20251105

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

En declaraciones a los medios de comunicación, el responsable de Economía de Confebask, Pablo Martín, ha destacado que “la ocupación en Euskadi marca un nuevo máximo histórico, con un aumento en el mes de octubre de 13.400 afiliados, lo que supone uno de los mejores octubre de los últimos años. De hecho, estamos ante un incremento anual de casi 12.000 ocupados respecto a octubre del año pasado... Si bien también advierte que “en octubre había 640 personas más en desempleo que en el mes anterior, en cómputo interanual (de octubre de 2024 a octubre de 2025), el paro también ha bajado, y hay registrados 880 parados menos que entonces...El mercado laboral vasco sigue comportándose de manera positiva y en 2025 va a seguir un poco esta dinámica, por lo que el año concluirá una vez más con creación de empleo y una ligera reducción del paro". Ver más en Confebask aquí. ​​​​​​​

El número de afiliados tocó en octubre un nuevo techo en Euskadi y alcanzó 1.031.670 personas, 2.500 trabajadores más que en su récord anterior fijado en mayo. Solo en el último mes ha sumado 13.400 cotizantes (crece un 1,32%) con la vuelta del curso escolar y el empuje de la educación, que ha incorporado 9.380 ocupados (un 12,31% más), gracias al arranque de las academias, los másteres y las actividades extraescolares, así como la contratación de nuevos interinos. A la vuelta del verano también recupera músculo la hostelería, que suma 2.400 trabajadores (3,33%), en este caso una excepción con el resto de España al ser el País Vasco un territorio que depende menos del turismo. Se resienten, en cambio, las cifras del paro. Aumentaron en septiembre un 0,6%, con 107.609 desempleados en total (640 más) apuntados en Lanbide, aunque la comparativa anual refleja una mejora del 0,8% y se acumulan ya 13 meses consecutivos de bajada respecto al ejercicio anterior. El viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, defendió ayer que pese a los «retos económicos internacionales», los resultados «son motivo de confianza en la capacidad de Euskadi para generar empleo de calidad». La vuelta del verano beneficia a la educación, pero le pasa factura al ámbito sanitario que se reduce un 1,83% (unas 2.200 personas) tras finalizar los contratos de sustitución. El resto de las grandes áreas apenas varían con muy ligeros crecimientos en ámbitos como la industria o el transporte y el almacenamiento –apenas crecen un 0,3% y un 0,14%, respectivamente–, aunque parece aumentar la demanda de perfiles especializados con las actividades profesionales, científicas y técnicas que crecen algo más del 1% (700 nuevos afiliados). Para Confebask los datos ofrecidos ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reflejan el interés de las empresas vascas por seguir contratando. El responsable de Economía, Pablo Martín, señaló que el mercado vasco crea empleo y pronosticó que esta dinámica continuará hasta terminar el año. Además, atribuyó el crecimiento del paro al comportamiento del sector primario, una vez pasada la temporada de cosechas, y al colectivo de personas sin empleo anterior, «por las nuevas incorporaciones al mercado laboral».

El Departamento de Industria es una de las prioridades del Gobierno vasco para cortar la pérdida de empresas y el alejamiento de centros de decisión. Por ello cuenta con 750 millones de euros en el Presupuesto, un 18,9% más que el año pasado, gracias a la inyección de 100 millones recibida del Instituto Vasco de Finanzas. Un empujón que viene del endeudamiento de mil millones que anunció el Ejecutivo en la Alianza Financiera Vasca para invertir en empresas. Con esos recursos, según explicó ayer el consejero de Industria, Mikel Jauregi, en el Parlamento vasco se lanzarán dos fondos de inversión de capital riesgo. Uno, Handituz, para fomentar el desarrollo de ‘startups’ en Euskadi con facturaciones inferiores a 3 millones. Y la segunda herramienta será una segunda edición de Ezten, fondo que tomará participaciones minoritarias en pymes con planes de crecimiento por inversiones o compra de otras empresas. Dos líneas que se añadirán a las ya conocidas de Finkatuz e Indartuz, donde se acumulan más de 900 millones de capital y están diseñadas para grandes operaciones, como la de Talgo o ITP. El departamento sigue teniendo el grueso del gasto en las subvenciones, que se gestionan en su mayoría a través de la sociedad pública SPRI y que suman más de 500 millones. En este campo, Jauregi destacó los 80 que se destinarán para el autoconsumo energético de empresas y hogares.

El Presupuesto del Gobierno vasco sigue recogiendo inversiones directas para tratar de financiar instalaciones renovables en Euskadi, una de las asignaturas pendientes. Así, las partidas de la sociedad pública Cadem, con la que el Ejecutivo materializa sus inversiones con empresas privadas para estos proyectos, cuenta con 37 millones para 2026. Unos recursos que se destinan en su mayoría, 15,9 millones, al hidrógeno verde. El consejero de Industria, Mikel Jauregi, defendió ayer que «vamos a cambiar el gas estadounidense por el hidrógeno ibérico». Una frase que empleó para hacer gráfica la apuesta por el combustible sintético que el Gobierno vasco elaborará con Petronor y para el que participa en el electrolizador de 10 MW que la compañía planea en el desarrollo del Corredor Vasco del Hidrógeno. Además, Jauregi, recordó la importancia de este combustible obtenido con energías limpias como alternativa al gas para generar electricidad en la central de ciclo combinado del Puerto de Bilbao, de la que el Ejecutivo tiene un 25%. La energía fotovoltaica recibirá 15,8 millones para el parque que el Gobierno promueve con Iberdrola y Mondragon en Ribera Baja (Álava) y los que impulsa con Solaria a las afueras de Vitoria. Mientras que la eólica se dota con 2,9 millones para el arranque del parque de Labraza (Álava), de 40 MW, y la realización de mediciones en otros posibles emplazamientos.

Gestamp, la multinacional vasca dedicada a la fabricación de componentes para la automoción, no ha sido capaz de eludir la crisis estructural en la que está inmersa el sector. Desde enero, el beneficio de la firma ha descendido un 18,1% hasta los 104 millones, frente a los 127 millones que ganó en los primeros nueve meses del año pasado. Una caída principalmente debida a un entorno «adverso» y «complejo», marcado por la volatilidad de la penetración del vehículo eléctrico (especialmente en Europa) o la fluctuación de divisas, factores que propician perspectivas poco halagüeñas a corto plazo. Así las cosas, hasta septiembre la facturación de la firma que preside Francisco J. Riberas alcanzó los 8.486 millones, lo que se traduce en un descenso del 5% respecto al año pasado. Y es que uno de los factores que más pesan sobre las cuentas del gigante vasco es la volatilidad actual que presenta el mercado de la producción de coches, desigual por regiones, ya que Asia está impulsando las cifras frente a una bajada significativa en Europa y Norteamérica. El problema está en que, precisamente, estas son las zonas donde Gestamp concentra su mayor volumen de negocio. Un problema que juega en contra de una empresa que en estos momentos ingresa cerca de 146 euros por cada vehículo producido en el mundo. En Europa Occidental, el debilitamiento de industrias como la alemana –país donde varias de las empresas más grandes del sector han anunciado despidos masivos estas últimas semanas– está pasando factura. 

En medio de un panorama internacional todavía incierto, con borrascas que asoman por el horizonte, las empresas guipuzcoanas parecen haber encontrado un punto de equilibrio. La estabilidad, más que el crecimiento o la contracción, se impone como la tendencia dominante en el tejido económico del territorio, según la última encuesta de coyuntura de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa. Más de la mitad de las compañías prevé mantener su nivel de actividad en 2025, un reflejo de confianza contenida, pero también de madurez ante un entorno que sigue exigiendo cautela y adaptación. Además, de cara a 2026, la previsión habla de confianza «moderada». En esta línea se manifestaron ayer Mauri Arregui y Javier Zubia, presidente y director general del órgano cameral, respectivamente, al exponer los datos de 300 encuestas realizadas en octubre a empresas de la industria, el comercio, los servicios y la construcción. Las principales conclusiones apuntan a que el 42% de las firmas cerrará este año con estabilidad, mientras que las previsiones de crecimiento superan ligeramente a las de contracción. Los servicios y la construcción son los motores del dinamismo económico, con incrementos del 3,3% y 1,7% en sus ventas, respectivamente. La industria, por su parte, muestra un comportamiento más irregular, con sectores que atraviesan una coyuntura más compleja y otros que logran mantener un ritmo positivo del 1,6%. Entre los que están en buena forma destacan «la energía, la movilidad o la aeronáutica, mientras los que más están sufriendo son la automoción, el acero o los bienes de equipo», concretó Zubia. Las exportaciones también ofrecen un balance alentador, pese a los aranceles de EE UU. 

El comercio exterior guipuzcoano confirma en septiembre la desaceleración que ya se intuía tras el golpe arancelario de agosto. Según los datos publicados por la Diputación Foral de Gipuzkoa, las exportaciones del territorio crecieron apenas un 1,1% entre enero y septiembre, frente al 2,4% registrado hasta agosto, lo que evidencia un enfriamiento del ritmo exportador tras el impacto del nuevo marco comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Aunque aún no se disponen de los datos pormenorizados del Icex o del Eustat del mes de septiembre (la Diputación los adelanta de manera general), el descenso del 31% en las ventas a EE UU durante agosto —de 65,4 a 44,8 millones de euros, según el Eustat— marcó un punto de inflexión en la trayectoria de la balanza comercial del territorio, que hasta mediados de año había mostrado una notable solidez. Desde el 1 de agosto, Washington aplica un tope del 15% a la mayoría de los productos europeos, incluidos los de automoción y componentes, en un intento de estabilizar las relaciones bilaterales que, por ahora, ha tenido el efecto contrario: encarecer costes, frenar pedidos y alterar las cadenas de suministro. 

La norma limita las prácticas extracurriculares a 480 horas, eleva la rigidez sobre la figura de los tutores y acota el número máximo de alumnos en prácticas que puede tener la empresa. El texto recoge multas de hasta 225.000 euros para los empresarios que incumplan la ley. Dos años después de que la medida con la que el Ministerio de Trabajo pretende configurar un marco de mayor protección para los alumnos que realizan prácticas en las empresas se guardara en el cajón ante la falta de un consenso amplio de todas las partes afectadas, el Gobierno dio luz verde ayer al conocido como Estatuto del Becario. La medida, no obstante, deberá de pasar por el filtro del Congreso de los Diputados, lo que añade reservas a que pueda ser finalmente aprobada. Fuentes de CEOE consultadas por EXPANSIÓN recuerdan, a expensas de conocer el texto definitivo aprobado por el Consejo de Ministros, que durante la negociación, ya se advirtió de que la propuesta, que incluye límites al número de personas en prácticas y por tutor, conlleva “condiciones que el tejido empresarial no podría asumir y que dificultarían a los alumnos realizar sus prácticas obligatorias”. También, desde la organización dirigida por Antonio Garamendi sugieren que reducir la duración de las prácticas extracurriculares y excluir algunas modalidades formativas son restricciones, “junto a la falta de desarrollo del contrato formativo desde la reforma laboral de 2021”, que podrían “perjudicar gravemente la inserción laboral de los jóvenes”.

Las cifras no han parado de crecer y ahora marcan un total de 193.798 desempleados menores de 25 años. De hecho, este es el rango de edad en el que más ha crecido el desempleo en el último mes en términos relativos. Mientras, el dato de los mayores de 25 años apenas creció un 0,54% respecto a septiembre. En términos más específicos, el desempleo masculino juvenil total llegó a los 101.222 frente a los 95.525 que se registraron el mes pasado, una cifra que lleva creciendo desde julio. Por otro lado, en las mujeres, octubre cerró este último mes con 92.576 paradas. EL dato tuvo su nivel más bajo en junio y ha crecido desde entonces. Esta diferencia no se queda solo en el paro, sino que se traduce a la contratación. Según los datos del Ministerio, la contratación a nivel general disminuyó un 1,51% respecto al mes anterior, 23.193 contratos menos, de los que 17.235 correspondieron a los menores de 25 años, lo que supone una caída del 4,36%, y deja un total de 377.612 contratos. Este también es el rango de edad que tuvo el golpe más fuerte en la contratación, ya que entre los 25 a 44 años apenas disminuyó un 1,08% y en los mayores de 45 años incluso creció en 0,45%, lo que representa 1.875 contratos más. A pesar de que el Gobierno valoró los datos generales como positivos, el repunte del paro señaló una importante dependencia del sector turístico y su estacionalidad y, sobre todo en este rango de edad, las grandes dificultades que tienen los menores de 25 años para acceder a un contrato estable. 

Más allá de pedir una cita antes de que esos números se aprueben a finales de año en el Parlamento vasco, el rector lanzó otra reclamación al margen de lo económico. En su comunicado, exigió «respeto institucional», una referencia que se interpreta como una respuesta velada al consejero de Universidades, quien la víspera había insinuado la existencia de intereses políticos detrás de la reivindicación en materia de financiación. «Confío en que no se trate de hacer uso de la universidad pública como ariete político», deslizó Juan Ignacio Pérez Iglesias, actual titular de la cartera en el Gobierno vasco y rector de la UPV/EHU entre 2004 y 2009. Se da la circunstancia de que el comunicado de Bengoetxea se difundió unas pocas horas después de que el propio Pérez Iglesias compareciera ante el Parlamento vasco para desgranar las partidas presupuestarias en cuestión. Una intervención en la que, lejos de asumir la petición del rector para elevar la aportación, el consejero rechazó de plano que la universidad pública esté «infrafinanciada». «No lo está. He sido cocinero antes que fraile. Cuando llegué al rectorado en 2004, me encontré un déficit del 10%», rememoró acerca de su etapa al frente de la institución académica. En su presentación, el titular de Universidades cifró en 426 millones de euros la contribución total que el Gobierno vasco hará a la UPV/EHU el próximo año. Se trata de un 6,9% más que en el actual ejercicio y un 16% más respecto a 2024. El desglose es el siguiente: 339 de aportación ordinaria, 42 del contrato-programa, 19 para los complementos retributivos del profesorado y 25 para infraestructuras. «Esta subida es reflejo de la apuesta del Departamento por asegurar la suficiencia financiera de la universidad pública, en consonancia con el compromiso del programa de gobierno», subrayó. 

El Departamento contará con la inversión más alta de su historia, con un total de 3.346,5 millones de euros –un incremento del 3% respecto al año anterior– que, tal y como explicó ayer la titular de esta cartera, se destinará a garantizar «una educación equitativa, diversa y con igualdad de oportunidades para todos los alumnos», priorizando la escuela pública y «poniendo el foco en los problemas reales de la ciudadanía». Entre estas cuestiones, la consejera abordó cuestiones prioritarias en el sector educativo como son las mejoras en las condiciones laborales y salariales de los docentes, el bienestar emocional del alumnado basado en la equidad educativa y la inclusión del recién llegado o el euskera, el plurilingüismo y la cultura vasca. Entre las inversiones, el Departamento destinará 14 millones a mejorar competencias claves: matemáticas, lectura y ciencias, «los pilares fundamentales para el desarrollo personal, social y educativo del alumnado» a través de los programas Indartuz, Bidelaguna y Eraldaltzen. Otro de los grandes ejes de la comparecencia de Pedrosa fue la FP, a la que se destinarán 65 millones. «La Formación Profesional vasca continúa siendo un modelo de éxito y empleabilidad», celebró Pedrosa, que además concretó que «el alumnado supera los 51.600 estudiantes, con un incremento del 4,5%» de matrículas en los primeros cursos.

Ikerbasque, la Fundación Vasca para la Ciencia, emplea unas convocatorias dirigidas específicamente al retorno de investigadores nacidos o formados en Euskadi, a través de las cuales ha incorporado desde 2024 ocho investigadores vascos que trabajaban en el extranjero. El total de científicos contratados en ese lapso de tiempo asciende a setenta. El Gobierno Vasco respondió ayer en el Parlamento a una solicitud de información formulada por Muriel Larrea, parlamentaria del Partido Popular, relativa al impacto de las medidas de captación, incorporación y consolidación de personal investigador y científico en Euskadi. En la documentación aportada por el Ejecutivo vasco se muestra que desde enero de 2024 hasta final de septiembre de 2025 Ikerbasque ha incorporado un total de setenta investigadores, especializados en diversos campos de la ciencia y provenientes de varios países entre los que destacan China, Estados Unidos, Alemania, Italia, Rusia, Argentina o Inglaterra.

El Consejo de Ministros aprobó ayer un anteproyecto de ley que permitirá a 5.813 pymes reducir la costosa carga burocrática que supone rendir cuentas con su información financiera. La norma eleva los umbrales de facturación y activos a partir de los que una empresa puede considerarse pequeña, mediana o grande, con lo que más compañías de menor tamaño podrán acceder al régimen simplificado de información. Cuando entre en vigor, entrarán en la categoría de pymes aquellas que tengan un balance de hasta 7,5 millones de euros y un volumen de negocio de hasta 15 millones, frente a los 4 y 8 millones, respectivamente, que rigen ahora. Para las medianas, el activo máximo pasa de 20 a 25 millones, mientras que el umbral de facturación se eleva de 40 a 50. Todas las empresas que superen los anteriores límites serán consideradas grandes. Otra de las novedades que introduce el texto es el incremento del 25% en los límites que determinan qué sociedades están obligadas a presentar auditorías, una cifra que no se modificaba desde 2013. En términos de facturación, ese umbral pasa de 5,7 a 7,125 millones, mientras que el límite de activos sube de 2,85 a 3,565 millones. Así, las que pasen de esos niveles –y también de los 50 trabajadores– tendrán la obligación de auditarse. La estimación de Economía es que unas 4.300 empresas ya no tendrán que hacerlo.

Solo el referéndum por el Brexit y el estallido de la pandemia habían generado un desplome de las acciones de Telefónica como el vivido ayer. Las acciones de la teleco sufrieron una caída de más del 13% en Bolsa, la tercera mayor de su historia y la peor en cinco años, hasta los 3,73 euros, un nivel que no se veía desde febrero de 2024 y que hizo que la operadora bajara del umbral de los 4 euros que había logrado mantener desde febrero de este año. La firma borró de un plumazo más de 3.186 millones de su valor de mercado, que apenas supera ya los 21.000 millones de euros. El detonante de este histórico desplome en Bolsa fue el anuncio del recorte del dividendo a la mitad en 2026 que el presidente Marc Murtra ha incluido en su Plan Estratégico 2026-2030 que presentó ayer al mercado tras meses de expectación, después de la «revisión profunda y estratégica» de la compañía desde que tomó las riendas en sustitución de José María Álvarez-Pallete el pasado mes de enero. El texto remitido a la CNMV revela que el pago a los accionistas se reducirá de los 0,30 euros por acción a los 0,15 euros a partir del año que viene. La compañía aseguró que en 2025 se mantendrá el dividendo como estaba previsto (0,30 euros en dos pagos), pero en 2026 se hará un solo pago de 0,15 euros en junio de 2027. Pero hay un proyecto más allá del Plan Estratégico en el que se da por hecho la ampliación de capital –sin concretar cifras– si se llevan a cabo fusiones de otras operadoras.

Telefónica perdió 1.080 millones de euros entre enero y septiembre, frente a los 954 millones que ganó en el mismo periodo de un año antes, según informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Sus números rojos reflejan, por un lado, 828 millones de euros de beneficio procedentes de las operaciones continuadas (es decir, de las que siguen formando parte del grupo) y, por otro, unas pérdidas de 1.908 millones de euros de las operaciones en discontinuación. Estas abultadas pérdidas ya se anticiparon en el primer semestre del año, cuando Telefónica declaró unos números rojos de 1.355 millones de euros. De hecho, en el tercer trimestre la compañía registró un beneficio de 276 millones. Las pérdidas proceden de las desinversiones que se realizaron al cerrar la venta de sus filiales en Uruguay y Ecuador y que se sumaron a las de Argentina y Perú. Aún queda pendiente el cierre de la venta de su filial en Colombia, para el que ya tiene un acuerdo vinculante. La empresa también ha ratificado su intención de salir de Venezuela, México y Chile en el futuro, en estas dos últimas con procesos ya abiertos.

En plena emergencia de vivienda y con una trayectoria de legislación pionera en la cuestión, Cataluña ha abierto un nuevo debate para frenar la expulsión de vecinos de las ciudades: la posibilidad de prohibir la compra de pisos para especular. O, dicho de otra manera, que solo se puedan adquirir casas si es para vivir en ellas. El objetivo es impedir que grandes empresas o fondos de inversión compren edificios o lotes y luego echen a los inquilinos, para sacar más provecho de las propiedades. Los comunes, ERC y la CUP, cada uno a su manera, están presionando al PSC para que apruebe regulaciones al respecto, tanto en el Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona como en el de la Generalitat. Unas peticiones que se producen en vísperas de que Cataluña regule el alquiler de temporada y que coinciden con la publicación de un estudio público que defiende que es posible hacerlo con encaje legal constitucional, como “medida urgente y excepcional, acotada a las zonas de mercado tenso y de manera limitada en el tiempo”.

“La regulación [actual] mata la innovación; si no se permite que las empresas innoven, no vamos a crecer. El crecimiento surge de las empresas”, agregó la banquera, que aseguró que la necesidad de que se armonice la regulación se extiende a otros sectores empresariales. Botín reiteró, además, la importancia de que el mandato de supervisores y reguladores se amplíe para no centrarse solo en la estabilidad financiera, sino también en la competitividad. “Si los bancos no generan beneficios, no se genera capital”, señaló. La presidenta de Santander también apuntó a la fiscalidad y a los requerimientos de capital del sector financiero, y apeló a la necesidad de liberar recursos para impulsar el crecimiento. En este sentido, Botín señaló que de cada euro de beneficio generado por las compañías en la Unión Europea, 58 céntimos se destinan a impuestos en Europa, frente a los 42 céntimos de EEUU, una divergencia que, además, está aumentando. Según la presidenta de Santander, si la fiscalidad del sector en Europa se igualara a la de EEUU, en cinco años se liberaría capital por 500.000 millones para incrementar el crédito.

“La Unión está en una situación más complicada que hace un año y necesita invertir 1,3 billones y hacer las reformas imprescindibles para no quedarse atrás. Hay que ir más aprisa. Queda menos tiempo”. Esa mitad del secreto se conocía: Draghi está irritado con las instituciones europeas, cuya hoja de servicios sobre la implementación del plan que él mismo impulsó hace poco más de un año para reactivar la UE está prácticamente en blanco. La mitad menos conocida es que Draghi eligió Madrid, y un auditorio formado por unos 300 capitanes de empresa —en un acto organizado por la Fundación Naturgy y la escuela de negocios IESE— para hacer un alegato a favor del Estado del bienestar. Draghi reivindicó el mismo diagnóstico pesimista de siempre: al cabo, no es fácil ser optimista con una Europa que se ha humillado ante Trump este verano. Con un par de guerras en el vecindario y serias dificultades en las agendas verde y tecnológica, la Unión es una economía muy abierta, a la que le afectan más las subidas de aranceles que impulsa el trumpismo. Está mal equipada para una geopolítica cada vez más dura. Es dependiente de EE UU en tecnología y en materia de seguridad, y no termina de fiarse de China. Y se resiste a hacer reformas para desatascar los nudos gordianos de la joya de la corona: un mercado único lastrado por las barreras internas. “Hay que hacer reformas, hay que invertir más y hay que mejorar la regulación”, repitió una y otra vez. Las fuentes consultadas en Bruselas apuntan que Draghi está muy molesto con la inacción en las instituciones europeas, y así lo expresó en no pocos discursos. 

La estabilidad macroeconómica del país, antes que el programa electoral, aunque las decisiones sean impopulares. Bajo esa premisa, la ministra británica de Hacienda, Rachel Reeves, dejó bien claras ayer sus intenciones sobre los Presupuestos que presentará el próximo 26 de noviembre. Tras su discurso, ya nadie duda de que habrá una gran subida de impuestos, la segunda en poco más de un año. Y no solo eso, sino que va a saltar por los aires la promesa, reiterada hasta la saciedad por la propia Reeves y el primer ministro, Keir Starmer, de no tocar los impuestos a la denominada “clase trabajadora” –en referencia al IRPF, el IVA y la cuota obrera de la Seguridad Social, ya que el tramo patronal sí que ha subido– con la que el laborista ganó las elecciones de 2024. Preguntada de forma insistente sobre qué figuras se van a tocar, la titular de Hacienda no quiso concretar. “Todo el mundo va a tener que poner su granito de arena”, dijo. Los rumores más intensos se centran en el aumento de algún punto el IRPF y la prolongación de la congelación de los marginales más tiempo, así como en más tasas a ricos. El agujero es de tal calibre, que, tras el alza fiscal de 40.000 millones de libras (46.000 millones de euros) de octubre de 2024 –los primeros presupuestos de Starmer, que se cebaron con las empresas–, es casi imposible aumentar la recaudación de forma sustancial sin tocar los tres gravámenes citados, que son la base. Dicho de otro modo, las empresas no están en condiciones de sufrir una segunda gran subida de impuestos y el incremento que afectará a los más adinerados no basta.

En juego, cerca de 50.000 millones de dólares que EEUU tendría que devolver si el Tribunal Supremo falla en contra de los aranceles norteamericanos tras la vista de hoy. Para el presidente, Donald Trump, sería la mayor derrota de su nueva Administración y un quebradero de cabeza para el Departamento del Tesoro, que tendría que poner en marcha un programa de reembolso multimillonario sin precedentes y capaz de hacer descarrilar las cuentas públicas del país. No es ningún secreto que Trump controla el Supremo de EEUU, y que la mayoría de jueces conservadores –varios nombrados por él mismo– hasta ahora han logrado que el Alto Tribunal se incline a su favor en los numerosos frentes legales de su polémico segundo mandato. Sin embargo, los aranceles arrastran ya una larga batalla judicial en estancias inferiores en su contra. La más importante fue la sentencia de la Corte de Comercio de EEUU en mayo, que a instancias de una denuncia presentada por varios importadores consideró que el presidente se excedió en sus poderes a la hora de desatar su guerra arancelaria contra el mundo. En agosto, el Tribunal de Apelaciones ratificó esta decisión, pero dejó en vigor las tarifas a la espera de que el Gobierno recurriera ante el Supremo. Se calcula que el Tesoro ha recaudado hasta agosto más de 90.000 millones de dólares gracias a los aranceles y podría generar entre 750.000 millones y un billón de dólares hasta mediados del próximo año gracias a la mayor expansión arancelaria de EEUU en décadas.

Estados Unidos ha reafirmado ante la ONU su rechazo a la lucha internacional contra el cambio climático. La Administración de Donald Trump, que se retiró del Acuerdo de París, se desvinculó del nuevo informe de Naciones Unidas sobre el avance del combate contra el calentamiento. El Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio, exigió incluir una declaración que formaliza su ruptura con el acuerdo. António Guterres, secretario general de la ONU, advirtió de que el mundo se encamina hacia un colapso climático. Por si había alguna duda, Estados Unidos ha certificado ante la ONU su portazo a la lucha internacional contra el calentamiento global. La Administración de Donald Trump, que ya había decidido en enero sacar del Acuerdo de París a su país —que emite el 11,1% de todos los gases de efecto invernadero del mundo y es el principal responsable histórico del cambio climático—, se ha desvinculado del informe de Naciones Unidas en el que se evalúa la marcha de la lucha contra el calentamiento. “Estados Unidos no apoya el Informe sobre la brecha de emisiones”, comunicó a la ONU el Departamento de Estado, el equivalente al Ministerio de Exteriores en EE UU.

Australia ha lanzado un plan para obligar a las compañías energéticas a ofrecer electricidad gratuita a los hogares durante el día, con el objetivo de utilizar el excedente de capacidad solar del país y reequilibrar la red eléctrica, reduciendo su dependencia del gas y del carbón. La iniciativa del Ejecutivo pretende sacar provecho de la extensa red de paneles solares instalados en los tejados de las viviendas del país. Más de cuatro millones de los 10,9 millones de hogares australianos cuentan con paneles y la capacidad instalada ha superado la producción combinada de las centrales eléctricas de carbón del país, según datos oficiales. Esto ha provocado que, en muchas ocasiones, las tarifas eléctricas diurnas —cuando la producción solar es mayor— registren precios negativos, ya que los hogares con paneles solares generan un excedente de energía. Chris Bowen, ministro de Energía de Australia, afirma que obligar a las compañías eléctricas a proporcionar tres horas de electricidad gratuita durante el día incentivaría a los hogares a modificar su consumo energético, por ejemplo, recargando sus coches más temprano. En su opinión, esto reduciría la carga en la red eléctrica durante las horas de la noche y disminuiría la necesidad de costosas mejoras e intervenciones en la red.