20251113

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Tal y como se detalla en el último informe de Confebask, el número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social se situó en octubre en 57.433 empresas, esto es 208 más que en septiembre, una subida en línea con la habitual para un mes de octubre, pero todavía un -0,2% por debajo del registrado en el mismo mes del año pasado, lo que supone 137 empresas menos que hace un año. Respecto a febrero de 2020 (comienzo de la pandemia), se registran -1.460 empresas menos (con una caída porcentual del -2,5%). Por sectores, si bien subió en todos en comparación con el mes anterior (septiembre), en comparativa interanual - respecto a octubre de 2024- descendió en Industria, se mantuvo en Servicios, y creció en Construcción.  En cuanto al número de empresas vascas concursadas, baja un 5% en el acumulado hasta septiembre de 2025. Sin embargo, hay diferencias según sectores. Y mientras en Servicios y sobretodo Construcción el descenso es notable, por el contrario, en Industria aumenta un +18,2% y 52 empresas concursadas. Ver más en Confebask

El empleo en Euskadi va al alza y bate récords históricos, pero estos buenos datos económicos no se traducen en el censo empresarial. De hecho, el número de compañías vascas inscritas en la Seguridad Social se mantiene relativamente estancado. En octubre se alcanzaron las 57.433, un 0,2% menos que el año pasado –173 firmas menos–, un fenómeno que se produce principalmente por la pérdida de empresas de menor tamaño mientras que las grandes ganan volumen y aumentan su número de trabajadores. En la misma línea puede explicarse la ligera merma que se registra entre los autónomos. Según el boletín publicado ayer por Confebask, los trabajadores por cuenta propia descendieron en octubre un 0,3%. En total hay registrados 166.152, un dato que se ha rebajado en 570 personas en el último año, aunque es un fenómeno habitual vinculado al aumento de asalariados, ya que muchos falsos autónomos habrían regularizado su situación y otros habrían pasado a ocupar empleos más estables accediendo a un contrato. Los datos recogidos por la patronal vasca señalan también un ligero descenso en el número de empresas concursadas. Entre enero y septiembre se han contabilizado 210 que han iniciado este proceso, 11 menos que durante los primeros nueve meses del año pasado. Destaca lo ocurrido en el tercer trimestre, que marcó un descenso del 17,1% –51 empresas en situación de concurso frente a las 62 de 2024–. Por sectores, las concursadas vinculadas a la industria han crecido hasta septiembre un 18,2%. 

El presidente de Cebek, Guillermo Buces, ha denunciado que Euskadi "se lleva la palma" en materia de "conflictividad" laboral, un problema que, según ha dicho, está "muy personalizado en un sindicato como ELA", al que ha advertido de que con sus posiciones en esta materia está "poniendo en riesgo el país. Creo que hay que decirlo, hay que decir las cosas las cosas altas y claras: estamos poniendo en riesgo el país; y yo no sé si lo tenemos todos ya como muy asumido". Buces ha lanzado esta advertencia durante su intervención en la jornada 'Euskadi hacia el futuro', organizada por Europa Press este miércoles en Bilbao, en la que ha afirmado que Euskadi tiene "una base sólida para afrontar los retos de transformación" que se le presentan en el contexto actual. "Contamos con un ecosistema listo para avanzar; y tenemos un tejido empresarial que aporta una aportación económica muy importante, que supone el 67,2% del PIB y con una capacidad inversora muy fuerte, sobre todo en activos materiales, lo que impulsa la modernización del territorio", ha subrayado. No obstante, ha recordado que las empresas vascas operan en "un entorno global cada vez más competitivo y volátil", que presenta "señales de enfriamiento de cara a próximas fechas". A su vez, ha indicado que "hay presiones sobre los márgenes y dificultades con la gestión de las personas por la escasez de talento y absentismo", unos factores a los que se suma "una incertidumbre regulatoria fiscal que a las empresas les preocupa bastante".

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y dos de sus directivos defendieron ayer su inocencia en su declaración como investigados en la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de contrabando y complicidad con genocidio. Jainaga, que solo contestó a las preguntas de su abogado, negó haber vendido acero para uso militar a una empresa israelí, recalcó que no se saltaron la normativa y subrayó que la compañía canceló las ventas antes de ordenarlo el Gobierno. La defensa de la empresa se articuló con más profusión con las respuestas que dieron los otros dos investigados: el director general corporativo de Sidenor y el director comercial. La línea principal de la argumentación fue la de evidenciar, precisamente, que el material enviado a Israel no estuvo nunca catalogado como de doble uso (civil y militar) y, por lo tanto, nunca pesó sobre él ni restricción, ni obligación de comunicar sus ventas a la Administración del Estado. Así lo señalaron los representantes de la empresa primero ante el juez y, después, ante la opinión pública con la emisión de una nota de prensa y la difusión de un vídeo personal del propio Jainaga en el que, como había prometido, explicó los pormenores del caso. La compañía recordó que no había ninguna limitación al comercio con Israel en el momento en el que tuvieron lugar las entregas. Y, además, destacó que el pasado 1 de julio canceló todos sus contratos con empresas de ese país –no solo con IMSI– cerrando operaciones que equivalían al 0,4% de su facturación, cerca de 8 millones de euros. Una decisión que adelantó tres meses al embargo que aprobó después el Consejo de Ministros. El Gobierno vasco, satisfecho con las explicaciones del industrial. Ver NP de Sidenor aquí. 

Vicrila es la vidriera más veterana de Euskadi y cumple 135 años de historia este 2025. Aprovechando la efeméride, una amplia representación institucional ha recorrido este miércoles las instalaciones de la compañía en Lamiako (Leioa). Entre ellos ha estado el lehendakari, Imanol Pradales, quien ha destacado a esta empresa como un ejemplo de «nuestra industria tradicional» y de saber adaptarse a cada momento pese a las dificultades. En este sentido, ha querido poner en valor los 135 años que la firma lleva anclados en suelo vasco, algo que ha hecho «haciendo muchas cosas bien» y haciendo alusión a una de sus gamas de producto, gracias a su «durabilidad, resistencia y firmeza». El lehendakari ha subrayado que la vidriera, que es la única fabricante de vasos y copas en toda España, ha salido airosa de todas las tormentas que ha atravesado «conservando sus señas de identidad: arraigo, reinversión en tecnología, maquinaria y sostenibilidad», además de «el apoyo y la colaboración de las instituciones vascas y de una política industrial de país». En los últimos años, Vicrila ha completado inversiones por un valor de 17 millones para mejorar su competitividad, eficiencia y sostenibilidad. En 2009, la multinacional francesa ARS (propietaria desde 1981) anunció el cierre de la fábrica por la crisis económica y exceso de producción en Europa, pero el equipo directivo, liderado por Luis Manuel Fernández, adquirió la empresa a coste cero mediante una sociedad instrumental, con un 7% de participación del Gobierno vasco (a través de SPRI) y fondos de inversión de Euskadi.

Talgo celebrará el 12 de diciembre una junta extraordinaria de accionistas que deberá formalizar el plan de financiación para la empresa acordado con una veintena de bancos y que conlleva la entrada de la Sepi en la compañía con un 7,8%. Son las condiciones que debían cumplirse antes del 31 de enero de 2026. Las que se recogen en el acuerdo que formalizaron el jueves pasado el consorcio vasco liderado por José Antonio Jainaga y el fondo Trilantic para el traspaso del 29,7% de las acciones de la empresa que darán el control al presidente de Sidenor. Es el último paso antes de que se materialice el aterrizaje en el fabricante de trenes del grupo en el que Gobierno vasco y fundaciones BBK y Vital acompañan al industrial y que traerá la sede de Talgo de nuevo a Euskadi. La convocatoria, así como el orden del día, se publica este miércoles en el Boletín Oficial del Estado y se ha comunicado como hecho relevante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El ‘pool’ bancario formado por una veintena de entidades, del que, como informó este medio, se descolgó Bankinter, pone encima de la mesa un esquema de financiación que soporta no solo la deuda de más de 460 millones de la empresa, sino varias líneas de avales asociadas a los pedidos. En total son 770 millones, que evidencian el ahogo financiero de Talgo, a pesar de contar con una prometedora cartera de pedidos de más de 4.000 millones. La banca exigió para esta refinanciación que Talgo inyectara 150 millones de capital en su balance. Y esa operación es la que requiere el visto bueno de la junta de accionistas de Talgo. 

De esos problemas, y de las soluciones activadas en la CAV para abordarlos, como la colaboración público-privada en la inversión y el fomento de mejoras en las redes eléctricas, hablaron hoy en Bilbao los consejeros de Hacienda, Noël d'Anjou, y Mikel Jauregi, en el marco del foro 'Euskadi, hacia el futuro', organizado por la agencia Europa Press. Sin duda, la electrificación de la economía, como un método para complementar la descarbonización de la misma, es una de las necesidades más acuciantes. En este sentido, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, afirmó que el Gobierno vasco está "en conversaciones" con el Gobierno central para conseguir que Euskadi cuente con más potencia eléctrica después de que el pasado mes de septiembre ambos ejecutivos pactasen un aumento del 40% de la potencia eléctrica para Euskadi como parte de la nueva Planificación de Redes Eléctricas 2025-2030 del Gobierno central. El objetivo es dotar a Euskadi de "atractivo" para lograr que se asiente aquí "una nueva industria puntera en el mundo". "Hemos conseguido algo, pero no todo lo que queremos", subrayó el consejero. En este sentido, señaló que el reciente acuerdo con el Gobierno central ha logrado avances en "eficiencia energética, autoconsumo y electrificación". El consejero ha recordado que había 117 empresas que decían que, si no se descarbonizan, pierden competitividad y tendrían un total de 70.000 puestos de trabajo en riesgo. "Era el primer nivel de urgencia que queríamos electrificar con la ampliación eléctrica. Eso se ha conseguido", ha asegurado.

El consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, defendió ayer que la transición energética en Euskadi deberá afrontarse con «realismo» y «voluntad de país», y admitió que «a algunos pueblos les tocará tener un parque eólico o fotovoltaico». En el marco de un foro organizado por Europa Press en Bilbao, el consejero recalcó que «esto es lo que significa ser tierra industrial» y advirtió de que, aunque el despliegue de energías renovables será limitado, los proyectos que salgan adelante deberán estar «bien elegidos». Jauregi reconoció las dificultades que enfrenta Euskadi para avanzar en este terreno. «Que tardemos veinte años en construir un nuevo parque eólico, cuando tenemos las capacidades para diseñar, fabricar y operar este tipo de instalaciones en todo el mundo, tiene lo suyo», lamentó. Se refería al parque eólico de Labraza (Oion), el primero que se levantará en Euskadi en dos décadas y que ha simbolizado la complejidad de este tipo de proyectos: un proceso de años, marcado por recursos judiciales y fuerte contestación vecinal. El consejero defendió que «no habrá muchos proyectos, habrá pocos, pero bien elegidos» y apeló a alcanzar «un pacto como país» para decidir «cuánta energía renovable queremos y cómo elegimos los lugares adecuados».

Merkatu nahiz negozioen dibertsifikazioa, adimen artifiziala, nazioartekotzea, antolaketa eredu berriak, barne-ekintzailetza… enpresa txiki eta ertainen hazteko aukerak dira, baina, aldi berean, buruhauste iturri ere izan daitezke. Gipuzkoako Foru Aldundiak Re-think Industry topaketa antolatu zuen atzo, lurraldeko enpresa txiki eta ertain horiek elkar ezagutzeko jardunaldia, euren esperientziak partekatzeko nahiz bor-bor diren gaiei buruz hausnartzeko espazioa. Donostiako Kursaal eraikinean egin zen topaketaren laugarren edizioa, eta antolatutako mahainguruetako batean izan zen EnpresaBIDEA. Zehazki, nazioartekotzea eta merkatuen dibertsifikazioari buruzko solasaldian, zeinetan beldurrari aurre egitea, mentalitate aldaketa eta konfiantza eta errespetua bezalako esaldiak entzun ahal izan ziren. Gehiago irakurri hemen. 

Nuevo espaldarazo a la banca por parte del Supremo en el largo conflicto judicial por el uso del IRPH en las hipotecas, una alternativa oficial al euríbor que ha encarecido los préstamos hasta en 200 euros al mes. Después de que la Justicia europea insistiese en un fallo de 2024 en que los jueces españoles pueden anularlo por falta de transparencia, el Alto Tribunal ha vuelto a pronunciarse sobre el asunto. Aunque establece que se debe examinar caso por caso, fija unos parámetros fáciles de cumplir por la banca y, en consecuencia, dificulta sobremanera las reclamaciones de los afectados. Así, expone estos criterios a través de dos sentencias, una sobre el control de transparencia y otra sobre el control de abusividad. La primera es un caso de Kutxabank y la segunda es de la Unión de Créditos Inmobiliarios. En ambos casos considera que las entidades financieras actuaron bien y les da la razón. De esta forma, deja poco margen para las demandas por mucho que el Supremo concluya que «no cabe dar una solución unívoca sobre el carácter transparente y la abusividad de esta cláusula, pues su validez dependerá de las concretas circunstancias de cada préstamo y de cada litigio, en función de los hechos que queden probados en el mismo». En el caso de Kutxabank se trata de una hipoteca de 2007 vinculada al IRPH del total de entidades más un diferencial del 0,6 puntos. Un juzgado de Vitoria había condenado a la entidad a devolver los intereses por falta de transparencia en la incorporación del índice. La Audiencia de Álava ratificó la sentencia. Pues bien, el Supremo, que ya había respaldado al banco en otras ocasiones, la corrige en casación y considera que la entidad realizó la comercialización correctamente y que por tanto se supera el control de transparencia. Lo justifica en que el banco recogía en el contrato referencias a que el índice se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y a la Circular 5/1994 en la que se detalla su funcionamiento. Estima, en consecuencia, que no cabe realizar un control de abusividad. 

ELA y LAB acusan a PNV y PSE de ampararse en excusas jurídicas y no liberar a miles de trabajadores de su situación precaria. ELA y LAB tienen asumido que el pleno que se celebrará este jueves en el Parlamento vasco pondrá freno a su intento de forzar una competencia que otorgue a Euskadi la capacidad de fijar su propio salario mínimo interprofesional (SMI), pero no quieren dejar ningún cartucho sin gastar. Ambos sindicatos, junto a ESK, Steilas, Hiru y Etxalde, han protagonizado este miércoles una manifestación en Bilbao que ha vuelto a exigir ante las sedes del Gobierno vasco, del PNV y del PSE que se escuche a las 138.495 personas que firmaron una iniciativa legislativa popular (ILP) que pide trasladar esta demanda al Congreso. Hoy el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, accederá a la tribuna del Parlamento vasco para reivindicar un SMI que «saque de la precariedad a miles de trabajadores en Euskadi». «Esta ILP no tiene ni un problema jurídico», ha asegurado el representante de ELA tras la manifestación, en un escenario instalado frente a las puertas de Sabin Etxea. «Las razones tan pobres que el PNV y el PSE han planteado solo tienen un objetivo, intentar esquivar la responsabilidad del gobierno de Pradales en una cuestión tan importante como ésta». Por su parte, el coordinador de LAB, Igor Arroyo, ha acusado al lehendakari de «gobernar para la patronal», y ha denunciado que la confederación empresarial elige «hacer negocio a costa de unos salarios que no alcanzan para vivir». «Confebask necesita quemar todas las naves para frenar la ofensiva del sindicalismo vasco y además de sus tres negativas -en referencia a los intentos de negociación en el Consejo de Relaciones Laborales llevados a cabo este año-, han forzado una cuarta negativa que previsiblemente se consumará hoy». 

LAB, CCOO y UGT han suscrito esta mañana con SEA Empresas Alavesas el preacuerdo del convenio colectivo de la industria de la madera de Álava, tras casi dos años de proceso de negociación. El convenio anterior (2021-2023), que fue firmado en septiembre de 2021 por UGT, CCOO y LAB, tuvo a principios de 2024 una actualización de tablas del 10,8%, recogiendo así el IPC de 2023, en aplicación de la cláusula de revisión del IPC. Según han informado tanto la parte sindical como la patronal, este principio de acuerdo prevé una vigencia de tres años (2025-2027) para el nuevo convenio, que tendrá eficacia general en todo el sector. El nuevo convenio recogerá, según el preacuerdo ahora firmado, incrementos salariales del 3% para 2025, así como el IPC más 0,25% para los años 2026 y 2027. Según ha valorado UGT, esto "supone garantizar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras del sector, y lograr que en 2027 ninguna de ellas cobre por debajo de los 21.000 euros". Asimismo, el preacuerdo incluye una revisión a la baja de la jornada laboral, que tal y como apunta LAB no había sido modificada desde 2008. Así, pasará de las 1.750 horas actuales a 1.744 en 2026 y 1.740 en 2027, es decir, una reducción total de 10 horas durante la vigencia del convenio.  "Ello sin perjuicio y a expensas de la posible implantación de la jornada semanal de 37,5 horas en cómputo anual", apunta el texto acordado.

El Palacio Euskalduna acogió ayer el acto central del 75º aniversario del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia (COIIB), un encuentro que reunió a representantes institucionales, empresariales y académicos del ecosistema industrial vasco. La cita sirvió además como marco para la entrega de la primera edición de los Premios de Ingeniería e Industria de Bizkaia. El presidente del jurado, Guillermo Dorronsoro, anunció los galardones: el premio al Mejor Proyecto de Ingeniería fue para IDOM, representado por Amaia Ormaetxe, Asier Larringán, Gaizka Murga y Amaia Zarraoa; el premio Ingeniero del Año recayó en Juan Tomás Hernani, CEO de Satlantis y presidente de YEESS Syndicate; y el premio al Talento Emergente en Ingeniería fue otorgado a Nerea Marrodán, ingeniera de Mercedes-Benz. Los asistentes disfrutaron también de una conversación inspiradora entre Javier Ormazabal, presidente de Velatia, y Ana Santiago, presidenta de Sisteplant, que reflexionaron sobre los retos presentes y futuros de la ingeniería. Al evento acudieron, entre otros, Víctor Pérez de Guezuraga, vicepresidente del COIIB; Tamara Yagüe, presidenta de Confebask, y Fran Azpiazu, secretario general de Cebek. 

Los llamados Cinco Sabios, el consejo asesor del Gobierno federal alemán en materia económica que forman cinco prestigiosos catedráticos, auguran tras dos años de recesión un débil crecimiento del PIB alemán para 2026 de tan solo el 0,9%, una décima menos que en su informe de primavera y muy por debajo de las previsiones del Ejecutivo. Para el año en curso, aumentaron ligeramente su pronóstico de crecimiento a una tasa de expansión del 0,2 %. En primavera, el consejo había pronosticado un estancamiento. Alemania lleva años atravesando una fase de debilidad que amenaza con arrastrar a Euskadi, ya que es el segundo destino de las exportaciones vascas, lo que ha provocado una ralentización en el sector de la automoción. El debilitamiento se debe a factores externos como los cambios en el orden mundial. En Alemania, «las estructuras económicas se han visto sometidas a una presión de adaptación». Pero también «el continuo descenso de la competitividad de la industria» y el cambio demográfico obstaculizan la recuperación, señalan los Cinco Sabios en su informe presentado ayer. El consejo de expertos estima que los gastos previstos actualmente del fondo especial de un billón de euros para defensa, infraestructuras y neutralidad climática solo tendrán un efecto positivo mínimo sobre el producto interior bruto. Esto se debe a que, hasta ahora, se ha utilizado en gran medida para reasignaciones presupuestarias y para financiar gastos de consumo, como la ampliación de la pensión de maternidad. Una actuación que no dudan en criticar. 

El Gobierno intensifica el apoyo a la industria y a las renovables. El Ministerio para la Transición Ecológica prepara diversos paquetes de ayudas procedentes de Europa que suman más de 800 millones de euros con el objetivo de elevar la competitividad y la descarbonización de la economía española, según señalan fuentes al tanto de dichos planes. Concretamente, las líneas de apoyo que pondrá en circulación el departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, pretenden contribuir a mejorar la cadena de valor industrial, la adaptación de los puertos para las renovables marinas y los proyectos de hidrógeno verde, añaden las fuentes consultadas. Estas nuevas ayudas proceden de distintos programas como el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) y otros más recientes como el marco europeo de ayudas estatales para la industria limpia (CISAF), que se aprobó en junio. Las ayudas que se pondrán en circulación podrán ejecutarse hasta diciembre de 2028. La cuestión de los plazos es clave, ya que el PRTR debe estar ejecutado en verano de 2026 y la premura de los plazos dificulta la absorción de las subvenras, ciones. Para las nuevas ayudas, los plazos se dilatan por más de tres años desde su puesta en marcha.

Que vengan a enseñarnos cómo lo hacen. Eso es lo que pidió ayer Josep Maria Recasens, presidente de Renault España, a las marcas de coches chinas que están ganando terreno a pasos agigantados en Europa. “Aquí [a Europa] no se puede venir y construir cuatro chapas con ruedas y asientos con poco valor añadido. Lo que hay que hacer es comprometerlas a que nos enseñen, que vengan con productos con valor añadido. No lo hicimos así nosotros cuando fuimos a China, no deben hacerlo ellos cuando vienen a Europa”, dijo el directivo, que además es el presidente de la patronal nacional de automovilísticas, Anfac, en un evento organizado por La Tribuna de Automoción. Las palabras de Recasens se referían a que cuando los fabricantes del Viejo Continente quisieron asentarse en China, el Gobierno de ese país les impuso unas condiciones que les obligaban a transferir conocimiento a las empresas locales, mediante joint ventures, y generar empleo local de calidad. Lo que trató de hacer ver el directivo es que Europa no debería considerar como europeo a un coche que venga desmontado desde China y luego sus piezas se ensamblen en el Viejo Continente, sino que a estas marcas se les obligue a traer tecnología y a asentar fábricas en las que se haga un producto más completo. “Hemos abierto todo el campo y están entrando por todos lados, hay que poner orden a nivel europeo. Hace unos años, cuando queríamos ir a China, se nos decía: ‘vas a entrar, pero con estas características’. Los aranceles [que impuso Europa el año pasado a los vehículos eléctricos hechos en China] no son nada más que igualar aquello que no es equitativo, para equilibrar la balanza”, explicó el máximo representante nacional de los fabricantes de coches. 

Gestamp aterrizó en China en 2007 de la mano de empresas europeas que desembarcaron en este mercado a través de joint ventures con firmas locales. Desde entonces, la compañía familiar ha experimentado un fuerte crecimiento en China, donde ya cuenta con trece plantas de producción, así como con dos centros de I+D y casi 5.200 trabajadores. Sin embargo, la compañía aspira a más en China, donde tiene muchas esperanzas de crecimiento en los próximos años. Ahora, alrededor del 14% de la cifra de negocio global de Gestamp procede de China, un país que ha ido ganando peso en sus cuentas, hasta alcanzar ingresos de casi 1.630 millones de euros en 2024, lo que supone un incremento del 80% en comparación con los datos de 2021. China y, en general, Asia son mercados prioritarios para el grupo que preside Francisco J. Riberas y su objetivo es que al menos representen un cuarto de sus ventas (a cierre de 2024, Asia representó el 16% del negocio), lo que sigue siendo una cifra modesta, teniendo en cuenta que solo China ha pasado de aglutinar el 3% de la producción mundial de vehículos en el año 2000 al 30% a cierre de 2024. El desembarco de Gestamp en China, según indica su presidente, fue difícil en un principio, aunque en estos últimos años ha experimentado un fuerte crecimiento. “Ahora no se entiende el mercado del automóvil sin China”, explica Riberas, que se muestra “contento” con la evolución de su compañía en el país asiático, aunque el 14% de peso sobre su facturación esté lejos del 30% que representa China para la producción mundial de coches.

Alemania es la economía más grandede Europa y no es una excepción en el sector de las telecomunicaciones. Se trata del mayor mercado europeo, el lugar donde todos querrían estar sobre el papel. Pero en la práctica se ha convertido en una plaza difícil y está provocando uno de los mayores quebraderos de cabeza en los despachos de Telefónica. La nueva dirección con Marc Murtra a la cabeza ha actuado con decisión para terminar con el problema que suponía su exposición a Latinoamérica, pero ha heredado un nuevo avispero en Alemania, donde el grupo sufre, sobre todo por la pérdida hace dos años del macrocontrato de 1&1. 1&1 es el cuarto operador alemán y usaba como proveedor de su red móvil a Telefónica. Este contrato se calculaba que aportaba hasta 500 millones de euros en ingresos muy rentables al grupo, pero en 2023 la relación se rompió. El grupo alemán apostó por migrar a Vodafone, que fue más agresiva en precio y necesitaba un golpe de efecto en su país bandera junto a Reino Unido. El proceso se espera que termine este año y ha ido menguando los ingresos de Telefónica trimestre a trimestre. Tampoco ha funcionado para 1&1, que está enfrentada con Vodafone ante las autoridades de competencia por los retrasos en el proceso de cambio de red. El agujero se produce en un mercado muy relevante para una Telefónica, cada vez presente en menos países. De hecho, pese a la caída, Telefónica Alemania aporta el 22% de los ingresos y un 20% del Ebitda de la compañía, un peso mayor que antes de perder este megacontrato.

El Ibex 35 logra otra hazaña en 2025, un año que pasará a la historia de la Bolsa española. La suma del valor en Bolsa de sus 35 componentes, sin ajustar el free float, provoca que el índice supere por primera vez el billón de euros de capitalización bursátil, hasta los 1,02 billones, pero la diferencia de entre sus cotizadas es reseñable. Inditex, Banco Santander, Iberdrola y BBVA suman una capitalización bursátil conjunta de 526.275 millones de euros, el 52,63% del total del principal indicador de Bolsa española. Cada de una ellas vale, como mínimo, más de 100.000 millones en Bolsa, una cifra a la que las 10 compañías con menor capitalización bursátil no son capaces ni de acercarse. Se necesita a las 17 cotizadas del Ibex de menor capitalización bursátil para alcanzar los 100.000 millones.  El Ibex consigue el billón de euros de valor, a algo más de medio billón del PIB de España en 2024, gracias a un rally que comenzó en 2022. El índice acumula una subida desde entonces del 101,92% (462.835 millones). Solo en 2025 se anota el 43,3% (352.000 millones), la mayor subida desde enero entre los principales índices del mundo. El rally le ha permitido volver a récord 18 años después. Cerró ayer en 16.615 puntos, récord, tras tres sesiones seguidas firmando máximos. El índice camina hacia el segundo mejor ejercicio de su historia, según los registros de Bloomberg. Su mejor año fue 1993, con un alza del 54,2%, gracias a las importantes bajadas de los tipos de interés y la devaluación de la peseta. La revalorización del Ibex se traduce también en grandes hitos para sus cotizadas este año. Indra casi triplica su valor en un año, mientras que Banco Santander, Unicaja, Solaria y BBVA lo han doblado. Iberdrola y BBVA han logrado superar los 100.000 millones de valor en Bolsa por primera vez en su historia en 2025.

El debate nuclear entra en escena en la sede de la soberanía nacional. El PP ha impulsado una enmienda desde el Senado para imponer la revisión del calendario de cierre pactado en 2019 y permitir que se extienda la vida útil del parque atómico nacional. La cuestión va a obligar a posicionarse a todos los grupos políticos del arco parlamentario en un momento en el que la cuestión está de plena actualidad, dada la petición que las eléctricas han remitido en los últimos días para prorrogar el permiso de explotación de Almaraz (Cáceres) de 2027 a 2030. Con esta situación, tanto las eléctricas, principales propietarias de las nucleares afectadas, como Foment del Treball, principal asociación empresarial en Cataluña, están presionando a Junts y ERC, señalan varias fuentes al tanto de la situación, ya que ambos partidos son claves en la votación de este jueves: la energía nuclear tiene un peso específico en Cataluña (los dos grupos de Ascó y Vandellós están en Tarragona). Tanto Iberdrola como Endesa están intentando hacer ver la importancia que tiene la energía atómica para Cataluña. Este mismo martes, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, advertía del riesgo que supone para Cataluña prescindir de esta fuente de generación, que aporta la mitad del abastecimiento donde el desarrollo de renovables va con retraso y tiene dificultades específicas. Fuentes próximas a lberdrola esgrimen el mismo argumento: “Para Cataluña es clave el mantenimiento de las centrales nucleares que aportan el 50% de la energía”. También fuentes al tanto de las negociaciones aseguran que Foment del Treball ha estado implicada en que ambos partidos catalanes voten la moción. 

La demanda mundial de petróleo y gas natural aumentará durante los próximos 25 años si el mundo no cambia de rumbo, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), debido a la disminución del compromiso de los gobiernos con el cambio climático. Hasta este año, todos los modelos del organismo con sede en París asumían que el consumo de combustibles fósiles alcanzaría su pico en esta década, lo que fue duramente criticado por la industria del petróleo y el gas natural y por la Casa Blanca. Pero en su último informe sobre Perspectivas sobre la Energía Mundial, publicado ayer, la AIE, cuya investigación contribuye a definir las políticas energéticas globales, afirma que si el mundo continúa por la senda actual, la demanda de petróleo y gas natural seguirá aumentando y no habrá una reducción significativa de las emisiones de CO2. Mientras, el crudo cae por el temor a un exceso de oferta. Aunque la AIE vaticinó ayer un prolongado incremento de la demanda de combustibles fósiles ante la falta de compromiso de los países en la lucha contra el cambio climático (ver información principal), el precio del petróleo cayó ayer con fuerza. La cotización del Brent, crudo de referencia en Europa, se desplomó un 3,7%, hasta los 62,7 dólares por barril. Lo hizo después de que la OPEP presentara su informe mensual, en el que si bien confía en un crecimiento de la economía global “estable” y “robusto” tanto este año como el que viene, apuntó a un crecimiento significativo de la producción petrolera en los países no pertenecientes al cartel, con Estados Unidos a la cabeza, donde se prevé un incremento medio del bombeo en más de 22 millones de barriles diarios en 2025. La OPEP también observa aumentos relevantes en América Latina, sobre todo en Brasil y Argentina. 

Las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) generadas por los combustibles fósiles y la fabricación de cemento en el mundo, principales responsables del calentamiento global, volverán a crecer este año. En concreto, un 1,1% respecto a las de 2024, según pronostica el informe Global Carbon Budget. El principal titular, un año más, es que las emisiones aumentarán hasta las 38,1 gigatoneladas. Desde que se firmó en 2015 el Acuerdo de París, que tiene como objetivo fundamental reducir los gases de efecto invernadero expulsados para que prácticamente desaparezcan a partir de mediados de siglo, las emisiones de CO₂ han crecido un 9,8%. El Acuerdo de París fijaba que el incremento medio en la Tierra se debería quedar por debajo de los 2 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales, y en la medida de lo posible por debajo de 1,5. Alrededor de la mitad del CO₂ expulsado por la actividad humana se acumula en la atmósfera durante siglos. De seguir al mismo ritmo que este 2025, en solo cuatro años se agotará el llamado presupuesto de carbono para mantener la temperatura media global por debajo de esos 1,5 grados. De hecho, desde el mundo de la ciencia se considera inevitable que en la próxima década se supere esa barrera de los 1,5 de forma estable. La única opción que quedaría para cumplir con París sería que ese rebasamiento fuera solo temporal, para lo que se requerirían reducciones drásticas de otros gases de efecto invernadero de vida corta en el aire, como el metano, y las inciertas técnicas de captura y almacenaje del dióxido de carbono de la atmósfera.

Una de las palancas con las que cuenta Europa para alcanzar ese objetivo es la captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS). Atrapar, guardar y, a veces, reutilizar los gases contaminantes que genera con su actividad económica. Bruselas apuesta fuerte por esa tecnología, que suscita recelos en el espectro más verde, donde temen que se utilice como excusa para seguir contaminando. Es, sin embargo, la opción más realista para minimizar la huella ambiental de industrias hard to abate (de difícil abatimiento) como cemento, química o metalurgia. En España, estas concentran el 33% de las emisiones, 10 puntos porcentuales más que en el resto del mundo. El problema es que en Europa capturar CO2 sigue siendo más caro que emitirlo. Es la conclusión del informe La oportunidad de la captura de carbono para la economía española de BBVA Research. Este cifra el coste medio de capturar una tonelada de CO2 entre 100 y 200 euros, según el tipo de instalación y fórmula empleada, mientras que el precio de emitirla, en el marco del mercado europeo de derechos (ETS), ronda los 60 euros. La ecuación es sencilla: contaminar sale más barato que descontaminar. «La brecha de costes deja fuera de esa tecnología a España y a todos los demás. La prueba de que aún es más barato emitir, es que de los grandes emisores, ninguno está haciendo inversiones potentes en captura de CO2. El termómetro son las cementeras y el mejor canario en la mina, las plantas de incineración de basura»resaltan fuentes del mercado. Hoy, en casi toda Europa, los proyectos anunciados son de prueba y los planes a escala industrial, una entelequia.