20250918

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El absentismo pasa factura. En España faltan al trabajo 1,5 millones de personas cada día, una realidad que supuso el año pasado un gasto de 29.000 millones de euros –16.000 para la Seguridad Social y el resto en las empresas– solo por bajas laborales, y en Euskadi el problema es aún mayor. El País Vasco encabeza los porcentajes con una tasa que ha crecido hasta el 9%, muy por encima de la media nacional (7%). Las empresas pusieron ayer cara a este problema. El director de Recursos Humanos de Aludium, Jordi Fernández, señaló que sólo en 2023 el absentismo le costó a la planta de Amorebieta casi un millón de euros entre costes de cotización durante las bajas por Incapacidad Temporal (IT), los importes en nómina y los costes laborales por contratos de interinidad. En total afrontaron 13.351 días de baja, el equivalente a 37 trabajadores durante todo un año, si bien las crecientes bajas por motivos de salud –algo que atribuyen al envejecimiento de la población y la lentitud con la que responden los servicios de salud– no son las que más preocupan. «Hemos tenido seis despidos por bajas fraudulentas en los últimos dos años», detalló, una presión disciplinaria que comenzaría a tener un cierto efecto disuasorio. Por su parte, el responsable de Recursos Humanos de Angulas Aguinaga, quien recordó el lastre que este problema tiene para la productividad vasca. El director de Personas del Grupo Arania, Jorge Lanchares, señaló que las empresas vascas tienen la sensación de estar «muy solas» ante este reto, a pesar de todas las medidas de prevención que se intentan fijar, y también reconoció que quizás en muchos casos las compañías han mantenido una cierta flexibilidad a la hora de afrontar el problema. «No sé si hemos sido suficientemente firmes», reflexionó. «A veces parece que no pasa nada porque alguien viene y te cubre el problema, pero a muchas personas a las que les pides esos favores en situaciones complicadas se pueden ir al otro lado por estos excesos», valoró. La directora de Osalan, Lourdes Iscar, cerró el encuentro recordando que es necesario diferenciar el absentismo por enfermedad que el que se produce por otras causas, como la lucha por derechos laborales. «Huyo de la palabra absentismo, porque incluye muchas cosas». 

El vasco será el primer gobierno autonómico que asumirá esta competencia, aunque el Gobierno central seguirá soportando el coste. La Comisión Mixta lo ratificará a finales de año. Lakua da máxima relevancia a este logro. En la práctica, el Sepe (Servicio Estatal Público de Empleo) desaparecerá de Euskadi y Lanbide pasará a ser la ventanilla única. Es decir, no sólo desarrollará los programas de formación y las iniciativas para impulsar la contratación, como ya hace desde 2011, sino que a partir de ahora también abonará las prestaciones y los subsidios. En 2024 beneficiaron a 51.000 vascos y el gasto ascendió a 822 millones. La fórmula pactada entrará en vigor cuando se firme en la próxima Comisión Mixta de Transferencias , «antes de fin de año», y será «transitoria» hasta que se complete el traspaso de la Tesorería General de la Seguridad Social, uno de los más intrincados de todos los que faltan. Entre tanto, la solución consiste en que Lanbide abonará las prestaciones y luego le pasará la factura al Estado. En el País Vasco, a diferencia de lo que ocurre con las pensiones, en esta carpeta no hay déficit. En la comunidad autónoma se recaudan 1.663 millones de euros en cotizaciones por desempleo y las prestaciones ascienden a los citados 822.

La transferencia acordada entre los gobiernos autonómico y central convertirá a Lanbide en un Servicio Vasco de Empleo integral porque a partir de ahora no sólo gestionará las políticas pasivas (formación e impulso de la contratación), sino también las activas (prestación y subsidio). El organismo dependiente de Lakua, por tanto, será el responsable directo de un abono que el año pasado benefició a un total de 51.000 vascos y cuyo coste ascendió a 822 millones de euros, si bien luego ese montante se lo deberá reclamar al Estado. Lanbide asumirá así el papel que hasta ahora venía desempeñando el Sepe (Servicio Estatal Público de Empleo), que cuenta con 30 oficinas en la comunidad autónoma: 15 en Bizkaia, 12 en Gipuzkoa y 3 en Álava. Además, todos sus empleados, 534 en total (475 funcionarios y 59 trabajadores laborales), pasarán a formar parte de la plantilla del Gobierno vasco. Tanto ellos como los actuales empleados de Lanbide pasarán a constituir una especie de ventanilla única con la que los parados evitarán el ‘mareo’ de ir de un servicio a otro.

El rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea, se sumó ayer al lehendakari, Imanol Pradales, y pidió a la compañía ferroviaria CAF que haga «una reflexión ética» sobre el contrato que mantiene con el Gobierno de Israel para ejecutar un tranvía en Jerusalén. Además, revisará el convenio que tiene la empresa con la Escuela de Ingenieros de Bilbao tras rechazar abrir otra aula en el campus de Gipuzkoa. La UPV/EHU va a revisar sus convenios con aquellas empresas que colaboren con el Estado de Israel y que, en general, tengan intereses en la industria armamentística, estén o no relacionados con el «genocidio» en Gaza. Así lo anunció ayer el rector, Joxerramon Bengoetxea. La propuesta se elevará al Consejo de Gobierno de la institución académica en su próxima reunión. En la cita «se propondrá que los convenios que en adelante se firmen con las empresas incluyan una cláusula de respeto a los derechos humanos y de no relación con la industria armamentística. También se revisarán los acuerdos de colaboración existentes con empresas vascas», señaló Bengoetxea en una rueda de prensa en el Bizkaia Aretoa de Bilbao junto a la vicerrectora de Bizkaia y de Comunicación, Estitxu Garai, y el vicerrector de Estudiantes y Compromiso Social, Asier Blas. Fuentes empresariales consultadas consideran la batería de medidas anunciada por el rector «un disparate». «La pregunta que hay que hacerse es dónde está la frontera para determinar cuál debe ser la colaboración del mundo empresarial vasco con Israel. ¿Debe afectar a los sectores ajenos a la industria militar?», añaden. «Por otra parte, es evidente que en estos momentos hay bastantes firmas vascas que tienen dificultades para contratar e incorporar ingenieros cualificados, ¿y la decisión de la UPV/EHU es rescindir los convenios de colaboración que tienen con estas empresas para que salgan mejor preparados y vislumbren un futuro laboral más próspero?», se cuestionan las mencionadas fuentes.

La brecha salarial sigue representando un problema estructural y multifactorial. Responde a diferentes razones como la parcialidad en el empleo, la mayor concentración de mujeres en empleos peor remunerados (como los cuidados), la interrupción de la carrera profesional debido a la maternidad o el denominado ‘techo de cristal’ que en ocasiones impide a las mujeres alcanzar puestos de mayor responsabilidad. Si bien la diferencia salarial entre hombres y mujeres llega al 12,81% en Euskadi, lo que supone una brecha de 4.561 euros brutos anuales (según los últimos datos, correspondientes a 2023) y que sigue evidenciando un desajuste notable, lo cierto es que esta desigualdad se ha reducido considerablemente respecto al 22,6% de 2018. Asimismo, desde 2022 ha bajado casi cuatro puntos. Así lo recordó ayer el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, durante la inauguración del IV Congreso Internacional sobre la Brecha Salarial que su departamento ha organizado junto a Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer. Con todo, pese a la mejora del dato, Torres pidió no conformarse y seguir trabajando por «cerrar la brecha cero con políticas públicas sostenidas y diseñadas con rigor». Para poder conseguirlo, incidió en la necesidad de fortalecer las «alianzas entre instituciones, empresas y sociedad civil, y, sobre todo, con compromiso y voluntad política».

En un contexto marcado por la escalada de precios de la vivienda y la dificultad de acceso para amplias capas de la población, en especial para los jóvenes, el Gobierno Vasco presentó ayer en Donostia un nuevo plan para impulsar la construcción industrializada. El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, anunció la creación de un HUB de Industrialización de la Vivienda y la puesta en marcha, en 2026, del primer certificado oficial que acreditará el grado de industrialización en las promociones protegidas. El centro de innovación se plantea como un espacio de colaboración entre empresas, centros tecnológicos, universidades y administraciones, con la misión de acelerar la transición hacia un modelo constructivo más eficiente y sostenible. Según explicó Itxaso, la industrialización puede convertirse en una «palanca estratégica» para acortar los plazos de obra, abaratar costes y profesionalizar el sector, al mismo tiempo que se mejora la calidad de las viviendas y se refuerza la sostenibilidad de los procesos. Este planteamiento conecta directamente con el Pacto Social por la Vivienda 2022-2036, que fija como meta que, dentro de una década, al menos el 65% de las promociones protegidas superen el 50% de grado de industrialización.

El despliegue de las renovables en Álava se queda en 'pinchazo' eólico. Tras las anulaciones de Cantoblanco, Laminoria e Itsaraz por las instituciones, ahora el grupo Delta Power da marcha atrás con dos de sus cuatro parques de aerogeneradores en el territorio. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicó este miércoles los carpetazos de Industria a las centrales 'Mendia 5' y 'Mendia 4', con seis aerogeneradores cada uno. Y no lo hace esta vez porque perjudique al alimoche, a la rana ágil o porque no sea compatible con espacios protegidos. Se cierra la tramitación porque la propia empresa de renovables renuncia a los dos proyectos. Las iniciativas dieron sus primeros pasos a finales de 2024 con el trámite de competencia. Ese es el primer punto de todo el embrollo burocrático que debe afrontar una instalación así: el Gobierno vasco siempre da una oportunidad a otros competidores para presentar alternativas allá donde las firmas 'green' proponen instalar placas o molinos. Fue así como Iberdrola consiguió lanzar su proyecto para renovar completamente el parque de Badaia, aunque en la inmensa mayoría de los casos es el promotor inicial quien se queda con el parque eólico o fotovoltaico.

Hasta hace varios meses, los arrendatarios del inmueble situado en el número 6 de Alameda Mazarredo se movían en un mar de especulaciones e incertidumbres. «Corrían rumores» desde mucho tiempo antes, confiesan, de que se verían obligados a abandonar el edificio en cuanto venciesen sus alquileres. Todos los contratos llegan a su fin en los estertores de este año, por lo que el anuncio no debería haberles pillado por sorpresa. Algunos profesionales llevan trabajando en este céntrico edificio casi 50 años. No obstante, la mayoría de los afectados, que superan los 800, confiaban en que los propietarios alargasen los contratos o les concediesen más tiempo para buscar una nueva ubicación para sus negocios. No tendrán esa posibilidad. Las sospechas de los inquilinos terminaron de confirmarse el pasado martes después de que el administrador de la finca, Ander Obieta Etxaburu, enviara la primera remesa de notificaciones advirtiendo a los moradores de la obligación de desalojar las instalaciones, como muy tarde, el próximo 31 de diciembre. Sin embargo, en las cartas que han recibido un buen número de inquilinos la orden de desocupación se ha adelantado al 1 de noviembre.

La medida fue anunciada el pasado martes por la tarde por Junts: las compañías españolas de más de 250 empleados o que facturen más de 50 millones tendrán la obligación de ofrecer un servicio de atención al cliente en catalán. Estén radicadas donde estén. Portavoces de la formación liderada por Carles Puigdemont aseguraron que así lo habían pactado con el PSOE dentro de una enmienda a la futura Ley de Servicios de Atención a la Clientela. «De esta manera se garantizará el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán», Pero a medida que ayer fueron pasando las horas las dudas fueron ganando terreno a las certezas. El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, dejó en el aire si la obligatoriedad se aplicará a las compañías de todo el país: «Lo veremos cuando discutamos y debatamos las enmiendas», afirmó. Tampoco aclararon nada sobre la aplicación geográfica las explicaciones del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, que señaló por su parte que esa obligación idiomática se aplicará «allí donde sean reconocidos como (idiomas) oficiales». De esta manera, el titular del ramo abría la medida también al euskera y al gallego, extremo que confirmaría minutos después Gabriel Rufián, quien desveló que la enmienda contaba con el apoyo también de ERC, EH Bildu y BNG. 

El sector eléctrico ha encontrado en la nueva planificación de redes eléctricas argumentos con los que reivindicar una mejora de la tasa de retribución. Aelec, que representa los intereses de compañías como Iberdrola o Endesa, valora «positivamente» el plan del Gobierno pero considera que el diseño de la futura red para abastecer 27.700 megavatios (MW) más de capacidad hasta 2030 sienta las bases para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mejore la remuneración del 6,46% que propuso para el periodo 2026-2031. «Estamos en un momento idóneo para poder adaptar ese modelo retributivo a un sistema que no desincentive la inversión», defendió ayer la directora de regulación de la asociación, Marta Castro en la presentación de un informe realizado con Monitor Deloitte sobre el futuro de las redes eléctricas en España. Con el real decreto en audiencia pública, la asociación entiende que se abre un periodo de «reflexión» en el que la CNMC debería recoger las modificaciones impulsadas por el Gobierno y que el regulador debe reconocerlas en su tasa de retribución financiera definitiva. 

Velto Renewables, grupo de renovables respaldado por la entidad canadiense Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), ha llegado a un acuerdo para la compra de una cartera de proyectos fotovoltaicos de 163 megavatios (MW) de capacidad instalados en España a Helia, sociedad participada por Bankinter y Plenium Partners. Adicionalmente, el fondo de origen español Plenium Partners traspasará en esa misma operación un conjunto de instalaciones fotovoltaicas de su propiedad que en total suman 97 megavatios. En conjunto, los proyectos que adquiere Velto, a cuyo frente está el español Lucas de Haro, suman un valor de 1.100 millones de euros. Se trata de la mayor operación de renovables en el mercado español de los últimos doce meses, desde que Masdar, el gigante de renovables de Emiratos Árabes, adquirió Saeta Yield a Brookfield en septiembre de 2024 en una operación de 1.200 millones de euros. Previamente, Masdar había llegado a un acuerdo para adquirir activos de Endesa e invertir en alianza con este grupo energético en España por valor de algo más de 800 millones.

Justo en el momento decisivo para la opa de BBVA sobre el Sabadell, la entidad catalana está sufriendo en los mercados para mantener el valor de su acción. La cuestión no es menor porque afecta a la clave en la que ambas entidades se juegan el futuro de la operación: dilucidar si la propuesta de BBVA recoge adecuadamente el valor del Sabadell o si lo «infravalora», como defiende la entidad catalana y necesita, por lo tanto, hacer una mejora de su oferta. Ayer el banco catalán anotó su tercera jornada en negativo en la Bolsa y acumula una caída esta semana del 5,38%. Esa depreciación ha rebajado a casi la mitad la diferencia negativa que entraña la propuesta de canje de BBVA. Así, el viernes, su oferta –uno de sus títulos y 70 céntimos por cada 5,5483 acciones del Sabadell– era un 9,86% menor al valor de la entidad catalana en Bolsa y ayer ese porcentaje era del 5,83%. Es, además, el diferencial más bajo desde que en mayo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la celebración de una consulta pública sobre la opa. Una medida que hizo dudar a los mercados sobre el éxito de la opa. Desde el 8 de septiembre, y hasta el 7 de octubre, los accionistas del Sabadell tienen de plazo para responder sí aceptan o no la propuesta de BBVA. Un tiempo en el que se está agudizando la batalla dialéctica entre ambas entidades.

Las cifras actualizadas en el sector de la industria del metal sitúan la jornada media pactada por los convenios provinciales en 1.749,09 horas anuales en 2024, el equivalente a 38,31 horas semanales, lo que supone una reducción de 0,84 horas respecto al año previo. “La evolución del tiempo de trabajo demuestra que los acuerdos colectivos ajustan paulatinamente la jornada conforme la productividad lo permite”, explican desde Confemetal a raíz de la presentación del estudio sobre La Negociación Colectiva en la Industria del Metal 2024. Cabe recordar que el hecho de que la fijación de las jornadas laborales quede en manos de la negociación colectiva era una de las exigencias que llevó a las organizaciones empresariales a rechazar el proyecto de ley para la reducción de jornada auspiciado por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Denunciaban desde la patronal que la malograda medida del Ejecutivo cercenaba partes sustanciales de la negociación bipartita. Concretamente, en la negociación colectiva del sector del metal, se registraron en 2024 un total de 49 convenios colectivos provinciales de la industria y los servicios que dan cobertura a 1.290.174 personas trabajadoras. De los 49 convenios colectivos provinciales (o de comunidad autónoma uniprovincial) registrados, 40 se habían firmado antes de 2024, con efectos para 961.914 trabajadores.

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condenó en 2023 a CC OO por vulnerar el derecho a la huelga de sus abogados en esta comunidad. El alto tribunal ratifica que el sindicato incurrió en esta vulneración cuando instó por escrito a 15 letrados de su plantilla a suspender la protesta para realizar tareas relacionadas con pleitos pendientes, advirtiéndoles de que incurrían en posibles responsabilidades civiles. El fallo, eso sí, rebaja sustancialmente la indemnización que recibirá cada uno de los demandantes: de 25.000 euros a 7.500 euros. El conflicto se produjo en enero de 2023. Los trabajadores del sindicato en Galicia convocaron una huelga en demanda de una subida de sueldos que acabó prolongándose durante 39 días. Fue secundada por 15 abogados que, ya el primer día, recibieron un mensaje de la dirección de la central. Los responsables de CC OO les conminaban a abandonar el paro bajo advertencia “de incurrir en responsabilidades profesionales colegiales, laborales y civiles”. Los técnicos decidieron sucumbir ante el tono “amenazante e intimidatorio” de estas comunicaciones. Se incorporaron a sus puestos, pero ante el alto seguimiento que tuvo la huelga entre el resto de sus compañeros, tuvieron que asumir trabajos administrativos ajenos a sus competencias. Ver más en El País. 

El mercado inmobiliario ha perdido el 39% de la oferta que tenía en el segundo trimestre de 2019, cuando Pedro Sánchez ya llevaba un año en la Moncloa. Es decir, en este tiempo cuatro de cada 10 pisos han desaparecido, según datos del portal inmobiliario Idealista, lo que deja a los compradores con menos opciones en un mercado en el que los precios no dejan de crecer en todas las provincias. Y es precisamente el aumento desmesurado de interés de quienes buscan comprar un piso lo que ha absorbido la oferta disponible en España, que en su mayoría corresponde a lo que quedaba disponible tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. «La demanda lleva años creciendo y ya ha digerido los excedentes provocados por las viviendas que acabaron en manos del sistema financiero tras la crisis de 2007», explica Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

El precio de la electricidad no termina de controlarse. El pasado mes de agosto, la factura de la luz que pagaron los hogares españoles se incrementó un 14,7% respecto al mismo mes del año pasado. Frente a ello, el recibo cayó en Francia (-13,6%), Italia (-4,9%), Portugal (-2,3%) o Alemania (-1,7%), según datos de Eurostat publicados ayer. Además, en el conjunto de la eurozona el precio de la luz se redujo un 0,5% y en la Unión Europea subió un 2%, siete veces menos que en España. Solo países alejados y con características muy distintas como Rumanía, Austria, Noruega y Suecia sufrieron repuntes del recibo mayores en el periodo. La situación de agosto fue similar a la de julio, donde la factura de la luz en España se encareció un 17,3% frente a los descensos de los recibos que se anotaron en los países de su entorno. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ya advirtió entonces que el repunte de la inflación sufrido fue debido en parte a que los precios de la electricidad aumentaron frente a la bajada del año anterior. Sea como sea, los consumidores españoles no están notando en sus bolsillos la bajada de los precios de la luz que se está produciendo en los mercados mayoristas. 

España registró entre abril y junio 4.133 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ayer. Esto supone un incremento considerable de estos procesos, que crecen un 20,5% respecto al primer trimestre y un 27,8% en términos interanuales. Ese avance respecto al año pasado sobresale en comparación con el resto de la serie histórica: los datos, que empiezan en 2014, solo recogen un salto interanual mayor y se dio durante el anómalo periodo de la pandemia. En términos absolutos, hay que retroceder hasta el último trimestre de 2022 para encontrar otro trimestre en que hubiera más de 4.000 ejecuciones hipotecarias. Este proceso no supone exactamente un desahucio, pero sí es uno de los pasos que pueden acabar con una familia expulsada de su vivienda al no haber cumplido con los pagos. El indicador tampoco es un termómetro del total de desahucios porque hace mucho tiempo que la mayoría de desalojos de se producen por impago del alquiler. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de 2025 un 77% del total de desahucios, más que nunca, se correspondieron con inquilinos.

MasOrange quiere seguir diversificando sus ingresos para complementar el negocio principal de las telecomunicaciones. El primer operador por número de clientes en España, que ya cuenta con áreas de energía, alarmas o seguros, va a sumarse ahora al mundo de la publicidad inteligente con la puesta en marcha de una iniciativa pionera en España, su nueva unidad de negocio MasOrange Advertising. Se trata básicamente de competir con gigantes como Google o con Meta en el negocio de la publicidad segmentada. Como ya hacen estas plataformas estadounidenses, MasOrange recopilará y analizará los datos sobre el uso de sus servicios (navegación, preferencias, etcétera) para crear perfiles de usuarios gracias a su potente base de 30 millones de clientes. Estos datos se utilizan para segmentar a los usuarios en audiencias con características e intereses específicos, permitiendo a las empresas anunciantes dirigir sus campañas publicitarias de manera más precisa. De esta forma, ofrecerá servicios de marketing a empresas que desean alcanzar a grupos demográficos concretos, generando ingresos y cobrando a esas firmas por la publicación y segmentación de sus anuncios.

Alemania, en plena recesión económica, lleva meses alertando de la necesidad de ajustarse el cinturón. Pese a que el país flexibilizó el pasado marzo sus estrictas normas de endeudamiento para afrontar el aumento del gasto militar que exige Trump a la OTAN, el presidente Friedrich Merz alertó tras la vuelta del verano de que el Estado de Bienestar de su país «no es sostenible». Unas declaraciones que anticipaban una oleada de recortes en lo que el propio canciller ha denominado «el otoño de las reformas», que ha puesto al sistema de las pensiones en el centro del debate político y social. El canciller Merz aprovechó el debate general sobre los Presupuestos celebrado ayer en el Bundestag para desgranar la hoja de ruta de austeridad con la que Alemania busca hacer frente a un mundo cada vez más convulso. Con los aranceles de Donald Trump golpeando de lleno a la automoción, el verdadero motor de la economía germana, Merz apeló a la necesidad de «ajustar el sistema de pensiones». Una urgencia que justificó en el cambio demográfico –una sociedad cada vez más envejecida–, con el objetivo de que las nuevas generaciones no soporten un peso adicional derivado del creciente coste de las jubilaciones.

Después de una primera mitad del año en la que parecía que la guerra arancelaria desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no estaba teniendo consecuencias para el comercio exterior de la Unión Europea, julio marcó un punto de inflexión que podría anticipar una situación aún peor para los próximos meses. Las ventas de las empresas de la UE en países extracomunitarios se contrajeron un 0,5% interanual –hasta los 227.700 millones de euros– en el séptimo mes del año, según los datos facilitados ayer por Eurostat. Se trata del periodo inmediatamente anterior al acuerdo arancelario firmado entre Donald Trump y Ursula von der Leyen, que dejó el tipo general de los gravámenes en el 15%. En dicho mes, las exportaciones a EEUU cayeron un 4,4% respecto a julio de 2024, hasta situarse en 44.200 millones de euros. Se trata de un importante cambio de tendencia respecto a las exportaciones registradas en el periodo anterior al Día de la Liberación, cuando muchas empresas europeas decidieron adelantar sus ventas en el mercado norteamericano previendo la imposición de aranceles. Por ello, el conjunto de las exportaciones de la UE a países extracomunitarios continúan en positivo en el cómputo del año, creciendo un 3,8% respecto al periodo enero-julio de 2024. Los datos publicados ayer por Eurostat confirman que EEUU sigue siendo el principal destino de las exportaciones de la UE fuera de sus fronteras, si bien la caída acerca a Reino Unido y posiciona al país como el segundo socio comercial preferente para el bloque comunitario. 

La Comisión Europea dio ayer un paso sustancial frente a Israel por su guerra contra Gaza y la vulneración de los derechos humanos en el enclave palestino. El Ejecutivo comunitario aprobó un plan para suspender ciertos aspectos del acuerdo comercial entre la UE e Israel —que está en vigor desde hace tres décadas— y restituir los aranceles a bienes procedentes de ese país, que hasta ahora disfrutan de un trato preferente en el club comunitario. La UE es el principal socio comercial de Israel en el mundo. La medida, que llega cuando la situación en Gaza es ya crítica, no pretende suspender todo el flujo comercial con Israel, sino únicamente acabar con el trato preferente, y afectará sobre todo a productos agrícolas, indicaron fuentes de la Comisión. El plan se aplicaría sobre exportaciones por valor de unos 5.800 millones de euros (el 37% del total de las ventas de Israel a la UE), lo que implica que la reimposición de aranceles puede derivar en un coste extra de unos 227 millones de euros al año para los exportadores israelíes, según los cálculos de Bruselas. La propuesta del Ejecutivo comunitario, liderado por la alemana Ursula von der Leyen, pasa ahora a los 27 Estados miembros de la UE: necesitará el respaldo de una mayoría cualificada de estos para salir adelante definitivamente.

La Reserva Federal de EE UU (Fed) rebajó ayer en 0,25 puntos los tipos de interés, y avanzó otras dos bajadas de la misma cuantía para este año. Su presidente, Jerome Powell, justificó la decisión en la debilidad del mercado laboral, que asoció a las políticas de inmigración, y defendió su independencia ante Donald Trump. En la reunión más políticamente cargada de la que hay memoria, la Reserva Federal cumplió el guion previsto y acordó ayer en Washington un recorte de 0,25 puntos, el primero desde diciembre y el primero también desde que está en la Casa Blanca Donald Trump, un presidente que ha roto las reglas del decoro con sus presiones a Jerome Powell. Estas han incluido insultos y amagos de despido para lograr que Powell se pliegue a sus deseos de bajar los tipos y que eso mitigue el golpe de la heterodoxa política comercial de Trump. Las tasas quedan así tras la reunión de septiembre en la horquilla del 4%-4,25%.