20240903

Artículo del director de Formación, Talento y Empleo de Confebask, Asier Aloria: "Nos enfrentamos a un reto de enormes dimensiones y lo cierto es que no sé hasta qué punto la sociedad vasca es plenamente consciente de su tamaño...La falta de personas puede afectar gravemente a nuestra productividad, a la competitividad de las empresas y consecuentemente a nuestro estado del bienestar. Todo va unido. Por eso decimos que el reto demográfico es un reto de país...Debemos abordar una estrategia conjunta y de país en relación con el talento. Y hacerlo desde una triple perspectiva: generación, fidelización y atracción. Una estrategia de colaboración público-privada, con obligada presencia de las instituciones públicas, el ámbito educativo; así como obviamente, el ámbito empresarial...Será necesaria una conexión más estrecha de Lanbide con las empresas, al estilo de lo que ya existe con la Formación Profesional. Eso es todavía una materia pendiente en Lanbide. Abordarla es uno de los objetivos de Lanbide para esta nueva legislatura. Desde un punto de vista de la atracción, queremos poner en marcha una experiencia piloto junto con el gobierno vasco para captar personas de fuera de nuestro ámbito, tanto de otras comunidades autónomas como de otros países. Se trata de una primera experiencia con la que pretendemos explorar y medir las dificultades a las que tenemos que enfrentarnos las empresas para acudir a esa vía de una manera rápida y eficiente: trabas legales y administrativas, dificultad para encontrar vivienda, educación, acogida, etc.  En definitiva, necesitamos una estrategia conjunta público-privada y de país sobre talento...Un reto para cuya solución ya estamos trabajando y que, por cierto, el actual acuerdo de gobierno reconoce como “uno de los más importantes en las próximas décadas.” Ver más en Confebask.

La tendencia a la baja en las ventas de los coches eléctricos e híbridos enchufables no solo se mantiene sino que se agrava tanto en Euskadi como en el conjunto de España. Así lo muestran los datos de agosto, cuando los primeros se desplomaron un 28% y los segundos un 4% en la comunidad autónoma. Los consumidores se están decantando claramente por los híbridos convencionales (los que no se conectan a la red eléctrica), que son los únicos que tiran del mercado porque también los de motores de gasolina y diésel continúan su declive ya estructural, según el informe publicado ayer por las patronales Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores). La subida de los híbridos no enchufables –un 49% en agosto– es tal que ya suponen la mitad de todas las ventas de coches en Euskadi. Son modelos que por lo general tienen la etiqueta ECO, lo que les permite acceder a las zonas restringidas de las ciudades sin las incertidumbres que envuelven a los eléctricos por la falta de autonomía y puntos de recarga. Los eléctricos puros apenas representan un 4,6% de las matriculaciones, un porcentaje muy similar al de los híbridos enchufables, con lo que entre ambos superan por poco el 9%. Por su parte, los motores de gasolina, que antes eran los reyes de la carretera, ahora solo tienen un peso del 30% tras caer un 26% en agosto, mientras que los diésel han quedado como una tecnología marginal, con un 5% de cuota tras descender más del 40% en el mes. Habría que añadir, además, los propulsados por gas, que también suben en ventas pero son muy residuales, si bien el Dacia Sandero, que tiene una versión con GLP, es el más vendido tanto en el País Vasco como a nivel nacional.

Las causas son múltiples: el precio, las dudas sobre la regulación, los aranceles a los fabricantes chinos... Pero el coche eléctrico pierde velocidad y eso se está notando en toda la industria. Una de ellas, que es además crítica para su desarrollo, da también síntomas de claro enfriamiento. Se trata de la instalación de los puntos de recarga de acceso público. En Euskadi, hasta el pasado mes de julio había contabilizados por el Gobierno vasco un total de 1.371 plazas provistas de una estación de recarga para la batería del coche eléctrico. Una cifra que anota solo un aumento de 133 en la primera mitad del año frente a las 293 que se habían incorporado en el mismo periodo de 2023.  Los datos certifican que mientras el aumento de los lugares públicos para recargar el vehículo eléctrico era el año pasado del 68%, en este 2024 solo crecen un 10%. Una velocidad que hace que el objetivo fijado por las asociaciones de fabricantes y concesionarios de automóviles (Anfac y Faconauto) para este año –2.900 puntos de recarga– quede muy lejos de llegar a cumplirse. Si bien es cierto que en la medida en que se van habilitando más tomas de corriente para estos coches los crecimientos van reduciéndose, el ritmo de este año se aleja mucho de alcanzar el objetivo que el sector ha marcado para 2030. Para ese año Anfac calcula que en el País Vasco serían necesarias 13.500 conexiones de recarga en Euskadi de acceso público para una correcta implementación del vehículo eléctrico. Con el ritmo actual sería necesario esperar hasta 2075 para alcanzar esa cifra.

En un momento en el que la venta de vehículos eléctricos registra frenazo tras frenazo cada mes, el número de cargadores eléctricos de acceso público cobra más importancia a la hora de decantarse por la compra de este tipo de turismos. Pero no todas estas ‘electrolineras’ están a pleno funcionamiento en las diferentes vías, carreteras y estaciones de servicio de Euskadi. La comunidad cuenta actualmente con 1.238 cargadores, de los cuales el 15,6% (un total de 194) se encuentran desenchufados por avería o porque todavía no se han podido conectar a la red de distribución, según la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Con estas cifras, el País Vasco se convierte así en la región de todo el Estado con un mayor porcentaje de puntos de recarga operativos, al adelantar a Extremadura y Navarra respecto al anterior barómetro de la electromovilidad de Anfac. En la otra cara de la moneda nos topamos con Baleares, donde más de la mitad (54,3%) de las electrolineras no están disponibles. Le siguen Murcia (35,9%) y Canarias (30,4%). Si se recogen los datos estatales, España cuenta con 29.301 enchufes para vehículos eléctricos repartidos por todo el territorio y el 26,4% de ellos, concretamente 7.728, no están en funcionamiento.

El coche más vendido en agosto en Euskadi fue, una vez más, el Dacia Sandero, con 78 unidades. No obstante, llama la atención que hay dos modelos chinos en los ‘top ten’ del ránking mensual. Se trata del MG ZS, en séptima posición con 35 unidades, y el Omoda 5, en décima, con 30. Este último, perteneciente al grupo Chery, es el que se va a ensamblar dentro de poco en Barcelona. Aunque tienen su variante eléctrica, son coches que se venden principalmente en sus versiones de combustión o híbridas, que no están afectados por los aranceles impuestos por la UE a los vehículos eléctricos chinos desde principios de julio. En el acumulado del año, los coches más vendidos en Euskadi son el Dacia Sandero, el Hyundai Tucson y el MG ZS. En el conjunto de España son el Dacia Sandero, el Toyota Corolla y el Seat Ibiza.

Por primera vez en su historia, el grupo automovilístico Volkswagen está considerando la posibilidad de cerrar fábricas en Alemania para reducir costes. Las posibles medidas, dirigidas a su principal marca de automóviles así como a otras operaciones del consorcio, incluiría poner fin al pacto de la empresa con los sindicatos para mantener los puestos de trabajo seguros hasta 2029, según indicó ayer la compañía. Sería el primer cierre de plantas en Alemania en los 87 años de historia. Los mercados han recibido positivamente el anuncio, con un alza de las acciones del 1,25% al cierre del mercado. “El entorno económico se ha vuelto aún más duro y nuevos actores están presionando en Europa”, indicó el director ejecutivo del grupo, Oliver Blume. “Alemania, como lugar de negocios, se está quedando más atrás en términos de competitividad”, señaló Blume. Las palabras del directivo tratan de reflejar el difícil contexto que vive el mayor fabricante automovilístico europeo: por un lado, un aluvión de marcas chinas han desembarcado en el Viejo Continente con una oferta competitiva en precio y prestaciones, sobre todo en el ámbito del vehículo eléctrico; y, por otro, la incertidumbre en torno a la evolución del vehículo eléctrico y el estancamiento de sus ventas ha hecho que muchas empresas se tengan que repartir un mercado aún demasiado pequeño al que la clase media no se está sumando por el gran coste que suponen estos coches.

Mientras que los servicios y la actividad comercial muestran resiliencia y crecimiento, la producción industrial no consigue remontar el vuelo. El índice PMI del sector manufacturero de la zona euro, publicado ayer por S&P Global, se mantuvo en agosto en 45,8 puntos por tercer mes consecutivo; esto es, muy por debajo de los 50 puntos que se necesitarían para dejar atrás el territorio de la contracción, en el que la industria europea está sumida desde hace tiempo (desde julio de 2022). En otras palabras, el sector manufacturero se encuentra atrapado en un proceso de desaceleración en el que “las condiciones empresariales han empeorado al mismo ritmo sólido durante tres meses consecutivos”, señaló ayer Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank y responsable del informe. La debilidad de la industria pone en jaque el crecimiento del tercer trimestre, que ahora apunta al estancamiento después de que el PIB del bloque del euro hubiera crecido un 0,3% tanto en el primer trimestre como en el segundo. Todo ello en un contexto en el que las entradas de nuevos pedidos cayeron “al ritmo más fuerte en lo que va de año”, forzando a los fabricantes a reducir gastos recortando “la compra de insumos, el empleo y los inventarios”. Y es que si la industria se resfría, el catarro se termina contagiando al mercado laboral. “Los niveles de empleo en las fábricas de la zona euro se redujeron de nuevo a mediados del tercer trimestre, extendiendo el actual periodo de recorte de empleo a quince meses”, subrayó el estudio. Aunque el enfriamiento industrial es generalizado entre la mayoría de las economías del euro, Europa sigue avanzado a diferentes velocidades, con dos grandes lastres: Alemania y Francia. La antigua locomotora germana continúa marcha atrás y sin freno en su proceso de deterioro. Su índice PMI se situó en agosto en los 42,4 puntos, su cota más baja en cinco meses y cada vez más sumergida en territorio de contracción. En Francia, el panorama no es mucho más halagüeño: su indicador marcó 43,9 puntos, su cota más baja en siete meses. En Italia, la actividad repuntó, pero no fue suficiente para cruzar la frontera que separa el crecimiento de la contracción, donde permanece con 49,4 puntos. España, junto a economías mucho más pequeñas, como la irlandesa o la griega, actuó de contrapeso. El sector manufacturero español sigue en terreno de crecimiento, pero su indicador se deslizó hasta los 50,5 puntos, registrando mínimos de siete meses.

La coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, reclamó ayer al consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres medidas y consensos para mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores en el primer encuentro que ha mantenido el vicelehendakari dentro de la ronda que llevará a cabo con los agentes sociales. Aranburu trasladó a Torres medidas concretas tendentes a mejorar la calidad del empleo, dignificar los salarios, fijar un salario mínimo de 1.600 euros y reducir la jornada laboral. LAB trasladó a Mikel Torres que priorizará la lucha por las condiciones laborales y de vida dignas de los trabajadores, aunque se mostró abierto al diálogo. Las representantes del sindicato abertzale hicieron hincapié en los colectivos de trabajadores en situaciones más precarias y de forma especial en las trabajadoras del hogar, que recordaron, ni siquiera tienen convenio propio. Y es que los intentos de la central abertzale por impulsar un pacto para este colectivo en Euskadi han tropezado con la oposición de Confebask, que se niega a ostenar la representación como patronal. Otro tema que abordaron fue la salud laboral. Al respecto, el sindicato reclamó a Torres políticas para hacer frente a las altas tasas de siniestralidad laboral y muertes en el trabajo, que calificó de «inaceptables». También emplazó Aranburu a Torres que «se oponga a los nuevos recortes que pretende aplicar la patronal con la excusa del absentismo y le interpele para que cumpla con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales».

Tras más de dos meses de movilizaciones en Cementos Rezola, la mayoría sindical de la empresa, ostentada por LAB, decidió ayer deponer la huelga que se estaba llevando a cabo en la empresa donostiarra tras el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la empresa en junio y que suponía en un inicio la salida de 56 personas de las 102 que componen la plantilla. Una decisión que la central abertzale adoptó ayer después del encuentro que mantuvo el comité de empresa con la dirección para analizar la última propuesta de la misma. La propietaria de Cementos Rezola, el grupo alemán Heidelberg Materials, había puesto como condición que se retirara la huelga y el compromiso de no llevar a cabo acciones judiciales por parte de todo el comité. Tras los últimos movimientos de la empresa, que suponían que no hubiera despidos forzosos, el sindicato abertzale se mostró dispuesto ayer a aceptar esas condiciones después de que la asamblea ratificara el viernes esa postura. No así ELA, la otra central con representación en la empresa, que el mismo viernes se mostró en contra de la última propuesta de la dirección, que calificó de «insuficiente», puesto que entendía que contempla «54 despidos», en vez de 56, al añadir «dos personas al plan de prejubilación». La sección sindical de la central nacionalista ha decidido, por ello, judicializar el proceso y ya ha presentado demanda contra el ERE. Desde este sindicato se mostraron dispuestos a «seguir luchando», porque, a su juicio, se puede «conseguir más».

Itziar Agirre es la nueva diputada de Hacienda y Finanzas, en sustitución de Jokin Perona que perdió la vida en un accidente el pasado mes de agosto. En su intervención, Agirre ha señalado que existen múltiples desafíos, entre los que ha citado la reforma fiscal sobre la que apuesta por avanzar “por la senda del diálogo y la buena voluntad mostrada por todos los grupos junteros”. De este modo, enfocará su esfuerzo en poner la fiscalidad al servicio de la actividad económica y la cohesión social y, de manera específica, ha citado la reforma fiscal para mostrar su voluntad de diseñar herramientas fiscales que den respuesta a los 11 retos socioeconómicos identificados en la ponencia que ha reunido en los seis primeros meses del año a un elevado número de expertos y organizaciones. La Diputación de Gipuzkoa ha dado a conocer también la identidad de la nueva directora general foral de Finanzas y Presupuestos, que será oficialmente nombrada el próximo miércoles. Se trata de la legazpiarra Aitziber Beldarrain, actual directora de Recursos Institucionales en el Gobierno Vasco. Beldarrain sustituirá a José Corchón tras su nombramiento como viceconsejero de Finanzas y Presupuestos del Gobierno Vasco.

El lehendakari apeló ayer a la colaboración de las instituciones para determinar por dónde se ejecutará el trazado ferroviario de alta velocidad que unirá la ‘Y’ vasca con Navarra. Hace meses que el asunto va más allá de ser una decisión de ingeniería y se ha convertido en una disputa política de primer orden que tiene revueltas a las diputaciones de Álava y, sobre todo, de Gipuzkoa. «La conexión por EzkioItsaso es irrenunciable», dijo en julio Eider Mendoza pese a que aún no existe un anuncio oficial y a que todos los informes técnicos avalan hasta ahora la otra alternativa, que el enlace se realice por Vitoria. El problema para los gobiernos forales que están agitando la cuestión es que la llamada a la «codecisión» que hizo ayer Imanol Pradales no les incluye. Al contrario, supone un toque de atención para ellos y una petición implícita de que no interfieran en unas gestiones en las que parece ser que tienen voz pero no voto. Durante una entrevista concedida a Radio Euskadi el lehendakari pidió «no precipitarse» a la hora de decantarse por una u otra opción y aseguró que la decisión última la tomarán el Ministerio de Transportes y los gobiernos vasco y navarro. ¿Y cuándo será eso? No antes del año que viene. Un nuevo retraso. Pradales confirmó lo que ya había desvelado el Gobierno central a comienzos del verano, que los estudios hidrogeológicos que se deben realizar en la sierra de Aralar van más lentos de lo que debieran principalmente por el veto de varios ayuntamientos de la zona navarra y de algunos propietarios particulares, y añadió un nuevo dato: las catas se prolongarán durante 2025 cuando en principio debían estar culminadas para diciembre.

Bizkaia seduce al turista extranjero. Cada vez son más los visitantes procedentes de otros países. En los siete primeros meses del año, según la estadística publicada ayer por el INE, llegaron al territorio 465.336 visitantes extranjeros, unos 90.000 más que un año antes. Solo en julio, un mes marcado por eventos como el BBK Live, eligieron el territorio como destino principal de su viaje más de 87.000, un 3,3% por encima de los registros del mismo periodo del año anterior. El aumento estuvo por debajo de la media nacional (9%), aunque no es nada desdeñable, ya que la comparativa es con julio de 2023, mes en el que Euskadi acogió tres etapas del Tour, incluyendo el Grand Départ, que multiplicó tanto los viajeros esos días como la proyección exterior de Bilbao. Las regiones que mayores incrementos se anotaron hace dos meses fueron las que tienen menos tirón turístico, como Cuenca (subió un 44%), Ávila (32%), La Rioja (23%)... Álava contabilizó 59.173 visitantes extranjeros, un 5,17%, y en Gipuzkoa los clientes de otros países crecieron un 3,75%, hasta los 236.615. La principal procedencia de los visitantes de Bizkaia fue, como habitualmente, Francia (15.714), seguida a gran distancia por Alemania (10.217). Sin embargo, estos dos orígenes experimentaron ligeros descensos interanuales, de un 12% y un 7,2%, respectivamente. Que el turismo de otros países haya aumentado más de un 3% en la provincia responde, en gran medida, al importante crecimiento de los turistas británicos (7.177, un 10,76%) y estadounidenses (5.196, un 12,5%). Pero también a la presencia de viajeros menos habituales, como suecos (subieron un 45%, hasta 3.237), polacos (crecieron un 25,9%, hasta 2.824), suizos (se incrementaron un 24,85%, hasta 2.663)...

Entre enero y julio de este año, visitaron España 53,4 millones de turistas extranjeros, un 12% más que en el mismo periodo del pasado año. Pero a veces el número de visitantes no lo es todo y, de hecho, puede llegar a superar un umbral tras el cual es insostenible. Esa parece ser la realidad en un país en el que las muestras de descontento de la ciudadanía ante la masificación turística son cada vez más palpables. Sirvan como ejemplo los datos del mes de julio, mes que tradicionalmente compite con agosto por ser el que mayor afluencia extranjera concita en el país. En julio, llegaron 10,9 millones de turistas extranjeros ávidos de sol y playa (casi el 50% de ellos, de Francia, Alemania y Reino Unido, muy proclives a este tipo de turismo), un 7,3% más que el pasado año. De ellos, 9 millones, el 83%, tuvieron como destino principal cinco regiones costeras: Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana. En varias de estas CCAA los locales han mostrado su descontento con el turismo masificado en algún momento de este año: en abril, decenas de miles de canarios salieron a las calles para clamar que “Canarias tiene un límite”; en julio 20.000 personas pidieron en Baleares un “cambio de rumbo” en la estrategia turística; también en julio, unos pocos miles proclamaron que “Barcelona no es Disneylandia” en la protesta contra el turismo de masas más multitudinaria de las celebradas en Cataluña en los últimos meses. La pérdida de identidad de las ciudades, el espacio público ocupado hasta los topes o el encarecimiento de la vivienda hasta llegar a niveles inasumibles para la población local a causa del impacto de la vivienda turística, algunas de sus principales quejas. Por ello, el Gobierno, que en otras ocasiones se muestra eufórico por el crecimiento de la afluencia turística, optó ayer por poner el foco en otro dato, el del gasto de estos turistas. 

El intenso activismo empresarial del Gobierno español, ratificado la semana pasada con el veto del Consejo de Ministros a la oferta pública de adquisición (opa) lanzada sobre Talgo por el grupo húngaro Ganz-Mavag (Magyar Vagon), ha supuesto en los últimos tres años el despliegue del aparato del Estado en operaciones valoradas en 25.000 millones de euros. Con el argumento de la necesidad de proteger activos estratégicos españoles, el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez utiliza tanto el Boletín Oficial del Estado (BOE) como la inversión directa o las advertencias verbales para frenar, paliar o disuadir múltiples transacciones en sectores como la energía, las telecomunicaciones, el transporte, la industria o la banca. La herramienta más novedosa de la que dispone el Gobierno desde la pandemia en 2020 es la normativa que suspende la libertad de inversión extranjera en las industrias clave. Esta restricción afecta incluso a los inversores de otros estados miembros de la Unión Europea de manera transitoria hasta final de 2024. Como resultado de la legislación, cualquier comprador foráneo debe pedir permiso al Gobierno para realizar adquisiciones en España. Entre 2021 y 2023, la Junta de Inversiones Exteriores –órgano interministerial encargado de este control– ha evaluado 235 solicitudes de inversión. De ellas, ha vetado dos operaciones: la citada opa sobre Talgo y el intento del grupo francés Vivendi por llegar al 29,9% de la editora Prisa. Pero además, se han impuesto condiciones a 23 transacciones. Las inversiones más destacadas en las que el Ejecutivo ha querido dejar su huella fueron la opa parcial del fondo australiano IFM sobre Naturgy, la compra de ITP por Bain Capital, y la reestructuración de la deuda de Celsa que dio su control a los bonistas.

Las cuentas de la devolución del rescate a la banca aún son exiguas para el Estado español. Más de una década después del rescate al sector financiero, del que el reflote de Bankia fue la piedra de toque, y cuatro años después de la fusión de esta entidad con CaixaBank, la sociedad BFA (el dueño de Bankia y ahora del 16% del banco catalán) ha obtenido 4.000 millones entre ventas de acciones y dividendos cobrados en estos años, según afirma el Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB) en su memoria anual de 2023, que es a la vez el propietario de esta sociedad. La cifra representa el 7% de los 56.000 millones dedicados a rescatar al sector financiero y cerca del 18% de los 22.400 millones que dedicó al reflote de Bankia en 2012. De un lado, el Estado español se ha embolsado un total de 2.100 millones de euros en dividendos desde el rescate, incluyendo el pago complementario cobrado durante el mes de abril, aún con cargo a los resultados de 2023, a razón de 39 céntimos por acción. El banco tiene previsto pagar dos dividendos con cargo a los resultados de este año, en noviembre y en abril, con el objetivo de retribuir a los accionistas con entre el 50% y el 60% del beneficio neto, si bien no ha desvelado la cuantía.

Andalucía será el destino de una inversión de fondos chinos por valor de más de 2.500 millones de euros, según el balance que realizó ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al frente en estos días de una expedición comercial en el gigante asiático junto a varios consejeros y empresarios de la comunidad. Ese volumen de inversión es el resultado de un año de trabajo a todos los niveles, explicó Moreno. La expedición ha servido, por tanto, para rubricar los acuerdos que estaban ya más o menos concertados a nivel empresarial y político, pero los inversores y las autoridades del país consideran que el aval que supone la presencia del propio presidente de la Junta da confianza y seguridad en el cumplimiento de los compromisos. Según el balance que ha realizado la Junta, las gestiones que vienen realizando las empresas en los últimos meses han hecho posible, por ejemplo, que la compañía Coxabengoa haya firmado un acuerdo con la china Hygreen Energy para desarrollar en Andalucía una plataforma industrial dedicada a la fabricación y suministro de sistemas de producción de hidrógeno verde. Igualmente, la empresa Sermatec ha anunciado que construirá en Málaga la primera fábrica de baterías de litio de España y se espera que se convierta en una de las mayores plantas de estas características en Europa, para dar servicio a China y Latinoamérica. Conlleva una inversión de 60 millones de euros y la creación de 300 puestos de trabajo directos y altamente cualificados, según datos facilitados por el Gobierno andaluz. Se prevé que esté ya funcionando a finales de 2025. Por otro lado, el presidente de la Junta confirmó ayer también que la compañía Air China estudia la posibilidad de establecer un vuelo directo con Andalucía en 2025. Aún se desconoce si volaría a Málaga o Sevilla, lo que ha generado ya una suerte de rivalidad entre ambas capitales andaluzas por ser destinataria preferente de este generoso mercado.

Una vez terminan sus estudios, a los españoles les cuesta más encontrar trabajo que a los aspirantes de otros países europeos. Eurostat publicó ayer la estadística de empleo de los trabajadores que acaban de terminar sus estudios y España arroja datos peores que la media: de los 33 países analizados, queda en vigesimoséptima posición, muy lejos de las naciones mejor situadas. Además, al contrario que la mayoría de países, empeora respecto al último informe. Esta estadística de Eurostat analiza si están trabajando aquellas personas que hace entre uno y tres años que acabaron sus estudios y que tengan entre 20 y 34 años. Además, el estudio se centra en aquellos que hayan completado desde el bachillerato hasta el mayor logro académico posible, el doctorado. Con esos parámetros, en 2023 en España trabajaba el 78,7% de estas personas. Son cinco puntos menos que la media de los Veintisiete, que queda en un 83,5%. El dato español solo mejora al de seis países, casi todos con un nivel de desarrollo menor al de España. Son Croacia (78,2%), Rumanía (74,8%), Grecia (72,3%), Italia (67,5%), Turquía (64,7%) y Bosnia-Herzegovina (57,8%). La cifra española es parecida a la de Francia (80,1%) o Portugal (82,4%), pero queda lejísimos de los que ofrecen mejores datos. Son Malta (95,8%), Países Bajos (93,2%), Islandia (92,8%), Alemania (91,5%), Austria (89%), Irlanda (88,7%) y Noruega (88,2%). Una de las peores conclusiones para España es que empeora respecto a 2022, cuando la mayoría de países mejoran en comparación con el año anterior.

Semana clave en la sucesión del Banco de España. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, comparecerá mañana en el Congreso para anunciar y defender la candidatura del futuro gobernador, tal y como establece la Ley de Autonomía del Banco de España como paso previo a su nombramiento. Ya no hay más tiempo, porque el período de interinidad que ha cubierto la subgobernadora Margarita Delgado tras el final del mandato de Pablo Hernández de Cos (expiró el 11 de junio) acaba el 11 de septiembre. El PSOE se mostró dispuesto antes del verano a consensuar el nombre con el principal partido de la oposición, pero se encontró con la oposición frontal del PP al anunciar que su propuesta era José Luis Escrivá, actual ministro de Transformación Digital y Función Pública. Mañana se desvelará si, como es previsible, Pedro Sánchez va hasta el final con esta candidatura, criticada no solo desde el PP sino desde otros estamentos, que advierten de que su independencia no está asegurada dado su marcado perfil político. La Ley de Autonomía del Banco de España le ampara porque establece que el gobernador es nombrado por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno. Se trata de una designación vía Real Decreto. No debe pasar por el consejo de ministros, aunque si el elegido es Escrivá Sánchez tendría que traspasar sus competencias a otro ministro y remodelar el Gobierno. Hay que tener en cuenta que Teresa Ribera podría salir pronto del Ejecutivo porque Sánchez la ha propuesto como comisaria europea.

Facebook Spain despidió a 77 empleados en 2023, el 27% de su plantilla en España, dentro del plan mundial de reducir su fuerza laboral en unos 10.000 empleados durante el año pasado, según consta en su memoria anual depositada en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso este diario. El ajuste es superior al previsto cuando Meta, la matriz, anunció en marzo el plan de bajas a escala mundial, que iba a afectar en torno a los 25 empleados en España, aunque la empresa nunca corroboró la cantidad. La compañía justifica este ajuste en las medidas iniciadas por el grupo en 2022 “para buscar una mayor eficiencia y realinear las prioridades empresariales y estratégicas”, que incluían la paralización de cualquier contratación y despidos. De esta forma, Facebook Spain finalizó el ejercicio con una plantilla media de 230 empleados, frente a los 286 con los que contaba a inicios de 2023. Las indemnizaciones por despido tuvieron un coste de 5,8 millones de euros para la compañía, pero el coste fue reembolsado completamente por la matriz internacional Meta Platforms. La mayor parte de los despidos en España se produjeron en el área de Operaciones, que perdió 38 efectivos; otros 27 salieron del área de Tecnología y 12 de Ventas. Afectó más a las mujeres (43 despidos) que a los hombres (33), pese a que las primeras solo representan el 30% de la plantilla. Mark Zuckerberg, máximo responsable de Meta, la matriz de las redes sociales Facebook e Instagram y del servicio de mensajería WhatsApp, anunció en marzo una nueva tanda de despidos, de 10.000 puestos de trabajo, en diversas divisiones de la empresa hasta finales de año. Se trataba de la segunda oleada masiva de despidos en Meta, después de los 11.000 anunciados a principios de noviembre de 2022 (el 13% de su plantilla), y se produjo en plena crisis bancaria, que ha arrastrado a planes de ajuste laboral masivos en el sector tecnológico.

El consejero delegado de Repsol, Jon Josu Imaz, ha realizado su tercera compra de acciones de la petrolera en el año. Como es habitual cada último día del segundo mes de cada trimestre, el CEO se ha hecho con un paquete de 15.000 títulos. Imaz ha desembolsado 12,5 euros por acción, lo que supone un pago de 180.000 euros. La operación fue ejecutada el 30 de agosto, cuando la cotización de Repsol subió un 0,16% poniendo fin a tres días consecutivos de descensos. Ayer, la petrolera volvió al rojo en el parqué con una caída del 0,40% hasta los 12,40 euros. En las dos compras anteriores de 15.000 acciones (el año pasado las adquisiciones de títulos trimestrales de Imaz eran de 10.000 títulos) en los meses de febrero y de mayo, Imaz pagó 14,69 y 14,90 euros por título, respectivamente. Con estas compras, Imaz se consolida como el consejero con más acciones de Repsol. Cuenta con un total de 797.691 títulos de la compañía, valorados a precios de mercado en 9,89 millones de euros. Tiene por lo tanto el 0,068% del capital de la compañía, por encima del 0,053% del presidente Antonio Brufau, cuya participación superó a lo largo del año pasado. Brufau cuenta con 618.922 títulos de la compañía. Tras el recorte de ayer en Bolsa, el séptimo en las diez últimas sesiones, Repsol acumula una caída del 7,77% en lo que va de año. Se queda por lo tanto un poco más lejos de los máximos históricos de abril de 15,6 euros, desde los que Repsol ha perdido ya un 20,5%. Una de las grandes razones de esta corrección es la debilidad del precio del petróleo. El barril de brent perdió el pasado 26 de agosto por última vez el nivel de los 80 dólares y ayer se situaba alrededor de los 77, el nivel más bajo de los 10 últimos días.

La ejecución de los fondos europeos de recuperación no ha cogido aún velocidad de crucero. Los Estados miembros solo habían usado un tercio del dinero concedido y habían realizado menos del 30% de los avances hacia la consecución de sus hitos y objetivos a cierre de 2023, tres años después de que se pusiera en marcha el mastodóntico plan para sacar a flote la economía comunitaria tras el batacazo de la covid-19 y a mitad del recorrido para gastarlos. Es más: de ese dinero, tan solo la mitad de las transferencias procedentes de Bruselas había llegado entonces a sus destinatarios finales, según un informe que publicó ayer el Tribunal de Cuentas de la UE, en el que alerta de que esta lentitud pone en entredicho la capacidad de los socios comunitarios para llevar a cabo las reformas e inversiones comprometidas. España, que también acumula retrasos, no sale tan mal parada: ha conseguido un 29% de los hitos pactados con Bruselas comparado con una media del 19%, con 121 objetivos alcanzados sobre un total de 416 y un 46% de la financiación desembolsada (el promedio europeo es del 37%). “Concluimos que la absorción de los fondos del MRR [el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia] está avanzando con algunos retrasos y que existen riesgos para la absorción y la finalización de las medidas en la segunda mitad de la aplicación”, señala el documento La absorción de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, publicado ayer.

Pocas elecciones regionales en Alemania han tenido tanto impacto en Berlín como las del domingo. La victoria de los ultras de Alternativa para Alemania (AfD) en Turingia y su segundo puesto en Sajonia, pisándole los talones a los democristianos de la CDU, ha desencadenado un seísmo a escala federal. La derrota de los socios de Olaf Scholz deja a la coalición más debilitada que nunca, a poco más de un año para las elecciones federales. Los votantes han dado un toque a los partidos tradicionales, impulsando a dos formaciones en los extremos ideológicos que se presentan como antisistema y complican el puzle endiablado de la formación de gobierno. Scholz, un socialdemócrata que gobierna en Berlín coaligado con verdes y liberales, pidió ayer a los “partidos democráticos” que formen gobiernos “estables” sin la ultraderecha. El temor a que alguna formación esté tentada a romper el férreo cordón sanitario que Alemania aplica a AfD resurgió el domingo por la tarde, al conocerse los sondeos a pie de urna: por primera vez desde la II Guerra Mundial, un partido de extrema derecha resultaba el más votado en uno de los 16 Estados federados. Precisamente, en Turingia —un Land de poco más de dos millones de habitantes, hogar de los escritores Goethe y Schiller, y semilla de la República de Weimar— fue la primera región en la que los nazis entraron en un Gobierno.