20251123

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Nacho Lekunberri, director gerente de Mutualia desde 2015, se esmera en explicar qué es una mutua; una figura que, reconoce, tiene mucho más de público que de privado debido a su dependencia de la Seguridad Social para casi todo. Una institución, lamenta, que no es todo lo conocida que debería ser y que, sin embargo, tiene una importancia capital, tanto en el ámbito médico de los trabajadores como en el laboral. Máxime, cuando está de plena actualidad el absentismo, fenómeno que en Euskadi ofrece niveles récord y que, señala Lekunberri, es algo «propio de sociedades avanzadas y ricas que debe gestionarse, pero no con buenismo ni poniendo un fisioterapeuta en las empresas». «Es un problema de todos que no se puede achacar en exclusiva a nadie», reflexiona el directivo.  «Nadie sabe lo que es una mutua, ni que a mí no me pagan por ganar dinero. No nos conocen. Nos ponen de cicateros con las bajas y de tener interés económico y nada más lejos de la realidad», sentencia. «El dinero sale de las cuotas de la Seguridad Social», insiste Lekunberri, que resalta que «lo único que hacemos es administrar esos fondos con lealtad y pensando en el bien común, en el bien de todos». «Nos podemos equivocar, pero los criterios son siempre el médico y el jurídico», añade. «Nosotros aportamos valor a la sociedad, generamos bienestar y salud, y lo hacemos siempre con transparencia», explica. Lekunberri, que el mes que viene está previsto que deje su actual responsabilidad para volver a ser gerente adjunto y dar paso a Lourdes Gondra, actual directora de servicios corporativos de Mutualia, desvela que la entidad va a levantar un nuevo hospital en Donostia (en la zona de Miramon, justo frente a Fabrika) en el que invertirá 17 millones de euros y que está previsto que funcione a comienzos de 2028. «Ya hemos comprado la parcela y estamos pendientes de los papeleos habituales con el Ayuntamiento», apunta. Mutualia, incide su máximo responsable, tiene marcada a fuego la ‘cultura de las personas’ y lleva a cabo iniciativas «reales» para promover valores en toda su estructura. Así, mantiene abierto desde hace años el llamado ‘Proyecto Boga’, desde el que «todos los jefes y todos los empleados que quieran, siempre que se responsabilicen, puedan formarse y mejorar como profesionales». «Recibimos formación de Fabrika (Adegi) y de otras entidades, y potenciamos el liderazgo y la participación en la gestión estratégica para generar cantera desde la que crecer», afirma.

Todavía sin llegar a casa tras aterrizar de Londres, la consejera delegada de Eroski, Rosa Carabel, atiende en la primera entrevista que concede tras la colocación de un bono de 500 millones de deuda corporativa en el mercado, que cierra la nueva estructura de financiación de la cooperativa. Ha supuesto reducir a la mitad el coste financiero y dar entrada en el ‘pool’ bancario a Santander, BBVA y Caixabank. Entidades que hace seis años vendieron los créditos que tenían con Eroski. En esos 370 millones prestados por la banca ha entrado también el Gobierno vasco con 38, un peso «relevante». Para Carabel es el cierre definitivo después de un largo camino en el que la deuda rozó los 4.000 millones y, tras recortar su magnitud, tenía pendiente reducir el coste. La compañía trabaja ahora en una expansión con 200 aperturas hasta 2028 y una revisión de su estructura logística. "Lo que ha cambiado es que nos han conocido. Con el primero, en 2023, salíamos a mercados donde no nos conocían, éramos debutantes, del sector alimentario, una cooperativa y con una historia que era la que era. Hemos sabido demostrar cómo trabajamos y nuestro negocio ha ido bien. Eso hizo que nuestro bono cotizara de forma positiva desde el principio. Y ahora lo hemos visto por el interés que ha suscitado y el número de inversores que han venido a nuestras presentaciones...En deuda, estamos en 2,2 veces el ebitda (beneficio antes del pago de impuestos y gastos financieros), que es una situación muy normalizada, pero queremos seguir reduciendo. El objetivo es, en 2027, estar considerablemente por debajo de 2 veces ebitda...En cuanto a la falta de profesionales, tenemos el problema que tiene todo el mundo. Y se habla siempre de los perfiles tecnológicos, pero las dificultades llegan también a la base. En el supermercado, en caja, en reposición o en las plataformas. Aquí, con la atracción del proyecto cooperativo se nota menos, pero en Baleares o Cataluña es terrible. Hay que hacer mucho trabajo para poner en valor este sector porque la imagen del ‘retail’ sigue estando un poco denostada. – ¿También acusan el absentismo? – Claro, no es bajo. Estamos en línea con el sector. En las cooperativas es menor, eso sí, pero en general es muy alto. – ¿Eso es entre un 8% y un 10%? – Sí. Es un problema muy grave..."

Línea directa con Bilbao, Barcelona y Madrid por carretera, conexiones ferroviarias recurrentes con el puerto de Santurtzi y uno de los marcos fiscales más pequeños de Euskadi. La propuesta no podía sonar mejor, pero ha tardado casi dos décadas en calar el interés de las empresas. La batalla por el puerto seco y los duros años de la crisis económicas pusieron a prueba a Arasur, pero lo que hace 20 años –soplará velas en enero– nació como un polígono por despuntar es hoy un parque empresarial prácticamente colmatado. Talgo, Aernnova, Merlin Properties, MRW, B&B o, en el futuro, Amazon, son algunos de los grandes nombres que acaparan el espacio industrial de Rivabellosa, que llega a su vigésimo cumpleaños con el reto de la expansión sobre la mesa. La Diputación, tal y como avanzó este periódico a principios de año, ya tiene en el punto de mira una ampliación hacia Ribaguda. Las negociaciones entre Álava Agencia de Desarrollo –el equivalente provincial de la Spri– y los propietarios del suelo al este de la plataforma empresarial llevan meses en marcha para asegurar los terrenos que permitan dar forma a esa extensión del polígono. ¿Qué quiere el Ejecutivo foral de esa ampliación? Todavía ha trascendido poco, pero lo que se sabe es que pretende habilitar alrededor de 500.000 metros cuadrados más de suelo industrial en el enclave logístico, que ya tiene 1,1 millones de superficie. La ganancia supondría que Arasur crezca en el equivalente a más de una fábrica entera de Michelin o unos 20 estadios de Mendizorroza. Pero aún no hay plazos. Sólo una intención: «Dotar a Álava de suelo en un eje estratégico».

En un momento en el que el comercio online ha impulsado el transporte de paquetería a niveles récord y el camión sigue siendo el medio de transporte de mercancías más importante de Europa, existen 426.000 vacantes en el continente, según los datos de la Organización Mundial del Transporte por Carretera (IRU). A nivel mundial las cifras son impactantes –3,6 millones de puestos sin cubrir, cifra que se duplicará en 2028, según estiman– y España no se queda atrás: faltan 30.000 camioneros para hacer frente a la demanda, un problema que, sin soluciones a corto plazo, se agravará ante la oleada de jubilaciones que se producirán en la próxima década, puesto que la mitad de la plantilla tiene más de 55 años. «Si nadie quiere ser conductor de camión, por algo será. Este trabajo es duro y se debería premiar con un buen salario y unas buenas condiciones, pero nada. Hay que pegarse una paliza a trabajar porque, si no haces horas extras, los sueldos son muy bajos». Manuel, camionero de 43 años residente en Toledo, tiene claro que esta es una profesión «nada atractiva para los jóvenes». Y eso que él es uno de los más jóvenes para el tipo de trabajador que compone el sector. Los datos de Astic (patronal del transporte internacional por carretera) indican que el perfil del profesional del camión es un hombre, de 50 años y con estudios medios. Los asalariados dependen de los horarios que les ponga su empresa, con turnos de mañana, tarde o noche. Pero los autónomos trabajan «de 12 a 14 horas para conseguir un sueldo decente», asegura Manuel. Fernando, conductor sénior con veinte años de experiencia al frente de un camión de reparto, también pone el foco en el sueldo: «Si sacarse el carné son más de 4.000 euros y luego vas a buscar trabajo y no te pagan más de 1.500 o 1.800, no hay mucha gente que quiera meterse en esto».  Desde La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), su presidente, Carmelo González, explica que la falta de conductores es un problema «estructural» que el sector lleva denunciando muchos años. «Nuestro objetivo es hacer atractiva una profesión a la que la gente joven no se quiere acercar», lamenta. 

Para Thibaud Vincent-Genod, director de marketing de Alpine en España y Andorra, el reto actual del sector pasa por «dar confianza al consumidor y ofrecer coches eléctricos que emocionen». En Euskadi, la exclusiva firma deportiva francesa avanza paso a paso, con 17 vehículos Alpine matriculados hasta octubre, con Gaursa como su concesionario oficial en Gipuzkoa. En un contexto de precios altos e incertidumbre regulatoria, la marca francesa mantiene su apuesta por el vehículo eléctrico de altas prestaciones. "Es un momento complicado aunque se observan algunas señales positivas. El vehículo eléctrico ya ha arrancado, pero su crecimiento no está siendo tan rápido como nos gustaría. Las razones son muchas. Cada actor del sector debe aportar su parte: los fabricantes debemos ofrecer coches de calidad a precios razonables, y las administraciones también tienen un papel importante. Creo que uno de los principales problemas es precisamente la incertidumbre. Los conductores no saben qué coche comprar... El principal motivo es el contexto económico. Hoy en día resulta más difícil comprar un coche nuevo. Los precios son altos y muchos prefieren esperar, sobre todo pendientes de posibles ayudas. En Francia, por ejemplo, el ‘bonus écologique’ ha impulsado fuertemente las ventas de eléctricos. Este tipo de incentivos tienen un impacto directo..."

Solo durante el ‘Black Friday’ –que oficialmente se celebra el último viernes de noviembre, pero que ya ha puesto en marcha sus descuentos– el gasto medio será de 379 euros, un 12% más que en 2024, aunque con una notable diferencia entre los consumidores. «Este año se prevé un comportamiento más cauteloso, teniendo en cuenta que la predisposición al gasto no solo depende del poder adquisitivo, sino de la percepción y la confianza sobre la evolución de la economía», explica Enrique Porta, socio responsable del Sector Consumo y Retail de KPMG. Otros análisis coinciden. Los consumidores serán especialmente reflexivos y, sobre todo, precavidos, ante las advertencias en torno a comercios que aprovechan esta época de alto consumo para ofrecer falsas rebajas. «Hay que comprobar si los descuentos anunciados se ajustan a la normativa vigente, que exige que el precio rebajado se compare con el más bajo aplicado en los últimos treinta días», explican desde la OCU. La organización llevó a cabo el pasado año un análisis sobre más de 15.000 productos en sesenta tiendas online de electrónica, con resultados en los que quedó patente que durante estas jornadas los que subieron de precio fueron más de los que bajaron. En concreto, solo un 30% era más barato que el precio mínimo de los meses previos al ‘Black Friday’. En contra, un 43% era más caro, mientras que el resto se mantuvo igual. «Frente a los descuentos publicitados, muchas de las promociones no suponen una rebaja real, lo que genera una percepción de engaño entre los consumidores», advierte la organización.

Durante años, la presencia femenina se ha abierto paso en el sector, aunque aún quedan tareas pendientes y sigue abierto el debate sobre las barreras que frenan una participación que en el último año cayó un 12,5%, pasando del 20% en 2024 al 17,5% en 2025. Así lo ha confirmado el Mapa del Emprendimiento 2025 realizado por South Summit. «Emprender un negocio es muy complicado, sobre todo cuando se empieza sin dinero», reconoce María Castillo (29 años). En 2022, decidió abrir una escuela de danza en Badajoz, la Escuela Oficial de Danza María Montero de Espinosa, en honor a su madre quien había empezado con una escuela similar 30 años antes pero falleció de cáncer. Eso sí, con un plan más modernizado con actividades como barré, ballet, fitness y yoga. Pero «la verdad siempre tuve claro que quería tener mi propio proyecto, no quiero ponerle límites a mi trabajo». Así, la realidad es que no es que las mujeres hayan perdido el interés en emprender, sino que aún persisten algunas luchas en materia laboral y esto se percibe especialmente en España, de nuevo según los datos de South Summit. No es solo que el 17,5% de emprendedoras del país esté por debajo de la media global (25%), sino que, además, es una caída que se desmarca de la tendencia global, que es de crecimiento en la evolución de la presencia femenina. En África, por ejemplo, pasó de un 10,9% en 2024 al 37,4%, mientras que en el conjunto de Europa pasó del 19,6% al 21,9% y en Estados Unidos y Canadá, del 17,1% al 24,6%.

Las promotoras familiares de la burbuja han dado paso a inversores profesionales, sobre todo extranjeros, en un sector que tiene como reto la falta de vivienda asequible. ¿Cuáles son las empresas más poderosas actualmente en el sector? La compañía de inversión y gestión de activos Azora, las promotoras Metrovacesa y Neinor, la multinacional estadounidense Hines, las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis) Colonial SFL y Merlin Properties, el fondo de inversión estadounidense Blackstone y Pontegadea, holding patrimonial e inmobiliario de Amancio Ortega, mueven las piezas del actual monopoly inmobiliario español. Y no sería exagerado decir que los hilos de nuestras vidas, puesto que desarrollan, gestionan e invierten en todo el abanico de edificios que conforman el día a día de cualquier ciudadano: desde las viviendas en las que residimos hasta los edificios de oficinas donde trabajamos y las residencias de estudiantes y la tercera edad que ocupamos, pasando por los centros comerciales en los que compramos, comemos o nos divertimos. Sin olvidar los complejos logísticos y centros de datos, que sostienen la actividad digital y comercial. Todas comparten algo: su peso creciente en un mercado que ha cambiado radicalmente desde la burbuja que estalló en 2008. En ese ciclo, que se fue al traste llevándose por delante a inmobiliarias y entidades financieras, dominaban los verdaderos señores del ladrillo, aquellos que se habían hecho multimillonarios con empresas —mayormente familiares— que aparecían en las listas de las personas más ricas del mundo gracias a que construían cientos de miles de pisos debido a una financiación bancaria que no tenía límite. El sector inmobiliario actual, muy fragmentado sin empresas con grandes cuotas de mercado y con múltiples protagonistas, ya no es así.

"...En España, algunas señales apuntan a un próximo punto de inflexión. La compra de una vivienda cuesta 7,7 veces la renta disponible anual de un hogar, en términos promedios, es decir, un año más de lo que costaba la misma operación antes de la pandemia. Según este indicador, estaríamos en valores próximos a los observados en los prolegómenos de la burbuja inmobiliaria —si bien, en esta ocasión, la dinámica procede del propio mercado, y no del crédito—.El volumen de compraventa se ha desacelerado, particularmente en las zonas más tensionadas como Madrid, Barcelona y algunas regiones costeras. Es probable que el colectivo de hogares que acceden a la vivienda por primera vez sea cada vez más minoritario, habida cuenta del volumen ingente de ahorro necesario para adquirir una vivienda sin haber vendido previamente otra. Comprar en el centro de nuestras principales ciudades cuesta más que en Alemania o Italia, y un poco menos que en Francia, países todos ellos con una renta per capita más alta que por estos lares. Y el alquiler sigue una senda similar, a medida que los contratos de arrendamiento van venciendo. El cambio de tendencia es, asimismo, perceptible en el segmento de vivienda nueva, que es el más caro, y también el más reactivo a la elevación de la oferta. Esta es precisamente la prioridad: acelerar la construcción, prioritariamente la asequible. Las soluciones son sobradamente conocidas, y también los frenos, caso de la liberación de suelo construible, por ejemplo. Pero la tecnología avanza, y nuevos materiales de edificación se han ido desarrollando, facilitando la reducción de los plazos de ejecución de las obras y de los costes de producción..."

El Pleno del Congreso debatirá y votará el próximo martes una proposición de ley de Sumar que reforma la Ley de Vivienda de 2023 para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España. El objetivo de esta modificación, propuesta por Sumar, es «poner freno» a la especulación en el mercado de la vivienda, según el portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís Alberto Ibáñez. La propuesta argumenta que el derecho de disfrute de la vivienda se predica de las personas físicas, que son las que pueden usar y disfrutar la experiencia de habitar una vivienda con todo lo que ello implica. Y según el grupo parlamentario, la propiedad de inmueble residenciales en manos de personas jurídicas no responde a este derecho, sino a la concepción de la vivienda como bien de inversión para obtener beneficios económicos.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, recriminó ayer a la CEOE su negativa a firmar la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales, algo que ha tachado de «inaceptable» ante accidentes como la muerte de dos mineros el viernes en un derrumbe en la localidad asturiana de Cangas del Narcea. Durante su intervención en la conferencia política de Sumar, la también ministra de Trabajo explicó que llevan trabajando quince meses en esta reforma en la mesa de diálogo social entre el ministerio, sindicatos y patronal. Según relató, ya tienen «todo listo» para modernizar este marco legal de prevención y solo están «a la espera de la patronal». «La disputa es sencillamente si quieren firmar ese acuerdo o no», enfatizó, y apostilló que no caben «intereses partidistas» a los que está «jugando» la CEO, según denunció Díaz.

Menos personas que trabajan implica menos contribuyentes al fisco, por lo que la pregunta cae por su propio peso: si las máquinas y los algoritmos sustituyen a los humanos en sus trabajos, ¿también deberían asumir los impuestos que estos dejan de pagar? El factor trabajo, vía IRPF y cotizaciones sociales, es uno de los pilares de los sistemas fiscales de la práctica totalidad de los países, y el impacto de la automatización en las bases imponibles —o, dicho en otras palabras, la merma que puede generar en la recaudación— no es la primera vez que preocupa. En 2019, el Nobel Edmund Phelps planteó un impuesto a los robots para financiar las prestaciones sociales. Poco antes lo había hecho Bill Gates, fundador de Microsoft: propuso aplicar a los robots la misma carga fiscal que soportaría el trabajador al que sustituyen. “La tendencia hacia la automatización y la IA podría provocar una disminución de los ingresos fiscales. En Estados Unidos, por ejemplo, cerca del 85% de la recaudación federal proviene de las rentas del trabajo”, afirma Sanjay Patnaik, director del Centro de Regulación y Mercado del think tank estadounidense Brookings Institution. Sugiere que los Gobiernos aborden “los riesgos que plantea la IA” elevando la tributación del capital en lugar de crear un impuesto específico sobre ella, por las dificultades en su diseño y las distorsiones que podría generar. El uso reiterado del tiempo condicional se debe a que el impacto de la IA generativa, aquella capaz de crear contenidos bajo órdenes, es aún incierto, tanto en términos positivos —mejora de la productividad y del crecimiento económico— como negativos — destrucción de empleo—. Aun así, las previsiones divergen. Goldman Sachs calcula que la IA elevará el PIB mundial un 7% en la próxima década, y el FMI, que sumará hasta ocho décimas anuales al crecimiento hasta 2030. Por otra parte, la Organización Mundial del Trabajo calcula que uno de cada cuatro trabajadores en el mundo, concentrados en los países de altos ingresos, desempeña una ocupación con cierto grado de exposición a la IA, pero al mismo tiempo pronostica que la mayoría de los empleos se transformen en lugar de desaparecer.

Existe, en resumidas cuentas, un Make the dollar great again (Hagamos que el dólar vuelva a ser grande) en ciernes. El Gobierno está desarrollando de forma muy agresiva el mercado de las stablecoins (una criptomoneda de valor estable que sirve como sistema de pagos alternativo a la moneda corriente), cuya práctica totalidad en el mundo está vinculada a la divisa estadounidense. Este bum, que ya alcanza cifras astronómicas, supone una nueva forma de dolarización indirecta. En paralelo, según avanzó Financial Times a principios de este mes, altos cargos del Gobierno han explorado la posibilidad de animar a otros países a adoptar la moneda, como hicieron Ecuador y El Salvador hace 25 años, y han mantenido reuniones a tal efecto con diferentes expertos, entre ellos, Steve Hanke, veterano especialista en inflación y moneda de la Johns Hopkins, conocido en algunos ámbitos como “doctor Dinero”. Hanke ha confirmado el encuentro, mantenido justamente en momentos de turbulencias en Argentina, si bien recalca, al igual que hizo el Gobierno al surgir la información, que no hay decisiones tomadas al respecto: “Mientras la Administración de Trump tiene una política bien articulada sobre las stablecoins basadas en dólares, aún debe establecer una estrategia más integral para promover el uso del dólar”, afirma. Las stablecoins son monedas tan virtuales como todas las cripto, pero diseñadas para mantener un valor menos volátil y están ligadas a un activo concreto. Se utilizan tanto para el propio intercambio de otros criptoactivos, el pago de bienes o los envíos de dinero internacionales. Hoy, el 99% de todas las que circulan por el mundo —y son ya 225.000 millones, según JPMorgan— están denominadas en dólares. Es una suerte de dólar digital, pero emitido por el sector privado, a diferencia de las iniciativas de la zona euro o de Pekín.

Según el último sondeo de Ipsos, sólo un 13% de la población se declara satisfecha con su gestión, frente a un 79% que expresa descontento, los peores datos (-66 puntos) de la consultora. Como subrayó su analista Keiran Pedley, «ningún primer ministro ha registrado un nivel de insatisfacción tan alto desde que existen nuestros registros». Esa erosión sostenida se explica en parte por la distancia entre las promesas del proyecto laborista y la realidad económica del país. Tras el entusiasmo inicial de su llegada a Downing Street, las dificultades para impulsar reformas tangibles en vivienda, sanidad o transporte, unidas al deterioro del sistema público de salud y a una inflación persistente, han debilitado el discurso de cambio con el que Starmer conquistó a amplios sectores del electorado. En las últimas semanas, por poner solo un ejemplo, los vaivenes de su equipo económico, que primero reconoció y luego descartó una subida del impuesto sobre la renta, ha acentuado la percepción de improvisación y ha abierto grietas en el gabinete. Hace unos días, una serie de filtraciones del propio entorno del primer ministro insinuaban que Starmer estaba dispuesto «a resistir cualquier intento de sustituirlo», según reveló la BBC, una prueba de que entre las filas ya se habla de su salida. Incluso uno de los suyos, el diputado laborista, Clive Lewis, pidió abiertamente la dimisión de Starmer y propuso el regreso al Parlamento del alcalde de Manchester, Andy Burnham.

La COP30 de Belém, anunciada como la «cumbre de la verdad», concluyó ayer con una sensación general de oportunidad perdida, tras la decisión de la Presidencia de Brasil de excluir del acuerdo final la hoja de ruta para el fin de los combustibles fósiles. La iniciativa, impulsada por una coalición de 80 países encabezados por la UE, chocó con la oposición frontal del bloque árabe, de los productores de petróleo y de un grupo de países emergentes. El texto final provocó la frustración de decenas de delegaciones, así como de los representantes de la sociedad civil y de la comunidad científica. «Sé que muchos de ustedes tenían ambiciones más altas», reconoció el presidente de la COP30, André Corrêa de Lago, ante los delegados de 195 países. Los intentos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prometió «una hoja de ruta para una transición justa, ordenada y equitativa» en el arranque de la cumbre, cayeron en saco roto. Como contrapunto, la Presidencia brasileña respaldó la iniciativa emprendida por Colombia y Países Bajos para organizar la primera Conferencia para una Transición Justa, que se celebrará en abril de 2026. «Es frustrante lo ocurrido [la exclusión de la hoja de ruta de los combustibles fósiles] si tenemos en cuenta que es lo necesario para hacer frente a la crisis climática», reconoció la directora ejecutiva de la COP30, Ana Toni. «Pero no había un consenso, aunque Brasil seguirá intentándolo durante el año en que ostenta la Presidencia». El texto final pasó de puntillas por la cuestión de la deforestación.

El tráfico de drogas y la violencia de las bandas organizadas se han convertido en un asunto de Estado en Bélgica. Los tiroteos se suceden cada semana en Bruselas, el exministro de Justicia Vincent Van Quickenborne estuvo amenazado y tuvo que llevar escolta para protegerse de las mafias de la droga y, recientemente, una jueza de instrucción de Amberes ha advertido de que el país se parece cada vez más a un «narcoestado». Y es que el muelle de la ciudad flamenca de Amberes es la principal puerta de entrada de la droga en el continente. La lucha contra estas mafias empieza en los hangares, donde los agentes de aduanas revisan las mercancías que entran al país. Las instalaciones del Puerto de Amberes son más grandes incluso que la propia ciudad que le da nombre y el gran número de contenedores que recibe hace imposible controlarlos todos. Según explica una portavoz de las Aduanas Federales a este diario, los empleados de esta división suelen llevar a cabo un análisis de riesgo para elegir y analizar aquellos que tienen más probabilidades de contener droga. «Los que provienen de países latinoamericanos los analizamos más en detalle», admite. Los trabajadores cuentan con escáneres fijos y móviles –disponen de catorce– y unidades de perros adiestrados para detectar rastros de cocaína, la principal sustancia que llega al país. En lo que va de año, se han incautado 30.575,1 kilos de droga en el Puerto de Amberes. 

El presidente chino, Xi Jinping, no esconde nunca que su objetivo es integrar a Taiwán en el régimen comunista que lidera. Y la vía preferida para conseguir esa reunificación es la pacífica. Sin embargo, tras las protestas prodemocracia de Hong Kong que han reafirmado el carácter autoritario de Xi, la opinión pública taiwanesa es cada vez más contraria a esa reconciliación política. Así se demuestra tanto en las elecciones que dan la presidencia a los independentistas como en las encuestas que inquieren al respecto. Por lo que a Xi solo le quedaría la consecución de su meta por la fuerza. Eso sí, con una invasión se arriesgaría a abrir un conflicto que muchos analistas consideran potencialmente precursor de una Tercera Guerra Mundial. No obstante, eso dependería sobre todo de la actitud que tomen las grandes potencias. La última en posicionarse ha sido Japón, donde su nueva primera ministra, Sanae Takaichi, ha afirmado que esa invasión supondría una «amenaza para la supervivencia» del país del Sol Naciente y, que, por lo tanto, acudiría a su rescate... En cuanto a Venezuela, al gobierno de Donald Trump no le faltan capítulos de la historia a los que recurrir para anticipar sus acciones en ese país, en cuyas inmediaciones ha desplegado un enorme poderío naval liderado por el portaaviones más avanzado de su flota, el ‘USS Gerald Ford’, para combatir al narcotráfico. Es una escalada bélica que ayer ya tuvo su primer efecto: al menos seis aerolíneas, entre ellas Iberia, decidieron cancelar sus vuelos al país después de que la Autoridad Federal de Aviación estadounidene instase a «extremar la precaución» por «la situación potencialmente peligrosa» en la región y el aumento de los vuelos militares . El presidente Nicolás Maduro está convencido de que el objetivo de Trump es derrocar a su régimen y él es el primer interesado en invocar los fantasmas de todas las intervenciones de EE UU, desde Vietnam hasta Irak, en un siglo que ilumina el mapa sudamericano con destellos prestados de Teherán, Managua, Bagdad o Panamá...