20251101

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Las miradas del Gobierno vasco están en Orange, para ver si respalda la apuesta que se había realizado en la compañía por Euskaltel, centrando en las oficinas de la sede del Parque Tecnológico de Zamudio la instalación de la gestora de la red de fibra que MasOrange prepara con Vodafone en el macroproyecto para llegar a 12 millones de clientes en España. Además, MasOrange es un socio clave del Ejecutivo vasco para el desarrollo del centro de datos ‘Atlantic Data Infraestructure (ADI)’. Son 25 millones de inversión en el Parque Tecnológico de Abanto en los que participan también Teknei y Dominion. Y una infraestructura que se replicará en Álava y Gipuzkoa. Al ser Orange una empresa más industrial y con presencia del Gobierno francés en el accionariado (20%) podría dar más estabilidad al proyecto. Y es que sus planes de rentabilidad y de negocio pasan por plazos más largos. Todo lo contrario que los fondos de inversión, que han generado importantes turbulencias en la gestión de Euskaltel en los últimos años. La operación tiene una derivada que impacta de lleno en el sector tecnológico vasco. Y es que Euskaltel, la operadora móvil y de internet vasca que nació hace más de 20 años, cae en manos del gigante galo. Euskaltel se había integrado en MásMóvil, tras su adquisición por 3.000 millones en 2021, pero mantenía la presencia de los accionistas locales y la presidencia en manos de Jon Ander de las Fuentes, un directivo vasco que, entre otras cosas, ha estado en la génesis de la Fundación Artizarra, creada para asegurar el arraigo de empresas vascas. Así que la compra de Orange hace que Euskaltel se integre en el nuevo gigante tecnológico que es el primero en España en número de clientes. Un mercado, el español, que se convierte así en el segundo de la marca francesa con más de 7.000 millones de facturación.

En un año marcado por la incertidumbre económica y la andanada arancelaria desatada por Donald Trump, que grava con un 50% las exportaciones de acero a Estados Unidos, Tubacex ha logrado mantener el rumbo. La compañía alavesa, especializada en la fabricación de tubos de acero inoxidable y aleaciones de alto valor añadido, ha cerrado los nueve primeros meses de 2025 con un beneficio neto de 16,7 millones de euros. Un 17,5% más que en el mismo periodo durante el año anterior. Las ventas hasta septiembre ascendieron a 525,9 millones de euros, un 7,6% menos que en 2024, afectadas por la menor demanda y por factores externos como la caída del precio del níquel o la depreciación del dólar frente al euro. Pese a ello, el grupo ha conseguido elevar su Ebitda –el indicador que mide la rentabilidad operativa antes de intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones– un 8,4%, hasta los 84,6 millones, con un margen del 16,1% sobre las ventas, superando el objetivo estratégico del 15%. La cartera de pedidos de Tubacex asciende así a 1.266 millones de euros, con gran peso de productos de alto valor añadido destinados a sectores como la energía, la defensa o el aeroespacial. 

«Muy rara vez se hacen hallazgos disruptivos sin una ciencia básica excelente». El Gobierno vasco presentó ayer sus ‘Faros de la Innovación’, una herramienta diseñada para orientar los recursos económicos y el capital humano hacia la creación de conocimiento de vanguardia. Con esta estrategia, el Ejecutivo autonómico refuerza su apuesta por una autonomía estratégica que, alineada con las directrices europeas, pretende posicionar a Euskadi para afrontar los grandes desafíos tecnológicos y económicos de la próxima década. La cantidad presupuestada para alcanzar este objetivo asciende a cerca de 460 millones de euros en los próximos cinco años, a través del Fondo de Innovación. En las Cuentas del próximo ejercicio se destinarán 81 millones, una cifra que aumentará un 6% anual hasta alcanzar los 103 millones en 2030. Esta iniciativa tiene como objetivo «otorgar coherencia» al conjunto de las políticas de innovación, alineando recursos y esfuerzos para maximizar su impacto. Es por ello que el Gobierno vasco ha identificado áreas prioritarias para dirigir sus inversiones, con el objetivo de fomentar la colaboración público-privada en tres grandes transiciones estratégicas. La primera es la Transición Digital y Tecnológica, que abarca la Inteligencia Artificial, las Tecnologías Cuánticas y la Ciberseguridad. La segunda, la Transición Energética y Ambiental, se centra en la descarbonización, promover un enfoque integral de la salud y la promoción de una alimentación sostenible. Finalmente, la Transición Sociodemográfica, que tiene como foco los desafíos derivados del envejecimiento de la población y la mejora de la salud.

Las diputaciones retomarán el próximo año el alivio fiscal de la deflactación en el IRPF. Una medida que busca evitar que la subida de los precios impacte también en los impuestos que deben pagar los ciudadanos a las haciendas forales. Se trata de un ajuste del 2% en los diferentes tramos del tributo y en los importes de las deducciones para evitar ese efecto indirecto. La medida llega, además, después de que el IPC esté dando muestras de rebote llegando el mes pasado al 3,1%. En su evolución acumula subidas desde antes de verano, con registros al alza que no se daban desde hace año y medio. Las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa presentaron ayer y el jueves, respectivamente, sus proyectos presupuestarios. En su memoria económica sobre los ingresos se recoge esta decisión para evitar lo que se conoce como ‘progresividad en frío’. Álava lo hará la semana que viene, pero fuentes forales han confirmado que también recogerán la medida que se apoya en una filosofía muy sencilla de explicar: si con 20 euros no se pueden adquirir los mismos productos que hace un año, no parece lógico que haya que pagar por ellos los mismos impuestos.

Sesenta años después de la inauguración de la central nuclear de Garoña, los aledaños de esta gran planta ultiman los preparativos para un profundo lavado de cara. Allí donde los reactores se dedicaron a producir electricidad continuamente, ahora será el sol quien asuma el relevo. Lo hará con 1,1 millones de paneles que Solaria lleva instalando desde otoño de 2024 y que ahora, un año después, encaran su fase final. Los trabajos iniciados por la empresa madrileña han avanzado a buen ritmo y, según detalló la compañía de renovables en su última presentación de resultados, las placas se activarán antes de que acabe 2025. «El cierre de año estará marcado por la entrada en operación de nuevos complejos fotovoltaicos en España como Garoña (710 megavatios) que consolidarán a Solaria como líder del sector renovable en la Península Ibérica», sentenció la firma hace un mes ante sus accionistas. Esos 710 megavatios vecinos a Álava se ubican repartidos en cuatro complejos: Alpha, Beta, Gamma y Delta, con el abecedario griego como referencia. Frente a la fuerte oposición a este tipo de proyectos que existe en las áreas rurales de Álava, en la pequeña comarca burgalesa el rechazo ha sido menor. «No ha habido una gran movilización popular», aseguró el regidor de Briviesca, José Solas, cuando arrancaron las obras donde se ubica uno de los cuatro parques fotovoltaicos. Una intervención que, aseguró, «no tienen mucho impacto ambiental». Solaria, por su parte, calcula que su nuevo ‘océano de cristal’ producirá energía para cubrir toda la demanda eléctrica de Burgos y fiscalmente aportarán 650 millones de euros durante sus 30 años de vida útil. Los beneficiados de esa recaudación serán pueblos como Briviesca (que ya ha obtenido 1,5 millones vía impuesto de construcciones y obras), Llano de Bureba, Quintanilla San García o Valluércanes, además de otra decena de pequeños ayuntamientos.

El despliegue de las renovables en Burgos contrasta con el atasco burocrático de proyectos que vive Euskadi. Especialmente en el campo eólico, donde el bloqueo a las centrales de viento persiste ya dos décadas. Los ocho aerogeneradores de Labraza serán los primeros en romper con un vacío de 20 años en el territorio. Al sur de Álava, rozando ya la frontera con La Rioja, los trabajos para instalar los molinos siguen sin arrancar, aunque la promesa de Aixeindar –la promotora que comparten Iberdrola y el Gobierno vasco– es que las obras arranquen antes de final de año. Y esta vez parece que los plazos sí van en serio, ya que una primera empresa, la navarra Eosol, ya publicó las primeras ofertas para trabajar en la instalación del parque eólico. En una popular plataforma de empleo, la firma –que ya ha trabajado para Iberdrola en otras ocasiones– anunció a finales de verano su intención de contratar a un técnico de medio ambiente y otro de calidad «para trabajar en la obra de un parque eólico en Labraza». Uno de ellos con incorporación para el pasado mes de septiembre y el otro con un contrato temporal de, al menos, ocho meses. La compañía no detalla los emolumentos de cada puesto, aunque señala que serán «competitivos» y se abre a «beneficios adicionales que se discutirán durante el proceso de selección». «La energía renovable es el futuro, y queremos que formes parte de él», concluía el anuncio, ya cerrado, para convencer a sus potenciales candidatos.

El Ejecutivo inadmite el proyecto por su impacto en la avifauna. Hay otros ocho parques eólicos en Bizkaia a la espera de luz verde. Bizkaia está a la cola en la producción de energía renovable. La protección de las aves y la oposición de los municipios y de la propia Diputación ha echado por tierra varios proyectos. Por ahora solo funcionan instalaciones eólicas en el monte Oiz, el Puerto de Bilbao y un molino flotante, con un potencial instalado de 37 megavatios. Y otro parque acaba de recibir un portazo. El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco ha rechazado Iparaixe II, proyectado por Aspiravi en terrenos de Barakaldo y Trapagaran. El grupo belga pretendía colocar cinco molinos en el cordal del Argalario, de hasta 91 metros de alto, con un presupuesto superior a los 25 millones de euros y una potencia total de 21 megavatios. La negativa del Ejecutivo autónomo se debe a las afecciones irreversibles a las aves necrófagas, en concreto, al alimoche, la rapaz más amenazada de Europa.

Fuentes de la Autoridad Portuaria de Pasaia, cuya presidencia designa la consejería de Industria del Gobierno Vasco, en manos del PNV, afirman a este medio que el traspaso de la competencia «no tendría ninguna implicación negativa en la actividad normal del puerto». Añade que supondría una mayor autonomía en la gestión de la dársena, que comportaría una gestión más cercana, una planificación y una operativa más ágiles y, por qué no, un puerto, si cabe, más competitivo, pero sin ninguna incidencia en el funcionamiento normal del puerto, de sus tráficos y las empresas operadoras». En esta línea, añade que la desclasificación como puerto de interés general no incidiría tampoco en el tráfico internacional. «No existe ningún precepto jurídico en la legislación vigente que establezca ningún límite ni condicionante» al respecto, remarca. Es más, apunta que los flujos de tráfico marítimo y el comercio internacional tienen sus propias reglas de actuación y no se ven condicionadas por qué institución tenga la gestión. Y pone como ejemplo la existencia de numerosos puertos en el entorno europeo que no poseen esa clasificación y que tienen tráficos internacionales. 

Los agentes económicos del territorio y del Puerto de Pasaia, así como las operadoras de la dársena y otras voces autorizadas no terminan de decantarse sobre la idoneidad de la transferencia a Euskadi de la competencia de la dársena. Argumentan que les falta información detallada de las implicaciones que supondría que el puerto dejara de ser de ‘interés general’ para pasar a ser competencia vasca. Incluso alguna de estas voces recuerda que antes de la crisis financiera se planteó la posibilidad de realizar un puerto exterior cuando la dársena guipuzcoana movía casi siete millones de toneladas y la previsión era de llegar a diez. Una evolución que se truncó con la recesión, lo que hizo que el proyecto quedara aparcado. Desde la Cámara de Gipuzkoa se limitan a señalar que se trata de una infraestructura «muy importante para el territorio, que puede seguir creciendo, desarrollándose y avanzando». Pero indican, que «sea cual sea el estatus que acuerden las instituciones se tiene que garantizar ese desarrollo y que siga dando servicio a las empresas». Una empresa que opera en el puerto también incide en que están sumidos en el desconocimiento. Lamentan que ni el Gobierno Vasco, ni la Diputación ni los ayuntamientos concernidos les han explicado nunca cuál es el plan para la dársena, pese a habérselo solicitado. Apunta que son muchas las incógnitas. «¿Mejorar la competitividad con quién? ¿Con Bilbao, con Baiona, con Santander? Si no son competencia nuestra». Añade que la dársena guipuzcoana tiene unos tráficos muy consolidados y definidos.

DHL sigue dando pasos en su plan para expandirse en el aeropuerto de Vitoria con un nuevo hangar para el mantenimiento de sus aviones que prevé tener en servicio para mediados de 2027. El complejo, que supondrá una inversión de más de 40 millones de euros y generará 50 empleos locales directos, se emplazará en una parcela próxima a sus instalaciones, ubicada a continuación de la nave de la sociedad SCS, en un extremo de la plataforma, que requerirá de una ampliación. Y la multinacional será la que se haga cargo de esta actuación, como una parte más del proyecto. Esa intervención de la zona de la plataforma prosigue en estos momentos su tramitación y cuenta con el visto bueno de Aena. La compañía ya había avanzado que esta expansión está «autorizada» y que construiría los propios accesos de entrada y salida de aeronaves al hangar. En cuanto a las dimensiones, la instalación ocupará en total más de 19.700 metros cuadrados, de los que 6.600 corresponden al propio hangar, 1.605 metros de instalaciones exteriores y una superficie de la plataforma o pista de 11.500 metros, según cifras proporcionadas por la propia firma germana.

La economía vasca avanza, pero los hogares vascos no lo perciben así. Pese a que las previsiones de crecimiento del PIB para 2025 son mejores que las del año anterior y el empleo mantiene una tendencia positiva, el ánimo ciudadano sigue lastrado por la incertidumbre y la desconfianza. La percepción de los consumidores dibuja un panorama de cautela: el pesimismo sobre la evolución económica se acentúa, el consumo crece pero sin entusiasmo, y la mitad de los hogares se resiste a creer en una mejora de su situación. En este contexto de contradicciones entre los indicadores objetivos y el sentimiento social, el último estudio de confianza de Laboral Kutxa revela que los hogares vascos mantienen el pie en el freno y que la confianza, aunque apenas varía respecto al trimestre anterior, sigue en negativo. Son las conclusiones que se extraen del informe sobre ‘La confianza de los consumidores vascos’ del tercer trimestre de 2025 de Laboral Kutxa, presentado ayer y elaborado en función de 800 encuestas realizadas entre ciudadanos de Euskadi del 25 de agosto al 5 de septiembre. Así, la confianza de los hogares vascos es ligeramente negativa en el tercer trimestre del año y similar al trimestre precedente. 

Es la tercera subida intermensual consecutiva del euribor. No encadenaba tantos avances seguidos desde el histórico ciclo que arrancó en enero de 2022 y finalizó en julio de 2023. Entonces, el índice encadenó 19 alzas desde niveles negativos del -0,5% hasta valores positivos del 4,14%. La nueva subida del euribor supone que el mercado está anticipándose a un escenario de parón definitivo del proceso de rebajas de los tipos de interés en Europa (el mercado da ahora muchas menos posibilidades a un último recorte de 25 puntos básicos en la reunión del BCE de diciembre) y tiene un impacto directo tanto en la cuota mensual que pagan los hipotecados como en los precios de los nuevos préstamos. Por primera vez en casi dos años, quienes revisan una hipoteca cada seis meses ven cómo se encarece la factura mensual, ya que el euribor cerró en abril en el 2,143%.

En tan solo unos pocos años, la inteligencia artificial (IA) ha pasado de ser un concepto que parecía lejano a una fuerza transversal que ya está impactando en todos los sectores. La sociedad tiene ante sí una auténtica revolución que representa una gran oportunidad; permite agilizar carga de trabajo, optimizar recursos o mejorar la productividad. Pero también hay riesgos y la amenaza de que la IA pueda sustituir miles de empleos a futuro (y no tan lejano) es uno de ellos. Esta fue la cuestión principal abordada ayer en unas jornadas. Para adaptarse a esta nueva realidad y para que el talento humano y la IA se complementen y no se sustituyan, «en todos los negocios, en todos los sectores y en todos los tipos de empleo va a hacer falta sensibilización y que todos sepamos cómo usar estas tecnologías». Lo dijo Laura Marrón, directora general del BAIC (Basque Artificial Intelligence Center), quién aportó una serie de datos sobre la adaptación de las empresas vascas a la IA. «Queramos o no, las compañías van a tener que formar internamente a sus profesionales sobre su uso», destacó. Y es que, según los datos del BAIC, el 57% de los agentes vascos manifiestan haber formado ya a sus profesionales, «lo que evidencia que muchas empresas lo consideran una necesidad». Marrón explicó a su vez que esta sensibilización hacia la IA va a ser necesaria en todos los ámbitos: «No es obligatorio saber cómo se arregla un coche, pero todos tenemos que aprender las normas de circulación. Si no, te pueden atropellar». Además, incidió en un problema al que se enfrentan las compañías: la falta de perfiles especializados en inteligencia artificial. Según sus datos, en estos momentos existe una brecha de 1.144 personas entre los profesionales que las empresas vascas desean contratar y el número de egresados anuales, lo que evidencia un desajuste notorio.

Las grandes tecnológicas de Estados Unidos disparan las inversiones en inteligencia artificial. En el tercer trimestre, Microsoft, Google, Meta y Amazon destinaron 112.425 millones de dólares (97.200 millones de euros) a infraestructura para IA, un 78% más interanual, en una carrera lejos aún de tocar techo. Estas compañías no solo han vuelto a batir récords trimestrales de gasto en infraestructura, con crecimientos interanuales que van del 63% de Amazon al 111% en Meta, sino que además han revisado al alza sus previsiones para este año, en el que podrían sumar un desembolso total de 400.000 millones de dólares. Además, anticipan que el gasto seguirá creciendo en 2026. Sus CEO han remarcado los resultados tangibles que esta tecnología genera ya en sus negocios. Apple, que no ha entrado en esta carrera, espera incrementos modestos de su gasto. “Vamos a seguir invirtiendo de manera muy agresiva porque vemos demanda”, señaló el CEO de Amazon, Andy Jassy. Su negocio en la nube (AWS) superó las estimaciones, tras crecer un 20% en el periodo cerrado en septiembre, su mayor tasa desde hace casi tres años, hasta superar los 33.000 millones de dólares. En conjunto, Amazon tuvo un sólido desempeño, con unos ingresos trimestrales de 180.200 millones de dólares, un 13% más, y un beneficio neto de 21.200 millones de dólares, un 40% más.

La ciberseguridad es una prioridad cada vez más importante para compañías de todos los sectores. De hecho, según el último Eset Threat Report, los ramsonware (ataques que buscan robar datos) han aumentado un 15% durante el primer semestre del año, y ha tenido una especial predisposición hacia las pequeñas y medianas empresas. Este escenario es en el que trabajan expertos como Marc Rivero López, especialista en análisis de amenazas e investigador principal de seguridad en Kaspersky, que acudió al congreso de ciberseguridad industrial –IndustrySec– organizado recientemente por Ziur y la Diputación de Gipuzkoa, donde dio la ponencia principal bajo el título ‘La importancia de conocer a tu enemigo’. "... El 99% de empresas ya han sido hackeadas y simplemente el 1% aún no lo sabe. Hoy en día todo el mundo es susceptible a una brecha de seguridad...Colaboración e inversión. La colaboración se debe basar en compartir. Cualquier tipo de compartición va a ser buena, ya sea ofreciendo indicadores de compromiso, tácticas y procedimientos, o reuniendo conocimientos sobre adversarios que están tocando tu puerta. Hace falta más dinero y, sobre todo, invertir en inteligencia. Es lo que le va a valer al empresario a tomar acción y estrategia en su organización. Si yo sé que el atacante va a aprovechar ciertos fallos, me encargo de vehicular la estrategia de defensa en esa línea. El tener inteligencia y el poder explotarla es lo que ayuda a ser más resilientes. Lo que determinará que, cuando hay una brecha, la empresa sea capaz de poder recuperarse lo más rápido posible. Y la diferencia entre los que lo hacen y los que no es notable: quien no lo haga, seguramente cerrará..."

El absentismo laboral es uno de los temas más espinosos en las negociaciones que mantienen los agentes del mercado de trabajo. Empresarios y sindicatos comparten en mayor o menor medida la preocupación por este asunto, pero nadie le pone el cascabel al gato. Las cúpulas sindicales y patronales se han puesto de acuerdo en dos ocasiones para intentar agilizar la reincorporación de los trabajadores de baja con patologías traumatológicas, pero el plan no está despegando. A pesar de que hace más de un año que las comunidades autónomas y las mutuas (colaboran con la Seguridad Social en la asistencia sanitaria de las bajas médicas y la gestión de prestaciones) pueden suscribir convenios de colaboración para acelerar diagnósticos y tratamientos en estos casos, el resultado es por ahora muy limitado. Solo las comunidades de Baleares, Asturias, Cataluña (y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) han suscrito algún acuerdo de este tipo, según datos oficiales del Ministerio de Seguridad Social. El departamento que dirige Elma Saiz trata ahora de reactivar esa iniciativa.

España ha dejado de ser uno de los referentes en Europa por el bajo precio de la luz a encabezar la lista de la Unión Europea (UE) en 2025 y situarse entre los países de todo el continente donde los hogares más han visto subir sus facturas de la luz en el último año. La eliminación de las rebajas de impuestos en la factura eléctrica que se aplicó en 2023 y 2024 para paliar los efectos de la inflación por la crisis de Ucrania y el ‘modo reforzado’ aplicado por Red Eléctrica (REE) desde el gran apagón el pasado mes de abril ha hecho que España cerrara el primer semestre de 2025 con un precio kilovatio por hora (kWh) de 29,07 euros, frente a los 28,62 euros de la media de la UE, un 2% más, y por encima de Francia y otros 17 socios europeos, según los datos de cierre del primer semestre publicados esta semana por la oficina de estadística europea Eurostat. Los registros muestran que el precio de la luz está bajando o se mantiene estable en los hogares de la UE, pero España es una excepción. La evolución de los precios eléctricos revela los cambios normativos que ha habido en los últimos años: mientras que la factura de los hogares tenía un precio de 23,94 euros/kWh en 2020, comenzó su escalada hasta un máximo de 32,82 euros/kWh en 2022, se desplomó a 26,32 en 2023 por la rebaja fiscal pero la recuperación de los impuestos y, sobre todo, el ‘modo reforzado’ aplicado por REE –que implica un mayor porcentaje de gas en el mix energético– ha supuesto que en un año se dispare un 9% hasta los 29,07 euros/kWh.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, dio ayer una patada hacia adelante y evitó concretar su posición sobre Almaraz en un encuentro con los medios, 24 horas después de que Iberdrola, Endesa y Naturgy activaran el trámite oficial para prorrogar la central. Si bien, la vicepresidenta condicionó el futuro de Almaraz al próximo dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Y ese es un movimiento relevante. Primero, porque confirma que el Gobierno ha logrado que las eléctricas renuncien a la rebaja de impuestos a la que quisieron vincular la supervivencia de Almaraz. Segundo, porque refleja que en Moncloa ya asumen que es posible (y probable) que el calendario de cierre cambie, aunque ello implique incumplir el pacto de Gobierno entre el PSOE y Sumar. «Estamos en contacto permanente con nuestros socios de Gobierno y les hemos podido trasladar claramente que ahora hay unas decisiones desde el rigor técnico», aseveró la ministra. Aagesen celebró que la terna de propietarias se haya decidido, finalmente, por una petición única para Almaraz, solo hasta 2030 y «sin condiciones», es decir, sin ninguna alusión a bonificaciones fiscales. «En la solicitud lo que hacen las empresas es renunciar a la rebaja fiscal, una línea roja para el Gobierno. Desde el principio dijimos que los consumidores, los contribuyentes, en ningún caso iban a pagar la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares», insistió la vicepresidenta.

La crisis del fabricante de microchips Nexperia, que amenaza con provocar un parón en las fábricas de automóviles de todo el mundo, ha tomado un nuevo y rocambolesco giro: la compañía holandesa ha suspendido el suministro de obleas –un componente esencial para los semiconductores– a su filial china aduciendo que no le paga esos productos. Así lo recoge una carta enviada por la compañía a sus clientes y firmada por el director interino, Stefan Tilger. En la misiva, a la que ha tenido acceso Reuters, el administrador señala que el suministro se interrumpió el pasado domingo y que la decisión «era consecuencia directa del reciente incumplimiento de los términos de pago contractuales acordados». Entre esos incumplimientos estaría el hecho de que la filial china está facturando a sus clientes locales en yuanes en lugar de en divisas extranjeras como el dólar estadounidense. Nexperia produce grandes volúmenes de microchips en Países Bajos, pero cerca del 70% de ellos son enviados a China, donde son empaquetados para su distribución. «A menos que se cumplan integramente las obligaciones contractuales, no podemos reanudar el suministro de obleas a la planta. Pero estamos buscando soluciones alternativas» prosigue la carta de Tilger.

Amazon ha anunciado un expediente de regulación de empleo (ERE) en España que afecta a 1.200 empleados corporativos, algo más del 4% del total de la plantilla en el país, que se eleva a un total de 28.000 trabajadores. El recorte se enmarca en el plan global de 14.000 despidos que presentó Amazon el martes. La regulación de empleo se centrará en dos empresas del entramado societario que tiene la multinacional estadounidense en España: Amazon Spain Services, a cargo del grueso de los servicios corporativos, y Amazon Digital Spain, que gestiona el negocio de streaming. El ERE incluye a trabajadores de oficinas en Madrid y Barcelona, pero no se plantean expedientes de regulación para el resto de filiales locales de la multinacional de comercio electrónico. Amazon tiene varias sociedades a cargo de su red logística y de distribución en España, una empresa responsable del negocio de cloud (AWS) y otra sociedad que gestiona su actividad publicitaria. La compañía no ha comunicado qué porcentaje de la plantilla corporativa de Amazon en España representa el ERE, pero supone alrededor de un 28% de la fuerza laboral de ambas sociedades a cierre de 2024, últimos datos disponibles en el Registro Mercantil.

«Una empresa que tiene beneficios millonarios y que deja tirados a sus trabajadores y trabajadoras es un modelo de la vergüenza», subrayó Yolanda Díaz en su cuenta de Bluesky. El expediente de regulación de empleo (ERE) que anunció ayer Amazon para 1.200 trabajadores corporativos provocó fuertes críticas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, quien denunció que «el milagro Amazon sea este: Jeff Bezos al servicio de Trump, no pagar impuestos, destruir el pequeño comercio y maltratar a sus trabajadores». La medida anunciada ayer por el gigante tecnológico que lidera Bezos afectará a casi el 5% de la plantilla que tiene en España, que se eleva a un total de 28.000 trabajadores debido a su amplia red logística. Amazon, que presume de estar entre las diez empresas que más empleo estable han generado en los últimos cinco años en nuestro país, enmarca este recorte dentro de su plan global de 14.000 despidos presentado el martes, como parte de una estrategia orientada a preparar a la compañía para la adopción masiva de tecnologías de Inteligencia Artificial y automatización. De hecho, según documentos internos filtrados la semana pasada a The New York Times, Amazon prevé reemplazar hasta 600.000 empleos humanos por sistemas robóticos antes de 2033, impulsando su estrategia de eficiencia operativa a largo plazo. Sin embargo, Andy Jassy, CEO de Amazon, desligó los despidos de una necesidad de recortar costes o de liberar recursos para sus ambiciones en inteligencia artificial, y dijo que era una cuestión «de cultura corporativa». El ejecutivo argumentó que responde a la necesidad de simplificar estructuras y reducir niveles de gestión tras años de crecimiento acelerado en personal y líneas de negocio.

Tras el ligero repunte del mes anterior, la inflación de la eurozona volvió al redil de la moderación en octubre. El IPC armonizado se situó en el 2,1% en tasa interanual, una décima menos que en septiembre, según el avance publicado ayer por Eurostat, y en el umbral del objetivo de referencia a medio plazo del 2% del Banco Central Europeo (BCE), que la víspera dio prácticamente por finiquitado el proceso de desinflación en el bloque asegurando que las perspectivas “se mantienen en gran medida sin cambios” en torno a esa meta. Pero aunque la presidenta del BCE, Christine Lagarde, resaltó el jueves que “aún estamos en un buen lugar y la inflación está donde queremos que esté”, la autoridad monetaria no parece tenerlas todas consigo todavía, a juzgar por algunos mensajes y advertencias en los que reconoce que “las perspectivas de inflación son más inciertas de lo habitual” y que tanto un euro más fuerte como el previsto aumento del gasto en Defensa pueden tirar al alza de los precios en el medio plazo. De momento, el mes de octubre ha ofrecido un respiro y los precios de la cesta de la compra europea se moderaron tímidamente de la mano de un mayor abaratamiento de la energía, que cayó un 1% en octubre frente al descenso del 0,4% del mes anterior, mientras que los alimentos frescos frenaron su escalada y se encarecieron un 3,2%, 1,5 puntos menos que en septiembre.

A pesar de los últimos resultados en Holanda, la batalla contra la ideología ultra está lejos de ser ganada en el Viejo Continente. En sus diferentes expresiones, gobierna en cuatro miembros de la UE: Italia, Bélgica —con los nacionalistas flamencos del N-VA—, la República Checa y Hungría. Y es socia minoritaria en Ejecutivos de coalición en otros cuatro: Finlandia, Bulgaria, Croacia y Eslovaquia, según el último recuento del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad. Recientemente, ganó por la mínima la presidencia polaca, pese a que el liberal Donald Tusk se mantiene como primer ministro. Y en Rumania, dos aspirantes ultranacionalistas estuvieron muy cerca de hacerse con la presidencia en unas polémicas elecciones cuya primera vuelta fue anulada por una presunta injerencia rusa. Tras la más que presumible pérdida del Ejecutivo holandés, Italia se mantiene como único —y gran— faro para la ultraderecha en los grandes de la Unión. Hermanos de Italia se mantiene como la fuerza dominante tras tres años en el poder y lidera las encuestas con un 30%, unos cuatro puntos porcentuales más que en 2022. Meloni se ha convertido, además, en una de las figuras de referencia de la extrema derecha europea. En Francia, potencia en muchos ámbitos y segundo país más poblado de los Veintisiete, Jordan Bardella (Reagrupamiento Nacional) se sitúa en cabeza en los sondeos para las presidenciales de 2027 con un 35% de votos, más del doble que cualquier otro candidato. Hasta la inhabilitación el pasado marzo de Marine Le Pen por malversación, ella lideraba las encuestas, incluso con algo más de ventaja que su delfín. En un país supuestamente vacunado por 12 años de nazismo y Holocausto, Alternativa para Alemania (AfD) comenzó a encabezar algunos sondeos el pasado verano. Hoy lidera la gran mayoría, y todos le otorgan al menos una cuarta parte de los apoyos. Aun así, la extrema derecha alemana, la primera fuerza de oposición en el Bundestag, sigue sin tocar poder real.

El lanzamiento por parte de China en el mes de octubre de una visa tecnológica para atraer a trabajadores del sector ha provocado una oposición inmediata en el país, donde los jóvenes chinos han expresado su preocupación por la creciente competencia en un mercado laboral en deterioro. Pekín espera que el programa de la visa K, que según los analistas resultará atractivo para los chinos residentes en el extranjero y los trabajadores cualificados de países en desarrollo, impulse el crecimiento de sus industrias de ciencia y tecnología, una prioridad para el presidente Xi Jinping en medio de la creciente competencia política con Estados Unidos. La visa K está diseñada para atraer a “jóvenes profesionales de ciencia y tecnología idóneos”, según los medios estatales chinos. El programa muestra “una China más abierta y segura”, añadió el periódico portavoz del Partido Comunista, el Diario del Pueblo. “Con la visa K, preveo una mayor afluencia de personas procedentes de India, Rusia, el Sudeste Asiático y Oriente Medio, lugares repletos de talento STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) a un menor coste”, afirma Han Shen Lin, profesor de la Universidad de Nueva York en Shanghái. “También resultará atractivo para los chinos residentes en el extranjero y para los investigadores estadounidenses y europeos que se enfrentan a tensiones en su país”, añade.