20251022

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

EH Bildu ha acordado con los dos partidos que sustentan el Gobierno, PSOE y Sumar, una enmienda transaccional en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela para «blindar» el uso del euskera en las grandes empresas radicadas en Euskadi y en Navarra. En concreto, aquellas que tengan «más de 250 empleados y/o una facturación de más de 50 millones de euros». Junts, no obstante, sigue presionando para que esta exigencia de atención en las lenguas cooficiales se extienda a toda España, no sólo a la comunidad donde se hable. EH Bildu se apresuró ayer a apuntarse un tanto político en un terreno clave para las fuerzas nacionalistas y candente en el debate público vasco: el euskera. La coalición soberanista se jactó de haber «logrado garantizar», gracias a un acuerdo alcanzado con PSOE y Sumar, la obligatoriedad de la atención «personalizada» en euskera para las empresas «que operan en Hego Euskal Herria», es decir, para las compañías radicadas en las comunidades donde la lengua vasca es cooficial, Euskadi y Navarra. Un pacto con las fuerzas que sustentan a Pedro Sánchez que permitirá también facilitar que los clientes puedan presentar cualquier tipo de queja, consulta, reclamación o comunicación en euskera. En una nota enviada a última hora de la tarde, EH Bildu se vanagloriaba de que, «más allá de una intención general», las enmiendas planteadas por su grupo a la futura Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aceptadas por PSOE y Sumar, «dotan de efectividad al respeto a los derechos lingüísticos de vascos y vascas», al especificar «en los artículos clave» de la futura norma –que entrará en vigor cuando se debata en Pleno en las próximas semanas– el «blindaje» del uso del euskera en las «relaciones comerciales» entre empresas y clientes.

La pugna por establecer un salario mínimo vasco entra en su fase más complicada. El Ejecutivo autonómico dio ayer un portazo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada por ELA y LAB y respaldada por 138.495 firmas, para que Euskadi pueda fijar su propio salario mínimo (SMI). En concreto, la propuesta insta al Parlamento vasco a reclamar al Congreso un cambio del Estatuto de los Trabajadores para que Euskadi tenga competencias en esta materia. Sin embargo, el Consejo de Gobierno emitió ayer un criterio negativo sobre la petición, alegando que carece de encaje legal. Aunque la posición contraria del Ejecutivo no impide que la iniciativa popular se debata en el Parlamento, lo cierto es que PNV y PSE-EE disponen de una mayoría suficiente para bloquear su toma en consideración. El vicelehendakari segundo y consejero de Trabajo, el socialista Mikel Torres, insistió en que «la mejor fórmula» para alcanzar acuerdos en materia salarial es la negociación colectiva. El Gobierno devuelve así la pelota al tejado de ELA, LAB y de la patronal, en un clima de máxima tensión. Los sindicatos acusan a Confebask de bloquear todo intento de acuerdo. Los empresarios, por su parte, sostienen que no existen condiciones para abordar la medida sin tratar previamente cuestiones como el absentismo, una exigencia que los representantes sindicales rechazan. Ante el bloqueo, las centrales han convocado hoy a Confebask a un acto formal de conciliación en el Consejo de Relaciones Laborales, como paso previo a una demanda judicial por su negativa a negociar. La patronal ha confirmado su asistencia, aunque se asume que su posición no variará. 

Imanol Pradales aprovechó ayer para volver a instar a Europa a actuar, «a pasar de las palabras a los hechos», para garantizar el futuro de la industria del acero en Euskadi, cuya competitividad se ha visto «amenazada gravemente» por los aranceles del 50% impuestos por Donald Trump. «Nos estamos jugando miles de puestos de trabajo, riqueza y viabilidad de una actividad tractora de la industria manufacturera vasca, y que nos ha permitido competir en todo el mundo. Nos jugamos seguir forjando un futuro industrial y próspero para las próximas generaciones», señaló el lehendakari en el arranque del congreso Steel Tech 2025, un encuentro de referencia para la industria siderúrgica que reunirá hasta mañana a un millar de profesionales de una treintena de países en el BEC. Pradales resaltó la importancia de proteger el sector del acero y sus derivados en todo el continente. «En Euskadi, y desde Euskadi, estamos actuando, pero no es suficiente. Necesitamos compromiso y celeridad por parte del Estado y sobre todo de la Comisión Europea», añadió. Toda la cadena de valor de este sector en el País Vasco está compuesta por un centenar de empresas y once plantas productivas. «Estamos en el puesto 12 del ranking europeo y representamos el 39% de la capacidad total de producción industrial del Estado en el ámbito del acero», afirmó el lehendakari, resaltando que el sector representa un 14% del total de las exportaciones vascas. De todas ellas, el 17% van dirigidas a Estados Unidos. «Hay una comisión abierta pero debe de resolverse y hay que actuar», insistió.

El proceso concursal de la emblemática compañía arrasatearra Ternua Group alcanza un nuevo hito con la autorización judicial para la venta de la unidad productiva y comercial navarra Lorpen, especializada en calcetines técnicos y prendas térmicas, a la sociedad limitada Artain25, integrada por veinticinco trabajadores vinculados a la empresa con planta en Etxalar, un interés que había adelantado este periódico. El Juzgado de lo Mercantil nº1 de San Sebastián dio luz verde en un auto fechado el 13 de octubre a la adquisición, valorada en 400.000 euros, al entender que se trata «de la mejor oferta posible para el interés del concurso», como cita el magistrado Pedro José Malagón Ruiz en la resolución judicial dada a conocer ayer. La operación también asume la subrogación de 28 trabajadores, y mantiene íntegramente sus condiciones, antigüedad y derechos laborales. Con la venta de Lorpen, el mapa de reestructuración de Ternua Group avanza hacia su cierre definitivo. La compañía, que se encuentra en concurso voluntario desde el pasado 13 de junio, ha logrado asegurar la continuidad de tres de sus cuatro unidades de negocio. 

Euskadi sigue siendo la autonomía con mayores rentas netas por persona con 18.885 euros, según señaló ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Atlas de Distribución de Renta de los Hogares. Los datos mantienen a la sociedad vasca con los mayores ingresos por habitante después de registrar un crecimiento en el último año del 8,16% y muy por encima de los 15.036 euros de la media nacional. Le siguen, como viene siendo habitual, Madrid, con 18.142 euros de renta neta media, Cataluña (16.461) y Navarra (16.423). Los datos evidencian una realidad económica que, gracias al peso de la industria, ha permitido generar unas pensiones más altas y unos sueldos que también están en posiciones de liderazgo. Suma también la cultura financiera que hace que Euskadi tenga un capital de ahorro que supera los 90.000 millones. Y es que la inversión por ciudadano vasco es el doble que la media nacional, según los datos de Inverco. Otra de las claves estadísticas que beneficia al País Vasco es una población más reducida y con un crecimiento muy reducido. El estudio sobre las rentas netas elaborado por el INE, y que se corresponde a 2023, muestra una revalorización interanual muy por encima de la media española. El incremento de la renta media de los vascos fue del 8,16%, más que el que 6,9% del conjunto del país o el 5,9% de Madrid. Y es que, en revalorización, Euskadi se situó en la quinta posición evidenciando los acuerdos salariales entre empresas y sindicatos justo un año después del 2022, cuando la inflación escaló a niveles récord firmando meses, como los de verano, con un crecimiento del 10%. Además, el elevado régimen de ingresos se mantiene extendido de forma generalizada.

Carlos Blanco se suele definir a sí mismo como emprendedor, y aunque en ocasiones también lo presentan como inversor, en su caso, esto «es consecuencia de haber sido primero emprendedor». Y es que su trayectoria en este mundillo tan complejo como arriesgado es difícilmente equiparable. «Empecé como emprendedor con 13 años montando negocios ilegales en un mercadillo y con 16 años, negocios más ilegales todavía con la piratería de software», cuenta. A los 28 años ya había fundado cinco empresas, y, casi treinta años después ha creado más de 20 ‘startup’, además de haber invertido en otras 196. Uno de los ejemplos más claros que explican su visión para los negocios es la apuesta que realizó por Glovo cuando «apenas era un simple Powerpoint». Entró cuando no llegaba a los 300.000 euros de valoración y vendió cuando alcanzó los 900 millones. Sin embargo, pese a sus casos de éxito, su carrera no ha estado exenta de fracasos. «Mis primeras seis inversiones quebraron. El 70% de los ‘business angels’ (inversores privados que invierten su propio capital en empresas emergentes con alto potencial de crecimiento a cambio de una participación en el negocio) abandonan a la cuarta o quinta inversión. Yo seguí», cuenta.

El Círculo de Empresarios Vascos cambia la presidencia en la figura de Luis Rodríguez Llopis, el presidente de Idom. El que venía ejerciendo de número dos de la asociación sustituye a Andrés Arizkorreta, presidente de CAF, que ha agotado su mandato tras dos al frente de la entidad. La vicepresidencia recae en Jon Santa Cruz, que preside el grupo Calcinor y cierra así el relevo que aprobó ayer la Junta General de la asociación. Rodríguez Llopis es doctoringeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Bilbao y ha desarrollado su carrera en la ingeniería vasca, Idom, desde 1985. Además, es miembro del Consejo Regional de BBVA y presidente del clúster vasco de la energía, entre otros cargos. El vicepresidente, Jon Santa Cruz, es abogado por la Universidad de Navarra y tras su paso como auditor por PwC ocupó diversos puestos en Calcinor, grupo industrial que preside desde 2013.

Forbes publica el listado de las 100 mujeres más influyentes de España, las que han conquistado espacios hasta llegar a lo más alto en sus entornos profesionales. Aparecen nombres de directivas, emprendedoras, o artistas de prestigio «que inspiran a su entorno y demuestran que la influencia femenina es hoy motor real de cambio», destaca la publicación. Entre el centenar de mujeres más influyentes se cuelan siete vascas. Una de ellas es la bilbaína Belén Frau, directora mundial de Comunicación de IKEA, que en su momento fue la directora de la tienda de Barakaldo. Veinte años en la empresa le han permitido pasar de ser responsable de administración de una tienda vasca a directora mundial de Comunicación del Grupo. También tiene su hueco en la lista Cristina Garmendia, presidenta no ejecutiva de Mediaset España o Ruth Díaz, directora general de Amazon España y Portugal. Además, están María José Álvarez, presidenta Grupo EULEN; Amaya Echevarría, presidenta de Novartis; Lourdes Fernández, Directora Artingenium; y Cristina Iglesias, artista y escultora. 

La central nuclear de Almaraz salva la bola de partido. Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de la planta extremeña, encarrilaron ayer el proceso para solicitar formalmente al Gobierno la extensión de la vida útil de la planta cacereña, cuya primera unidad tiene previsto cesar su actividad en 2027 –la segunda lo haría en 2028–. Las tres eléctricas se han dado de plazo hasta final de mes para presentar la petición, que permitiría prolongar la operación de la central hasta 2030. La Junta de Administradores de Centrales Nucleares AlmarazTrillo (CNAT), sociedad que gestiona la instalación, celebró ayer una reunión ordinaria en la que las propietarias reafirmaron su apuesta por un escenario de continuidad tras varios meses en las que las posiciones de las energéticas no habían estado alineadas por los intereses particulares de cada empresa. Ahora, tras varios meses en punto muerto, los avances se han producido después de que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se abriese a reducir la tasa autonómica que cobra a la central un 50% de forma progresiva en los próximos tres años, con el que, a priori, las eléctricas podrían renunciar a la condición fiscal que impusieron al Ejecutivo sobre la tasa Enresa. «Iberdrola reafirma su compromiso con la extensión de la vida de la central, al igual que han venido haciendo públicamente Endesa y Naturgy», afirman fuentes de la compañía dirigida por Ignacio Galán. 

Con la mesa de negociación para la reforma del despido ya constituida, el Ministerio de Trabajo ha conminado a los agentes sociales a elaborar propuestas dirigidas a cumplir con el objetivo que tiene el departamento de Yolanda Díaz de proveer indemnizaciones que sean disuasorias para los empresarios y que reparen los perjuicios para el trabajador afectado. Todo, tomando como referencia los recientes dictámenes del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) que fallan en contra de la legislación actual por no cumplir con los preceptos de la Carta Social Europea, que en su artículo 24 reconoce “el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida (improcedentes) a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Especial relevancia tendrá para la negociación las medidas que propongan de forma conjunta los sindicatos UGT y CCOO. De hecho, fuentes empresariales aseguran que no se ha pedido a CEOE y Cepyme que realicen este ejercicio previo de elaborar una propuesta de reforma del despido, que debería estar destinada a endurecer el procedimiento. Los sindicatos elevarán en los próximos días una propuesta de máximos que será recogida por el departamento de la vicepresidenta Yolanda Díaz, con cinco ejes fundamentales, que no solo supondría un endurecimiento del despido improcedente sino que elevaría su coste de forma considerable. 

Fuentes de CEOE señalan sobre la reunión que desde el Ministerio de Trabajo se ha pedido el ejercicio previo de elaboración de propuestas a las organizaciones sindicales, y no a las empresariales. Si bien reconocen de cara al futuro de la mesa de diálogo que la posición de la patronal es la de mantener el sistema actual de indemnizaciones tasadas –de 33 días por año trabajado–. Cabe recordar que tras hacerse público el fallo del Tribunal Supremo el pasado mes de julio en el que se rechazaba la posibilidad de establecer indemnizaciones superiores a las reconocidas por ley mediante reclamación judicial, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, celebró la decisión. Especialmente por la parte en la que el Alto Tribunal se refiere a la seguridad jurídica que ofrece tanto para la empresa como para el trabajador el modelo de indemnizaciones tasadas a la hora de resolverse una relación laboral. En una entrevista, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, se refería a esta cuestión criticando la propuesta de endurecer los despidos por ser un foco de rigidez en el mercado laboral, que puede ser contraproducente en momentos en los cuales la actividad económica no sea boyante y las empresas se vean obligadas a realizar ajustes de plantilla. Señalaba De Miguel que un sistema rígido o con mayores costes puede llegar a provocar que las compañías tengan que cerrar por no poder hacer frente a los ajustes. Y recuerda, en cualquier caso, que son las empresas de menor tamaño las que estarían más expuestas a un eventual incremento de los costes del despido.

La relación entre el presidente de la patronal catalana Foment del Treball y la ministra de Trabajo ha pasado por épocas mejores. Josep Sánchez Llibre cargó ayer contra Yolanda Díaz y la acusó de “provocar” a los empresarios con sus maniobras para aprobar la reducción de la jornada laboral e instaurar un registro horario estricto en los puestos de trabajo. Es un “estado policial dentro de las empresas”, criticó Sánchez Llibre durante su intervención en el foro World In Progress (WIP). El lunes, la ministra participó en el mismo evento y declaró que tenía una buena relación con Sánchez Llibre. “Es una zalamera”, replicó el presidente de Foment con ironía. “Los empresarios no nos sentimos respetados por el Gobierno”, remachó. La diana de la mayoría de sus dardos fue el Ministerio de Trabajo, por querer impulsar medidas que, según el presidente de la patronal catalana, ponen en jaque la viabilidad de una parte importante de las empresas que operan en España. Sánchez Llibre criticó los intentos por recortar la jornada laboral a las 37,5 horas, “cuando la mayoría de países de Europa están entre las 40 y las 48 horas”, dijo. Además, señaló que en España “el 33% de los convenios negociados plantea un horario por debajo de las 37,5 horas”. En la falta de negociación y consenso, lo mismo en el recorte de jornada que en la imposición de un control horario en las empresas, sostiene Sánchez Llibre su censura al proceder de la ministra Yolanda Díaz: “Se ha saltado el diálogo social a la torera”, subrayó el presidente de Foment. Sánchez Llibre criticó la voluntad de imponer normas a los empresarios sin hacerlas pasar por el filtro del Congreso.

La vivienda, la mayor preocupación que los españoles señalan de forma consecutiva en los últimos once barómetros del CIS, también se ha convertido en el primer problema dentro del Gobierno de coalición. Sumar, que ha agravado sus discrepancias en el Consejo de Ministros con los socialistas en esta materia durante las últimas semanas, cruzó ayer una línea roja al invitar a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a dimitir si su departamento no pone en marcha «medidas serias, innovadores y valientes» para paliar la crisis habitacional que azota al país. «Debería dar un paso al lado», afirmó la portavoz del grupo parlamentario magenta, Verónica Martínez Barbero, en rueda de prensa en el Congreso. «A nosotras se nos está acabando la paciencia», insistió. La sugerencia llega en un momento especialmente delicado en la maltrecha relación que mantienen ambos socios. Las organizaciones que forman parte de Sumar lamentan la «falta de respuesta» a su propuesta unilateral de real decreto de medidas «urgentes» en materia de vivienda. La respuesta de Rodríguez, que el miércoles compareció en el Congreso, no solo no satisfizo a ninguno de estos partidos si no que generó un profundo malestar, especialmente la puesta en marcha del 047, un teléfono para resolver dudas a afectados por la crisis habitacional. O la retirada, tras un alud de críticas, de un anuncio protagonizado por tres personas de la tercera edad que tras 30 años de convivencia que en el año 2055 aún se ven obligados a compartir casa. 

El presidente de la patronal del sector del gran consumo Aecoc, Ignacio González, subraya el absentismo como uno de principales problemas de la economía española. "La productividad es la única manera de que los salarios crezcan al nivel de Europa. Solo trabajando en ella podremos conseguir que las condiciones de la gente mejoren. El absentismo es una parte de ese problema, porque hoy es un 50% más alto que en 2019 y las cosas no han cambiado tanto. Defendemos que hay que crear un diálogo social al más alto nivel entre sindicatos, empresas y el Gobierno para atacar el absentismo, que le cuesta a este país 33.000 millones al año: la mitad lo pagan las empresas, y la otra, el sistema. Es una factura inmensa, es el PIB de un país y se está yendo por la ventana...Reducir la jornada no es una manera de incrementar la productividad. Lo que siempre hemos demandado es atacar el problema en su conjunto, y no con medidas aisladas. Problemas complejos como este requieren medidas múltiples y a largo plazo: que la FP tenga más éxito, la inversión en digitalización...La reducción de jornada sí es algo que se está tratando en la negociación de convenios. Nosotros nunca hemos estado en contra, pero hay que meterlo dentro de una discusión mucho más grande. No podemos estar en contra de que la gente viva mejor. Pero no puede ser el único tema. Cuando en 2025 tienes un 50% más de absentismo que en 2019, algo está pasando..."

Duro Felguera, la ingeniería asturiana controlada por el grupo Prodi, ha presentado ante el juez que lleva su preconcurso de acreedores un plan de viabilidad con fuertes quitas, en un entorno de gestión complicada de la compañía, y la disposición de Sepi a alargar vencimientos de 120 millones de euros hasta 2035. Como el propio consejo de administración reconoce, solamente la estimación de litigios activos asciende a 980 millones de euros, nueve veces más que el tamaño de la facturación anual del grupo. El plan de viabilidad –que ayer Duro Felguera envió a sus principales acreedores con el objetivo de homologar su deuda y evitar el concurso de acreedores– está sujeto a importantes sacrificios, tanto de empleados (hay en marcha un ERE de 180 personas más un drástico plan de desinversiones) como de acreedores, principalmente bancos, el Principado de Asturias, proveedores no estratégicos y los clientes de la compañía en el extranjero. En un extenso documento enviado a la CNMV, Duro Felguera asegura que, para que el plan tenga éxito, el pool de bancos liderados por Santander y Sabadell deben asumir la pérdida de los 25 millones que la compañía asturiana aún les debe. Lo mismo ocurre con los seis millones prestados por el Principado de Asturias en 2021, acompañando al plan de rescate de Sepi.

Menos consumo, más inflación y menor ritmo de creación de empleo. Son las expectativas de las empresas españolas para el próximo año, con más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas mostrándose “poco o nada optimistas” respecto a la evolución que seguirá la economía en 2026. Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del Estudio sobre Clima Empresarial en España, presentado ayer por la Cámara de España, y donde se anticipa la ralentización del crecimiento económico en el país por cuestiones como la elevada fiscalidad, el aumento de los costes laborales y el frenazo en el poder adquisitivo de los hogares. Ello, a pesar de que la mayoría de las empresas se muestran optimistas respecto a los resultados que obtendrán al final del presente ejercicio. Ante estos resultados, el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, valoró que “las empresas se están defendiendo y logrando ir haciendo, pero el coste de oportunidad para ellas y para la economía en general está siendo enorme”. En otras palabras, Bonet considera que la economía española se está sosteniendo a pesar de las políticas puestas en marcha por el Gobierno en los últimos años, y no gracias a ellas.

Las emisiones de proveedores, transporte o clientes son clave para las empresas y pueden costarles miles de millones de euros si no las toman en serio. Iberdrola y Gestamp lo hacen. “Ignorar las emisiones de la cadena de suministro –alcance 3– podría costar a las empresas más de 500.000 millones de dólares al año en posibles obligaciones económicas de aquí a 2030”, según el informe Alcance 3: del riesgo no gestionado a la oportunidad desaprovechada, de EcoVadis y Boston Consulting Group (BCG). Esto podría parecer exagerado si se tiene en cuenta que el paquete Ómnibus que se diseña en Bruselas eximirá a muchas empresas, por tamaño, de informar sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, como explica Alberto Castilla, socio responsable de Sostenibilidad de EY, “aunque el paquete Ómnibus suaviza la carga regulatoria para las pymes, la presión de mercado y de la cadena de valor sigue creciendo. Las grandes empresas están actuando como catalizadores de cambio, empujando a sus proveedores a alinearse con sus compromisos climáticos, lo que convierte la sostenibilidad en un requisito competitivo”. Pese a que Bruselas concluya que las emisiones de alcance 3 –que suponen en buena parte de los casos hasta el 90% de las de una empresa, según el informe Hacia la descarbonización de la cadena de suministro, de Forética– deberán reportarse sólo cuando haya riesgo plausible de impacto adverso, no de forma automática para todos los proveedores, mientras sus clientes tengan que seguir reportándolas y cumpliendo objetivos, la obligación se extenderá a sus proveedores y al resto de la cadena de valor de facto.

La deuda europea se resiste a bajar. En una Unión Europea con una economía débil –y una inflación ya controlada–, reducir el pasivo de los Estados se ha convertido en una tarea casi imposible. Lo consiguen algunos países (Grecia, Portugal, Chipre, Dinamarca o España) donde la economía va mejor; la mayoría, en cambio, ven como su deuda crece a más o menos velocidad. Algo pone de su parte el aumento del gasto en defensa en los países del flanco oriental. Y, así, en el conjunto de la UE y la zona euro, la tasa de deuda sobre el PIB va subiendo poco a poco hasta llegar al 81,9% y al 88,2%, según Eurostat. El incremento de la deuda pública seguirá en los próximos años, de acuerdo con los cálculos que presentó la semana pasada el Fondo Monetario Internacional (FMI). Prevén los economistas de Washington que la escalada se prolongue hasta llegar al menos al 100% en 2029 en todo el mundo, una altura desconocida desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En este incremento, la Unión Europea pondrá bastante de su parte. Varios Estados miembros, entre ellos España, ya están por encima de ese nivel, y es probable que la escalada continúe en los próximos años. Uno de los países que más protagonismo están teniendo en este incremento es Francia. Su deuda es, en volumen, la más abultada de la zona euro: 3,3 billones.

La quiebra de First Brands y de Tricolor son el indicio de que podría estar gestándose una crisis financiera. Es la advertencia que ayer lanzó el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, que ve ciertos paralelismos con lo sucedido en 2008. “¿Son estos casos particulares [no sistémicos] o son lo que se llama el canario en la mina de carbón [señal temprana de peligro]?”, se preguntó en su comparecencia en el Comité de Regulación Financiera de la Cámara de los Lores. “Aún una cuestión abierta”, respondió. Bailey advirtió de “señales de alarma” en los mercados de crédito privado ante la duda de que la caída de ambas firmas pueda ser “algo más importante”. “Estamos comenzando a ver lo que se denominó rebanar, trocear y dividir en tramos de estructuras de crédito” en un punto en el que las alarmas podrían “saltar”. Los dos casos que han hecho activar las alertas proceden de EEUU. Uno es First Brands, fabricante de componentes de la automoción de Ohio y el otro, el banco de Dallas (Texas) Tricolor, cuyas quiebras han despertado dudas sobre la falta de transparencia de los créditos privados.

Ikea está aumentando el volumen de productos que fabrica en EEUU ante la presión que sufre la primera cadena de muebles del mundo por los aranceles impuestos por Donald Trump a los muebles y otros artículos para el hogar. La cadena sueca, que facturó 5.500 millones de dólares en EEUU el año pasado, actualmente produce solo alrededor del 15% de los productos que vende en el país. Esto contrasta con un 75% de producción local en Europa y el 80% en Asia. “Queremos seguir creciendo en EEUU y Canadá. ¿Cómo optimizamos una buena estructura de suministro que garantice el acceso adecuado a materiales, componentes y producción? Estamos trabajando a muy largo plazo”, afirma Jon Abrahamsson Ring, CEO de Inter Ikea, propietaria de la marca. Trump impuso la semana pasada aranceles de entre el 10% y el 50% a las importaciones de muebles y productos de madera extranjeros. Ikea, responsable de aproximadamente el 1% de la producción industrial total, se verá seriamente afectada. Jesper Brodin, consejero delegado de Ingka, que opera el 90% de las 487 tiendas de Ikea, señaló que en 2023 el grupo se había comprometido a invertir 2.200 millones de dólares tanto en nuevas tiendas como en instalaciones de producción en EEUU.

La frágil relación entre Estados Unidos y China se traslada a un nicho clave para el futuro de ambas potencias y sus aliados: las tierras raras. En esta dinámica entra Australia, que acaba de convertirse oficialmente en una pieza clave en el tablero geopolítico. Donald Trump y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, celebraron a última hora del lunes su primer encuentro bilateral y firmaron en la Casa Blanca un acuerdo de 4,7 mil millones de euros para lograr «el dominio de los minerales críticos y la energía». De esta manera, buscan erigirse como el contrapeso a Pekín, que en 2024 exportó el 91% de estos compuestos al mundo. Canberra y Washington, conscientes de que buena parte del poder en el nuevo orden mundial pasa por controlar estos minerales, han dejado claro que no tienen tiempo que perder. La extracción y procesamiento de estos recursos naturales vitales para el armamento, la tecnología o las renovables, también sirve como moneda de cambio en las negociaciones entre enemigos e incluso aliados. Con este pacto, EEUU busca garantizar el suministro de tierras raras a través de un socio fiable, mientras que el enorme sector privado de la minería australiana recibirá un gran impulso económico –reflejado ya en la Bolsa–. Con esta hermandad, Australia también tratará de amortiguar los envites arancelarios estadounidenses. Todo ello con el objetivo común de ser autosuficientes y no depender de China, especialmente tras su reciente amenaza de cortar el suministro de elementos críticos. Es el enésimo capítulo de la guerra comercial y el estadounidense ha respondido con la advertencia de aplicar a Pekín unos aranceles extra del cien por cien. El plan de Australia y EEUU es inmediato, con vista a seis meses, y cada nación destinará 860 millones de euros a proyectos que ya están en marcha. 

Las negociaciones para poner fin a la invasión rusa de Ucrania son un frenético tira y afloja que siempre acaba en el mismo punto. Vladímir Putin y Volodímir Zelenski aseguran estar dispuestos a dialogar, y Donald Trump se esfuerza en su labor de mediación, pero el éxito es esquivo. Buena muestra de ello es lo sucedido con la cumbre que los líderes de Rusia y Estados Unidos iban a celebrar en Hungría. Se barajaba incluso la posibilidad de que acudiese también el presidente ucraniano pero, una vez más, ayer todo quedó en agua de borrajas. La Casa Blanca informó de que el secretario de Estado americano, Marco Rubio, había hablado el lunes con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y que tras la conversación telefónica se había decidido desechar la idea de una reunión al más alto nivel en Budapest. «No hay planes para un encuentro en el futuro inmediato», afirmaron en Washington. Diferentes fuentes estadounidenses mencionadas por medios de ese país afirman que fue Moscú quien decidió cancelar las reuniones preparatorias previas. Desde la capital rusa, Lavrov se explicó: «Creo que los funcionarios estadounidenses han concluido que la postura de Rusia se ha mantenido prácticamente inalterada a lo largo del tiempo y se mantiene dentro de sus exigencias maximalistas iniciales. Lo cierto es que Rusia no ha modificado el entendimiento al que Putin y Trump llegaron en Alaska tras largas negociaciones».

Nicolas Sarkozy vivió ayer el mayor deshonor en su biografía política y personal. El que fuera presidente de Francia entre 2007 y 2012 se convirtió en el primer exjefe del Estado galo en ser encarcelado en la historia de la Quinta República. Ingresó poco antes de las diez menos cuarto de la mañana en el centro penitenciario de la Santé, en el distrito XIV al sur de París. La imagen de su entrada en prisión no solo tuvo un carácter histórico, sino también simbólico en medio de la profunda crisis política que vive el país vecino. El antaño líder de la derecha tradicional fue encarcelado tras su condena a cinco años de prisión por el caso de la financiación libia de su campaña presidencial de 2007. El Tribunal de París pidió la aplicación inmediata de esa pena a causa de la «extrema gravedad de los hechos». El exmandatario fue condenado por haberse asociado de manera ilícita entre 2005 y 2007 con la dictadura de Muamar el Gadafi. Sus abogados y la Fiscalía recurrieron la sentencia y ese caso —el más grave de los tres por los que lo han castigado con penas de cárcel— volverá a juzgarse en segunda instancia dentro de un máximo de seis meses. Menos de un mes después de que pronunciaran la sentencia el 25 de septiembre, Sarkozy ingresó entre rejas en el único centro penitenciario dentro de la ciudad de París.