20250307

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

La producción industrial de Euskadi continuó plana en el mes de enero, con un descenso del 0,3% respecto al mes anterior, pero proporciona mejores noticias desde otros enfoques. Así, en tasa interanual, la mejora fue del 1,7% gracias a sobre todo al incremento en todo lo relativo a los bienes de equipo. Los datos que dio a conocer ayer Eustat reflejan la distinta evolución de los distintos sectores de la industria vasca, también en el último año. De esta manera, la producción en bienes de equipo, donde se encuadran la fabricación de vehículos de motor, la construcción de locomotoras y material ferroviario y la construcción aeronáutica o naval, ha aumentado un 6,6% con respecto a enero del año anterior. El devenir ha sido distinto en la industria de bienes de consumo. En términos generales, la producción en toda esta categoría presenta un comportamiento interanual positivo en enero de 2025, con un aumento de la producción del 2,3% para el conjunto del sector. A partir de ahí, existen diferencias, puesto que el comportamiento es distinto. La producción de los bienes de consumo no duradero ha ascendido un 5,4%, mientras que la de los bienes de consumo duradero ha retrocedido un 9,3% respecto al primer mes del año pasado.

En un momento en el que la industria europea atraviesa por serias dificultades y los diferentes organismos tanto continentales como autonómicos han puesto en marcha planes de acción para la defensa de la industria, las fábricas guipuzcoanas y vascas arrancan el año con fuerza. La producción industrial subió un 4% en Gipuzkoa en enero en comparación con el mismo mes de 2024, e impulsa también a Euskadi a iniciar el año con números verdes al registrar un crecimiento del 1,7%. La actividad manufacturera crece un leve 0,5% en Bizkaia, mientras que en Álava baja un 0,2%. Hay que remontarse a diciembre de 2023 para encontrar un crecimiento superior de la producción industrial guipuzcoana, cuando presentó un alza del 4,9%. La fuerte base industrial con la que cuenta Euskadi parece mitigar, de momento, el parón que vive Europa sobre todo en el sector de la automoción. De hecho, la producción en Bienes de Equipo, donde se encuadran la fabricación de vehículos de motor, la máquina herramienta, la construcción de locomotoras y material ferroviario y la construcción aeronáutica o naval, ha aumentado un 6,6% en el País Vasco con respecto a enero del año anterior. La producción en Bienes de consumo también presenta un comportamiento interanual positivo en enero, con un aumento de la producción del 2,3% para el conjunto del sector. Mientras tanto, los Bienes intermedios, donde se incluyen la metalurgia y fabricación de productos metálicos, la industria química y la fabricación de productos de caucho y plástico, registra un tímido ascenso del 0,3%. Por último, la producción de la Energía ha disminuido un 8,7%.

Astilleros Balenciaga salva su futuro. Cofides –la sociedad para la financiación estatal– ha aceptado rebajar la deuda de Astilleros Balenciaga de 15 a 8,5 millones en un movimiento aceptado por el administrador concursal, lo que supone desbloquear la operación para evitar el ERE de extinción y permitir la entrada de nuevos inversores que garanticen la viabilidad de la compañía guipuzcoana. El administrador concursal ha dado luz verde a que Cofides acepte rebajar el pasivo de Balenciaga de 15 millones –12 millones más 3 de intereses– a 8,5. Una rebaja que permite ahora vislumbrar el futuro con optimismo. La centenaria firma de Costa Urola, en concurso de acreedores desde el mes de noviembre, tiene hasta el próximo 31 de marzo para encontrar un agente que se encargue de la deuda. Una deuda que ya no es tan abultada. Fuentes conocedoras del caso otorgan una gran importancia a este paso, que llega tras muchas semanas de intensas negociaciones entre distintos actores políticos e institucionales del Gobierno Vasco y también del Gobierno central. De hecho, hace dos días se produjo una reunión en Madrid entre el consejero de Industria, Mikel Jauregi, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la que ambas partes enfocaron sus esfuerzos en encontrar una solución para no abocar a la histórica empresa guipuzcoana a un cierre que resultaría dramático para la localidad, la comarca y el futuro de muchas familias. Finalmente, tras meses de incertidumbre, los trabajadores del astillero zumaiarra –cuenta con una plantilla de 71 personas aunque genera más de 600 empleos indirectos– pueden respirar con alivio y ahora confían en la llegada de nuevos inversores –hay dos muy interesados– para garantizar la viabilidad de la actividad del astillero.

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha recibido en el Parque Tecnológico de Álava a la vicepresidenta mundial de PepsiCo, Athina Kanioura. La responsable de Estrategia y Transformación de la multinacional de bebidas y alimentación se encuentra en Euskadi estos días para visitar las nuevas instalaciones de la compañía en el Parque Tecnológico, donde ha instalado parte de su Hub Digital Global. Jauregi y Kanioura han podido analizar las importantes inversiones realizadas por PepsiCo durante los últimos tres años para convertir su planta de Etxabarri-Ibiña en "cero emisiones". Esta planta productiva es una de las más importantes a nivel europeo con las que cuenta la multinacional americana. Además, ambos han conversado sobre la implantación de parte del Hub Digital Global de PepsiCo en el Parque Tecnológico y el impacto de la Inteligencia Artificial en la transformación del modelo de negocio de la compañía. El hub de Vitoria es parte del Hub Global Digital de PepsiCo y está especializado en Datos e Inteligencia Artificial, con equipos expertos en Ciencia de Datos, Ingeniería de Datos y Gobernanza del Dato, que proporcionan servicio a la compañía a nivel mundial. En total, el equipo de Estrategia y Transformación global de Vitoria-Gasteiz está formado por 81 empleados de 9 nacionalidades ubicados estratégicamente en el Parque Tecnológico de Álava.

Ingeteam negocia con el grupo cooperativo Irizar la compra de la fábrica de máquinas rotativas (motores y generadores) Alconza, ubicada en Berango (Vizcaya-sic-), y que lleva años en números rojos. Las negociaciones se dirigen a la adquisición de los activos –en especial la nave– de la compañía, y a “la integración de sus 80 trabajadores en la familia Ingeteam”, explican fuentes del grupo comprador. Alconza –que ha competido en el mercado con su próxima propietaria– protagonizó hace tres años un largo conflicto laboral por los despidos de 25 operarios tras varios ejercicios de pérdidas. La planta vivió 151 días de huelga. Según los últimos datos registrados, correspondientes a 2023, sus ventas fueron de 10,8 millones de euros, y sus pérdidas alcanzaron los 3,6. Irizar compró Alconza en 2013, pero no ha conseguido impulsar su negocio en este tiempo, pese a que renovó y modernizó la factoría. Ahora, Ingeteam quiere sumar la planta de Berango a sus otras fábricas de máquinas eléctricas rotativas en la localidad castellonense de Segorbe, en Milwaukee (EEUU) y en Beasáin (Guipúzcoa-sic-). Las cuatro fabrican motores y generadores, que Ingeteam destina a trenes, barcos y turbinas eólicas, entre otros sectores. “Confiamos en que la operación vaya a buen puerto: queremos cumplir compromisos y crecer con Alconza”, dicen en Ingeteam.

El reto cuantitativo de incorporar un número creciente de trabajadores extranjeros al mercado laboral lleva aparejado el desafío cualitativo de la eficacia –agilidad y rapidez– en la tramitación de los preceptivos permisos. Lo primero viene dado por el contexto internacional y el balance demográfico de Euskadi. Lo segundo corresponde al ámbito político y ahí el Gobierno Vasco celebró ayer el hito del traspaso de la competencia. La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, encargada de sellar el pacto con el ministro Ángel Víctor Torres, consideró que «en el actual contexto socioeconómico Euskadi necesita incorporar personas trabajadoras a sectores donde la demanda no está cubierta». Los extranjeros que soliciten un permiso laboral acudirán a la ventanilla vasca una vez que el acuerdo firmado ayer se despliegue en su totalidad. La transferencia se hará efectiva el 1 de julio, pero el desarrollo normativo se recogerá en un real decreto y los servicios –con sus funciones, personal y medios– serán trasladados de una administración a otra en un plazo de tres meses desde su publicación. Con todo, la previsión prudente sitúa al final del año la materialización concreta de ese expediente solicitado por un inmigrante que se dispone a trabajar en Euskadi. El consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, puso el énfasis en el hecho de que «vamos a poder agilizar la incorporación de personas extranjeras al mercado laboral». Incidió así en el factor cualitativo que responde al cuantitativo, y es que en 2024 se tramitaron en Euskadi –por parte del Estado– 13.000 expedientes, de los cuales se calcula que unos 7.000 correspondieron a permisos laborales y el resto hacían referencia a autorizaciones de residencia por razones de arraigo social, familiar o formativo.

La reforma fiscal en Euskadi está ya abocada al fracaso y ahora comienza otra fase política: la batalla por el relato, por desprenderse de cualquier culpa propia y endosársela al contrario. La primera muestra se evidenció ayer en San Sebastián, donde las tres diputadas forales de Hacienda protagonizaron una comparecencia del todo infrecuente para reivindicar las medidas que salvo sorpresa se irán por el sumidero y para hacer un llamamiento a la «responsabilidad» a todos los grupos de la oposición. Itxaso Berrojalbiz (Bizkaia), Itziar Gonzalo (Álava) e Itziar Agirre (Gipuzkoa), que pese a ser las impulsoras de la modificación impositiva apenas habían tenido voz en el debate público, dieron un paso adelante en defensa del proyecto en un momento crítico en el que todo parece destinado a un abrupto desenlace: EH Bildu condiciona cualquier entendimiento a una reforma «en profundidad» que aumente la recaudación y ha presentado su enmienda a la totalidad; el PP ha sido vetado por el PSE-EE aunque el PNV sigue apostando por hablar «con todos»; y Podemos no cambiará su negativa si no hay cambios «estructurales». Ante este escenario nada halagüeño, las tres diputadas forales de Hacienda quisieron, en primer lugar, espantar por ahora el fantasma de la retirada de la iniciativa. «Nadie se lo está planteando», afirmó de manera taxativa la vizcaína Berrojalbiz, si bien la guipuzcoana Agirre asumió que «cuando llegue el momento de las comisiones», habrá que «valorar en qué punto estamos». Por el momento, la tramitación «sigue adelante» en las tres Juntas Generales pese a que a día de hoy no tenga asegurados los apoyos suficientes ni en Álava ni en Gipuzkoa, donde PNV y PSE-EE no disponen de mayoría absoluta, a diferencia de Bizkaia.

El Gobierno central se remite oficialmente al resultado de las catas que se están practicando en la Sierra de Aralar para decidir si el tren de alta velocidad (TAV) conecta Euskadi con Navarra a través de Vitoria o de Ezkio Itsaso. Pero las declaraciones públicas y posicionamientos políticos de sus responsables en los últimos meses enfrían cada vez más la opción guipuzcoana. El ministro de Fomento, el socialista Óscar Puente, dijo en julio que la conexión a través de la capital alavesa es «la más plausible» y el Gabinete de Pedro Sánchez asegura ahora que «se albergan serias dudas acerca de la viabilidad» de la alternativa de Ezkio. «Este corredor atraviesa zonas de elevado valor ambiental y con hidrogeología muy compleja, incluyendo zonas kársticas», explica el Ejecutivo central en una respuesta remitida el miércoles al senador alavés de EH Bildu Josu Estarrona en relación con el estudio encargado para profundizar en el conocimiento sobre la alternativa que defienden desde Gipuzkoa. Esta nueva señal del Gobierno central coincide en el tiempo con la reapertura del debate sobre cuál es la solución idónea para conectar la ‘Y’ vasca con Pamplona. Hace dos semanas, el consejero de Turismo y próximo secretario general del PSE en Álava, Javier Hurtado, afirmó en una entrevista que «la conexión será por Vitoria o no será, es la mejor solución». 

«Llevamos veinte años diciendo que era imposible desarrollar un proyecto urbanístico si teníamos que reservar un 77% del suelo a la vivienda pública», sostiene Miguel Salaberri, director general de Jaureguizar. El plan de choque que el Gobierno vasco ha ideado con el objetivo de estimular la construcción, y que el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, anunció este miércoles en el ‘Fórum Europa’, ha sido recibido con satisfacción en un sector que desde hacía tiempo atribuía el «frenazo» de la edificación a los «elevados porcentajes exigidos de VPO». Una obligación que hacía que las promociones «no fueran rentables». La legislación vigente desde 4008 establece que las constructoras que trabajan en Euskadi tienen que reservar el 77% de los pisos a VPO y el 47% restante a vivienda libre en suelos urbanizables. Sin embargo, la ley de medidas urgentes que el Gobierno vasco registrará en las próximas semanas en el Parlamento para su posterior aprobación, pretende impulsar la construcción rebajando precisamente esas exigencias hasta el 80%. El objetivo es reactivar los proyectos residenciales que los promotores no consideraban hasta ahora rentables. La medida que permitirá al sector levantar más vivienda libre ha sido calificada de «positiva» por los profesionales. «Es importante porque pone el foco en la escasez de la oferta. Rebajar el porcentaje puede ser un factor para propiciar más VPO. La finalidad no es tener un porcentaje teórico, sino que se levanten más pisos», dice Iñaki Urresti, secretario de la Asociación de Promotores y Constructores de Bizkaia. Los promotores privados, que construyen el 70% de la vivienda protegida de Euskadi, ven con buenos ojos que se rebajen las exigencias de VPO que están obligados a construir según la Ley del Suelo, pero lo que realmente aplauden es que la Administración pública vaya a aunar esfuerzos para agilizar los permisos y trámites urbanísticos.

1.800 millones de euros. Ese es el impacto que tienen los concesionarios vascos en la economía vasca, que además dan trabajo a 21.300 personas. Estas dos cifras se desprenden del informe ‘Impacto de los concesionarios de automoción sobre la economía española’, elaborado por la consultora Atrevia y presentado en el Congreso anual de Faconauto. El estudio pone de manifiesto el «efecto multiplicador» del sector en la economía vasca. El impacto directo, derivado de la actividad propia de los concesionarios, asciende a 1.454 millones de euros, incluyendo ingresos por ventas, salarios e inversiones operativas. A esta cifra se suman 178 millones de euros en impacto indirecto, generado por la relación con sectores como el financiero, asegurador o energético, y 171 millones en impacto inducido, resultado del consumo derivado del empleo y la actividad del sector. Por lo tanto, Faconauto cifra en más de 1.800 millones el impacto del sector de los concesionarios vascos en la economía de Euskadi. Además, añade que, en términos de empleo, los concesionarios continúan siendo una «fuente de trabajo estable y cualificado» en el País Vasco, con 6.892 empleos directos y 14.445 indirectos. Además, los salarios en el sector son un 15% superiores a la media estatal, lo que refuerza «su atractivo como empleador».

No hay funcionarios que quieran ir a trabajar al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) por la fuerte carga de trabajo que tienen que afrontar al haberse ido incrementando en estos últimos tiempos las ayudas y gestiones que tiene que resolver, al igual que ocurre en la Seguridad Social. Más concretamente, la carga de trabajo en el SEPE aumentó más de un 30% en el último mes como consecuencia de las nuevas ayudas que gestiona –derivadas de la última reforma del nivel asistencial–, según denunció ayer CSIF. Además, desde el pasado noviembre colabora con la Seguridad Social en el ‘tránsito’ al Ingreso Mínimo Vital de las personas que han agotado los subsidios y rentas activas de inserción. Por esta razón, CSIF reclamó a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz –aprovechando su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de sus líneas de actuación–, que lance una nueva oferta de empleo público «extraordinaria y específica» para incorporar 2.500 efectivos al SEPE de manera estructural. La organización liderada por Miguel Borra denuncia las dificultades de la plantilla del SEPE para afrontar la gestión de la cita previa presencial, muy inferior a la que se demanda a diario por parte de los usuarios. En este sentido, CSIF envió ayer a los grupos parlamentarios un informe de la situación del organismo público en el que refleja el «grave déficit» de personal del organismo y los problemas informáticos con aplicaciones de nueva implantación.

El salario medio anual nominal (sin descontarle el efecto de la inflación) lleva creciendo en España desde 2021, cuando arrancó la recuperación de la pandemia, según la estadística oficial del Instituto Nacional de Estadística. De hecho, la parte dedicada a las retribuciones del último Monitor Adecco, y que se basa en las cifras del INE, concreta que los sueldos medios llevan 15 trimestres consecutivos creciendo. Y sitúa la media al acabar 2024 en 1.987 euros mensuales, un 3,8% más que un año antes. No obstante, pese a la buena noticia que siempre supone que suban los salarios, esto no siempre se traduce en una mayor capacidad de compra para los trabajadores. Para ello se debe poner el sueldo en relación con lo que crecen los precios en el mismo periodo. Y es lo que hace el servicio de estudios de esta multinacional de recursos humanos, que concluye que, tras dos años descendiendo, el salario medio de España ganó 2,5 puntos de poder adquisitivo en el último trimestre de 2024. En términos monetarios, esto significa que un asalariado con la remuneración media ganaba 578 euros más al año a finales de 2024 que en 2022. Esa cantidad es un promedio para toda España, ya que territorialmente las ganancias o pérdidas de poder de compra son sumamente dispares. La mayoría de las comunidades se anotaron resultados positivos en mayor o menor medida, pero no fue el caso de Cantabria y Canarias. Los asalariados de estos territorios perdieron una media de su salario anual de 72 y 209 euros, respectivamente. Los mejores datos se registraron, por el contrario, en Baleares, donde sus empleados han visto aumentar su salario anual en 1.351 euros. En Madrid, la mejora anual de las retribuciones fue de 1.213 euros en el periodo bianual analizado. 

Entre 2022 y 2024, cuando la fuerte escalada inflacionista asoló a España y al resto del mundo, gran parte del debate en términos fiscales se movió alrededor de la deflactación del IRPF, una fórmula que consiste en ajustar los tramos del impuesto para evitar que el alza de los precios empuje a los contribuyentes a tributar por más dinero. El Gobierno defendió en todo momento –y todavía lo sigue haciendo– que era mejor optar por otros mecanismos para rebajar la factura de los ciudadanos, mientras que el PP insistió en las bondades de la deflactación para poner fin a lo que entendían como una subida de impuestos encubierta. Una vez que lo más duro de la crisis inflacionista parece haber amainado, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) ha calculado cuánto ahorrarían los contribuyentes españoles en 2025 si el Ministerio de Hacienda hubiera llevado a cabo esta medida en el tramo estatal del IRPF: la cifra oscila entre los 200 euros para rentas bajas y los 1.500 euros para las muy altas. Las simulaciones se extraen del Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2025, un documento que elabora anualmente el organismo especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España. El informe, presentado ayer, da cuenta de las últimas tendencias tributarias, muestra una radiografía precisa sobre cada uno de los territorios y ofrece, además, una serie de supuestos, como los efectos de la no deflactación.

Pese a que las previsiones oficiales y la de muchos otros observadores no prevén un traspié inmediato, estos últimos sí que alertan de algunos apartados que, pese a no salir hoy en la foto, podrían sumarse en el futuro y perjudicar el álbum a final de año. Según el último Informe económico y financiero de Esade, que proyecta una subida del 2,5% del PIB para 2025, la fragmentación política, el estancamiento productivo y los problemas en el acceso a la vivienda son tres luces rojas con capacidad para comprometer la favorable evolución la economía española. “El dibujo actual es optimista, aunque los desequilibrios estructurales se mantienen”, advirtió ayer durante la presentación del estudio Manuel Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide y senior fellow de EsadeEcPol, coautor del texto junto a Toni Roldán, director de EsadeEcPol, y Josep M. Comajuncosa, profesor de Esade. Los tres firmantes proyectan un aumento del PIB español para 2025 del 2,5%, impulsado por la demanda interna, los fondos Next Generation, la moderación de la inflación y la creación de empleo. El pronóstico, sin embargo, decae hasta un 1,9% en 2026 (en sintonía con las estimaciones del FMI), y un 1,7% en 2027. Todas estas cifras, como ha sucedido con las referentes a 2024, son superiores a las de otras economías avanzadas. En la primera parte del informe se aborda el previsible impacto negativo que tendrán las políticas económicas que está desplegando la Administración de Donald Trump. Roldán calificó la situación actual como “la mayor crisis en las relaciones trasatlánticas de los últimos 80 años”, y aseguró que en esta guerra arancelaria “en el largo plazo todo el mundo saldrá perdiendo”.

El pequeño comercio español se desliza desde hace años por una pendiente que se ha ido haciendo cada vez más pronunciada, diezmando sus filas. En los últimos doce meses han desaparecido 9.739 comercios en nuestro país, lo que significa que, de media, unos 26 negocios “han bajado la persiana cada día”, o, si se prefiere, 811 al mes. Así lo reflejan los cálculos de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), que advierte de que el pequeño comercio local español no atraviesa un bache coyuntural, sino que se enfrenta a un problema existencial. “Estamos viendo un cierre de comercios que no es solo consecuencia de factores económicos recientes, sino de un problema estructural”, señaló ayer la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, quien recordó que en los últimos cinco años las cifras de cierres han sido constantes y que el proceso de recuperación iniciado tras la pandemia no ha logrado frenar esa tendencia. Las causas de este continuado declive son múltiples. De un lado, la digitalización “desigual”, que beneficia a las empresas y plataformas más grandes y con más músculo financiero gracias a “su liberalización de los horarios” y a que cuentan con estructuras que refuerzan sus canales de venta online, con las que el pequeño comercio no puede competir. Y de otro, el continuado incremento de costes experimentado en los últimos años, con alzas de impuestos, de cotizaciones sociales, del salario mínimo interprofesional, lastres a los que en el futuro se añadirá la reducción de jornada sin merma salarial, que puede suponer la puntilla para muchos negocios. En uno de sus últimos informes, la Confederación Española de Comercio advertía de que el recorte de jornada costará hasta 3.866 millones de euros al sector.

2024 fue un buen año en términos de igualdad de género en las empresas cotizadas. Por primera vez, las 35 compañías que componen el indicador selectivo de la Bolsa española alcanzaron la paridad y colocaron a España en la lista de los seis países de Europa que logran el objetivo de diversidad del 40% marcado por la directiva comunitaria. Suman 444 miembros en sus órganos rectores, de los que 261 son mujeres, el 41,22% del total, tras un avance de 1,4 puntos en los últimos doce meses, según el XIII Informe de mujeres en los consejos de administración del Ibex, elaborado por la consultora de comunicación Atrevia y la escuela de negocios IESE Business School. En el resto de las compañías que componen el mercado continuo, 83 más, las consejeras han ocupado 256 asientos, el 33,51% del total, frente a los 508 sillones de los hombres. Esto arroja una media del 36,34% en el conjunto del mercado de valores, menos de cuatro puntos por debajo de las exigencias de la ley de paridad (que establece que haya al menos un 40% de representantes de cada sexo), aunque según Nuria Chinchilla, profesora de IESE, y Asunción Soriano, consejera delegada de Atrevia, de seguir la progresión actual será posible alcanzar el objetivo en junio del año próximo. Sin embargo, el avance femenino se explica fundamentalmente porque los puestos de los consejos de administración han aumentado. Sobre todo entre las compañías que no forman parte del Ibex, donde se incorporaron 26 asientos (25 ocupados por mujeres). En el selectivo fueron dos nuevos puestos y salieron cinco hombres, de manera que las mujeres ocuparon esas siete posiciones. En total, 56 empresas alcanzaron o superaron el umbral del equilibrio de género, del 40%, 25 del Ibex. 

Se acabó la etapa Pallete. Mes y medio después de ser nombrado –a propuesta del Gobierno– presidente de Telefónica, Marc Murtra revoluciona la estructura directiva en favor de cargos afines a Moncloa. Ha decidido destituir a los cercanos a su antecesor, José María Álvarez-Pallete, en un consejo extraordinario celebrado ayer. El primer paso ha sido la salida de Ángel Vilá, consejero delegado (CEO) desde 2017. Como gesto hacia sus 30 años en la firma, Murtra no se deshace de él por completo, y le deja vinculado a la empresa como asesor del presidente. En su lugar Murtra ha colocado como número dos a Emilio Gayo, hasta ahora presidente de Telefónica España, como reconocimiento a este ingeniero que ha solventado la caída de ingresos de la filial. En este baile de sillas, la responsabilidad de Telefónica España recaerá en Borja Ochoa, a quien Murtra ficha desde Indra –la compañía que presidía hasta hace dos meses– donde Ochoa ostentaba el puesto de director general de Defensa. La operadora, que ha convocado su junta general de accionistas para el 10 de abril, realiza una incorporación relevante a la cúpula directiva por lo que puede suponer a futuro. Se trata de Javier de Paz, designado nuevo presidente de Movistar+ en sustitución de Sergio Oslé. De Paz era secretario general de las Juventudes Socialistas y es íntimo amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, indican fuentes del sector. Pertenece al consejo de Telefónica desde 2007, donde entró en época de César Alierta para hacer de interlocutor entre la operadora y el Gobierno de Zapatero. Es además conocida su buena relación con el recién nombrado CEO, Emilio Gayo.

La presión pronuclear se ha disparado en España desde que, a finales del 2024, Red Eléctrica tuvo que desconectar a la gran industria varias horas en días sucesivos para equilibrar el sistema eléctrico, principalmente, al no contar con dos de los reactores de la central catalana de Ascó. «Marcó un antes y un después en la negociación entre el Gobierno y las dueñas del parque atómico», exponen fuentes conocedoras de los contactos. Iberdrola y Endesa mantienen un frente común para arrancarle a Sara Aagesen una moratoria, pero, como se ha encargado de recordar una y otra vez la vicepresidenta tercera, ninguna de ellas ha solicitado oficialmente la extensión de su vida útil. No es casualidad. Las grandes eléctricas buscan poner al Gobierno frente al espejo de su propio Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta a 2030 que fijó unos objetivos de renovables y almacenamiento para suplir a la nuclear, y que no está avanzando con la rapidez prevista. En su día, Red Eléctrica, la empresa pública que gestiona la red de alta tensión en España, acreditó que el PNIEC asegura la cobertura de la demanda, pero también alertó de que cualquier desviación del mismo comprometería «el nivel deseado de seguridad de suministro». Precisamente, a lo que están esperando las dueñas de las centrales es a que el Gobierno admita ese decalaje entre la realidad y los hitos del PNIEC. No sin motivo, los primeros ejecutivos de Iberdrola y Endesa han empezado a aderezar públicamente el debate nuclear con conceptos como la «seguridad nacional» o la «garantía de suministro», a los que no recurrían con tanta vehemencia hace apenas un año. Todo con el fin de llevar al Gobierno al límite de tener que admitir que el calendario de cierre (2027-2035) podría amenazar la estabilidad del sistema, o lo que es lo mismo, aumentar el riesgo de apagón.

El Banco Central Europeo (BCE) recortó ayer de nuevo los tipos de interés. Con un movimiento de 25 puntos básicos, la autoridad monetaria dejó el precio del dinero en el 2,5%, el nivel más bajo desde febrero de 2023, hace ya más de dos años. La apisonadora de tipos en la que se ha convertido el banco central no ha frenado todavía y acumula ya seis bajadas desde que iniciara el ciclo de relajación monetaria en junio del pasado año. Además, de esos seis recortes, cinco se han llevado a cabo de forma consecutiva reflejando una clara decisión de retirar la restricción monetaria. De hecho, la actual cota del 2,5% en el que se han dejado hoy los tipos de interés supone acercarse mucho a la al entorno en el que se encuentra la tasa neutral. Los propios expertos del BCE han señalado que en la horquilla entre el 1,75% y el 2,25% está ese nivel en el que la política monetaria ni enfría ni estimula la economía. La autoridad europea ha recalcado en numerosas ocasiones que esa tasa neutral está sujeta a un importante grado de incertidumbre y que no será la brújula que guíe las decisiones sobre sus tipos de interés. Pero lo cierto es que los primeros cambios ya se dejaron notar en el comunicado expedido ayer. El BCE decidió matizar la usual referencia a que su política monetaria es “restrictiva”, lo que quiere decir que considera que los tipos de interés podrían encontrarse ya prácticamente en una situación de cierto equilibrio para la economía.

El plan de Friedrich Merz de invertir “lo que sea necesario” para aumentar el gasto en defensa y reformar la infraestructura alemana está diseñado para fomentar el mayor estímulo económico desde la caída del Muro de Berlín. Aunque faltan por conocerse los detalles, el acuerdo histórico entre el próximo canciller y sus posibles socios de coalición, los socialdemócratas de centroizquierda, permite un endeudamiento potencialmente ilimitado para el gasto en defensa y crea un fondo de 500.000 millones de euros a 10 años para impulsar inversión en infraestructuras. Los economistas confían en que el plan, que tendrá que ser aprobado por una mayoría de dos tercios en el parlamento, pueda ofrecer hasta un billón de euros de préstamos adicionales durante la próxima década, una cantidad que representa más de un 20% de la producción económica total de Alemania. El plan podría reactivar la mayor economía de Europa después de años de estancamiento. “Esta es una muy buena noticia para la capacidad militar y también para el crecimiento económico”, manifestó Jens Südekum, (Universidad Heinrich Heine). El plan también rompe con más de dos décadas de conservadurismo fiscal e incrementaría el gasto público a un ritmo no visto desde la caída del Muro en 1989. Los economistas del Hamburg Commercial Bank anticipan un aumento en el nivel de deuda con respecto al PIB del 63% al 84%. “Tanto la velocidad a la que esto está sucediendo como la magnitud de las perspectivas de expansión fiscal recuerdan a la reunificación alemana”, opina Robin Winkler (Deutsche Bank). En los cinco años posteriores a la reunificación en octubre de 1990, el nivel de deuda alemana se disparó del 41% al 60% del PIB, cuando el país aumentó la inversión pública en la deteriorada infraestructura de la ex República Democrática Alemana.

La guerra comercial a la que Donald Trump quiere someter al mundo se mueve en el terreno de lo imprevisible y los constantes cambios de opinión. 48 horas después de que impusiera aranceles a las importaciones de productos mexicanos y canadienses en territorio estadounidense, el líder republicano volvió a rectificar ayer y concedió una prórroga de un mes –hasta el 2 de abril– a los bienes de ambos países, fecha en la que Trump ha amenazado con imponer un régimen global de aranceles recíprocos a todos los socios comerciales de Estados Unidos. El presidente estadounidense comunicó su decisión –que replica a la que tomó hace un mes– a través de la red social Truth, de la que es propietario. En un mensaje en el que no mencionó al presidente canadiense, Justin Trudeau, aplaudió la actitud de la líder mexicana, Claudia Sheinbaum. «Estamos trabajando juntos y muy duro en la frontera», aseguró en referencia a los 10.000 soldados que movilizó el país azteca a cambio de la primera prórroga a este impuesto. Mientras Sheinbaum ha logrado enderezar las relaciones con Trump, Trudeau ha mostrado una actitud más combativa al acusar al lider republicano de buscar el «colapso» de su país para lograr la «ansiada anexión» (Trump llegó a prometer en campaña que Canadá se convertiría en el Estado número 51). Con todo, el secretario de Comercio de EE UU, Howard Lutnick, adelantaba ayer que las puertas estaban abiertas también a una prórroga a sus vecinos del norte «dentro del Tratado de Libre Comercio». 

De los avisos de desaceleración económica a las primeras alarmas ante una inminente recesión en menos de una semana. Justo el tiempo que ha tardado Donald Trump en endurecer su retórica arancelaria e intensificar hasta niveles sin precedentes en este siglo la guerra comercial que puso en marcha hace un mes con las primeras tarifas del 10% a China, esta semana se ha intensificado con los aranceles del 25% a Canadá y México, y que en abril se extenderá al resto del mundo. Aunque el presidente de EEUU ha prometido “volver a hacer América rica otra vez” a costa de imponer aranceles al resto del mundo, las primeras señales de alarma apuntan directamente a la economía estadounidense. De hecho, la Reserva Federal de Atlanta acaba de publicar un demoledor informe en el que estima que ya es tarde para hablar de desaceleración en el PIB. Según sus cálculos, la mayor economía del mundo podría cerrar el primer trimestre del año con una contracción del 2,8% respecto a diciembre de 2024. Una parte de esta caída se debe al simple hecho de que “presumiblemente los consumidores estadounidenses adelantaron compras en anticipación de unos aranceles más altos”, según apunta Kevin Gordon, analista de Schwab. Y, por otra parte, es de esperar un fuerte descenso en las importaciones en marzo, una vez que ya han empezado a aplicarse los aranceles a Canadá y México, principales socios comerciales de Estados Unidos. Lo que Trump ha definido como “pequeñas turbulencias” a corto plazo le costará a cada hogar estadounidense 1.200 dólares este año, según cálculos de Peterson Institute for International Economics (PIIE). Y eso teniendo solo en cuenta los aranceles aplicados hasta ahora. Falta por ver el impacto todavía de los que entrarán en vigor a mediados de mes para el acero y el aluminio, además de los prometidos para abril al campo y las conocidas como tarifas recíprocas, que afectarán a todo el mundo.

La Unión Europea acordó ayer avanzar en un gran plan de rearme frente a la amenaza de Rusia, así como mantener el apoyo a Ucrania. La cumbre asumió las propuestas de la Comisión para movilizar hasta 800.000 millones de euros en gasto militar. Sin embargo, el primer ministro nacionalpopulista de Hungría, Viktor Orbán, se opuso al gran programa del bloque para blindar a Ucrania y crear una arquitectura de seguridad que pueda llegar a aportar misiones civiles y militares. Ante este veto, los otros 26 países acordaron seguir respaldando a Kiev y abrieron la puerta a poner tropas en el terreno, aunque sea dentro de una “coalición de voluntarios”. Pedro Sánchez anunció que España cumplirá su objetivo de destinar un 2% del PIB a defensa antes de 2029, cuando estaba previsto. La urgencia por el rearme es ahora. 

Mientras Donald Trump dinamita las políticas climáticas y energéticas de Estados Unidos, China refuerza su apuesta por la transición verde con nuevas iniciativas y más inversión. El miércoles, el primer ministro chino, Li Qiang, aseguró frente al legislativo que la segunda economía del planeta desarrollará en 2025 “proyectos de respuesta al cambio climático” y “asumirá un papel activo en la gobernanza global del medio ambiente”. Ante el impredecible inquilino de la Casa Blanca, Pekín mantiene inalteradas su hoja de ruta y su estrategia a largo plazo. Pese a que la República Popular sigue siendo el mayor emisor de dióxido de carbono (CO₂) del planeta en términos absolutos —que no per capita—, “continuar con las mejoras ambientales” es una de las prioridades que se ha fijado el Gobierno para este calendario. La lucha contra la crisis climática es, de hecho, uno de los principales puntos de cooperación con la Unión Europea. Li prometió durante la inauguración de la Asamblea Nacional Popular que su país trabajará este año “activamente y con sensatez” para alcanzar el pico de emisiones y la neutralidad de carbono, metas que se ha marcado para 2030 y 2060, respectivamente. La organización Carbon Brief calcula que las emisiones acumuladas de CO₂ de China ya han superado las del conjunto de la UE. Para lograr ese objetivo de neutralidad (llegar a emitir solo lo que puede ser absorbido con bosques y otros sumideros), Pekín debería empezar por reducir los niveles actuales de gases de efecto invernadero en al menos un 30% para 2035, según calcula Asia Society Policy Group.