20250904

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El lehendakari Imanol Pradales, aunque trató de pasar por la cuestión con la máxima delicadeza, lanzó una recomendación clara a las empresas y, por ende, al constructor de trenes vasco invitando a realizar una «reflexión ética» sobre la colaboración comercial con Israel, que afecta al tranvía de Jerusalén, valorado en 1.800 millones, y en el que participa CAF. Dos líneas que suman poco más de 40 kilómetros para unir zonas de la ciudad histórica que atraviesan barrios desarrollados por colonos en territorios ocupados a la Autoridad Nacional Palestina. Pradales hizo esta reflexión en Euskadi Irratia preguntado por si CAF debe seguir o no con el contrato. Unas declaraciones que, según ha podido comprobar El Correo en diferentes fuentes empresariales de primera línea en Euskadi, han generado cierto desconcierto en el mundo de la empresa. Las mismas fuentes creen que estas cuestiones no pueden dirimirse sin atender a un complicado entramado de consecuencias para las compañías. «No se pueden incumplir o suspender contratos sin sólidas razones legales –explican– y hay que recordar que hay una legislación internacional sobre derechos y elementos de ‘compliance’ legal que las empresas deben cumplir en todos sus contratos, especialmente las cotizadas, como CAF». Una realidad que el lehendakari no pasó por alto al reconocer que la situación «no es fácil, no es un blanco o negro». 

El Gobierno de Estados Unidos se dispone a retirar la autorización para construir los parques eólicos marinos de New England Wind 1 y 2, ubicados en Massachusetts, lo que amenazaría la continuidad de los proyectos en los que participa Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola. Así lo recogió ayer Bloomberg tras tener acceso a diversos documentos legales en preparación. New England Wind 1 y 2 son dos de los proyectos más emblemáticos de Iberdrola en EEUU. En conjunto, podrían sumar inversiones de 6.000 millones de euros. Con esta paralización, Trump daría un paso definitivo contra la eólica marina (eólica offshore, en al argot), que está centrando su particular guerra contra las renovables. En las últimas semanas, la Administración paralizó proyectos multimillonarios del grupo danés Ørsted, el otro gran gigante de la eólica marina en el mundo, junto con Iberdrola, Equinor y EDP. Las órdenes de suspensión de obras y retiradas de permisos, o la amenaza de hacerlo, ya han paralizado otros cuatro parques eólicos offshore de la Costa Este solo en lo que va de año. Nada más tomar posesión del cargo en enero, Trump emitió una orden ejecutiva que suspendía temporalmente los nuevos contratos de concesión para la energía eólica en aguas de las costas del país, al tiempo que exigía una revisión de las prácticas de arrendamiento y concesión de autorizaciones del Gobierno federal para estos proyectos.

La CEOE trata de mantener siempre una equidistancia militar en aquellos temas que puedan enfrentar a sus socios. Pero, este verano, la asociación que preside Antonio Garamendi ha roto esa neutralidad en uno de los asuntos más peliagudos para el sector energético: los impuestos. La patronal se ha alineado con Iberdrola y ha elevado a la Comisión Europea un documento en el que reclama eliminar tasas a la electricidad y reformar el marco fiscal europeo para penalizar a las energías más contaminantes. En su propuesta final, la CEOE habría retirado la alusión específica a los combustibles fósiles que, según algunas fuentes, sí figuraba en un borrador previo. Pero la propuesta definitiva es igualmente clara. «Revisar la Directiva sobre Fiscalidad de la Energía para garantizar que la tributación refleje el impacto ambiental y la intensidad de carbono de las fuentes de energía», reza el documento, que fue enviado a Bruselas en julio. En definitiva, que los gobiernos desincentiven el consumo de tecnologías que emiten más CO2, como el gas o el petróleo, por la vía de los impuestos.

El empleo en el sector industrial de Aiaraldea está sufriendo golpes muy severos a lo largo de los últimos meses con múltiples despidos, cierres de empresas y regulaciones laborales y esa sangría no tiene fin de momento. La hemorragia del motor económico de la región sigue abierta, más aún con el anuncio por parte de Maderas de Llodio de que va a acometer un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a una parte aún por determinar de una plantilla compuesta por 151 trabajadores en la fábrica de la localidad alavesa. Según anunció el comité de empresa, la dirección les trasladó el pasado lunes «su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo» sin entrar en mayores detalles como, principalmente, el número de empleados que se verían afectados por esta decisión. Fuentes del Grupo Garnica, al que pertenece esta filial de Llodio, aseguran que por el momento no hay cerrada una cifra fija de afectados y que la misma se determinará «en los próximos días cuando empiece el periodo de negociación del ERE» entre la dirección y los representantes de la plantilla. Lo único que parece claro, según distintos sindicatos consultados por este periódico, es que la medida no va afectar a la totalidad del personal ni provocará el cierre de la planta, pues para tomar esta drástica decisión el proceso burocrático previo debería ser diferente al que se ha aplicado.

Los ciberataques se han convertido en una modalidad delictiva muy extendida. De hecho, la fundación Ziur, el centro de ciberseguridad industrial de Gipuzkoa, alerta de que estos ataques «van a seguir creciendo más y más». Los efectos sobre las víctimas son mayúsculos: a finales de año se prevé que causen pérdidas globales de «10,5 billones de dólares». «Cualquiera puede ser susceptible, pero no a todos les afecta por igual. En España se sabe que seis de cada diez pymes que sufren estos ataques cierra a los seis meses siguientes porque no pueden recuperarse del impacto económico que se causa», advierte la directora de Ziur, María Penilla. El centro de ciberseguridad industrial de Gipuzkoa ha publicado su informe de ciberinteligencia correspondiente al segundo trimestre del año, desde donde se desprende que España ha salido de los diez países más ciberatacados del mundo, entre los que se encuentran Polonia, Ucrania, Reino Unido, Francia o Alemania, entre otros y de manera respectiva. La directora de Ziur deja claro que todo ataque se esconde tras dos tipos de finalidades: una estrategia geopolítica o un objetivo económico. En el primer caso, los cibercriminales pretenden causar «el máximo daño posible a estructuras críticas del sistema», mientras que en el segundo caso el objetivo es atacar industrias que tengan mucho dinero. Es por esta segunda razón por la que los sectores más atacados en España son diferentes al resto del mundo, con clara prevalencia del ámbito turístico (víctima del 21% de los ataques), seguido por el manufacturero (17%), el consultor (13%) y el tecnológico (9%), respectivamente.

El Gobierno vasco anunció ayer que invertirá 50 millones de euros en los próximos cuatro años con el fin de promover la investigación universitaria. El montante supera en un 20% la cifra destinada en el anterior plan cuatrienal, cuando se destinaron 42 millones. «El apoyo a los equipos de investigación universitarios con trayectorias y proyectos contrastados es la base de nuestra pirámide de ciencia, tecnología e innovación. Su financiación resulta determinante para garantizar la calidad y el impacto cultural, social e industrial de la investigación vasca», señaló el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, en la rueda de prensa de presentación. El que fuera rector de la Universidad del País Vasco destacó que este programa «mejora mucho el anterior: eleva su presupuesto –50 millones es una cantidad muy importante–, pone el énfasis en la calidad de la producción científica, reduce la burocracia, promueve el liderazgo científico de las investigadoras e incentiva la difusión social del conocimiento generado. Es una apuesta inequívoca del Gobierno vasco por la investigación universitaria».

Ryanair comunicó ayer la magnitud del recorte con el que venía amenazando en su guerra por el aumento de tasas en Aena. El ‘roto’ se cifra en un millón de plazas –que se suman a otras tantas eliminadas en la campaña de verano– que castigan de forma severa a algunos territorios. En particular, a Galicia –donde cierra su base de Santiago de Compostela y liquida siete rutas y 453.000 plazas, además de otras 31.000 en Vigo– y a Canarias, islas a las que deja sin operaciones en Tenerife Norte y elimina 400.000 asientos en conexiones con destinos peninsulares. El aeropuerto bilbaíno de Loiu esquiva la guadaña de la empresa irlandesa, que no opera ninguna ruta en las instalaciones vizcaínas. Aeródromos vecinos, sin embargo, no correrán la misma suerte. En el aeropuerto de Vitoria, donde acaba de ganar un nuevo contrato para operar vuelos financiado con dinero público, Ryanair reducirá su capacidad en un 2%, unas dos mil plazas menos, aunque no liquida ninguna ruta. Santander también se lleva un batacazo importante con la supresión de los vuelos a Roma, París, Viena y Milán (Bérgamo); una reducción del 38% de la capacidad de Ryanair en el Seve Ballesteros. Este escenario complica la mejora de las cifras de viajeros del aeródromo cántabro, que arrastra una tendencia a la baja desde finales de 2023. Todo lo contrario a la fotografía que ofrece el aeropuerto de Bilbao, que firmó el año pasado la cifra récord de 6,77 millones de usuarios, un 7% más. 

Yolanda Díaz se resiste a tirar la toalla con la reducción de la jornada laboral, pero a seis días de su primera votación en el Congreso, el Gobierno carece de apoyos para salvar la ley. El rechazo de Junts, que como PP y Vox ha presentado una enmienda a la totalidad de la norma, amenaza con hacer caer el proyecto estrella del Ministerio de Trabajo nada más comenzar su tramitación parlamentaria. Un revés para el Ejecutivo en un inicio de curso en el que intenta rearmar la mayoría de investidura para tratar de presentar el proyecto de Presupuestos, pero especialmente para Sumar, el socio minoritario de la coalición, que ha hecho de la modificación de la jornada a 37,5 horas después de más de 40 años congelada, una bandera central de la legislatura. Un día después de que la Cámara baja fijase la fecha de la votación, la vicepresidenta Díaz admitió ayer de manera implícita las dificultades de sacarla adelante, pero se ha sacudido la presión al asegurar que el Gobierno ha cumplido con su labor y que son otros partidos los que boicotean la norma. 

Los empresarios dan por amarrado el no de Junts a la reducción de la jornada laboral y confían en que el Congreso de los Diputados tumbe el proyecto de ley el próximo miércoles. La fecha de la votación ha pillado por sorpresa tanto a la patronal como a los sindicatos, que esperaban que el asunto se demorase hasta más entrado el curso político, pero un error de cálculo en el calendario por parte del propio Gobierno ha precipitado el debate de las enmiendas a la totalidad. Todo, para satisfacción de la CEOE, donde están convencidos de que los de Carles Puigdemont mantendrán su veto porque las negociaciones, lejos de avanzar durante el verano, están totalmente atascadas y, por tanto, «todo sigue igual que antes de las vacaciones». «En estos momentos, Junts nos asegura que van a mantener su enmienda a la totalidad», afirman fuentes de la CEOE que ubican en Foment del Treball los contactos mantenidos con los independentistas en las últimas horas. Desde la patronal catalana confirman que «todo sigue igual» que antes del parón veraniego, cuando la vicepresidenta Yolanda Díaz tuvo que aplazar la votación ante la falta de acuerdo con sus socios en pleno escándalo por el estallido del caso Cerdán. «No tenemos ninguna noticia de que haya algún cambio en las posiciones conocidas», apunta, por otro lado, un alto mando de la organización empresarial nacional. «Por lo que nos trasladan, sigue sin haber mayoría parlamentaria para que salga adelante», añaden desde la cúpula de la patronal.

El salario mínimo interprofesional debe subir «claramente por arriba del coste de la vida»; es decir, por muy por encima de la inflación. Esta será la exigencia que llevará UGT a la mesa del diálogo social para negociar la nueva subida del SMI para 2026 cuando la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, les convoque una vez que la comisión de expertos haya publicado sus recomendaciones. Así lo advirtió ayer el secretario general de este sindicato, Pepe Álvarez, durante un encuentro con los medios para abordar los retos pendientes para este curso. «Para UGT el poder adquisitivo tiene que ganar puntos, tiene que ganar enteros. No nos vamos a conformar con que el salario mínimo no crezca por arriba claramente del coste de la vida», señaló. Otra batalla que no da UGT por perdida es la de encarecer el despido improcedente pese al varapalo que ha supuesto la reciente sentencia del Supremo, que contradice al Comité Europeo y dictamina que los jueces no pueden elevar la compensación por el cese injustificado de un trabajador.

El fabricante español de componentes para automóviles Antolin se ha lanzado a una ofensiva de crecimiento en Asia, con el objetivo de responder a la creciente demanda por parte de los fabricantes de automóviles instalados en la región y ante la desaceleración en la producción de vehículos en Europa. La compañía burgalesa busca reforzar su huella industrial en la zona de Asia, ante la ofensiva de los grupos automovilísticos en la zona, especialmente en países como Tailandia, Vietnam, Malasia o Indonesia, y también ante el aumento de fabricación de vehículos electrificados. De esta forma, Antolin inaugurará la semana que viene dos nuevas fábricas en el continente asiático, situadas en Tailandia e Indonesia, con lo que pasará a contar con 32 centros productivos en la región y con ocho oficinas técnico-comerciales. En total, el grupo emplea a unas 3.800 personas en Asia. El objetivo de este movimiento de la compañía fundada y controlada por la familia Antolin es orientarse a un mercado en expansión, como es el asiático, frente a la desaceleración industrial en el sector del automóvil en Europa, donde la empresa ha centrado históricamente la mayor parte de su negocio.

La legislación digital y los impuestos sobre esta actividad que se han ido creando en la Unión Europea han sido siempre elementos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado hostiles. La semana pasada, sin ir más lejos, el mandatario republicano amenazó con incrementar los aranceles a los países con impuestos digitales o normativas que puedan perjudicar a los gigantes tecnológicos estadounidenses. Entre esos tributos está la conocida popularmente como tasa Google. Se trata de un impuesto que en España comenzó a recaudarse en 2021 y que grava los ingresos de las grandes empresas tecnológicas por servicios digitales. En definitiva, se trata de que estos gigantes no escapen a tributar en España por los beneficios que obtienen aquí gracias a su estructura fiscal internacional. En Euskadi, se acordó la recaudación por parte de las Diputaciones a partir de 2022 en la Comisión Mixta del Concierto. Desde entonces y hasta el primer semestre de este año han recaudado un total de 50 millones.

Entre los afectados por los nuevos aranceles aparecen grandes empresas que son tractoras de economía en sus lugares de producción como Ingeteam, Power Electronics, PVHardware, Gonvarri Solar Steel o Soltec. Estos operan en lugares como Navarra, País vasco, Asturias, Comunidad Valenciana o Murcia, entre otros lugares. Preocupación entre los fabricantes de material fotovoltaico español por los nuevos aranceles aplicados por la Administración Trump sobre sus productos. La incertidumbre generada sobre estas compañías ha llevado a la Unión Española Fotovoltaica (Unef) a trasladar al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ayuda para afrontar este problema, que afecta a exportaciones de bienes a EE UU por valor de 1.200 millones de euros al año, según cifras internas de la patronal. Se trata de una industria que vende a Estados Unidos más que otros sectores nacionales también muy impactados con la nueva tarifa del 15% aplicada sobre toda la Unión Europea desde el pasado mes de agosto como los exportadores de vino o aceite. El sector del aceite vendió en 2024 al gigante norteamericano más de 1.000 millones de euros, según datos del Departamento de Aduanas de EE UU. La Federación Española de Vino señala vendieron unos 390 millones. Aunque mucho menos visible ante la opinión pública, la industria de fabricación de componentes fotovoltaicos españoles es una potencia a nivel mundial y figuran entre los principales suministradores de EE UU, no solo a las grandes multinacionales españolas como Iberdrola, Repsol o Naturgy, sino a otras corporaciones mundiales con presencia en suelo americano.

La Comisión Europea tenía claro que el acuerdo con Mercosur debía salir adelante de una vez por todas y que, para ello, tenía que ofrecer ciertas garantías a los Estados miembros más escépticos como Francia, cuyo bloqueo a lo largo de estos 25 años ha sido el principal obstáculo para que el pacto viera la luz. En ese contexto, el Ejecutivo comunitario ha prestado mucha atención a las posibles salvaguardas anunciando cuotas para los productos agrarios más sensibles, como el vacuno o las aves de corral, e introduciendo una vigilancia del acuerdo para reconocer posibles distorsiones que se puedan generar sobre sectores concretos de la actividad económica europea. En principio, la Comisión Europea cuenta con que con la liberalización del comercio entre la UE y Mercosur primarán los efectos positivos, pero, en cualquier caso, presentó una red de seguridad de 6.300 millones de euros que se utilizará en caso de que el acuerdo genere perjuicios a la agricultura comunitaria. “No creemos que vaya a haber necesidad de utilizar estos fondos, pero estarán ahí como una póliza de seguros”, expresó Maros Sefcovic, comisario de Comercio.

La desconfianza de los inversores hacia la deuda soberana vivió un nuevo episodio ayer en la apertura del mercado. La rentabilidad de los llamados gilts—bonos de deuda pública— del Reino Unido a 30 años llegó a rebasar el 5,75%, una nueva vuelta de tuerca tras tocar el martes su nivel más alto desde 1998. El fenómeno se extendió a otras latitudes, con el bono estadounidense a 30 años pagando más del 5%, y el japonés sobrepasando el 3,29%, su máximo histórico, aunque según avanzó la sesión, el nerviosismo se fue diluyendo. ¿Por qué está pasando justo ahora? Los analistas apuntan a una conjunción de circunstancias que están mermando la fe del mercado en la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo. “Se mezclan diversos factores. Desde los sospechosos habituales, como la inflación y las preocupaciones fiscales, hasta la inquietud sobre la independencia de la Reserva Federal y el repunte de la emisión de deuda tras las vacaciones de verano”, señala Dario Messi, director de Análisis de Renta Fija del banco Julius Baer. Alicia García-Herrero, economista jefa para Asia-Pacífico en Natixis, apunta otra variable. “Cada vez más los jefes de Gobierno juegan a ser banqueros centrales y ministros de Economía, tomando decisiones clave. Y eso los tenedores de bonos lo toman con preocupación, porque interpretan que va a haber una oferta brutal de bonos a futuro”. 

El Impuesto de Patrimonio (IP) en Noruega podría tener los días contados. El país escandinavo afronta el 8 de septiembre una cita electoral marcada, entre otras cuestiones, por la fuga de las grandes fortunas del país a otras economías del entorno por la imposición que tienen que soportar. En concreto, los datos del banco noruego DNB recogidos por Financial Times señalan que alrededor de 500 noruegos con fortunas superiores a los dos millones de euros habrían decidido trasladar su residencia a Suiza, donde, a pesar de existir, el Impuesto de Patrimonio es sensiblemente inferior a la tasa establecida en Noruega, donde alcanza el 1% o el 1,1% para las fortunas superiores a los 150.000 euros, con descuentos si se tienen propiedades. Tanto la derecha conservadora como la liberal están defendiendo en campaña la eliminación de este impuesto, que no solamente ha provocado el éxodo de fortunas del país, sino que también ha llevado a mínimos la existencia de empresas emergentes de alto perfil. De eliminarse el IP en Noruega tras sus elecciones parlamentarias, España sería el único país europeo, junto a Suiza, en mantener este impuesto; mientras que entre los socios de la OCDE fuera del continente, sólo Colombia lo mantendría. En España, el tipo máximo del Impuesto de Patrimonio es del 3,5%, y se suma al Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas que ha venido gravando aún más la existencia de riqueza en el país durante los últimos años.

La Vuelta se había convertido en una olla a presión que estalló en Bilbao. En un territorio tan fuertemente ligado al ciclismo y a la historia de la Vuelta a España la ronda vivió ayer uno de sus episodios más negros de las últimas décadas. Pinchó la carrera, con un final de etapa inédito en el peor sentido posible, y también pinchó la imagen de Bizkaia y su capital como sedes de grandes eventos, como lugar tranquilo y solvente donde organizar citas con garantías. Hasta ahora esta estrategia de atraer actos de relumbrón siempre había salido bien: en mayo con la Europa League, hace dos años con el Tour, antes con el rugby, el mundial de baloncesto... Hasta ahora. En meta los aficionados al ciclismo eran minoría y los manifestantes habían asumido todo el protagonismo. Pero, sobre todo, el estado de tensión en el que se había entrado desaconsejaba, a juicio de la organización, terminar allí la etapa por motivos de seguridad. Y tampoco parecía buena idea desarrollar la ceremonia habitual que con seguridad quedaría opacada por las consignas. Así que a tres kilómetros de meta se quitó la música y se dio por terminada la carrera sin ganador, sin entrega de flores ni maillots y sin nada. Este final sin final fue una decepción grande para todos los aficionados al ciclismo que se había acercado a Bilbao. Muchos de ellos eran al mismo tiempo muy sensibles a las masacres que Israel está perpetrando en Gaza. Por eso se vivieron momentos de tensión también entre aficionados y manifestantes, unos persuadidos de que deporte y política deben discurrir por caminos paralelos, y otros convencidos de que cualquier protesta es poca para alzar la voz contra las decenas de miles de muertes que está padeciendo el pueblo palestino. El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, aprovechó su comparecencia de urgencia al poco de finalizar la etapa en el corazón de la ciudad para reprochar a EH Bildu su «bochornoso» comportamiento por «vanagloriarse» de los incidentes ocurridos. Sin citarlos expresamente, el consejero de Seguridad se refería, entre otros, al mensaje lanzado por Arnaldo Otegi a través de sus redes sociales en el que se felicita porque «Euskal Herria ha vuelto ha demostrar que es un referente mundial en la lucha por los derechos de los pueblos y a favor de la libertad».