20250224

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día. 

La dirección de los empresarios vascos y el PNV libran en los últimos meses una batalla por el relato con discrepancias explícitas crecientes. Ya sea sobre el Salario Mínimo, sobre la reducción de la jornada laboral o sobre la fiscalidad, vemos cada vez más algunos choques de narrativas entre Confebask y los jeltzales que resultan novedosos en el escenario vasco, impensables hace unos años. La coyuntura ha empujado al PNV –un partido de tradición socialcristiana y humanista– a jugar más la banda del centroizquierda. Es un movimiento táctico, porque el registro es el más valorado por la ciudadanía vasca según la mayoría de estudios demoscópicos. El mar de fondo de este progresivo desplazamiento tiene como reverso también una serie de choques entre los jeltzales y la élite empresarial vasca que hubieran sido más sorprendentes hace unos años. Los jeltzales han criticado en los últimos días la posición de Confebask de no participar a última hora en el Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi para avalar un nuevo Salario Mínimo Interprofesional en Euskadi con los cuatro sindicatos vascos. Koldo Mediavilla, dirigente del EBB, ha criticado duramente esta decisión, que, en su opinión, contrasta con las ayudas públicas que no se cansan en pedir. y con una apuesta por el futuro. En su día, la CEOE tampoco participó en las negociaciones con sindicatos para estudiar la puesta en marcha de la nueva Ley de la Reforma Laboral. En ambas circunstancias, la política empresarial fue duramente censurada por los jeltzales, que incluso se han mostrado dispuestos a apoyar la reducción de la jornada laboral si se daba por acuerdo social. Otra de las batallas que preludian una tormenta es la de la fiscalidad. En los últimos años ha habido desencuentros sonados. Las críticas de Confebask a las leyes de deslocalizaciones o al apoyo jeltzale al impuesto a la banca o la petición, no atendida, de suprimir el Impuesto sobre Patrimonio en Gipuzkoa revelan un terreno de juego repleto de tensiones, aunque envuelto en formas amables. No ha habido demasiado ruido, pero la procesión va por dentro. Los reproches desde el PNV a la élite empresarial vasca también son recíprocos. Desde las asociaciones empresariales vascas se mantienen posiciones críticas a la burbuja de aislamiento en la que se sitúan, en su opinión, los responsables jeltzales y a su falta de conexión con la realidad del mundo de la empresa. Le reprochan al PNV falta de empatía con las actuales dificultades de las empresas vascas, pérdida de liderazgo económico en las instituciones donde gobierna y falta de ambición y receptividad con numerosas propuestas formuladas, por ejemplo, en la ponencia sobre la fiscalidad o en el uso del Concierto Económico.

En pleno debate sobre la reducción a 37,5 horas semanales de la jornada laboral, y su impacto en la productividad, un informe oficial de Eurostat arroja luces y sombras sobre el País Vasco en este apartado. Y es que por un lado Euskadi supera el promedio europeo en productividad laboral, el indicador que mide la eficiencia en el uso de los factores productivos, aunque, por el contrario, está todavía muy lejos de Estados Unidos. El País Vasco se halla, por lo tanto, en una buena posición pero no debe dormirse en los laureles para no perder el tren competitivo de un mundo globalizado y lleno de nuevos desafíos, a la espera de que empresas e instituciones arrojen las primeras conclusiones sobre los estudios que se están llevando a cabo sobre la posible afección de una reducción de horas de jornada en la productividad, el gran debate instalado en los últimos meses. Según los datos oficiales recabados por DV, en base a las Cuentas Económicas de Eurostat recogidas por el Eustat, el País Vasco obtuvo en 2022 –últimos datos disponibles– un 117,7 en productividad laboral. En un índice con base 100, en el que la referencia es el promedio comunitario, su media se halla por encima de buena parte de los países europeos –incluida gran parte de Francia–, aunque no le alcanza para los niveles de Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo o Irlanda, que sobresalen en productividad laboral. Tampoco al de algunas regiones de Alemania –ver mapa adjunto–. En el caso de Estados Unidos, referente en este aspecto desde hace más de dos décadas por diversos factores, el índice alcanzó un 131,5 en 2022, muy por encima del de Euskadi. Los últimos datos oficiales son de 2022 y, desde entonces, han sucedido muchas cosas en la escena internacional: una guerra en Europa y otra en Oriente Medio, una crisis de materias primas y otra de suministro, el debilitamiento de la industria y, por último, la llegada de Trump a la presidencia de EE UU con la amenaza de aranceles del 25%. En definitiva, una sucesión de golpes que afectan de lleno en la competitividad de las empresas, sobre todo viendo la distancia en productividad que los estadounidenses sacan a Euskadi y Europa, en plena guerra comercial global del país norteamericano contra la Unión Europea.

Susana Franco, investigadora sénior de Orkestra, analiza las claves de Euskadi en materia de productividad. Desde sus fortalezas hasta sus debilidades, tiene claro que las empresas deben invertir en capital humano, infraestructuras, innovación y una buena cultura y entorno de trabajo. "La evolución de la productividad depende tanto de lo que sucede con la producción como con lo que ocurre en el empleo. En periodos de recesión es posible seguir aumentando la productividad si se destruye empleo en mayor medida de lo que disminuye la producción. Esto es lo que ocurrió en Euskadi hace años. Por el contrario, si se mantiene más el empleo –o se destruye menos que en otros lugares–, como ocurrió en Euskadi durante la pandemia, esto puede tener un impacto negativo. Sin embargo, el mantenimiento del empleo contribuyó a la mejora del bienestar y constituye una fortaleza que seguramente también está contribuyendo a que ahora el aumento de la productividad sea de carácter progresivo, es decir, creando empleo y aumentando la eficiencia para que la producción lo haga aún en mayor medida...El País Vasco tiene una mayor proporción de su empleo en algunos sectores, como el manufacturero, que son más productivos. Por eso es importante comparar también la productividad por sectores. Así, en el sector manufacturero Euskadi también se sitúa por encima de la media europea y a la cabeza de España. Sin embargo, según el informe del Consejo General de Economistas, en el sector de ‘Información y comunicaciones’ la productividad en Euskadi se sitúa por debajo de la media española...Los datos muestran que Euskadi también lidera el ranking en España en cuanto a productividad por hora trabajada. Además, a pesar de ya ser líder en 2012, ha sido capaz de crecer desde entonces más que la media española y por encima de lo que se creció en Madrid y Cataluña, algo que no es fácil dado que suele darse una tendencia de convergencia entre regiones. No se trata, por tanto, de trabajar más sino de trabajar mejor, y reducciones en la jornada laboral pueden ir acompañadas de aumentos en la productividad por hora que permitan mejorar el bienestar de las personas trabajadoras sin dañar la competitividad de las empresas. La clave, entonces, es la inversión en capital humano, infraestructuras, innovación y una buena cultura y entorno de trabajo..."

El proceso de cierre de Guardian Llodio avanza a pesar de los intentos del Gobierno vasco por encontrar inversores que reviertan la situación. Mientras Lakua continúa con su búsqueda, la multinacional americana ha comunicado al comité de la antigua Villosa que presentará el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a sus 171 trabajadores el próximo lunes 3 de marzo. Curiosamente es una fecha simbólica en Álava, ya que se recuerda a los cinco trabajadores muertos por disparos de la Policía Armada en Vitoria en 1976 y es una jornada en la que las centrales sindicales se unen para demandar mejoras laborales. La noticia fue comunicada a los representantes de la plantilla en un encuentro el viernes por la tarde. Según han confirmado fuentes sindicales, el comité ya ha hecho un llamamiento a los afectados para concentrarse ese día 3 a las 10.00 horas frente a la fábrica alavesa para protestar contra el cierre. La intención de ELA y LAB, tal y como avanzó este periódico, es que esas concentraciones sirvan para visibilizar la lucha de los 171 empleados de Guardian que están en riesgo de perder sus puestos. Es también el modo de organizar una asamblea durante la que los sindicatos les informarán de los avances de las reuniones tan pronto como salgan los representantes del comité de mantener encuentro con la dirección local de la vidriera. La negociación del ERE precisa de un periodo de aproximadamente unos cuarenta días. 

Euskadi peca de nostalgia cuando mira su industria, y más aún cuando el foco alumbra a un sector tan emblemático como el de la construcción naval. Sin embargo, los astilleros vascos no escriben en pasado. Su cartera de pedidos acumula en la actualidad ocho buques a entregar entre 2026 y 2027. Ocho unidades que acumulan un valor conjunto cercano a los 420 millones de euros, un 20% más que hace un año. Y el contexto no es fácil. Lo advierten en el clúster del Foro Marítimo Vasco (FMV), que mantiene unas perspectivas de crecimiento en toda la cadena de valor –desde la ingeniería hasta la producción y el equipamiento–, pese a que las tensiones geopolíticas que encauzan la coyuntura actual aumentan la incertidumbre sobre todos los sectores de actividad. «Y el nuestro no es ajeno», reflexiona su directora, Sarai Blanc. La intervención del mercado por potencias como China o Corea del Sur, las cacareadas políticas arancelarias o las barreras a industrias foráneas que marcan potencias como Asia, EE UU o Canadá son un ejemplo de los peligros que amenaza a los tres astilleros vascos: los vizcaínos Zamakona y Murueta y el guipuzcoano Balenciaga, que sigue a la caza de un inversor para mantener su proyecto. En todo caso, el músculo del sector sigue latiendo con fuerza. Se ve en su capacidad para atraer proyectos de capital extranjero a la comunidad autónoma. Sólo entre 2017 y 2023 su facturación agregada superó los 1.100 millones de euros fruto de una estrategia que fija sus miras en los clientes extranjeros (principalmente del norte de Europa), que son quienes adquieren ocho de cada diez buques construidos en Euskadi. Estas naves se dirigen principalmente a nichos del mercado que demandan «un alto componente tecnológico y valor añadido, como la pesca, la acuicultura, la eólica marina o los buques de carga de corta distancia», detallan en el FMV.

El de las nuevas tecnologías es uno de los sectores más importantes para la colocación de profesionales. En una coyuntura marcada por la cada vez mayor digitalización del tejido productivo, las empresas demandan más profesionales relacionados con este campo. En concreto, en el territorio alavés la cifra asciende a 359 puestos de trabajo, un 80% más que hace un año, cuando las diferentes firmas buscaban a 200 empleados con perfiles digitales. Se trata del dato recogido en el último informe elaborado por Fundación Telefónica, que detalla en una clasificación los tipos de especialistas que más buscan las compañías en la provincia. En los primeros puestos están los de profesional técnico TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), con un total de 53 ofertas de trabajo publicadas; digital project manager (profesional encargado de impulsar y liderar la estrategia de transformación de un área o proyecto), que cuenta con 48; especialista en marketing digital (39), e ingeniero de robótica (27). También hay anuncios para cubrir puestos de administrador de sistemas (25), especialista en ciberseguridad (24), diseñador gráfico (23) y desarrollador de ‘software’ (22). Analista de datos/BI, ingeniero de redes o científico de datos son otros de los perfiles que figuran en el listado de vacantes en compañías de la provincia. Esta información se extrae del Mapa del Empleo que elabora la citada entidad tras analizar las bolsas de trabajo de los últimos tres meses con tecnología basada en el ‘big data’ (macrodatos, que es un fenómeno tecnológico) y la inteligencia artificial. Una analítica que se apoya en la información de tres importantes portales de internet especializados en búsqueda de empleo en este ámbito. Esas 359 ofertas en Álava suponen un 14% de las del conjunto de Euskadi. 

Euskadi sigue dando vueltas a cómo debe ser el impuesto turístico que en un futuro no muy lejano deberán pagar quienes pernocten en alguno de sus alojamientos. Ese ‘debe ser’ se resume en quién será el encargado de recaudarlo y a qué se debe destinar el dinero. Cuando se cumplen cuatro meses desde que se constituyó la comisión de trabajo en la que administraciones públicas y asociaciones del sector debaten esta cuestión, las posturas no solo no se han acercado sino que amenazan con provocar un choque institucional entre el Ayuntamiento de San Sebastián, principal impulsor y valedor del canon desde hace ya más de una década, y el Gobierno Vasco, encargado de dibujar el tributo. El debate sigue siendo el mismo. ¿Deben ser los ayuntamientos donde se encuentran los alojamientos y se supone pasan más tiempo los visitantes los receptores de esos fondos o debe ser un impuesto de ámbito autonómico que se redistribuya y beneficie a todos? La segunda pregunta en la misma línea es: ¿El dinero recaudado se debe destinar a reforzar ese destino turístico concreto y financiar los mayores gastos que la presencia de turistas representa para el municipio (seguridad, limpieza, mantenimiento urbano, oficinas de atención turística...) o debe servir para mejorar la competitividad del conjunto del sector en Euskadi (formación, innovación tecnológica, posicionamiento...) y apoyar y promocionar emplazamientos, localidades o comarcas alternativas? Como principal destino turístico de Euskadi y gran impulsora del gravamen a las pernoctaciones, Donostia defiende que debería tratarse de una tasa municipal cuyos recursos reviertan «al 100%» en el municipio, al menos en el caso de la capital.

El mercado inmobiliario vive una aparente paradoja. Las ventas se acercan a marcas que no se veían desde la burbuja, pero a la vez los portales registran menos casas a la venta que nunca. 2024 fue de menos a más: las compras de vivienda se aceleraron a partir de la segunda mitad del año y todo apunta a un arranque de 2025 con la misma fuerza. Si bien, la escasa oferta de viviendas de obra nueva hace que el mercado dependa mucho de las casas de segunda mano, que se venden rápidamente, en muchas ocasiones incluso antes de que lleguen a los portales, e incluso a las inmobiliarias tradicionales. La “mayor caída de la historia” en la oferta de vivienda. Así describió Idealista la situación del último trimestre de 2024. Un 15% menos de pisos que en el mismo periodo del año anterior, pero con porcentajes que en localidades como Zaragoza, A Coruña y Oviedo rondaban el 40% de caída. Y en torno al 30% en otros grandes núcleos como Madrid, Valencia o Sevilla. “El parque de viviendas disponibles para comprar está en mínimos”. La situación es similar en la competencia. Datos facilitados por Fotocasa describen que en enero había un 15,7% menos de casas a la venta que un año atrás. Y un 17,6% menos que en enero de 2020, antes de la pandemia. En los principales mercados locales se nota la caída: en Madrid el volumen de pisos a la venta ha caído un 19% en un año, en Barcelona lo ha hecho un 15%; en Valencia, un 14% y en Málaga, un 13%. Pero respecto a cinco años atrás, la situación es variopinta: la oferta se ha reducido en torno a un 25% tanto en Madrid como en Valencia, mientras que en Málaga es un 8% inferior y Barcelona prácticamente empata (-0,2%) con la situación precovid. Sin embargo, esas cifras a la baja de los anuncios en portales contrastan con la marcha del mercado. “Para que se vendan más casas tiene que haber más oferta”, reflexiona Javier Sierra, presidente de Re/Max.

Las organizaciones empresariales de los sectores más afectados por la medida están presionando a todos los niveles para intentar que la norma no vea la luz. Es el caso de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que cuenta entre sus socios con compañías del calibre de El Corte Inglés, Ikea, Carrefour, Alcampo o Leroy Merlin. En paralelo al despliegue de presión que está llevando a cabo la CEOE para tumbar la iniciativa en el Parlamento, Anged, como otras muchas organizaciones, se está movilizando en distintos foros para trasladar a los grupos políticos y a la opinión pública la gravedad del impacto que la reducción de la jornada a 37 horas y media va a tener sobre sus empresas. No en vano, su convenio colectivo, el de grandes almacenes, es el sectorial más grande del país y cubre a nada menos que 250.000 trabajadores, por lo que el golpe a los negocios será directo y considerable. La propia presidenta de Anged, Matilde García Duarte, lo planteó así durante una reciente sesión de debate celebrada en el Senado en la que cuantificó el coste para las empresas del sector en 460 millones de euros y advirtió de que «la medida abre en canal los convenios colectivos, echando por tierra el valor del diálogo social». Son argumentos que llevan meses exponiendo en público y en privado. La máxima representante de los empresarios de la distribución en nuestro país criticó que el eslogan difundido por la vicepresidenta Yolanda Díaz (trabajar menos para vivir mejor) está generando «una falsa expectativa» porque, «en el largo plazo, la reducción de la jornada nos aboca a un estancamiento de los salarios si no resolvemos antes el problema de la productividad». «Muchas empresas no van a poder afrontar la subida de costes y esto se traduce en una merma de la producción, los salarios y la actividad», sentenció. Para apoyar su argumento, García Duarte puso el ejemplo de Francia. Hace 25 años, el país vecino redujo la jornada laboral por ley a 35 horas semanales y «la experiencia ha sido devastadora en términos de productividad para la industria», afirmó. Para añadir que «ningún país ha seguido el modelo de imponer por ley un recorte de la jornada. Al revés: las reducciones efectivas de la jornada se consiguen gracias a las mejoras de la productividad y la negociación entre las empresas y los sindicatos», incidió.

Las caras hablaban por sí solas el jueves después del turno de palabra del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, en el V Foro Anfac, la gran cita anual del automóvil que organiza la patronal de fabricantes de coches. Los representantes del motor allí presentes no ocultaban su malestar con un discurso en el que Groizard se mostró en contra de flexibilizar los objetivos de emisiones impuestos por la Comisión Europea (es una medida aprobada hace años y que entró en vigor en enero), que constituye la mayor preocupación del sector a día de hoy. La denominada normativa CAFE marca que la media de emisiones de los vehículos matriculados este año han de pasar de 115,1 gramos de CO2 a 93,6, un objetivo inalcanzable, según la industria, si no se amplía de manera considerable el peso de los eléctricos en Europa. “Necesitamos previsibilidad, señales claras. Y un paso atrás de los objetivos europeos socava esa previsibilidad. Cuidado con los planteamientos de vaivenes que puedan darnos un alivio a corto plazo”, indicó Groizard. Su público, los fabricantes de coches, venían calentando el encuentro desde hacía varios días después de que algunos protagonistas, entre ellos Volkswagen, la china BYD o Hyundai, alertaran de una paralización total de los pedidos de coches eléctricos tras la caída del Plan Moves III (iba incluido en el decreto ómnibus que tumbaron Junts y la oposición y no se añadió en el segundo paquete que sí salió adelante). “La situación que atravesamos en España es caótica. Empezamos el año con unos objetivos complicados y a mediados de enero se paralizó el plan de ayudas. Estamos a la espera de un nuevo programa. El que sea, que se reactive ya, porque se ha parado el mercado, ahora estamos cancelando pedidos”, aseguró el martes Leopoldo Satrústegui, consejero delegado y presidente de Hyundai España. “Los pedidos de nuevos coches eléctricos se han parado en seco por la falta del Moves III. Esto empezaremos a notarlo en las matriculaciones de marzo si no hay ayudas de nuevo”, dijo por su parte una semana antes el presidente de Volkswagen Group España Distribución, Paco Pérez Botello. 

La cuerda en la relación entre el Gobierno y el sector del automóvil está cada vez más tensa. La complicada situación que atraviesa la automoción por el lento despegue del coche eléctrico y la falta de ayudas públicas han puesto en jaque a una industria clave para la economía española. Pese a que a día de hoy el panorama es bastante oscuro para el sector, el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Josep María Recasens, se muestra optimista sobre la mejora a corto plazo de estos problemas. Afirma que, tal y como se ha comprometido el Gobierno, habrá un nuevo Plan Moves de ayuda a la compra de coches eléctricos en días, mientras que también se verán los efectos del plan de Cataluña de apoyo al motor y el próximo 5 de marzo la Comisión Europea dará a conocer su estrategia de impulso al sector. Todos estos factores, según Recasens, hacen que las perspectivas del sector para lo que resta de año irán a mejor, algo que es fundamental, ya que los fabricantes de automóviles se enfrentan a severas multas si no cumplen con los límites de emisiones de la exigente normativa europea. “Hay que sacar al automóvil de la arena del debate político de trinchera y buscar un consenso transversal apolítico”, explica el directivo en una entrevista con EXPANSIÓN, en la que aboga por un plan “flexible” que permita a las marcas evitar las multas en un momento de gran competencia en el mercado europeo. El directivo catalán, que también es presidente de Renault Group Iberia y responsable mundial de Estrategia del grupo francés, señala que lo previsible es que el plan europeo del automóvil se tenga que aterrizar en cada país a través de los gobiernos. Por ello, indicó que desde Anfac trabajará con el Ejecutivo español hasta mayo para implementar de la mejor forma posible las medidas que sirvan para mantener la competitividad del sector y que aseguren su viabilidad en el futuro.

"...El informe de Draghi demuestra que, sin una inversión significativa y acelerada, Europa podría enfrentarse a un deterioro irreversible en su competitividad. El análisis identifica desafíos surgidos en sectores críticos, que podrían resumirse en los de alta tecnología y de transición ecológica. Por ahora, la alarma del financiero italiano solo ha roto con la habitual retórica optimista de la UE. El déficit de la inversión europea deberá cubrirse a toda costa –‘whatever it takes’, lo indispensable –con una dotación de 800.000 millones de euros anuales, equivalente a cinco puntos porcentuales de su PIB–. Para valorar estas magnitudes, recordaremos que el Plan Marshall representó algo menos del dos por ciento del PIB europeo de la posguerra. El informe propone dos líneas básicas de acción, para superar las carencias certificadas. La primera, la unificación de los mercados de capitales para canalizar inversiones hacia las empresas más innovadoras, tomando como modelo las experiencias de Estados Unidos. En la segunda y principal, Draghi señala la inexcusable intervención de la financiación pública mancomunada, argumentando que una inversión de la cuantía que el retraso europeo reclama requiere del pulmón financiero del sector público, así como de su liderazgo y ejemplaridad, una idea que ocupa la centralidad del pensamiento de otra gran innovadora: Mariana Mazzucato. A pesar de la vehemente urgencia que el informe proclama, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha desmentido cualquier posibilidad de estudiar la emisión de nueva deuda mancomunada...La falta de consenso para emitir nueva deuda común condenaría a la Unión Europea a una representación geopolítica de segundo orden en el mundo y a un modelo productivo progresivamente insuficiente de cara a las exigencias de la transición digital..."

Monterrey se ha convertido en una ciudad rica gracias al libre comercio con Estados Unidos (EEUU) y Canadá. La autovía de seis carriles que une la ciudad mexicana con el aeropuerto transcurre por un terreno plagado de parques industriales que suministran a las mayores compañías del mundo. En la ciudad, los rascacielos se expanden en un área que no para de crecer. Los regiomontanos, como se conoce a los habitantes de Monterrey, son duros y emprendedores, según explica un ejecutivo: “Mientras otros lloran, ellos venden pañuelos”, asegura. Algunos admiran al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, por ser favorable a las empresas y anti woke. Los líderes empresariales de Monterrey creen que pueden capear las amenazas de Trump sobre la posibilidad de terminar con el tratado de libre comercio con EEUU y Canadá. Julio Escandón, director ejecutivo de Banco Base, un banco local, dice que no ha visto una caída en las peticiones de créditos. “Lo que me llega de los ejecutivos que trabajan con compañías extranjeras es que eso no va a pasar”, explica. Cree en la posibilidad de que se apliquen aranceles a sectores concretos, pero no a toda la producción porque “sería insostenible a medio y largo plazo”. Trump anunció aranceles del 25% para todos los productos mexicanos y canadienses el uno de febrero, pero pausó su aplicación un mes, después de que los líderes de los dos países se comprometieran a reforzar sus fronteras y la lucha contra el tráfico de drogas. El diez de febrero, Trump anunció tarifas del 25% a la importación de acero y aluminio, también el mexicano. A pesar de ello, los líderes empresariales de Monterrey, donde las empresas de manufacturas hacen de todo, desde Lego hasta televisores y autopartes para la exportación, confían en que la lógica del libre comercio prevalecerá. México es ahora el primer socio comercial de EEUU y el año pasado exportó productos a su vecino del norte por valor de 500.000 millones de dólares. Los directores ejecutivos mexicanos no han querido hablar abiertamente sobre un asunto tan sensible como los aranceles y prefieren delegar en el gobierno. “Ya hemos tenido una administración Trump antes”, señala una mujer miembro de un grupo de presión empresarial.

Los conservadores volverán al poder en Alemania tras los resultados de las elecciones de ayer, en las que se impusieron con claridad pero en las que el partido de ultraderecha AFD duplicó su número de votos y se colocó como segunda fuerza política, sin opciones de formar parte del nuevo Gobierno. Exultante se mostraba anoche el líder de los conservadores alemanes, Friedrich Merz, cuando se presentó ante sus seguidores en la Konrad Adenauer Haus para celebrar el triunfo de la Unión Cristianodemócrata y la Unión Socialcristiana de Baviera (CDU/CSU) en los comicios legislativos anticipados de Alemania. Su partido fue el más votado con un 28,4% de las papeletas, lo que supone 4,3 puntos más que en los últimos comicios, y le otorga 196 escaños en un Parlamento de 630. Merz llevaba más de veinte años esperando este momento, entre ellos los dieciséis de Gobierno de Angela Merkel, la mujer que fracturó su carrera política y forzó su ‘exilio’ en el mundo empresarial. Aunque los conservadores quedaron por debajo del objetivo del 30% de los votos, tras agradecer los esfuerzos a su equipo de campaña, el candidato invitó a todos a festejar la victoria. Eso sí, dejó claros dos aspectos: no gobernará con la extrema derecha y «mañana temprano (por hoy) hay que ponerse a trabajar». A Merz le aguardan ahora complicadas negociaciones para pactar y, como dijo tras certificarse su triunfo, «el mundo no espera».

El modelo productivo de la primera potencia de la UE y tercera del mundo ha dado claros síntomas de agotamiento: dos años consecutivos de decrecimiento en el PIB, caída de las exportaciones y de la producción industrial, y subida del desempleo hasta el 6,4%. La crisis económica se solapa con el cambio del modelo energético, cómo hay que gestionar las fronteras o cuál debe ser el rol de Alemania en la UE y en el resto del mundo. Por todo ello, el debate es existencial. Así es la economía que heredará el Gobierno federal que salga de las elecciones federales de ayer. Alemania representa el 24,2% del PIB de la UE. Entre 2010 y 2019, fue una de las economías más dinámicas del espacio comunitario. Prueba de ello es su crecimiento medio, que alcanzó el 2,0%, frente al mal momento que vivieron sus vecinos. Sin embargo, en 2020, todo se truncó. Al estallido de la pandemia del Covid-19, se sumaron luego la agresión rusa sobre Ucrania, de la que hoy se cumplen tres años. La guerra puso fin de forma abrupta a uno de los principales sustentos de su política industrial: la importación de gas barato procedente de Rusia. Ello ha coincidido también con la guerra comercial, que arrancó durante la primera legislatura de Donald Trump en la Casa Blanca (2017-2021), pero que va a más con su regreso hace poco más de un mes. En 2023, el PIB alemán se contrajo un 0,3%, y en 2024, un 0,2%. El último pronóstico del Gobierno para 2025 es un alza muy exigua, del 0,3%, un dato muy por debajo que el 1,1% que estimó en octubre. El Banco Central o Bundesbank aún es más cauto, y lo rebaja al 0,2%. La industria lo está pasando mal, y prueba de ello es el descenso de su producción durante 2024: se contrajo un 4,5%. Este dato coincide con la caída de las exportaciones, que durante el pasado año se redujeron un 1,24%. Vender en el extranjero también es una señal de identidad: no en vano, Alemania es el tercer país más exportador del mundo. En 2024, los cambios políticos impactaron en los negocios de sus empresas: China dejó de ser su principal mercado, una posición que ocupó entre 2015 y 2023.