20250911

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El colapso de la red eléctrica lleva tiempo instalado entre las carpetas de máxima prioridad del Gobierno vasco. Las eléctricas revelaron el martes que el 100% de los nudos están saturados en Bizkaia y Álava, mientras que en Gipuzkoa solo queda el 2% de capacidad libre. El diagnóstico ha encendido todas las alarmas en un Ejecutivo que alerta de un riesgo mayúsculo: la pérdida de inversiones industriales por falta de enchufe podría arrastrar hasta 70.000 empleos. En este escenario, el lehendakari, Imanol Pradales, elevó ayer la presión sobre Moncloa y exigió «desatascar» la situación antes de que acabe el verano. Lakua activa así una «cuenta atrás» de diez días para un Gobierno Sánchez que en la última reunión bilateral entre ambos Ejecutivos se comprometió a presentar antes del otoño un calendario de actuaciones en redes capaz de «cubrir las necesidades urgentes de descarbonización de la industria vasca». Unas inyecciones de capital que, a juicio de la Administración vasca, deberían traducirse en 6.000 megavatios adicionales, lo que supondría elevar en un 50% la capacidad actual.

El lehendakari dijo ayer: «No podemos poner en riesgo más de 70.000 puestos de trabajo industriales en Euskadi, ni la descarbonización de nuestra industria, ni el conjunto de inversiones que están pendientes por falta de conexión eléctrica y capacidad. Este es un asunto demasiado relevante para seguir esperando». El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha mantenido varias reuniones en Madrid y esta misma semana habrá nuevos contactos. En el plano empresarial, el director general adjunto de Adegi, Paul Liceaga, quiso subrayar que «disponer de capacidad para conectar nueva demanda implica disponer de herramientas de competitividad para la empresa en general y nuestra industria en particular». Es por ello, afirmaron, que «si tenemos en cuenta que las peticiones para conectarse a la red se han multiplicado por diez en los últimos tres años debemos poner todos los medios necesarios para garantizar el suministro, las inversiones y los proyectos de futuro». Por su parte, la Cámara de Comercio de Gipuzkoa también comparte la inquietud. Su director general, Javier Zubia, alerta de que la situación «puede convertirse en un freno para todo el desarrollo que necesitamos, tanto en lo que respecta a la transición energética y la descarbonización como al crecimiento empresarial». 

La capacidad de la red eléctrica para absorber nuevas demandas de consumo o integrar energías renovables depende en gran medida de la tasa de retribución financiera, el porcentaje de rentabilidad que la CNMC reconoce a las compañías eléctricas por invertir en transporte y distribución. Esta retribución se paga a través de los peajes incluidos en la factura de la luz y se convierte en un factor determinante para decidir cuánto invierten las empresas en infraestructuras. A diferencia de la generación o la comercialización de energía, que operan en el mercado, el transporte y la distribución son actividades reguladas. Esto significa que las inversiones de las compañías dependen directamente de la tasa que fija la autoridad reguladora. La CNMC establece esta retribución con la premisa de incentivar la inversión «sin comprometer la sostenibilidad económica del sistema ni la asequibilidad para los consumidores». La tasa actual, fijada en 2019, es del 5,58%, y la CNMC propone elevarla al 6,46% para el periodo 2026-2031. En principio, este aumento debería aportar más recursos para el desarrollo de las redes. Sin embargo, las compañías eléctricas consideran que el incremento es «insuficiente» y, a través de su patronal, reclaman una rentabilidad situada entre el 7,5% y el 8%, en línea con otros países europeos, advirtiendo de que sin ello no podrán acometer las inversiones necesarias.

Los convenios negociados en Euskadi no solo recogen la mayor subida salarial del conjunto de España –un 4,26%– sino que contemplan la jornada más corta, 1.696 horas al año, equivalentes a 37,1 horas semanales. Es una ventaja que el País Vasco mantiene desde hace tiempo pero que cobra relevancia en este momento en el que se acaba de tumbar en el Congreso la reducción de jornada de 40 a 37,5 horas defendida por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. PP, Vox y Junts cerraron el paso a la tramitación con una enmienda a la totalidad. Por territorios, en Gipuzkoa baja incluso a los 36,8 horas; le sigue Bizkaia, con 37,2 y en último lugar está Álava, con 37,5. No obstante, esa es la media y solo de los convenios negociados en Euskadi –los pactados en el Estado con aplicación en el País Vasco tienen una jornada mayor–. Por otro lado, la subida salarial de 4,26% recogida en los convenios vascos vigentes es también la más elevada del conjunto del país, donde está en el 3,5%. En todos los casos el alza de los sueldos supera la inflación, que se situó en agosto en el 2,7%. 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo trata de reponerse de esta dura derrota y ha activado ya un plan para aplicar sin necesidad del aval parlamentario uno de los principales puntos del proyecto: el registro horario digital. Los empresarios, que ganaron ayer una batalla importante tras meses denunciando las eventuales consecuencias de la reducción de la jornada laboral, vieron de repente cómo se les abría otra amenaza del mismo calado o mayor. Y es que la implantación de un registro horario digital pretende reflejar fielmente la jornada de los trabajadores para perseguir las horas extras que se hacen y ni se pagan ni se cotiza por ellas. En realidad, y aunque solo lo admitían en los círculos más íntimos, a la CEOE y a Cepyme siempre les ha preocupado más el endurecimiento del registro horario –que se incluía en el anteproyecto de ley que tumbó ayer el Parlamento– que el recorte de la jornada. «Puede hacernos mucho más daño», reconocían. Y esta medida, lejos de desaparecer, cobra ahora más importancia que nunca. Será la revancha que ponga en marcha la vicepresidenta segunda del Gobierno para contrarrestar su fracaso en el Congreso: obligar a todas las empresas, tengan el tamaño que tengan, a tener un registro digital, para que los datos del horario que cada día hacen sus empleados sean fiables, y que pueda ser accesible de forma remota y en cualquier momento para la Inspección de Trabajo. Así, si finalmente Díaz cumple su amenaza y logra que el Gobierno apruebe este endurecimiento del registro horario, prohibirá a todas las empresas y autónomos llevar a cabo de forma manual este control de horas, como muchos pequeños negocios aún hacen, y les obligará a que sus trabajadores realicen los asientos de forma personal y directa, inmediatamente al inicio y finalización de cada jornada. Además, en este registro se deberán contabilizar las horas extraordinarias, que se tendrán que totalizar en la nómina mensual, y la empresa deberá entregar una copia del resumen al trabajador.

La sociedad de garantía recíproca Elkargi presentó ayer su primer fondo de deuda, dotado con 50 millones, para lanzar inversiones en empresas vascas y navarras para proyectos de crecimiento, inversión o compras de otras compañías. Con ese capital ofrecerá una herramienta que, como explicó el director general de la entidad, Zenón Vázquez, es inédita en el catálogo financiero de las pymes de Euskadi. Las empresas que deseen complementar su financiación con estos préstamos deben tener su sede en Euskadi o Navarra y facturar no más de 50 millones de euros. La fórmula que ofrece el fondo gestionado por el banco de inversión especializado en deuda Kenta Capital, plantea la devolución del dinero a largo plazo, en el entorno de los cinco años. Lo hace, además, bajo un formato de ‘préstamo bullet’, es decir, durante el periodo solo se liquidan los intereses dejando el principal para el final.

El Gobierno vasco activó en junio una línea de avales de 450 millones para apoyar a las empresas de Euskadi más afectadas por los aranceles fijados por Estados Unidos a sus importaciones europeas. Estas ayudas, que gestiona la sociedad de garantía recíproca Elkargi, forman parte de un escudo comercial que el Ejecutivo del lehendakari Imanol Pradales avanzó en abril y que valoró en 2.000 millones. A la espera de cómo quedaba finalmente el acuerdo entre Estados Unidos y la Comisión Europea, Elkargi no había comenzado la difusión del programa hasta este agosto y ya, este mes, han comenzado las acciones de difusión lanzadas a través de patronal y entidades financieras colaboradoras. Según explicó ayer el director general de la entidad, Zenón Vázquez, ya han comenzado a recibir las primeras solicitudes de información y confió en tener para final de septiembre unas primeras cifras de impacto del programa. Por su parte, el consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, arranca hoy los contactos con empresas por sectores para analizar la situación contemplando un aumento de las ayudas. 

El Gobierno vasco anunció ayer que el plazo para solicitar las ayudas del plan ‘renove’ para la adquisición de vehículos nuevos de cualquier motorización –siempre y cuando las emisiones sean bajas– se ampliará hasta el 15 de octubre, frente al 15 de septiembre que estaba fijado anteriormente. Así lo anunció el consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, en el marco del Salón del Automóvil que se celebra estos días en Múnich, defendiendo que el programa se extenderá por la «buena acogida» que ha tenido entre los vascos. El consejero destacó que, desde su entrada en vigor a principios de abril, el plan «ha impulsado la demanda de matriculaciones en Euskadi en cerca de un 30%». Se trata, según sus palabras, de unas ayudas que «impulsan la neutralidad tecnológica para avanzar en la descarbonización y generar nueva demanda y actividad económica». Según recalcó, está teniendo «un efecto directo sobre la renovación del parque», que según los últimos datos se sitúa en una avanzada edad media de 14,9 años en Euskadi. El objetivo principal del plan, señaló Jauregi a finales de marzo, es el de sustituir 2.000 coches contaminantes de las carreteras vascas.

Los constructores vascos valoraron ayer de forma positiva la ley de medidas urgentes en materia de Vivienda y Urbanismo que impulsan los dos socios en el Gobierno Vasco, PNV y PSE, al entender que abre la puerta a activar nuevas promociones de vivienda que hoy están paralizadas y a agilizar los trámites para que las obras se pongan en marcha. La comisión de Vivienda del Parlamento Vasco continuó ayer con las comparecencias de instituciones, asociaciones y expertos para debatir sobre la proposición de ley de medidas urgentes en materia de Vivienda. Las primeras en abrir las intervenciones fueron las asociaciones de constructores de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, que comparecieron de forma conjunta. En representación de Ascongi lo hizo su presidente, Txema Muñoz, que puso el foco en que, en Gipuzkoa, «aproximadamente entre un 30 y un 35% del precio de una vivienda se destina a impuestos y cargas: cargas de urbanización, ICOs, 15% de cesión, el propio coste de la urbanización que exigen los ayuntamientos…». Alertó que en las promociones actuales que se ponen en marcha en suelo urbanizable –la ley vasca del Suelo obliga a reservar un mínimo del 75% para vivienda protegida– «prácticamente un 25% de la promoción (la destinada a vivienda libre) tiene que pagar el 75% restante, porque tenemos que ceder lo que hay que ceder para hacer la vivienda protegida», lo que compromete la «viabilidad» de muchas promociones.

«La excelencia como objetivo». Esa es la idea fundamental sobre la que el rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea, quiere que pivote su mandato de seis años. Para que la Universidad pública «lidere el sistema universitario vasco y sea una referencia en Europa y en el ámbito internacional». Para ello, es fundamental que cuente con una financiación «adecuada», en plena negociación con el Gobierno vasco para aumentar los fondos públicos que recibe. En su discurso, el rector desgranó las tres prioridades con las que afronta el año académico: la elaboración de sus primeros presupuestos, la aprobación del plan estratégico y la reforma de los estatutos.El discurso de Bengoetxea estuvo alineado con el del lehendakari, sobre todo en lo referente a la exigencia por mejorar. Pradales, que clausuró el acto, señaló que la excelencia, a su juicio, implica «calidad académica, investigación destacada, generación de conocimiento avanzado, infraestructuras de referencia, vínculo y compromiso social, internacionalización o innovación y mejora continua».

El inicio del curso académico de la EHU se vio alterado por las protestas de un centenar de jóvenes convocados por Ikasle Abertzaleak que se concentraron con pancartas en favor de Palestina para protestar contra el genocidio. Lo hicieron primero a varios metros de la carpa organizada para celebrar el acto solemne presidido por el lehendakari, pero se aproximaron hasta la misma puerta del recinto una vez que las autoridades estaban dentro, momento en el que creció la tensión y se vivieron forcejeos entre jóvenes y personal de seguridad. La llegada, instantes después, de agentes antidisturbios de la Ertzaintza, alejó la protesta y los jóvenes se disolvieron. Los manifestantes lanzaron mensajes contra el Gobierno Vasco y la propia EHU, acusándoles de cómplices del genocidio en Palestina. Junto a lemas como «Estatu sionista, estatu terrorista!», «Israel suntsitu, Palestina askatu!», gritaron otros como «Eusko Jaurlaritza, konplize!» o «EHU, konplize». Los gritos, acompañados por silbidos y abucheos, siguieron la entrada de las autoridades a la carpa. Hasta el legendario portero José Ángel Iribar tuvo que someterse al bochorno, acompañado por el lehendakari Carlos Garaikoetxea. Ambos se miraban atónitos a la cara al pasar delante de la movilización. Los dos recibirían más tarde, junto a Nekane Balluerka, las medallas de oro de la EHU. Los decibelios alcanzaron su punto álgido una vez que el rector Joxerramon Bengoetxea y el propio lehendakari accedieron a la carpa entre insultos, finalizando la protocolaria entrada, y se sentaron en la mesa presidencial.

La retirada de cinco trenes de alta velocidad del modelo Avril de Talgo, todos ellos estrenados por Renfe el año pasado, ha abierto una nueva brecha de confianza entre la operadora y el fabricante, que analiza las causas de las fisuras halladas en los bogies tractores de esos convoyes. El material rodante está bloqueado, Talgo elabora su informe y Renfe ha extremado el control sobre los otros 24 trenes Avril que operan en su flota por si surgieran deficiencias similares. La avería ha sido calificada de “muy grave” por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha asegurado que Renfe pondrá la seguridad de los viajeros por delante de cualquier otra consideración. El pulso entre Renfe y Talgo vuelve a estar servido. Fuentes al tanto de esta nueva crisis señalan que el fabricante baraja argumentos como el mayor peso soportado por los cinco trenes apartados, todos ellos del servicio de bajo coste Avlo y, por tanto, con un centenar de plazas más que el tradicional AVE. Pero la tesis que cobra mayor fuerza es la del deterioro de la infraestructura en el tramo entre Madrid y Calatayud, algo por lo que el Ministerio de Transportes no está dispuesto a pasar. La última palabra, no obstante, la tiene la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

El presidente del BBVA, Carlos Torres, defendió de nuevo ayer la oferta lanzada sobre el Banco Sabadell. En un momento en el que los títulos del Sabadell cotizan un 9% por encima del precio de la propuesta, el banquero predijo que el valor de ambos valores tenderá a converger una vez expire el plazo legal para que el BBVA mejore la oferta. En una entrevista en Onda Cero, también dejó claro que no va a haber una segunda opa, si bien añadió que, en caso de producirse, “será al mismo precio que la primera”. Con todo, fuentes de la CNMV, supervisor de los mercados de valores, recordaron que, según la normativa, una segunda oferta sobre el Sabadell (si el BBVA supera el 30% del capital pero no llega al 50%), sería de carácter obligatorio. Por tanto, el banco propondrá un precio que considere equitativo conforme a la normativa, pero será la CNMV quien lo valide y de quien dependerá, en tal caso, la contraprestación definitiva.

Las cuentas de resultados de las grandes automovilísticas europeas han dejado claro lo difícil que fue para el sector el primer semestre del año, con caídas sensibles de los beneficios e incluso pérdidas abultadas. En medio de la guerra arancelaria iniciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y la feroz competencia con China, el automóvil trabaja junto al Gobierno español en un plan de choque para el sector, conocido como Plan Auto 2030, con el que el motor aspira a asegurar la posición de España como segundo productor europeo y noveno mundial durante los próximos años. Josep Maria Recasens, presidente de la patronal nacional de fabricantes de coches, Anfac, y máximo directivo de Renault en España, explica en una entrevista con este medio que el automóvil se juega hasta 12.000 millones de euros del valor agregado bruto que aporta a la economía española.

«Estoy convencida de que Europa debería tener su propio coche eléctrico o e-car. ‘E’ de ecológico. ‘E’ de económico. Y ‘E’ de europeo: construido aquí, en Europa, con cadenas de suministro locales». La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, presentó ayer esta propuesta para revitalizar el sector de la automoción europeo. Una suerte de plan de rescate para un ámbito que es clave para la economía comunitaria y que está cada vez más amenazado por los fabricantes internacionales y, en especial, de China. Tanto es así, que Von der Leyen hizo una referencia directa al país asiático durante su discurso del estado de la Unión. «No podemos dejar que China y otros países conquisten este mercado», ha apuntado. «Millones de europeos quieren comprar automóviles europeos a precios asequibles. Por ello, debemos invertir en vehículos baratos y pequeños que satisfagan también el aumento de la demanda mundial», añadió. En ese sentido, hizo un segundo anuncio: «La inversión de 1.800 millones de euros para la producción de baterías» en el Viejo Continente, pues se trata de elementos estratégicos que «están directamente relacionados con nuestra independencia».

El Gobierno español se ha propuesto que el país se convierta en un hub europeo de movilidad eléctrica. A ello ha enfocado las subvenciones recogidas en el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), que ya va por su cuarta edición y que ha adjudicado incentivos por 2.500 millones de euros a 300 empresas. En este camino, España se ha posicionado como una referencia europea a futuro en términos de producción de baterías para coches eléctricos, que es la pieza clave de estos vehículos y cuyo mercado, ahora mismo, está controlado por los grupos chinos. De hecho, en las cuatro ediciones del Perte VEC se ha logrado atraer, a través de ayudas públicas, cuatro grandes proyectos de gigafactorías en territorio español y otro adicional, de Basquevolt, con algo menos de capacidad. Las cinco fábricas de producción de baterías de coches eléctricos suponen un fuerte espaldarazo para la economía y la industria españolas, y sitúa al país como una referencia en materia de baterías. Una apuesta que debería llegar acompañada de una mayor fabricación de coches eléctricos en las plantas nacionales. Estos ambiciosos proyectos sumarán una inversión conjunta de más de 13.000 millones de euros y estarán comandados por gigantes del automóvil como Volkswagen, que lidera un consorcio de empresas, o Stellantis, en colaboración con el gigante chino CATL, así como por la también china Envision y por la eslovaca InoBat que, tras varios intentos fallidos, acaba de adjudicarse las primeras ayudas para su planta en Valladolid, cuya construcción dará comienzo “en breve”.

La saturación de la red ha dado argumentos para la alternativa atómica. «Juega un papel nuclear en este contexto», defendió ayer el consejero delegado de Endesa, José Bogas, en el ‘X Foro Energía’ organizado por elEconomista.es. Apostó por abrir un diálogo «realista y técnico» con el Ejecutivo para analizar que «la seguridad no suponga un coste adicional para los ciudadanos y que contribuya a la estabilidad». Es decir, las tres líneas rojas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa para abrir un diálogo formal. En el mismo foro el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, subrayó que «sería una locura cerrar Almaraz y dejar abiertas las otras cinco centrales». Señaló la inestabilidad en que podría el sistema para manejar fluctuaciones, como sucedió en el apagón. Por otro lado, la justicia europea avaló ayer que la nuclear y el gas estén consideras actividades «verdes» en el marco del reglamento de taxonomía de la UE y puedan recibir inversiones sostenibles. Respalda así la decisión de la Comisión de 2022, que había recurrido Austria.

Iberdrola ha anunciado la finalización de la modernización completa de sus sistemas más críticos para las áreas de distribución y comercialización. Esta transformación, realizada en colaboración con DXC Technology, se ha llevado a cabo mediante el uso de una nueva plataforma digital alojada en la nube, lo que permitirá a la energética integrar con mayor facilidad soluciones como la inteligencia artificial, automatizar procesos o reducir costes. “Para una compañía como Iberdrola, trasladar sus sistemas críticos a la nube no es solo una decisión tecnológica, es una apuesta por el futuro del negocio”, explica Alfonso García Muriel, presidente de DXC Technology España y Portugal. “Las infraestructuras tradicionales ya no ofrecen la flexibilidad, escalabilidad ni la velocidad necesaria. La nube facilita la integración de inteligencia artificial (con especial impacto previsible de la generativa), analítica avanzada o automatización inteligente, que son claves para optimizar redes, prever consumos, personalizar servicios y cumplir con objetivos de sostenibilidad”, añade el directivo de la plataforma tecnológica.

Francia vivió ayer una jornada de protestas con impacto tanto político como social. A la misma hora en que se celebraba la ceremonia de traspaso de carteras entre François Bayrou y Sébastien Lecornu, decenas de miles de personas se manifestaban en el marco del movimiento ‘Bloquearlo todo’. Probablemente, ni Bayrou se hubiera sometido el lunes a un voto de confianza en la Asamblea Nacional, donde sufrió un contundente revés, ni el presidente, Emmanuel Macron, hubiera nombrado tan rápidamente otro primer ministro sin la sombra de estas movilizaciones. Entre 250.000 (según la CGT) y 175.000 personas (Policía) participaron en piquetes, bloqueos de carreteras y protestas, autoorganizadas a través de asambleas y en las redes sociales. Fue una cifra superior a las previsiones del Ministerio del Interior, que esperaba alrededor de 100.000. A pesar de no haber sido impulsada por los grandes sindicatos ni tener una dimensión tan grande como las manifestaciones de 2023 contra la reforma de las pensiones, la jornada sirvió de advertencia al recién llegado Lecornu y, sobre todo, a Macron. Los cánticos pidiendo su «dimisión» fueron constantes. El pretencioso eslogan ‘Bloquearlo todo’ no se hizo realidad y Francia no se paralizó, pero tampoco fue una jornada cualquiera.

La crisis humanitaria en Gaza fue ayer el punto central de la intervención de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el Parlamento en Estrasburgo. En su discurso sobre el Estado de la Nación –que cada año refleja las prioridades del Ejecutivo comunitario para el nuevo curso– la alemana anunció que propondrá sanciones a los ministros hebreos «más extremistas» y a los colonos violentos. También pedirá la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel en materia comercial para acabar con la «inaceptable situación» del enclave donde, según las autoridades gazatíes, han perdido la vida más de 64.600 personas en la actual ofensiva. La presidenta del Ejecutivo comunitario, muy criticada hasta ahora por su posición «fría» respecto a la Franja, destacó que «lo que está ocurriendo en Gaza ha sacudido la conciencia del mundo. Personas muriendo mientras recogían comida. Madres sosteniendo a sus hijos sin vida. Estas imágenes son simplemente catastróficas». Esta vez fue clara al afirmar que el hambre «nunca puede ser un arma de guerra. Por los niños, por la humanidad, esto tiene que parar».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a la Unión Europea a imponer aranceles del 100% a las importaciones de India y China como castigo por comprar petróleo ruso y para que ambos países presionen a Moscú para que ponga fin a la guerra en Ucrania. Según una información que publicó ayer Financial Times, Washington estaría dispuesto a imitar después este movimiento. “El presidente vino esta mañana y aseguró que el enfoque obvio es que todos debemos imponer unos aranceles drásticos y que hay que mantenerlos hasta que los chinos acepten dejar de comprar petróleo [ruso]. Realmente no hay muchos otros lugares a los que pueda ir ese petróleo”, explicó una fuente estadounidense consultada por el diario británico. Trump se ha implicado personalmente en la búsqueda del fin de la guerra en Ucrania. El pasado 15 de agosto se reunió en Alaska con el presidente ruso, Vladímir Putin, pero el encuentro no dio los frutos que esperaba la Casa Blanca. Putin se niega a decretar una tregua; es más, en los últimos días ha intensificado su ofensiva contra Ucrania, principalmente con drones como los que en la madrugada de ayer penetraron en el espacio aéreo de Polonia.