20251103

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Las dos únicas empresas vascas que rescató el Gobierno central a través de la Sepi, con el fondo especial creado tras la pandemia, atraviesan dificultades. Se trata de Vicinay y Tubos Reunidos, que obtuvieron 32 y 113 millones, respectivamente, y que ahora, aunque en grado diferente, afrontan graves problemas económicos, lo que complica la devolución de los préstamos participativos otorgados por el organismo público. En total la Sepi inyectó dinero a 28 empresas por un total de 2.681 millones de euros. Lo hizo mediante el Fondo de Apoyo para Empresas Estratégicas (FASEE) habilitado en julio de 2020 con objeto de apoyar a las grandes compañías afectadas por la pandemia. Entre ellas había, sobre todo, empresas del sector turístico como Air Europa, ahora en el foco por el ‘caso Koldo’ y que recibió 475 millones, pero también industriales como la catalana Celsa –propietaria de las plantas de Nervacero y Laminaciones Arregui–, que se llevó el mayor importe, 550 millones. Las dos vascas que entraron en la lista pertenecían a este ámbito: Tubos Reunidos obtuvo 113 millones en 2021, mientras que Vicinay logró 32 millones un año después, cuando ya se cerró el fondo. Hasta el momento la Sepi ha recuperado 949 millones de euros, lo que representa un 35% de los 2.681 millones financiados con este instrumento. Ocho empresas –Hotusa, Grupo Soho, Ávoris, Eurodivisas, Wamos, Rugui Steel, Ferroatlántica y Hesperia– han devuelto el dinero y quedan 20 por hacerlo, algunas de las cuales se encuentran en situación difícil. La histórica Vicinay Marine es una de ellas. La centenaria empresa, líder mundial en fabricación de cadenas de amarres tanto para el sector naval como para la industria petrolera y la eólica marina flotante, se encuentra en preconcurso de acreedores desde el pasado 30 de julio, asfixiada por los malos resultados y una deuda de 140 millones de euros. La compañía, que cuenta con 200 trabajadores en Bizkaia, está tratando de negociar una reestructuración de su deuda con la banca y en ese proceso ha entablado conversaciones con el empresario Dámaso Quintana –uno de los fundadores y actual presidente de Haizea Wind–, que podría inyectar dinero a cambio de tomar el control del grupo, ahora en manos de la familia Vicinay, que quedaría con una participación minoritaria.

CAF aspira en Reino Unido a tres grandes contratos de material ferroviario y mantenimiento valorados en 4.000 millones de libras (4.500 millones de euros), dentro de las licitaciones que están impulsando varios operadores para renovar y ampliar el material. Según ha explicado su consejero delegado, Javier Martínez Ojinaga, se trata de licitaciones que deberán salir al mercado a corto plazo y en las que la compañía vasca prevé concurrir en solitario. La primera es TransPennine, que opera en el norte de Inglaterra y Escocia y que cuenta con un ambicioso plan de mejora y renovación de almacenes, tecnología y material rodante. Una de las iniciativas del Gobierno británico es la electrificación de algunos tramos, que requerirá nuevos ferrocarriles. Otro contrato es el de Southeastern, que comunica Londres con el sureste de Inglaterra, con un plan de varios miles de millones de libras de renovación y ampliación de su flota de trenes, entre otros aspectos. La intención es hacer más fiable el servicio para tratar de recuperar la cifra de viajeros previo a la pandemia. Por último, Northern, que opera en el norte de Inglaterra, está sumida en un programa por el que quiere adquirir hasta 450 trenes con la intención de adjudicar el primer contrato en la primavera de 2026. Northern, con la que CAF acaba de renovar un contrato de mantenimiento, es el segundo operador ferroviario más importante del país, pero el 60% de sus trenes tiene entre 32 y 40 años. “Se trata de licitaciones en las que creemos que podemos encajar y a las que esperamos presentar una oferta”, apunta Martínez Ojinaga, quien destaca las oportunidades que ahora ofrece el país para CAF.

El Gobierno Vasco asume ya que la mayoría de los 13 proyectos presentados desde 2021 no saldrán adelante: de momento, han caído cuatro y varios renquean. La de los eólicos es una iniciativa compleja en Gipuzkoa. Rara vez el impulso de proyectos de semejante envergadura ha concitado tanto acuerdo político de máximo nivel. El arco parlamentario vasco y guipuzcoano casi al completo defiende el impulso de las energías renovables en general y la energía eólica en particular. PNV y EH Bildu de acuerdo en una cuestión capital. Pero ni así. La disensión se ha instalado en el seno de ambas formaciones a nivel local y municipal, y los ayuntamientos, forzados por el impulso de muchos de sus ciudadanos, se han convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo de los proyectos. En un espacio de menos de cuatro años, se han presentado en Gipuzkoa 13 proyectos distintos para la construcción de parques eólicos. Cuatro de ellos ya han sido rechazados por la Administración debido a cuestiones técnicas o anulados por los propios promotores. Quedan nueve en tramitación, compleja y larga; proyectos vivos todavía, pero la realidad es que algunos de ellos se solapan entre ellos y otros renquean, hasta el punto de que el propio Gobierno Vasco, impulsor de la estrategia de renovables y de la energía eólica en Euskadi, asume que la mayoría no saldrán adelante. Los sopapos vienen de todas partes, con declaraciones ambientales negativas por parte del Gobierno Vasco, incluso en espacios que se hallan fuera de la zona protegida de la Red Natura, pero que sí han sido rechazados por su impacto ambiental. Como ha sucedido en Piaspe.

El anteproyecto de ley tiene pocas opciones de prosperar en el Congreso. El Ministerio de Trabajo presentó el acuerdo para reducir las prácticas extracurriculares a la mitad y compensar los gastos de los estudiantes en junio de 2023, con el que intentaba aliviar la precariedad de los becarios. Rechazado por las patronales y los rectores universitarios, sí llevaba el aval de UGT y CC OO, lo que no impidió que la parte socialista del Gobierno dijera que el texto estaba “verde” y que le faltaba “trabajo técnico”. Ahora, casi dos años y medio después, el Consejo de Ministros aprueba en primera ronda el anteproyecto de ley, según viene subrayando el ministerio, sin cambios sustanciales respecto al texto que rechazaba el PSOE. Esta norma, en cuya importancia ha insistido durante años la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, se enfrentará en unos meses a un trámite parlamentario endiablado: al rechazo que expresaron varios socios en 2023 tras el acuerdo con los sindicatos se une el portazo oficial de Junts al Ejecutivo. El estatuto plantea limitar a un máximo de 480 horas (la mitad que ahora) las prácticas extracurriculares por alumno, figura en la que se concentra el fraude al no estar directamente vinculadas con la formación. También propone un régimen sancionador que penaliza los incumplimientos más graves con hasta 225.000 euros y la obligación de que las empresas cubran los gastos del estudiante, como el transporte al lugar en el que desarrolle las prácticas. Esta compensación no aplica a los becarios con nómina, ya que con esa retribución ya se consideran nivelados los gastos. La normativa no obliga a retribuir al becario, una de las reclamaciones más insistentes de la izquierda política y sindical y que finalmente no formó parte del acuerdo. Justo este punto, la retribución de gastos, es uno de los que más recelos despierta en los críticos con la medida. “Nos preocupa que las empresas, las entidades del tercer sector y las diferentes instituciones del sector público se nieguen a compensar tales gastos”, decía en enero la conferencia de rectores (CRUE) en una carta dirigida a Yolanda Díaz. En la misiva, CRUE también reclamaba “un acuerdo con el sector empresarial en virtud del cual se comprometan explícitamente a compensarlos”, ante el temor de que esos gastos recaigan en las universidades, como ya sucede con la cotización a la que los becarios no remunerados tienen derecho desde enero de 2024.

Euskadi está a la cabeza de España en inversión universitaria. La UPV/EHU abrió la pasada semana un importante frente con el Gobierno vasco por la financiación pública de la Universidad. En una comparecencia, el rector, Joxerramon Bengoetxea, exigió al Ejecutivo autonómico que eleve su aportación un 80%, pasando de los 337,4 millones previstos para 2026 a 607, que es lo que calcula el equipo rectoral que necesita la institución para funcionar «con normalidad», escapar a la «parálisis» y evitar el «colapso». Por el momento, el Gabinete Pradales guarda silencio. La pelota está en el tejado del Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación que dirige un exrector de la UPV/EHU, Juan Ignacio Pérez Iglesias. La subida que reclama la institución académica sólo es comparable a la que va a recibir Osakidetza. Bengoetxea ha solicitado comparecer en el Parlamento vasco para explicar con detalle por qué pide tanto dinero, 270 millones más de lo consignado, para invertir en plantilla, infraestructuras y digitalización. ¿Cómo de infrafinanciada está realmente la Universidad pública vasca? La Fundación Conocimiento y Desarrollo se dedica a radiografiar el sistema universitario español. Su último informe, publicado la pasada semana, analiza precisamente la financiación de las universidades públicas del país. El documento, elaborado con datos del curso 2022/23, permite extraer varias conclusiones. La principal es que la inversión en este apartado es muy inferior en España en comparación con la OCDE y la Unión Europea: un 19,5% y un 14,5% menos, respectivamente. Dentro de esta tacañería, la UPV/EHU es una de las universidades mejor financiadas en términos absolutos. El Gobierno vasco invierte 9.065 euros anuales por estudiante, la tercera cifra más alta por detrás de La Rioja y Navarra. La media de España es de 6.671 euros. Madrid, donde la Complutense ha tenido que pedir un préstamo de 35 millones porque no puede pagar ni los sueldos, está a la cola.En términos relativos, sin embargo, la fotografía cambia. 

Iratxe Pascual ha tomado las riendas de Aspegi, la Asociación de Mujeres Profesionales, Empresarias y Directivas de Gipuzkoa, con el objetivo de dar un salto cualitativo y cuantitativo para ganar en visibilidad y acelerar el cambio, «porque no podemos esperar 20 años para ver la igualdad en la dirección de las empresas», remarca. Aboga por ganar presencia en ámbitos de futuro como la industria y la tecnología y también en los círculos de decisión de las pymes. "Tenemos muchísimas mujeres graduadas, universitarias, que acceden y están accediendo al mundo laboral. Pero cuando llega el momento de subir, de tener otras posiciones de decisión en las empresas, no se produce ese salto. En Aspegi trabajamos para que eso vaya cambiando, porque visibilizando podemos avanzar algo...No podemos esperar 20 años. Nuestras hijas no pueden estar en la misma situación en la que están muchas mujeres actualmente...Los datos demuestran que esas cuotas están teniendo beneficios en esas empresas tanto en su propia evolución empresarial como en la atracción de inversores. En las pymes, donde hay pequeños grupos inversores o empresas familiares, la toma de decisiones es diferente. Y hoy por hoy se demuestra que las mujeres estamos fuera de esos círculos de decisión...Si vemos solamente cuántas niñas jóvenes, adolescentes, eligen el bachillerato tecnológico y carreras tecnológicas, ingeniería, datos... no estamos ni en un 10%. Significa que estas mujeres no van a estar en los sectores de futuro. Eso significa que estos sectores van a carecer de un talento imprescindible. Y esa diversidad que se consigue, que hace que las empresas sean mucho más innovadoras, mucho más competitivas... no se va a producir. Vamos a trabajar para que estén también en esos sectores..."

El Departamento de Arte de la universidad californiana invita por primera vez a un cocinero. Casi tres décadas después de ganarse a pulso la fama de ser un restaurante donde unos cuantos platos pueden no estar precisamente ricos y otros recurren a texturas no siempre fáciles para el paladar, a nadie le puede sorprender que el equipo de Mugaritz firme un “pastelito de neuróspora intermedia”, uno de los experimentos que su I+D es capaz de convertir en plato y llegar a llamar la atención de la Universidad de Stanford, donde Ramón Perisé, responsable de Innovación y Desarrollo en Mugaritz, está realizando estos días una residencia artística. Es, de hecho, la primera vez que el Departamento de Arte de la universidad ubicada en Palo Alto (California) invita a un cocinero a ocupar una residencia que, hasta ahora, solía estar reservada a artistas visuales, performers y otros creadores de ámbitos más tradicionales del arte”, afirman desde el espacio vasco, que cerró su temporada 2025 hace justo una semana y no vuelve a reabrir hasta abril. ¿Cómo entra Mugaritz en Stanford? Y, habría que añadir que, además, lo hace participando en un programa pionero que busca replantear la sostenibilidad a través de la creatividad. “Fue una sorpresa; es algo que viene de lejos. Allí tenemos contacto con Vayu Maini Rekdal, un científico sueco que es profesor de bioingeniería, a quien conocí hace muchos años en San Sebastián, cuando todavía no había empezado a hacer el doctorado. Es un investigador que había sido cocinero y, al final, acabó dedicándose a la biología y a la bioingeniería e hizo el doctorado en la Universidad de Harvard”, desgrana Perisé.

Amazon acaba de anunciar que suprimirá 14.000 puestos corporativos (con un impacto de 1.200 despidos en España) para reducir costes, al tiempo que eleva el gasto en inteligencia artificial (IA), una medida que podría ser la antesala de un recorte de hasta 30.000 empleados, que se sumarían a las 27.000 plazas que el gigante del comercio online ya eliminó en 2023. UPS prescindirá este año de hasta 48.000 trabajadores, tras renegociar su contrato con Amazon, que rebajará en un 50% el número de envíos que gestiona con el grupo de logística hasta finales de 2026. Por su parte, General Motors prevé despedir a 1.200 trabajadores en Michigan y 550 en Ohio ante la ralentización de la demanda de los vehículos eléctricos, y el banco holandés ING suprimirá un máximo de 950 puestos en Países Bajos hasta finales del próximo año, en parte porque algunas funciones podrían ser sustituidas por la IA. Casi medio centenar de multinacionales han anunciado este año que reducirán, al menos, 300.000 puestos de trabajo. La incertidumbre macroeconómica y las turbulencias geopolíticas derivadas de conflictos como la guerra de Rusia y Ucrania y la inestabilidad en Oriente Medio, y las tensiones comerciales provocadas por la inflación, los tipos de interés y de cambio y el coste de las materias primas, ocasionando perturbaciones en los mercados mundiales y una desaceleración del consumo, explican en buena parte los anuncios de despidos masivos.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos analizará esta semana el caso que podría redefinir el poder presidencial y despojar a Donald Trump de su herramienta más contundente y predilecta en política exterior: los aranceles. El presidente ha utilizado los impuestos a la importación como pilar de su agenda económica y como la piedra angular de su estrategia internacional. Ahora, esta poderosa palanca está en juego. Un fallo futuro en contra de Trump podría limitar drásticamente o incluso eliminar una de las herramientas más rápidas y contundentes de las que ha dependido su política exterior. El propio Trump ha mostrado su preocupación ante la inminente decisión, calificando el caso como uno de los más importantes en la historia de Estados Unidos. Ha advertido que sería un “desastre” para el país si los jueces no revocan los fallos de tribunales inferiores que determinaron que se extralimitó al usar una ley de poderes de emergencia para implementar sus aranceles. Incluso ha sugerido la posibilidad de asistir en persona a la audiencia. El centro de la disputa legal es la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa) de 1977. Dos tribunales inferiores ya han dictaminado que Trump no tenía la autoridad bajo esta ley para imponer aranceles, un poder que la Constitución otorga explícitamente al Congreso. Sin embargo, el Departamento de Justicia argumenta que estas sanciones comerciales son parte de su amplio poder sobre los asuntos exteriores, un área en la que, según ellos, los tribunales no deberían interferir.

Uno de los problemas del apagón que sufrió España el pasado 28 de abril está en los límites que existen para vigilar sobretensiones en la red y hacer que, ante fuertes oscilaciones, salten los plomos de forma ordenada y no, como ocurrió, de forma masiva y caótica. En España, el límite está en los 435.000 voltios (435 kilovoltios, o kv), mientras que en la mayoría de países desarrollados, en especial los del entorno europeo, el límite está en 420 kv. Este límite, más estricto, deja más margen de maniobra para reaccionar ante las oscilaciones de tensión, dando más tiempo para desconexiones puntuales y por zonas, evitando así una caída de toda la red en cascada, como ocurrió el 28 de abril. Así se deduce de una carta de la patronal eléctrica Aeléc remitida al Ministerio de Transición Ecológica y a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN. Aeléc –la antigua Unesa– está liderada por Iberdrola, Endesa y EDP, una vez que Naturgy se salió y Repsol nunca quiso entrar. En la carta, de cuatro folios, Aeléc reclama al Gobierno una actuación sobre “aspectos relevantes en materia de control de tensión”, antes de dar argumentos a favor de que se rebaje el límite de tensión desde los 435 kv hasta los 420 kv. Considera que la situación de España es una anomalía con respecto al entorno. El problema es que es una anomalía que se ha mantenido desde 2010, sin que ningún Gobierno desde entonces la haya solucionado, a pesar de la alternancia política que ha habido: José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE); Mariano Rajoy (PP) y Pedro Sánchez (PSOE).

Cerca de 322.000 familias han llamado a la ventanilla de los bancos para pedirles que les presten dinero para comprarse una casa. Son unas 60.000 más que el año pasado hasta agosto, que es el último dato disponible, y da fe de cómo se está calentando el sector inmobiliario y que ha empezado ya a desbordar el vaso. Es tal la avalancha de peticiones que la banca española reconoce que está empezando a rechazar hipotecas y lo hace en la mayor proporción de entre las cuatro grandes economías europeas (frente a Alemania, Italia y Francia) y esto no es casual. Aquí, en nuestro país se libra desde hace meses una auténtica batalla por captar clientes a través del mercado hipotecario y esto ha conducido a que las hipotecas que se conceden sean, con diferencia, las más baratas de la zona euro, solo superadas por Malta. El tipo medio es del 2,66%, frente al 3,3% de la Eurozona. Si se analiza la última encuesta de préstamos bancarios del BCE, se observa «un aumento del número de rechazos en préstamos hipotecarios por primera vez desde el primer trimestre de 2024». España lidera las cifras, con un 20% de los bancos consultados que reconocen que efectivamente se están descartando más peticiones que tres meses atrás, de abril a junio, en la compra de vivienda. En términos de préstamos al consumo, está muy por delante Francia y casi al mismo nivel Alemania e Italia, ligeramente por debajo del 10%. El mercado está funcionando a toda capacidad. 

Los contribuyentes tendrán que hacer frente a partir de 2027 a la factura de 16.500 millones de euros que costará liquidar la Sareb, el llamado banco malo que en 2012 absorbió los activos tóxicos de las cajas de ahorros con problemas por el estallido de la burbuja inmobiliaria. El Gobierno no tiene intención de alargar la vida de esa sociedad, que deberá seguir funcionando durante el proceso de liquidación con unos activos de cerca de 6.000 millones que no se han podido vender o traspasar. La factura de la Sareb va a salir cara al contribuyente. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria entrará en disolución en 2027, ya que el Gobierno no tiene intención de alargar la vida al conocido como banco malo, confirman fuentes del Ministerio de Economía a este diario. Pero habrá dos consecuencias: la primera, que el Estado asumirá un agujero de 16.500 millones de euros, por la deuda de esta entidad a pagar a los tenedores de los bonos con aval del Tesoro y, además, la Sareb deberá seguir funcionando desde 2027 —en liquidación — con alrededor de 6.000 millones de activos inmobiliarios y financieros que no haya dado tiempo a vender o traspasar a terceros, según se calcula desde el sector.

El Tribunal Supremo afronta desde hoy otro juicio inédito que quedará marcado con letras rojas en su hoja de servicios. Seis años después de sentar en el banquillo a los líderes del ‘procés’ secesionista en Cataluña, en una vista con una repercusión mediática sin parangón, los focos se vuelven a encender para juzgar a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Un episodio sin precedentes por tratarse de un alto cargo del Estado en activo, máximo responsable de los 2.800 fiscales que componen el Ministerio Público y quien coordina la persecución de delitos y la defensa de la legalidad en el sistema de justicia. García Ortiz, que se enfrenta a entre cuatro y seis años de prisión y hasta doce de inhabilitación por tres delitos –revelación de secretos, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos–, afronta hasta el 13 de noviembre el escrutinio de los siete magistrados que componen el tribunal de la Sala Segunda (Penal) del Supremo, una vista que está programada en seis sesiones. El órgano juzgador está comandado por el veterano Andrés Martínez Arrieta, recién elegido presidente de esta sala, y la ponente de la sentencia será su compañera Susana Polo, de sensibilidad progresista y quien ya se pronunció en su momento a favor de abrir una causa penal al fiscal general en octubre de 2024. Lo hizo, no obstante, con matices sobre el fondo de la presunta revelación de secretos que afectó a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y procesado, a su vez, por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental por un juzgado de Madrid.

La Unión Europea llega al invierno con las reservas de gas ligeramente por encima del 82%. La cifra puede no sonar mal, pero es la más baja desde el inicio de la crisis energética y la segunda menor en una década. Está, en fin, 10 puntos por debajo de la media histórica, una serie que empieza en 2011, y también 10 puntos por debajo del objetivo inicialmente fijado por la Comisión Europea para estas alturas del año. Aunque la incertidumbre de los modelos de predicción siempre es grande, algunos meteorólogos ven indicios de un invierno algo más frío en el hemisferio norte que los tres anteriores, particularmente cálidos. Y mercurios bajos siempre son sinónimo de mayor consumo. Con la temporada de alta demanda de gas lanzada —las calefacciones ya están encendidas en buena parte del continente—, este cóctel de factores invita a la cautela pero no a la alarma. Lo peor de la zozobra continental sobre el suministro quedó atrás hace tiempo y, tras la drástica reducción de las llegadas de gas ruso por tubo, los Veintisiete han reconstruido su matriz importadora en tiempo récord. Han levantado terminales de licuefacción, indispensables para traer combustible por barco desde cualquier rincón, y han destruido mucha demanda, sobre todo industrial: una mala noticia económica, pero que ha mejorado la seguridad de suministro. El bajo nivel de gas en depósitos —especialmente exiguo en Alemania, el mayor consumidor del Viejo Continente— deja, sin embargo, a los Veintisiete particularmente expuestos a los vaivenes del gran bazar mundial del gas natural licuado (GNL, el que se mueve por mar), dominado en estas latitudes por Estados Unidos y Qatar —y, en menor medida, por Argelia, Nigeria y Noruega, ya con Rusia de retirada—. 

La razón es que el impacto de los aranceles ha sido menor de lo previsto. No ha habido casi represalias de otros países y las empresas supieron anticiparse adelantando importaciones, ajustando sus cadenas de suministro y evitando, por el momento, trasladar toda la subida de precios de las importaciones a los consumidores. Aun así, se espera que la inflación se acelere en 2026. Sobre Europa, el FMI dibuja un optimismo cauteloso. Las proyecciones han mejorado ligeramente, y se espera un aumento del gasto y la inversión que podrían apuntalar un crecimiento que siempre será relativamente débil dada la complicada demografía europea. Brilla, por segundo año consecutivo, España, cuya previsión de crecimiento se ha revisado al alza hasta el 2,9% para 2025, más que doblando la media de la eurozona y muy por encima de los demás países avanzados, incluido Estados Unidos. Factores como los fondos europeos Next Generation, el coste relativamente bajo de la energía, la inmigración y una demanda interna robusta contribuyen a este buen desempeño, que seguramente continuará el año que viene a pesar de la polarización política y la falta de presupuestos. China, por su parte, mantiene su tendencia de desaceleración estructural, mientras que India emerge como el nuevo polo de crecimiento y atracción para la inversión internacional. Así, Asia sigue siendo el continente más dinámico, pero África tampoco se queda atrás, lo que permite revitalizar la idea de cierta convergencia entre economías avanzadas y emergentes que existía hasta la pandemia del Covid.

En los últimos meses, ha surgido una nueva oleada de protestas encabezadas por la Generación Z, gestadas en las redes sociales y alimentadas por la frustración y el hartazgo. Denuncian la corrupción de las autoridades, exigen reformas estructurales y luchan por un futuro del que poder sentirse orgullosos. Y, sobre todo, buscan demostrar que los nacidos entre 1997 y 2012 no son ajenos al mundo real. Al contrario: han convertido sus móviles en su arma política más eficaz. La chispa prendió primero en el Sudeste Asiático. En Yakarta, miles de personas, lideradas por grupos universitarios, se manifestaron a finales de agosto frente al Parlamento contra el aumento de las ayudas a la vivienda de los diputados indonesios –casi diez veces superiores al salario mínimo– y para exigir la disolución de la Cámara de Representantes. La protesta se ha extendido por todo el país, prolongándose hasta el día de hoy, y ha sumado nuevas demandas tras la muerte de un manifestante de 21 años: la reforma de la Policía Nacional y la dimisión de su jefe. Días después, el descontento estalló en Katmandú, donde la revuelta de los jóvenes nepalíes contra las «élites corruptas» del Gobierno, los nepo babies –hijos de políticos que presumían de sus vidas de lujo online mientras el ciudadano medio apenas gana 1.100 dólares al año– y la prohibición de 26 plataformas de redes sociales (entre ellas Facebook, Instagram y TikTok) dejó al menos 72 muertos y miles de heridos, según el Ministerio de Salud, y obligó al cuatro veces primer ministro KP Sharma Oli a dimitir.