20251112

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La patronal reivindica su imagen ante el Parlamento vasco y advierte de que la falta de cualificación es «algo a lo que somos muy sensibles como país». Confebask tiene claro que «lo que no se conoce, no se valora». Por eso ayer su director general, Eduardo Aréchaga, acudió al Parlamento autonómico para exponer los resultados que recoge el informe sobre la contribución de las empresas vascas al progreso y bienestar social de Euskadi, un documento que pone en valor que siete de cada diez puestos de trabajo en el territorio surgen de estas compañías y que aportan el 67,2% del PIB. Sin embargo, en su comparecencia también resaltó los retos a los que se enfrentan, unos desafíos en los que destacó la falta de mano de obra y las dificultades para acercar trabajadores extranjeros. «Hemos querido traer gente con FP y es imposible», advirtió, señalando que en la actualidad ya «falta de todo, en todos los sitios: sanidad, educación, industria...». Aréchaga remarcó que resulta «dificilísimo traer gente de otros países», ya que dentro de Europa «no hay movilidad» y a la hora de traer universitarios no comunitarios «estás compitiendo con Alemania, Canadá o con EE UU». «Y en lo no universitario, con que alguien diga que no, que de eso no falta aquí, ya no se puede traer», puntualizó, abordando el problema que sigue presentando el catálogo de profesiones de difícil cobertura, que en Euskadi se encuentra obsoleto al no alcanzarse un consenso con los sindicatos.  La falta de personal llega a tal punto que, según destacó el responsable de Economía de la patronal, Pablo Martín, el desafío del relevo está obligando a empresas del sector industrial «a aguantar» su personal en momentos de caída, «porque si no les va a costar recuperar esa mano de obra cualificada». «Falta cualificación y eso es algo a lo que somos muy sensibles como empresas, como sociedad y como país», incidió. A preguntas del parlamentario de EH Bildu Ander Goikoetxea, el director general de la Confederación empresarial volvió a trasladar su postura sobre el debate abierto en torno al SMI vasco. «No creo que sea un problema en Euskadi porque estaríamos hablando, en el peor de los casos, de unas 20.000 personas –contando aquellos sin convenio– de los 700.000 que se están empleando», y detalló que «nunca hemos rechazado el diálogo», si bien se oponen a lo que califican de una «imposición». «Imponen de qué hablar, dónde hablar y hacerlo sobre cosas que no te pueden dar, como sería un acuerdo interprofesional…», criticó. Aréchaga, que también calificó el plan industrial del Gobierno vasco de «muy acertado y muy necesario», señaló que el informe elaborado por la asesora PwC muestra un tejido empresarial que sale «bien posicionado en cualquier ámbito comparativo». «No somos autocomplacientes, pero tampoco podemos ser 'criticones' con las empresas. Es importante que valoremos lo que tenemos», justificó.

La atracción del talento se ha convertido en una necesidad imperiosa para las empresas vascas y así lo puso en evidencia ayer una vez más Confebask. La patronal vasca alertó de que «vamos tarde para atraer a personas cualificadas de otros países e incorporarlos a sectores en los que falta talento, como la sanidad, la educación, la industria, la construcción y los servicios», por lo que ve «crucial» establecer «una estrategia de país», para atraer empleo cualificado a Euskadi. Así señaló ayer su director general, Eduardo Arechaga, durante su comparecencia ante el Parlamento Vasco para exponer las principales conclusiones del informe ‘Contribución de las empresas vascas al progreso y bienestar social de Euskadi’, elaborado por PwC para Confebask y que fue presentado públicamente en abril. Aretxaga expuso el «importante problema» que tienen las empresas vascas para contratar en origen, ya que «es dificilísimo atraer a personas cualificadas de otros países», una cuestión que ha elevado a «imposible, cuando han querido traer a gente relacionada con la Formación Profesional». «Es crucial tener una estrategia de país para atraer talento y a personas que puedan venir a trabajar. Vamos tarde, ya que falta de todo en todos los sistemas. Hay que favorecer la atracción laboral», reclamó. Un problema de perfiles de cualificación que preocupa mucho a las empresas vascas, al que se suma que «no va a haber suficientes jóvenes para atender el relevo generacional que se va a producir en las próximas décadas, porque va a ser una pasada», y las empresas «no van a dar a basto» para copar esos puestos de trabajo, remarcó. Por otra parte, el director general de Confebask resaltó que, según el estudio, la contribución fiscal de las empresas a las haciendas vascas, excluida la aportación a la Seguridad Social, es de 11.584 millones, lo que «equivale al 94% del presupuesto del gasto social del Gobierno Vasco para educación, sanidad, empleo o servicios sociales. Si se incluyen las cotizaciones sociales, esta contribución fiscal anual se eleva a 20.604 millones, de manera que el estudio concluye que la actividad empresarial es «la base principal sobre la que se asientan los servicios públicos» en Euskadi.

La oferta por el grupo Uvesco que se ha organizado en torno a la figura del consejero delegado de la firma, Ángel Jareño, y que cuenta con el apoyo del fondo Indar de Kutxabank; del vehículo inversor de la Fundación Artizarra, Stellum; y del fondo Inveready de Josep María Echarri recibió ayer el respaldo del Gobierno vasco. El consejero de Hacienda, Noël d’Anjou, consideró «positiva» la operación y anunció la disposición de su Ejecutivo para «ayudar en lo que sea». Para el responsable de las arcas públicas vascas, este tipo de movimientos «son positivos» porque afectan a una empresa «arraigada aquí, con la sede y miles de empleos». Es precisamente el respaldo institucional en Euskadi, donde los supermercados BM son los segundos por cuota de mercado y emplean a más de 4.000 personas, uno de los factores determinantes de la oferta de los directivos. Así lo señalan fuentes del mercado conocedoras de las negociaciones y que apuntan que Pai Partners, el fondo que tiene el 70% de los supermercados BM, valora en esta propuesta el factor ‘arraigo’, además de los cerca de 730 millones que pone encima de la mesa. Pai Partners es el fondo inversor francés que tiene el 70% del grupo Uvesco, propietario de la tiendas BM. Sus responsables esperan la propuesta para antes de final de mes. Jareño ha sido el artífice de la alternativa al lograr el grueso de la financiación a cargo de deuda sobre la compañía. Los contactos se han mantenido sin régimen de exclusividad, lo que abre las opciones de Pai Partners a explorar otras vías, aunque el fondo es consciente de la importancia de contar con el apoyo institucional en Euskadi.

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou, anunció ayer que el Gobierno Vasco ha autorizado la inyección de los primeros 65 millones de euros en el fondo Indartuz, uno de los siete nuevos instrumentos financieros estratégicos que forman parte del plan de inversiones transformacionales ‘Euskadi Eraldatuz 2030’. Un plan ligado a la llamada Alianza Financiera Vasca, con la que se prevén movilizar 4.000 millones de euros para fortalecer el corpus industrial y empresarial de Euskadi desde los ámbitos público y privado; este último aportaría 3.000 millones mientras el grueso de los otros 1.000 se canalizarían, precisamente, desde los fondos Indartuz y Finkatuz. «Con Indartuz Kapitala S. A., el Gobierno Vasco reafirma su compromiso con una Euskadi mas competitiva y mas cohesionada. Damos así un paso decisivo para impulsar el arraigo de nuestro tejido productivo», añadió d’Anjou. El fondo está concebido, apuntó, para la inversión directa en proyectos transformadores. Pero, matizó, podrá también invertir en empresas y proyectos de manera indirecta, mediante la participación en otros fondos en lo que se conoce como un ‘fondo de fondos’, una auténtica novedad en la política financiera pública vasca. El Indartuz no es el único vehículo inversor de nueva creación puesto en marcha por el gabinete de Imanol Pradales en el capítulo de reforzar los instrumentos con los que apoyar al tejido empresarial. Así, surgirán otras iniciativas como dos nuevos fondos de capital riesgo para ‘start up’, nueva industria y sectores emergentes, para los que se prevé una dotación de 100 millones en total.

El Gobierno vasco acelera su estrategia de inversión en empresas, lo que se está traduciendo en la toma de participaciones de forma directa a través de sus propios fondos inversores o de instrumentos compartidos con otros socios, como, por ejemplo, Kutxabank y Mondragón. En los últimos años, el Gobierno vasco ha elevado su presencia en CAF al 3%, ha entrado con el 6% en ITP Aero (controlado por Bain y participado por Indra) y se ha hecho con el 15% de la siderúrgica Arania, activando su fondo Finkatuz, del que cuelga también una participación anterior en Kaiku. Además, acaba de entrar con 35 millones en Innometal y Ohmnia, dos empresas de José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor y su socio en Talgo. El gabinete del lehendakari, Imanol Pradales, aprobó ayer mismo la creación del fondo de fondos Indartuz, 100% público pero que, junto a la entrada directa en empresas, invertirá de manera indirecta a través de vehículos de gestión privada. Es “una nueva forma de actuar en la política financiera del Gobierno”, admitió el consejero de Hacienda, Noël d’ Anjou.

Navacel, la empresa que fundara la familia Celorio y que fue adquirida por la cotizada Amper el pasado año, acaba de suscribir tres contratos por un total de 25,7 millones para tres proyectos marinos que consolidan la apuesta de la firma vasca por el sector de las plataformas flotantes para la energía eólica y la extracción de gas y petróleo. El contrato más importante, por 16 millones de euros, es en Argentina y está destinado a suministrar y fabricar un sistema de amarre y transferencia de fluidos para buques e instalaciones flotantes diseñadas para procesar, almacenar y descargar crudo y gas natural. La empresa que ha realizado el pedido es noruega y cliente habitual de la compañía vasca que, con este contrato, hace el pedido de mayor importe a Navacel. Los otros contratos son en Europa. Uno es en las costas de Países Bajos y Polonia, para parques eólicos marinos. Con un total de 8,1 millones, que suponen la instalación de equipos auxiliares en torres ‘offshore’ situadas en un parque eólico en aguas polacas del mar Báltico, así como seis anillos de adaptación para la instalación de torres en un complejo ubicado en los Países Bajos. El otro es en Reino Unido, también para la eólica ‘offshore’. Se trata de una veintena de estructuras ‘damper’, piezas que tratan de modular las vibraciones en las torres de los molinos. El grupo cotizado Amper, también con presencia el sector de defensa, adquirió Navacel por 23,8 millones para desarrollar su apuesta por las plataformas flotantes. 

El respaldo del presidente Pedro Sánchez a Sapa Placencia, escenificado en la reciente reunión en Moncloa con los hermanos Jokin e Ibon Aperribay, llega en un momento delicado y al mismo tiempo clave para la industria de defensa. Indra, el gran grupo estatal del sector —del que la empresa guipuzcoana posee un 7,9%— busca consolidarse como el principal ‘player’ industrial de España con la integración de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), propiedad del propio presidente de Indra, Ángel Escribano. El movimiento, no exento de polémica por el presunto conflicto de interés, coincide con la mayor oleada de inversión en defensa de las últimas décadas, impulsada por las exigencias de gasto de Donald Trump sobre los aliados europeos y la amenaza rusa en el flanco este del continente. Desde Andoain, la empresa observa con prudencia y respeto corporativo los movimientos de la compañía presidida por Ángel Escribano, convencida de que su posición en el mercado responde a la solidez de su ingeniería y a la fiabilidad de sus productos, no a la coyuntura política ni a las alianzas accionariales del momento. Por ello, la evolución de Indra — incluida la operación con EM&E prevista para finales de año, pero también otras como la adquisición de Hispasat a Redeia— no afecta a la hoja de ruta del grupo andoaindarra, centrada en consolidar su papel como socio clave en los programas con los países del arco atlántico. En medio de la reconfiguración del sector, el grupo de los Aperribay —con unos 400 empleados entre España y su filial de Michigan (EE UU), la mayoría en Gipuzkoa— refuerza su perfil como firma tecnológica de defensa europea, sustentada en el desarrollo de producto propio, la innovación y una marcada independencia industrial. 

La filial de Aernnova defiende que aceptar la plataforma de los sindicatos condenaría a la empresa a una "falta de competitividad estructural". La compañía argumentó ayer que en la negociación del convenio ha puesto sobre la mesa de los sindicatos "una propuesta que garantiza un incremento salarial del IPC, habilitar un programa de prejubilaciones e incluso una paga extraordinaria por la firma del convenio. Todo esto ha sido rechazado por el comité de empresa". 

La radiografía que ha realizado la Organización Médica Colegial (OMC) sobre la situación de los facultativos en el conjunto de España deja a Euskadi en buen lugar. El País Vasco está entre las comunidades que mejores ratios tienen de médicos y especialistas por habitante. Goza a su vez de un balance positivo a la hora de confrontar los datos de incorporación de profesionales formados en otros territorios, con respecto a los que se marcharon tras adiestrarse en Osakidetza. Y destaca por su alta tasa de reposición de facultativos que cuelgan la bata gracias a la incorporación de jóvenes que garantizan el relevo generacional. Con estos mimbres el Estudio sobre Demografía Médica de la OMC deja varias conclusiones. Una de ellas es que los problemas más o menos graves que pueda tener la sanidad vasca, al igual que la del conjunto del país, no son atribuibles a la falta de galenos, sino a otro tipo de cuestiones relacionadas con «una demanda asistencial quizá no bien regulada e incorrectamente gestionada». Algo que da lugar a una «sobrecarga asistencial», sobre todo en la Atención Primaria. Euskadi contaba a 31 de julio, fecha en la que se recogieron los datos, con 14.076 médicos colegiados entre el sector público y el privado. Esta cifra supone el 5,1% de todos los doctores que ejercen en el territorio nacional. Trasladado a escala poblacional, el País Vasco cuenta con una tasa de 632 médicos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media nacional está en 568. Se sitúa de esta manera como la quinta comunidad autónoma con mayor tasa de galenos, solo superada por Madrid, Asturias, Navarra y Aragón. 

Quien fue una de las consejeras del círculo más estrecho de Urkullu dejará de asesorar a KPMG para asumir un cargo que ocupaba Mireia Zarate. Movimiento aparentemente simbólico pero de hondo calado interno en el PNV. La exconsejera Arantxa Tapia, actualmente asesora de la consultora KPMG, pasa a ser la nueva presidenta de la Fundación Sabino Arana, entidad dependiente del partido que se encarga de divulgar la historia del nacionalismo vasco. Aitor Esteban recupera así para un puesto relevante de la estructura jeltzale a la que fue una de sus principales impulsoras en la traumática carrera por la presidencia del EBB frente a Andoni Ortuzar. Releva en el cargo a Mireia Zarate, quien fuera precisamente una de las más estrechas colaboradoras del anterior líder. La presidencia de la fundación era una de las últimas piezas que le quedaba por completar a Esteban en el organigrama interno desde que llegó a finales de marzo al despacho de la quinta planta de Sabin Etxea.  Desde 2020, el puesto estaba en manos de Zarate, que lo compaginaba con su función como secretaria del EBB y ‘número dos’ de Ortuzar. Con la marcha del anterior presidente en la Asamblea General en marzo, se había mantenido ahí hasta que este lunes se despidió para iniciar una nueva etapa en la empresa privada. Ayer mismo el patronato de la fundación se reunió y, con el beneplácito de la dirección del partido, nombró como sustituta a Tapia, quien se estrenará hoy en un seminario sobre la ley de secretos oficiales en Bilbao en el que participará el propio Esteban.

El plan Moves de ayudas a la compra de coches electrificados e instalación de puntos de recarga ha muerto con la última edición de 2025, a la que virtualmente ya se le han agotado los fondos. En sustitución, el Ejecutivo lanzará en las próximas semanas un nuevo programa de ayudas a la compra de eléctricos, que traerá un cambio fundamental respecto a los anteriores Moves: la gestión de los fondos ya no correrá a cargo de las comunidades autónomas, confirman fuentes conocedoras a este periódico. Esto es una petición repetida hasta la saciedad por el sector del automóvil, que ha visto cómo el Moves avanzaba a velocidades muy distintas dependiendo de la autonomía: el tiempo de espera medio hasta que el solicitante recibía la subvención era de entre uno y dos años con el anterior sistema, dependiendo del territorio. El nuevo programa emulará, de esta forma, al Reinicia Auto+, el plan puesto en marcha en la Comunidad Valenciana para ayudar a todos aquellos que perdieron sus vehículos en la dana del 29 de octubre de 2024. El Reinicia Auto+ lo ha gestionado directamente el Gobierno central y ha sido alabado por el sector por su rapidez en entregar las subvenciones. “El mejor plan para nosotros es el de Valencia, que ha dejado contentos a clientes, fabricantes y concesionarios, a todo el mundo. Entre el mes de espera del plan valenciano y los 18 meses del Moves, me quedo con el de un mes”, explica una fuente del motor.

El 91,6% de las empresas españolas considera que la intervención gubernamental en actividades empresariales es «excesiva». Así lo revela la Encuesta Empresarial Círculo 2025, presentada ayer por el Círculo de Empresarios en colaboración con la Asociación de Periodistas de Información Económica. El mismo estudio señala que más del 90% de las compañías considera «ineficiente» la gestión del gasto público en España, mientras que también han denunciado «la falta de transparencia en decisiones públicas» (89,4%), «el deterioro de la calidad institucional» (85,9%) y de «la inseguridad jurídica» (84,1%). De hecho, el presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin, exigió bajar los tipos de interés para manejar el «alto nivel» de deuda global, afirmando que «cuanto más bajos sean los tipos, mejor se podrá gestionar la deuda». En cuanto a la Unión Europea, reclamó «una reacción de la UE para avanzar hacia un modelo de federalismo pragmático como propone Mario Draghi», y pidió «recuperar la cultura de la negociación» ante la situación actual sobre productividad, competitividad y empleo. En materia fiscal, la encuesta revela que casi el 80% de los empresarios reitera que la carga impositiva actual es perjudicial para la competitividad, y para ello los encuestados demandan reformas impositivas concretas, destacando como principales prioridades los incentivos fiscales a la inversión (72%) y la reducción de las cotizaciones sociales a cargo de la empresa (65%).

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha descafeinado la directiva comunitaria que pretendía obligar a los Estados miembros a aplicar un marco estricto de revalorización de los salarios mínimos. En un fallo emitido ayer rebajó las exigencias de la normativa que deberá ser incorporada a las legislaciones domésticas de los Veintisiete, al anular dos elementos cruciales que iban a ser homogéneos para todos los países: las condiciones concretas para las alzas y la posibilidad de que estas se produzcan cada año de forma automática. Ahora, los Estados deberán transponer la Directiva pero sin estas rigideces, después de que el TJUE resuelva parte de la demanda realizada por Dinamarca, que reclamaba la anulación de todo el texto. De hecho, la instancia judicial avala la mayor parte de la normativa, incluido un punto que según señalan fuentes sindicales consultadas refrenda la intención del Gobierno: fijar que el baremo de subidas del salario mínimo en España se haga con la referencia del 60% del sueldo medio. Uno de los puntos que se han incluido en el borrador del real decreto de revalorización para 2026, que incorpora nuevos elementos más allá del porcentaje de subida: la prohibición de la absorción del incremento a través de los pluses y la perpetuación de la Comisión Asesora como órgano colegiado para la recomendación de la subida anual, entre ellos. Por su parte, desde la CEOE reconocen que el fallo no tiene un impacto directo sobre la negociación en vigor en España, pero sí avisan las fuentes consultadas por este medio que “la transposición de dicha directiva no puede ser aprovechada por el Ministerio de Trabajo para introducir cambios de calado, excediendo el contenido de la misma”.

Cuenta atrás para la entrada en vigor de la nueva obligación para las familias que tienen contratada en la actualidad a una empleada del hogar. Desde el viernes estos hogares, muchos de los cuales están formados por pensionistas, tienen que haber realizado una evaluación de los riesgos laborales de sus trabajadoras o, de lo contrario, podrán ser multados con hasta casi 50.000 euros. Se trata de una nueva exigencia derivada de real decreto aprobado hace algo más de un año por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar, un paso más en el camino para mejorar las condiciones laborales de este colectivo –claramente feminizado y precarizado– y lograr su equiparación con el resto de trabajadores del Régimen General. Tras aprobarse esta norma en septiembre de 2024, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) puso en marcha el pasado mes de mayo una plataforma gratuita para facilitar a los empleadores llevar a cabo esta evaluación y el Ministerio de Trabajo les dio un plazo de seis meses para elaborarlo. Pero este viernes termina el periodo de gracia y todas las familias con empleada del hogar deberán haber realizado dicha evaluación y haber implementado, en el caso de ser necesarias, las medidas preventivas aconsejadas para eliminar o reducir los riesgos detectados.

La retribución de las inversiones que hagan los operadores sobre la red se ha convertido en un elemento crítico para la electrificación del país. A las demandas industriales sobre una estructura colapsada, en Euskadi está saturada en un 95%, se añaden los problemas evidenciados por el apagón del pasado 28 de abril. La red necesita inversiones, pero es operada con los precios regulados, lo que ha abierto el debate sobre cómo repartir el coste de esas inversiones. Antes de fin de año debe fijarse el modo definitivo de retribuir esas acciones que afrontan los operadores privados para los siguientes cinco años, lo que se conoce como tasa de retribución financiera (TRF). Es el porcentaje que recibirán los operadores del sistema por las inversiones realizadas. La propuesta que salió el 6 de noviembre del supervisor, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), propone una retribución del 6,58% tras subir en dos ocasiones el 5,58% actual. Para las eléctricas sigue siendo muy inferior al 7,5% que reclaman y que señalan que está, además, muy por debajo de la media que se maneja en los países de la Unión Europea, entre los que destacan Italia con un 8,1%, Suecia con 7,3% o Dinamarca 7,2%.

“El mundo está listo para romper récords de energía renovable nuevamente este año”, aseguró Francesco La Camera, director general de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA), en la reciente presentación del informe Digitalisation and AI for Power Systems Transformation: Perspectives for the G7. Por su parte, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que el consumo eléctrico de los centros de datos podría duplicarse antes de 2030, impulsado por la expansión de la inteligencia artificial (IA) y la computación en la nube. Y habrá que tener en cuenta que si los centros de datos consumirán 1.000 teravatios-hora (TWh) adicionales de aquí a 2035, otros sectores necesitarán todavía más electricidad: la industria, 4.300 TWh; el residencial, 1.900 TWh; el transporte, otro tanto; y el comercio y los servicios públicos, 1.600. En total, la demanda mundial de energía aumentará casi un tercio para 2035, según Rystad Energy. Lo que requerirá de sistemas robustos, flexibles e inteligentes.

Iberdrola, el mayor grupo energético español, da un nuevo salto en Australia al irrumpir en el negocio de redes eléctricas. La compañía ha sido seleccionada como socio estratégico para desarrollar un proyecto de transporte eléctrico entre Victoria y Nueva Gales del Sur. A través de su filial en el país, Iberdrola desarrollará el proyecto VNI West (Victoria to New South Wales Interconnector West), que conectará ambos estados mediante una línea de doble circuito de 240 kilómetros y 500 kilovoltios, aumentando la capacidad de transferencia bidireccional hasta en 3.500 megavatios (MW), lo que permitirá aprovechar la generación de energía renovable en Victoria y Nueva Gales del Sur. La inversión del proyecto se valora en 2.000 millones de euros. Con esta licitación, Iberdrola da otro paso en su estrategia de invertir en redes eléctricas “en mercados con marcos regulatorios estables y atractivos”, explican los directivos del grupo presidido por Ignacio Galán. La interconexión, añaden, “reforzará la red eléctrica australiana, apoyará la electrificación de Victoria y generará beneficios sociales y económicos para las comunidades locales”.

Telefónica ha convocado el próximo lunes, día 17, a los tres principales sindicatos con mayor representación en la compañía (UGT, CC OO y Sumados-Fetico) para anunciarles la intención de implementar un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a entre 5.000 y 6.000 trabajadores. El ajuste tendrá carácter voluntario y contendrá tanto prejubilaciones como bajas incentivadas, informaron fuentes conocedoras de la situación. Desde la compañía confirmaron la reunión, pero aseguraron que la agenda de la misma no está cerrada. La cita se produce tras la presentación del Plan Estratégico 2026-2030 el pasado 4 de noviembre que, aunque no incluía expresamente ningún ajuste laboral, contemplaba un ahorro de costes progresivo a lo largo de la duración del mismo, desde los 2.300 millones para 2028 a los 3.000 millones en 2030. En esos ahorros se incluyen también las partidas ligadas a personal, como admitió el consejero delegado del grupo, Emilio Gayo, que añadió que cualquier plan de salidas pasaba por un acuerdo con los sindicatos. La intención de la empresa que preside Marc Murtra es cerrar el acuerdo sobre el ERE antes de que acabe este año o como muy tarde en los primeros días de enero de 2026, con el fin de imputar los gastos al actual ejercicio fiscal. De esta forma, el millonario coste del ERE se podrá imputar en el cuarto trimestre del ejercicio 2025, de forma que 2026 ya esté limpio de provisiones extraordinarias. 

El Ibex-35 marcó ayer un nuevo hito al superar por primera vez en su historia los 16.300 puntos. Un nivel nunca visto y que consolida los recientes máximos del selectivo, que ya se ha convertido en una de las mejores bolsas del mundo con una revalorización del 40% en 2025. Solo han existido dos ocasiones en las que las alzas fueron mayores. La primera, en 1993, cuando el repunte fue del 54,2%. La siguiente, en 1997, con una subida del 40,75% que, si mantiene la tendencia, el Ibex superará al cierre de este ejercicio. En este comportamiento sin precedentes tiene mucho que ver la buena marcha del sector bancario, con cotizadas como BBVA o Santander doblando su valor, así como Indra, que es la mejor del año con un alza de más del 180%. A esa evolución se sumaron ayer otros grandes protagonistas que se habían quedado atrás respecto al conjunto del mercado. Los títulos de Telefónica –muy castigada por la reciente decisión de reducir a la mitad su dividendo– recuperó un 2,4%, reduciendo su caída anual al 7%. Lo mismo Inditex, que subió un 3% en la jornada. «La semana ha empezado con un optimismo generalizado gracias al fin del cierre del gobierno americano tras un primer acuerdo inicial entre demócratas y republicanos», apuntan los analistas de XTB.

Los jóvenes belgas de 17 años se han encontrado esta semana una sorpresa al abrir el buzón: una carta en la que el Gobierno federal les anima a realizar el servicio militar voluntario durante doce meses con un sueldo mensual de 2.000 euros. La idea, impulsada por el ministro de Defensa, el nacionalista flamenco Theo Francken, quiere impulsar el alistamiento al ejército y espera atraer a unos 500 reclutas que comenzarán su instrucción en septiembre de 2026. La iniciativa se alinea con los objetivos de la OTAN y de la Unión Europea (UE) para rearmar el continente ante la amenaza rusa, un camino que ya han recorrido otros diez países del bloque. En octubre del año pasado, el expresidente finlandés Sauli Niinistö ya advirtió de que se debería reabrir el debate sobre el servicio militar a nivel nacional dentro de los países de la UE. Si bien no reclamaba literalmente la vuelta de la ‘mili’, en su informe europeo sobre preparación castrense proponía a los Estados miembros «identificar las mejores prácticas» para la construcción de sistemas de reservistas operativos, un proyecto respaldado por «el creciente apoyo público» que ha tenido la idea de reintroducir el servicio militar en lugares como Bélgica, Alemania, Lituania y Países Bajos. La propuesta del expresidente finlandés pasa por hacer más atractivas para los jóvenes las carreras en defensa, seguridad y respuesta ante emergencias, una técnica que ha copiado Bélgica que, además de un sueldo bastante atractivo dadas las dificultades para acceder al mercado laboral nacional, presenta el ejército como el lugar ideal para «desarrollar la disciplina y el espíritu de equipo».