20251108

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El plazo para cerrar los flecos de la operación expira el próximo 31 de enero. Casi nueve meses después de su primera foto de familia, ayer, el consorcio vasco ideado para intentar hacerse con la mayoría accionarial de Talgo consiguió cantar victoria en un momento en el que las dudas y los rumores se habían disparado tras la imputación por parte de la Audiencia Nacional del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, por la venta de acero a una firma armamentística de Israel. Gobiernos y partidos mostraron ayer su satisfacción. Un camino con obstáculos que ha requerido de una unidad de acción entre los gobiernos central y vasco, así como de un consenso y el empleo de fondos público-privados vascos para una operación industrial en Euskadi sin precedentes en más de una década –220 millones–. Se ha convertido, además, en el símbolo de la legislatura del lehendakari Imanol Pradales. La demostración de que se quería recuperar el pulso industrial poniendo fin a la pérdida de arraigo de empresas y activando un plan financiero que contempla movilizar 12.000 millones hasta 2030. Los detalles de la firma conocida ayer recogen una adquisición de ese 29,7% de Talgo por un total de 156,6 millones, lo que equivale a un pago de 4,25 euros por título. Ese porcentaje, que garantiza el control de la empresa, se repartirá en función del peso de cada uno de los socios. Jainaga, el Gobierno vasco y la fundación BBK, como han aportado cada uno 45 millones, tendrán en cada caso un 8,5% de la compañía. La participación de la Vital se quedará en un 4,24% porque su inyección al consorcio asciende a 20 millones. El acuerdo está sujeto, eso sí, al cierre de varios flecos antes del 31 de enero de enero de 2026. Son cuestiones que requieren de la celebración de una junta de accionistas de Talgo para su ratificación, una cita cuya convocatoria será en los próximos días y se fijará para mediados de diciembre. Se trata, principalmente de la financiación de la empresa, que acumula una deuda de más de 460 millones. Ver nota de Sidenor aquí. 

El complejo rescate de Talgo, el fabricante de trenes y primer proveedor de Renfe, un proceso que se prolonga ya mas de año y medio, tiene a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pendiente del veredicto de la banca para hacer efectiva su entrada en una operación para la que ha tomado todas las precauciones posibles a pesar de su marcado carácter político. La banca por su parte, mide los riesgos del rescate y no quiere asumirlos en mayor medida de los que le corresponden. Así como hay casos de éxito en rescates compartidos con el organismo, las entidades tienen muy presentes casos como Abengoa, donde la Sepi descartó entrar con una inversión de 250 millones de euros por ver la empresa inviable tras una dura negociación con la banca acreedora. Fue la mayor quiebra empresarial registrada en España. Ahora, el organismo, que acaba de recibir esta semana la devolución de 475 millones de euros prestados a Air Europa en 2020, tiene la autorización del Gobierno para acudir a otra operación de riesgo, esta vez con un desembolso inicial de 75 millones de euros pero un horizonte más largo y presumiblemente muy complejo.

Pocas operaciones han concitado en Euskadi tanto respaldo político y apoyo financiero público como la toma de control de Talgo por un consorcio vasco. Ayer instituciones y partidos quisieron expresar su satisfacción –así como reivindicar su contribución– ante el cierre de una compra que ha sido toda una carrera de obstáculos. Sobre todo en esta recta final en la que se ha sumado la investigación de la Audiencia Nacional al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, por vender acero, presuntamente sin seguir los trámites exigidos, a un empresa armamentística israelí, IMI Systems, por la que tendrá que declarar el miércoles. El Gobierno vasco y el PNV sacaron pecho por la operación, que se ha convertido en todo un símbolo de su política industrial para afianzar las empresas en el territorio. «Es un gran ejemplo de nuestra apuesta por la industria y el arraigo», apuntó el líder jeltzale, Aitor Esteban, quien destacó la importancia de dar esta «señal definitiva» porque es una «empresa muy importante para Euskadi que podía caer», en referencia a la asfixia de Talgo por su falta de capacidad industrial. «Es un hito muy importante que despeja el camino para que la operación pueda cerrarse con éxito este año», señaló el consejero de Industria, Mikel Jauregi. También la delegada del Gobierno central en Euskadi, Marisol Garmendia, quiso reivindicar el papel que ha jugado el Ejecutivo de Sánchez, que participa en la operación a través de la Sepi, junto con el Ejecutivo autonómico y otras instituciones vascas. «Es una noticia buenísima. El Gobierno español ha apostado desde el principio por que Talgo quedase en manos españolas. Ha hecho todo lo que está en sus manos», recordó.

La compra hace apenas una semana de MasOrange por la francesa Orange, que incluye la totalidad de Euskaltel, devolvió ayer al Parlamento vasco el debate sobre el arraigo empresarial en Euskadi. En el mismo día en que el Gobierno autonómico celebraba su entrada en el capital de Talgo, el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou, quiso transmitir calma al asegurar que el Ejecutivo «sigue de cerca la situación de la operadora» telefónica y que mantendrá un encuentro con la dirección de MasOrange para conocer su «grado de compromiso con el territorio». Las miradas del Ejecutivo vasco están en Orange, esperando a conocer si respalda la apuesta que se había realizado en la compañía por Euskaltel, centrando en las oficinas de la sede del Parque Tecnológico de Zamudio la instalación de la gestora de la red de fibra que MasOrange prepara con Vodafone en el macroproyecto para llegar a 12 millones de clientes en España. Además, es un socio clave del Gobierno vasco para el desarrollo del centro de datos ‘Atlantic Data Infraestructure (ADI)’. Son 25 millones de inversión en el Parque Tecnológico de Abanto en los que participan también Teknei y Dominion. El consejero emplazó a esperar a la celebración de esa reunión antes de realizar una «valoración detallada» sobre el devenir del grupo. D’Anjou subrayó que la voluntad del Ejecutivo, sin aludir de forma directa a Euskaltel, es que «las empresas estratégicas sigan vinculadas a este país y que aquellas que en su día pasaron a manos de fondos puedan volver a arraigarse». 

MasOrange ha logrado batir su récord de portabilidad mensual gracias al megacontrato que consiguió de la Administración central del Estado el pasado mes de julio. La operadora que dirige Meinrad Spenger obtuvo un saldo neto de portabilidad –el procedimiento que permite cambiar de compañía conservando el número– de 89.900 líneas de banda ancha fija. Además de conseguir la mejor cifra de su historia, rompe una racha de pérdidas de líneas mensuales consecutivas en el último año y medio, desde que Orange y MásMóvil se fusionaron en abril de 2024 para dar lugar a MasOrange. La operadora naranja ha batido incluso a Digi, que ganó 22.800 accesos de banda ancha, aunque el operador rumano sigue siendo el líder absoluto en telefonía móvil, donde ganó 74.000 líneas en octubre a costa de sus rivales. La causa de este vuelco histórico es que en octubre ha comenzado la migración de los miles de líneas contratadas por la Administración central. MasOrange se hizo por 112 millones de euros con el lote 2 de comunicaciones de voz fija y móvil de los servicios de telecomunicaciones conocido como CORA III (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, en su tercera edición), que agrupa a más de 120 organismos, bajo la coordinación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

«Estamos ante un momento histórico de la tecnología: por primera vez coinciden tres paradigmas de computación —la clásica, la inteligencia artificial y la cuántica—. En esa hibridación estará el futuro». Con esta idea, Horacio Morell, presidente de IBM en España, Portugal, Grecia e Israel, explicó en el XIX Foro Empresarial de Gipuzkoa –organizado por El Diario Vasco, Laboral Kutxa y EY– cómo la revolución cuántica que ha echado raíces en San Sebastián marcará el rumbo de la próxima década. A su juicio, el ecosistema cuántico será «un imán de talento, ciencia e industria» capaz de atraer a empresas globales y generar productividad en todo el territorio. El directivo insistió en que el IBM Quantum System Two, inaugurado el pasado 14 de octubre en el Polo Cuántico de Ibaeta, no es solo una infraestructura tecnológica, sino «el inicio de una nueva etapa» para Euskadi. «Aquí hay algo diferente: una visión a largo plazo, estabilidad institucional y una apuesta por la ciencia que no vimos en otros lugares», señaló. Recordó que la capital guipuzcoana se impuso a varias ciudades del sur de Europa en la carrera por acoger el sistema gracias a su «determinación» y a una estrategia basada en la colaboración público-privada. «Este proyecto no es solo para Euskadi. Debemos mirar más allá. Es un ecosistema abierto para España, Europa y el mundo. Por ello, hoy Donostia dispone de la joya de la corona de la computación cuántica», aseguró. Para Morell, esa forma de hacer —más que la tecnología en sí— es lo que ha convertido a Donostia en un referente internacional. El superordenador cuántico, dijo, «no solo procesa cúbits, genera confianza, talento y una nueva cultura de innovación». En los próximos cinco años, anticipó, el Polo Cuántico Vasco será un espacio donde converjan empresas, investigadores y startups tecnológicas capaces de crear soluciones de impacto global. «Veremos compañías que hoy no existen, pero que nacerán aquí y serán globales», pronosticó.

El presidente de IBM en España, Horacio Morell, no habló de ciencia ficción, sino de presente. Las aplicaciones reales de la computación cuántica y la inteligencia artificial ya están transformando sectores tan diversos como la automoción, la energía, la aeronáutica o las finanzas. «Hay casos de uso para todas las industrias», explicó Morell. «Podemos agruparlos en tres grandes bloques: el modelado de la naturaleza, los problemas de optimización y las matemáticas complejas». En el primer grupo, el del modelado de la naturaleza y descubrimiento de materiales, IBM colabora con Daimler (MercedesBenz) en un proyecto para mejorar la eficiencia de las baterías eléctricas. «Estamos analizando la mejor combinación litio-sulfuro para conseguir baterías más ligeras, duraderas y sostenibles». En la misma línea de innovación en materiales, Mitsubishi trabaja con IBM en el desarrollo de pantallas OLED 100% orgánicas, que ofrecen mayor flexibilidad, contraste y eficiencia energética. «Es un proyecto apasionante en el que la cuántica nos ayuda a modelar estructuras moleculares imposibles de simular con la computación tradicional». El segundo gran bloque, el de la optimización, también está lleno de ejemplos tangibles. En colaboración con Boeing, IBM utiliza la computación cuántica para diseñar carcasas de aviones más ligeras y aerodinámicas, capaces de reducir la resistencia y aumentar la maniobrabilidad. 

«La IA hará desaparecer empleos, como toda revolución industrial, pero generará otros». Este fue uno de los titulares que dio ayer Horacio Morell, presidente de IBM en España, que mantuvo un coloquio posterior a su intervención con David Taberna, director de El Diario Vasco, en el que abordaron el impacto real de la inteligencia artificial y la computación cuántica en la economía y la sociedad. Pero buena parte del diálogo giró en torno a la regulación de la inteligencia artificial, un asunto que el directivo considera decisivo para el futuro de Europa. «La IA debe regularse, pero no puede asfixiar la innovación», defendió. Y recurrió a un ejemplo muy gráfico: «No es lo mismo una IA que gestiona una central nuclear que una que recomienda una pizza». Morell abogó por un marco de regulación proporcional, basado en el nivel de riesgo de cada aplicación, y por un modelo abierto y transparente que permita a Europa liderar la tecnología sin depender de terceros. «La IA hará desaparecer empleos, pero generará otros y el saldo será positivo». Morell reconoció que «va a haber empleos que van a desaparecer», pero explica que en este reto, como está sucediendo en su propia compañía, «algunos trabajadores se están adaptando a nuevos roles» que son valiosos y que se explican desde el punto de aprender a «hacer preguntas» a esa nueva tecnología. Además, el responsable en España del gigante tecnológico explicó que es imprescindible recualificar a muchas personas para que sepan utilizar y sacar provecho de la tecnología generativa en sus empleos. «Ese es el cambio que hay que afrontar».

La Comisión Europea estudia retrasar algunas partes de su emblemática ley de inteligencia artificial ante la intensa presión de las Big Tech y el Gobierno estadounidense. Bruselas relajará parte de su normativa digital, incluida la ley de IA que entró en vigor el año pasado, en una propuesta simplificada que se anunciará el 19 de noviembre. Esta medida refleja el intento de la UE por aumentar su competitividad frente a EEUU y China. El borrador de la propuesta surge en medio de un debate más amplio sobre la rigurosidad con la que la UE debería aplicar su normativa digital ante la fuerte reacción de las grandes tecnológicas, que cuentan con el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump. La UE se ha enfrentado a una fuerte presión de Washington, las grandes tecnológicas y grupos europeos por su ley de IA, que regula el desarrollo de esta tecnología en constante evolución. Ante el temor de provocar a Trump, que podría decidir cortar el intercambio de inteligencia o el suministro de armas a Ucrania o iniciar una guerra comercial transatlántica con el bloque, Bruselas acordó en agosto un acuerdo comercial provisional. Sin embargo, los funcionarios de la UE se muestran cautelosos ante cualquier medida que pudiera provocar represalias por parte de la Casa Blanca.

El Gobierno vasco ha cerrado la puerta a la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por ELA y LAB en el Parlamento vasco, pero no abandona la batalla por alcanzar un SMI propio para Euskadi a través de «la negociación colectiva». Así lo viene reiterando el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, que ya ha cerrado su cita con los cuatro sindicatos mayoritarios y con Confebask para buscar nuevas formas de avanzar en la concertación social. Las reuniones, que se celebrarán en Lakua el próximo jueves 13 y el lunes 17, quieren reforzar el diálogo, impulsar la colaboración institucional y «trabajar más intensamente para conseguir mejores condiciones laborales», en un momento además en el que la batalla prevé saltar a los juzgados tras el fracaso del acto de conciliación celebrado el pasado 22 de octubre, y que volvió a reunir en una misma mesa a ELA, LAB, CC OO y UGT con la patronal vasca. Durante su intervención ayer en el pleno de control, y en respuesta a una pregunta realizada por la parlamentaria de EH Bildu Pazis Garcia, que pedía medidas para hacer frente a la precariedad laboral, Torres volvió a llamar a la negociación y defendió que «el Gobierno vasco ha cumplido todos sus compromisos respecto al SMI de convenio», incluyendo la disposición de recursos para facilitar el diálogo, así como la elaboración de un estudio para impulsar el acuerdo y que proponía elevar el actual SMI entre un 7% y un 17% (una franja de1.268 a 1.385 euros), «de acuerdo con el incremento del coste de la vida en Euskadi».

Euskadi y Canarias han emplazado este viernes al Gobierno español a que conceda permisos temporales de trabajo a los migrantes que participan en procesos de formación para que no se les condene "a la economía sumergida". Por otro lado, el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha lamentado que la distribución de menores no acompañados entre Comunidades continúe "atascada". Clavijo, que se encuentra de visita en Euskadi, ha conocido, acompañado por la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, Nerea Melgosa, el Centro de Formación Peñascal, en Bilbao, que trabaja con jóvenes migrantes. "Necesitamos que el Estado agilice los procedimientos para que el esfuerzo que se hace en formación sea recompensado con papeles porque las empresas lo demandan y se trata de un tecnicismo administrativo que trunca vidas", ha reivindicado. Por su parte, la consejera Melgosa, ha trasladado su apoyo a la propuesta canaria para agilizar la concesión de permisos provisionales. 

La dificultad para acceder a una vivienda se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía vasca, tal y como reflejan diversos estudios. La demanda es mucho más elevada que la oferta y eso empuja al alza los precios. Ayer diferentes expertos abordaron en la jornada inaugural del Salón Inmobiliario de Euskadi (SIE) la situación del sector. En el evento quedó claro que no existe una solución única para dar respuesta a este complejo problema, sino que es necesario poner en marcha distintas medidas, tanto por parte de las administraciones públicas como de la iniciativa privada. «En Euskadi tenemos potencial para levantar 75.000 viviendas más. Lo que hay que analizar es por qué esas construcciones no salen adelante», indicó Miguel de los Toyos, viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco, durante su intervención en una de las mesas redondas de la jornada. De los Toyos no escondió que la maquinaria administrativa no ayuda a la hora de agilizar las nuevas promociones. Es más, afirmó que «se tardaría menos en modificar el Estatuto del País Vasco que en realizar una modificación puntual de un plan general de urbanismo». El viceconsejero defendió que el Ejecutivo autonómico impulsa vivienda protegida «allí donde (los ayuntamientos) nos ofrecen suelo». Se trata de actuaciones que prácticamente son a «fondo perdido». «Tardamos 40 años en amortizar la inversión en nueva VPO, por el bajo precio medio del alquiler, que es de 240 euros al mes», aseguró. 

La banca vuelve a extremar la vigilancia sobre las nuevas firmas de hipotecas, en un momento de boom inmobiliario que sigue resistiendo a unos precios de la vivienda en niveles de 2007, el punto álgido de la burbuja. Las entidades han aprovechado el fuerte aumento de la demanda para captar –y sobre todo vincular– a más clientes en una guerra de ofertas que ya ha provocado que en España se concedan las hipotecas más baratas de toda la zona euro. «Estamos prestando a tipos más bajos de los que se endeuda el Tesoro», expresaba recientemente la presidenta de Banco Santander, Ana Botín. El banco que dirige, como otros grandes del sector, ha decidido apearse de esta guerra de precios que otros banqueros también califican de «irracional». No es solo una cuestión de tipos de interés. Las entidades también miran con lupa el perfil de cada cliente ante la avalancha de solicitudes que llegan cada día a las sucursales. Fuentes del sector defienden que la mejora en las condiciones de los préstamos –con tipos medios que han pasado del 3,28% al 2,89% en el último año, al calor de la moderación del euríbor– no implica que se hayan relajado los criterios de concesión. Todo lo contrario. La última encuesta del Banco Central Europeo (BCE) sobre préstamos bancarios, publicada a finales de octubre, refleja cómo en el tercer trimestre de 2025, y por primera vez desde principios de 2024, se incrementaron las solicitudes de hipotecas rechazadas. Y los bancos españoles lideran esa negativa a los potenciales compradores entre las grandes economías de la región. En concreto, un 20% de los bancos encuestados aseguran que deniegan más solicitudes que en los tres meses anteriores (de abril a junio). En Alemania o Italia ese porcentaje se sitúa en torno al 10%, según el BCE.

El mal uso de los algoritmos en el entorno laboral o el rechazo de las empresas a informar sobre el contenido de sus herramientas de inteligencia artificial es vox populi en los entornos de gestión empresarial. Hasta ahora, la Inspección de Trabajo no había puesto el foco en este asunto, pero la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció esta semana una campaña de inspecciones para extremar la vigilancia del uso que hacen las grandes tecnológicas, como Amazon, de estos algoritmos para controlar a los empleados y organizar sus ritmos de trabajo. Sin embargo, distintos expertos consultados apuntan algunas complicaciones para imponer sanciones por estas prácticas. La Generalitat de Cataluña multó el pasado mes de junio a Amazon por negarse a desvelar el funcionamiento de los algoritmos usados para medir la productividad de los trabajadores en su centro logístico del Prat de Llobregat (Barcelona). Aunque la multa fue poco menos que simbólica, de poco más de 2.400 euros, tuvo trascendencia por ser pionera a la hora de sancionar la negativa de una empresa a dar cuenta del detalle de su aplicación algorítmica. Hasta la fecha, no existen muchas decisiones de este tipo. Pero el pasado julio la Audiencia Nacional también condenó a la empresa de call center Foundever Spain por negarse a dar, a los delegados del sindicato CGT en la empresa, información sobre el uso de una serie de algoritmos que aseguró que no utilizaba, pero que en el juicio quedó probado que sí los empleaba.

«Sería un escándalo, hasta se podrían crear asociaciones de afectados» señala Julián Alonso, presidente de Grupo Julián, que comercializa 22 marcas de coches, varias de ellas chinas. Alonso se refiere a los miles de compradores que han adquirido un automóvil eléctrico puro o híbrido enchufable y han solicitado las ayudas a la compra del Plan Moves III, pero no saben cuándo las cobrarán y tampoco si habrá nuevos fondos para ello. El programa acaba el 31 de diciembre y aunque hay muchas CCAA en las que desde hace semanas o meses no queda ni un céntimo, el sector sigue a la espera de un anuncio por parte del Gobierno con la promesa de más dinero. Algo similar a lo que ocurrió a finales del año pasado, cuando comunicó que las ayudas –que oficialmente expiraban en 2024– se iban a prolongar hasta mediados de 2025 mientras que la desgravación del 15% en el IRPF tendría continuidad todo este año. Eso sí, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no deshojó la margarita hasta la última semana de diciembre. La cuestión urge porque ahora mismo en 13 regiones (ver gráfico), ese dinero o se ha gastado ya o está comprometido. Entre todas suman 284 millones de los 400 millones de la ampliación que terminó aprobándose en abril tras el rechazo del famoso decreto omnibus en enero. A cambio, las ayudas se ampliaron a todo el año con carácter retroactivo al 1 de enero. Pero, en el mejor de los casos, la ventanilla para solicitarlas no se abrió hasta dos o tres meses después.

Se suceden los movimientos de las empresas para posicionarse ante el crecimiento disparado que va a experimentar el negocio del Espacio en los próximos años. Grandes grupos de Defensa como Airbus, Indra, Thales o Leonardo están dando pasos en este camino para luchar contra el dominio estadounidense y chino que existe en la actualidad. Indra, en esta estrategia de crecimiento en Espacio, ha creado la unidad de negocio Indra Espacio, en la que concentrará todas sus operaciones en esta actividad y acomodará a Hispasat e Hisdesat, cuya adquisición está previsto que se apruebe en junta extraordinaria a final de mes. La compañía, que prevé facturar 1.000 millones con Indra Espacio en 2030, quiere seguir avanzando en este sector y no descarta en un futuro ejercer como proveedor del nuevo gigante europeo del sector que van a crear Leonardo, Airbus y Thales. El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, descartó ayer, en un encuentro informativo organizado por Europa Press, que Indra vaya a formar parte de manera inmediata del nuevo consorcio espacial europeo, que está previsto que empiece a operar en 2027 y que tendrá cinco filiales diferentes, una de ellas situada en España. “Hoy no está previsto”, aseguró, en referencia a la eventual entrada de Indra en ese consorcio, y señaló que este proyecto, denominado Bromo, se enfoca en el upstream (fabricación), una actividad que Indra enfoca de la mano de Deimos, empresa que adquirió en el último trimestre de 2024 y que se dedica a la integración de satélites y de subsistemas críticos de vuelo.

China ha empezado a notar los efectos de la guerra comercial con Estados Unidos, medio año después de que Donald Trump desatara su tormenta arancelaria global. El valor denominado en dólares de las exportaciones del gigante asiático cayó en octubre un 1,1% interanual –en yuanes, la reducción ha sido del 0,8%– según cifras reveladas el viernes por la Administración General de Aduanas. Se trata de la primera contracción desde abril, mes en el que el presidente estadounidense anunció su bautizado como “Día de la Liberación”, y contrasta fuertemente con el incremento del 8,3% registrado en septiembre, el mejor dato en seis meses. El primer signo de que las tensiones comerciales entre los dos colosos empiezan a hacer mella en la economía del gigante asiático ha cogido por sorpresa a los analistas, que preveían un crecimiento alrededor del 3%. El PIB del país creció en el tercer trimestre a su menor ritmo en un año, un 4,8%, frente al 5,4% del primer trimestre y al 5,2% del segundo. El reciente retroceso en las exportaciones obedece en parte a que se ha agotado el impulso artificial que las había sostenido durante el verano, cuando las empresas adelantaron sus envíos para esquivar los aranceles. Otro factor a tener en cuenta es la apreciación del yuan en las últimas semanas, que ha encarecido las ventas al exterior y ha restado competitividad a los productos chinos en los mercados internacionales.

Las cuentas españolas de emisiones indican que 279,9 millones de toneladas de gases de efecto invernadero llegaron a la atmósfera en 2024, sólo un 0,2% menos que el periodo anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto detiene el ritmo promedio de casi dos puntos anuales de reducción que llevaba la economía desde 2008. Esta vez, los hogares, que producen más de la quinta parte de gases, aumentaron sus emisiones un 0,6% y el sector de transportes y almacenamiento, un 4,8%. El sector más contaminante es la industria manufacturera (23%) y, después de los hogares, vienen la agricultura y ganadería (16,6%) y el suministro de energía (14,4%). Este último registró la mayor caída, una décima parte menos. Para el propio comportamiento de la economía española y el esfuerzo por reducir los gases contaminantes, este último resultado representa un frenazo a su compromiso, que en 2023 había logrado reducir un 5,5% con respecto al año anterior. Ahora bien, el lado positivo es que se confirma por se- gundo año consecutivo la caída del dióxido de carbono equivalente (tCO2e), aunque mantenga un nivel similar al de 2023, después de tres años de subidas seguidas desde la pandemia (2020). Entre los gases que se emitieron figuran dióxido de carbono (80,5% del total emitido), metano (14,4%) y óxido nitroso (3,4%). Los sectores más contaminantes fueron la industria manufacturera (62,8 millones de toneladas), los hogares (61,9 millones) y los servicios de transporte y almacenamiento (38,0 millones), indican desde el INE.

La ingente producción china de paneles solares y baterías también ha abaratado los precios de los equipos de energías renovables para el resto del mundo, lo que significa que “en algunos lugares resulta muy difícil optar por otra alternativa”, según Heymi Bahar, analista sénior de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). En 2010, la AIE estimó que para 2035 habría 410 gigavatios de paneles solares instalados en todo el mundo. Actualmente, existe más de cuatro veces esa capacidad, y aproximadamente la mitad se encuentra en China. Muchos países de África y Oriente Medio, incluso en petroestados como Arabia Saudí, están desarrollando rápidamente la energía solar. “Es una forma muy económica de aprovechar el sol”, afirma Kingsmill Bond, estratega energético del think tank Ember. Su análisis sugiere que, gracias al rápido crecimiento de la energía solar y eólica, las energías renovables generaron más electricidad que las centrales térmicas de carbón durante el primer semestre de este año. Los avances en energía y otras áreas han atenuado parte del pesimismo en torno al calentamiento global. En 2015, la ONU predijo que las temperaturas aumentarían 4 grados respecto de los niveles preindustriales para el año 2100. Ahora proyecta un aumento de 2,6 grados si se implementan las políticas climáticas. Sin embargo, para los delegados que se reúnen en Belém, Brasil, este mes para la cumbre climática COP30, cualquier júbilo se verá moderado por la constatación de que la revolución de las energías renovables aún está lejos de completarse.

En todas las encuestas a ambos lados del Atlántico, los jóvenes se identifican con partidos, movimientos e ideas de derecha y votan por ellos. Pero no hablamos solo de la derecha moderada o tradicional, sino también de fuerzas populistas, antiinmigrantes y reaccionarias. Estos movimientos cuestionan las normas liberal-democráticas, desdeñan a instituciones como los medios tradicionales y a las universidades, y desprecian al establishment político. Curtis Yarvin, el bloguero e ingeniero informático cuyas ideas ayudaron a dar vida al Trump 2.0, apodado el padrino de la facción más iconoclasta de estos jóvenes derechistas que se mueven principalmente en Internet. Hace poco ha empezado a llamar a la “nueva derecha” –como se suele denominar a la facción más radical e inflexible– la “derecha joven” debido a la importancia que han adquirido sus miembros júnior. Como siempre, existe otro nivel de complejidad. Como ha demostrado John Burn-Murdoch, de Financial Times, la brecha política de género entre la Generación Z –los jóvenes de entre 13 y 28 años– es tal, que podría tener más sentido pensar en ella como dos generaciones diferentes en lugar de una, dado que las mujeres de la Generación Z son más “liberales” y los hombres, más “conservadores”. Por lo tanto, la “derecha joven” podría considerarse mejor como la “derecha joven masculina”. La izquierda progresista –tanto la joven como la mayor– a veces muestra un desprecio los valores liberales tradicionales de la libertad de expresión y el debate abierto. Y aunque esta derecha masculina, más joven y nueva, podría compartir algunas de las opiniones de la vieja derecha en lo que respecta a la inmigración y el nacionalismo –y cada vez más en lo que respecta a los “valores judeocristianos”–, a menudo está más interesada en acabar con el orden existente que en conservarlo.