20250928

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Adegi y la Cámara de Comercio de Gipuzkoa son dos de las entidades económicas del territorio que se han lanzado ya a la puesta en marcha de diferentes iniciativas para favorecer la contratación en origen de personas extranjeras ante la constatación de que existe una falta de personal con perfiles laborales concretos. De ahí partió la idea para que la Asociación de Empresas de Gipuzkoa explorase otros proyectos «para atraer personas» a las compañías guipuzcoanas, explica Mikel Sarriegi, director de Formación y Talento de Adegi. Y son dos las experiencias que han desarrollado desde el año pasado. La primera, para tratar de atraer a personas desde Chile y Perú. En colaboración con el centro de FP de Usurbil y la Diputación Foral de Gipuzkoa, esta iniciativa está dirigida, sobre todo, a sectores más vinculados a oficios, como construcción, electricidad, hostelería o energía. «Lo primero que hicimos fue detectar qué necesidades tenían las empresas de aquí y, después, a través de un contacto que es de Chile, hicimos una difusión allí y contactamos con personas que pudieran estar interesadas en venir aquí a trabajar», relata Sarriegi. En resumen: se hizo un ‘match’ entre las empresas de aquí y los perfiles que encontraron allí tras un proceso de selección virtual. Después, vino toda la tramitación. Y aunque han traído a algunas personas que ya trabajan en Gipuzkoa –otros todavía siguen en trámites–, desde Adegi inciden en que este proyecto experimental tenía como objetivo iniciar un camino para procedimentar qué se podían encontrar durante el proceso. «En este programa planteamos que, una vez que las personas vinieran aquí, tuvieran una formación un poco dual, mínimo dos meses, donde las empresas además se hacían cargo del alquiler de la vivienda o habitación durante ese periodo», cuenta. El segundo proyecto puesto en marcha desde Adegi ha estado centrado fundamentalmente en Colombia. Y aunque el procedimiento ha sido similar –la captación en origen a través de una consultora de aquí–, en esta ocasión el programa se ha impulsado en colaboración con el Gobierno Vasco, donde han participado también Cebek en Bizkaia, SEA en Álava y Confebask. Además, esta vez el foco lo pusieron en titulados universitarios y de grado superior en FP, con perfiles de «alta cualificación» y centrados, sobre todo, en el ámbito industrial. Uno de los inconvenientes que encuentran durante el proceso es la «lenta» tramitación, que suele alargarse mínimo 6 meses.  El otro gran inconveniente, según señala, es la vivienda y su carestía en Gipuzkoa.

El acuerdo sellado la semana pasada entre el Gobierno central y el vasco allana el camino para superar esta barrera al crecimiento, pues en los próximos cinco años Euskadi dispondrá de 5.200 megavatios adicionales de potencia. Se trata de una «inversión sin precedentes» en las redes del territorio, según subrayó el consejero de Industria, Mikel Jauregi, que supone un 40% más de capacidad respecto a la actual. Sin embargo, este refuerzo solo permitirá dar salida a los 117 proyectos industriales que llevan meses en espera y no abrirá, al menos por ahora, la puerta a nuevas implantaciones extranjeras. Lakua estima que esta inyección de capacidad –el 15% de la liberada en el conjunto de España– permitirá salvar cerca de 70.000 empleos que pendían de un hilo si no se actuaba de forma urgente. Las 24 subestaciones en las que el Ministerio para la Transición Ecológica pretende actuar, de las que cuatro serán de nueva construcción, supone un auténtico balón de oxígeno para un sector al límite. Las eléctricas, de hecho, ya constataron la semana pasada que el 100% de los nudos de Bizkaia y Álava están saturados, mientras en Gipuzkoa apenas queda libre un 2%. El aumento de capacidad de conexión eléctrica no solo acelera la descarbonización, sino que evita que Euskadi quede atrapada por el corsé de unas exigencias europeas –enmarcadas dentro del ‘Clean Industrial Deal’– que avanzan más rápido que las infraestructuras. La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) destaca que la imposibilidad de acceder a una toma de corriente ha golpeado con especial crudeza a las fábricas que dependen de hornos de gas, ya que las directrices comunitarias exigen sustituirlos progresivamente por una alternativa más limpia. Aunque otras grandes firmas como ArcelorMittal han podido anticiparse, la realidad es que sin un refuerzo sostenido de la red ni siquiera podrán plantearse desplegar todo su potencial inversor. Es por ello que, ante la previsión del Gobierno vasco de que el sector necesitará el doble de la potencia de la comprometida, la FVEM insta a las instituciones a «ponerse las pilas».

Por muchos megavatios que el Gobierno central se comprometa a inyectar a Euskadi, aunque se reformen una veintena de subestaciones y pese a que se aprueben los cambios legislativos necesarios para liberar potencia de forma inmediata, sin un sistema de redes robusto y fiable, capaz de trasladar la energía desde los generadores hasta los grandes consumidores industriales, todo ese esfuerzo quedará en papel mojado. Para que eso sea posible, las eléctricas deben estar dispuestas a colaborar. Y por el momento, en plena disputa con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el porcentaje de retribución a las inversiones en redes, parece que no lo están. El problema radica en que el supervisor ha propuesto aumentar ese porcentaje del 5,58% actual al 6,46%. Un nivel que las eléctricas consideran insuficiente para la recuperación de sus desembolsos. Aelec, la patronal que agrupa a Endesa e Iberdrola, reclama elevarlo al 7,5%, en línea con la media europea. Las eléctricas llevan tiempo advirtiendo de que, sin incentivos atractivos, destinarán su dinero a otros mercados. Iberdrola es el ejemplo más claro: ha volcado su expansión en Reino Unido y Estados Unidos, donde concentrará el 65% de sus inversiones, frente al escaso 15% que reservará para la península ibérica. 

La colaboración entre grandes empresas y pymes se ha revelado un instrumento muy eficaz para avanzar en los procesos innovadores de la economía en una práctica que se conoce como innovación abierta y que hace referencia a que una firma decide reforzar su departamento de I+D con conocimientos procedentes de fuera de la organización, bien sea un centro de investigación, la universidad o el ecosistema de startups. Este último ámbito es en el que se centra la plataforma Bind impulsada por el Gobierno Vasco, que busca facilitar el acceso de estos negocios emergentes de fuerte base tecnológica al tejido económico de Euskadi a través de su cooperación en proyectos de empresas más consolidadas. La directora de Emprendimiento e Internacionalización del Gobierno Vasco, Ane de Ariño, explica que esta iniciativa parte del entorno institucional, en concreto del departamento vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, para “posicionar a Euskadi como un hub internacional de emprendimiento e innovación industrial avanzado”. Pero añade que el programa se diseña teniendo muy presente al tejido empresarial, al que el Ejecutivo vasco invita a participar porque sin conocer sus necesidades la plataforma perdería un alto grado de su eficacia.

Cesce, la compañía participada por el Estado que concede seguros de crédito a la exportación, lleva tiempo notando un fuerte incremento de la demanda. Así lo explica su presidente ejecutivo, Pablo de Ramón-Laca. Este Economista del Estado ha sido Director General del Tesoro y Política Financiera y ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional, pero sus estudios de Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford le dan una perspectiva más global al análisis sobre la situación actual. Reconoce que el acuerdo arancelario entre la UE y EE UU «no es el que queríamos», pero reivindica la certidumbre que genera y destaca la buena situación de las empresas para buscar nuevos mercados. "...Ya hay una cierta desviación del comercio. Es cierto que la relación comercial con Estados Unidos es muy importante, todos los días cruzan el océano 4.500 millones de euros, pero nuestras empresas han ganado una gran capacidad para exportar en los últimos 15 años...– ¿A qué países se han incrementado la ventas? – Sobre todo a Latinoamérica, al norte de África y en Asia, en particular, a China. Pero también dentro de Europa. Y, en este punto, debemos ser conscientes de que tenemos mucho trabajo que hacer en la UE para reducir los aranceles internos. Compartimos una divisa, sí, pero todavía hay muchísimas barreras no arancelarias...El acuerdo con EE.UU no es el que hubiera querido la mayoría, pero reduce mucha incertidumbre. Es el primer paso, además, soy optimista por la situación de las empresas en España. Han reducido mucho la deuda estos años y han hecho muchos ajustes. Están en condiciones de invertir y tienen capacidad de internacionalizarse. Hay ahora una oportunidad muy importante con el acuerdo alcanzado con los países de Mercosur. Hay nuevos mercados y ahí está Cesce, para explorar esos destinos. Hace falta más apoyo público para cubrir los riesgos de la internacionalización. Ese es nuestro papel..."

La tarea de reindustrializar Europa es más complicada de lo que parece. Después de décadas de trasladar la producción a otras partes del mundo, el continente hace frente al desafío de revertir esa tendencia y fortalecer su base industrial. Lo que antes fue un simple objetivo de crecimiento económico, ahora está ligado a la transición energética y la competitividad mundial. La crisis climática y la necesidad de reducir la dependencia exterior (tanto en materias primas como en energía) han exacerbado el desafío. Como respuesta, la Unión Europea (UE) ha lanzado el Pacto Verde Industrial (European Green Deal), con el que busca convertir el reto de la descarbonización en una oportunidad de crecimiento. “Defender ese modelo social y el papel de Europa en el mundo pasa, necesariamente, por la industria y por la energía que la sostiene”, dijo David González, socio sénior de McKinsey & Company. El problema es que, salvo la farmacéutica —que ha sido objeto de fricciones comerciales con EE UU en la guerra arancelaria—, la mayor parte de las industrias europeas llevan dos décadas en declive, aseguró. “Sectores intensivos en energía registran caídas anuales del 4% en su gross value added [valor añadido bruto]”, agregó el especialista en un encuentro organizado por EL PAÍS y McKinsey & Company, como parte de la iniciativa de Industria y Transición Energética para Iberia (IETI, por sus siglas en inglés). “No es un fenómeno coyuntural, sino una tendencia prolongada durante los últimos 20 años. La conclusión es clara: si no conectamos tres eslabones, modelo social, industria y energía, no estamos viendo la foto completa”, recalcó en el encuentro La transición energética: clave para la reindustrialización sostenible y el liderazgo de España en Europa.

El ascensor era un lujo y ahora es un derecho universal». Así lo resume Joseba Muguerza, gerente de la firma donostiarra que lleva su apellido, una empresa nacida en 1922 y que hoy, más de un siglo después, continúa elevando a generaciones enteras. «Cuando se fundó la compañía, los ascensores se instalaban en palacios o edificios singulares, no eran de uso común. Ahora forman parte de la vida cotidiana, de la movilidad de todos», recuerda. La historia comenzó cuando la primera generación aprendió el oficio de ascensorista en una firma suiza y decidió emprender por cuenta propia. Hoy, Muguerza representa la cuarta generación al frente de una empresa que ha sabido conservar su carácter local sin renunciar a crecer. Ese equilibrio entre tradición y modernidad se plasmó en 2021, cuando firmaron una alianza con la multinacional finlandesa Kone, que cuenta con más de 60.000 trabajadores en todo el mundo. «Seguimos siendo una empresa independiente, pero nos beneficiamos de las inercias de una compañía de semejante tamaño: la innovación, la tecnología, la capacidad de desarrollar productos punteros…», señala. Esa cooperación les ha permitido incorporar avances que hace poco parecían ciencia ficción: ascensores conectados a la nube capaces de autodiagnosticarse, sistemas de inteligencia artificial que detectan averías antes de que ocurran, modelos que se desplazan a 1,75 metros por segundo con el mismo consumo energético que los antiguos. «Nuestro objetivo es maximizar el tiempo de uso. Que, si hay una avería, el técnico llegue antes incluso de que el problema se manifieste», explica el gerente.

Begoña Pedrosa (Areatza, 1975) afronta su segundo curso académico como consejera de Educación tras una legislatura como viceconsejera. En este arranque de año escolar ha puesto el foco sobre la segregación. Bajo el lema ‘Eskola Bikaina Denontzat’ (Una escuela excelente para todos), ha constituido una mesa de trabajo con más de 50 agentes para abordar esta problemática. "El objetivo es activar una reflexión con una visión global y construir entre todos la escuela del futuro de Euskadi. Esa es nuestra ambición con esta mesa que pone en el centro la equidad, la calidad y el bienestar. Euskadi es cada vez más diversa y eso se refleja en los centros educativos. Y eso conlleva tomar decisiones de calado...Creo que la comunidad educativa está abierta a la reflexión. Puede haber dudas, quizás en algún momento algún agente ha dicho que no está de acuerdo con una u otra medida. Pero existe esa voluntad de trabajar en la mesa. Habrá momentos en que no tengamos la misma visión todos, pero ocurre en cualquier situación de reflexión...La mejora global es clara. Estamos trabajando para abordar todos los niveles, pero vemos que mejora la excelencia en algunas competencias. El objetivo es claro: mejorar la comprensión, tanto en euskera como en castellano, matemáticas y ciencias. Y luego hay un elemento importante, y es el bienestar emocional del alumnado. Estamos abordando los retos que tiene cualquier sistema educativo que haya pasado por una pandemia que ha dejado huella...Es muy difícil comparar comunidades autónomas. Nosotros tenemos una singularidad. Tenemos claro que el euskera ha aportado oportunidades y progreso para cualquier ciudadano. Es un proyecto singular, único. La sociedad vasca tiene que sentir orgullo de poder decir que cada vez más familias eligen el euskera como lengua de aprendizaje. Pero hay otras que no, y también hay que dotarlas de los recursos que necesitan. Lo que más determina los resultados, y eso lo sabemos por datos históricos, es el índice socioeconómico de las familias. Ahí es donde hay que poner más recursos..."

Los hijos de inmigrantes nacidos en España enfrentan una de las tasas de paro más altas de la sociedad, cerca de un 20%, lo que deriva de los altos índices de abandono escolar o su escaso éxito académico. Es más, sólo cuatro de cada 10 obtienen un título correspondiente a la educación secundaria obligatoria, lo que les aboca a un «riesgo» de exclusión social. Así se desprende del análisis Inmigración y mercado de trabajo en España, publicado por el Real Instituto Elcano. El estudio refleja el bajo nivel educativo de los inmigrantes de segunda generación y de la generación 1,5 (nacidos fuera de España que se vinieron a vivir siendo menores): sólo el 25% de ellos ha obtenido el título universitario y ni siquiera la mitad (39,1%) obtiene un título correspondiente a la educación secundaria obligatoria. Uno de cada tres (33%) abandona el colegio antes de tiempo. «Estamos en una situación de riesgo de que las segundas generaciones de inmigrantes no se integren en el mercado laboral. Y sin integración en el mercado laboral no hay integración social», advierte Carmen González Enríquez, investigadora principal del Real Instituto Elcano y coautora del estudio. Mientras propios y extraños azuzan el debate de la inmigración como ariete político, las encuestas que viene publicando este diario revelan que se extiende entre un segmento holgado de la sociedad –el 63,6% de los votantes, según el último sondeo de Sigma Dos– la percepción de que existe un problema de integración entre las personas migrantes. 

La inteligencia artificial (IA) ya no es el futuro, es el presente y nos está cambiando”, con estas palabras arrancaba H. E. Yao Jing, embajador de China en España, el Foro de Talento China-Europa, organizado este jueves por Adecco Group en Madrid en torno a la última revolución tecnológica. Según el presidente del gigante suizo de los recursos humanos, “el 40% de las profesiones van a transformarse, lo que no es un gran problema si capacitamos a los trabajadores”. Jean-Christophe Deslarzes indicó que de las encuestas realizadas por la compañía se desprende que los empleados se están acostumbrando al uso de la tecnología y ya no se preocupan tanto como antes por el impacto que pueda tener en su futuro profesional. En cualquier caso, el ejecutivo hizo un llamamiento a los gobiernos, las empresas y los propios trabajadores para desarrollar las habilidades necesarias para la adaptación a la IA. Porque, de momento, sólo el 10% de las empresas globales están preparadas para el futuro.

Nvidia, el gigante estadounidense de los chips para inteligencia artificial (IA), se ha convertido este año en la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil gracias a la euforia que viven los mercados con esta nueva tecnología y la esperada revolución que causará en los próximos años. El grupo es la referencia para la industria, aunque también hay quien habla de una nueva burbuja. En cualquier caso, esta posición ha llevado a la empresa dirigida por Jensen Huang a convertirse en un pilar central de la industria tecnológica. Desde ese lugar ha protagonizado algunas de las operaciones corporativas más espectaculares de los últimos años, tanto por volumen como por trascendencia para la reconfiguración del propio sector. Esta misma semana, Nvidia provocó un gran terremoto al anunciar una alianza estratégica con OpenAI, la start-up más valiosa del mundo gracias al éxito de ChatGPT. El movimiento lleva aparejado el compromiso de invertir 100.000 millones de dólares (más de 85.000 millones de euros) en la compañía de Sam Altman para el impulso de sus infraestructuras y servicios de IA.

Apenas pasaron 96 horas entre los dos anuncios de Nvidia que provocaron un terremoto en el sector tecnológico. Con tan solo cuatro días de diferencia, la compañía dirigida por Jensen Huang informó de dos inversiones por alrededor de 90.000 millones de euros (105.000 millones en dólares al cambio actual). Es una cifra que supone casi una cuarta parte del presupuesto total del Gobierno de España para este 2025 (380.000 millones). Dos pactos, tres nombres y un objetivo: «seguir siendo el rey», como la ranchera que escribió el mexicano José Alfredo Jiménez. Sin mucho eco ni repercusión, el equipo financiero de Nvidia ha ido destinando ‘pequeñas’ partidas –calculadas en millones– a diferentes compañías, algunas de ellas creadoras de modelos de inteligencia artificial y otras proveedoras de la nube. Una inversión que vuelve a las arcas de la compañía con sede en Santa Clara (California, Estados Unidos), porque todas estas empresas usan ese capital para comprar las unidades de procesamiento gráfico de Nvidia. En 2024, el fabricante de chips participó en más de 50 acuerdos de inversión, según datos de PitchBook. Este ejercicio, el secretismo de las inversiones se ha reducido, al igual que la magnitud de las operaciones. Con dos golpes de talonario –4.250 millones en Intel y 85.000 en OpenAI–, la creadora de ChatGPT ha borrado cualquier registro en sus operaciones empresariales, pero su objetivo se mantiene invariable: «seguir siendo el rey».

Microsoft ‘jubilará’ finalmente Windows 10 el próximo 14 de octubre. La empresa dejará de dar soporte al sistema operativo lanzado hace más de diez años. Un detalle aparentemente anecdótico, pero que supone un seísmo para el mundo de los ordenadores con un notable impacto en España, donde más de la mitad de los usuarios aún continúa utilizando este viejo sistema operativo. Concretamente, según los últimos datos de Statcunter, en España el 49,6% de los ordenadores sigue usando Windows 10, casi cuatro años después de que Microsoft pusiera en el mercado Windows 11. La decisión de la tecnológica de terminar con el soporte de la versión anterior no impide de hecho que se siga usando esta configuración, pero sí lo vuelve mucho más peligroso, ya que dejará de haber nuevos parches cuando se detecten, por ejemplo, vulnerabilidades de seguridad. Con el tiempo, también es posible que dejen de funcionar algunas aplicaciones, ya que las próximas versiones se desarrollarán teniendo en cuenta Windows 11, pero no será inmediato. España es más un reflejo que una excepción de la situación en el globo. De los 1.400 millones de dispositivos que Microsoft calcula que hay activos en el mundo, alrededor de 708,4 millones funcionan con Windows 11, pero los 600,6 millones restantes, un 42,6%, lo hacen aún bajo Windows 10. En Europa, solo diez países tienen una mayoría de ordenadores actualizados, dos datos que anticipan retos de cara a renovar la base de equipos en administraciones públicas, empresas y hogares. El nuevo sistema operativo ofrece más seguridad, nuevas funciones y, sobre todo, está más orientado a exprimir el rendimiento del dispositivo en la era de la inteligencia artificial (IA) y la nube.

Dicen quienes les rodean que siempre han presumido de una relación «cordial» y «respetuosa», que ahora se enfrenta a una auténtica prueba de fuego para mantenerse a flote. El presidente de BBVA, Carlos Torres (Salamanca, 1966), y el del Banco Sabadell, Josep Oliu (Sabadell, 1949), han sabido mantener las formas en las pocas ocasiones en las que han coincidido en público desde que el 9 de mayo de 2024 la entidad vasca dinamitase el mapa bancario español con su opa hostil sobre la catalana. Era el nuevo intento de Torres por fusionarse con Sabadell en cuatro años, desde que en 2020 ambos bancos rompieron negociaciones por desacuerdos en la ecuación de canje. Aquel momento, que parecía un punto y seguido en la relación de los dos banqueros, se transformó en una brecha casi insalvable el pasado año, tras la filtración del nuevo acercamiento que precipitó el lanzamiento de la opa hostil, en un momento crítico, antes de las elecciones a la Generalitat de Cataluña. «No diría que me sentí engañado; esa filtración ocurrió», defendía el presidente de BBVA en una reciente entrevista, cuando se le preguntaba por su relación con Oliu, quien sigue manteniendo en público que aquella información adelantada por la cadena británica Sky News no partió, precisamente, del banco que él preside.

La mejora del 10% en la oferta de BBVA a los accionistas del Sabadell –a los que ahora ofrece una acción nueva por cada 4,8376 de la catalana– ha disparado las quinielas sobre si esa subida será suficiente para alcanzar el objetivo de aceptación del 50% y evitar el lanzamiento de una segunda opa que complicaría mucho la situación. Con ese telón de fondo, ambas entidades han acelerado su presencia en medios y reuniones con todo tipo de inversores, con viajes a la City de Londres para verse también con los grandes fondos. Para muchos, ellos serán los que decidirán la opa. Para otros, los minoristas son el actor determinante, al representar actualmente en torno al 47% del capital del Sabadell. La cifra se desconoce a ciencia cierta, pero los cálculos de firmas como Barclays apuntan en esa dirección. «La principal incertidumbre reside en estos minoristas, que podrían haber bajado su participación ante la drástica revalorización de la acción del Sabadell», apuntan los expertos, que consideran que la neutralidad fiscal que BBVA ha introducido en su nueva oferta es ahora el principal atractivo para ellos, aunque solo lo conseguirán si la aceptación supera el 50%. Consciente de que ese objetivo es harto complicado, Sabadell se está esmerando en reclutar a este colectivo, muy ligado a la entidad catalana no solo como accionistas, sino también como clientes. De hecho, aún estiman que los particulares con títulos depositados en el banco –que representan el 80% de sus clientes ‘retail’ y casi la mitad del capital– «es del 0,0%».

"La revisión del INE confirma el tirón de la economía española, con un PIB que se sitúa ya un 9,3% por encima de los registros anteriores a la pandemia, ampliando la ventaja con relación a las otras grandes economías de nuestro entorno. El PIB de la eurozona ha crecido 3,3 puntos menos que el español, y los indicadores más recientes apuntan a una atonía persistente tanto en Alemania como en Francia. Frente a una cierta continuidad de las grandes magnitudes, también aparecen dos importantes puntos de inflexión, así como alguna sorpresa del lado de la inversión. En primer lugar, el sector exterior ya no juega el papel prominente que tuvo en el inicio del ciclo expansivo. Su aportación al crecimiento está siendo negativa en lo que va de año, y el contexto de guerra comercial, caracterizado por continuos vaivenes de la Administración de Trump, no despeja el horizonte. Pese a todo, la situación de nuestro comercio exterior no difiere mucho de la del resto de Europa, lo cual no está mal habida cuenta del diferencial de crecimiento: habitualmente un ciclo expansivo como el que vive la economía española se acompaña de un deterioro de la balanza comercial con relación a las economías más estancadas, una circunstancia que no se está constatando en esta ocasión. En segundo lugar, la demanda interna ha tomado el relevo del sector exterior, si bien con cambios relevantes en su composición. El consumo de las administraciones pierde tracción, lastrado por las sucesivas prórrogas presupuestarias, y todo apunta a que esta situación persistirá en el corto plazo, con la posible salvedad del gasto en defensa. En contraposición, se afianza el ciclo de consumo privado y de inversión en construcción, en consonancia con la creación de empleo, la revitalización de la oferta de vivienda y, probablemente, el desembolso de fondos europeos, evidenciado por el auge de la inversión no residencial, es decir, en infraestructuras y otras edificaciones..."

En Europa hay un serio problema residencial y parece que ya nadie se atreve a cuestionarlo. La Comisión de Vivienda del Parlamento Europeo dio un paso inédito este jueves al presentar un informe que intenta poner algo de luz sobre la crisis habitacional que asola a los países comunitarios. El documento, a cargo del eurodiputado popular Borja Giménez, fía los arreglos al libre mercado y ya ha recibido duras críticas del ala socialdemócrata y de la izquierda, lo que refleja que, aunque la mayoría de grupos compartan el diagnóstico, las opiniones sobre su origen y cómo abordarlo siguen divididas. Todas esas diferencias se plasmarán en enmiendas que, en función de la correlación de fuerzas, balancearán el borrador inicial. La idea es que el texto final esté listo a finales de año y llegue a la Comisión Europea, ya sea en forma de simples recomendaciones o de directrices y planes de inversión. A la espera de ese debate, el mensaje que dejan tanto las instituciones europeas como el documento preliminar es claro: en Europa “existe una crisis de vivienda” que se ceba con “los jóvenes”, “las clases medias” y, especialmente, “los hogares de ingresos bajos”. Otra cosa es cómo encararla.

Rusia ha intensificado su guerra híbrida contra Occidente con sabotajes, ciberataques e incursiones aéreas sobre países de la OTAN, como Polonia, Estonia y Rumania. La Unión Europea y la Alianza Atlántica alertan de un repunte de estas operaciones, destinadas a debilitar la seguridad y dividir a Europa y a sus ciudadanos. Documentos confidenciales de las instituciones comunitarias a los que ha accedido EL PAÍS alertan de un “incremento” de las actividades de hostigamiento de Moscú, sobre todo desde las elecciones europeas de 2024. Rusia calienta su guerra híbrida contra Occidente. Moscú ha intensificado sus ataques, sabotajes, agresiones informáticas, actos de interferencia política, asaltos a infraestructuras críticas e incursiones en el espacio aéreo europeo, como las últimas con drones sobre Polonia y cazas sobre Estonia. Esas son tácticas habituales para el Kremlin, que mezcla herramientas convencionales con otras que no lo son en absoluto. Pero cuando su guerra contra Ucrania va camino de su cuarto aniversario, oficiales de la OTAN y la UE advierten de que el presidente Vladímir Putin pretende socavar la seguridad europea, minar a los aliados de Kiev, agujerear la confianza ciudadana en las instituciones, generar división y poner a prueba los cimientos de la democracia.