20251107

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, desveló ayer que esperan que «esta semana» se cierre la financiación de la operación Talgo para que el consorcio vasco liderado por el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, se haga con el control definitivo de la compañía y así poder «celebrarlo antes de Santo Tomás». Su apoyo cerrado a Jainaga llega a pocos días de su declaración en la Audiencia Nacional como imputado y busca atajar los rumores sobre las dudas de la operación. El Ejecutivo autonómico –socio con Jainaga y las fundaciones BBK y Vital en el consorcio que comprará el 29,7% de las acciones de Talgo– no cambia los planes y sigue a pies juntillas la reclamación del presidente del PNV. Aitor Esteban dijo 24 horas después de que se conociera la investigación judicial, el 25 de octubre, que había que cerrar la operación «este mes». Pero octubre pasó y ayer, el consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, recalcó que «mantenemos el calendario». Pero fue más allá y marcó el cierre formal de la financiación de Talgo para «esta semana». El mensaje tiene especial relevancia porque desde diferentes ámbitos se han sembrado dudas que cuestionan la continuidad del consorcio vasco y que señalan que el Gobierno de España busca alternativas a Jainaga. Entre ellas, se ha apuntado a la empresa familiar del presidente de Indra, Ángel Escribano. Se trata de EM&E, especializada en el sector de Defensa e inmersa en un proceso de adquisición por la propia Indra. La cuestión financiera que señaló ayer Jauregi no es baladí. En primer lugar, porque serviría para despejar las dudas sobre la operación y, además, porque derrumba el último obstáculo que separa la compra de Talgo. Hay que recordar que una de las condiciones que puso Jainaga antes de formalizar la compra al dueño mayoritario del fabricante de trenes, el fondo Trilantic, era que la refinanciación de la deuda de la empresa estuviera cerrada y acordada con los bancos.

Cegasa crece. La compañía alavesa, especializada en almacenamiento de energía, anunció ayer que construirá una nueva planta productiva para baterías de litio en Vitoria para hacer frente a un incremento de su producción hasta alcanzar los 1.800 megavatios hora (MWh) al año. Para ello, la firma pretende implantar una línea de producción con una capacidad de 600 MWh anuales en una nueva instalación en la capital alavesa, cuya ubicación exacta todavía no ha trascendido, aunque sí se sabe que será de unos 3.000 metros cuadrados de superficie. Con estos terrenos, que se sumarán a los de la compañía en el parque tecnológico de Miñano, Cegasa contará con un total de 10.000 metros cuadrados. Este nuevo equipamiento echará a rodar en febrero del año que viene y permitirá «abastecer el mercado de grandes plantas de almacenamiento energético». En esta ampliación también influye un reciente acuerdo tecnológico con la china EVE Energy, La firma crecerá con este nuevo equipamiento hasta alcanzar los 10.000 metros cuadrados en Vitoria una de las empresas punteras a nivel mundial en el sector, que según Cegasa aportará «capacidad y fiabilidad de suministro» a la firma alavesa para hacer sistemas de baterías para almacenamiento, que es a lo que ha evolucionado –de la mano de sectores como el de las energías renovables– el negocio del antiguo fabricante de pilas

El consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, anunció ayer la disposición de su Ejecutivo de ayudar con «dinero» en la compra de la división digital de Ayesa, la firma que se hizo con Ibermática en 2022. Actualmente, la Fundación BBK (propietaria del 57% de Kutxabank) ha entrado al proceso final de adquisición de este negocio de Ayesa, valorado en 500 millones. Un procedimiento que está gestionado por Houlihan Lokey y Arcano. De hecho, tal y como han confirmado fuentes conocedoras de las negociaciones, los compradores escogidos para esta última ronda deberán hacer sus ofertas vinculantes antes de que termine noviembre. Un calendario que dejaría resuelta la venta en enero o en el primer trimestre de 2026. BBK presentó en solitario, sin apoyo del Gobierno vasco, su propuesta para recuperar la compañía que fue propiedad de Kutxabank. Ahora compite con dos gigantes de la inversión: el fondo HIG y Blackstone. Además, según publicó ‘El Confidencial’, Telefónica también estaría interesada. Pero la antigua Ibermática entra de lleno en la apuesta del Ejecutivo autonómico para recuperar la inversión industrial en Euskadi en sectores estratégicos. Para ello ha lanzado la Alianza Financiera Vasca y los planes de Industria e Inversiones. El objetivo es movilizar con 4.000 millones de dinero público una inversión total de 12.000. Son los recursos que Jauregi ofreció ayer a BBK para sumar fuerzas y hacer «un consorcio» que pueda jugar en esta operación.

La Justicia de Irlanda ha decidido que el recurso presentado por Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) contra la adjudicación del nuevo contrato de trenes del servicio Dublín–Belfast se tramite por la vía rápida, al tratarse de un proyecto de alto valor económico. Sin embargo, ha aplazado dos semanas la siguiente sesión para organizar el calendario judicial y determinar cuándo se celebrará la vista urgente en la que se decidirá si se levanta o no la suspensión del contrato, según informan medios irlandeses. El recurso presentado por la empresa vasca mantiene paralizada la adjudicación de un contrato de 650 millones de euros, otorgado el pasado septiembre a la firma suiza Stadler Bussnang AG. La compañía con sede en Beasain presentó la impugnación en virtud de la normativa europea de contratación pública, lo que activa una suspensión automática hasta que los tribunales autoricen continuar con el proceso. Las operadoras Irish Rail y Northern Ireland Railways han pedido que el caso se resuelva con urgencia, ya que el retraso podría poner en peligro hasta 165 millones de euros en fondos europeos vinculados al proyecto. Esa ayuda comunitaria exige que parte de las entregas estén completadas antes del 31 de diciembre de 2029, una fecha que se considera difícil de cumplir si el litigio se prolonga.

El consejero delegado de ArcelorMittal, Aditya Mittal, indicó ayer que el grupo observa “señales de estabilización y somos optimistas respecto a las perspectivas de nuestro negocio para 2026, cuando nos beneficiaremos de políticas industriales más favorables en mercados clave”. El segundo fabricante de acero del mundo anunció ayer un beneficio neto consolidado de 2.975 millones de dólares (2.590 millones de euros), un 72% más que en los nueve primeros meses de 2024. El ebitda retrocedió un 8,3%, hasta 4.948 millones de dólares, y las ventas bajaron un 2,8% (46.381 millones). Las perspectivas para el próximo año hicieron que el grupo subiera ayer en el parque. La acción ganó un 2,43% en Bolsa, cerrando a 33,29 euros, aunque llegó a subir casi un 6%. Este año se revaloriza cerca del 50%. Aditya Mittal calificó de “sólidos” los resultados del tercer trimestre, que suele ser “estacionalmente débil”. Entre julio y septiembre, ganó 2.975 millones de dólares netos, un 31,4% más. El ebitda bajó un 4,6% interanual, hasta 1.508 millones de dólares, en línea con los 1.500 millones estimados por los analistas, debido principalmente a la menor estacionalidad en los envíos de acero en Europa, la bajada de los precios del acero en Brasil y la normalización en los volúmenes de envíos de mineral de hierro en el segmento de minería. Las ventas ascendieron a 15.657 millones de dólares, un 3% más, aunque la demanda se mantuvo débil durante el trimestre y no hubo indicios de reposición de inventarios, ya que los clientes mantienen una postura de cautela, indicó la compañía.

Los puertos vascos de titularidad estatal recibirán 340 millones de euros de inversión durante los próximos cinco años, según el plan presentado este jueves por el Gobierno central. Más de la mitad de esta cantidad –183 millones– se destinará a la mejora de sus infraestructuras e instalaciones, con el objetivo de «responder a las necesidades de la demanda y a los retos del futuro», en un momento en que el transporte marítimo y la logística afrontan una profunda transformación vinculada a la sostenibilidad y la digitalización. El 80% de la inversión –unos 273 millones de euros– se concentrará en la infraestructura vizcaína, el gran puerto del norte peninsular. El Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, destaca en una nota de prensa remitida ayer a los medios que buena parte de estos fondos se destinarán a la construcción de la segunda fase del espigón central, una actuación que permitirá ganar 31,2 hectáreas de superficie portuaria y más de mil metros lineales de muelles de atraque. Esta ampliación servirá para aumentar su capacidad operativa y atraer tráficos de mayor volumen. La inversión también servirá para impulsar la electrificación de varios muelles, incluido el de cruceros, mediante la instalación del sistema OPS (Onshore Power Supply). Esta herramienta permite que los buques atracados se conecten directamente a la red eléctrica del puerto, de modo que pueden apagar sus motores auxiliares mientras permanecen amarrados. Con ello se reduce de forma notable el ruido, las vibraciones y las emisiones contaminantes que suelen generarse durante las operaciones portuarias.

El debate sobre el futuro del Puerto de Pasaia ha abierto una fractura en el Gobierno foral de PNV y PSE-EE, en pleno proceso de negociación del Gobierno Vasco con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para transferir a Euskadi la gestión de la dársena guipuzcoana. Las intervenciones de peneuvistas y socialistas en los últimos días han evidenciado crudamente las enormes diferencias entre ambas formaciones que gobiernan en coalición también en Euskadi. A este contexto político se sumó ayer un cruce de declaraciones entre la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) y el Ministerio de Transportes tras el anuncio del ministro Óscar Puente de una inversión de 85,4 millones de euros en el puerto dentro del plan Horizonte 4050. El organismo, dependiente de la Consejería de Industria del Gobierno Vasco y que se ha mostrado a favor de la transferencia para ganar competitividad, precisó ayer que no se trata de una inyección económica del Estado, sino de las tasas públicas con las que el propio puerto se autofinancia. El enfrentamiento político sí subió de tono el miércoles en el pleno de Juntas de Gipuzkoa, en el que la diputada general, Eider Mendoza (PNV), defendió con firmeza la necesidad de culminar el traspaso del puerto a Euskadi al considerar que solo una gestión directa permitirá darle «un impulso industrial» y acabar con lo que calificó como «la falta de compromiso» del Estado.

La Y vasca aspira a convertirse en un intercity rápido entre las tres capitales vascas entre 2027 y 2030. Después, quizá también una con alta velocidad el sur de Francia con el resto de España. Sus 175 kilómetros de plataforma ferroviaria forman parte de la red atlántica europea del ferrocarril pero la unión de la Y con Francia en alta velocidad puede retrasarse hasta 2040 mientras que la conexión con Burgos pretende finalizarse en 2032. Mientras tanto, el sueño de los miles de vascos que se desplazan a diario entre las tres capitales será sentarse en un tren que una Vitoria con Bilbao (no existe ahora conexión) o entre Bilbao y San Sebastián en menos de las 3 horas y 14 minutos necesarias ahora para hacer apenas 100 kilómetros. «La Y vasca será una realidad más pronto que tarde», aseguró el pasado mes de febrero el ministro Óscar Puente, en otro alarde de ambigüedad sobre un proyecto ferroviario que se ha ido dilatando durante los últimos 21 años mientras el presupuesto inicial de 3.500 millones de euros se quedaba corto. Las últimas estimaciones apuntan a que ya se han invertido 4.000 millones de euros (2.001 millones adelantados por el Gobierno vasco y descontados del Cupo) y aún serán necesarios 5.000 millones más para terminar la plataforma ferroviaria, soterrar el Tren de Alta Velocidad en Bilbao y, quizá, en Vitoria y en colocar la superestructura de raíles y equipos eléctricos e informáticos que permita la circulación de trenes. La complejidad de la obra –en 175 kilómetros hay 23 túneles y 44 viaductos– solo es uno de los factores que rodea la inexplicable demora de una infraestructura pensaba inicialmente para formar parte de la conexión entre París y Madrid con un ‘fondo de saco’ hasta Bilbao.

El conflicto por el convenio de Fibertecnic da otro paso más. Los 165 trabajadores de la compañía alavesa, integrada dentro de Aernnova, aprobaron este miércoles en asamblea pasar a la huelga indefinida tras siete jornadas de paro. Los sindicatos ELA y LAB confirmaron ayer este paso, con el que pretenden redoblar la presión sobre la empresa para desbloquear la negociación del nuevo pacto laboral. Comisiones Obreras, por su parte, no se ha sumado a este movimiento. La parte social ya trasladó una nueva oferta de condiciones para el convenio la semana pasada, pero la empresa rechazó este planteamiento y remitió una contraoferta con condiciones «que no cumplían con las exigencias de la plantilla» para LAB y que directamente «eran peores que las anteriores» según ELA. La plantilla iniciará el paro indefinido el próximo lunes. LAB anunció que las movilizaciones se trasladarán «a las puertas de los responsables de esta negociación» y que también alcanzarán «a las instituciones», toda vez que el Gobierno vasco ya ha manifestado su interés de entrar en Aernnova para garantizar su arraigo. A este respecto, la central ya lanza una advertencia: «No vale con regar con dinero público al sector privado sin condicionamiento alguno. El empleo de calidad que defienden está en que las plantillas tengan las condiciones de trabajo que necesitan y se merecen».

La Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED) anunció ayer a las cuatro galardonadas del Premio Empresarial 2025, que celebra este año su decimonovena edición coincidiendo con el 30 aniversario de la organización. Estos galardones fueron creados como referente social en la promoción de empresarias, directivas y profesionales «en un sector aún marcado por desigualdades». En concreto, la distinción ha recaído en Ainara Hernando (fundadora y CEO de Abyntek, empresa biotecnológica), Leire Martínez (presidenta de ACICAE y directora de operaciones EMEA en Tenneco, compañía del sector automoción), Ixone Vicente (directora Financiera-CFO del Grupo Arteche) e Inés Zalbide (directora de Innovación y Sostenibilidad en Cámara de Comercio de Bilbao y directora corporativa de Bilbao Air). Las premiadas han sido reconocidas por su trayectoria, por ser un referente para el resto del tejido empresarial y la ciudadanía, y por su labor a la hora de implementar procesos y políticas en sus empresas que han permitido la incorporación plena y efectiva de las mujeres. El próximo 1 de diciembre, a las 19.30h, el Guggenheim será el escenario de la entrega de estos galardones, en un acto especial que conmemora los 30 años de existencia de la asociación, con la asistencia de autoridades y representantes de las empresas y la sociedad de Bizkaia.

Junts había amenazado tantas veces con que venía el lobo, que cuando llegó, casi nadie le hizo caso. En cambio, el lobo empieza a enseñar los dientes. Diez días después del divorcio, y ante la sensación de que el Ejecutivo sigue actuando como si «no pasara nada» y hasta creyendo que toda relación puede recomponerse, los posconvergentes dieron ayer un nuevo golpe en la mesa y solemnizaron en qué consiste romper con Sánchez: atar de pies y manos legislativamente el Congreso. En un vídeo publicado en redes sociales realizado por la propia formación nacionalista, Míriam Nogueras «noqueó» al presidente del Gobierno y decretó el «game over» para la legislatura. En la práctica, los de Puigdemont no apoyarán una moción junto al PP y Vox ni exigen elecciones, pero sí han decidido «bloquear» la gobernabilidad de Sánchez, que no tendrá, si de Junts depende, ni Presupuestos, ni techo de gasto ni la posibilidad de aprobar leyes. La capacidad legislativa del Ejecutivo será a partir de ahora nula, salvo que busque alianzas alternativas a la de la mayoría de la investidura. El Consejo de Ministros puede aprobar iniciativas, pero sin ningún recorrido parlamentario. Los junteros están oficialmente en la oposición y no se sienten responsables del devenir de la legislatura. La ruptura de Junts se traduce, según anunció ayer Nogueras, en que el Gobierno no podrá aprobar ni una sola ley de las 50 que tiene en curso. 

La industria química, que genera 1,09 millones de empleos en España entre directos, indirectos e inducidos y que se consolidó en 2024 como el tercer sector más exportador, solo por detrás de alimentos y bienes de equipo, con 59.166 millones de euros, ha encendido las señales de alarma ante un escenario económico en el que se ha producido la tormenta perfecta. Por un lado, un encarecimiento sin precedentes de la luz, que arrancó en 2021 con el alza del coste del gas y de los derechos de CO2, y que continuó en los años posteriores con la entrada sin control de productos chinos y turcos subvencionados a la UE, lo que ha generado una pérdida de competitividad para el sector. Si bien la industria farmacéutica y la química de consumo (cosmética, detergentes o pinturas), no se han visto afectadas por ese doble impacto, la química básica sí se ha visto perjudicada con parones selectivos de la producción desde 2023. En este último subsector hay tres grandes grupos de productores en función de su cifra de negocio. Por un lado, los dos grandes productores nacidos en España como Moeve (antigua Cepsa) o Repsol, que solo entre las dos facturan en torno a 3.500 millones de euros cada uno de ellos. En segundo lugar, grandes multinacionales extranjeras como Dow Chemical, DuPont, Covestro o Basf; y, en tercer lugar, un grupo de empresas españolas que facturan en torno a 1.000 millones cada una de ellas como Fertiberia, Ercros y Quimidroga.

Colaboración europea en Defensa para sacar adelante la hoja de ruta de rearme prevista para 2030. Esa es la idea que abraza la española Indra, según señaló ayer su CEO, José Vicente de los Mozos, invitado a Bruselas para participar en el Forum Europa. Durante su intervención, el directivo defendió una consolidación en el sector de Defensa europeo, una tarea que ha crecido en importancia conforme se asume el enorme volumen de inversión que será necesario para poner al día las capacidades de rearme. En ese sentido, De los Mozos abogó por las colaboraciones paneuropeas que se van a llevar a cabo con motivo de los grandes proyectos comunitarios (flaghsip proyects) que requieren la aportación de diferentes Estados miembros y de las compañías. El CEO de Indra, que participa en el futuro avión de combate europeo (FCAS) como coordinador español, junto con Airbus o Dassault Aviation, reivindicó la necesidad de que este proyecto salga adelante para “despejar las dudas que puedan surgir” sobre colaboraciones europeas. De los Mozos también recalcó que si España aporta un 33% a la financiación del futuro caza europeo, tiene que recibir un 33% del beneficio, una exigencia que llega en un momento crítico en el que han surgido problemas con los repartos de las responsabilidades y las funciones.

CaixaBank está a un paso de rebajar su exposición al ladrillo tóxico hasta los niveles previos a la fusión con Bankia. La entidad ha metido la directa en el saneamiento de su balance y, hasta septiembre, acumula activos inmobiliarios adjudicados por 1.156 millones de euros, cerca de un 19% menos que a finales de 2024. La cartera actual de activos nocivos es también un 53% inferior a la que registró en el primer trimestre de 2021, cuando integró por primera vez las cuentas de Bankia. CaixaBank heredó 1.385 millones en ladrillo tóxico de la extinta entidad, lo que supuso engordar la cartera de adjudicados hasta 2.469 millones, más del doble de los que tenía en solitario (1.084 millones). Ahora está a apenas 72 millones de ubicar su cartera de adjudicados por debajo de los niveles previos a la fusión. Podría incluso lograrlo al término de este ejercicio. La entidad ha seguido en los últimos cuarto años una estrategia disciplinada basada en minimizar todo lo posible su exposición al riesgo en un contexto económico cambiante, marcado por la volatilidad y unos tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) mucho más bajos de los vistos hasta hace dos años.

El Banco de España trabaja en imponer límites a la concesión de hipotecas, con el objetivo de evitar la formación de una posible nueva burbuja inmobiliaria derivada del alza en los precios de la vivienda. El supervisor se centra actualmente en determinar las condiciones macroeconómicas que pueden justificar la activación de estos límites, así como en evitar que supongan una restricción demasiado elevada en el flujo de crédito que llega a la economía, máxime en un momento de crisis en el acceso a la vivienda, según indican fuentes conocedoras. Una vez culminado ese estudio previo que ahora desarrolla, la cúpula del regulador podrá activar estos límites si lo cree necesario.

Amazon anunció la semana pasada la puesta en marcha de un proceso de despido colectivo que afectaría a un máximo de 1.200 trabajadores de sus oficinas corporativas en España. Ayer , la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, comunicó que Inspección de Trabajo y Seguridad Social, organismo dependiente de su departamento, ha reforzado la investigación de posibles infracciones de Amazon y otras grandes tecnológicas en el uso de algoritmos. Durante su intervención en la Comisión de Trabajo en el Congreso, Díaz anunció la puesta en marcha de una campaña específica al respecto. “Les anuncio que ya hay en marcha una campaña de Inspección para vigilar el uso de algoritmos en grandes tecnológicas que operan en nuestro país” comentó Díaz, antes de señalar a empresas concretas. “Se llame Uber, Cabify o Amazon, vamos a vigilar el uso del control algorítmico que estas empresas tienen sobre los trabajadores. Son empresas que parecen muy modernas, pero con condiciones de Dickens, del siglo XIX”, criticó Díaz. La vicepresidenta segunda dijo que su departamento no va a “consentir” el “modelo Amazon de trabajar 120 horas a la semana, de tener pulseras de vigilancia para saber el tiempo que el empleado va al baño, algo que no solo hace Amazon”. “Hacemos un recordatorio a los magnates de las tecnoempresas en el mundo: en España se respetan y cumplen los derechos”, insistio Díaz.

En un momento en que los fallecimientos sobrepasan ampliamente a los nacimientos en España y Europa, y la edad media de la población no deja de crecer, la idea de que la inmigración puede ser la tabla de salvación del sistema de pensiones aparece de forma recurrente en el debate. Para Óscar Arce, director general de Economía del Banco Central Europeo, la llegada de extranjeros ayudará, pero no será suficiente, y es necesario un enfoque holístico, en distintos niveles, para garantizar su sostenibilidad. “La inmigración puede alterar algo esta tendencia [al envejecimiento], pero no la va a revertir“, dijo. El español, que desde febrero de 2022 ocupa un puesto estratégico en el BCE, insistió en que el envejecimiento se dejará sentir en todos los ámbitos de la vida económica, suponiendo “una perturbación de la capacidad productiva de primerísimo nivel”. Para ilustrarlo, citó algunas cifras: el coste del envejecimiento aumentará en 1,3% del PIB entre 2022 y 2050, y más de la mitad, siete décimas, corresponderá al gasto en pensiones, elevando así la presión sobre las cuentas públicas; la población en edad productiva caerá en la zona euro en 19 millones hasta 2050, lo que implica la desaparición en menos de tres décadas de un 9,2% de la fuerza laboral; y mientras los mayores de 65 años sumarán 28 millones de ciudadanos, los menores de 19 años caerán en seis millones. La respuesta ante este terremoto demográfico ha de ser, en su opinión, multifactorial. “No parece que exista una única palanca para asegurar el funcionamiento del sistema de forma duradera y equitativa”, advirtió. Entre ellas, mencionó la necesidad de “recalibrar gastos e ingresos”, aumentar el crecimiento potencial de la economía, mejorar la formación de los trabajadores mayores, y desplegar políticas que faciliten que los inmigrantes adquieran las capacidades que demandan los mercados laborales en Europa.

España está a la cola de la UE en atracción de alumnos internacionales que vienen a obtener una titulación universitaria. Es el país que más estudiantes del programa Erasmus recibe, pero se encuentra al final de la lista a la hora de retenerlos para cursar la matrícula ordinaria. La situación ha mejorado bastante en los últimos años, pero no tanto para ponernos al nivel de la media europea, que es el doble que la nuestra. La Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) han publicado un informe, parte del programa de investigación en socioeconomía que comparten, en el que señalan que la presencia de estudiantes internacionales que cursan titulaciones completas «avanza, pero a un ritmo insuficiente». Los alumnos internacionales con matrícula ordinaria (grado, máster y doctorado) se ha duplicado en la última década hasta llegar a 95.378, pero su peso en la matrícula es el cuarto más bajo de la UE. En 2023, los estudiantes internacionales representaban el 5,2% del total de los matriculados en España, frente al 9,9% de media de la UE, según las cifras de Eurostat. Sólo estamos por delante de Grecia, Croacia e Italia, y muy por detrás de Alemania (12,7%), Francia (11,1%) o Países Bajos (17,5%). La situación es distinta si se pone el foco en los estudiantes internacionales en programas de movilidad; es decir, los que hacen una estancia temporal a través de, por ejemplo, el programa Erasmus. España es el destino favorito de la UE para recibir a este tipo de estudiantes, con un 14% de becarios, por delante de Italia (10%), Alemania (8%), Francia (7%) o Portugal (5%). ¿Por qué a nuestros vecinos europeos les gusta tanto pasar unos meses en la Universidad de Granada pero no se animan a hacer una carrera entera en nuestro país?

El Banco Central Europeo (BCE) vuelve a mostrar su preocupación por la crisis de la vivienda que se ha convertido en un problema estructural no solo de España, sino en toda Europa. El organismo ya no solo llama la atención sobre la escasez habitacional que ha disparado los precios frente a una demanda cada vez mayor. También ha comenzado a detectar las primeras señales de cómo ese escenario afecta ya a la evolución de pilares del crecimiento económico de la región, como el gasto en consumo privado. Así lo dejó entrever ayer el vicepresidente del organismo, Luis de Guindos, al advertir que la esperada reactivación del consumo que se preveía con la moderación de la inflación y, sobre todo, con la mejora de la renta disponible de los hogares, «no está teniendo lugar al ritmo proyectado». Durante su intervención en un acto organizado por Natixis CIB, Guindos atribuyó esta situación a la pérdida de confianza de los ciudadanos ante los riesgos geopolíticos y, también, por la situación inmobiliaria. Es decir, aunque el mercado laboral resista y los salarios suban, el hecho de tener que destinar una mayor proporción de los mismos a la vivienda torpedea otras partidas de gasto.

Luz verde para que el dinero público fluya en forma de subvenciones a las tecnologías limpias en España. La Comisión Europea dio ayer su aprobación al esquema de subsidios presentado por el Gobierno y por el que podrá dar ayudas directas por valor de hasta 700 millones de euros. El Ejecutivo comunitario revisó el esquema de subvenciones español en el marco del nuevo marco de ayudas de Estado verdes aprobado en junio y que contempla que los Estados Miembros puedan recurrir a dinero público para apuntalar la transición ecológica vigilando, en la medida de lo posible, que no se distorsione el mercado. Para Bruselas, el régimen español “es necesario, adecuado y proporcional para acelerar la transición hacia una economía de cero emisiones netas y facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas que son importantes para la aplicación del Pacto por la Industria Limpia. Las ayudas se concederán a empresas en todo el territorio español, en forma de subvenciones directas. Las compañías podrán acceder a esta dotación económica hasta el 31 de diciembre de 2028, según informó el Ejecutivo comunitario.

El secretario general de la ONU, António Guterres, lanzó ayer un dramático SOS por la crisis climática. “Incendios forestales sin precedentes, inundaciones mortales, supertormentas…”, dijo el político portugués en la conferencia de líderes de Belém (Brasil), antesala de la cumbre del clima, la COP30. Guterres añadió que no atajar el aumento de la temperatura es “una negligencia mortal”. La conferencia de líderes en la ciudad brasileña de Belém que sirve de antesala a la cumbre del clima de este año, la COP30, comenzó ayer bajo el peso incontestable de los datos: 2023, 2024 y 2025 son los tres años más calurosos registrados hasta ahora. La principal causa hay que buscarla en los combustibles fósiles y en los gases de efecto invernadero que liberan. La concentración en la atmósfera del principal de ellos, el dióxido de carbono (CO₂), creció a una velocidad récord el pasado año. Este 2025 volverá a marcar otro nivel nunca visto, según adelantó António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, quien avisó del “fracaso moral” y la “negligencia mortal” que supone incumplir los límites que fija el Acuerdo de París.

¿Cuánto hay que pagar para motivar al hombre más rico del mundo? En el caso de Elon Musk, hasta un billón de dólares en acciones, según el plan que fue aprobado ayer por la Junta de Accionistas de Tesla. El fundador de la empresa había amenazado con abandonarla si no accedían a su demanda. En concreto, el magnate percibirá 878.000 millones de dólares (760.000 millones de euros), durante la próxima década. Desde que el año pasado entrase en política a través de Donald Trump, Tesla había sufrido la dispersión de su líder y la desacreditación de su imagen. Mientras Musk jugaba a ministro en su «Departamento de Eficiencia Gubernamental», las ventas de vehículos cayeron un 13% en la primera mitad del año. Sus devaneos con la creación de un partido en Estados Unidos o el involucramiento en políticas europeas hacían temer que la empresa se hundiese, en un momento crítico del desarrollo tecnológico. La solución la propuso él mismo: «Quiero una participación lo bastante grande como para asegurarme de que el ejército de robots que estamos creando no caiga en manos equivocadas, pero no tan grande como para no poder ser despedido si me vuelvo loco», explicó antes de la votación. El 75% de los accionistas votó a favor de su propuesta, que supone el mayor paquete de compensación de la historia.