cuando las tasas del 14% terminen por desaparecer. En el ámbito químico, Repsol se encuentra bien posicionada para aprovechar el potencial del nuevo acuerdo comercial. Repsol Química, la filial petroquímica del grupo, produce derivados como benceno, estireno, polipropileno y zeolitas, y tiene como mercados clave el sur de Europa y los países del Mercosur, una relación que podrá estrechar con el paso de los años gracias a las menores trabas.

El lehendakari, la diputada general de Bizkaia y el alcalde de Bilbao esperaron hasta ayer por la mañana para pronunciarse sobre lo que ocurrió el miércoles: la protesta de un nutrido grupo de manifestantes propalestinos impidió culminar la etapa de la Vuelta en la Gran Vía y terminó con tres detenidos –ya han sido puestos en libertad–, cinco identificados y cuatro ertzainas heridos. Imanol Pradales, Elixabete Etxanobe y Juan Mari Aburto salieron cada uno por su lado pero con mensajes muy medidos. Primero, todos proclamaron su rechazo a las matanzas perpetradas por Israel en Gaza y entendieron las protestas contra el «genocidio»; segundo, criticaron que esas protestas legítimas derivasen en los actos «violentos» que terminaron reventando el evento en la capital y que dejaron una «mala imagen» de la ciudad; y, tercero, endosaron a EH Bildu parte de la responsabilidad de esta situación, siendo este el último capítulo de esa pugna que tienen jeltzales y soberanistas por el cuerpo electoral y que encuentra terreno abonado en el campo de la seguridad y los asuntos policiales. JUAN MARI ABURTO ALCALDE «No les importó poner en riesgo la vida de los ciclistas». ELIXABETE ETXANOBE DIPUTADA GENERAL «Echa tierra a nuestra estrategia para atraer eventos». IMANOL PRADALES LEHENDAKARI «Sufrimos un espectáculo nada edificante e incívico». 

Es la voz de la asociación vasca que utiliza el bombardeo de Gernika como icono para denunciar la invasión de Israel de la franja palestina de Gaza. También quién celebró como una «victoria de Palestina» la suspensión del final de etapa de la Vuelta ciclista a España en Bilbao cuando el dispositivo policial fue incapaz de contener a cientos de manifestantes radicales que con banderas palestinas e ikurriñas irrumpieron en la meta de la Gran Vía. Ibon Meñika clama ahora contra el «genocidio» de Israel en Gaza tras una larga y cualificada trayectoria como integrante de ETA; la organización para que la recaudaba bonos de extorsión de 90 euros, donde fue líder de su rama juvenil y en la que aceptó una condena por seguir las directrices de la banda. Ibon Meñika es un viejo conocido de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que acumula dos condenas por su relación con la banda terrorista pero que en la asociación Gernika Palestina ejerce de portavoz pacifista. Su experiencia como ex miembro de ETA y simpatizante de la izquierda abertzale lo ha situado al frente de un grupo plural en el que participan partidos políticos y sindicatos. Dirigentes políticos de algunas de las siglas que en teoría forman parte de Gernika Palestina desconocían hasta ayer los vínculos de Meñika con ETA.