20251010

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El grupo Sapa Placencia ha dado un salto histórico en su expansión industrial e internacional al sellar una alianza con la multinacional estadounidense General Dynamics para suministrar el sistema de transmisión de los vehículos blindados de nueva generación del ejército de Estados Unidos. Según ha podido saber este periódico, el acuerdo, valorado en cerca de 5.000 millones de euros para Sapa, convierte a la firma con sede en Andoain en la primera tecnológica española que introduce ingeniería propia en un gran programa de suministro del ejército de la primera potencia del mundo. Este hito, fruto de una apuesta sostenida en I+D y tecnología propia, sitúa a la compañía de la familia Aperribay como una referencia global en movilidad y gestión eléctrica avanzada para vehículos blindados. El programa forma parte del proyecto Next Gen, el plan más ambicioso de renovación de blindados que impulsa el Pentágono, con una producción prevista de unas 7.000 unidades y un horizonte de ejecución de alrededor de quince años. La tecnológica vasca ya está entregando los sistemas y ha superado de forma satisfactoria la fase de validación, mientras que la fabricación en serie arrancará en 2028. Aunque Sapa estima que su participación puede alcanzar los 5.000 millones, esta cifra se enmarca dentro de un programa mucho mayor, que el Departamento de Defensa estadounidense despliega en fases y con diferentes contratistas y relaciones contractuales. El salto al mercado norteamericano multiplicará también las cifras del grupo: Sapa, que cuenta con más de 300 proveedores locales, prevé aumentar su facturación de 110 millones de euros en 2026 a cerca de 800 millones en los próximos seis años, impulsada por los acuerdos en Estados Unidos y Europa. Con su sede central en Andoain y oficinas en Madrid, la compañía emplea a 360 personas en España, de las cuales un 30% se dedica a I+D. Su planta en Shelby, Michigan (EE UU), adquiere una relevancia estratégica, ya que la normativa estadounidense exige que la producción se realice dentro del país. 

Los aranceles de Trump al acero están poniendo en serias dificultades a Tubos Reunidos, que ha tomado la decisión de suspender temporalmente la actividad productiva en Estados Unidos, donde cuenta con una planta en Texas. La razón es que este centro solo hace un tratamiento de acabado y la compañía manda los tubos desde sus instalaciones vascas, con lo que tienen que pagar la tasa, situada en el 50% desde junio. La medida refleja el ahogo que está sufriendo la empresa en ese país, que es su principal mercado, con el 45% de la cifra de negocio. La decisión supone, por tanto, interrumpir la producción en la planta de Houston, que adquirió en 2016 con una inversión de 19,6 millones de euros. Esta fábrica se dedica a la transformación y acabado de los tubos sin soldadura que produce Tubos Reunidos, principalmente destinados a la industria de la extracción de petróleo. «Esta medida, aunque difícil, responde a la necesidad de preservar la sostenibilidad del negocio y garantizar una gestión responsable de los recursos disponibles», señala la dirección en una nota interna. El fabricante alavés ya advirtió de las dificultades que estaba sufriendo por los aranceles en sus cuentas del primer semestre, cuando registró unas pérdidas de 28,4 millones de euros, frente a las ganancias de 40,6 millones en igual periodo del año anterior. Según explicó entonces, la barrera proteccionista de Trump ha provocado la paralización de pedidos, cancelaciones de clientes y un desplome del 26% en la cartera comercial. El mercado de EE UU es vital para Tubos Reunidos al concentrar el 45% de sus ventas, muy por encima de India, su segundo destino con el 10%.

Líderes empresariales alertan del impacto de los riesgos geopolíticos en la industria vasca. La industria vasca ha conseguido poner en valor su peso en el mundo, pero éste también ejerce una presión cada vez mayor en la economía local. El director ejecutivo de estrategia de Sapa, Raül Blanco; la presidenta de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal, Begoña San Miguel; la directora de desarrollo corporativo en CIE Automotive, Lorea Aristizabal; y el CEO de Ormazabal, Jorge González, compartieron su visión a futuro en torno al impacto de la administración Trump, la estrategia de descarbonización europea, la aparición de conflictos bélicos, la fragmentación del mundo en bloques hegemónicos y los desafíos impuestos por una industria asiática que amenaza la competitividad de toda la UE. El CEO de Ormazabal recordó que el 85% de la industria manufacturera de equipos del sector eléctrico español se ubica en Euskadi, fruto de una clusterización que recoge en suelo vasco todos los eslabones de la cadena de valor. «Si fuéramos americanos diríamos que aquí tenemos el ‘Electron Valley’», bromeó. Se trata, en todo caso, de un territorio para el que es clave la necesidad de invertir más en redes. Según manifestó, una «infinidad» de estudios europeos fijan la necesidad de destinar a este fin al menos un 0,7 de cada euro destinado a la creación de energía renovable. «Para cumplir los objetivos de descarbonización habría que entre duplicar o incluso triplicar la inversión en redes», valoró. También la automoción vive una encrucijada. Aristizabal señaló que Europa sufre un problema estructural de sobrecapacidad. «Hace siete años Europa producía 22 millones de vehículos y teníamos capacidad para 27. Hoy producimos 16 millones», alertó, en contraste con una China que fabrica ya 30 de los 90 millones de vehículos que se producen cada año. «El gran titular sería que a rey muerto, en este caso Europa y los vehículos de combustión, rey puesto; China y el coche eléctrico», subrayó la directora de desarrollo corporativo de CIE Automotive que no se resistió a recordar la «ambición legislativa» fijada por Europa «como si fuera el mayor responsable de las emisiones del mundo» y no del menos del 10% que le corresponden actualmente. «Es el único lugar donde la descarbonización se hace con multas, en lugar de con incentivos», De retos globales sabe mucho el metal vasco. Begoña San Miguel recordó que el corazón de la economía vasca se encuentra muy afectado por las dificultades económicas que atraviesan Alemania y Francia, principales compradores de las exportaciones, y por una entrada masiva de productos asiáticos «con precios imbatibles» a costa de no estar sometidos a las regulaciones más exigentes que marca Europa. Todo ello, además, sin mirar al elefante en la habitación que suponen los aranceles del 50% fijados por EE UU. «Las empresas siempre necesitan certezas, saber cuáles son las reglas que se les aplican, y desde que llegó Trump tenemos todo menos certezas», lamentó...

La marca Ternua continuará operativa en Euskadi. La cooperativa Dikar S. Coop., con sede en Arrasate e integrada en la Corporación Mondragon, confirmó ayer la adquisición de la marca Ternua, aprobada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia-San Sebastián, y salva a la reconocida enseña del proceso concursal en el que esta inmerso el grupo textil Ternua Group desde el 13 de junio. La compañía explicó que la operación se enmarca en su estrategia de diversificación y crecimiento dentro del sector ‘outdoor’, donde ya contaba con experiencia en la fabricación de equipamiento, textil técnico y armas deportivas. En una nota, Dikar subrayó que su objetivo con esta integración es mantener «los valores, la identidad y el compromiso medioambiental que han caracterizado a Ternua desde su creación, así como preservar los puestos de trabajo y la continuidad industrial del proyecto». Con la integración de Ternua, Dikar refuerza su «posicionamiento en el sector de la ropa y equipamiento para montaña y aventura, un nicho en el que aspira a crecer tanto mediante el desarrollo interno como a través de adquisiciones complementarias».

Orona da un paso más en su crecimiento y lo hace con ambición. La cooperativa de Hernani, uno de los referentes europeos en soluciones de movilidad vertical, anunció ayer una inversión de 60 millones de euros tras comprar un suelo de 60.000 metros cuadrados en Estubegi, en el entorno de Galarreta, muy cerca de su cuartel general, donde construirá una nueva planta que empleará a 150 personas. Oier Lizarazu, director general de Orona; el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, y la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza fueron los encargados de anunciar este proyecto en un acto que tuvo lugar en la sede de la compañía hernaniarra. El terreno cuenta con 30.000 metros cuadrados edificables y se integra en el mismo enclave logístico e industrial donde se ubican la sede corporativa de Orona y la fundación homónima. 

La empresa alavesa Cegasa Energía se ha adjudicado un contrato en la República Checa para mejorar la calidad y la estabilidad de la red eléctrica en este país a través de la integración de sistemas de almacenamiento avanzado de energía. Se trata del proyecto Unanov, que Cegasa desarrollará en los próximos meses junto a la empresa local FitCraft Energy, cuyo objetivo es "hacer frente a los importantes desafíos de estabilidad en la red eléctrica checa, que generan oscilaciones en la frecuencia afectando a la seguridad del suministro". Además, el sistema está preparado para participar en otros mercados de regulación que puedan surgir en el futuro, "lo que mejorará la rentabilidad y flexibilidad del proyecto".

María Penilla, directora general de Ziur, ahondó en el estado de la ciberdelincuencia de la actualidad. «Es un hecho que no deja de subir. Vivimos una realidad cada vez más compleja por la aparición de la Inteligencia Artificial, las tensiones geopolíticas...», explicó, a la vez que situó al centro que dirige como «la pieza que conecta a los diferentes agentes. El sector industrial es y ha sido uno de los principales focos de ataque, y hay que tener claro que va a seguir siéndolo». Con el objetivo de ahondar en los efectos de esta modalidad criminal en empresas reales, el acto contó con un abanico de expertos en ciberinteligencia y empresarios. La ponencia principal corrió a cargo del experto Marc Rivero, que centró el interés sobre los riesgos emergentes. Por parte de las empresas del territorio participaron, además, representantes de Betapack, Bellota Herramientas y Grupo Gourmet Okin, entre otras.

El Gobierno Vasco ha trasladado al Estado los documentos para asumir la gestión y propiedad del puerto de Pasaia dentro de las negociaciones que mantienen para completar el Estatuto de Gernika antes de final de año. La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, explicó ayer que ha planteado «desclasificar» esta infraestructura como de «interés general» para «aumentar su competitividad» y lograr que esté en el «top 10 de los puertos» a nivel estatal. Fuentes del ministerio aseguraron a este periódico que «lo estamos analizando». La reacción del PSE no se hizo esperar y, como ya advirtió hace un año, el secretario general de los socialistas guipuzcoanos, José Ignacio Asensio, aseguró que esa transferencia «pone en riesgo» a Pasaia y supondrá «la pérdida de puestos de trabajo». La réplica de los socialistas aviva las tensiones entre los dos partidos que forman coalición de gobierno en Euskadi, las tres diputaciones y ayuntamientos. Los dirigentes y cargos públicos de PNV y PSE llevan toda la semana enzarzados en un cruce de declaraciones que prendió el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, y que ayer reavivó al mostrar la preocupación de su partido por las iniciativas en el Parlamento Vasco de PNV y EH Bildu para «elevar» la exigencia del euskera en el acceso a la función pública –origen de la disputa–. En este caldeado contexto, Asensio cargó contra la posible transferencia del puerto de Pasaia y aseguró que «tendrá consecuencias en su competitividad económica, en la pérdida de puestos de trabajo y en las empresas de Gipuzkoa». Además, lanzó una pregunta directa a Ubarretxena: «¿Por qué se pone en riesgo Pasaia y no Bilbao?».

La capital alavesa cierra hoy una frenética semana en el ámbito congresual con motivo de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). Una cita del más alto nivel en la que «Vitoria-Gasteiz se ha convertido en una verdadera plataforma global: 2.000 personas de 75 países, 150 administraciones locales y decenas de organizaciones civiles habéis compartido experiencias, buenas prácticas y avances», destacó el rey Felipe VI, que clausuró ayer la gran cita en el palacio Europa. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, resaltó el «éxito» del evento. Tanto el encuentro como la ciudad han superado las expectativas. HOTEL JARDINES DE ULETA; «Se demuestra que la ciudad puede acoger cualquier acto. Este congreso le favorece muchísimo». 

Nuevo enfrentamiento entre los departamentos de Trabajo y Economía por la ampliación de diez días del permiso por fallecimiento de un familiar. Ayer, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció por sorpresa que su equipo trabaja en la modificación de la normativa que regula este permiso retribuido. «Nadie puede ir a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, una madre, un hijo o un amigo», señaló. Se trata de una medida aplaudida por los sindicatos, rechazada por la patronal y cuestionada también por parte de sus compañeros de mesa del Consejo de Ministros. «Hay que encontrar un equilibrio para hacerlo de la mano de nuestras empresas», apuntó Carlos Cuerpo, ministro de Economía, desde Bruselas, horas después del anuncio. Aunque, instantes después, matizó sus declaraciones y habló de «una búsqueda constante para seguir conquistando derechos para los trabajadores». Las declaraciones de Cuerpo, no obstante, se alinean más con la postura de la patronal que con la de su compañera de Ejecutivo. Díaz pidió a los empresarios «cariño», y estos —en boca de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE— calificaron la propuesta de «ocurrencia» y de «menosprecio total al diálogo social». «No son las formas», recalcó. Y añadió: «Yo pediría un permiso para descansar diez días de los anuncios de la ministra. Es agotador», ironizó.

Las empresas pueden enfrentarse a partir del año que viene no a una, sino a dos subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el mismo ejercicio. Es la intención de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que abrió ayer la puerta a una revisión a mitad de semestre de la remuneración en función de la inflación. Es decir, si en junio el IPC está registrando un alza mayor de la esperada, la cuantía del SMI deberá elevarse para equipararse a los precios. Así consta en el borrador de Real Decreto que el Ministerio de Trabajo ha puesto encima de la mesa en la negociación que ha abierto ya para la nueva subida en 2026. Además, se fija por ley la creación de la comisión asesora para el análisis del SMI, encargada de recomendar la cuantía que sitúe el salario mínimo en el 60% del salario medio neto, y se establece que, antes de cualquier cambio, la comisión tendrá que emitir un informe, tanto a inicio de año, como a mitad de semestre. La norma va más allá porque introduce otra serie de medidas, como la prohibición de absorber la subida de la renta más baja con otros complementos que pueda recibir el trabajador en su nómina. Es una práctica habitual entre los empresarios, avalada por el Estatuto de los Trabajadores.

La revancha de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por el naufragio en el Congreso de la reducción de la jornada laboral, su medida estrella, gana enteros. En tiempo récord, en poco menos de un mes, saca toda su artillería para imponer a las empresas, por la vía de la urgencia, un registro de jornada digital, objetivo, fiable, exhaustivo y con toda una serie de nuevas obligaciones: especificar al detalle infinidad de datos (personales y laborales), como el tipo de jornada, las horas extras y su remuneración, las pausas, los tiempos de guardia o desconexión, etc.; así como permitir el acceso inmediato por parte de la inspección de trabajo (también en remoto) y de los representantes de los trabajadores. También en tiempo récord deberán las compañías, y pequeños autónomos y negocios, poner en marcha este nuevo control horario, puesto que no se contempla un plazo transitorio para adaptarse, más allá de 20 días. Este es el breve tiempo que establece Trabajo para entrar en vigor el nuevo real decreto que sacó ayer a consulta pública y que, en este caso, no tendrá que pasar por las Cortes (por tratarse de un reglamento y no de una ley) pero sí por un Consejo de Ministros donde no todos lo ven con buenos ojos (el ala socialista muestra ciertos recelos). Además, se extiende la obligación de llevar un control de la jornada a las familias que tengan una empleada del hogar, aunque en este caso flexibiliza –y mucho– la forma de hacerlo, puesto que les permite realizarlo «por cualquier medio que sea proporcionado a las capacidades y recursos» con los que cuente el empleador y la persona trabajadora.

El próximo 20 de octubre es la fecha clave para el inicio de las negociaciones para la reforma del despido entre el Gobierno, patronal y sindicatos. Así lo confirmó ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz, en una maniobra que parece destinada a abrir un nuevo frente con las empresas, que ven en la medida un intento de llevar a cabo “una nueva reforma laboral”. Esto, a pesar de que la titular de Trabajo asegura que la mesa de diálogo no pretende negociar un encarecimiento de la indemnización por despido improcedente en el marco del sistema tasado que rige en la actualidad, sino que pretende incluir aspectos cualitativos. “Será la primera reforma del despido que se haga “en cumplimiento de la legalidad europea y que no haga perder derechos a los trabajadores españoles”, señalaba Díaz ayer en el contexto de un desayuno informativo. En cualquier caso, las premisas están claras. El Gobierno pretende con esta reforma dar cumplimiento a la Carta Social Europea, que recoge que el despido debe ser disuasorio para la empresa y además debe reparar el perjuicio que genere sobre el trabajador afectado. Además, el Gobierno se apoya en sendos dictámenes emitidos por el Comité Europeo de Derechos Sociales que han dado la razón a denuncias de UGT y CCOO en la línea de que la legislación española no cumple con las premisas de la Carta Social.

“Es una intervención en toda regla”. Es la frase que ayer más se oía entre las grandes eléctricas, como Iberdrola, Endesa y Naturgy, tras la decisión del Gobierno de cambiar, de forma urgente, el procedimiento de operación del sistema eléctrico en España. Con el cambio se forzará a las grandes compañías a tener disponibles, en todo momento, sus grandes centrales a modo de parachoques contra un posible apagón. Se verán afectadas todas las centrales con capacidad para amortiguar grandes oscilaciones de tensión, como las que se produjeron momentos antes del gran apagón del 28 de abril. Esas centrales son las convencionales de gran tamaño. Aproximadamente son doscientas en todo el país. En concreto, afecta a las siete nucleares, más de 60 centrales de gas (ciclos combinados), cuatro centrales de carbón aún activas y más de 120 grandes hidráulicas. La decisión se precipitó el miércoles, cuando Red Eléctrica (REE), el grupo que se encarga de la gestión de las redes de luz en España, solicitó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que tramite por la vía de urgencia –en cinco días– una audiencia pública de su propuesta (consensuada con el Ministerio de Transición Ecológica) para cambiar algunos de sus procedimientos de operación del sistema.

Revuelo en el sector energético. La seguridad de suministro tenía un precio. La inestabilidad revelada por Red Eléctrica en septiembre ha llevado al operador del sistema a tomar medidas adicionales tras admitir que existe un riesgo de que se produzca un nuevo apagón, casi seis meses después del peor incidente sufrido por España en su historia. El peor de Europa, según los investigadores de Bruselas. Los nervios están a flor de piel. Según aseguran media docena de fuentes del sector energético, la seguridad de suministro está ahora por encima de todo, lo que explica que se tomen las medidas que hagan falta. Añaden que la imagen del país está muy tocada y eso es peligroso para un Estado que necesita aún miles de millones de euros de inversión y que se enfrenta a una oportunidad histórica de reindustrialización. No obstante, las nuevas medidas para garantizar que el sistema no se vuelva a ir a cero no son inocuas. Tienen, al menos de forma temporal, contraindicaciones que están generando un fuerte revuelo. El CEO de una gran empresa de renovables de última generación se mostró molesto ayer.

Tras 17 meses de espera, la suerte está prácticamente echada. Los accionistas del Sabadell tienen hasta las 12 de la noche de hoy para decidir si venden sus acciones al BBVA en la opa hostil. Si bien la aceptación de los minoritarios ha ido llegando gradualmente durante el mes de plazo de aceptación, los grandes inversores toman su decisión precisamente en estos últimos compases. Su decisión será clave para inclinar el fiel de la balanza del lado del BBVA y que logre más del 50%; se decante por el Sabadell y se quede por debajo del 30%, o en una escala de grises, entre ambas referencias, lo que permitiría al banco vasco avanzar, pero lanzando una segunda opa en efectivo. Por el momento, la única clave segura de qué puede pasar la da el mercado. La prima de la oferta (la diferencia entre la oferta del BBVA y la cotización del Sabadell) cerró la sesión bursátil de ayer en el 2%. Este diferencial estuvo en terreno negativo durante meses, desde enero, y llegó al 15%. Todo cambió el pasado 29 cuando, pese a negarlo en repetidas ocasiones, el BBVA elevó la oferta un 10% y consiguió situarla ligeramente por encima de la cotización del Sabadell. Desde entonces, esta diferencia ha ido variando, se ha llegado a estrechar hasta el 1% y a alcanzar el 3%.

Entrevista con Enrico Letta. Ha presidido el comité científico de un informe que llama a integrar más las dos grandes economías del sur, porque el futuro se complica en Europa y la prioridad se aleja del Mediterráneo. Enrico Letta teme que dos países tan endeudados como España e Italia se queden sin margen presupuestario al concluir en 2026 la ayuda extra europea. El académico italiano, autor de uno de los informes –junto al de Mario Draghi– de referencia para la Comisión Europea también lamenta que no se haya aprovechado mejor la oportunidad de los fondos Next Generation. ALIANZA NECESARIA: «O España e Italia trabajan juntas para reequilibrar la UE o todas las inversiones se van a ir a la frontera con Rusia». SÁNCHEZ-MELONI: «Sé que parezco ingenuo, pidiendo más integración a los dos, pero tienen la misma posición en casi todo en la UE". DISEÑO DE FONDOS: «Los fondos son una oportunidad perdida, porque son demasiado públicos y demasiado nacionales». MEDITERRÁNEO: «La amenaza rusa es importante, pero el corazón de todas las inestabilidades está en el Mediterráneo»...

Los apercibimientos comunitarios a España por los fondos Next Generation se acumulan. Mientras que la Comisión Europea acaba de instar a España a acelerar su ritmo de ejecución en el año que resta para completar los compromisos pendientes y desbloquear el dinero asignado, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha denunciado la persistencia de deficiencias en el sistema de control de las ayudas europeas, insuficiencias en la justificación de las peticiones de desembolsos y hasta el incumplimiento de uno de los hitos ligados a la reforma de pensiones que Bruselas le había dado por bueno. Así lo destaca el informe anual sobre la ejecución del Presupuesto de la UE de 2024, publicado ayer por el Tribunal de Cuentas Europeo, que incluye una auditoría de los fondos Next Generation en la que el ente denuncia “irregularidades”, varias de las cuales achacables a España, con un “creciente impacto financiero”. El elemento más crítico del informe es el que apunta a que España habría incumplido uno de los compromisos adquiridos en materia de reforma del sistema de pensiones pese a que Bruselas se lo dio por bueno, lo que cuestiona ahora parte de los 10.000 millones de euros desembolsados al país en el cuarto pago de fondos Next Generation, efectuado en julio de 2024.

Los cientos de miles de trabajadores públicos interinos y personal laboral (eventual, indefinido e indefinidos no fijos) que concatenan contratos temporales siguen sin tener del todo claro si existirá la posibilidad de convertirse en empleados fijos del sector público. Así se desprende de las conclusiones del abogado general de la Unión Europea —cuyas directrices siguen la mayoría de las sentencias posteriores del Tribunal de Justicia de la UE—, que ha vuelto a sacar los colores a España considerando que “no tiene medidas efectivas” que permitan sancionar debidamente el abuso de los contratos temporales en el sector público. En consecuencia, señala que debe de ser el Tribunal Supremo el que determine si existen esas medidas disuasorias o cuáles deberían ser para evitar esos abusos. Porque, según lo que concluye el abogado general lituano Rimvydas Norkus, ni las actuales indemnizaciones por cese del personal temporal de las administraciones, ni los recientes procesos de estabilización, ni siquiera el reconocimiento de la figura del indefinido no fijo (creada por el Alto Tribunal) son suficientes para acabar con este problema que afecta a cientos de miles de empleados públicos que concatenan durante años contratos temporales y aspiran a ser fijos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró ayer su profundo malestar con España por su negativa a llegar a un gasto del 5% del PIB en Defensa, tal y como pactó la OTAN este año en la cumbre de La Haya. Llegando a jugar con la hipótesis de que nuestro país sea expulsado de la Alianza. Así lo dijo durante una comparecencia junto al presidente de Finlandia, Alex Stubb. Los periodistas preguntaron a Trump si defendería al país nórdico en caso de ser atacado por Rusia. Su respuesta, inmediata, fue que sí, dado que es un país aliado. Ahí empezó una digresión que desembocó de forma inesperada en España y su decisión de comprometerse con los acuerdos de La Haya, pero asegurando que no llegará al 5% porque no será necesario. Un tema que enfadó a Donald Trump entonces y sobre el que ha vuelto una y otra vez. «Les pedí a todos que gastaran el 5% del PIB, en vez del 2%, y muchos dijeron que no iba a pasar, que no era imposible. Pero ocurrió de forma casi unánime. Sólo hubo un rezagado, España. España. Tendrán que llamarles y preguntarles por qué no quieren. Y les va bien, les va bien [no es que no puedan]. Quizás haya que echarlos de la OTAN, francamente», enfatizó el presidente de EEUU.

Hamás asumió ayer el «fin oficial de la agresión de las fuerzas de ocupación israelíes contra la Franja de Gaza». Su principal líder y negociador del acuerdo en Egipto, Khalil al-Hayya, anunció a última hora de la tarde que «se ha alcanzado un acuerdo de alto el fuego permanente». La organización, añadió, ha recibido «garantías» de los enviados estadounidenses y de los mediadores árabes y turcos de que «la guerra ha terminado completamente». La declaración de Al-Hayya cerró una jornada de vértigo en la que israelíes e islamistas discutieron sobre los últimos flecos del acuerdo de alto el fuego cerrado en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh. El Consejo de Seguridad y el Gobierno hebreos celebraron largas reuniones para ratificarlo. Durante la pasada madrugada, dieron luz verde al plan de paz para Gaza, consistente en un alto el fuego, que debería entrar en vigor en 24 horas, la liberación de rehenes y la retirada parcial del ejército hebreo. «El Gobierno acaba de aprobar el marco para liberar a todos los rehenes, los vivos y los muertos», anunció el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en sus redes sociales. Por primera vez desde la tregua de marzo, las armas callarán en Gaza.