20251118

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El departamento de Economía elaborará un estudio sobre el Índice de Calidad en el Empleo en Euskadi. Así lo ha trasladado ayer el vicelehendakari segundo y consejero del área, Mikel Torres, tras finalizar la ronda de contactos que venía manteniendo desde el jueves con sindicatos y patronal. La última cita, tras el rechazo de ELA y LAB de acudir a los encuentros, se celebró ayer con Confebask. Tras ésta, Torres avanzó que convocará en los próximos meses una Mesa de Diálogo Social en la que «se llegará a acuerdos importantes en los que se está trabajando». El consejero defendió que los encuentros han servido para abordar las principales preocupaciones laborales y económicas tanto para las centrales como para la representación empresarial. Entre otras cuestiones se han puesto sobre la mesa asuntos como el salario mínimo, los trabajos de la mesa de diálogo social, la necesidad de la Formación Profesional para el empleo, la Ley de Participación Institucional y las autorizaciones de trabajo para personas extranjeras, unos trámites que el Gobierno vasco gestiona parcialmente desde el pasado 1 de julio. Como ya recogió el consejero durante la presentación de los presupuestos, también elaborarán el próximo año un estudio sobre Incapacidad Temporal en Euskadi que quiere servir para contar con un diagnóstico «exhaustivo y equilibrado» de las bajas laborales que se producen en el territorio, y que siguen encabezando las listas de toda España. Según anunciaron, se centrará en el análisis de las causas y las medidas de prevención que se pueden adoptar para combatirlas. Ver más en Confebask. 

Iberdrola y el Gobierno vasco se alinean en la necesidad de acelerar la inversión en redes inteligentes para impulsar la competitividad industrial en Euskadi. "Invertir en redes no es solo una cuestión técnica, sino una decisión estratégica para garantizar un suministro fiable, eficiente y sostenible que refuerce nuestro tejido económico", ha afirmado durante su vista al pabellón que Iberdrola tiene en ENLIT Europe, la mayor feria internacional para la transición energética que abre sus puertas este martes en el BEC (Bilbao Exhibition Center). El encuentro institucional ha tenido lugar en el stand de la compañía, donde el foco de la conversación se ha centrado en el papel estratégico de las redes eléctricas. Durante la visita, Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola en España, ha asegurado que invertir en estas infraestructuras supone mejorar la seguridad, la eficiencia y el crecimiento económico de todos, ya sean pequeños clientes domésticos como grandes consumidores industriales.  El responsable de Iberdrola ha coincidido con la visión de desarrollo país, indicando que es imprescindible contar con un marco regulatorio estable y predecible que estimule la inversión en redes. Asimismo, ha destacado la conexión directa entre la inversión y la calidad: "Cada euro destinado a la modernización y digitalización de las redes eléctricas tiene un impacto directo en la calidad del suministro". En la visita, han estado acompañados, además, por Asís Canales, delegado de Iberdrola en el País Vasco y director Global de Personas y Recursos de Iberdrola y CEOs de empresas referentes en Euskadi como Arteche, Ingeteam, u Ormazabal. 

La compañía guipuzcoana SAPA, cerró ayer con el lehendakari, Imanol Pradales, unaronda de visitas institucionales que ha mantenido tras la firma el mes pasado de su mayor contrato. La firma, especializada en la fabricación de transmisiones para carros de combate de Defensa, rubricó un acuerdo con la estadounidense General Dynamics por 5.000 millones. Todo un espaldarazo a su capacidad tecnológica de la empresa vasca, que tiene un 8% de Indra y un asiento en su consejo de administración. El consejero delegado SAPA, Jokin Aperribay, y su director de estrategia, Ibon Aperribay, estuvieron con el lehendakari en la sede de la presidencia vasca. La visita se suma a la que ya mantuvieron en La Moncloa el pasado 3 de noviembre. En el encuentro ayer, los hermanos Aperribay trasladaron a Pradales la estrategia de la empresa y comentaron la situación del sector de Defensa, que está recibiendo importantes inversiones. La reunión se celebró cuando la relación de SAPA con Indra atraviesa por un momento convulso. La empresa participada por el Gobierno central es socia de la vasca junto a EM&E (la empresa familiar del presidente de Indra) y General Dynamics (a través de su filial Santa Bárbara) en el consorcio Tess Defence. Es el que se ha adjudicado la entrega de 397 blindados, los ‘8x8 Dragon’, por 2.500 millones del Ministerio de Defensa. 

El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció ayer la imposición de nuevas sanciones al constructor ferroviario por nuevos retrasos en las entregas de las unidades comprometidas. Asimismo, el titular de Transportes señaló que el Gobierno central pedirá un puesto en el consejo de administración de Talgo una vez se formalice el traspaso accionarial por el cual el 29,7% de los títulos de la propiedad de la empresa pasen a mano del consorcio vasco, una operación que será completada con la participación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a través de un préstamo convertible. El propio Puente remarcó la importancia de la entrada del consorcio vasco, una incorporación que definió como “vital para España” y en la que “se lleva trabajando mucho tiempo”. La noticia de nuevas sanciones a Talgo –de la que no hubo reacción por parte de la empresa ni tampoco por el consorcio vasco– es un obstáculo más para Talgo, aunque no se espera que altere la dirección prevista en la operación. De hecho, la multa de 116 millones de euros impuesta el año pasado por Renfe a Talgo -motivada por los retrasos en las entregas de la serie 106, denominados trenes Avril- ya supuso más de un quebradero de cabeza para el grupo vasco. En este caso, Puente avanzó que el fabricante de trenes tendrá que hacer frente a nuevas multas de Renfe por el retraso en la entrega de los trenes de la serie 107. Puente aseguró que el pago de esa multa –que no cuantificó– es “impepinable”, ya que subrayó que los contratos tienen que cumplirse, aunque abrió la puerta a ofrecer cierta flexibilidad para su pago.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció ayer que se podrá circular entre Madrid y Barcelona a 350 kilómetros por hora (50 kilómetros por hora más que en la actualidad) gracias a los cambios en la infraestructura que el Gobierno tiene previsto acometer, dentro de un plan de renovación de una línea que se inauguró en 2008. “Para aumentar capacidad, solo hay dos alternativas: construir más carriles o aumentar la velocidad. La primera opción no es factible, por lo que se ha optado por la segunda, que supone no solo que los viajeros lleguen antes, sino que se generen más surcos (horarios) a disposición de los operadores ferroviarios, de forma que con el mismo material rodante se podrán prestar más servicios”, señaló ayer el titular de Transportes. Como indicó ayer Puente, la velocidad es una cuestión de mejora de las infraestructuras, pero también de material rodante. Actualmente, en España circulan cuatro tecnologías de alta velocidad, las prestadas por Talgo, Alstom, Siemens e Hitachi. Solo uno, el Velaro de Siemens, que conforma la Serie 103 de Renfe para el Madrid- Barcelona, es capaz de mantener una velocidad comercial igual o superior a 350 kilómetros por hora. No la supera por los límites de seguridad que impone la actual infraestructura. Ante velocidades altas, a partir de 320 kilómetros por hora, la circulación provoca un efecto de levantamiento del balasto (material sobre el que se apoya la vía) que daña el bajo de los trenes.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, arrojó ayer un jarro de agua fría sobre la expectativa de que España cuente a medio plazo con una conexión de alta velocidad con Francia por Irún. El plan de enlazar Lisboa con Madrid y París –pasando por Euskadi–, que la Unión Europea considera «prioritario», es aún una quimera por la «falta de voluntad» al otro lado de la muga. Hace apenas dos semanas, la Comisión Europea daba a conocer sus planes para desplegar la alta velocidad. Una hoja de ruta para hacer realidad el viejo anhelo de conectar todo el continente con una red ferroviaria de primer nivel que permita ser competitivos en el plano económico y contribuir a sacar vehículos de las carreteras y cumplir así con los objetivos climáticos. Ese plan, que prevé una descomunal inversión público-privada de 550.000 millones de euros, se va a desarrollar en dos etapas. Para 2040 se prevé unir todos los estados miembro, lo cual necesita un importante impulso en los países del este de Europa. Antes, en 2035, la Comisión quiere que los tramos considerados «estratégicos», los que conectan las principales capitales económicas, entre en funcionamiento. Uno de esos ejes es el Lisboa-Madrid-París. En un desayuno informativo organizado por ‘Europa Press’, el ministro Puente hizo ayer un ejercicio de crudo realismo al constatar que «no hay voluntad» en el lado francés para extender su potente red de alta velocidad hasta la frontera con Irún. Eso implicaría construir un tramo desde Burdeos hasta Dax y después llevar un ramal hasta Hendaia. La última previsión anunciada por el Elíseo contempla iniciar las obras como pronto en 2042, mucho después de lo que prevé la UE.

Centros comerciales, hoteles y suelo residencial copan la actividad, ya que el capital para activos de uso industrial se desploma un 76%. La inversión privada para comprar, desarrollar o alquilar suelos y superficies para el desarrollo de actividades empresariales en Euskadi está registrando un gran movimiento en este 2025. En total, el desembolso realizado en los tres primeros trimestres del año asciende a 450,6 millones. Una cifra que permite augurar un año récord cercano a 2018, cuando se contabilizaron 495 millones en todo el año. Los datos enmascaran, en cambio, un problema estructural del País Vasco: la falta de suelo industrial y lo elevado de su precio. Una situación que hace que la inversión para desarrollar y comercializar este tipos de infraestructura haya caído un 75% hasta septiembre con 23,5 millones, la cifra más baja en siete años. Los inversores han orientado sus operaciones hacia los centros comerciales, los hoteles y el suelo residencial. Estos sectores han acumulado un total de 427,5 millones, lo que supone un incremento del 24,7% respecto al pasado año. Entre esas operaciones se cuenta la compra de las instalaciones del Centro Comercial Ballonti en Portugalete (Bizkaia) y la adquisición por parte de fondos de inversión de varios activos inmobiliarios ocupados por hoteles. Así, el ‘retail’ –superficies destinadas a uso comercial– han centrado operaciones por 179 millones, el suelo residencial otra de 131 millones y los hoteles han recibido inversiones por 112 millones, la cifra más alta registrada en País Vasco desde 2018, cuando alcanzó los 120 millones. En muchas ocasiones estas adquisiciones son protagonizadas por fondos de inversión que se hacen con los activos para sacar rendimiento a costa de los alquileres cobrados a los gestores hoteleros.

Eroski ultima el lanzamiento de bonos senior garantizados por un importe nominal de 500 millones de euros, a tipo fijo y con vencimiento en 2031. Con esta operación, busca amortizar sus obligaciones subordinadas y su última emisión de deuda de hace dos años, que se fijó con un interés del 10,63%, nivel que el grupo considera un “peaje” que tuvo que asumir por ser emisor nuevo y, además, una cooperativa. El tipo de interés y el precio de la próxima emisión están aún por concretar, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los intereses se pagarán semestralmente y los bonos contarán con garantías reales y de algunas de las filiales de Eroski. Pese a la prudencia obligada hasta que se fijen las condiciones, desde el grupo de distribución dan por hecho que se abaratará sensiblemente el 10,63% de interés de los bonos de 2023, que vencen en abril de 2029 y que espera amortizar de manera anticipada. La emisión irá acompañada de un nuevo contrato de financiación, al igual que hizo en 2023 con la refinanciación de deuda por 703 millones hasta 2029. Con los fondos que obtenga, Eroski amortizará, además de los últimos bonos, las obligaciones subordinadas que vencen en dos años y cuyo montante ronda los 209 millones. También espera repagar préstamos.

La última reforma fiscal de Gipuzkoa suaviza las condiciones de la cuenta vivienda que disfrutan alrededor de 3.000 jóvenes. Por un lado, se amplía de 6 a 10 años el plazo sin penalización si no se materializa la compra. Por otro, Hacienda permite ahora a los contribuyentes reintegrar solo la deducción del año más antiguo, frente a la devolución total exigida antes. La reforma fiscal de Gipuzkoa ha introducido un cambio sustancial en el sistema de penalización de la cuenta vivienda, especialmente para los contribuyentes menores de 36 años. Esta modificación, que entró en vigor el 1 de enero de 2025, transforma radicalmente el impacto económico cuando finaliza el plazo sin que se haya adquirido la vivienda habitual. De esta manera, el fisco guipuzcoano permite ahora a los contribuyentes reintegrar solo la deducción del año más antiguo, frente a la devolución total exigida antes de la reforma fiscal aprobada este año. La Hacienda foral registra cada año, en el marco de la campaña de la Renta, alrededor de 3.000 contribuyentes adheridos a una cuenta vivienda, una cifra que se disparó en 2023, cuando se alcanzó el récord desde 2012 con 3.806 guipuzcoanos acogidos a este incentivo fiscal. Esta cifra bien podría subir en los próximos años, ya que la edad para beneficiarse de las ventajas fiscales en materia de vivienda pasa de los 30 a los 36 años. Será en la campaña de la Renta de 2026 cuando se conozca este dato.

El Ministerio de Hacienda presentará a comienzos del próximo año una propuesta de reforma integral del sistema de financiación autonómica –que lleva pendiente de acometerse desde 2014– con la que promete aportar más fondos a todas las comunidades, tener en cuenta las singularidades de los diferentes territorios, y con la que abre la puerta a traspasar una mayor cuantía de los impuestos estatales a las regiones, efectuando además su pago inmediato. Así se lo anunció ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los consejeros autonómicos del ramo durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, avanzando que su plan pasa por volver a convocarles a un Consejo específico en el que presentarles la reforma “en los próximos meses, entre enero y febrero” de 2026. Montero ya hizo una primera tentativa de abordar la reforma a finales de 2021, cuando remitió a las regiones una propuesta de revisión de la población ajustada bajo criterios como la despoblación, la dispersión de los vecinos o la insularidad como punto de partida para recalcular el reparto de fondos. “Lamentablemente, las comunidades autónomas no abandonaron sus posiciones de máximos, lo que imposibilitó llegar a un consenso” incluso entre las regiones del mismo signo político, aseveró ayer Montero en rueda de prensa, para justificar que tras dicho fracaso en esta ocasión Hacienda optará por “presentar la totalidad del modelo de una sola vez”, ofreciendo el resultado final que tendría aplicar todas las variables para que cada territorio pueda ver cómo le afectaría.

Telefónica comunicó ayer a los sindicatos el nuevo proceso de regulación de empleo que afectará a miles de trabajadores de siete filiales del grupo. El nuevo ERE estará incluido en la previsión de ahorro de 3.000 millones de euros hasta 2030 del plan estratégico que la compañía presentó el pasado 4 de noviembre y el noveno en los últimos 25 años en los que han sido despedidas más de 45.000 personas. Serán siete empresas afectadas por el ERE, según confirmaron fuentes sindicales a este periódico: Direcciones de Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+. De esta forma la empresa activó ayer el procedimiento y en una semana, el lunes 24 de noviembre, se celebrará la siguiente reunión en la que se comunicará la cifra inicial de afectados, que diferentes fuentes cifran entre 4.000 y 7.000 personas. Hay que tener en cuenta que en el último despido colectivo la compañía comenzó proponiendo 5.100 bajas aunque finalmente se cerró con 3.400 salidas tras la negociación con los sindicatos, y podría ocurrir lo mismo en esta ocasión. Desde los sindicatos mayoritarios (UGT, CC OO y Sumados-Fetico) trasladaron su rechazo a estos nuevos planes y exigieron la negociación en paralelo de todos los convenios colectivos con una vigencia mínima hasta 2030 para garantizar «estabilidad, coherencia con el plan estratégico y protección de los derechos laborales», explicaron fuentes de UGT.

Las operadoras europeas de telecos se enfrentan en el futuro inmediato a la posibilidad de que la Comisión Europea convierta en obligatoria la prohibición de utilizar equipamiento de fabricantes chinos como Huawei y ZTE en las redes de los operadores de telecomunicaciones de la Unión Europea. Además, la Comisión Europea también está valorando extender el veto a la industria china no sólo a las redes móviles de 5G, como ocurría hasta ahora, sino a las redes fijas de fibra hasta el hogar (o la empresa) y a las grandes redes troncales por la que transitan los datos de las redes de fibra FTTH y de las redes móviles. Esa posibilidad supone un reto enorme para las operadoras europeas, porque de convertirse en realidad, multiplicará el coste de sustitución de los equipos. En España, una decisión así podría tener un coste global cercano a los 4.000 millones de euros y un largo tiempo de implantación de varios años, según señalan expertos consultados. Solo para Telefónica, el grupo que tiene la red más grande (tanto fija como móvil, y la mayor red troncal) el coste podría situarse cercano a los 1.000 millones de euros. Y eso teniendo en cuenta que Telefónica no tiene equipos chinos en sus redes de radio de telefonía móvil 5G en España (como tampoco en Reino Unido, pero sí en Alemania, donde el cerca del 45% de su red es de Huawei y el resto de Nokia), que es la parte, con diferencia, más cara de sustituir porque se trata de decenas de miles de equipos desplegados por el territorio.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, anunció ayer que, en el marco de la negociación del proyecto de Presupuestos para 2026, Sumar exigirá a su socio de Gobierno, el PSOE, una “tasa Trump” para gravar las ganancias de los cinco gigantes tecnológicos estadounidenses que operan en España, en referencia a Alphabet (Google), Apple, Amazon, Microsoft y Meta (Facebook). “Lo que no puede ser es que cinco big tech no paguen impuestos en nuestro país, no los paguen en Europa y no los paguen en el mundo”, aseguró Díaz durante su participación en unas jornadas, donde añadió que lo que “les vamos a pedir es que bajen de la nube y pasen por la Hacienda Pública española”. No deja de sorprender que la líder de Sumar fuera tan tajante en sus afirmaciones soslayando que las grandes tecnológicas no solo están sujetas, como cualquier otra empresa, al Impuesto de Sociedades, sino que además desde 2021 deben hacer frente a una tasa específica, el Impuesto sobre determinados Servicios Digitales, conocido popularmente como Tasa Google, aprobado por el mismo Gobierno del que Díaz forma parte (aunque entonces todavía no existía Sumar, ella ya era ministra de Trabajo). Dicha tasa grava al 3% las operaciones de publicidad online, intermediación digital y venta de datos de usuarios por compañías que facturen al menos 750 millones globalmente (3 de ellos en España). Los ingresos por ese tributo han ido creciendo en sus primeros años en vigor, pasando de 166 millones en 2021 a 375 millones en 2024. Sin embargo, esa última cifra sigue estando lejos de las aspiraciones del Gobierno, que en un principio preveía recaudar alrededor de 1.000 millones.

Nuevo ola de reproches del Ministerio de Trabajo a la patronal española. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, acusó a la CEOE de «calentar la silla» y torpedear la nueva ley de prevención de riesgos laborales, que busca actualizar una norma que tiene ya 30 años con el objetivo de reducir las muertes por accidentes de trabajo. El Gobierno lleva 21 meses negociando con los sindicatos y la patronal una actualización de la ley para llenar sus vacíos y reconocer los nuevos riesgos del siglo XXI que están haciendo «mella» en la salud de los trabajadores, como los riesgos digitales que afectan a la salud mental o los climáticos. Pero tanto Trabajo como UGT y CC OO denuncian una posición de los empresarios de negativa a avanzar en este campo. «Hoy –por ayer– hemos tenido una nueva mesa de diálogo social sobre la prevención de riesgos laborales y, una vez más, la patronal no ha hecho los deberes en esa mesa», denunció Pérez Rey, quien lanzó un ultimátum a la CEOE para que se posicione antes de que termine el mes y presente una propuesta o, de lo contrario, legislarán solo con los sindicatos.

Recta final para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) apruebe las circulares de retribución a las redes, un concepto clave para las cuentas de resultados de las eléctricas que se cargará contra la factura de todos los consumidores en los próximos seis años (2026-2031). El trámite de elaboración de las circulares de metodología y tasa de retribución financiera de las líneas que hacen llegar la luz desde las plantas de generación a los hogares y puntos de consumo se encuentra en el Consejo de Estado, que tendrá que pronunciarse acerca de las mismas. Con anterioridad, el Ministerio para la Transición Ecológica tuvo que elaborar un informe dando su parecer. Y en dicho documento remitido por la CNMC al propio Consejo de Estado, el departamento que lidera la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha incluido dos comentarios clave en los que avala una eventual mejora de la retribución, según confirman fuentes al tanto del mismo. En primer lugar, el Gobierno pide que se tengan en cuenta las orientaciones de política energética y se fomente la descarbonización y la electrificación. En este sentido, señala que el regulador no ha introducido cuál es la retribución a las redes de gas para poder ver más claro cuánto se incentiva la electrificación buscada. 

La Comisión Europa eleva las expectativas de avance del PIB en España hasta el 2,9%, más del doble que la media europea. En este caso, el crecimiento se revisa al alza en tres décimas respecto a la previsión de primavera y en seis décimas si se tienen en cuenta las referencias ofrecidas por Bruselas hace un año. “Se prevé que la actividad económica esté impulsada por la demanda interna, respaldada por un sólido desempeño continuo del mercado laboral que sostiene el consumo privado, y por la contribución de la inversión”, asegura el Ejecutivo comunitario. Fuentes cercanas a Bruselas explican que España se beneficia de su exposición “casi insignificante” al comercio con Estados Unidos y otros riesgos globales que han afectado a la confianza de los consumidores europeos. En el caso de España, la demanda interna se ha mantenido fuerte ante unos consumidores que ganan poder adquisitivo conforme se controla la inflación y apoyándose en la solidez del mercado laboral. El crecimiento del empleo, uno de los motores del crecimiento de España en los últimos años, se acelera todavía más según los cálculos de la Comisión Europea, que anticipa que acabará el año con un impulso del 2,6%, nada menos que cinco décimas por encima de lo barajado en primavera. Esta situación permitirá reducir la tasa de desempleo hasta el 10,4% este año y alcanzar el hito de perforar la barrera del 10% ya en 2026, cuando el año se cerraría con una tasa de paro del 9,8%. “El aumento previsto del empleo se debe principalmente a la continua afluencia de inmigrantes, que está ampliando la fuerza laboral e impulsando el ritmo de creación de empleo”, apunta la Comisión Europea. 

La inflación ya no es problema para el BCE, está cerca del 2% y continúa en su camino de converger a ese nivel en el medio plazo, señaló ayer en un discurso en Fráncfort el vicepresidente de la institución, Luis de Guindos. Su mensaje puso el foco en las vulnerabilidades que, en su opinión, se están registrando en los mercados financieros, tras un intenso rally bursátil muy concentrado en los valores tecnológicos, y sobre el que ya han advertido otras instituciones económicas y monetarias como el FMI, el Banco de Inglaterra o el Banco de España. Para Guindos, la complacencia, “la aparente desconexión entre la incertidumbre que reina en torno a la política económica y la benignidad de los precios de mercado dejan la puerta abierta a cambios bruscos en el sentimiento”, un riesgo que se amplifica ante el creciente peso que están tomando las entidades no financieras y que puede llegar a convertir una perturbación local en una crisis sistémica. En el ADN de los bancos centrales está el análisis de los riesgos y las advertencias sobre los excesos que se acumulan en los mercados y el conjunto del sistema financiero. El BCE publicará en un par de semanas su informe bianual sobre Estabilidad financiera y Luis de Guindos lanzó ayer un avance sobre las señales que ya preocupan a la institución.

España solo ha reducido un 6% los gases de efecto invernadero respecto a 1990, pero se espera un salto en el apoyo a las renovables. “No es una utopía”, afirma un experto. En los próximos 15 años, España tiene que cumplir con unos compromisos de reducción de los gases de efecto invernadero dentro de la UE que se espera terminen de cambiar por completo su sistema energético e introduzcan importantes novedades para los ciudadanos. A pesar de no soplar vientos muy favorables para la lucha climática, el país debe reducir un 32% las emisiones que causan el calentamiento del planeta en 2030, respecto a 1990. Como explica Luis Rey, investigador del Basque Centre for Climate Change (BC3), aunque prácticamente no se ha avanzado en sectores claves como el del transporte o el residencial, sí se han conseguido progresos significativos en el eléctrico, por la gran expansión de tecnologías limpias como la fotovoltaica y la eólica, y el cierre de las centrales de carbón. Según Red Eléctrica de España (REE), en 2024 España consiguió generar ya el 56,8% de la electricidad anual con energías renovables y este 2025 está por el 56%. El objetivo marcado por el Gobierno para 2030 es alcanzar el 81% y, pese a todo el ruido contra estas tecnologías tras el histórico apagón de abril, su avance parece imparable. Según los últimos datos del inventario de 2024, en estos momentos el transporte es el sector que más contribuye al cambio climático en España, con un 33,3% de las emisiones del país (un 30,9% por los vehículos que circulan por las carreteras), seguido por la industria con un 18,8%, la agricultura y la ganadería con un 12,3%, la electricidad con un 9,3% y el residencial con un 8,7%. Como especifica Rey, “es llamativo que justo se están reduciendo los gases de efecto invernadero en los sectores de la industria y la electricidad, que son aquellos que forman parte del mercado de derechos de emisión (ETS), mientras que esto no ocurre en el transporte o los edificios”.