20251121

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Las exportaciones vascas mantienen su tendencia a la baja, lastradas por la crisis de la automoción y el impacto de los aranceles. Así, en septiembre las ventas al exterior se situaron en 2.378 millones de euros, casi un 8% menos que en el mismo mes del año anterior, según los datos publicados ayer por el Eustat. El descenso es menor que el de agosto, cuanto se registró un batacazo histórico del 29%. Con todo, refleja una evolución negativa que está impidiendo remontar a la industria vasca. El sector del automóvil, con un peso muy relevante en las exportaciones y en la economía vascas, destaca entre los más castigados. Hasta el verano el buen comportamiento de Mercedes, impulsada por el adelanto de envíos, distorsionaba las cifras conjuntas de este área pero ya en agosto, al derrumbarse las ventas de la fábrica de Vitoria, afloró con toda su crudeza la dramática situación del sector. En septiembre los registros son aún más preocupantes, con un desplome de más del 50% en las exportaciones de la planta alavesa, que ascendieron a 211 millones y se alinean con las previsiones de producción más bajas de la historia. Pero, además, la partida de los componentes de automoción –vinculada a Gestamp, CIE Automotive y otros muchos grupos– se hunde un 22% hasta los 170 millones, mientras que la de neumáticos –ligada a Bridgestone y Michelin– prolonga su crisis con otro batacazo del 37% hasta quedar en 48 millones. La automoción sigue sumida en una profunda crisis estructural por la transición al vehículo eléctrico y la competencia china. Si las exportaciones en este ámbito ya renqueaban por la debilidad de Alemania y Francia, los aranceles de Trump han complicado aún más la situación.

Los aranceles anunciados a finales de julio por Donald Trump comienzan a hacer mella ya de forma preocupante en las exportaciones de Gipuzkoa al país norteamericano. Las ventas de las empresas del territorio a EE UU sufrieron un desplome del 35,7% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, al pasar de los 75,8 a los 48,8 millones de euros, uno de los registros más bajos desde la pandemia, según los datos ofrecidos ayer por el ICEX. El retroceso coincide en el tiempo con el pacto transatlántico firmado entre Ursula von der Leyen y el presidente estadounidense, que fijó un límite arancelario del 15% para numerosas exportaciones europeas. El impacto del nuevo marco se ha hecho evidente en los sectores con mayor exposición al mercado norteamericano, en especial la automoción, los bienes metálicos y las manufacturas industriales. Estos sectores también sufren el efecto de la desaceleración de la demanda en Francia y Alemania, principales destinos de las ventas guipuzcoanas en Europa. El acero y el aluminio continúan sometidos a un arancel del 50%, pendiente aún de revisión dentro del sistema de contingentes pactado entre Bruselas y Washington. Estados Unidos es el cuarto cliente de Euskadi y el tercero de Gipuzkoa, por lo que cualquier alteración en las condiciones comerciales afecta de forma directa al balance exterior del territorio.

En Álava «preocupa» la pérdida de arraigo que puedan sufrir las empresas locales si finalmente caen en manos de fondos de inversión globales. Porque, si mantienen sus raíces en el territorio, aguantarán cuando lleguen las dificultades y no tendrán la tentación de deslocalizarse. Así lo transmitió ayer el diputado general, Ramiro González, en el Foro Álava-Construyendo Futuro organizado por El Correo con el apoyo de Tubacex Group, donde explicó que esa amenaza afecta principalmente a la empresa auxiliar, es decir, a aquellas firmas que prestan servicios a compañías de un mayor tamaño. Un sector sobre todo encabezado por dirigentes de segunda o tercera generación a las puertas de la jubilación y donde, en muchos casos, no cuentan con un relevo natural dentro de la empresa o de su propia familia. Y todo esto, en un momento de «reinvención» ante los cambios sociales y la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y exigencias. El máximo dirigente foral alertó de que existe una «tendencia» a vender los negocios, pues muchas reciben una «oferta difícil de rechazar». Para frenar esa peligrosa tendencia, las instituciones llevan tiempo trabajando y, en ese sentido, la Diputación se dispone a abrir una oficina ‘ad hoc’ para mantener el arraigo del tejido económico alavés. «Va a servir para que, cuando cualquier empresario tenga previsto vender y no haya una nueva generación que tome su relevo, vaya preparando el camino, busque inversores locales que puedan hacerse cargo de la actividad de esa empresa y les acompañen en la gestión durante el tiempo que sea necesario», detalló Ramiro González. Además consideró que hay que buscar una solución frente al absentismo laboral, ya que en Álava supone el 10,54%. ¿Y cómo puede solucionarse esa situación de la que los empresarios llevan años avisando? «Hay que ser muy claros en los discursos. Un territorio que se duerme, pierde el liderazgo y si no tiene claro que para conseguir más ganancias hay que trabajar duro, pues pierde posibilidades. Es necesario disponer de buenas condiciones laborales, pero ese derecho solo se puede ejercer si la empresa funciona y sigue abierta. El exceso de conflictividad y absentismo pone en riesgo la actividad empresarial», advirtió.

Los cierres de Glavista, Guardian, Valvospain y los despidos en Maderas de Llodio han disparado las alertas en el valle de Ayala. Esto ha hecho que la comarca haya perdido el 22% de su riqueza en los últimos trece años. Él diputado general, Ramiro González, situó en 2021 el año del inicio de una «desindustrialización» que sobre todo se ha centrado en Llodio. El máximo responsable del Ejecutivo foral consideró que esto se está produciendo por la «falta de competitividad» de la comarca, algo que se debe abordar de forma conjunta entre «las administraciones, los ayuntamientos de Ayala, la comarca, de las empresas, los agentes sociales y también los sindicatos». «Sigue siendo una comarca tremendamente industrial y aspiramos a que lo sea en el futuro. Que cuando una empresa decide instalarse en un lugar y analiza opciones, Ayala sea una de ellas», reivindicó. Para que las compañías dispuestas a invertir se encuentren con las puertas abiertas, el máximo dirigente foral reclamó que ayuntamientos como Llodio –que gobierna Ainize Gastaka, de EH Bildu– asuman «cargas e inconvenientes». «Puede haber la tentación en algún municipio que quiera ser rico para contar con bonitos parques, jardines y calles, pero que la industria se vaya a otro lado», reclamó. Y no dudó en señalar directamente al Ayuntamiento de Llodio, que se encuentra en plena fase de aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). «El futuro depende en gran medida de ese documento y que se entienda que necesitan dotarse del suelo industrial», subrayó el diputado.

«Es desesperante», clamó Ramiro González. Un «fracaso absoluto», admitió, aunque descargó la responsabilidad en Madrid. «No se nos puede mirar a nosotros. Llevamos muchos años con la pelota en el tejado del Gobierno central», reprochó. El jeltzale, a preguntas de Zuriñe Ortiz de Latierro, directora de El Correo en Álava, tampoco ocultó su desagrado por la solución «sin soterrar» para la estación de Dato presentada meses atrás en Vitoria por el secretario de Estado de Transportes, el socialista José Antonio Santano. Un diseño que contempla la llegada en superficie con un vestíbulo subterráneo para pasajeros. En ese sentido, el dirigente foral garantizó el «compromiso» de la Diputación para colaborar en la financiación solo si la entrada es por el subsuelo. El desarrollo de los transportes en Álava pasa también por el crecimiento del aeropuerto de Foronda, donde sigue pendiente el polígono industrial VIAP. En este caso, la Diputación ya ha completado el acceso por carretera para dar servicio a esa zona, remarcó González. Tras ese imprescindible paso para impulsar el proyecto, la Diputación trabaja ahora con Aena para «limar» detalles. 

La alta velocidad ha recobrado un fuerte impulso desde la instituciones europeas. La Comisión Europea lanzó hace unas semanas un plan para invertir 546.000 millones de euros hasta 2040 y ayer el BEI, el banco multilateral de la UE presidido por la española Nadia Calviño, apuntaló este nuevo rumbo con un préstamo de hasta 1.700 millones de euros en distintos tramos a Adif para completar la conexión del AVE con el País Vasco hasta la frontera francesa. Dentro de uno de los corredores estratégicos (TEN-T) del ferrocarril europeo que conecta el centro europeo con Lisboa pasando por Madrid. Adif figura como uno de los grandes beneficiarios de la financiación del BEI tras haber recibido en los últimos años unos 14.000 millones para una red que ya suma 4.000 kilómetros, a los que hay que sumar otros 1.000 kilómetros en fase de construcción y 1.000 kilómetros más en fase de planificación. El dinero aprobado por el consejo del BEI irá a parar al corredor de alta velocidad Madrid-Valladolid-Burgos-País Vasco y a su conexión con la frontera francesa en ancho estándar. En Vitoria, la nueva línea enlazará con la denominada Y vasca, que conectará las tres capitales vascas, también en ejecución con financiación del BEI. El proyecto incluye además el bypass de Olmedo, un enlace entre el corredor Madrid-Valladolid y la salida hacia Galicia, que hará posibles los viajes transversales en alta velocidad por la mitad norte de España.

El despliegue de las energías renovables avanza con un significativo hito en Álava, en la localidad de Labraza, donde han arrancado las obras del primer parque eólico que se levanta en Euskadi en el plazo de dos décadas. Los trabajos llegan después de un largo y enrevesado puzle administrativo. La sociedad creada por Iberdrola y el Ente Vasco de la Energía del Gobierno vasco, Aixeindar, ya levanta el complejo enclavado en el municipio riojanoalavés de Oion, según informó ayer. Con una inversión de 59 millones, la operación supone un «fuerte espaldarazo» para la cadena de suministro de la industria eólica vasca, sector en el que Euskadi es «líder» en el mercado y que «pasa por dificultades», advierte el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Ejecutivo autonómico. De construir el complejo se encarga la firma navarra ECAY, adjudicataria del contrato, mientras Siemens Gamesa construirá los ocho aerogeneradores del modelo SG 5.0-145 (2.0) de 5 MW cada uno perteneciente a la plataforma 4.X. El fabricante logra así el primer contrato de esta plataforma, que le ha generado un sinfín de problemas financieros porque tuvo que retirarla del mercado en 2023 por problemas de diseño junto a la 5.X. Tras cerrar un año fiscal con pérdidas de 1.782 millones, la compañía señala que en 2026 podría volver a la senda del beneficio tras seis años de números rojos.

El Gobierno Vasco ha decidido impulsar un proceso de reflexión ciudadana con el fin de afrontar el rechazo social de los parques eólicos. La iniciativa pretende abrir un espacio amplio de análisis sobre la implantación de energías renovables. Este proceso aspira a contar con instituciones, empresas, asociaciones y ciudadanía. Para ello, el Ejecutivo prepara sesiones participativas en las tres capitales vascas en las próximas semanas y ofrece la posibilidad de que los ayuntamientos interesados se sumen a la dinámica. La plataforma Irekia permanecerá disponible para recoger aportaciones por vía telemática. La intención del Gobierno consiste en mantener este modelo abierto durante los próximos meses. El cambio climático es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad. A pesar de ello, en Euskadi no se ha podido construir un parque eólico en las últimas dos décadas, y en Gipuzkoa el panorama tampoco es nada halagüeño, con un mapa prácticamente bloqueado y más de la mitad de los parques proyectados paralizados o anulados. De los doce identificados en el territorio, cinco han sido anulados –Karakate, Ezkeltzu, Itsaraz, Piaspe y Buruntza– y otros tres (Buruzai, Trekutz y Basalgo) permanecen en tramitación o recurridos. El objetivo central de este proceso de reflexión ciudadana pasa por identificar las necesidades y los retos que acompañan al camino hacia la descarbonización y a la meta de emisiones netas cero en 2050. 

La nueva refinanciación de Eroski no solo logra una prolongación de los vencimientos hasta 2031 y un importante abaratamiento de más de 25 millones, sino que además incorpora al Gobierno vasco en su estructura financiera. Se trata de una vía en la que la compañía venía trabajando con el Ejecutivo desde hace tiempo, y como ayer confirmaron la primera ejecutiva de la compañía, Rosa Carabel, y el director financiero, Josu Mugarra, durante la presentación que realizaron en Madrid del nuevo esquema financiero de la compañía. Lo hicieron recién llegados de Londres, tras cerrar la colocación del bono de 500 millones. De este modo, el Instituto Vasco de Finanzas (IVF) –la herramienta del Ejecutivo para gestionar préstamos y participaciones en empresas– formará parte del nuevo ‘pool’ bancario, con 38 millones sobre un total de 370, según fuentes cercanas a la operación. El Gobierno vasco se incorpora así a una estructura en la que ya estaba –y continúa haciéndolo– el Estado con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El peso del préstamo sindicado, que vence en 2031, lo comparten entidades vascas como Laboral Kutxa y Kutxabank, que ya entraron en 2023. Ahora, además, se han sumado BBVA, Santander, Caixabank, Banca March, Cajamar, Caja Rural, Rabobank, Intesa Sanpaolo y Deutsche Bank.

“Una oportunidad para elevar el nivel de protección en sectores donde la continuidad operativa y la seguridad de las personas son esenciales: logística, alimentación, energía, farmacéutico, manufactura o infraestructuras críticas”. Es el leitmotiv del Grupo Attlon, que aúna a la compañía alavesa Electro Alavesa y a la valenciana Cottés, para formar “el primer gran grupo de seguridad industrial en Iberia que busca transformar un sector crítico y fragmentado”. Según ha informado en un comunicado Electro Alavesa, firma gasteiztarra de más de 40 años de trayectoria en el ámbito de la seguridad electrónica, esta unión nace impulsada por la firma de capital privado Henko Partners “y se produce en un momento clave para la seguridad industrial en la medida que hay una mayor complejidad técnica en las infraestructuras, cambios normativos constantes y una demanda creciente de sistemas capaces de anticipar fallos y reducir riesgos en entornos donde un incidente puede detener por completo la actividad de una empresa”.

Everwood Capital anunció ayer la adquisición de una participación mayoritaria en Arin Express, Trans Paneuropa y HTG Express. Se trata de tres compañías con sede en Irun y una amplia trayectoria en el transporte exprés industrial internacional. Las tres firmas, con más de 80 años de experiencia conjunta, pasan a formar parte del fondo de Transporte y Logística (T&L). La operación permite la creación de uno de los mayores grupos europeos del sector, con cerca de 100 millones de euros en facturación, 250 empleados y una cartera de 5.000 clientes.

Las rentas en la principal arteria vasca, la novena más cara de España, suben un 8%, con el metro cuadrado ya a 135 euros mensuales. La Gran Vía bilbaína sigue sin perder comba en el influyente mapa de las principales calles comerciales de España. El último informe de Cushman&Wakefield ‘Main Streets Across the World’ sitúa a la principal arteria vasca como la novena más cara del país, con el metro cuadrado ya a 135 euros mensuales. El eje bilbaíno se sitúa por detrás del Passeig de Gràcia de Barcelona, la calle Serrano de Madrid y la Gran Vía madrileña, que completan el ranking. Un exclusivo ‘top 3’, donde los alquileres fluctúan entre los 260 y 285 euros. Desembolsos sólo al alcance de firmas de lujo, capaces de afrontar inversiones millonarias alentadas por el crecimiento de un turismo internacional que ha salido en auxilio de la moda exclusiva.

Metabarri, la planta que se construye en Artigas para transformar los residuos del contenedor marrón en biometano, funcionará desde junio, según avanzó ayer la diputada general, Elixabete Etxanobe. Será la primera de Euskadi y de las pocas de España, donde solo existen una docena. Y la única del Estado en la que se produzca biometano de residuos domésticos del contenedor marrón. Se levantará junto a la actual planta de compostaje y tratará 50.000 toneladas al año, que es el volumen de materia orgánica que la Diputación espera recoger en 2030. Primero, se extraerá biogás tras un proceso de descomposición de la basura, que después se purificará hasta convertirse en biometano, de iguales características caloríficas que el gas natural. De hecho, será inyectado y comercializado a la misma red. Del proceso resultará un material sobrante, llamado digestato y que se derivará para su conversión en abono orgánico. Una vez en funcionamiento, Metabarri generará energía equivalente al consumo anual de 12.700 hogares al año, reduciendo la dependencia que hay al exterior para obtener este recurso. «Esta instalación de 8.300 metros cuadrados utilizará tecnología de última generación para producir biometano e inyectarlo en la red de distribución de gas natural. Y permitirá reducir hasta en un 95% las emisiones respecto a los combustibles fósiles. Además, multiplicará por cuatro la capacidad de gestionar residuos orgánicos, pasando de las 12.000 toneladas actuales a las 50.000», dijo Etxanobe. 

En los convenios registrados hasta octubre, la mejora salarial media pactada entre las empresas y sus trabajadores ha sido del 3,5%, medio punto porcentual por encima de lo acordado en su día para 2025 por patronal y sindicatos (en parte como consecuencia del incremento continuado del SMI impulsado desde el Gobierno). Esta misma semana, la patronal ARTE, que aglutina a las grandes cadenas textiles que operan en España, como Inditex, Mango, Tendam, H&M o Primark, ha puesto sobre la mesa su propuesta para el primer convenio estatal del sector, que plantea subidas retributivas del 3% en 2026, 2027 y 2028. Esto es, de momento los sueldos han crecido de forma acotada y el escenario central que manejan organismos como el Banco de España apunta a que continuará esa senda de moderación en las alzas retributivas pactadas. Sin embargo, hay factores que pueden alterar el rumbo y dar un impulso adicional a los salarios, que podrían crecer a tasas medias del 5% en 2026, significativamente por encima del promedio actual. Así lo refleja el informe de Tendencias Salariales 2026 elaborado por Randstad Research, que analiza datos de diferentes localizaciones geográficas, sectores de actividad y áreas profesionales, y atribuye este relativo acelerón en las remuneraciones a la combinación sobre todo de dos ingredientes: la escasez de mano de obra, más acentuada en unos sectores que en otros, y la inflación. 

El Ministerio de Función Pública elevó ayer un punto su oferta de subida salarial para los 3,5 millones de empleados públicos hasta sumar un 11% repartido entre 2025 y 2028, ambos años inclusive, según informaron los negociadores sindicales. No obstante, y pese a esta mejora –que eleva en 2.000 millones de euros la primera propuesta hecha este miércoles–, el Gobierno ha insistido en que la subida no podrá superar el 4% acumulado en los dos primeros años, algo que hizo que los sindicatos CC OO, UGT y CSIF rechazaran ayer la propuesta inicial. Esto, en principio, ha generado distintas reacciones sindicales que, de momento, han impedido el acuerdo. Si bien, a última hora de la tarde de este jueves, UGT ha avanzado que sí respaldará la oferta gubernamental. La nueva secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, ha transmitido a los negociadores sindicales “que no hay plan B” y esta es la última propuesta del Ejecutivo, por lo que ha emplazado a los negociadores sindicales a hablar con sus organizaciones para que decidan si dan un sí o un no a la oferta del Gobierno. El ministerio ha convocado nuevamente a los sindicatos el próximo lunes para que den su respuesta definitiva.

Las Big Four ralentizan el crecimiento de sus plantillas en España, al tiempo que continúan elevando el peso de los perfiles científicos en sus contrataciones. En plena irrupción de la IA en sus procesos, las firmas de servicios profesionales preparan sus equipos para enfrentarse a un gran reto en este momento: su utilización en las grandes corporaciones. Aunque todas las firmas (PwC, EY, Deloitte y KPMG) defienden que esta tecnología no está afectando directamente al empleo, todas ellas reconocen que están modificando los perfiles de los trabajadores que incorporan para adaptarse a ella. Sin cifras comparables, ya que incluyen desde años cerrados a previsiones de cierre de 2025, o sólo incorporaciones de inicio de ejercicio, la caída media de las incorporaciones asciende a casi el 10% frente al periodo anterior. Por otra parte, en el cambio de los perfiles que se incorporan a las Big Four hay un denominador común que crece en todas ellas, y es el de más fichajes de estudiantes procedentes de Formación Profesional (FP). Sirvan de ejemplos el caso de EY, que ha elevado en un año un 15% la contratación de estos profesionales, o el de Deloitte, donde el peso de estos perfiles (sobre todo de informática, industriales, telecomunicaciones y ciberseguridad) se sitúa en el 12% de todos los recién graduados en este ejercicio, por encima del 8% del año anterior. “Creo que hemos hecho un cambio mental de que la FP es algo que tenemos que explorar como profesión, porque nos aporta un expertise positivo. Son gente que en general tiene muchas ganas de hacer las cosas bien, de ser un experto en su materia, y creo que hemos sido capaces de redescubrir un poco ese talento. En el pasado hemos tenido más sesgo, pero ahora creo que tenemos menos”, apunta el socio responsable de Talento de Deloitte, Jorge Domínguez.

El Tribunal Supremo ha dictado una condena que pasará a los anales de la justicia española porque inhabilita para el cargo a una autoridad del Estado, su fiscal general. Una semana después de concluir el juicio, la Sala Segunda, por cinco votos a dos, sentenció ayer en un fallo histórico a Álvaro García Ortiz como autor de un delito de revelación de datos reservados, contenido en el artículo 417.1 del Código Penal. Una mayoría de magistrados da por probado que el encausado, avalado de principio a fin por el Gobierno con el presidente Sánchez a la cabeza, participó en las maniobras para filtrar datos confidenciales de la denuncia por un doble delito de fraude a la Hacienda Pública de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Por ello, la sala le condena a la inhabilitación especial para el puesto por un tiempo de dos años. Un castigo que supondrá, por añadidura, la pérdida de su condición como fiscal por el carácter doloso del delito. Este apartamiento de la dirección del Ministerio Público, que debería ser inmediato en cuanto se le notifique oficialmente la sentencia completa dentro de algunos días es el gran castigo, porque, como era previsible, García Ortiz no entrará a prisión pese a que las acusaciones reclamaron entre cuatro y seis años para el procesado. El ya condenado en firme ha eludido lo que habría sido más gravoso –la cárcel–, pese a lo relevante que ya resulta que se vea forzado a abandonar la jefatura de la Fiscalía, y con ello el ejercicio profesional, después de haberse negado a dimitir cuando fue enviado a juicio. Al condenarle por el tipo penal del 417.1, solo cabe que la inhabilitación haya sido por la difusión de la nota de prensa del 14 de marzo de 2024, que incluía datos de la confesión de González Amador, y/o por la filtración la víspera a la Ser de los correos de su negociación.

En La Moncloa, en los ministerios, en las sedes de los distintos partidos que componen la mayoría del Gobierno, se escucharon palabras muy gruesas en cuanto se conoció que el Tribunal Supremo, por 5-2, condenaba al fiscal general por revelación de secretos. Algunos lo temían, incluso muchos lo daban por hecho, pero había aún muchos dirigentes, especialmente los juristas, que pensaban que una condena era imposible sin pruebas, que habría algún rasgo de sensatez y buscarían una absolución aunque fuera con reproches duros para cubrirse. Pero la condena tan rápido, en un 20 de noviembre, cambiando de ponente —porque la inicial quería absolver—, con la obligación de pagar al novio de Isabel Díaz Ayuso 10.000 euros, y encima sin dar a conocer los argumentos hasta dentro de 10 días, terminó de hacer estallar la indignación en todo el mundo progresista. “No son conscientes de lo que han hecho. Destruyen su propio prestigio, machacan la imagen de la justicia y además reunifican al mundo progresista. La gente está enfadadísima. Esto cohesiona. Es un error enorme lo que han hecho”, se desahogaba un ministro. “Lo tenían ya decidido antes de empezar. Por eso ha sido tan rápido. Es tremendo. Es un fallo político. Con argumentos jurídicos era imposible condenarlo. Todo el mundo ha visto el juicio. Le hacen un daño tremendo a la justicia”, señalaba otro. “Ahora Ayuso y su pareja, que defraudó 350.000 euros a Hacienda, estarán celebrando en su nuevo ático, que han comprado esta misma semana, y se van a ahorrar 10.000 euros porque se los tiene que pagar el fiscal general. Es increíble. Es una burla”, se desahogaba un tercero.

La prensa española logró ayer una victoria judicial histórica frente al imperio tecnológico de Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. El Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid ha condenado a la compañía a pagar 542 millones de euros a 87 editoras de prensa digital y agencias de noticias agrupadas en AMI –entre ellas, los medios del grupo Vocento– por haber obtenido una «ventaja competitiva ilícita» al explotar datos personales de millones de usuarios sin base legal para vender publicidad personalizada. La resolución llega tras una audiencia previa celebrada hace un año sin acuerdo y un juicio desarrollado los días 1 y 2 de octubre, en el que declararon testigos y peritos de ambas partes. La compensación se distribuye así: 479 millones de euros para las editoras de prensa y las cesionarias de derechos de explotación publicitaria; 60 millones en intereses; 2,5 millones para Europa Press, más 328.000 euros en intereses; y algo más de 14.000 euros para Radio Blanca. El magistrado Teodoro Ladrón considera que Meta obtuvo una ventaja competitiva «significativa» al usar una cantidad «enorme» de datos, que las editoras españolas jamás podrán igualar, por mucho que también realicen publicidad en internet. Para cuantificar el daño, tomó como base el ‘Estudio sobre las condiciones de competencia en el sector de la publicidad ‘online’ en España’ de la CNMC, ya que –señala– la filial de Meta en España no aportó información contable de su negocio, cuya matriz europea opera desde Irlanda. El fallo se aproxima a lo solicitado por los medios, aunque «nos hemos quedado cortos», aseguran los demandantes. El año pasado, Meta ganó 54.067 millones de euros. Los poco más de 540 millones destinados a la prensa representan el 0,99% de sus ganancias y el 0,38% de sus ingresos publicitarios anuales. Su facturación fue de 164.500 millones de dólares.

La reforma del sistema de pensiones amenaza con convertirse en uno de los grandes quebraderos de cabeza de los gobiernos europeos. En Francia ha hecho tambalearse a varios gabinetes y en Alemania acaba de poner en jaque a la coalición de conservadores y socialdemócratas que lidera Friedrich Merz. La propuesta del Ejecutivo de Berlín para estabilizar las retribuciones de los jubilados en relación al salario medio más allá de 2031 se ha encontrado con un inesperado obstáculo en el bloque al que pertenece el propio canciller –compuesto por la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU)– cuyos jóvenes rechazan la medida al considerar que hipoteca a las futuras generaciones. Su ‘no’ en el Bundestag, el Parlamento germano, haría imposible aprobar el proyecto e incluso podría dinamitar la alianza gobernante. La medida que ha evidenciado la brecha generacional entre los conservadores forma parte del acuerdo que la pasada primavera alumbró la coalición de gobierno. En ese documento se plasmó una especie de red de seguridad para los pensionistas que supondría mantener su jubilación en un 48% del salario medio hasta 2031. El problema es que la reforma presentada ahora contempla extender la iniciativa hasta 2040. Johannes Winkel, líder de los jóvenes de la CDU/CSU, calcula que esa ampliación tendría «unos costes adicionales de 120.000 millones de euros» respecto al plan inicial y teme que ese desembolso perjudique a quienes les quedan aún unas cuantas décadas por delante para abandonar el mercado laboral.

La Comisión Europea adoptó ayer un paquete de medidas para ayudar a los ciudadanos a garantizar unos ingresos adecuados durante la jubilación. Y entre las recomendaciones de Bruselas a los Estados miembros está que todos los trabajadores accedan, por defecto, a un plan de pensiones privado en el seno de las empresas. En todo caso, si el trabajador no lo desea, puede manifestarlo y no adherirse. Se trataría de poner en marcha el sistema conocido como autoenrolment (inscripción automática), defendido por el sector financiero y que en España, hasta ahora, se ha descartado en reiteradas ocasiones por considerarlo inconstitucional. En concreto, la petición de Bruselas forma parte de la estrategia que el Ejecutivo europeo está desplegando para impulsar la unión de capitales, una asignatura pendiente del mercado único que ahora ha reetiquetado con el nombre de unión del ahorro y la inversión (SIU, por su siglas en inglés). Para avanzar en este propósito, la comisaria de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, ha aprobado varias iniciativas en los últimos meses.

El narcotráfico ya es un problema enquistado en Francia. Ciudades como Grenoble, Nîmes, Beziers y Toulouse conviven con periferias completamente gangrenadas por este fenómeno. Marsella, segunda ciudad de Francia, pero indiscutible capital durante años del narcotráfico y el crimen organizado, ha vuelto a convertirse en la principal preocupación del país esta semana. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, y el de Justicia, Gérald Darmanin, se desplazaron ayer a esa ciudad, una semana después del asesinato de Mehdi Kessaci, hermano de un joven político y activista contra el narco. Un homicidio intimidatorio que representa un punto de inflexión y muestra el poder acumulado por estas organizaciones, capaces ya de desafiar al Estado. “Lo que ocurrió en Marsella es un crimen destinado a infundir miedo, un crimen que apunta a la República y al Estado. Por eso utilizaremos un dispositivo a partir del 1 de enero similar al que utilizamos contra el terrorismo”, anunció Nuñez. Francia es consciente de la gravedad de este asunto desde hace mucho. En abril de 2025 se aprobó una nueva ley contra el narcotráfico que entrará en vigor el 1 de enero. Inspirada en las leyes italianas puestas en marcha durante el periodo del juez Giovanni Falcone, la norma prevé la implantación de una fiscalía especial para estos delitos, cárceles de alta seguridad para el aislamiento de este tipo de presos y un significativo endurecimiento de las penas. Nuñez, en una pequeña sala repleta de periodistas de la prefectura de policía de Bouches-du-Rhône, que él mismo dirigió hace años, describió una situación estremecedora. El ministro del Interior prometió también que se desplazará una vez al mes para que se implanten correctamente las nuevas medidas. El jefe del Gobierno, Sébastien Lecornu, además, anunció que habrá un debate en la Asamblea Nacional sobre la cuestión.

El plan que se filtró el miércoles a diferentes medios estadounidenses ya no es un secreto, y se confirma que incluye algunas condiciones que Kiev ha rechazado en ocasiones anteriores, como son las concesiones territoriales, la reducción de sus Fuerzas Armadas a la mitad, el veto a la presencia de tropas internacionales dentro de sus fronteras, y la prohibición de acceder a la OTAN y de contar con misiles de largo alcance en su arsenal. Diferentes fuentes aseguran que, además, se exige la oficialidad del idioma ruso en todo el país y la reinstauración de la iglesia ortodoxa de Moscú. A cambio, siempre todavía según las filtraciones que se han producido, Rusia garantizaría que no volverá a atacar Ucrania ni cualquier otro país europeo con una reforma constitucional que así lo recoja. El diario ‘The Telegraph’ añade que el Kremlin pagaría un canon por el usufructo del Donbás. Según el aséptico comunicado oficial con el que la presidencia ucraniana hizo ayer acuse de recibo, la propuesta «podría servir para intensificar los esfuerzos diplomáticos» y alcanzar «un fin digno a la guerra» entre los dos países eslavos. «Desde principios de este año, Ucrania ha apoyado las propuestas del presidente Trump para poner fin al derramamiento de sangre. Estamos dispuestos a trabajar de forma constructiva con Estados Unidos y nuestros socios en Europa y el resto del mundo para lograr la paz», reza el texto. Sin embargo, las primeras reacciones no oficiales en el país invadido fueron de estupor e indignación. Incluso dentro del partido que lidera Zelenski.