20250518

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

Las empresas de Gipuzkoa tradicionalmente han mostrado un elevado nivel de conciencia social, con iniciativas que han contribuido a mejorar el entorno en el que desarrollan su actividad, pero les faltan herramientas para medir ese impacto social y traducirlo en indicadores que pueden ser un instrumento muy valioso para mejorar su imagen, captar de este modo talento y reducir las elevadas tasas de absentismo del territorio. Con esta premisa, Deusto Business School, Fundación Antonio Aranzábal, Fundación Artizarra, Rural Kutxa y Sinnple han constituido un nodo que, con el nombre de Eraldatu, persigue ofrecer al tejido empresarial un método para que puedan medir su impacto social y obtener de este modo una mayor rentabilidad de sus actividades en este ámbito. Su primera acción tuvo lugar el pasado año en un foro que reunió en Donostia a emprendedores sociales, empresas, universidad, financiadores y administración pública para promover iniciativas transformadoras de impacto social, a lo que seguirán otros proyectos como la elaboración de manuales sencillos de medición de este impacto o la celebración de jornadas específicas.Jokin Aranzábal, patrono de la Fundación Antonio Aranzábal, y Cristina Aragón, profesora de Deusto Business School, creen que, por lo general, muchas empresas de Gipuzkoa desarrollan iniciativas con impacto social en el territorio, y ahora comienzan a surgir las medioambientales, aunque en ocasiones es por cumplimiento de la normativa. Eraldatu se centra más en las referidas al ámbito social, al considerar que tienen un alto potencial de resultar rentables.

Irisbond es una empresa de Donostia que nació en 2013 con el impacto social en su ADN. Su actividad principal se centra en posibilitar la comunicación a las personas que por problemas físicos no pueden interactuar. Su innovadora propuesta, que se basa en proporcionar tecnología para que este colectivo emplee sus ojos para utilizar, a modo de ratón, un ordenador y estar en permanente conexión con las personas de su alrededor. Su fundador y director general, Eduardo Jauregi, lo resume en “dar voz a personas que tienen dificultades” para comunicarse. Jauregi recuerda que en sus inicios, como una startup que surge del centro tecnológico Vicomtech, el equipo analizó las potencialidades que tenía una tecnología muy ligada a la Inteligencia Artificial y la Visión Computacional y comprobaron que sus aplicaciones ayudaban a múltiples sectores como la defensa, el neuromarketing o la conducción autónoma. Sin embargo, repararon en que “una muy directa era la comunicación alternativa”, explica su fundador.  La buena acogida ha sido generalizada con rondas de capital en las que ha captado 2,5 millones de euros y reconocimientos tanto en casa, por parte de la patronal guipuzcoana Adegi, como en el ámbito internacional, con su colaboración con el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), entre otras iniciativas. Eduardo Jauregi considera que el impacto social es un activo muy valioso en las empresas. La rentabilidad y la competitividad son, en su opinión, factores indispensables en una compañía, pero “en este mundo el impacto social se lo van a exigir a todas las empresas”, además de que sean sostenibles, en su opinión. El fundador de Irisbond no considera una obligación este carácter social, sino por el contrario piensa que es una herramienta muy útil para atraer y retener talento joven que, en el caso de esta firma, es fundamental. Su actividad tecnológicamente muy avanzada exige la contratación de perfiles altamente cualificados que, en muchas ocasiones, corresponde a personas jóvenes cuyos valores no coinciden con los de generaciones anteriores.

Ocurrió en el transcurso de una respuesta a una pregunta un tanto genérica sobre el invierno demográfico y la fuga de talento joven de Euskadi hacia Madrid y Barcelona. Contestaban el lehendakari y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y al final de su intervención, Imanol Pradales aprovechó para introducir una reflexión un tanto inesperada. Sobre inmigración. «¿Qué tipo de migración necesitamos y qué tipo de migración es la que estamos recibiendo? Solo en los últimos cinco años hemos recibido más de 75.000 personas migradas. Pero no ha sido una migración buscada. ¿Qué necesidades tiene la sociedad y la economía vasca?», dejó en el aire el dirigente jeltzale. Ocurrió el pasado jueves en el Foro Agenda Atlántica. Pero los ecos resonaron ayer y con fuerza en la política vasca. Y la principal crítica llegó, precisamente, de los socios del PNV en el Gobierno vasco. Al PSE no le gustaron nada esas declaraciones del lehendakari, en las que apreciaron un giro claro en la postura que hasta ahora habían defendido los jeltzales en esta materia. «Son muy preocupantes. Se apartan del ámbito que hemos acordado la mayoría de los vascos y de las vascas con el pacto vasco-migratorio, a donde tenemos que volver», aseguró el parlamentario socialista Ekain Rico en la radio pública vasca. El representante socialista no se quedó ahí y calificó de «muy peligroso» que la postura defendida por Pradales «coincida» con la del presidente gallego y, en general, con el PP. «Clasificar a los inmigrantes como de calidad o inmigrantes basura es incompatible con la defensa de los derechos humanos, la cohesión social y la integración. Hablar de la migración que nos viene y la migración que necesitamos es verdaderamente terrible, absolutamente pernicioso, peligroso», insistió Rico.

Gipuzkoa es un mosaico multicultural. La diversidad de orígenes entre la población extranjera en el territorio se ha intensificado en los últimos años, sobre todo después de la pandemia. Desde ciudadanos nepalíes hasta rumanos pasando por hondureños. Cada vez más personas se sienten atraídas por asentarse en el territorio ya sea por razones económicas, decisiones de reunificación familiar o peticiones de asilo y refugio y así lo reflejan los datos censales entre 2021 y 2024 del Instituto Nacional de Estadística: Gipuzkoa ha sumado más de 16.000 nuevos personas nacidas en el extranjero en apenas cuatro años. O lo que es lo mismo, los inmigrantes han aumentado un 20,8% al pasar de ser 78.306 a 94.635. También el peso que tienen ha crecido. Si en 2021 representaban el 10,8% de la población total, en 2024 era de 13%, es decir 2,2 puntos más. La mayoría de la población migrante que vive hoy en día en Gipuzkoa reside en los municipios más grandes. Así, Donostia concentra casi el 30% de los extranjeros del territorio. Además, dos tercios de todas las personas migrantes se reparten entre las localidades de más de 20.000 habitantes. «Tiene sentido porque al final la mayoría de las personas que emigran a Euskadi lo hacen por motivos económicos y en las ciudades grandes es donde más oportunidades pueden tener», valora Oier Ochoa de Aspuru, sociólogo de Ikuspegi, el Observatorio Vasco de Inmigración. «Aún así también vemos que en localidades con un fuerte tejido industrial la presencia de extranjeros es notable», sostiene. El principal motor de llegada de personas de origen extranjero a Gipuzkoa ha sido el empleo y de ahí que las crisis económicas y la pandemia hayan producido oscilaciones en los flujos migratorios.

El Gobierno dio un paso más firme de lo previsto al señalar que las provincias en las que se originó el apagón del pasado 28 de abril son Granada, Badajoz y Sevilla. ¿Cómo puede estar tan seguro? El Ministerio de Transición Ecológica formó una comisión de investigación pocos días después del incidente. Este grupo de trabajo, que se reúne casi diariamente, está analizando «millones» de datos para sonsacar información de los minutos previos a las 12.33 horas de aquel último lunes de abril, cuando España se fue a negro. En cuestión de 20 segundos, según concretó la ministra Sara Aagesen en el Congreso el pasado viernes, se produjeron tres eventos de pérdida de generación eléctrica por un acumulado de 2,2 gigavatios (GW) en determinadas plantas localizadas en estas tres regiones que llevaron al apagón total. La causa detallada de lo que causó el incidente está aún lejos de conocerse, así que el Gobierno pone ahora el foco en los culpables. Y la gestión de Red Eléctrica –empresa que controla el Estado con el 20% del capital– queda fuera del tablero de juego en el que ahora pone el foco el Ejecutivo. El equipo de Aagesen está recabando más información de empresas como Iberdrola, Endesa o Naturgy, las energéticas con el mayor número de megavatios instalados en esas provincias. Badajoz, Granada y Sevilla son tres de las provincias españolas con un mayor despliegue de las renovables, sobre todo de parques fotovoltaicos. Este tipo de energía es muy intermitente y necesita una gestión «muy ordenada» por parte del controlador nacional, que es Red Eléctrica. Los expertos aseguran que si el Gobierno ha llegado a poder concretar las tres provincias posible origen del apagón, están «muy cerca» de conocer cuáles fueron las centrales exactas donde se disparó la producción eléctrica y provocaron un apagón en cascada. Además, si la pérdida fue de 2.200 MW hay pocas plantas en España con tanta potencia, incluso siendo varias las que pudieron caer simultáneamente.

Las investigaciones que quieren arrojar luz sobre las causas del apagón del 28 de abril se adivinan largas, pero apenas caben ya dudas de que el suceso evidencia que la red eléctrica se sostiene en España sobre pies de barro. Para los expertos es el momento de reforzar el sistema, lo que puede ser una oportunidad para un sector que tiene en el País Vasco a algunas de las principales empresas. «Lo que ha ocurrido refuerza el discurso con el que ya llevamos varios años: es necesario reforzar la red», advierte el director general del Clúster Vasco de Energía, José Ignacio Hormaeche. Algunos estudios apuntan la necesidad de «duplicar o incluso triplicar» las inversiones de refuerzo, recuerda en un momento en el que los operadores demandan más autorizaciones para acometer mejoras. Para Hormaeche el primer refuerzo va ligado a más volumen. «Necesitamos más líneas de alta tensión, más subestaciones, más centros de transformación…», enumera. Pero al mismo tiempo, añade, hay que apostar por una digitalización acorde que permita analizar y digerir la masiva cantidad de datos que ya se recogen a través de los contadores inteligentes y de toda la sensórica desplegada en la red. El objetivo, poder responder a tiempo y predecir cómo va a evolucionar el servicio. La herramienta se compone de software y algoritmos, otro recurso del que pueden presumir las cerca de 60 empresas integradas en el clúster de energía, que movilizan en torno a 6.000 empleos. «En esta caso también en Euskadi contamos con auténticos especialistas», presume. El apagón también podría haber servido para llamar la atención sobre la posible demanda de equipos para España. Más en un momento en el que las tensiones arancelarias han obligado a muchas empresas a explorar nuevos clientes. «Sin duda éste va a ser un mercado muy atractivo, pero incluso antes de que ocurriera esto ya tenían puestos los ojos en nosotros», valora el director del clúster. El centro de investigación y desarrollo Tecnalia, que lleva siete décadas impulsando la I+D entre las empresas del sector de redes y con alta presencia en renovables, comparte la valoración sobre el potencial vasco en este ámbito. «Es una de las industrias más potentes en Euskadi. Tenemos empresas con larguísima experiencia y conocimiento tecnológico diferencial en electrónica de potencia, transformadores de medida...», subraya su director de Redes y Electrificación, Ángel Díaz Gallo, quien recuerda que algunas de estas compañías «son líderes del mercado, incluso a nivel mundial, llegando a exportar el 80% de su producción».

El primer trimestre del año ha firmado una actividad crediticia sin precedentes en la última década en Euskadi. La bajada de los tipos de interés que, tras el ajuste del mes pasado, están en el 2,25%, ha animado a ciudadanos y empresas a pedir dinero a los bancos. Así, según los datos consultados con las principales entidades que operan en el País Vasco, entre enero y marzo se formalizaron créditos por un valor de 4.300 millones. Un empujón con el que el saldo vivo total que la banca tiene prestado al sector privado asciende al cierre del primer trimestre a 57.576 millones, según los datos del Banco de España. Esta última cantidad recoge la producción de nuevos créditos, pero resta también lo que los clientes han ido amortizando de sus pólizas. En total, el saldo neto en marzo respecto al pasado diciembre es de 676 millones, una cantidad que supone multiplicar por cuatro las cifras registradas el año pasado, que fueron de 188 millones. Es, además, el mejor registro de la última década. Y según las previsiones de los bancos y el comportamiento de la economía, esto no ha hecho más que empezar. Anima la expectativa de que este año sigan ajustándose los tipos hasta llegar al 2%, lo que, junto a la moderación de los precios –en Euskadi han dejado el IPC en el 2,6% en abril–, propiciaría un escenario idóneo para la inversión. Los datos del primer trimestre no recogen, eso sí, el impacto que el mes pasado tuvieron las tensiones arancelarias tras los anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aunque, tras los últimos acuerdos de la Administración norteamericana con Europa y China, la situación parece que consolida una desescalada tranquilizadora.

Para ver un mes de marzo en el que en Euskadi se formalicen más de 2.430 adquisiciones de vivienda hay que irse hasta 2007, en plena burbuja inmobiliaria. El dato, publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), es una confirmación de la reacción de la demanda de vivienda en el País Vasco, que está tirando de una oferta muy parada en los últimos años. El mercado ha reunido los ingredientes para el cóctel perfecto. El ahorro acumulado desde la pandemia por las familias que han podido hacerlo, una situación de las empresas más saneada y con menos deuda y, por último, unos tipos de interés que caen desde el año pasado y se prevé que cierren este 2025 en el 2%. Así, la falta de oferta por el parón de la construcción ha despertado con fuerza. El flujo del crédito no solo va hacia las hipotecas para los compradores, también llega a empresas que levantan nuevos bloques. El préstamo promotor de Kutxabank se ha disparado y en el primer trimestre del año ya estaba financiando la construcción de más de 2.000 viviendas. Un registro récord que ha multiplicado por más de 2,5 el flujo de este crédito respecto al pasado año. La situación refleja un rebote tras varios años en los que el ritmo de construcción ha sido muy bajo. Así, en 2007 se levantaban más de 15.000 viviendas al año en Euskadi, mientras que en 2022 y 2023 fueron 5.000 y 5.800 respectivamente. Este reacción se está percibiendo en la creación de empleo, que ha crecido en este sector en el último año en mil personas. Una evolución desarrollada a pesar de la dificultad que aqueja a estas compañías para encontrar perfiles profesionales. El renacer de la construcción se nota también en la creación de empresas. Según los datos del censo de la patronal vasca, Confebask, este sector es el único que ha visto en la última década incrementarse el número de compañías. Las 7.004 actuales son un 10,5% más, frente al 1,3% de crecimiento en servicios y la reducción del 10,2% en la industria.

El mercado inmoliario se anima con fuerza en Euskadi al calor de la bajada de los tipos de interés. Pese a que las fuentes consultadas en el sector bancario eluden utilizar el término de guerra hipotecaria y prefieren hablar de competencia «muy elevada», el ciclo bajista del Banco Central Europeo –BCE– en su política monetaria está intensificando la formalización de préstamos. Hasta el punto de que en el primer trimestre de 2025 se ha registrado un incremento de hasta el 40% respecto al mismo periodo del año pasado. Un dinamismo que evidencia también una batalla comercial de los bancos por captar nuevos clientes. Este contexto económico más laxo –los tipos están al 2,25% frente al 4% de hace un año– impacta directamente en una suavización del euríbor –el índice de referencia en los préstamos a tipo variable–, lo que a su vez alivia el bolsillo de los ciudadanos en las cuotas de sus hipotecas. Por esta razón, la demanda sube entre particulares. A su vez, las entidades bancarias, que disponen de mayor liquidez porque anticipan menos margen en otros productos financieros, echan el resto en este segmento para captar nuevos clientes –especialmente los más solventes–, ofreciendo condiciones más atractivas. Entrando en detalle, DV ha realizado una ronda con algunos de los bancos con mayor presencia en Euskadi –Kutxabank, Laboral Kutxa, Sabadell, BBVA y Rural Kutxa–. Lo más común es que una hipoteca cubra hasta el 80% del valor de la vivienda. Es decir, los bancos suelen financiar hasta ese porcentaje, lo que significa que el comprador debe aportar el 20% restante como entrada. En cambio, cuando los tipos de interés están más bajos como es el caso, ese porcentaje de financiación bancaria puede aumentar, aunque siempre condicionado a unas garantías. Es lo que está sucediendo en el País Vasco en la actualidad, un ecosistema un tanto especial por el alto precio del valor de la vivienda, sobre todo en capitales como en San Sebastián y en Bilbao. De ahí que los bancos estén concediendo en algunos casos préstamos que cubren el 90, el 95 y hasta el 100% del valor de la vivienda, pero sujeto eso sí a avales y a la capacidad de reembolso de los clientes.

La vivienda industrializada – aquella que se produce en una fábrica y después se ensambla sobre una estructura– empieza a coger ritmo en Bizkaia. Y no solo en chalés, sino como técnica de construcción de pisos y edificios residenciales en altura. Un ejemplo de ello son los 33 alquileres protegidos que ya se levantan en Sopela, primer proyecto público que se desarrolla a través de este método en Euskadi. El 95% de la parte habitacional del edificio, de tres alturas, está conformado por módulos fabricados previamente. El 5% restante son los remates que se hacen in situ. Los cimientos, la estructura del edificio y del ascensor siguen siendo de hormigón. «Es una forma de construir que ha venido para quedarse», defiende el viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos. «Una vez el domicilio está acabado, nadie se da cuenta de que se ha desarrollado de forma industrializada», defiende el responsable. Los módulos se fabrican en Jit Housing, empresa especializada en la industrialización de la construcción ubicada en Rivabellosa (Álava) a la que acudió El Correo para conocer cómo los pilares de acero se convierten en viviendas paso a paso. A 92 kilómetros del solar de donde el Gobierno vasco levanta la promoción, día tras día salen de una impresionante planta de 11.000 metros cuadrados camiones cargados de módulos listos para ser colocados en el esqueleto del edificio. Las piezas, meticulosamente armadas, cuentan incluso con la instalación hecha y la fachada ventilada puesta. Entrar en la planta dirigida por Pedro Rebollar, CEO de la compañía, y Raúl Lacalle, director industrial, es como viajar al futuro, pero sin robots ni máquinas. Apenas se escucha ruido, ni tampoco se ve agua correr, como suele ser habitual en la construcción tradicional. «Se busca que el proceso sea sostenible», dicen. La forma de producir es en cadena, simulando el sistema de ensamblaje de los trenes de CAF.

Sara de la Rica, directora de Iseak y catedrática de Economía de la UPV/EHU, advierte de que la parcialidad involuntaria es una de las grandes causas de la precariedad laboral y que penaliza sobre todo a las mujeres. "En otros países, la parcialidad no está tan asociada con la precariedad. Aquí en general son puestos no cualificados. Esto no sucede en otros países donde el empleo parcial es voluntario y está relacionado con la situación familiar y el perfil de cada uno...– Llama la atención el caso de Países Bajos, con una tasa de parcialidad del 68%, pero una involuntariedad del 7%. ¿Es un modelo a seguir?– Claramente. Lo que pasa es que es un país con salarios más altos y con 25 o 30 horas semanales puede llegar perfectamente para que dos progenitores puedan mantener una familia. Pero también influye la manera de organizarse y conciliar, que es perfectamente posible siempre y cuando llegue la remuneración para cubrir los costes familiares. Es algo que, con bajos salarios, es imposible. Además, la reducción de jornada, aunque sea voluntaria, no tiene que recaer siempre sobre la mujer, porque lleva a una menor progresión laboral...Hemos visto alta parcialidad, y sobre todo involuntaria, en los cuidados y limpieza, pero también en comercio y hostelería...Eliminar los prejuicios que existen en etapas tempranas de la vida es muy importante. Las niñas no eligen módulos de FP industrial o de servicios avanzados. Por otra parte, se debe premiar a las empresas que no fomentan la parcialidad..."

Ni este viernes en Bridgestone, ni el anterior en la educación pública, ni hace un mes en Guardian. ELA ha quedado al margen de los acuerdos que han puesto fin a los conflictos laborales que han marcado la agenda vasca en las últimas semanas. La central, con cerca de 105.000 afiliados y una robusta caja de resistencia de 1.450 euros –su herramienta clave para afrontar huelgas prolongadas–, mantiene una estrategia de confrontación que bloquea el pacto si no se aceptan sus postulados. Sin embargo, en estas mesas, o los trabajadores o los otros sindicatos les han dado la espalda. La cuestión es que frente a la vía de la concertación que, en mayor o menor medida, practican otras centrales, ELA ha hecho de la confrontación sostenida no solo una estrategia, sino una seña de identidad. Una característica que quisieron llevar hasta las últimas consecuencias en Bridgestone, pese a ser la organización con menos representación. Mientras el resto de sindicatos entendieron que la propuesta de la multinacional japonesa reunía unos «mínimos razonables» como para someterla a votación entre la plantilla –que finalmente la avaló con el 69% de los votos–, la central liderada por Mitxel Lakuntza quería mantener la vía de la movilización activa, a base de más paros y huelgas, hasta conseguir la retirada total del ERE. Esta posición de ELA no es nueva, pero sí contrasta con el pragmatismo de otras centrales, que han optado por asumir avances parciales en vez de prolongar la negociación hasta lograr la concesión de todas las demandas. Una disyuntiva a la que, a buen seguro, el movimiento sindical se seguirá enfrentando en los próximos meses, en un contexto marcado por la crisis del sector de la automoción, la amenaza de recesión en Europa y el ajuste industrial que, pese a los cuantiosos planes de ayuda gubernamental, ya asoma en una Euskadi netamente exportadora.

"No tenemos la sensación de que estemos resolviendo los problemas a golpe de chequera. Que nadie crea que por enarbolar una pancarta está todo solucionado. Hay que hablar de muchas más cosas que de dinero». El Gobierno vasco defiende, con este argumento, a su vez un aviso a los sindicatos, su estrategia negociadora para cerrar los conflictos abiertos en la Administración pública. Para enfriar las patatas calientes que se encontró Imanol Pradales a su llegada a Ajuria Enea tras las tres legislaturas de Iñigo Urkullu. El primer gran nudo que se desató, en marzo, fue el del conflicto en la Ertzaintza, solventado con un desembolso de 160 millones de euros en cuatro años que convierte a la Policía autonómica vasca en «la mejor pagada de España», según la mayoría sindical. Hace justo una semana, se logró encauzar el de Educación y poner fin a las huelgas anunciadas en la enseñanza pública gracias a un acuerdo que contempla subidas salariales del 7% a lo largo de los próximos tres años y que la consejería califica de «histórico» aunque no ha podido, o querido, cuantificar en una cifra el coste de la paz social en las aulas vascas. El guarismo, apuntó la consejera Begoña Pedrosa ante la insistencia de los periodistas este martes, se está «puliendo» aún, pero «la noticia», ha recalcado la titular del departamento en distintas comparecencias esta semana, no es el coste del acuerdo sino su virtualidad para mejorar la calidad del sistema educativo y los resultados del alumnado...Distintas fuentes conocedoras de las dinámicas sindicales en la Administración pública apuntan que el papel de ‘pacificador’ que asume Pradales al cerrar carpetas conflictivas que su antecesor mantuvo abiertas es un arma de doble filo y puede convertirse en un «bumerán» por dos motivos. El primero, apuntan, la ausencia de un «panorama retributivo claro» que ponga puertas al campo a las reivindicaciones salariales. «Se recurre a la manguera del dinero para apagar todos los incendios y el problema es que los funcionarios se miran todos de reojo», abundan. El Gobierno vasco niega la mayor con el argumento de que los acuerdos dan respuesta a problemas de fondo no resueltos en los convenios antiguos, como la ciberseguridad, la integración de los alumnos extranjeros, los programas de refuerzo o la gestión de las nuevas tecnologías. El factor ELA, por supuesto, pesa mucho y promete un horizonte movido... El segundo factor de riesgo que entrañan los acuerdos es, si cabe, políticamente más gravoso que el presupuestario. El lehendakari no ha ocultado nunca su «preocupación» por la brecha salarial entre el sector público y el privado, que se traduce en continuos llamamientos a los empresarios para que mejoren los sueldos, especialmente los de los jóvenes, un elemento de presión añadido sobre la patronal. El problema es que las atractivas condiciones no sólo retributivas sino también laborales del sector público y el cambio de prioridades en las generaciones más jóvenes inclinan la balanza hacia la opción funcionarial, incluso atrayendo a mano de obra altamente cualificada que deja sus empleos para opositar. La pescadilla que se muerde la cola y un dolor de cabeza a largo plazo para el Gobierno". 

En la economía vuelve el debate sobre el papel del Estado en un sistema capitalista sin contrapesos. El rearme de Europa, los intereses que envuelven la transición energética y la presión sobre las infraestructuras replantean el papel del Estado y sus participaciones en empresas estratégicas; especialmente en sectores como la energía, la Defensa, la ciberseguridad y la inteligencia artificial. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó en esa dirección hace año y medio. Habían comenzado los movimientos significativos de empresas con participación pública. Según explicó, la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Telefónica —adquirió un 10% un cuarto de siglo después de su completa privatización— formaba parte de una estrategia de más largo alcance. Tras Telefónica, Indra (28%) y Redeia (ambas participadas por la SEPI con un 28% y un 20%, respectivamente) acordaron la compraventa de la compañía de satélites Hispasat; Navantia (100% pública) cerró la compra de astilleros en el Reino Unido y Correos anunció que solicitará una licencia al Banco de España para operar una Entidad de Dinero Electrónico (EDE) y proporcionar los servicios básicos de un banco. Algo se mueve. No todo pasa. La herramienta multiusos del Estado en el sector empresarial es este holding adscrito al Ministerio de Hacienda, creado en 1995 como sucesor del Instituto Nacional de Industria (INI). “Un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno”, precisan fuentes de la entidad. La SEPI gestiona las participaciones empresariales del Estado con criterios de rentabilidad económica y de servicio público. SEPI agrupa 14 empresas participadas mayoritariamente, incluyendo Correos, Tragsa, Navantia, Agencia EFE, Mercasa y Sepides. Además, mantiene participaciones minoritarias en otras 10 compañías, como Telefónica, Indra, Enagás, Airbus y Redeia. Un cogollo empresarial estratégico. A cierre de 2023, el grupo empleaba a más de 85.000 personas. 

"...El sector prevé otro récord histórico para 2025, con la entrada de cerca de 100 millones de visitantes. Las tendencias recientes avalan el vaticinio, tanto en términos de volumen de llegadas como de gasto medio por persona que visita nuestro país. El consumo de los no residentes sigue aportando más de medio punto de crecimiento agregado, compensando el debilitamiento de las exportaciones de bienes, las más afectadas por el vaivén de la coyuntura internacional y por la guerra comercial. El turismo desempeña, por tanto, un papel crucial de contrapeso providencial ante shocks externos, como fue el caso durante la crisis financiera. Hasta fechas recientes, el bum turístico no había impedido la eclosión de otros sectores, particularmente los servicios profesionales, de logística, tecnología y otras actividades de alto valor añadido. El dinamismo de estos servicios no turísticos ha permitido ampliar la base productiva, generando puestos de trabajo relativamente bien remunerados y aportando sustanciales excedentes externos. Este logro puede verse constreñido por las señales de recalentamiento que subyacen tras el auge del turismo: los precios turísticos se han disparado, al tiempo que los problemas de vivienda se han agudizado a medida que una parte de la oferta se ha desplazado hacia el alquiler vacacional o de temporada. En lo que va de año, los componentes del IPC ligados al turismo se han incrementado el triple que el IPC total. Destaca el encarecimiento de los paquetes turísticos, los viajes internacionales y los costes de restauración y alojamiento, estos últimos con una importante incidencia en el coste de la vida de las personas que residen y trabajan en España de manera permanente. Por otra parte, la bonanza turística también puede tensionar el mercado laboral en segmentos que compiten por atraer mano de obra. Esta circunstancia empieza a ser relevante, a medida que el desempleo desciende y que los fenómenos de escasez se multiplican. La inmigración es clave para colmatar el déficit de personal, pero su aportación se verá cada vez más limitada por la escasez de vivienda. El número de inmigrantes ha pasado de crecer a tasas cercanas al 10% en 2023-2024, hasta el 5% en los trimestres más recientes, según la encuesta de población activa..."

El satélite lleva años prometiendo convertirse en la alternativa a las redes terrestres para proveer cobertura especialmente en zonas de emergencia, catástrofes.... o apagones. Una de las lecciones que se ha extraído de lo sucedido esta semana en España es que es complicado prolongar mucho más la duración de la cobertura móvil. No es una cuestión únicamente de inversión, sino de espacio en muchos casos que por el propio urbanismo limita la vida útil de las antenas. Ante esta tesitura, una alternativa que ha ido ganando peso es la posibilidad de potenciar la conectividad vía satélite para esta clase de situaciones. En España, las redes de emergencia han resistido en las últimas catástrofes, pero el debate sobre si es necesario elevar las garantías en este campo también está abierto y ahí emergen las posibilidades que llevan años prometiendo empresarios como Elon Musk en un sector en ebullición. Starlink es, sin lugar a dudas, la alternativa más conocida en el sector. La red de nanosatélites lanzada por SpaceX es el rival a batir en el sector y experimentó un fuerte repunte en España a raíz del apagón. Como muestran los datos proporcionados por Ookla a EL MUNDO a través de su herramienta Speedtest Intelligence, el uso de la constelación de Starlink no solo se disparó durante las horas que duró el corte de electricidad en España y Portugal, sino que en la semana posterior, este uso siguió muy por encima del que se venía haciendo. «El análisis de los datos de muestra que el uso diario de Starlink en España se mantiene muy por encima del nivel previo al 28 de abril, lo que indica que el apagón podría haber impulsado una mayor dependencia del servicio satelital como solución de conectividad de respaldo en el país. SpaceX ha buscado aprovechar la resiliencia del servicio durante el apagón ofreciendo kits Starlink con descuento en España hasta finales de mayo y promocionándolo como ‘Internet de Respaldo de Emergencia’», señala Luke Kehoe, Industry Analyst de Ookla.

Que Vladímir Putin no quiere la paz lo sabíamos todos los ucranianos. Pero parece que, fuera de aquí, todavía hay quien cree en las buenas intenciones del presidente ruso. Por eso, Volodímir Zelenski ha acertado al retarle a un cara a cara. Aparentemente, no ha servido de nada, porque una reunión que iba a celebrarse al más alto nivel se ha quedado en una conversación técnica entre burócratas. Pero creo que ha demostrado al mundo cuáles son las verdaderas intenciones del invasor: continuar luchando para ganar todo el territorio ucraniano que pueda». Así resume a este periódico lo sucedido entre el jueves y el viernes un oficial del ejército ucraniano que combate en el frente del Donbás y que pide mantenerse en el anonimato porque no tiene permiso para hablar con la prensa. La suya es una opinión muy extendida por el país, donde muy pocos tenían alguna esperanza en el resultado de la primera negociación directa entre Ucrania y Rusia, que solo ha logrado un compromiso para intercambiar a mil prisioneros de guerra de cada bando. «Donald Trump se empeña en hacer creer que Putin es buena persona y se ha convertido en el mayor altavoz de la propaganda rusa», añade Andriy Melnyk, un kievita que trabaja en el sector agrícola. «Que no haya aparecido en Estambul para medirse con Zelenski algunos lo interpretan como una muestra de que Putin tiene miedo. Yo creo que confirma que no le interesa negociar nada», sentencia.