20250205

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

El responsable de Economía de Confebask, Pablo Martín, ha asegurado que “el mes de enero se ha comportado conforme a lo esperado, ya que es un mes en el que siempre se produce un aumento del paro y una caída de la afiliación como consecuencia de la finalización de la campaña navideña". Sin embargo, y a pesar de esa comparativa con el mes anterior, Pablo Martín ha destacado que, "en términos interanuales, esto es, abriendo el foco a enero del año pasado, se produce una caída de paro en casi 2.000 personas y un aumento de los afiliados en casi 11.000 personas. En definitiva – concluye el responsable de Economía de Confebask-, este último dato demuestra que la economía vasca sigue a día de hoy generando la suficiente actividad como para que continúe creciendo el empleo”. Ver más en Confebask.  

Euskadi ha destruido 10.005 empleos en enero. Se trata de la mayor caída de cotizantes al comenzar un nuevo año desde 2020, lo que supone que el número de personas ocupadas caiga hasta 1.014.506. Así lo reflejan los datos ofrecidos ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que evidencian bajadas reseñables en ámbitos como el sanitario, con 2.700 trabajadores menos tras finalizar los contratos firmados para cubrir las vacaciones; el comercio, donde se pierden 1.850 puestos al culminar la campaña navideña; o la hostelería, que se deja 1.500 afiliados. También llama la atención la pérdida que sufre la industria manufacturera vasca, que se deja un 0,42% (740 empleos menos). La evolución en el número de afiliados recoge una imagen similar para toda España, donde se han perdido más de 242.000 trabajos registrando el peor enero desde 2020 (dos meses antes de que estallara la pandemia), fruto de una economía estacional que se resiente aún más de la campaña navideña. Caen las personas ocupadas y crece el desempleo. Lanbide destacó ayer un aumento de 1.981 parados (un 1,68% más que en diciembre) hasta los 109.361. De hecho, en Euskadi el incremento en la cifra de parados se asienta únicamente en el área de los servicios. Es el único ámbito que crece –lo hace en 2.189 personas– respecto al cierre de 2024. Sube un 2,91%, mientras que otras áreas como la industria –con 92 desempleados menos– o la construcción –90 menos– registran muy ligeros descensos, apenas testimoniales, pero que ponen de relieve una trayectoria favorable. A nivel nacional se inscribieron 38.725 en las oficinas del SEPE, rozando los 2,6 millones. No obstante todos estos datos presentan una evolución desfavorable, pero previsible, que no llega a empañar la mejora de las cifras que se han venido cosechando durante el último año.

El típico inicio de año turbulento para el mercado laboral se ha acentuado este pasado mes de enero. Aunque históricamente es un mes propicio para la destrucción de empleo y el aumento del paro el traspié ha sido esta vez especialmente severo. Concretamente, con la destrucción de 242.148 puestos de trabajo en el último mes, el de 2025 se convierte en el peor enero para el empleo desde el año de la pandemia, lastrado por el comercio y la hostelería, que perdieron entre los dos casi 100.000 empleos. Y al fuerte ajuste de puestos de trabajo se le suma el aumento de desempleados, con 38.725 parados más. Y aunque el panorama no es especialmente desolador porque, como se ha mencionado, es habitual este ajuste de inicios de año, los registros publicados por los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social sí dejan alguna lectura basada en la incertidumbre de cómo puede afectar al desempeño de los próximos meses la coctelera de subida de cotizaciones que se empezó a desplegar el 1 de enero y la pretendida implantación de la reducción de jornada. Con todo, el saldo arroja un total de 21.095.814 cotizantes a la Seguridad Social, lo que supone 491.053 más que en el mismo periodo del pasado ejercicio y se traduce en la cifra más alta de personas afiliadas en la serie de enero. “Esperemos que sea un desliz y no un inicio de tendencia”, señalaba analizando los datos el vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor. “El mes de enero siempre es un mes malo y yo creo que los datos esta vez son incluso algo peores”, apuntaba en la misma línea el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

El Gobierno aprueba el texto pactado por Díaz y los sindicatos, que podría sufrir cambios en el Congreso al depender de Junts, afín a la patronal. A la espera de las modificaciones que experimente en su tramitación, la regulación en sus términos actuales tendrá un notable impacto en Euskadi, pese a que es la comunidad con la jornada más corta de España. Así, la media de los convenios negociados en el País Vasco establece 1.691 horas, por debajo de las 1.712 que suponen en cómputo anual las 37,5 horas semanales y a mucha distancia de las 1.755 que arroja la media nacional. Sin embargo, cerca de 350.000 trabajadores vascos se van a ver beneficiados, según estimaciones del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) vasco. ¿De dónde sale está cifra? En primer lugar de que se contabilizan más de 280.000 asalariados cuyos convenios tienen una jornada superior, de los que un 54,5% corresponden a acuerdos negociados en Euskadi y el otro 45,5% a estatales con aplicación en el País Vasco. A esa cifra habría que sumar los cerca de 30.000 trabajadores con convenio decaído y los 50.000 no cubiertos por ningún convenio, que se regulan directamente por el Estatuto de los Trabajadores, entre los que figuran las 27.000 empleadas del hogar. Entre los sectores que están por encima del nuevo límite figuran la hostelería, el comercio o el transporte. La normativa contempla también un ajuste para los trabajadores a tiempo parcial, que en Euskadi suman 184.200, casi un 19% del total de asalariados. El texto establece que tendrán derecho a seguir haciendo las mismas horas y al incremento proporcional del salario. Así, una persona que ahora cobre 1.000 euros mensuales en una empresa con jornada de 40 horas, pasaría a cobrar 67 euros más al mes. Ante el coste y las dificultades que supone, las patronales insistieron ayer en su frontal rechazo y advirtieron de que así lo transmitirán a los partidos políticos cuando la norma inicie su trámite parlamentario. Fue el mensaje del presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, en presencia Díaz, justo antes de que se aprobase el anteproyecto en el Consejo de Ministros.

De hecho, los dos ministerios principalmente implicados en la articulación de la medida, Trabajo y Economía, admiten que existen a partir de ahora multitud de avatares que pueden llegar a torcer la intención de la puesta en marcha de la reforma antes de final de año. Ayer mismo, las organizaciones empresariales volvieron a dejar claro los motivos de su rechazo. Según la CEOE, los determinantes de su postura pivotan sobre dos ejes. Por un lado, apunta la patronal que el coste de la medida sería de entre 21.000 y 24.000 millones de euros para el tejido productivo, mientras que afirma que el plan de ayudas ofrecido en los últimos compases de la negociación estaba lejos de compensar el esfuerzo. Además, señalan desde la CEOE que este cambio regulatorio afecta especialmente a las empresas más pequeñas y a los autónomos con empleados a cargo, toda vez que la jornada media pactada por convenio se sitúa ya en las 38,5 horas. Mientras que, por otro lado, defienden que la vía del cambio legislativo que modifica el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores supone una intromisión en la negociación colectiva. Sobre estos dos puntos aseguran desde la patronal que harán llegar a los grupos políticos su postura sobre el recorte de jornada sin rebaja salarial. “Irá al Parlamento lo que tenga que ir y, como no podía ser de otra manera, defenderemos nuestras posturas y trasladaremos a los partidos políticos cuáles son nuestras opiniones, también legítimas”, señala al respecto el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. “Claro que nosotros estamos dispuestos a que haya una reducción de jornada, evidentemente, estamos totalmente dispuestos, pero haciéndolo sector a sector, territorio a territorio”, señala por su parte el vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, advirtiendo de que esta medida “no va a castigar a las grandes empresas”, sino que “dañará muy sensiblemente a los autónomos” y a las pequeñas empresas que tienen uno, dos o tres trabajadores.

Los representantes de los empresarios españoles rechazan la reducción de jornada y así lo transmitirán a los partidos políticos cuando la norma inicie su trámite parlamentario. Es lo que afirmó ayer el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, en presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. Yolanda Díaz escuchó las quejas empresariales en un acto celebrado en Madrid, minutos antes de dirigirse al Consejo de Ministros para dar luz verde al recorte del tiempo de trabajo. Ambos líderes patronales aprovecharon un desayuno informativo organizado por Europa Press –en el que Amor anunció que se presentará a la reelección al frente de ATA– para decirle una vez más a Díaz que rechazan rotundamente el recorte horario. Y por eso intentarán mover sus hilos en el Congreso para frenar la medida: “Al Parlamento irá lo que tenga que ir y, como no podía ser de otra manera, defenderemos nuestras posturas y trasladaremos a los partidos políticos cuáles son nuestras opiniones, también legítimas”, advirtió Garamendi. Este también defendió el diálogo social bipartito con los sindicatos, principalmente. Y se refirió al tripartito, con el Gobierno, pero en este caso acusó a Trabajo de practicar “no el diálogo social, sino el monólogo social”. Por su parte, Amor espetó que “ningún empresario va a contratar a un solo trabajador para compensar el recorte de la jornada”. “El que piense lo contrario es que no tiene pajolera idea de lo que es pagar una nómina”, dijo. Amor aseguró que los empresarios sí estaban dispuestos a negociar una reducción de jornada laboral , pero “poco a poco” de forma bilateral con los sindicatos y en el plazo de tres o cinco años.

La posición política es firme para que Sidenor se haga con el control de Talgo, pero las otras dos alternativas siguen dando pasos para presentar una oferta por el fabricante de trenes. Se trata de la polaca Pesa y la india Jupiter Wagons que trabajan, no solo en el análisis económico de la propuesta, sino en el argumentario para tratar de ablandar la posiciones de los gobiernos central y vasco. Dentro de esas tareas, además de los encuentros con el Ejecutivo de España, se ha confirmado que el Gobierno vasco también ha mantenido contactos con Pesa y Jupiter Wagons. Las compañías trataron de explicar, en ambos casos, el respeto por la historia y arraigo de Talgo y la determinación por mantener y reforzar la planta de la localidad alavesa de Rivabellosa, donde trabajan 700 personas. Además, fuentes del mercado avanzan que encima de la mesa también estaba la posibilidad de abrir el consorcio al Ejecutivo autonómico para que entrara en la operación con su fondo Finkatuz. Pero, según señalan fuentes del Gobierno vasco, se les comunicó «de una manera honesta» que para el Gabinete de Imanol Pradales «la mejor opción del arraigo es la que representa el proyecto de Sidenor». En esta misma línea se ratificó ayer la portavoz del Ejecutivo, Maria Ubarretxena, al asegurar que la vía del grupo presidido por José Antonio Jainaga es «la mejor opción y la nuestra».

El plato fuerte llegará el viernes, con el arranque de los plenos de control al Gobierno. El último se celebró el 13 de diciembre, una semana antes de aprobarse los Presupuestos, pero en aquella ocasión los grupos sólo pudieron preguntar a los consejeros, ya que el lehendakari se encontraba en la Conferencia de Presidentes en Santander. En el que será su primer test parlamentario en más de dos meses –el anterior fue el 29 de noviembre–, Imanol Pradales deberá responder a preguntas de EH Bildu, PP, Vox e incluso de su propio grupo, el PNV. La ‘autopregunta’ es una fórmula socorrida cuando el lehendakari o un consejero desean hacer un anuncio o fijar un posicionamiento sobre un tema. En este caso, el portavoz jeltzale, Joseba Díez Antxustegi, le preguntará sobre la escalada arancelaria promovida por Donald Trump. Justo después tendrá lugar el primer cara a cara con Pello Otxandiano, quien le cuestionará sobre el plan industrial del Gobierno vasco en un momento delicado por la crisis de Guardian, la operación en Talgo y el ERTE en Mercedes. Estas iniciativas, sumadas a una pregunta de Álvaro Gotxi (PP) al consejero Mikel Jauregi, dejan a las claras que la economía en general y la industria en particular van a acaparar un mayor protagonismo en este nuevo periodo de sesiones. En este pleno, eso sí, también se hablará de vivienda, sanidad, educación e incluso de la polémica cesión del palacete de París.

La secretaria general de CC OO de Euskadi, Loli García, indicó ayer que acudirán con «mente abierta y sin líneas rojas» a negociar un acuerdo interprofesional para fijar un salario mínimo en Euskadi. Un encuentro que tendrá lugar mañana en el CRL después de que ELA, LAB, CC OO y UGT registraran la petición de forma coordinada aunque separada convocando a la misma a Confebask. La patronal vasca solo ha confirmado hasta el momento que acudirá al encuentro, donde se constituirá la mesa negociadora, aunque no desvela si se abrirá a una negociación para alcanzar un acuerdo. Loli García también indicó que no van a entrar en «una subasta para fijar ese salario mínimo, porque «es un tema muy delicado y es importante trabajar con números reales». Al respecto, el Gobierno Vasco se ha comprometido a realizar un estudio para plantear una cantidad que se adecúe a la realidad vasca y que pondrá a disposición de los participantes en la mesa. Cabe recordar además, que ELA, LAB y el resto de sindicatos nacionalistas abogan también por compatibilizar esta vía con otra parlamentaria, ya que han presentado una iniciativa legislativa popular para que Euskadi tenga competencias para fijar un SMI propio.

El número de solicitudes para levantar parques eólicos en Bizkaia sigue creciendo y alcanza ya los 17 proyectos. La empresa Geu Consultoría Financiera ha pedido permiso al Gobierno vasco para implantar una nueva central en la frontera entre Mungia, Bermeo, Meñaka y Bakio, en una zona boscosa muy cercana al barrio de Emerando. El parque constaría de cuatro aerogeneradores de 113 metros de altura. Además, este promotor vizcaíno plantea una nueva línea de alta tensión de 8,84 kilómetros de recorrido para poder volcar la energía producida a la red general en Gatika. Esta nueva infraestructura de transporte necesitaría de la construcción de 29 torretas metálicas. El plan presentado por Geu se encuentra en la fase de tramitación ambiental y pretende instalar una potencia total de 27,2 Mw (6,8 Mw por molino), suficiente para alimentar de electricidad, en condiciones óptimas de funcionamiento, a 15.000 hogares. No es la primera vez que una compañía privada se interesa por levantar una central de estas características en esta zona de Bizkaia. En los últimos tres años, el Ejecutivo autonómico ha recibido hasta cuatro propuestas para aprovechar el potencial eólico del entorno, en un triángulo que une las localidades de Bermeo, Lemoiz y Mungia. Este último plan pretende enraizar dos aerogeneradores en el término municipal de Mungia, mientras que otro iría en Meñaka y el último, en un área limítrofe con Bakio. Además, la infraestructura para producir energía prevé la colocación de una torre de medición del viento de 111 metros de altura. El parque, que por ahora solo existe sobre el papel, ha sido bautizado como ‘Bakio’, pese a que su mayor área de influencia se encuentra en Mungia. La iniciativa sale a la palestra en un momento clave para el sector eólico en Bizkaia. El Plan Territorial Sectorial (PTS) de Energías Renovables acumula un importante retraso. 

 El Puerto de Pasaia ha perdido su tercer puesto entre los mejores del Estado en logística del automóvil y cae al cuarto según el estudio que anualmente realiza la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones Anfac, que le otorga 3,9 puntos sobre cinco en 2023 cuando un año antes su nota fue de 4,1 puntos. Este informe le aupó al primer puesto en los años 2020 y 2021, aunque en 2022 descendió al tercero y un año después pasa a ser el cuarto, tras los de Santander, Tarragona y Sagunto con 4,5; 4,4 y 4,2 puntos respectivamente. El estudio se centra en ocho puertos españoles que, en conjunto, representan el 88,5% del total de tráfico de automóviles del Estado que se realiza por vías marítimas y analiza las respuestas de los 19 principales fabricantes de automoción como Mercedes y Opel, clientes del recinto portuario de Pasaia o, entre otros, Renault, Peugeot, Dacia, Kia o Toyota, de las marcas más vendidas en Gipuzkoa. La nota media que alcanzan estas ocho dársenas es de 3,9 puntos, que coincide con la alcanzada por la guipuzcoana. Anfac calcula que en 2023 se gestionaron en el Puerto de Pasaia un total de 287.033 vehículos con un notable incremento del 19% respecto al año anterior, con lo que consiguió superar los niveles prepandemia pese a las dificultades que vivió esta actividad portuaria ante el peligro que significaba atravesar el canal de Suez, lo que obligó a buscar vías alternativas que alargaban los plazos de entrega y encarecían el transporte marítimo de coches. La mayor parte de los automóviles con los que trabaja Pasaia se destinan a la exportación y más de la mitad llega por carretera mientras que un 43,5% lo hace por ferrocarril. 

El sector servicios ha venido ganando peso en la economía guipuzcoana en los últimos años en detrimento de una industria debilitada. Es por ello que no sorprende ver a la hostelería como el cuarto sector que más aporta a la economía de Gipuzkoa (5,66%), solo precedido por el comercio, los servicios inmobiliarios y la producción de materiales y productos metálicos, salvo maquinaria. En los últimos catorce años la hostelería ha ganado seis posiciones en el Producto Interior Bruto (PIB) del territorio, y ha sobrepasado en lo que a generación de riqueza se refiere a sectores como la construcción, la sanidad, la educación o las finanzas y seguros, entre otros. En el periodo analizado, la hostelería guipuzcoana aumenta en un 38% su protagonismo en la aportación al PIB, un incremento que no alcanza ninguno de los primeros quince sectores económicos analizados. Esta fotografía del sector fue presentada ayer por el presidente de Hostelería Gipuzkoa, Mikel Ubarrechena, y el secretario general, Kino Martínez. Sin embargo, no todo es de color de rosa para el sector hostelero de nuestro territorio, –compuesto por 4.445 establecimientos y 26.125 trabajadores–, ya que se enfrenta a difíciles retos como la captación de talento o la falta de relevo generacional. En este sentido, Hostelería Gipuzkoa reclama al Gobierno Vasco que se resuelva, «a la mayor brevedad posible», el déficit que existe en el territorio de oferta pública de formación reglada para el acceso a las principales profesiones del sector hostelero. Para ello solicita la creación de un centro integral de carácter público, al estilo de los existentes desde hace décadas en Leioa y Galdakao (Bizkaia) y Gamarra (Araba). 

El líder del EBB vence en 110 batzokis frente a los 70 del portavoz en el Congreso y los 30 de Olano en un proceso con alta abstención. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, aventaja en la primera vuelta en número de organizaciones municipales a su contrincante más directo, Aitor Esteban, sobre todo por su empuje en los territorios de Álava y Navarra. En Bizkaia, la situación es de práctico empate entre ambos dirigentes, que es consecuencia de la división de su aparato territorial para desconcierto de la militancia. En Gipuzkoa, la mayoría de los batzokis se ha inclinado por Markel Olano, con Esteban en segunda plaza, mientras que en Iparralde gana el presidente del EBB en la mayoría de las asambleas, con excepción de San Juan de Luz, donde se impuso el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso. Los datos ofrecidos de forma extraoficial –el PNV no informa de los resultados– sitúan a 110 organizaciones municipales en las que ha vencido Ortuzar, 70 afines a Esteban y 30 a Olano. Eso sí, el voto ponderado puede ser algo diferente porque los municipios más poblados pueden tener derecho a cuatro representantes mientras a las localidades más pequeñas les toca solo uno. Esa escala castiga en el fondo a los enclaves más urbanos –en los que el número de militantes es mayor– y es abiertamente cuestionada por el sector crítico alternativo, que reclama hace tiempo, sin éxito, las hojas del censo electoral y una revisión del sistema que se aproxime más al principio ‘un hombre, una mujer, un voto, y al modelo clásico de primarias para elegir candidatos en los partidos. La mayoría de los batzokis logrado por Ortuzar y su hegemonía territorial no le asegura en este momento la victoria en una segunda vuelta.

En cualquier caso, aunque el debate sobre el apagón nuclear parece más vivo que nunca, la realidad es que la continuidad del parque atómico no está necesariamente ligada a los centros de datos. «El cierre de la nuclear no pone en riesgo ni la fiabilidad de suministro, ni tampoco el que la demanda se quiera seguir electrificando», explica Marta Castro, directora de Regulación de Aelec. «Creo que en España hay suficiente oferta como para poder ser consumida», incide. En opinión de Castro, los centros de datos eligen España por «tres factores». El primero, muy relacionado, es «porque tenemos energía barata y eso, obviamente, son las energías renovables». El suministro, presume, es «entre un 20% y un 30% más barato que en otros países donde ya antiguamente se estaban instalando». En segundo lugar, España «tiene una cosa que ellos necesitan mucho, que es que ancha es Castilla», bromea. Hay espacio para los centros y para toda la infraestructura que puedan necesitar en materia energética. La tercera clave es que «tenemos los mejores indicadores de seguridad energética que se pueden contemplar; en pocas palabras, que no hay interrupciones y no hay apagones». También influye en la decisión su posición geográfica, que permite que el país haga de entrada de los cables submarinos que traen la información desde el otro lado del Atlántico. Una vez en España pueden continuar su camino a otros países europeos a los que no pueden llegar por vía marítima. «Cuándo nos hemos visto en otra en España donde el Meta, el Google o el Amazon de turno nos quiere y quiere venir aquí, tenemos que ver todo esto como una oportunidad de país», presume la directiva de Aelec. Por otro lado, Castro recuerda que «los centros de datos que tenemos ahora no son los de hace muchos años». «Son cada vez más eficientes y consumen menos»,

“2025 es un año clave, es la encrucijada para saber si se van a conseguir los objetivos del Pniec [en energía solar] o no”, asegura José Donoso, director general de Unef. En 2024 España registró el mayor crecimiento en energía solar de la Unión Europea por segundo año consecutivo, al alcanzar los 60 TWh, un 23% por encima del año anterior. Más de una quinta parte de la energía en España, el 21%, fue de origen solar y ya somos el segundo país de la UE, por detrás de Alemania, en generación, y el tercero en cuota solar en el mix energético, sólo superados por Hungría y Grecia, según datos del informe European Electricity Review 2025, del think tank británico Ember. Empresas como Iberdrola, con 7.470 MW fotovoltaicos a septiembre de 2024 y cuyo Plan estratégico 2024-2026 le permitirá incrementar la capacidad solar instalada en unos 2.100 MW; Solaria, con un pipeline de más de 14.200 MW distribuidos en el sur de Europa y el objetivo de alcanzar una capacidad instalada de 18 GW en 2030; Moeve, con 650 estaciones de servicio equipadas con paneles solares y el objetivo de llegar al 100% en 2030; Naturgy, Repsol, Acciona Energía o Endesa son protagonistas de la buena evolución de la fotovoltaica en España. En Europa, la energía solar generó el 11% de la electricidad en 2024 y superó por primera vez al carbón. “La UE se acerca a un futuro energético limpio, alimentado por energía eólica y solar”, que “reducirá la vulnerabilidad del bloque”, asegura Beatrice Petrovich, una de las responsables del informe. La energía solar fotovoltaica, junto con la eólica, la nuclear, los vehículos eléctricos, las bombas de calor, el hidrógeno y la captura de carbono, son las “siete tecnologías de energía limpia fundamentales para lograr transiciones asequibles y seguras. Juntas, representan tres cuartas partes de las reducciones de emisiones de CO2 hasta 2050”, según el World Energy Outlook 2024 de la AIE.

Los call center de las energéticas están en la diana de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El supervisor acaba de cerrar una investigación de varios meses sobre los mecanismos de control que diez eléctricas y gasistas aplican a sus agentes comerciales para evitar malas prácticas. La conclusión del organismo es que, en muchos casos, no logran atajar «acciones comerciales engañosas», por lo que ya ha instado al Gobierno a aprobar una ley específica que permita sancionar directamente a los agentes de venta. El informe es el resultado del análisis de la información que el regulador requirió a las grandes del sector (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y TotalEnergies) y a otras de menor tamaño, en abril de 2024. En casi todas las energéticas, la actividad comercial es «mayoritariamente» subcontratada –más de un 82% en 2022 y más de un 87% en 2023, según las cifras de la CNMC–. Interno o externo, la ley en España establece que las máximas responsables de eventuales actuaciones irregulares de cualquier agente comercial que actúe en su nombre son las propias energéticas. A juicio del organismo que preside Cani Fernández, esto no es suficiente. «Las prácticas comerciales abusivas o engañosas se siguen produciendo porque algunas comercializadoras no controlan con diligencia a sus fuerzas de venta», reconoce en su informe. En parte, porque «no es sencillo relacionar la práctica comercial abusiva de las fuerzas de venta externas con la comercializadora que pudiera estar detrás, puesto que no existen pruebas concluyentes al no existir la obligación de grabar las llamadas completas». En este punto, la CNMC recuerda que ya ha propuesto esta medida hasta en dos ocasiones, desde julio de 2023.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya había anticipado días atrás parte del nuevo cuadro macroeconómico que el Gobierno utilizará como hoja de ruta para 2025 y 2026 y que constituye uno de los pasos previos para lanzar un proyecto presupuestario para este año si la aritmética parlamentaria y las exigencias de sus aliados separatistas se lo permiten. Ayer, tras su paso por el Consejo de Ministros, vieron la luz formalmente las nuevas previsiones, que el ministro desgranó con más detalle y que contemplan una significativa mejora del pronóstico de crecimiento para este año, hasta el 2,6%, dos décimas más que en el cuadro anterior, y avanzan un aumento del PIB del 2,2% en 2026. Es el vaticinio más optimista hasta la fecha, superando las estimaciones de grandes organismos internacionales como el FMI y la OCDE, que auguran un alza del PIB del 2,3% este año, y también una décima superior al 2,5% pronosticado por el Banco de España y la Airef. Esta revisión al alza se produce en un contexto geoeconómico muy complicado, marcado por las continuas amenazas arancelarias de Donald Trump, y que, según los expertos, pueden alterar los flujos del comercio internacional e impactar, a su vez, en las previsiones de crecimiento globales. Con esta sombra exterior en ciernes, el Gobierno fía el crecimiento de este año al impulso del consumo interno, tanto público como privado, y al despegue de la inversión, que en los últimos años ha sido el gran talón de Aquiles de la economía española, hasta el punto de que, según un reciente informe del Banco de España, la inversión productiva empresarial ha pasado de representar el 12,6% del PIB en 2019 al 10,7% en 2024.

Arranca la pugna para entrar en la joint venture de fibra que han constituido Masorange y Vodafone. La sociedad –que es la mayor compañía de fibra óptica, con cobertura sobre 12,2 millones de accesos a hogares– busca un inversor que se sume al capital, para lo que ha lanzado un amplio proceso de venta. A él se han acercado en torno a una quincena de grandes fondos de infraestructuras del mundo, entre los que figuran KKR, Apollo, CPPIB, Blackstone o CDPQ. La idea es que el nuevo inversor asuma una participación del 40%, frente al 50% que controla la fusionada Masorange y con la firma ahora en manos de Zegona en un 10%. Las estimaciones iniciales pasan por que la transacción tase a toda la empresa de fibra en una horquilla entre los 9.000 y los 10.000 millones de euros, de modo que el inversor que emerja inyecte unos 4.000 millones. Masorange ha encomendado a BNP Paribas pilotar este proceso. Tras haber constituido a principios de año con Vodafone la sociedad conjunta, la mayor compañía de fibra óptica de Europa, el banco de inversión lanzó el proceso inmediatamente después, con el reparto entre potenciales candidatos del cuaderno de venta. El proceso, según fuentes financieras, ha levantado un elevado apetito del mercado. De este modo, una quincena de grandes fondos de infraestructuras han firmado ya acuerdos de confidencialidad para participar en el proceso y remitir sus ofertas no vinculantes.

El choque de los dos gigantes económicos mundiales era previsible, aunque falta conocer sus consecuencias. Colombia primero, México y Canadá, después, se han plegado por ahora a las amenazas de Trump que, sin embargo, sí ha tenido respuesta de China. Pekín contraataca penalizando las importaciones estadounidenses. Ha decidido aplicar aranceles de hasta el 15% en productos como los automóviles de gran cilindrada, el petróleo o el gas e imponer restricciones a la exportación de minerales estratégicos. Minutos después de que el Gobierno estadounidense cumpliera su amenaza de imponer unos aranceles del 10% a las importaciones chinas en su territorio, llegó una rápida y contundente respuesta de Pekín. El Ejecutivo liderado por Xi Jinping –que lleva meses preparándose para responder a una nueva ofensiva proteccionista de Trump– entró de lleno en la guerra comercial y, entre otras medidas, gravará con un 15% el carbón y el gas natural y con otro 10% el petróleo, la maquinaria agrícola, los automóviles de gran cilindrada y las camionetas. En un momento en el que Trump promete importantes inversiones a las ‘big tech’, el Ministerio de Finanzas chino también anunció una investigación contra las prácticas «monopolísticas» de Google. Aunque esta compañía no opera en China desde 2010, unas posibles sanciones contra esta tecnológica podrían torpedear la actividad de las empresas asiáticas en el extranjero. Estas medidas también ocasionarían trabas para fabricantes de teléfonos como Xiaomi o Lenovo, que utilizan el sistema operativo Android, propiedad de la tecnológica estadounidense (y que perdería a uno de los sus principales clientes). Esta investigación a Google llega después de que Trump anunciara que está buscando la fórmula para que Estados Unidos se haga con el 50% de TikTok, ahora en manos de la empresa china ByteDance. 

EE UU, el principal productor del mundo de petróleo y gas natural, le ha declarado la guerra comercial a China con aranceles del 10% a la importación de sus productos. Y China, el mayor importador de petróleo y gas del mundo, ha replicado con un gravamen adicional del 15% al carbón y al gas natural licuado procedente de Estados Unidos, y de un 10% al petróleo. Las dos grandes potencias del mundo, una exportadora y otra importadora de energía, se han enzarzado en una escalada de tensión comercial de la que aún es difícil conocer su verdadero alcance pero que tendrá efectos globales, empezando por el precio de las principales materias primas. La magnitud definitiva de los aranceles va a estar sujeta a la diplomacia de más altos vuelos, como quedó demostrado el lunes, cuando Donald Trump decidió la suspensión por un mes de los aranceles sobre México y Canadá. Es la nueva política económica e internacional de la Casa Blanca, pero los aranceles sobre la energía tienen una dimensión estratégica clave que está alterando el rumbo de los mercados. El precio del brent y del West Texas encajaba ayer por este motivo descensos que llegaron a superar el 3%, con los que se borraba el ascenso acumulado en el año, cuando surgió otro elemento en discordia y no menos influyente en el coste de la energía: la geopolítica. El día en que Trump se reunía en la Casa Blanca con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, se reactivó en el mercado la posibilidad de que EE UU endurezca las sanciones a Irán para exportar de crudo, lo que impulsó con rapidez los precios. Irán exporta en la actualidad alrededor de un millón de barriles de petróleo al día, pero podría ver limitada esa exportación a una tercera parte. El precio del petróleo se dio ayer la vuelta pero el del gas natural sí registró un descenso superior al 3%, según los futuros del mercado europeo, reflejo del menor crecimiento que supondría la guerra comercial.

Las principales agencias espaciales y dos comités de Naciones Unidas están analizando el asteroide 2024 YR4, que tiene una remota probabilidad de chocar con la Tierra el 22 de diciembre de 2032. El cuerpo fue descubierto en diciembre de 2024 desde el observatorio ATLAS de Chile. Tiene entre 40 y 100 metros de diámetro. Es un tamaño demasiado pequeño para causar una catástrofe a nivel global, pero sí podría destruir por completo una ciudad si llegase a caer en tierra. Según los cálculos iniciales, el asteroide tiene un 1,2% de posibilidades de chocar con la Tierra, o casi un 99% de no hacerlo. Dos grupos especializados de Naciones Unidas están estudiando la trayectoria de este cuerpo: la Red Internacional de Alerta de Asteroides, y el Grupo Asesor de Misiones Espaciales (SMPAG, en sus siglas en inglés). Estos dos organismos se crearon para coordinar la respuesta internacional ante una amenaza de este tipo. El SMPAG coordina el conocimiento técnico de las principales agencias espaciales, incluyendo la NASA estadounidense y la europea (ESA), que preside este grupo. Su función es recomendar una respuesta concreta ante asteroides peligrosos, incluido su estudio y la propuesta de medidas de mitigación o desvío, si fuese necesario. El SMPAG se reunió virtualmente el viernes para analizar la “muy pequeña posibilidad de un impacto del asteroide 2024 YR4 en diciembre de 2032”, según publicó el organismo en un comunicado. Este grupo se activa si existe una probabilidad de impacto mayor que 1% y se trata de un cuerpo de más de 50 metros. “La conclusión es que es demasiado pronto para tomar ninguna medida. No obstante, el SMPAG monitorizará la evolución de esta amenaza de impacto y los datos sobre el tamaño de este cuerpo”, señaló el organismo. El objeto ha pasado a ser el más peligroso en la lista de la ESA y la NASA.