20231011

El secretario general de Confederación Empresarial de Bizkaia (Cebek), Francisco Javier Azpiazu, ha advertido a los sindicatos vascos "que están propiciando una escalada de huelgas" de que "no tiene sentido tratar de sustentar la conflictividad" en la "falsa premisa de la precariedad". A su juicio, hay "una intención clara de crear en Euskadi una situación de tensión social y agravar la situación sociolaboral en el territorio". En una entrevista en Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Azpiazu ha recordado que en Euskadi se dan "el 50% de huelgas del estado y el 50% de horas perdidas por huelgas". "La mitad de la conflictividad laboral está aquí, está en Euskadi", ha añadido. Además, ha censurado que "toda la conflictividad laboral se basa en una premisa que es falsa". "Y esa premisa es que Euskadi es un país precario. Por lo tanto, como Euskadi es un país precario, hay que llevar la conflictividad a las calles, a la sociedad y a las empresas para tratar de salir de esta dificultad que es la precariedad", ha precisado. El dirigente de la patronal vizcaína ha asegurado que "la premisa de la precariedad es falsa" y ha añadido que las empresas tienen "argumentos para desmontarla". Según ha explicado, Euskadi es, junto a Navarra, "el país que más recursos públicos destina a políticas de bienestar social, el 76%", cuenta con "los mejores convenios colectivos de empresa y de sector, de lejos" y tiene "los mejores salarios del Estado y las mejores condiciones laborales". Por ello, ha afirmado que "lo que no tiene sentido es tratar de sustentar la conflictividad en una premisa que no es cierta, es absolutamente falsa", algo que, en su opinión, "está haciendo un enorme daño al país". Francisco Javier Azpiazu también ha pedido un esfuerzo solventar el problema de cualificación de los desempleados y "casarla con la oferta empresarial", que "está pidiendo personas con determinadas competencias". Según las cifras facilitadas por el dirigente de la patronal vizcaína, Bizkaia está en cifras de desempleo cercanas al 10% pero "solo el 55% de las personas desempleadas solamente tiene la formación obligatoria". "Las empresas están pidiendo personas con determinada cualificación, determinadas competencias. Tenemos unas dificultades importantes para poder casar la oferta con la demanda empresarial", ha insistido.

BBVA Research ha rebajado en una décima la previsión de crecimiento de la economía vasca para 2023 frente a su estimación anterior del mes de junio, hasta el 1,9%, y ha revisado también a la baja la de 2024, que cifra en un 2,2% (cuatro décimas menos). De esta forma, Euskadi mantendría este año un avance por debajo de la media del conjunto de España (estimada por la entidad en un 2,4%), y superior en 2024, cuando España crecería un 1,8%. En su informe de previsiones de crecimiento para las comunidades autónomas en 2023 y 2024, presentado ayer, BBVA Research sitúa a Baleares, Canarias y Madrid como las tres comunidades autónomas que liderarán el crecimiento económico en 2023, con previsiones de un alza del PIB por encima del 3% en estas tres regiones, seguidas por Cataluña (2,7%), gracias a «un mayor empuje» del turismo y del consumo. Entre las comunidades que crecerán por debajo de la media están Extremadura (2,3%), Castilla-La Mancha (2%), Andalucía (2,1%) y Murcia (1,8%), algo que BBVA Research atribuye a las consecuencias de la sequía, que habría evitado una mayor creación de empleo en estas comunidades.

La compañía vasca Aernnova anunció ayer el cierre de su factoría ubicada en la localidad sevillana de La Rinconada debido a la acumulación de pérdidas durante los últimos ocho años en aquellas instalaciones. La empresa ha transmitido su decisión a los representantes de la plantilla, al tiempo que ha anticipado que su disposición es ofrecer una recolocación en otras plantas del grupo a los 120 trabajadores de la factoría. La planta de Aernnova en Sevilla se construyó en el año 2000 con el objetivo de trabajar en el montaje de partes de la estructura de aeronaves, pero el descenso de pedidos en ese segmento de actividad obligó a realizar una reconversión para dedicarla a la producción de piezas de composite. Un giro en el que la compañía invirtió 9 millones de euros pero que tampoco ha resultado fructífero. «La empresa es deficitaria desde el inicio de su actividad, a pesar de los importantes esfuerzos realizados para asegurar su viabilidad. Solo en los últimos tres ejercicios las pérdidas ascienden a más de 20 millones de euros, con un resultado negativo acumulado desde 2016 de más de 35 millones. A ello hay que sumar 33 millones en aportaciones de Aernnova para evitar el riesgo de disolución y una financiación adicional de 19 millones», señaló la compañía en un comunicado emitido ayer. Aernnova arrastra importantes problemas de rentabilidad previos a la declaración de la pandemia, que se agravaron con el parón del sector aéreo y de la demanda de nuevas aeronaves. Un mercado que aún no se ha recuperado del todo, en especial en los aviones de doble pasillo y largo recorrido. A finales de 2020 la empresa presentó un ERE de extinción de contratos que afectó a 82 empleados de la factoría alavesa de Berantevilla, una operación que fue avalada por el Tribunal Supremo al admitir que la firma tenía pérdidas estructurales prolongadas.

Michelin Vitoria se perfila para romper con el resto de plantas de la multinacional en España. La plantilla ha optado en referéndum por abandonar el comité intercentros, el foro donde sindicatos y empresa negocian las condiciones laborales de todas las plantas españolas de Michelin a excepción de LasarteOria. Sin embargo, el resultado de la votación –avanzado por este periódico en su página web– no ha podido ser más apretado: apenas 96 votos separaron al ‘sí’ del ‘no’ en una votación que contó con la participación del 69,85% de los trabajadores. 1.237 empleados votaron a favor de la salida, 1.143 en contra, 25 trabajadores emitieron votos nulos y 1.038 no acudieron a las urnas. A partir de ahora, los representantes sindicales de la fábrica de Vitoria volverán a la negociación individual con Michelin. La planta alavesa se convertirá en el único interlocutor con la multinacional francesa. Esta situación repercutirá en la negociación del próximo convenio, a partir de 2026. Porque ahora rige el actual, cuando en la votación efectuada en junio salió un apoyo a la firma tras el cómputo de todos los sufragios de las plantas de la península (salvo Lasarte). Pero en Vitoria, el resultado fue el contrario. De esa contestación social en la factoría de Betoño parece haber tomado nota la empresa en los últimos meses. Después de cuatro jornadas de huelga durante la negociación del convenio, las cancelaciones en Vitoria se han convertido en habituales. A las anulaciones de producción en verano se sumó la semana pasada un recorte de más de 2.000 toneladas de producción. En esta ocasión, la propia empresa incluyó la «pérdida de confianza» entre los motivos de la reducción de trabajo. Antes, en junio y tras abandonar la dirección general de Michelin Vitoria, César Moñux advirtió en este periódico de la posibilidad de que la multinacional prescindiese de plantilla en esta fábrica.

La multinacional alemana Siemens Energy está a punto de tomar una decisión trascendental sobre el futuro de Siemens Gamesa que dará a conocer de forma pública a finales de noviembre. La fecha elegida es el 21 del próximo mes, día para el que está convocada la jornada de relación con los inversores. Portavoces de la compañía eólica aseguran que «no se han adoptado decisiones todavía y hay varias opciones sobre la mesa», al tiempo que en el seno de la plantilla se han disparado todo tipo de rumores. La sensación es que Siemens Energy prepara un duro plan de ajuste con el objetivo de contener la hemorragia de pérdidas que ha puesto en peligro a toda la multinacional alemana. A finales de junio, cumplido el noveno mes del ejercicio fiscal de la empresa, las pérdidas se elevaban ya a 3.718 millones de euros. La proyección era que se situasen en 4.500 millones a finales de septiembre pero el dato final aún no se conoce. El principal problema de la filial eólica se centra en los problemas técnicos que han surgido en su generador 5.X, que ha provocado un reguero de penalizaciones por retrasos en las entregas, averías y baja producción de electricidad en las más de 200 unidades que ya estaban instaladas. La empresa, aseguran fuentes conocedoras del proceso, ha estudiado ya opciones drásticas como la paralización durante un largo periodo de tiempo en la producción de aerogeneradores terrestre, con el objetivo de rediseñar los equipos y volver al mercado con garantías. La agencia Reuters ha especulado esta semana también con la posibilidad de que se produzca el cierre de algunas plantas, al tiempo que se externalizaría la construcción de algunos componentes que ahora mismo son responsabilidad de Gamesa. Es el caso de las palas, que produce en un alto porcentaje en una factoría en Portugal.

Como era de esperar, el fondo norteamericano Bain no se ha conformado con tomar el control de las acciones de la compañía vasca ITP, sino que ahora ha ejecutado el segundo paso al forzar una remodelación drástica de su equipo directivo. La empresa dio a conocer ayer que la primera ejecutiva de la compañía será a partir de ahora la estadounidense Eva Azoulay, ingeniera, que trabajó en el fabricante de motores Pratt & Whitney y que desde hace algún tiempo era asesora de Bain Capital. Bain ya ha anticipado este vuelco en el organigrama de ITP Aero a pesar de que el consejo de administración de la compañía no lo ha apro- bado todavía, aunque su carácter de accionis- ta mayoritario en la sociedad le permite soslayar ese trámi- te. Los nombramientos «han sido previamente consultados con el Gobierno de España, cumpliendo así los compromisos adquiridos por Bain Capital en la adquisición de ITP Aero», señaló ayer la empresa. El comunicado no indica si también ha sido consultado el Gobierno vasco, que en la actualidad es propietario del 6% de las acciones de ITP y tiene un puesto en el consejo de administración. La decisión supone un desplazamiento del hasta ahora máximo responsable de la compañía, Carlos Alzola, que había conducido la empresa con notable éxito durante algo más de cinco años. Alzola asumió la máxima responsabilidad en la empresa tras la salida de Ignacio Mataix, que aceptó una oferta para dirigir el área de defensa y transporte de Indra. En lo que hay que interpretar como un gesto de diplomacia mercantil, Alzola mantendrá su designación como consejero delegado y será responsable de las áreas de operaciones, ingeniería y defensa. La compañía también aclaró, para no levantar más suspicacias de las necesarias, que Azoulay tendrá su despacho en la sede de la empresa en el Parque Tecnológico de Bizkaia.

Los grandes triunfadores del verano en materia turística han sido los destinos del norte de la Península. La cornisa cantábrica ha experimentado un crecimiento medio superior al 25%, según las cifras presentadas ayer por la patronal Exceltur, que atribuye este balance tan positivo a que están menos expuestas a las olas de calor. En concreto, Euskadi ha sido la autonomía que más ha aumentado sus ventas respecto al verano de 2019, antes de la pandemia, hasta situarse un 27,4% por encima. Le sigue Galicia con un 27% más y Asturias, con el 26%. Cantabria también destaca dentro de este grupo, aunque en su caso el aumento es del 15,6% sobre las cifras precovid. Aún así, desde la patronal confirman que los destinos con más llegadas de turistas han vuelto a ser los clásicos: Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña, pero destacan el balance especialmente positivo de las comunidades del norte respecto a los datos que presentaban en el mismo periodo de 2019, por la llegada no solo de turistas nacionales, sino también de muchos más extranjeros que antes de la emergencia sanitaria. Con los buenos datos del tercer trimestre, desde Exceltur calculan que el año terminará mejor de lo esperado para el sector, que ingresará más de 183.000 millones de euros, un 16,3% sobre los niveles de actividad de 2019. De confirmarse esta previsión, el turismo consolidaría la senda de recuperación iniciada en 2022 y posibilitaría que la contribución del sector a la economía española volviera a niveles previos a la pandemia, con una aportación final al PIB de 12,6%.

Eroski disparó sus beneficios casi un 50% en el primer semestre del año hasta rozar los 70 millones de euros «en un contexto de inflación alimentaria récord». La cooperativa de la Corporación Mondragón, que explicó este incremento por el alza en la facturación y la contención en los gastos, presentó las cuentas ayer, justo el día en que sometió a la asamblea la propuesta del consejo rector de emitir un máximo de 600 millones en bonos para hacer frente al pago de su deuda, que renegocia con los acreedores. El resultado de la votación fue un respaldo unánime a la operación, que es clave para su futuro. Eroski todavía arrastra un importante pasivo a pesar de que ha cumplido sus compromisos y ha amortizado 2.000 millones en los últimos diez años. La deuda sindicada asciende a 874 millones de euros, tras reducirla en 35 en el semestre, y tiene importantes desafíos a corto plazo: un pago de 503 millones el 31 de julio de 2024 y otro de 200 en julio de 2027. Para afrontarlos renegocia los plazos de la reestructuración acordada en 2019 y ha decidido acudir al mercado con la emisión de bonos para la que ayer obtuvo luz verde. En la valoración de las cuentas, su auditor, KPMG, constata que está buscando vías para obtener la financiación «suficiente», pero que al no tenerlas aún concretadas «se pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento». En la búsqueda de recursos, la cooperativa se plantea dar entrada a socios en sus tiendas de deporte Forum o en las gasolineras y en agosto vendió 10 supermercados con posterior arrendamiento en Euskadi y Navarra por 18 millones.

Este próximo lunes, 16 de octubre, se cumplirán diez años desde que la cooperativa Fagor Electrodomésticos acudió a la ley concursal que posteriormente le abocaría a la liquidación, provocando un terremoto en el tejido empresarial guipuzcoano de los que nunca se olvida y con un impacto importante en la comarca del Alto Deba. Con motivo de esta efeméride, el Grupo Fagor emitió ayer un comunicado para poner en valor el trabajo de estos diez años y concluir que, tras las enormes pérdidas económicas de aquella crisis, ahora «mira el futuro con optimismo». La compañía de Mondragon Corporación destaca que, actualmente, 1.405 personas socias de las 1.736 desempleadas inicialmente en aquella crisis cuentan con «una solución definitiva (reubicaciones definitivas, prejubilaciones, indemnizaciones…)», lo que supone un 81% del total. Ocho de cada diez. De ellas, 577 se han convertido en personas socias de otras cooperativas tras una reubicación definitiva, el 60% en cooperativas de Fagor, añade el extenso comunicado. Como muestra de que «las consecuencias de la crisis han sido superadas», las ocho cooperativas que integran hoy en día el Grupo Fagor aseguran que afrontan el futuro con «optimismo». En este sentido, de cara a 2023 se prevé un crecimiento en ventas y un incremento del 25% en los resultados, según los datos facilitados. Fagor Electrodomésticos era el buque insignia del Grupo Mondragon, un referente industrial en el País Vasco y líder estatal en su sector. Pero en aquel 2013 llevaba ya dos años viendo peligrar diariamente su supervivencia, ahogado por unas urgencias financieras que finalmente se demostraron inabarcables. 

«A día de hoy el texto sobre el Impuesto Temporal a las Grandes Fortunas que se ha presentado en los tres territorios no contará con nuestro apoyo». Así de contundente se mostró ayer el portavoz de EH Bildu Iker Casanova en una comparecencia en Donostia. Tras la negativa oficial de la coalición al anteproyecto del Gobierno foral de Gipuzkoa (PNV y PSE), las duras críticas de Podemos al considerarlo blando, y el ‘no’ del PP, en este caso al estar contra el nuevo tributo, parece difícil que la Diputación pueda aprobar este impuesto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez y de carácter temporal (para este año), que debe trasponer a la legislación foral. Y es que en Gipuzkoa, PNV y PSE necesitan un voto para la mayoría absoluta. Solo en Bizkaia ostentan mayoría PNV y PSE, mientras que en Araba también necesitan apoyo. Si los grupos de la oposición mantienen sus posturas, únicamente Bizkaia aprobaría el nuevo tributo temporal, dando lugar a una desarmonización fiscal entre los tres territorios históricos vascos que hace años que no se produce y que suele provocar distorsiones y recelos. Elkarrekin Podemos es el único que no ha confirmado todavía su ‘no’ pero fuentes del partido morado ratificaron ayer que rechazan «de plano» el modelo vasco. El parlamentario David Soto acusó a PNV y PSE de «beneficiar únicamente a las rentas más altas», y fuentes de la formación señalaron que sus enmiendas en los debates forales buscarán «bajar los tramos, subir los tipos impositivos y convertirlo en un impuesto permanente». Podemos, que sí respaldó el impuesto en el Congreso de los Diputados al tratarse de un tributo impulsado por ellos y el PSOE, en el marco de su gobierno de coalición, no parece dispuesto a dar el ‘sí’ en Euskadi, y la única opción para que saliese adelante en Juntas pasaría por su abstención.

El Gobierno Vasco dio luz verde ayer al decreto que regula el derecho subjetivo a la vivienda en Euskadi, culminando así un camino iniciado en 2015 con la aprobación de la Ley vasca de Vivienda, que introdujo este concepto por primera vez en España y que por ahora solo han seguido Navarra y Baleares. Desde entonces, 8.200 familias vascas han visto reconocido este derecho, lo que conlleva la obligación para el Gobierno Vasco de adjudicarles una vivienda social de alquiler o, en su defecto, concederles una ayuda económica para ayudarlas a afrontar un arrendamiento privado si presentan un contrato legal de alquiler. Una aportación, llamada Prestación Económica de Vivienda (PEV), que en la actualidad asciende a 300 euros al mes. A día de hoy, de los titulares del derecho, 2.500 habitan una vivienda de alquiler social, otros 2.100 reciben la PEV y el resto se encuentran en espera prioritaria de cara a futuras adjudicaciones de pisos protegidos. Con el nuevo decreto, se multiplicará la cifra de personas con el derecho reconocido, ya que se prevé que en los próximos dos años puedan incorporarse en torno a 35.000 personas o familias más. Sucederá por dos vías. Una, porque se flexibilizan las condiciones. Hasta ahora, han podido reclamar el derecho las personas individuales que, entre otros requisitos, ganan hasta 9.000 euros anuales, las familias de dos miembros con ingresos de hasta 12.000 euros, y las familias de tres o más miembros con hasta 15.000. Esas cuantías se amplían ahora a 13.000, 17.000 y 19.000 euros respectivamente. Son las mismas que rigen para acceder a la ayuda al alquiler destinada específicamente a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Las estafas a la RGI han provocado cerca de medio centenar de sentencias condenatorias en la última década en Euskadi. En concreto, desde 2014 se contabilizan 45, además de 17 sentencias de archivo o sobreseimiento y 66 actuaciones derivadas a los juzgados a la espera de juicio o aún sin el procedimiento iniciado –puede ser que haya varios implicados en un mismo caso–, según fuentes del departamento vasco de Trabajo y Empleo. Hace tiempo que desde el servicio vasco de empleo (Lanbide) trabajan para reforzar los sistemas de control y evitar este tipo de delitos, normalmente estafas por falsedad documental. Precisamente por eso, la nueva ley, aprobada a finales de la primavera de este año, y su sucesivo reglamento, crean por primera vez una unidad de inspección para que esta ayuda «llegue a todo el mundo que lo necesite, pero no la cobre nadie que no la precise». Así, la nueva norma «facilita el acceso a la prestación, pero poniendo el foco en los controles posteriores», como «la actualización trimestral de las cuantías o el control bianual de las prestaciones», entre otras cosas. De momento, además del centenar de procedimientos penales registrados en la última década, se han llevado a cabo 250 colaboraciones con las diferentes policías por sospecha de delito en la RGI. Por otra parte, Lanbide ha detectado 31 situaciones en las que se ha sospechado de alguna irregularidad y se han remitido siete expedientes al Ministerio Fiscal, siguiendo el protocolo de actuación que había hasta ahora cuando se sospechaba de alguna situación de estafa.

Jornada de huelga hoy para el personal docente e investigador de la UPV/EHU. Los sindicatos ELA, LAB, CC OO y Steilas llaman a secundar un día de paro a estos profesionales de la universidad pública vasca para denunciar la «precariedad» que atraviesa su personal. A su entender, ese deterioro tiene «razones estructurales» y está relacionado, sobre todo, «con la falta de financiación adecuada» de la institución académica. Cuatro son las principales reivindicaciones: que las sustituciones que se hagan a jornada completa se estipulen como tal en el contrato, que no se sobrecargue a los docentes, un aumento de los salarios y un incremento de la financiación pública para alcanzar el 1% del PIB de la CAV. Una de las condenas más significativas que hacen las centrales tiene que ver con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y «la interpretación y aplicación interesada» que está haciendo el equipo rectoral, sostienen. Esa lectura se está traduciendo –añaden los convocantes– en que «la mayoría» de los nuevos contratos del profesorado sustituto es a «dedicación parcial y con salarios precarios», que en algunos casos no superan los 800 euros brutos. «Hay muchísimas plazas que no se cubren y la gente que estamos estables en plantilla tenemos que estar cubriendo esas necesidades dentro de nuestro horario laboral, cubriendo lo que haga falta», denuncia en conversación con este periódico una profesora de la Facultad de Educación en Donostia con más de 20 años de trayectoria y que prefiere mantener el anonimato. Esta situación, añade, «tensiona» el trabajo de los demás docentes, ya que «tú ya tienes tu jornada completa y tienes que asumir el trabajo de gente que no se ha incorporado. Los demás tenemos que asumir y apechugar lo que no está cubierto». Esto quiere decir que se pueden ver en la obligación de impartir clases de asignaturas «que no hemos dado en la vida. ¿Yo me tengo que poner a preparar ahora asignaturas nuevas que ni me corresponden? Es una calidad muy mala de trabajo». La situación no queda ahí. La remuneración es otra de las cuestiones que vienen denunciando en los últimos tiempos. «Los sueldos no se corresponden a las horas de trabajo que realmente realizas», sostiene esta trabajadora, quien desarrolla esta idea con un ejemplo muy sencillo. «Los que están a dos tercios de jornada cobran 800 euros brutos y la gente que está a media jornada, 400 euros. Aunque tengan un contrato de 4 o 6 horas, eso no es real, porque son las clases que dan a la semana. Pero todo eso lleva una preparación previa y posterior. Preparar la materia te requiere quince horas o más por cada clase, y eso no está pagado», dice.

Los sindicatos ELA, LAB, CC OO, Steilas, Satse y ESK se ratificaron ayer en la necesidad de las huelgas en el sector público vasco, que han convocado para el 25 de octubre y el 19 de diciembre, tras la reunión mantenida por la Mesa General de la Función Pública vasca en la que, según estas centrales, el Ejecutivo autonómico «no ha ofrecido contenido alguno para la mejora de la condiciones laborales de sus empleados». En una comparecencia conjunta tras la reunión, los sindicatos denunciaron que el Gobierno vasco, «una vez más, renuncia a sus competencias y seguirá las directrices marcadas por Madrid», por lo que seguirá «deteriorando las condiciones laborales de su plantilla». Los sindicatos recordaron las «sobradamente conocidas por el Gobierno vasco» reivindicaciones para la mejora de las condiciones laborales del personal bajo su responsabilidad, entre las que figuran «que ejerza las competencias que tenemos y decida aquí el salario y el empleo», así como que «impulse y apruebe unos presupuestos que permitan a nuestras instituciones reforzar los servicios públicos, crear y consolidar empleo público y mejorar las condiciones laborales del personal público». También demandan al Ejecutivo autonómico la aprobación de un incremento salarial del 10%, con objeto de recuperar la pérdida de poder adquisitivo de los dos últimos años y garantizar la de 2024; «reconocer la deuda sobre el poder adquisitivo perdido anteriormente y acordar un plan y unos plazos para su recuperación»; y acordar planes para crear y estabilizar empleo público para reducir la temporalidad real al 8%.

El FMI mantuvo en el 2,5% su previsión de crecimiento del PIB español para este año, uno de los pronósticos más generosos entre los principales organismos nacionales e internacionales (del 2,2% que vaticina Bruselas al 2,3% que auguran la OCDE o el Banco de España), pero alertó del frenazo que viene, con una economía que en 2024 discurrirá por una carretera con más curvas, menos crecimiento y más inflación. Así lo anticipó ayer el FMI en su último informe de perspectivas económicas, difundido desde Marrakech coincidiendo con la celebración de las asambleas anuales del Fondo y del Banco Mundial en la ciudad marroquí, donde la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, presidirá las reuniones del Comité Monetario y Financiero Internacional, principal órgano asesor del FMI. La institución multilateral sacó la podadora y recortó el crecimiento español hasta el 1,7% el año que viene, tres décimas menos que en su informe de julio y ocho por debajo de lo que prevé para este año, constatando así que España, pese a su resiliencia, no es inmune a la ola de frío que se cierne sobre la economía internacional, fruto de las secuelas a largo plazo de la pandemia sobre las economías menos desarrolladas, el enquistamiento de la guerra en Ucrania y la creciente fragmentación geopolítica y geoeconómica. Todo ello sin contar con el posible impacto económico de la cruenta guerra desatada entre Israel y Hamás en la franja de Gaza, de incierto impacto sobre la estabilidad de la región, y que, según el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, “aún es pronto” para evaluar. La predicción del FMI, siete décimas inferior a la del Gobierno español en funciones (2,4%), es una de las más pesimistas entre los principales organismos económicos, contrastando, por ejemplo, con el 1,9% que proyectan la Comisión Europea o la OCDE, o el 1,8% del Banco de España. 

La multinacional estadounidense anunció ayer que va a construir un campus de centros de datos en Aragón para proporcionar servicios en la nube a entidades tanto públicas como privadas europeas. Una infraestructura que se sumará a la inversión que la compañía ha realizado para implantar su región de centros de datos en Madrid, que estará disponible en los próximos meses, y desde donde ofrecerá también este tipo de servicios (sobre todo a entidades españolas), cumpliendo con los requisitos regulatorios, de cumplimiento y de soberanía de datos. La inversión del gigante tecnológico será de varios cientos de millones de euros y, según un análisis de la consultora IDC, contribuirá a la creación de más de 2.100 puestos de trabajo especializados en tecnología en Aragón entre 2026 y 2030. La consultora añadió que el nuevo campus podría sumar 8.400 millones de euros al PIB español (264 millones al PIB regional) y contribuir a la creación de 69.000 puestos de trabajo indirectos en ese mismo periodo. Microsoft implantará su campus en el Parque Técnico de Reciclado (PTR), de Zaragoza, aunque también habrá instalaciones en las localidades de La Muela y La Puebla de Alfidén, según cuentan fuentes conocedoras. El proyecto ocupará unas 60 hectáreas (unos 600.000 m2). El informe de IDC apunta que el nuevo proyecto de Microsoft fomentará la innovación y el crecimiento de la industria local de tecnología en Aragón, donde la empresa estadounidense cuenta con más de 300 empresas dentro de su ecosistema de partners tecnológicos. Desde la multinacional añadieron que la iniciativa será “un catalizador para la innovación, el crecimiento económico y la creación de empleo en Aragón y el resto de España, ayudando a acelerar la digitalización de organizaciones públicas y privadas de todos los tamaños e industrias e impulsando el crecimiento de la industria tecnológica en España”.

Josep María Recasens es el responsable mundial de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Renault Group y como tal, su número 2. Aunque también dirige Ampere, su división 100% eléctrica; y es el CEO de Renault Group Iberia. "Suavizar la norma de emisiones Euro 7 es un paso correcto del regulador en el que todos los actores económicos, industriales y sociales están de acuerdo. Tal y como estaba redactada antes, solo podían cumplirla en el 100% de los casos los coches eléctricos, con lo cual habría supuesto una prohibición encubierta de los vehículos de combustión en 2025 y el cierre de fábricas por toda Europa, algo inaceptable». Y frente a las críticas ecologistas, defiende que había «una gran desproporción» entre la reducción de emisiones que se alcanzaría –Acea, la patronal europea, la fijaba en un 5%– y las inversiones exigidas para adaptar los coches. «Solo en Renault,con el 10% del mercado, serían 1.000 millones. Es fácil echar cuentas». En este sentido, alaba al Gobierno español, que desde la presidencia de la UE ha empujado esa Euro 7 más relajada. «Ha sido pragmático y protegido la actividad industrial de España con independencia de ideologías encubiertas». Unos juegos políticos que se olvidan de que «el Viejo Continente ha pasado de controlar el 90% de la cadena de valor del coste unitario del coche térmico, a menos del 40% del eléctrico». Por eso, es necesario que Europa dé pasos para «recuperar el liderazgo tecnológico». Mientras eso ocurre, da la bienvenida a la investigación de Bruselas sobre las supuestas ayudas ilegales a los eléctricos chinos para abaratarlos. «Como dice nuestro consejero delegado, Luca de Meo, se trata de jugar un partido 11 contra 11, no contra 15. Y aunque en Europa hay ayudas como en China, allí no están tan regladas y son mucho más amplias. Además, Europa no exige condiciones para que un fabricante venda o instale una fábrica en la región, cosa que sí ocurre al contrario».

Las inversiones en Cartagena (220 millones de euros), en Bizkaia (100 millones de euros) y Puerto Llano (120 millones) son tres de los exponentes del plan de Repsol para cumplir, al final de esta década, su meta de producir dos millones de toneladas de combustibles renovables. Otros grupos, como Cepsa y BP, también están llevando a cabo fuertes inversiones en España en el mismo sentido. En el sector de la aviación el SAF es la gran esperanza para cumplir su objetivo de descarbonización en 2050. Desde el punto de vista de los productores, la claridad normativa y la existencia de incentivos son condiciones necesarias para desarrollar la oferta y reducir los precios. “La industria tiene poca capacidad de producción, pero en el futuro, a medida que entren en funcionamiento nuevas plantas, el precio disminuirá, aunque para ello es necesario un impulso con incentivos”, apunta Oliver Fernández, director de aviación internacional de Repsol, quien incide en la necesidad de garantizar la seguridad de suministro en España, sin tener que importar. Algunos estudios señalan el potencial industrial y económico para el país si lidera este negocio. Fernández considera que existe suficiente materia prima (aceite de cocina usado y grasas animales) para satisfacer todas las necesidades de producción. En 2030 se exigirá que el 6% del combustible de un avión sea SAF. La compañía tiene firmados acuerdos con grupos, como IAG, Air Europa, Gestair y Ryanair, con 150.000 toneladas en el caso de la compañía irlandesa a partir de 2025.

El mercado energético no gana para sustos. A las conocidas tensiones en Europa del Este por la guerra de Ucrania se suman esta semana el conflicto en Israel y las sospechas conocidas ayer de sabotaje al gasoducto submarino y el cable de telecomunicaciones que conecta Finlandia y Estonia. Un día después de que Israel suspendiera la actividad en Tamar, un campo de gas clave para el país en la zona conflicto, Finlandia anunció que está investigando la fuga detectada el pasado domingo en su infraestructura. Una caída inusual de la presión en el gasoducto llevó a los operadores a detener el flujo hace tres días. Los investigadores consideran que existen indicios de que el daño fue deliberado. Nada más conocer la noticia el gas dejó ayer aparcada la estabilidad que imperaba desde principio de la jornada y el futuro a un mes del mercado holandés, referencia para el precio en Europa, subió un 14,88%. En las dos últimas sesiones repunta un 34,8% y roza los 50 euros por megavatio hora, máximos del pasado abril. Más allá de las tensiones geopolíticas, el hecho de que el gas sea un activo menos líquido que el crudo contribuye a las fuertes oscilaciones del precio. La fuga en el gasoducto finlandés reaviva las preocupaciones sobre la vulnerabilidad de la infraestructura submarina tras las explosiones sufridas el año pasado en Nord Stream, el gasoducto que conecta Rusia con Alemania. Desde estos ataques, la OTAN ha aumentado la vigilancia con el uso de aviones, barcos, satélites y submarinos. En un mensaje en la red social X, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó ayer que la Alianza Atlántica está compartiendo información con Finlandia y Estonia para averiguar el origen de la fuga.

José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), hizo una llamada de atención seria a los bancos por la excesiva dependencia que tienen de unos pocos gigantes tecnológicos, a los que han subcontratado actividades que se consideran críticas, como los servicios de infraestructura de red, la gestión de los centros de datos y la computación en la nube. “Existe mucha concentración y una excesiva dependencia, en algunos casos exclusiva, de muy pocos operadores no financieros. La mayoría son entidades no europeas que proveen estos servicios desde fuera de la UE”, advirtió Campa. La EBA tiene identificados 15.000 proveedores tecnológicos para el sector, pero “solo una minoría” controla este negocio. Campa no citó el nombre de ninguna empresa. Sin embargo, es conocido que los servicios de computación en la nube son suministrados en España por muy pocos gigantes digitales. “Esta dependencia es una vulnerabilidad y un riesgo operativo claro en caso de deficiencias en el servicio”, advirtió. El reglamento europeo DORA dará por primera vez competencias a las autoridades financieras para exigir unas mínimas garantías a estos grandes operadores tecnológicos si detectan fallos cuando prestan servicios considerados sensibles. “Haremos recomendaciones de mejora a estos proveedores y, si no las cumplen, podremos adoptar medidas contra ellos. También pedir a los supervisores financieros que exijan a los bancos modificaciones en el marco de contratación de estos servicios o incluso un cambio de proveedor. Para la mayoría, por su dependencia casi exclusiva, resultaría muy difícil, por no decir imposible, encontrar una alternativa en un tiempo realista. Por eso es importante tener proveedores alternativos”, explicó.

Air Europa sufrió en la madrugada de ayer un ataque informático que permitió a los delincuentes acceder a los datos de las tarjetas de crédito de los clientes, según denunciaron varios usuarios en la red social X (antes Twitter), donde compartieron el mensaje que habían recibido de la propia compañía alertando de la situación. La aerolínea confirmó oficialmente el ciberataque, que se produjo debido a una brecha de seguridad en sus sistemas de pago, y pidió a varios clientes que se comunicaran con sus respectivos bancos para que dieran la orden de anular las tarjetas de crédito registradas. Varios usuarios de Air Europa recibieron un correo de la empresa avisando de que la aerolínea había sufrido un ciberataque que había supuesto el robo de la información bancaria. En concreto, los datos sustraídos son el número de varias tarjetas, sus fechas de caducidad y el código de seguridad CVV. No obstante, la compañía señaló que la intromisión a los sistemas ha sido controlado pocas horas después de producirse y que no tenía constancia de que ninguno de sus clientes hubiera sido víctima de un fraude por el uso ilícito de sus tarjetas de crédito. La compañía informó a este diario que “los datos extraídos han sido exclusivamente los asociados a las propias tarjetas en sí y no a los clientes” y que “en ningún caso los ciberdelincuentes han accedido a otras bases de datos de Air Europa ni han extraído otro tipo de información personal de los clientes”. El texto que la compañía aérea mandó a varios de sus clientes informaba: “Ante el riesgo de suplantación de tarjetas y fraude que este incidente podría suponer, y en aras a proteger sus intereses, le recomendamos que siga los siguientes pasos: identifique la tarjeta usada para efectuar pago/s en la página web de Air Europa; contacte con su entidad bancaria; solicite la anulación/cancelación/sustitución de esa tarjeta para poder evitar el posible uso fraudulento de su información; no facilite información personal, su pin, nombre o cualquier otro dato personal a través de teléfono, mensaje o email, incluso cuando se identifiquen como su entidad bancaria; no pinche enlaces que le avisen de operaciones fraudulentas. Póngase en contacto directo con su entidad bancaria por medios constatables, y recopile cualquier prueba de posible uso no autorizado de su tarjeta y denúncielo ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Las pensiones subirán el año que viene en torno a un 4%. Esta es la cifra que maneja el Gobierno y así se lo ha comunicado a Bruselas en el informe ‘Proyecciones del Gasto Público en Pensiones en España’ que ha enviado a la Comisión Europea y con el que pone punto y final a la reforma del sistema que inició en el año 2021. Era el último paso que quedaba para cumplir con todos los hitos comprometidos y así poder recibir otro nuevo tramo de los fondos europeos. La cifra, sin embargo, no es aún la definitiva, puesto que faltan los datos de inflación de octubre y noviembre para saber la cuantía exacta en la que se revalorizarán las prestaciones públicas. Pero el Ministerio de Seguridad Social ya está convencido de que la subida se situará «en una horquilla entre el 3,5% y el 4,5%», teniendo en cuenta que la inflación media de los últimos nueve meses se sitúa en el 3,88%. «Las variaciones ya no pueden ser muy grandes. No será un 2% ni un 5%», señalaron fuentes del departamento dirigido por José Luis Escrivá que, no obstante, puntualizaron que «es imposible saber lo que puede pasar en las próximas semanas». Lo que sí afirmaron con rotundidad es que esta nueva subida histórica, la segunda más elevada de los últimos 15 años tras el 8,5% de este ejercicio, se materializará ya en la nómina de enero aunque no haya Gobierno ni Presupuestos Generales. Y de igual forma, confirmaron que las pensiones mínimas y no contributivas aumentarán más de ese 4% en el que sitúan la inflación media para este 2023, tal y como recoge la nueva norma. Pese a que esta nueva revalorización supondrá otro esfuerzo extra para el sistema de pensiones, ya muy tensionado desde hace más de una década, el Gobierno descarta que se vaya a activar el mecanismo corrector que se introdujo en la última reforma de las pensiones y que implicaría adoptar recortes o activar medidas de ingresos adicionales, como elevar las cotizaciones sociales, si el gasto se dispara más de lo previsto y se desvía de la senda de la sostenibilidad.

El movimiento de tropas en la frontera con Gaza es masivo. Miles de soldados toman posiciones en torno a una Franja cuya verja de separación vuelve a estar bajo control de Israel. Filas interminables de tanques esperan su turno a las puertas de Erez para entrar en acción bajo el sonido constante de los aviones de combate. Los bombardeos se han intensificado en las últimas horas y, aunque de momento no hay una confirmación oficial, todo apunta a que la operación terrestre es inminente. En anteriores ofensivas el Ejército ha intentado evitar poner soldados sobre el terreno para evitar un alto número de bajas, pero esta vez la ofensiva sorpresa lanzada por Hamás y el baño de sangre en las localidades vecinas a la verja de seguridad han cambiado las reglas del juego. Consultado por la inminencia o no del asalto por tierra, el portavoz del ejército, Richard Hecht, señaló ayer que «Israel va a responder de manera muy severa y agresiva, y habrá más pérdidas de vidas». Cuando llegue la luz verde la operación se lanzará de tal manera que pueda sorprender a un enemigo que, después de combatir en suelo israelí, ahora espera a los soldados escondido en los túneles. La diferencia de fuerza es incomparable, pero los milicianos de Hamás llevan toda su vida entrenando para la lucha urbana. La invasión terrestre y la ocupación militar es una petición cada vez más extendida en Israel y se podría producir en cualquier momento. Mientras, soldados israelíes hallan 40 bebés asesinados en un kibutz, algunos decapitados. Los pequeños fueron masacrados por los asaltantes junto a sus padres en el devastado enclave de Kfar Aza, fronterizo con la Franja