20240628

«Las plantas del País Vasco han vuelto a ser rentables», aseguró ayer el consejero delegado de la compañía alavesa Tubacex, Jesús Esmorís, momentos antes de iniciar la junta anual de accionistas en la que repasó el desempeño de la compañía el pasado año, al tiempo que se aprobó el reparto de un dividendo de 14,5 millones de euros con cargo al resultado de ese ejercicio. Aparentemente, el mensaje apunta a la idea de que la empresa ha conseguido consolidar el resultado positivo de sus dos factorías vascas, algo que ya comenzó a ser evidente desde los primeros meses del pasado año. La recuperación del mercado de tubos inoxidables sin soldadura y la mejoría de la competitividad de las dos factorías vascas, ubicadas en Llodio y Amurrio, son las dos claves sobre las que se asienta esa recuperación de la rentabilidad de estas dos instalaciones de cabecera en el proceso industrial de la firma. Tubacex vivió en ambas plantas una huelga total de nueve meses en 2021, que se saldó con un acuerdo de aumento de la jornada laboral y reducción de algunos beneficios sociales. Esmorís recordó ayer que ese proceso de ajuste fue general en todo el grupo y ha permitido aprovechar la recuperación del mercado. De cara a la negociación del nuevo convenio, que comenzará en los próximos meses, se mostró convencido de que «se desarrollará en términos razonables. Seguro que hay sentido común y responsabilidad», dijo, al tiempo que indicó que no estaría afectado por la decisión del Gobierno de rebajar la jornada laboral. Frente a las 1.712 horas anuales que ha fijado como objetivo la responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, la plantilla de Tubacex tiene reconocida una jornada de 1.656 horas. «Y estas fábricas siguen teniendo los salarios más altos del grupo en todo el mundo», añadió. El consejero delegado aclaró que este año será un «ejercicio de transición», en el que previsiblemente los resultados estarán en línea con los de 2023 –un beneficio neto de 36,3 millones, lo que supuso una mejora de casi el 80% en comparación con 2022–, para entrar en 2025 en una fase de «despegue», como lo calificó el presidente de la compañía, Manuel Moreu. Las razones de esa previsible evolución positiva están ligadas a la entrega de algunos pedidos que se han retrasado a Petrobras y sobre todo la entrada en producción de la factoría de Abu Dabi.

Dos años y medio después de que el fondo de inversión francés PAI Partners se hiciera con el control del Grupo Uvesco (BM y Super Amara) por 500 millones de euros, este vehículo inversor parisino estudia ya su posible venta aprovechando el buen momento del sector y el crecimiento de la segunda marca vasca de distribución, según han confirmado a este periódico fuentes del Grupo. La entrada de PAI Partners en Uvesco –se hizo con el 70% del grupo de distribución de origen irundarra– se materializó en diciembre de 2021. Ahora, treinta meses después, este fondo inversor trabaja en una posible venta después de los buenos números que registró el grupo presidido por José Ramón López de Barrena el pasado ejercicio, con una facturación récord de más de 1.000 millones y un crecimiento sólido en Madrid donde tiene ya el 25% de sus más 330 tiendas. Ya han sido varios los interesados que han descolgado el teléfono para preguntar por el cartel de ‘se vende’ del Grupo Uvesco, puesto por el fondo francés. Carrefour es el principal candidato, con una oferta que podría alcanzar los 800 millones de euros, aunque este periódico no ha podido corroborar esta cifra. También han trascendido otros posibles pujadores como Continente (Sonae) y Auchan, pero fuentes cercanas al Grupo Uvesco con las que ha podido hablar este medio descartan estos nombres.  Desde el Grupo Uvesco sostienen que esta operación podría materializarse, o no, en las próximas semanas o meses, puesto que estos vehículos de inversión se erigen sobre dinero privado, por lo que es muy común que se barrunten posibles compraventas. En el caso de que esta operación reciba luz verde, la cadena de supermercados guipuzcoana seguiría manteniendo el arraigo en el territorio y su idiosincrasia, tal y como afirman desde el grupo irundarra de distribución.

El fabricante de trenes Talgo lanzó ayer un claro mensaje sobre la necesidad de refuerzos ante su junta de accionistas. Fue en una reunión cerrada a cal y canto a los medios de comunicación, pero la empresa envió un comunicado en el que enumeraba como prioridades “el fortalecimiento industrial y maximizar la eficiencia de los recursos financieros”. El presidente de Talgo, Carlos de Palacio, agradeció el apoyo de los accionistas en un arranque de 2024 “marcado por la opa de la empresa europea Magyar Vagon. Como saben, nuestras líneas rojas son y seguirán siendo preservar el empleo y la capacidad industrial en España, mantener la sede y la dirección de Talgo en España, conservar la titularidad de las patentes en Talgo, y todo ello mientras conseguimos la mejor opción para todos los accionistas y trabajadores”. Referirse a una empresa europea, como es el concesiones húngaro, y a toda una serie de garantías de continuidad para la que ha sido calificada como empresa estratégica por el Gobierno, busca ganar adeptos en el entorno de La Moncloa y entre los reguladores que pudieran tener competencias sobre la operación.

Asamblea de SEA Uneca. Las preocupaciones del sector de la Construcción se mantienen inalterables en estos últimos años ante la ausencia de cambios significativos que impulsen una mejora patente para las 2.439 empresas -en torno a un 4,5% menos que el pasado ejercicio- que emplean a 6.945 trabajadores en el Territorio Histórico de Álava. Las dificultades para contratar nuevos trabajadores que den relevo a las envejecidas plantillas actuales -más de la tercera parte supera los 50 años-, el incremento en el precio de las materias primas y la reducción de los márgenes lideran la lista de factores que inquietan a los representantes del sector. Además, hacer frente a todos estos obstáculos conlleva una dificultad añadida para acometer todo tipo de actuaciones relacionadas con las necesarias inversiones en formación, I+D+i, medio ambiente, seguridad, digitalización, industrialización y cumplimientos regulatorios cada vez más exigentes, para un sector en el que más del 95% de sus empresas tienen menos de 10 trabajadores. Ante este escenario, la Asamblea celebrada hoy por SEA Uneca ha planteado una actuación coordinada entre las Administraciones Públicas, las empresas y el resto de las partes interesadas (centros de formación, organizaciones sindicales, etc.), tanto en el diagnóstico como en la búsqueda de soluciones a un problema claramente sectorial y la vez industrial, y no financiero como en el pasado. Esta fórmula se va a trasladar al incipiente Gobierno Vasco desde las asociaciones empresariales. Ver nota SEA Empresas Alavesas Uneca. 

Mikel Torres, vicelehendakari segundo y consejero de economía, trabajo y empleo, se ha fijado como objetivo para esta legislatura lograr el pleno empleo en Euskadi. Así, lo señaló ayer en Donostia, donde presentó un curso sobre ‘Cambio Climático y Prevención de Riesgos Laborales’, organizado por Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, dentro de los Cursos de Verano de la UPV/EHU, que se celebran en Donostia. Se trataba de la primera comparecencia pública del vicelehendakari tras la toma de posesión del cargo este martes en Vitoria. Torres aseguró que «esta legislatura tiene que ser sin duda la legislatura en la que Euskadi alcance el pleno empleo», enfatizó. Con un mercado laboral pujante, en el que el empleo ha marcado varios récord de afiliación en los últimos meses en Euskadi, lo que ha llevado a que la cifra de cotizantes supere el 1.020.000 personas, el reto que se marca ahora el máximo responsable de la consejería de Economía, Trabajo y Empleo es reducir las cifras de paro por debajo del 5%, que es lo que se considera pleno empleo técnico. Para cumplir el objetivo establecido por Torres la tasa tendría que reducirse en más de tres puntos y medio en Euskadi para el final de la legislatura, ya que en el primer trimestre el índice de desempleo se situó en el 8,53% en el País Vasco.

«Aporta experiencia y amplio conocimiento». Así han justificado desde la Diputación el fichaje de Josu Erkoreka como asesor adscrito al Gabinete de la diputada general. La incorporación del exvicelehendakari, que cumple 64 años la semana que viene y acumula una larga trayectoria política, se produce apenas 48 horas después de dejar el Gobierno vasco. Josu Erkoreka es desde ayer asesor de la diputada general de Bizkaia. La institución foral formalizó en su Consejo de Gobierno la incorporación del exvicelehendakari primero y exconsejero de Seguridad al equipo de confianza de Elixabete Etxanobe, a la que conoció cuando eran profesor y alumna en la Universidad de Deusto, y a la que posteriormente brindó su primera oportunidad como alto cargo en la Administración. El fichaje se produjo apenas 48 horas después de que Erkoreka abandonara sus funciones en Lakua, tras la toma de posesión el martes del nuevo Ejecutivo autonómico que lidera Imanol Pradales.

Euskadi fue el pasado año la comunidad autónoma con mayor gasto medio por persona. Llegó hasta los 15.570 euros, un 4,5% más que en 2022. Según los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), los vascos desembolsaron de media un 18,7% más que en el resto del país, donde el coste medio por individuo fue de 13.120 euros. Los mayores incrementos se produjeron en ocio y cultura. La subida en este ámbito fue de un 22,2%. Así, en el País Vasco cada persona se dejó casi 750 euros en este área (1.745 por hogar). También creció de forma llamativa en restaurantes y hoteles, donde el aumento fue del 6,6% para superar los 1.750 euros individuales (4.088 la familia). La evolución se evidencia en los gastos medios por hogar. En el País Vasco crecieron un 4% durante el 2023. El coste por familia llegó a los 36.331 euros. Algo más de la mitad fue para vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (el 35,4% de todos los desembolsos) y en alimentación y bebidas no alcohólicas (el 15,7% del gasto familiar). Los primeros crecieron un 4,5% y marcaron de media 12.849 euros, y los segundos aumentaron un 4% con 5.714 euros. La subida en alimentación evolucionó de manera similar a nivel nacional, donde creció un 5,6% (5.333 euros en 2023), mientras que el crecimiento no se dejó notar igual en la vivienda, la electricidad y los combustibles, donde su aumento se quedó en un 1,5%. Cada familia pagó 10.367 euros en este área, es decir, 2.482 euros menos que en el País Vasco.

La implantación de la Inteligencia Artificial (IA) creará miles de empleos en el País Vasco, pero destruirá muchos más. La empresa de recursos humanos Ranstad cifró ayer en 12.000 los trabajos que se perderán en una década, al comparar los 80.217 empleos potenciales generados en ese plazo con los 92.239 condenados a desaparecer. En toda España la destrucción de puestos se estima en 400.000. La IA traerá una mejora en la productividad para el 15% de los trabajadores –151.059 empleados–, mientras que el resto –otros 752.428– no se verán afectados. A la cabeza de los sectores más afectados estarían el comercio y las actividades administrativas. Por su parte, se verían beneficiados los trabajos relacionados con la programación y la consultoría, las telecomunicaciones, los medios y publicaciones y las actividades científicas y técnicas. En toda España más de la mitad de las empresas (54,5%) aseguran no emplear todavía la IA.

La Comisión Europea recuerda a España que las brechas económicas entre comunidades autónomas están aumentando y que la mayor parte de ellas se está alejando de la media europea. Ocho regiones españolas se encuentran un 25% por debajo del PIB per cápita medio de la UE, señala el Ejecutivo europeo en sus recomendaciones formuladas a España la semana pasada. Solo tres figuran arriba con datos corregidos por el poder de compra: la Comunidad de Madrid se encuentra un 17% por encima de la media europea, el País Vasco un 9%, y Navarra un 3%. En el otro extremo, Andalucía está un 36% por debajo, Extremadura un 35%, y Canarias un 32%. Por su parte, en Cataluña el PIB por habitante solo es un 1,1% inferior al promedio comunitario. Estas diferencias son sustanciales y suceden también en áreas de Francia, Italia o Grecia. La advertencia coincide, además, con un momento en el que se está debatiendo en España un nuevo sistema de financiación autonómica y en el que se afirma que este debe tener en cuenta las singularidades de todas las comunidades. “Aunque muchas regiones se sitúan por debajo de la media europea en PIB per cápita y productividad, algunas están más afectadas que otras”, indica el Ejecutivo comunitario. Entre 2013 y 2022, hasta diez comunidades crecieron menos que la media nacional del 1,19%, lastrando la convergencia interna, apunta el informe de los servicios técnicos de la Comisión. Y solo Galicia alcanzó la tasa de crecimiento per cápita de la media europea, del 1,44% anual. Los avances más pobres se dieron en Baleares, un 0,46%, y Canarias, un 0,29%. Dado el periodo utilizado, el impacto de la pandemia en el turismo puede haber contribuido a los resultados de estas dos comunidades. En el informe se identifica a tres autonomías, La Rioja, Baleares y Canarias, como las que han caído en una trampa de desarrollo durante los últimos 15 años: tienen dificultades para converger y crecen menos de lo que lo hacían.

Las patronales CEOE y Cepyme han planteado al Gobierno y a los sindicatos numerosas propuestas sobre la reducción de la jornada laboral, sin que hayan encontrado una respuesta por parte de sus interlocutores. Por ejemplo, muy importante, es la posibilidad de aumentar las horas extraordinarias en los sectores donde el absentismo laboral sea más elevado. Con ello, los empresarios expresan su preocupación por el daño que está haciendo a la economía el hecho de que cada día haya una elevada ausencia de trabajadores de sus puestos en las empresas. Si se mide la pérdida de horas anuales por el numero de puestos de trabajo que significan, los empresarios consideran que, en torno a 1,5 millones de empleados faltarían todo el año a su puesto de trabajo. Por esta razón, han vinculado la realización de más horas extraordinarias en los sectores donde haya más absentismo laboral. O, directamente, CEOE y Cepyme han propuesto que la reducción de la jornada laboral ordinaria pueda ser compensada donde haga falta con la realización de más horas extraordinarias. En España, el límite está en las ochenta horas anuales. Muchos de los sectores con mano de obra intensiva expresaron ayer su profunda preocupación por el impacto que puede tener en sus empresas la medida del Gobierno: la hostelería, el comercio, la construcción, la agricultura o la limpieza. Un rechazo “unánime” a la propuesta del Gobierno de reducir, por ley, la jornada laboral en los dos próximos años, desde las 40 horas a las 37,5 horas a la semana.

El Gobierno ha prorrogado hasta diciembre de este año la prohibición a las empresas, que reciban ayudas públicas, de despedir a sus trabajadores, con el pretexto del aumento de los costes energéticos, como consecuencia de la guerra en Ucrania. En el caso de que no respeten esta prohibición tendrán que devolver las citadas ayudas. Lo mismo ocurre con las empresas que quieran reducir la jornada laboral de sus empleados o suspender temporalmente los contratos de trabajo. Tampoco podrán despedir a los trabajadores que estén en esta situación hasta diciembre de este año. El Gobierno ha prorrogado estas medidas, seis meses más, dentro del decreto ley de medidas urgentes contra las consecuencias de la guerra de Ucrania que el Consejo de Ministros aprobó el martes pasado, y publicó ayer el Boletín Oficial del Estado. Entre una norma y otra, el Ministerio de Trabajo lleva con estas medidas de protección de los trabajadores desde que estalló la guerra por la invasión rusa de Ucrania, y su repercusión en el incremento de los costes energéticos. Aunque, en realidad, el modelo de exigir a las empresas que mantengan las plantillas, a cambio de la percepción de todo tipo de ayudas pública, como las subvenciones de las cotizaciones sociales nació durante la pandemia del coronavirus, que estalló en febrero de 2020. Con ese mecanismo inicial, y 40.000 millones de euros, el Gobierno, con el respaldo de la patronal y de los sindicatos, consiguió salvar entonces, de su desaparición, entre 2020 y 2021, a 3,7 millones de empleo y 500.000 empresas.

El número de afiliaciones (que no de afiliados) a la Seguridad Social ha superado este año la barrera histórica de los 21 millones. Las previsiones para este verano dibujan, además, una nueva evolución récord del empleo y, con ella, de la contribución de las cotizaciones sociales, el principal sustento del sistema de pensiones español. Sin embargo, esta aportación récord volverá a ser insuficiente para soportar los compromisos de gasto adquiridos. Y es que el peso de las fuentes de financiación del sistema han sufrido importantes cambios en los últimos años. Así, si en 2010 las cotizaciones sociales (lo que paga el empleador y el empleado de sus nóminas) aportaban el 92,3% del total del gasto del sistema, hoy su peso apenas cubre un 69,8% del mismo. Así lo constata Fedea en un informe publicado ayer, que advierte del desequilibrio que presenta el sistema entre sus ingresos y sus gastos y de cómo éste ha crecido en los últimos años. Por ejemplo, las obligaciones de gasto en pensiones públicas (Seguridad Social y clases pasivas) han crecido desde 2010 3,1 puntos, hasta alcanzar un 13,1% del PIB. «Esto supone aumentar su cuantía inicial en casi una tercera parte en un corto periodo de tiempo», advierte Miguel Ángel García Díaz, doctor en Economía, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos y responsable de esta investigación de Fedea. Y todo ello justo antes de uno de los mayores desafíos a los que debe hacer frente el sistema: la jubilación de la llamada generación del baby boom, la más numerosa del país (los nacidos entre 1958 y 1977) y que empieza ahora a solicitar sus pensiones. Mientras los gastos del sistema han escalado ese 3,1% desde 2010, los ingresos apenas han crecido un 2,3% en el mismo periodo. 

El Congreso de los Diputados dio ayer luz verde a la Ley de Paridad, con la oposición del PP y de VOX. Una legislación que establece unos porcentajes mínimos de representación de la mujeres en diferentes ámbitos y estamentos, como puede ser el empresarial, el deporte, los sindicatos e incluso órganos judiciales o fundaciones, sin dejar de lado las listas electorales. En lo que respecta al ámbito económico y más en concreto a la representación de las mujeres en los órganos de decisión de las empresas, la nueva legislación, que tiene que pasar todavía por el Senado, establece un mínimo del 40% del sexo menos representado para los consejos de administración y los puestos de alta dirección de las sociedades cotizadas. En caso de que eso no se cumpla, «deberá ajustar los procesos de selección de las personas candidatas» a esos consejos. Para asegurar que se cumple, la legislación prevé que en el informe anual de sostenibilidad de estas empresas se incluya «un informe anual sobre la representación del sexo menos representado en el consejo de administración». Si aún así no se ajustan a la nueva normativa, habrá sanciones «adecuadas y proporcionales». Para las 35 sociedades con mayor valor de capitalización bursátil (que se determinará usando la cotización de cierre del día en que la ley entre en vigor) será de aplicación a partir del 30 de junio de 2025. Para el resto de sociedades cotizadas, a partir del 30 de junio de 2026. Y para aquellas con una cotización inferior a los 500 millones de euros, antes del 30 de junio de 2026.

Cerca de 780.000 mujeres trabajan en la industria en España. Esta es, de hecho, la rama de actividad que más empleo femenino genera a nivel nacional por detrás del sector servicios, que concentra a casi el 89% de las ocupadas. En la inmensa mayoría de las empresas industriales cotizadas, ellas han escalado posiciones en áreas potentes, pero auxiliares, como la sostenibilidad, donde ya rozan la paridad. En cambio, ellos mantienen una rotunda hegemonía en los consejos de administración, en los puestos ejecutivos y en direcciones clave para la competitividad, como la innovación. Quizá la causa de este desequilibrio tenga algo que ver con que la foto del empleo femenino se haya mantenido prácticamente fija en España los últimos ocho años, casi una década en la que el peso de las trabajadoras industriales respecto al total de ocupadas apenas ha crecido del 7 al 7,3%. También con que hoy la brecha entre el salario bruto medio de hombres y mujeres en la industria sea del 18%, la segunda más pronunciada de las principales ramas de actividad. Tampoco ayuda que apenas el 5% del total de las graduadas del curso 2021-2022 cursaran ramas de ingeniería, industria o construcción, carreras que en el caso de los hombres representan el 18% de los licenciados. O que la presencia femenina sobre el total de artesanos y trabajadores cualificados activos de la industria manufacturera y la construcción supere por poco el 8%.

«Muchos alumnos creen que el dinero que te presta el banco no hay que devolverlo ni comprenden que hay que seguir pagando el préstamo que pediste para montar un negocio, aunque éste no fue bien y tuviste que cerrarlo. Tampoco entienden los desahucios o el endeudamiento, ni tienen claro el tema de la bolsa o las inversiones». Habla Carmen Mallol, profesora de Economía en el instituto público La Canal de Navarrés (Valencia), que dice que los adolescentes tienen «lagunas» en cultura financiera porque faltan conocimientos de base entre las familias y «en España no se ha dado suficiente importancia» a la asignatura. El Informe PISA publicado ayer ha mostrado que los estudiantes españoles de 15 años quedan por debajo de la OCDE en competencia financiera (486 puntos frente a 498) y lejos de los países más avanzados, como Bélgica (527), Dinamarca (521) o Canadá (519). España ha empeorado seis puntos desde 2018,no han mejorado desde 2012 y nuestra mayor debilidad es que tenemos muy pocos alumnos en el nivel 5, el más avanzado: suponen apenas el 5%, la mitad que en el promedio de territorios evaluados y tres veces menos que los países en cabeza. Por contra, hay un 17% de estudiantes que no tienen una base mínima que les permita tomar decisiones informadas en su vida. Están en «analfabetismo financiero», según Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Algo positivo de España es que es uno de los países donde menos desigualdad existe entre los alumnos favorecidos y desfavorecidos. Pero, aún así, hay una brecha de 73 puntos entre ellos a favor de los primeros. Los profesores insisten en la necesidad de que se impartan estos conocimientos en la escuela «para que todos los niños tengan una base, independientemente de su origen». Pero opinan que «la educación financiera está bastante difuminada y no tiene suficiente peso en las aulas». 

El Banco Central Europeo (BCE) deshoja la margarita después de su primer recorte de los tipos de interés. Con el precio del dinero al 4,25% y unos datos de inflación peores de lo esperado, un nuevo descenso en la reunión de julio está descartado. Pese a ello, la puerta todavía está abierta para la cumbre de septiembre. La incertidumbre es total y el Consejo de Gobierno de la autoridad monetaria está comprometido a dejar que sean los datos los que dicten sus decisiones. El objetivo es limitar la información que trasladan al mercado para evitar atarse las manos con cualquier movimiento. Sin embargo, Christine Lagarde, presidenta del BCE, ha querido dar una suerte de caramelo a los inversores. En su reciente entrevista, la presidenta del BCE indicó: “Necesitaremos más datos, entre ellos datos sobre salarios, sobre cómo los beneficios unitarios están aumentando y absorbiendo parte de los costes laborales, y sobre productividad. Son factores importantes que afectan a la inflación de los servicios, que es nuestro punto débil”. Según los expertos en política monetaria consultados, Lagarde, con sus palabras, ha telegrafiado los tres datos macroeconómicos que la autoridad monetaria vigilará más de cerca a la hora de decidir si vuelve a bajar los tipos de interés o mantiene su actual nivel de restricción monetaria a la vuelta del verano. Los datos sobre negociaciones salariales, que se publican el 22 de agosto; los datos sobre productividad, que saldrán a la luz el 14 de ese mismo mes, y los datos sobre los costes laborales unitarios y los márgenes empresariales, que podrán consultarse desde el 6 de septiembre, serán los pilares sobre los que se asiente el debate del Consejo de Gobierno. Todos ellos se conocerán antes de la cumbre monetaria de Fráncfort, que se celebra el 12 de septiembre.

El Banco de Inglaterra advirtió ayer del riesgo de recortes significativos en los mercados financieros del país tras varios meses en los que las valoraciones globales han alcanzado máximos. “Aunque los precios se han mostrado robustos dados los notables incrementos de los tipos de interés y los acontecimientos geopolíticos recientes, el ajuste por la situación de tipos más altos no se ha completado todavía y los precios permanecen vulnerables a una corrección aguda”, dice la institución británica en su informe trimestral de estabilidad financiera. Esta situación podría perjudicar al coste y a la disponibilidad de financiación de la economía real por dos vías: la dificultad de las compañías para refinanciar la deuda que vaya venciendo, lo que incluye una reducción del valor de los colaterales, y el posible contagio a otros segmentos que podría conducir a un menor apetito por el riesgo o a un deterioro de los mercados. “Los precios de muchos activos, como acciones y bonos, se mantienen relativamente altos en términos históricos, y muchos han seguido subiendo. Ello sugiere que los inversores continúan esperando que la economía se recupere y que la inflación caiga”, expone el informe, en el que advierte de que esas expectativas, que intentan ver el vaso medio lleno, puedan no corresponderse con los datos reales en su momento. Estos problemas no son nuevos, pero se han acentuado en los últimos meses. “El riesgo en general no ha cambiado respecto del primer trimestre, pero algunos de los retos son más preocupantes”, expone la institución dirigida por Andrew Bailey.

“Debemos dejar de ir de puntillas y comenzar a llamar a las cosas por su nombre. El plan actual no funciona para nuestros socios”. Justo a una semana de las elecciones en Reino Unido, las Cámaras de Comercio Británicas (BCC, por sus siglas en inglés) lanzaron ayer un mensaje contundente sobre uno de los temas que laboristas y conservadores intentan soslayar, pero que sigue condicionando de alguna manera la política en Reino Unido: el Brexit. “La Unión Europea es el principal mercado para Reino Unido, con un 42% de todas nuestras exportaciones. Dejar la UE ha hecho más caro y burocrático enviar bienes y servicios a través del Canal [de la Mancha]. Pero una mejor relación comercial es posible si el gobierno de Reino Unido y la UE alcanzan un acuerdo en áreas de mutuo beneficio para los negocios de ambas partes”, sostuvo la directora general de las BCC, Shevaun Haviland, durante la conferencia anual que celebró ayer en Londres la institución, que representa a 50.000 empresas con seis millones de empleados. Igual que el Brexit polarizó la campaña de 2019, en la que Boris Johnson consiguió barrer en la Muralla Roja (las zonas industriales del norte de Inglaterra, tradicionalmente laboristas) para lograr una mayoría absoluta, el divorcio con la UE subyace en la campaña para los comicios del próximo 4 de julio, pero es un asunto molesto para los dos principales partidos. El diferente enfoque sobre la cuestión europea se evidenció en el cara a cara de los líderes conservador, Rishi Sunak, y laborista, sir Keir Starmer, en la noche del miércoles en la BBC. “Tengo una empresa de vinilos de jazz con mi pareja. Tras el Brexit he perdido el 90% de mi negocio con Europa. ¿Cómo podemos arreglar la relación rota con Europa?”, inquirió una persona del público. Para conocer la opinión de Sunak y de Starmer, ambos tuvieron que ser repreguntados por la presentadora en más de una ocasión.

El drama italiano no terminó en tragedia. Pese a los recelos y el enfado de la primera ministra ultraderechista Giorgia Meloni (que lleva días cargando contra un proceso de negociación en el que no se la ha tenido en cuenta por pertenecer a la familia de la ultraderecha), los Veintisiete dieron ayer luz verde a los nombramientos a la cúpula de la UE: la conservadora alemana Ursula von der Leyen, para repetir al frente de la Comisión Europea, el ex primer ministro portugués, socialista, António Costa, para el Consejo Europeo, y la primera ministra liberal estonia Kaja Kallas como jefa de la diplomacia europea. Lo hicieron sin el apoyo de Meloni, que se abstuvo en la designación de Von der Leyen y votó contra Kallas y Costa. El primer ministro húngaro, el nacional populista Viktor Orbán, votó contra la alemana y la estonia. La terna que ya habían encajado el martes los negociadores de las tres principales familias políticas europeas —populares, socialdemócratas y liberales— recibió el respaldo de una mayoría suficiente en una reunión en Bruselas, según fuentes diplomáticas. Von der Leyen y Kallas, que sucederá a Josep Borrell como alta representante para Política Exterior y Seguridad, tendrán que superar ahora la confirmación del Parlamento Europeo, algo que, en el caso de la alemana, a la que se vota de forma individual, no está garantizado. Von der Leyen, que se presenta como el faro de la estabilidad en un momento global muy volátil, acelerará desde hoy una ofensiva diplomática para lograr que el máximo número de eurodiputados la apoyen, previsiblemente en el próximo pleno, en julio.