20251126

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La gestora de capital riesgo francesa PAI Partners ha alcanzado un principio de acuerdo para vender Uvesco, cadena de distribución dueña de los supermercados BM, a un consorcio liderado por el actual consejero delegado de la compañía, Ángel Jareño, junto a su equipo directivo y con el respaldo de un grupo de inversores vascos, entre los que figuran Kutxabank, Inveready y Stellum Capital, según coinciden varias fuentes del mercado consultadas. Uvesco se ha valorado en el entorno de los 700 millones de euros (deuda incluida) en la transacción, que está previsto que se firme a mediados del próximo mes de diciembre, una vez se redacten los contratos de la compraventa y se termine de definir el nuevo pacto de socios. La operación supondrá la adquisición por parte del consorcio del 100% de las acciones de Uvesco. PAI venderá su 73% y se desvinculará de la compañía, mientras que Ramón Fernández de Barrena, presidente de Uvesco y miembro de la familia fundadora, reinvierte el grueso de los fondos obtenidos con su 27% y seguirá en el accionariado como minoritario. Kutxabank ejecuta la transacción a través de Indar, vehículo constituido este año por el banco que aglutina el negocio de las antiguas cajas vascas para invertir 500 millones con los que elevar su presencia en el tejido empresarial del País Vasco. Inveready, gestora de capital riesgo liderada por Josep María Echarri, y Stellum Capital, firma de inversión presidida por José Eulalio Poza, ya participaban en Uvesco sindicados a la participación de PAI Partners. A partir de ahora, se vincularán directamente al activo como parte del consorcio que lidera Ángel Jareño, pero con sus propios derechos políticos.

«Para ayudar estamos siempre preparados, y lo hacemos con dinero porque solo con palabras no se puede». Así de gráfico se mostró el consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, hace tan solo 20 días, cuando fue preguntado por la disposición de su Ejecutivo para colaborar con la fundación BBK, que está en la fase final de presentación de ofertas para adquirir la división tecnológica de Ayesa, donde se integra la antigua Ibermática. Se trata de una operación valorada en alrededor de 500 millones y que afecta a una de las joyas tecnológicas vascas con 2.000 trabajadores en Euskadi y especializada en cuestiones estratégicas de digitalización, ciberseguridad, inteligencia artificial y programación. Por ello, según fuentes conocedoras de los contactos, desde el Gobierno autonómico se han intensificado las gestiones en los últimos días para tratar de aprovechar la «oportunidad», tal y como Jauregi la calificó el pasado 6 de noviembre. El objetivo es explorar con varios agentes financieros vascos las posibilidades de formar un consorcio con el que apoyar a la fundación BBK en la oferta de compra. El modelo es el que viene propugnando el Ejecutivo desde que lanzara la operación Talgo y tras la firma de la Alianza Financiera Vasca. Es decir, recurrir al capital del Gobierno vasco, que se ha nutrido con más de mil millones para este fin y que incorporará al Presupuesto de 2026. Pero quiere emplearlos de forma coordinada con capital privado, como el de las fundaciones bancarias, las EPSV u otros fondos de capital riesgo. El movimiento llega en una semana clave y es que el procedimiento para la venta de Ayesa IT está en su fase final. 

La administración concursal procederá el próximo viernes ha establecer el protocolo para formalizar la compraventa de Astilleros Balenciaga por parte del consorcio árabe Abu Dhabi Ports y Premier Marine por 11,2 millones de euros, tal y como han confirmado fuentes del comité de empresa. Esta cita se presenta como el paso previo para cerrar esta operación que permitirá a la firma de Zumaia reanudar su actividad, cuya finalización se acerca una vez se apruebe este documento condicionado a que exista un acuerdo del comité y a que se obtengan las concesiones del Gobierno Vasco. La firma de esta compraventa por un importe de 11,2 millones de euros consolida un proceso iniciado a finales de 2024, cuando Astilleros Balenciaga entró en concurso de acreedores al no poder afrontar una deuda que se estima en alrededor de 40 millones de euros. 

El Puerto de Bilbao se erige nuevamente como el gran termómetro de una economía vasca en vilo, expuesta a los vaivenes de un comercio global cada vez más inestable. La debilidad de Alemania y Francia ha configurado un panorama cada vez más incierto, cuyas consecuencias ya son palpables en los muelles. En lo que va de año, el tráfico portuario ha registrado una caída del 9,3%, con un desplome aún más pronunciado en las exportaciones, que han descendido un 13,2% en comparación con el arranque de 2024. Así, la infraestructura vizcaína se sitúa como la tercera más afectada en el conjunto de España entre enero y octubre, solo por detrás de las de Alicante (-11,8%) y Pontevedra (-10,3%). En este inicio de año, el Puerto de Bilbao ha movilizado un total de 26 millones de toneladas, lo que supone una caída de dos millones en comparación con el mismo periodo del año anterior. Aunque en octubre se registró un repunte de 500.000 toneladas, alcanzando los 2,8 millones, este aumento no ha sido suficiente para contrarrestar la caída generalizada. Iván Jiménez, presidente de la terminal marítima, atribuía hace un mes en una entrevista en El Correo gran parte del descenso a la debilidad de sectores como la siderurgia y la automoción, golpeados por la falta de empuje de economías como la alemana y la francesa. De hecho, el movimiento de mercancías general en contenedores ha sufrido un bajón del 4,1%, lo que refleja los efectos de este enfriamiento. Jiménez también apuntó a la parada técnica de la Planta 1 de Petronor, el mayor usuario del Puerto por los combustibles que moviliza, como otra de las principales causas. 

El Puerto de Pasaia avanza hacia el cierre de año con un comportamiento más sólido del que podría sugerir el enfriamiento de buena parte de la industria europea y, por ende, vasca y guipuzcoana. Aunque el movimiento total de mercancías cae un discreto 1,1%, hasta 2,79 millones de toneladas, el dato supone una suerte de resistencia frente a un entorno económico que lleva meses dando señales de debilidad. Los datos de ayer revelan una dársena que, pese a la caída, mantiene un volumen de actividad razonablemente estable, sostenido sobre todo por la evolución de los graneles sólidos. Este último grupo de mercancías —vinculado a productos agroalimentarios, mineral, chatarra y acero— crece un 14,9%, hasta 830.886 toneladas. El contrapunto llega en la mercancía general, el pilar del puerto. La dársena acumula 1,92 millones de toneladas, un 7% menos que el año pasado. A ello se suma un ejercicio complejo para los tráficos vinculados a la automoción. El ro-ro, medido en toneladas, desciende un 10,5%, hasta 435.296 toneladas, y octubre confirma la tendencia con un retroceso todavía mayor. El tráfico de automóviles en régimen de mercancía tampoco ofrece alivio: cae un 13,9%, hasta 173.581 unidades. Pese a estos descensos, el resto de indicadores se mantiene en niveles estables.

Dos meses después de que los trabajadores de Petronor declararan una huelga indefinida en la refinería de Muskiz –la primera desde 1979–, el conflicto está abocado a los tribunales, con una segunda vista que se celebrará mañana. Lo que comenzó como una disputa por el cambio de ubicación de las instalaciones –una reforma organizativa que, en la práctica, ha alargado la jornada entre 15 y 30 minutos– ha escalado hasta convertirse en un conflicto laboral de gran calado, que no solo enfrenta a los trabajadores con la empresa, sino que también a los sindicatos entre sí. Hace tres semanas, la dirección de Petronor informó que, tras el rechazo de la asamblea de trabajadores al acuerdo logrado por CC OO y UGT, el conflicto se resolvería en los tribunales, dado que cada central había presentado demandas por presuntos cambios sustanciales de las condiciones laborales. La decisión llegó después de que 333 trabajadores votaran en contra de un acuerdo que ofrecía seis días libres como compensación por el alargamiento de la jornada, frente a 84 votos a favor, de una plantilla cercana al millar de empleados. ELA y Trabajadores por la Unidad (TU) consideraron el pacto insuficiente y promovieron el voto en contra. Las centrales críticas planteaban entonces aumentar la cantidad de días libres a 12, además de una batería de medidas para solventar «la sobrecarga de horas extra» y «un incumplimiento constante de los acuerdos laborales».

Laboral Kutxa mantiene sus previsiones de crecimiento para la economía vasca de cara a 2026. El director de Estudios de la entidad vasca, Joseba Madariaga, señaló ayer que el PIB del territorio avanzará un 1,7% el próximo año, la misma predicción que lanzó en junio, apoyado en la demanda interna. Así lo aseguró en el foro anual organizado por Adype, la Asociación de Directivos y Profesionales de Euskadi. Madariaga incidió en que la economía vasca está demostrando su resiliencia sustentada en la «fortaleza del consumo, servicios y la construcción», pese al «tono más débil» de la industria, con el consiguiente descenso en las exportaciones (que retroceden un 3,6% en lo que va de año), afectadas especialmente por la debilidad de los principales socios, como son Alemania o Francia, inmersos en una desaceleración económica que ha enfriado la demanda. Madariaga también señaló que, en este sentido, las tensiones y disfunciones generadas a raíz de los aranceles impuestos por Estados Unidos «se hacen notar en nuestro territorio».

Desde que Euskadi recibió en julio la transferencia se han tramitado 2.500 expedientes El sector de la construcción experimenta un alto número de peticiones de empleo en origen. Esta última modificación está permitiendo contar a las instituciones autonómicas con una visión «más cercana» de la situación socioeconómica del territorio y el departamento de Trabajo y Seguridad Social ha tramitado en poco más de cuatro meses 2.500 expedientes de solicitudes de permisos de trabajo en Gipuzkoa, de los cuales una quinta parte (500, corresponden a autorizaciones que ha realizado para contrataciones en origen. Son cifras dirigidas a combatir la falta de mano de obra que padecen muchos sectores ahora y durante los próximos años no solo en Gipuzkoa, donde la población extranjera aumenta continuamente, sino también en Europa al considerarse un fenómeno que afecta a todo nuestro entorno. 

Europa no cuenta con suficientes trabajadores, ni en términos de cuantía ni de cualificación. Así de crudo es el análisis que realiza la Comisión Europea, que ayer quiso aprovechar la presentación de su paquete de recomendaciones macroeconómicas semestral para alertar de la escasez de profesionales. El Ejecutivo comunitario considera que este problema se ha vuelto estructural y generalizado en toda la Unión Europea y apunta a que amenaza la prosperidad y la competitividad futura de la región. La Comisión Europea cita encuestas realizadas a numerosas compañías del bloque en las que hasta un 77% cita la creciente escasez de trabajadores cualificados como uno de los principales obstáculos para materializar los planes de inversión que quieren abordar. “Los cuellos de botella laborales minan tanto la capacidad de la UE para acelerar la transición ecológica como el potencial de crecimiento”, indican los expertos de la institución presidida por Ursula von der Leyen. Los datos de la Comisión Europea muestran que, si bien la escasez de mano de obra ha disminuido desde su pico pospandemia, sigue siendo elevada y continúa limitando la actividad empresarial en sectores clave. En el segundo trimestre de 2025, esta tasa se situó en el 2,1%, por encima de la media prepandemia del 1,7% registrada entre 2013 y 2019. Existe, eso sí, una gran disparidad entre los Estados miembros con las tasas más altas, como Países Bajos, Bélgica y Austria, que superan el 3,4%; y países como España, Polonia y Rumanía. El característico alto desempleo español y la estructura de la economía juegan, en este caso, a favor de contener la escasez de trabajadores en el país.

A poco más de un mes para que termine el año, UGT y CC OO ya han puesto encima de la mesa cuál es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que defenderán para 2026: un incremento de 89 euros al mes para situar esta renta en los 1.273 euros brutos mensuales repartidos en catorce pagas, un total de 17.822 euros brutos al año, y que no pueda ser absorbida por ciertos complementos, como el de nocturnidad, peligrosidad o idiomas, entre otros. Así lo anunciaron ayer ambos sindicatos en una rueda de prensa conjunta, en la que explicaron que reclaman un aumento mayor que otros años y superior a la inflación, del 7,5%, porque entienden que esta renta sí debe tributar ya a Hacienda en el Impuesto de la Renta (IRPF) –en Euskadi hay exención hasta los 20.000 euros–, para evitar una discriminación entre trabajadores, pero que no debe ir a cargo del bolsillo del eslabón más débil del mercado de trabajo. A su juicio, no sería justo que una persona que gane 1.273 euros al mes no pague impuestos en su declaración de la renta y otra que cobre 1.300 euros sí. «Sostenemos que los salarios mínimos deben ser dignos y deberían satisfacer las necesidades de los trabajadores y de sus familias y evitar además la pobreza. Si cumplen estos requisitos, claro que tienen que contribuir a la Hacienda pública como el resto de salarios», explicó Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. En el caso de Euskadi, las negociaciones por un SMI propio permanecen en vía muerta. 

El Gobierno endurece la contratación laboral para acabar con los falsos becarios. El Consejo de Ministros aprobó ayer el desarrollo reglamentario del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores sobre los contratos formativos que tendrán una duración de entre seis meses y un año. En el caso de los contratos de formación, no se podrán celebrar dos contratos formativos a la misma persona en el mismo nivel y sector: deberá acreditar los estudios y que no cuenta con experiencia previa en ese campo y la retribución será la propia del convenio para el puesto salvo previsión específica y contarán con seguimiento tutorial. Y en el de los contratos de alternancia –que compatibilizan la actividad laboral retribuida con procesos formativos– la retribución se adaptará al convenio y no podrá bajar del 60% el primer año y del 75% el segundo año; y nunca será menor al SMI.

Tras conocer las intenciones de Murtra, la ministra envió una carta a la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, en la que calificó de «indecente» que una empresa «con beneficios y participada públicamente» decida despedir a más de 6.000 personas. «No me parece correcto», aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde hizo hincapié en que «el dinero público no está para despedir a nadie, por muy buenas que sean las condiciones de despido». Dejó claro que su posición «es conocida» y que una empresa «que ahora está participada con recursos públicos de los españoles» no puede llevar a cabo procesos de este tipo. La Sepi, por su parte, aseguró ayer en declaraciones a este periódico que en Telefónica «mantiene la exigencia de que haya acuerdos» con los sindicatos. «Las medidas con impacto en la plantilla deben ser fruto de negociación y acuerdo con la parte social», señalaron. En este sentido, el organismo público está «seguro» de que la empresa y los sindicatos «llegarán a un acuerdo». Muy previsiblemente estas negociaciones con los sindicatos, que se extenderán durante todo el mes de diciembre, rebajarán la cifra de 6.088 afectados dada este martes, pero este número revela que el primer ERE de la era Murtra será muy similar al último firmado en la operadora en 2023 y que se cerró con las últimas salidas a principios de 2024. En aquel momento la operadora comenzó proponiendo 5.100 bajas pero se cerró con 3.400 salidas tras las negociaciones, y podría ocurrir lo mismo en esta ocasión. Si se rebajara el ERE en un 33% como en aquel momento, la cifra de afectados sería de unas 4.000 personas y la plantilla en España se quedaría rozando los 20.000 empleados. Es el noveno ERE de Telefónica en los últimos 25 años en los que ha despedido a más de 45.000. Los ERE en Telefónica no suelen ser un proceso traumático para la plantilla. Es más, en el último se terminaron recibiendo más solicitudes que plazas disponibles de salida.

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), reunido de forma extraordinaria tras hacerse pública una denuncia por un supuesto desfalco cercano a los 25 millones de euros en contrataciones con empresas externas, aprobó ayer por unanimidad despedir a tres altos cargos de la institución, reorganizar el corazón gestor del mismo, y poner en manos de la Fiscalía de Madrid la investigación del nuevo gerente, en el cargo desde el 1 de septiembre, sobre las cuentas de centro. El encuentro celebrado ayer con los patronos de la entidad, dedicada a la investigación de terapias contra el cáncer fue convocado la pasada semana de forma extraordinaria tras ver la luz en los medios una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción. Adelantada por ‘El Mundo’, en ella se habla del desvío de más de 25 millones de euros en distintos contratos formalizados por empresas dirigidas por extrabajadores o por afines a la antigua gerencia del centro a lo largo de 18 años. Una vez que esta información vio la luz, la ministra de Ciencia, Diana Morant, informó de la convocatoria extraordinaria de los patronos para que todos ellos recibieran información «de primera mano» del nuevo gerente del centro, José Manuel Bernabé.

La respuesta a de dónde sacar pisos que la gente pueda pagar ya no es tan evidente, como muestra un artículo reciente a cargo de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), publicado por el Ministerio de Vivienda, que supone una impugnación del discurso dominante en el sector inmobiliario. En España, dicen los investigadores, ni faltan tantas casas como se dice, ni el problema es la escasez de nuevo suelo. Los arquitectos Josep Roca Cladera y Blanca Arellano Ramos, ambos del Centro de Política de Suelo y Valoraciones de la universidad barcelonesa, firman el artículo. Con el título Cinco tesis sobre la vivienda en España, aparece en la revista Ciudad y Territorio, que se presentó ayer en el Ministerio de Vivienda, pero su contenido fue parcialmente adelantado. A lo largo de 24 páginas, los autores repasan cinco aspectos clave en la actual crisis: el déficit de vivienda, la relación entre la construcción de más casas y los precios, la escasez de suelo, la vivienda social y la focalización de las iniciativas en el alquiler. En todos buscan datos o evidencias que avalen o refuten la visión dominante. Sobre la supuesta falta de casas y su efecto sobre los precios, por ejemplo, recuerdan que es una tesis que ha defendido hasta el propio Banco de España. Pero frente a esa visión generalizada expresan “serias dudas”. Entre otros motivos porque la subida de precios, recuerdan, es general en toda Europa y eso implicaría pensar que la oferta está restringiéndose en todos los países a la vez. “No parece que eso sea verosímil”, responden.

Mutua Madrileña pide mejoras fiscales en los planes de pensiones y cree que se debería implantar en España la “adhesión automática a planes de pensiones o vehículos similares” para colectivos. Es su “propuesta para avanzar hacia la implantación efectiva de los sistemas complementarios en el tejido empresarial”. La Unión Europea publicó “hace tan sólo unos pocos días sus recomendaciones para impulsar el ahorro privado de cara a la jubilación, poniendo énfasis en la adhesión automática a los planes de empleo. No podemos retrasar más las soluciones, es el momento de actuar”, afirmó ayer el presidente de la aseguradora, Ignacio Garralda, en la jornada de presentación del Observatorio de Pensiones de la entidad. Esta reivindicación, que mantiene desde hace años en el sector, chocaría con la Constitución española, pero podría esquivar este veto con la posibilidad de que los trabajadores incluidos en un plan de pensiones colectivo de forma automática cuando firman un contrato de trabajo puedan renunciar a esta adscripción y salir del producto de ahorro que se le haya asignado, según Mirenchu del Valle, presidenta de la patronal Unespa, en su partición en esta jornada. La mejora fiscal del ahorro destinado a la jubilación es otra de las petición planteadas por Garralda, para quien el modelo de previsión social vasco, materializado en las EPSV, “es un claro ejemplo a imitar, ya que recientemente han aprobado una reclamación histórica del sector, que entrará en vigor a comienzos de 2026, como es el tratamiento fiscal de los rendimiento de las aportaciones como rendimientos de capital. Claramente, acercarnos a este modelo podría ser un buen punto de partida”.

España es el segundo país que presenta una mayor proporción de niños en riesgo de pobreza o exclusión social. Un tercio del total. Algo más de hecho: un 34,6% de todos los menores de 17 años. Sólo Bulgaria supera esa cifra con un 35,1%. Y el dato, además, supone un notable incremento desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa en 2018, cuando la cifra era del 30,5%. Entonces, el porcentaje español era el cuarto más alto de la UE, con Grecia y Rumanía por delante. Así lo revelan las cifras que ayer publicó la Comisión Europea a partir de datos de Eurostat, y que hacen que Bruselas llame la atención sobre la situación de riesgo de pobreza no sólo de los niños sino de la población española en su conjunto. «España experimenta desafíos en materia de protección e inclusión social. En 2024, la proporción de la población en riesgo de pobreza o exclusión social [AROPE] disminuyó al 25,8%, mientras que la tasa infantil aumentó ligeramente hasta el 34,6%. Ambas tasas se situaron muy por encima de las medias correspondientes de la UE [21,0% y 24,2%] y siguen señalando situaciones críticas», destaca la UE en las recomendaciones y análisis de su paquete de otoño. Una muestra muy representativa, difícilmente rebatible, de los problemas que tiene España para traducir los buenos grandes números que acumula en mejoras reales para una parte importante de la población. A pesar de que es la gran economía que más crece de la UE; de que la recaudación tributaria está en máximos históricos y arroja unas cifras de aumento espectaculares; y de que el país es uno de los grandes perceptores de fondos europeos que debían impulsar un cambio económico profundo, lo cierto es que existe un gran problema de capacidad adquisitiva.

España gastará más el año que viene de lo que tiene pactado con Bruselas en su senda de ajuste fiscal. Todavía conserva margen, pero, hechos los cálculos, la Comisión Europea advierte de que “está en riesgo de incumplir el crecimiento máximo recomendado del gasto en 2026″. No puede decir mucho más el Ejecutivo europeo porque el Gobierno todavía no ha enviado su proyecto de presupuestos, que la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, pretende presentar en febrero del año próximo, y, por tanto, no hay un análisis profundo sobre las cuentas como en años anteriores. Tampoco lo ha hecho Bélgica. Sí que han presentado su planes presupuestarios, en cambio, otros 25 Estados miembros. El paquete fiscal de otoño de la UE se parece bastante a un examen que tienen que pasar los Estados miembros cada año para ver si sus cuentas cumplen con los parámetros que marcan las normas comunitarias. Y en esta reválida han aprobado bastantes, una veintena, entre ellos Francia y Alemania, los dos grandes de la Unión que, por causas diferentes, tienen problemas presupuestarios y económicos. Hay seis que, como España, estarían en riesgo de no cumplir: Croacia, Lituania, Bulgaria, Hungría y Eslovenia. Aunque en su caso la conclusión se basa en el examen del proyecto de presupuestos. Para Países Bajos y Malta, la nota es peor porque el riesgo de incumplimiento es “significativo”.

Las principales patronales empresariales de España y Alemania abogan por unir fuerzas para “liderar el avance de la Unión Europea”. Aprovechando la celebración del XI Foro Empresarial Hispano-Alemán, que reunirá mañana en Madrid a los jefes de Estado de ambos países junto a representantes de algunas de las mayores compañías españolas y alemanas, las patronales CEOE y BDI abogan por impulsar una entente que permita impulsar la innovación en áreas como inteligencia artificial o Defensa. Las dos confederaciones empresariales abogan también por avanzar en la integración de los mercados energéticos europeos y por acabar con las barreras comerciales y burocráticas. Así lo reclaman las patronales española y alemana en una tribuna conjunta que firman el secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz; la directora general de la Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Tanja Gönner; y el presidente de la Cámara de Comercio Alemana para España (AHK), Osmar Polo. El XI Foro Empresarial Hispano-Alemán, que lleva por título Alemania y España: hacia una economía europea más competitiva y resiliente, y se celebrará en la sede de CEOE, estará presidido por el Rey Felipe VI y el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quien posteriormente acudirá al Palacio de la Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La economía alemana no logra recuperarse. Según recogen los datos publicados ayer por Destatis, la Oficina Federal de Estadística, el PIB alemán se estancó en el tercer trimestre con un avance del 0%, después de haberse contraído un 0,2% entre abril y junio. De acuerdo con Destatis, «la debilidad de las exportaciones frenó la actividad económica», ya que registraron una caída del 0,7%. A todo ello se suma el menor gasto en consumo realizado por los hogares, que disminuyó por primera vez desde el cuarto trimestre de 2023 (-0,3%). Se trata del «estancamiento económico más prolongado de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial», señalaron desde ING Research, quienes apuntaron que la economía germana seguirá paralizada hasta que el estímulo fiscal del Gobierno comience a surtir efecto. Así, se confirma el estancamiento de la economía germana respecto a otros países como España, con un avance del 0,6%, o Francia, con un 0,5%. Una frase muy repetida por los economistas es que ‘cuando Alemania estornuda, Europa se resfría’. En el caso de Euskadi, el impacto también es notorio, ya que el país germano es el principal cliente de la industria vasca, por lo que estos datos no son halagüeños, tal y como se ha evidenciado con la caída de las exportaciones.

Santander y BBVA han pasado al plan B en Argentina. La situación es peor de lo que habían anticipado, así que han comenzado a tomar medidas para protegerse y reducir costes. El crédito ha sido el principal damnificado, pero también se han sacrificado las coberturas sobre el capital y los beneficios. “Las perspectivas de crecimiento económico se han deteriorado en el tercer trimestre como resultado de la incertidumbre política, los elevados tipos de interés y las presiones cambiarias”, asegura BBVA. “La situación es complicada”, añade Santander. Los dos bancos han tenido que elevar las provisiones para sanear los créditos morosos y los beneficios se han reducido ante la mayor dificultad de los clientes para repagar los préstamos. Ninguno quiere más sustos y han frenado la concesión de crédito en el país. BBVA lo ha hecho “de forma significativa”, según reconoció a los analistas la directora financiera del banco, Luisa Gómez, en su último encuentro con ellos. El resultado directo es un crecimiento del 10% en la originación del tercer trimestre, menos de la mitad del 21% del segundo, y un cuidado muy especial en determinados segmentos. 

Japón, la única nación del mundo cuya población ha sido atacada con la bomba atómica, ha reabierto el debate sobre su política antinuclear. La nueva primera ministra, la ultraconservadora Sanae Takaichi, está considerando revisar los principios antinucleares en lo militar, una medida que supondría un giro determinante de la política de seguridad de Japón. El cambio tendría, además, potenciales efectos sobre la región de Asia-Pacífico en un momento en el que crece la tensión diplomática con China por unos comentarios de Takaichi sobre Taiwán. Ante la escalada entre Tokio y Pekín, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el principal aliado de Japón, mantuvo ayer una conversación telefónica con Takaichi, solo horas después de que el líder chino, Xi Jinping, tratara con el republicano el futuro de Taiwán en otra llamada. Y, en medio de toda esta trifulca geopolítica, la revisión del debate nuclear. La semana pasada, el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón comenzó a negociar de forma interna documentos clave en materia de defensa, incluida la Estrategia de Seguridad Nacional. Se espera que esta revisión aborde el incremento del gasto militar por encima del 2% del PIB, algo que incomoda a China.

«El plan original de 28 puntos redactado por EE UU se ha perfeccionado con aportaciones de ambas partes y sólo quedan unos puntos de desacuerdo. Con la esperanza de finalizar el proceso, he ordenado a mi enviado especial Steve Witkoff que se reúna con Putin en Moscú. Al mismo tiempo, el secretario del ejército, Dan Driscoll, se citará con los ucranianos», detalló. Trump confía en estar pronto con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pero la cita se producirá «sólo cuando el pacto sea definitivo o esté en su fase final». «¡Esperemos –añadió– que la paz se logre lo antes posible». Kiev acepta avanzar sobre esa propuesta pero sus aliados europeos dudan de la voluntad de Moscú. En sintonía con las declaraciones de Trump, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que para acabar con casi cuatro años de guerra faltan «unos pocos detalles delicados pero no insuperables». Zelenski, por su parte, recordó que los resultados de las últimas conversaciones con EE UU y sus aliados europeos son «sólidos aunque aún queda mucho por hacer». Entre esos pasos por dar está convencer a Moscú. El Kremlin ha rechazado las aportaciones europeas a la propuesta inicial diseñada por Washington.