20240924

La actividad del sector privado en la eurozona se está contrayendo este mes de septiembre, lastrada por dos de sus pesos pesados: Alemania, que sigue sin levantar cabeza, y Francia, que vuelve a tropezar tras el alza vinculada a los Juegos Olímpicos. Así lo refleja el dato preliminar del índice PMI, elaborado por S&P Global y el Hamburg Commercial Bank (HCOB), que se desplomó desde los 51 puntos del mes anterior hasta los 48,9 puntos. Este índice, que se elabora a partir de las respuestas de los responsables de compras de miles de empresas, se considera un indicador avanzado que mide mes a mes si una economía se está expandiendo (por encima de 50 puntos) o si está decreciendo (por debajo de ese mismo umbral). Por componentes, la desaceleración de la industria es cada vez más pronunciada. Empeora en un punto y se anota 44,8 en el índice. Es la marcha más lenta en este 2024. A la vez, se hace visible cierto agotamiento del sector servicios. Su último avance es modesto y el más débil desde febrero: registra 50,5 puntos, frente a los 52,9 del mes anterior. El economista jefe del HCOB, Cyrus de la Rubia, opina a la luz de los datos que “la zona euro se dirige hacia la paralización”. El impulso olímpico que estimuló el comercio francés en agosto se desvaneció con rapidez. Francia regresó a números negativos y se unió a Alemania, que reportó la mayor desaceleración desde febrero. El resto de la zona euro comunicó un nuevo aumento de la actividad total al final del tercer trimestre, pero el ritmo de expansión fue ligero, el más débil desde enero. De la Rubia cree que, en los meses siguientes, “la intensa caída de los nuevos pedidos y las perspectivas cada vez más sombrías de las empresas en cuanto a la actividad comercial futura sugieren que este período de vacas flacas dista mucho de llegar a su fin”. La irrupción de la competencia china, especialmente en el sector del automóvil, es palpable. Volkswagen hizo un anuncio inédito a inicios de este mes: se plantea cerrar plantas en su cuna, el territorio alemán.

Después de apenas dos trimestres con un tibio crecimiento, la economía europea vuelve a asomarse en la recta final del año al estancamiento en el que estaba sumida durante 2023 y parte de 2022. El Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés), que publicó ayer S&P Global, ha caído en septiembre en la eurozona por debajo de los 50 puntos que marcan la frontera entre el crecimiento y el retroceso, anotándose el primer dato negativo desde febrero, lo que lleva a pensar que la economía “se dirige hacia la paralización”. Con todo, la situación de las empresas es muy heterogénea, ya que Francia y Alemania acusan un golpe más fuerte que la periferia de la eurozona y la industria también sufre un impacto mayor que el sector servicios. “La eurozona se dirige hacia la paralización”, señala Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank y responsable del informe de S&P Global. “Después de que el efecto de los Juegos Olímpicos impulsara temporalmente la economía de Francia, el Índice PMI Compuesto cayó en septiembre al ritmo más intenso de los últimos quince meses, por debajo del umbral que señala una expansión”, añade. En concreto, el PMI compuesto de la eurozona se situó en septiembre en 48,9 puntos, cayendo por debajo de la frontera de los 50 puntos por primera vez desde febrero y perdiendo más de tres enteros desde mayo, cuando las señales eran todavía bastante positivas. Sin embargo, más preocupante que el dato en sí es que todos los subíndices apuntan a que este no ha tocado fondo y seguirá a la baja en los próximos meses, ya que los nuevos pedidos disminuyeron al ritmo más intenso desde enero, algo que vino acompañado de un descenso de los encargos pendientes y de la confianza de los empresarios.

El vicecanciller y ministro de Economía, Robert Habeck, ha mantenido este lunes una reunión de emergencia con representantes de las principales automovilísticas, proveedores, sindicatos y la patronal del sector ante las amenazas de despidos sin precedentes y el posible cierre de plantas en el país. A través de videoconferencia y según ha informado el Gobierno germano, Habeck recibe a Volkswagen, Mercedes-Benz y Continental, además de a los portavoces del sindicato IG Metall y la VDA, la asociación alemana de la industria del automóvil. En estos momentos, las expectativas para un rescate gubernamental son bajas ante unas cuentas públicas tensas debido a la situación macroeconómica, la guerra comercial con China a cuenta de los aranceles a la importación de vehículos eléctricos y las regulaciones medioambientales europeas que contemplan la prohibición de vender coches de combustión a partir de 2035 y multas por incumplimiento a los fabricantes de hasta 15.000 millones de euros, según alertó hace unas semanas el consejero delegado del grupo Renault, Luca de Meo. A la espera de lo que se pueda anunciar a lo largo de este lunes, el Gobierno federal ya ha aprobado un paquete de incentivos a la compra del coche eléctrico que contempla una deducción de hasta el 40% sobre el valor del vehículo para las empresas con un impacto de 465 millones de euros al año sobre los presupuestos generales entre 2024 y 2028. La industria lleva semanas haciendo sonar la alarma, diciéndole al Gobierno que los planes de la UE les costarán miles de millones a la industria de la automoción. De momento, y según adelantaban hace una semana medios alemanes consultados por Europa Press, los fabricantes se muestran desconfiados frente al futuro. Solo en el caso de Volkswagen, el plan de austeridad podría suponer el recorte de hasta 30.000 puestos de trabajo en Alemania.

Cuando la industria automovilística alemana va mal, los representantes de la industria y los sindicatos fuerzan una cumbre al más alto nivel político. Ya se han celebrado varias «cumbres del automóvil» de este tipo, la última de las cuales tuvo lugar hace poco menos de un año en la Cancillería. Este lunes, se celebró otra, esta vez virtual y a un nivel más modesto. El anfitrión fue el ministro de Economía, Robert Habeck, del partido de los Verdes. De la reunión, como se preveía, no salió nada. Las propuestas de la industria para afrontar la crisis son tan notorias como las diferencias en los partidos que forman la coalición de Gobierno que dirige el socialdemócrata (SPD) Olaf Scholz. Ideas, sin embargo, no faltan. Van desde un plan de desguace hasta la reintroducción de una prima por compra. Cualquier tipo de ayuda que vaya más allá de los beneficios fiscales lanzados sobre los coches eléctricos para salir de la crisis actual, sirve. En vísperas de la reunión, por ejemplo, el SPD consideró una prima de desguace de hasta 6.000 euros por el cambio un coche de combustión a uno eléctrico y de 3.000 euros si el eléctrico está usado, además de una financiación específica para wallboxes, unidades de almacenamiento y estaciones de recarga. Los liberales del FDP, sin embargo, rechazan los programas de desguace y los conservadores de la Unión Cristianodemócrata (CDU) , también está contra nuevas espirales de ayudas. «El principio rector en el futuro debe ser la tecnología», afirman. Desde principios de año, las ventas de coches eléctricos en Alemania se han desplomado por el final de la bonificación medioambiental estatal para los eléctricos a finales de 2023.

Tras el amago de recuperación del pasado mes de julio, agosto ha vuelto a registrar caídas en el tráfico del Puerto de Pasaia. El tránsito de mercancías en la dársena guipuzcoana descendió en el octavo mes nada menos que un 22%, pasando de las 265.000 toneladas de hace doce meses a las 207.000 de este pasado agosto. Este decremento afecta también el tráfico acumulado del año, que en julio solo era un 3,3% menor que en 2023 pero tras los datos difundidos ayer por Puertos del Estado, la bajada vuelve a subir al 5,4%. El Puerto de Pasaia sigue sin beneficiarse de la mejora general del tráfico portuario en toda España, potenciada por su importante posición geoestratégica para los contenedores que han abandonado la ruta del Mar Rojo por la guerra en Gaza. La instalación guipuzcoana no acoge contenedores. El ‘efecto agosto’, con menor actividad general, y la caída del apartado ‘graneles sólidos’, sobre todo los cereales, que se ha desplomado nada menos que un 65%, son las principales razones. En el caso del transporte de cereales, este año se está viendo afectado por ajustes de producción y porque está primando más la producción española. También ha bajado el tráfico ro-ro (vehículos con ruedas, otro factor que explicaría los números de la instalación pasaitarra, con menos coches por los ajustes de producción en plantas españolas. Por el contrario, el tráfico de materiales siderúrgicos sí crece. Con estos condicionantes, el tráfico portuario en lo que va de año, hasta agosto, suma 2,2 millones de toneladas, 116.000 toneladas menos que los 2,3 millones del ejercicio anterior a estas alturas. 

El tráfico del Puerto de Bilbao creció el 5,9% hasta finales de agosto para anotar un total de 23,4 millones de toneladas de mercancías cargadas y descargadas en los muelles vizcaínos. Un crecimiento que sitúa a esta instalación con una clara ventaja frente al comportamiento del conjunto de puertos del Estado, ya que el aumento de tráfico para todos ellos fue algo más modesto, con un aumento del 2,9%. Incluso, el otro puerto vasco dependiente del Estado, el de Pasaia, perdió un 5,4% en comparación con los ocho primeros meses del pasado año. Pese a todo, la evolución en el movimiento de mercancías en la dársena vizcaína ha moderado su velocidad de crecimiento en comparación con lo que sucedió en el primer semestre, cuando registraba tasas de incremento cercanas al 20%. El esquema básico, sin embargo, es similar. El aumento en el tráfico del gas y de los productos petrolíferos ha dado vida a la estadística. Así, los graneles líquidos aumentaron un 9,3% hasta agosto, frente a un incremento del 3,7% del conjunto de puertos del Estado. Este tipo de mercancía siempre ha sido la estrella del puerto vizcaíno y la que le ha dado cifras importantes en el tráfico total. La debilidad en el crecimiento económico, sin embargo, se puede apreciar en el movimiento de mercancías que viajan en contenedor y que por sus características suelen ser las de mayor valor añadido. Este tipo de mercancías descendieron un 4,4% hasta agosto, caída que se vio parcialmente compensada por otro modelo de tráfico que compite en el mismo segmento, el denominado ‘ro-ro’, es decir, mercancías que viajan en el interior de remolques de camiones, que registró un crecimiento del 17,1% en este mismo periodo.

Cofides, sociedad mercantil estatal especializada en la gestión de fondos del Estado que ofrece financiación a inversiones privadas, anunció ayer que respalda a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) en su expansión internacional con un préstamo de 35 millones de euros con cargo al Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) para financiar las inversiones en CAPEX para la producción de trenes y autobuses impulsados por energía renovable. De esta forma, se financiarán inversiones de la empresa beasaindarra en diferentes países. Esta es la cuarta operación en la que Cofides y la firma beasaindarra colaboran tras apoyar la expansión de la empresa en Polonia y Reino Unido y otros proyectos internacionales. Con esta iniciativa, financiada por la Unión Europea-Next GenerationEU, Cofides apoya proyectos de inversión que «generen impacto positivo en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible proporcionando una bonificación a través del componente variable de sostenibilidad del precio de la financiación, ligándola a la consecución de determinados indicadores de carácter sostenible».

Datos definitivos de la Encuesta de Estructura Salarial de 2022 publicada ayer por el INE. Solo en 5 de las 17 comunidades autónomas los sueldos de los trabajadores superaron la media nacional: País Vasco, donde la ganancia bruta anual ascendió a 32.313 euros, la más alta de toda España; Madrid, donde fue de 31.230; Navarra, con una media de 29.189 euros; Cataluña, con 28.774, y Baleares, con 27.145 euros. Esto es, con carácter general se cobra más en aquellas CCAA con mayor peso industrial, tecnológico y de negocios y con una destacada presencia de la negociación colectiva. En el resto de CCAA, los sueldos fueron en todos los casos inferiores a la media nacional (solo en Asturias y Aragón superaron los 26.000 euros). En el reverso de la moneda, los salarios más bajos se registraron en Extremadura, donde apenas alcanzaron los 21.922 euros anuales; Canarias, con 23.096 euros, y Castilla-La Mancha, con 23.751. Estas cifras arrojan una diferencia de 10.391 euros entre la autonomía con los sueldos más elevados, País Vasco, y la región con la menor retribución, Extremadura. Las CCAA con los sueldos más bajos suelen caracterizarse por una escasa presencia industrial y un mayor peso del sector agrícola o de servicios. En términos relativos, la fotografía es algo distinta. Aunque los salarios subieron en todos los territorios respecto al año anterior, los mayores incrementos se registraron en Baleares, con un alza del 12,5%; Asturias, con un aumento del 6,8%, y Madrid, con un salto del 5,8%. Por contra, Cataluña y Castilla-La Mancha fueron las regiones donde menos subieron: un 2,2% en cada caso.

La encuesta de estructura salarial de 2022 sitúa a Euskadi como la comunidad con los salarios más altos de España: una media de 32.313 euros, un 4% más que el ejercicio anterior. Le siguen Madrid, con 31.230 euros, y Navarra, con 29.189. La media española se coloca en 26.948 euros con un incremento del 4%. La comunidad con el salario más bajo es Extremadura, 21.922 euros. Otros datos: La industria sigue ofreciendo mejores remuneraciones. La industria siempre ha tenido mejores salarios y la brecha se mantiene aunque se ha reducido en los últimos cinco años. Los datos son los siguientes: la media en este sector era de casi 37.000 euros en 2022, con la construcción y los servicios casi a la par, cerca de los 31.000 euros. Pero en el primer caso la subida en el lustro se reduce al 10% mientras que en los otros dos llega al 15%.

Son cifras recogidas por la Encuesta de Estructura Salarial (EES) publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha trabajado con datos de 2022. La retribución media anual de las mujeres en los tres territorios históricos ha crecido el doble en puntos porcentuales que el de los hombres en cinco años. El salario de las vascas, en concreto, ha aumentado un 18,1% desde 2018 a 2022 –los últimos datos–, mientras que el de los vascos lo ha hecho en casi la mitad del citado ritmo, en un 9,7%. Esto se traduce, en valores absolutos, en una reducción de diferencia salarial de 1.432 euros. De hecho, Euskadi ha disminuido la brecha a mayor velocidad que el conjunto del Estado en el último lustro, donde la diferencia de crecimiento del salario medio de las mujeres respecto al de los hombres ha sido de 6 puntos porcentuales, 3 menos que el presentado por Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, y una rebaja total de 705 euros, la mitad de los mencionados 1.432. Si bien es cierto que las mujeres, con un salario medio de 29.314 euros, se encuentran aún lejos de la retribución media de los hombres, que ha rebasado por primera vez desde que se tienen registros la barrera de los 35.000 euros –la más alta del Estado–, resulta destacable que la brecha de género se haya reducido a mayor ritmo en Euskadi que en el resto del Estado. Sobre todo, teniendo en cuenta que las vascas, junto a las madrileñas y navarras –que con aumentos de 2,7 y 6 puntos porcentuales, respectivamente, sobre el incremento del salario de los varones–, son las La retribución de las mujeres en Euskadi es la más alta del Estado, muy por encima de la de los hombres extremeños que más cobran respecto a las demás comunidades autónomas. En cifras absolutas, las vascas se colocan en la ‘pole’ del ranking de salarios en el Estado y, para poner en perspectiva, también muy por encima de lo que reciben los hombres de otras comunidades autónomas como Extremadura (23.170 euros), Canarias (23.588 euros), Castilla LaMancha (25.813 euros), Murcia (26.240 euros) o Castilla y León (26.548 euros). Cerca del salario de las vascas está el percibido por las madrileñas, con 28.123 euros, y un poco más lejos, el de las navarras, con 26.033 euros.

Es la brecha que muestra la encuesta de estructura salarial, aunque correspondiente al año 2022, cuyos datos definitivos publicó ayer la Instituto Nacional de Estadística (INE). Los inmigrantes están ganando peso en el envejecido mercado laboral vasco con cerca de 97.000 cotizantes en la actualidad, un récord histórico. Ellos están ocupando los puestos más precarios, aquellos que no quieren los autóctonos, principalmente en sectores como los cuidados, la limpieza o la hostelería, lo que se traduce en unos salarios mucho más bajos. Así, cobran de media 21.722 euros brutos anuales, lo que supone un 34% menos que los 33.087 que reciben los nacionales. El principal motivo de esta diferencia, que supera los 11.300 euros, está en la segregación ocupacional, es decir, la concentración de los inmigrantes en los sectores peor remunerados. Según los últimos datos de la Seguridad Social, referidos a agosto, el ámbito que cuenta con más trabajadores extranjeros es el de hostelería, con cerca de 18.000 cotizantes en Euskadi. Le siguen el comercio (13.440), la construcción (11.564) y el empleo doméstico (10.974). El crecimiento en la afiliación de los foráneos ha sido espectacular en los últimos años –han sumado casi 35.000 cotizantes desde 2018– en todas las actividades menos en la última citada, el trabajo doméstico, donde se ha producido un ligera caída de más de 300 afiliadas en el lustro. Esta caída puede tener que ver con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha escalado desde los 736 euros a los 1.134 en el periodo, a lo que se ha sumado el alza de las cotizaciones, encareciendo las contrataciones para estos servicios.

Torre Bizkaia viene a ser una especie de coctelera donde empresas, ‘startups’, inversores, instituciones y universidades se mezclan para alumbrar soluciones tecnológicas y nuevos productos. Para ver en qué se pueden ayudar unos a otros en sus respectivos desarrollos de negocio. Va bien este centro internacional de emprendimiento que está en pleno corazón de Bilbao. Ayer, coincidiendo con su segundo aniversario, se inauguró oficialmente la segunda fase, que viene a ser la ampliación de su espacio al duplicarse hasta los 8.000 metros cuadrados. El BAT (Bizkaia Accelerator Tower) pasa de cuatro a nueve plantas. El acto oficial para inaugurar esta ampliación de la torre llega después de su estreno efectivo, de que buena parte de esos nuevos espacios hayan sido ya ocupados . De hecho, a estas alturas ya está completo el 80% del aforo total, el que ofrecen las plantas de la 6 a la 14. Y ya se piensa en la tercera fase, que supondrá sumar dos pisos más a este ecosistema, hasta la 16. La puesta de largo de ayer le sirvió a las instituciones para reafirmar la apuesta y ensalzar los logros. También para hacer balance: 800 personas trabajan en BAT (se abrió en 2022 con 620), en una comunidad con más de 200 miembros diversos: hay 123 ‘startups’, 45 corporaciones empresariales y 55 inversores, centros tecnológicos y universidades. Lo que hacen es entenderse y darse soluciones. Desde una ‘startup’ que diseña un programa para reducir el consumo energético de una gran empresa, hasta otra que se inventa un sistema de realidad virtual para hacer más atractiva la compra online para una potente firma de distribución, hasta otra que se inventa un modelo de negocio que le resulta interesante a ciertos inversores, que meten dinero en la idea para que se haga realidad. Las posibilidades son muchas.

Los datos de agosto sobre llegada de visitantes y pernoctaciones publicados ayer por el INE así lo refrendan y dejan bien a las claras que la costa de Gipuzkoa se está convirtiendo en una de las zonas turísticas más elegidas como destino para miles de visitantes, dejando los hoteles casi con el cartel de completo durante todo el mes pasado. Y es que el grado de ocupación de las plazas hoteleras en la costa de Gipuzkoa ha sido el más alto de todos los puntos turísticos de la península, y del conjunto de España solo han sido superadas en agosto los masificados Mallorca, Ibiza y Formentera. Evidentemente, no se puede comparar el número de plazas disponibles en la costa guipuzcoana –así la define el INE– con la de Mallorca, la Costa Brava o la Costa del Sol. En esta zona de Gipuzkoa, el INE calcula que hay 10.215 plazas, por las 280.000 de Mallorca, las 97.000 de la Costa del Sol, o las 83.000 de la Costa Brava. Pero de esas plazas, el grado de ocupación ascendió hasta el 86,3% el pasado mes de agosto. Solo Mallorca, Ibiza y Formentera, con cifras por encima del 90%, registraron una ocupación turística mayor el pasado mes. El INE también ofrece en su estadística un ‘top 10’ de localidades con el mayor grado de ocupación turística en agosto. Y en esa lista, por detrás de municipios baleares como Santa Susanna y Sant Josep de Sa Talaia (+99%) se cuela Hondarribia. El municipio del Bidasoa registró una ocupación del 93,9%. 

La firma catalana que presta el servicio de ambulancias en Bizkaia y Álava se plantea su salida de Euskadi. Grup La Pau, que tiene contratos firmados con Osakidetza que superan los 280 millones, tira la toalla ante la imposibilidad de reconducir los conflictos con su plantilla, que se han traducido en huelgas, sabotajes en los vehículos e impago de nóminas. Una escueta nota de la empresa desmentía anoche una información que confirmaron los sindicatos. La empresa de ambulancias Grup La Pau prepara su marcha de Euskadi. La compañía estudia dejar de prestar sus servicios en Bizkaia y Álava y renunciar a los millonarios contratos que tiene firmados con Osakidetza por la conflictividad existente en el sector. Según han indicado fuentes acreditadas de la sanidad vasca a este diario, la sociedad va a comunicar al Gobierno autonómico «su voluntad de poner fin a su actividad» en el País Vasco. La intención de la empresa es realizar una marcha «ordenada»; esto es que no dejará de prestar el servicio de transporte sanitario en Euskadi hasta que el Departamento de Salud encuentre a otra compañía que realice esta función. A última hora de ayer La Pau envió un escueto comunicado en el que decía que no se planteaba su marcha, aunque varias fuentes del sector garantizaban lo contrario. Los sindicatos también dan por hecha su salida. La consejería, por su parte, asegura que «por el momento» la empresa no les ha comunicado su decisión de marcharse de Euskadi. Las fuentes consultadas indican que la cooperativa sopesa esta decisión ante la imposibilidad de reconducir la conflictividad laboral existente en el sector. La parte empresarial y la sindical están totalmente enfrentadas. Cada una de ellas cuenta con argumentos de peso para defender su postura. Hasta el punto de que la situación se ha vuelto insostenible y sin visos de solución. 

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez, anunció ayer que su departamento incluirá en el calendario legislativo una nueva Ley Universitaria Vasca que sustituya a la actual, vigente desde 2004, y aumentará un 6% al año el dinero destinado a becas. Además, creará un Centro de Estudios Avanzados que «facilite el reconocimiento internacional de la actividad investigadora vasca, ofrezca formación asequible del más alto nivel a los y las estudiantes de nuestro país, atraiga a estudiantes de otros países y sea destino académico de investigadores e investigadoras en la vanguardia de sus disciplinas». En una comparecencia en el Parlamento Vasco, donde presentó las líneas generales de su consejería para los próximos cuatro años, Pérez propuso la elaboración de una ‘Carta por la formación e investigación universitaria’, que sea fruto «de un amplio acuerdo con los agentes universitarios y que siente las bases normativas de un sistema que forme personas de talento y genere conocimiento avanzado». En su intervención, subrayó que su departamento nace «con la misión de promover la creación, transmisión, transferencia y difusión del conocimiento avanzado, y contribuir así a la prosperidad, cohesión y calidad democrática de la sociedad vasca». En este sentido, apostó por una universidad «para todos, que contribuya a prestigiar el uso del euskera, que esté cerca del tejido social y empresarial, abierta al mundo y que, ante todo, sea capaz de ofrecer la mejor formación a cargo de profesionales en la vanguardia de sus disciplinas». Para ello, se llevará a cabo, dentro del Plan Universitario 2026-2030, «un mayor esfuerzo inversor público-privado, con más dinero para becas y más ágil gestión, reforzando las de movilidad internacional, así como las ayudas específicas para iniciar la actividad investigadora».

Entrevista con Ainhoa Rivera, directora de Personas y Organización de Petronor. "Nuestro sector, el de la energía, está en un momento de transformación sin precedentes y concretamente Petronor y el grupo Repsol, con el objetivo de cero emisiones netas en 2050 está liderando una retadora transformación industrial en el País Vasco que exige contar con personas altamente preparadas para ello. Todas estas áreas requieren capacidades y conocimientos muy específicos en las personas que pertenecen al proyecto Petronor.Y esta generación del talento necesario la abordamos a través de diferentes vías, aunque nuestra principal fuente es invertir colaborando de primera mano en iniciativas de formación para capacitar a profesionales en las áreas demandadas...Con la evolución demográfica de Euskadi para las siguientes décadas, donde cada vez somos menos y mas envejecidos, no nos podemos permitir el lujo de no retener a nuestro talento. Más bien la clave es tener una buena propuesta de valor no solo para fidelizar el talento local, sino asimismo para atraer talento de otras áreas geográficas, y para eso debemos trabajar estrechamente administración, educación y empresa si queremos competir en este mercado del talento cada vez más global. Tenemos una base industrial muy buena y la podremos mantener si con nuestra propuesta de valor somos atractivos para ese talento que existe..."

El Consejo de Ministros tiene previsto remitir hoy a la Comisión Europea la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta para esta década que ayudará a España a abandonar los combustibles fósiles y cumplir con sus compromisos internacionales de descarbonización de la economía. En ese documento, el Gobierno se compromete a que las emisiones de gases de efecto invernadero se reducirán un 32% en 2030 respecto a los niveles de 1990. Para ello, las energías renovables serán la pieza clave: el PNIEC prevé que el 81% del consumo eléctrico del país será de origen renovable a finales de esta década. La energía fotovoltaica jugará en ello un papel protagonista: será “la que más contribuirá a la descarbonización del sistema eléctrico, pues supone un 53% de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero estimada para el sector de la generación eléctrica”, según se recalca en la declaración ambiental estratégica del plan que se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las grandes cifras del plan que se espera que se envíe mañana a la Comisión aparecen en ese documento. Y no se apartan de lo anunciado hace meses por el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige todavía Teresa Ribera (futura vicepresidenta de la Comisión). Todos los miembros de la UE deben elaborar y actualizar periódicamente sus planes de energía y clima y enviarlos a Bruselas. Pero España, como la mayoría de los Veintisiete, va con casi tres meses de retraso, ya que los Estados tenían hasta el 30 de junio para remitir sus documentos. La primera versión de este programa data de 2020, pero ya cuando se aprobó a principios de esta década se sabía que el Gobierno debería actualizarlo y endurecerlo, como hace ahora. Así ocurre con los grandes objetivos del plan. Por ejemplo, en la primera versión el objetivo general que se planteaba era una reducción de las emisiones de efecto invernadero del 23% en 2030 (siempre tomando como referencia 1990). Estas emisiones el pasado año ya habían caído un 5,3% y ahora el nuevo PNIEC eleva el objetivo hasta el 32%, nueve puntos más que en la versión anterior. La piedra angular para lograr ese objetivo son las renovables.

El Gobierno tendrá que aprobar más de una decena de normas con rango de ley para obtener fondos europeos. Según el recuento de El País, solo para el quinto desembolso —unos 6.500 millones que el Ejecutivo debería solicitar pronto— faltan por completar tres: la ley de servicios sociales, la de familias y las reformas fiscales derivadas del libro blanco de los expertos. Respecto al sexto tramo de fondos, que supera los 3.000 millones, aún hay que tramitar otras ocho: la ley de industria; un paquete de sanidad —la ley de cohesión del sistema sanitario, la del estatuto para el personal sanitario y la de uso racional de los medicamentos—; una legislación para reorganizar y simplificar las subvenciones públicas en torno al ingreso mínimo; la ley del cine; la ley de profesiones del deporte, y la oficina de derechos de autor. Y para los siguientes hay más: la ley de movilidad sostenible, la de eficiencia organizativa en la justicia, la del cliente financiero, cambios en la ley de competencia y la ley de inspección en la pesca. Para pedir los préstamos europeos, hay que sacar adelante además la ley de rehabilitación urbana y la normativa para evitar desperdicios alimentarios. El paquete que hay que aprobar supera toda la actividad normativa del Congreso desde que empezó la legislatura en enero. En una Cámara fragmentada, el Ejecutivo ha aprobado cuatro leyes y seis decretos leyes. En los tres años y medio de la pasada legislatura, el Gabinete sacó adelante más de 200. ERC y el PNV ya advierten al Gobierno de que debe ser muy selectivo en los textos que envía al Congreso ante las dificultades para encontrar apoyos.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, confirmó ayer que el Consejo de Ministros aprobará hoy una nueva actualización de las previsiones macroeconómicas del país que trae consigo noticias alentadoras: el crecimiento del PIB para 2024 será revisado al alza en tres décimas, pasando del 2,4% al 2,7%. Se trata de un nuevo ajuste al alza, en línea con lo que ha sido habitual en la economía española desde la recuperación económica de la pandemia, y en este caso la mejora está directamente relacionada con la revisión sobre las cuentas nacionales que presentó la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo señaló que la economía española había crecido más de lo esperado en los últimos ejercicios. En concreto, el PIB de 2023 fue ajustado dos décimas al alza, alcanzando un crecimiento del 2,7%. Esta corrección también afectó a los años anteriores: el crecimiento de 2022 subió a un 6,2%, cuatro décimas más de lo estimado anteriormente, y el de 2021 pasó del 6,4% al 6,7%. Estos cambios revelan que la recuperación económica pospandemia fue más vigorosa de lo que se había calculado inicialmente.

Las empresas que más eviten los accidentes laborales entre sus plantillas gozarán de una bonificación en sus cotizaciones a la Seguridad Social, según recoge uno de los puntos de la última reforma de las pensiones rubricada la semana pasada entre Gobierno y agentes sociales. Ello constituye una vuelta al sistema de incentivos para evitar la siniestralidad laboral que estuvo en vigor hasta 2019. Ahora, con el nuevo acuerdo, la Seguridad Social recupera un sistema de bonus por el que se aplicará una reducción de las cuotas sociales que pagan los empresarios. Eso sí, siempre que hayan disminuido «de manera considerable la siniestralidad laboral» en sus actividades. Se levanta así la suspensión establecida justo antes de la pandemia cuando se incentivaba a las empresas para que disminuyeran sus accidentes. Asimismo, se ha acordado un nuevo sistema basado en la evolución de la siniestralidad que exige la realización de inversiones en materia de prevención para su reconocimiento. El nuevo mecanismo «objetivo», como se señala en el acuerdo firmado la semana pasada en Moncloa, otorga a cada empresa una calificación de siniestralidad laboral y enfermedad profesional. En esta línea dicho instrumento «va a ser determinante, junto a la necesaria realización de inversiones en prevención, del derecho a la percepción del incentivo y de su cuantía». Para el reconocimiento del incentivo referido, la Seguridad Social constatará los datos de siniestralidad de cada empresa con los límites establecidos para su actividad económica. 

Aunque quedan posiciones significativas por parte de algunas entidades españolas, los inversores financieros más relevantes ahora para los grupos del Ibex son los grandes fondos extranjeros, que según las últimas estimaciones controlan alrededor del 45% del valor de la Bolsa española, lo que a precios de marzo de 2024 implica una exposición de 342.897 millones de euros. BlackRock, Vanguard, Capital Group y Fidelity son las cuatro gestoras internacionales de fondos bursátiles con más peso en la Bolsa española, en muchos casos a través de fondos indexados, es decir, vehículos que replican la composición de determinados índices. Esas cuatro instituciones, según datos de EXPANSIÓN cuentan con un total de 90.000 millones de euros en acciones del Ibex y del mercado continuo. Las nuevas adquisiciones y la revalorización del parqué han impulsado con fuerza ese importe en los últimos doce meses. BlackRock, con 33.000 millones en cotizadas españolas –37.500 millones incluyendo el 20% de Naturgy en manos de su nueva filial GIP–, es omnipresente en las grandes corporaciones, al tener participaciones de alrededor del 5% en BBVA, Sabadell, Santander, Iberdrola o Repsol, por ejemplo. Vanguard Group tiene 23.000 millones en el parqué madrileño, normalmente a través de posiciones inferiores al 3%. Se encuentra algo por delante de los 22.000 millones de Capital Group, mientras que Fidelity alcanza los 10.000 millones. Otras gestoras de fondos foráneas con presencia en el accionariado del Ibex son Amundi, Dimensional Advisors, Janus Henderson, Invesco, Schroders y las gestoras de grandes bancos internacionales como JPMorgan, Goldman Sachs, BNP o Morgan Stanley. El papel de estos fondos tradicionales es muy diferente al de los históricos socios de referencia españoles. No entran en los consejos de administración y su influencia solo es visible por su voto en las juntas de accionistas y –en ocasiones– tratando las grandes tendencias estratégicas en reuniones con los ejecutivos de sus participadas.

“Ofreceremos impuestos bajos, regulaciones bajas, costes energéticos bajos, tipos de interés bajos e inflación baja”, prometió. “Para que todo el mundo pueda permitirse comprar alimentos, un coche y una bonita casa”. Desde que lanzó su campaña para un segundo mandato, Trump ha machacado a la Administración Biden-Harris por la crisis del coste de la vida en el país. En Arizona, el expresidente ofreció el remedio republicano convencional de nuevas rebajas fiscales, que van desde los ingresos por horas extraordinarias, propinas y prestaciones de pensiones hasta recortes generalizados masivos para particulares y empresas. Pero esta vez, Trump también ha desarrollado un programa de política económica mucho más populista, diseñado para presentarse como defensor de los intereses de los trabajadores de a pie y de la industria nacional. Los principales pilares de lo que Trump llama Maganomics incluyen aranceles más agresivos sobre las importaciones de todo el mundo, especialmente de China, y una intervención draconiana sobre la inmigración. La retórica de la campaña también aboga por una mayor influencia política sobre la política monetaria y el dólar. Con las declaraciones de Trump como candidato, no siempre es fácil descifrar qué es un plan, qué son bravatas y qué es una estrategia negociadora. Pero economistas de todas las tendencias coinciden en que la agenda de Trump representa una extensión mucho más radical de las políticas introducidas durante su mandato entre 2017 y 2021. Si ganase las elecciones y pusiera en práctica los planes, éstos remodelarían radicalmente la economía estadounidense y su relación con el resto del mundo. “Si Donald Trump hiciera la mitad de lo que promete, los resultados para la economía estadounidense serían caóticos y negativos”, afirma Jason Furman, execonomista de la Casa Blanca en la Administración Obama, y actualmente profesor en Harvard. “Lo más importante que tenemos a nuestro favor frente a China es que formamos parte de un bloque de países que se llevan bastante bien. Poner aranceles a todos esos países lo arruinaría todo”.

El resultado de las elecciones en el Estado federado de Brandeburgo hace tambalearse la coalición de gobierno alemana que dirige el canciller federal, el socialdemócrata (SPD) Olaf Scholz, y en la que participan Los Verdes y el Partido Liberal (FDP). Mientras el SPD tuvo el pasado domingo motivos de júbilo al situarse de nuevo como primera fuerza política de la región que rodea Berlín e imponerse a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que partía como favorita, sus dos socios menores fueron quienes pagaron en las urnas la impopularidad del Ejecutivo al quedar ambos fuera del Parlamento brandeburgués. Mientras los ecologistas se quedaron por décimas sin representación, y con ello sin posibilidad de continuar formando parte del Gobierno regional como hasta ahora, los liberales (FDP) siguieron con su caída al abismo al obtener un miserable 0,8% de los votos. Y Brandeburgo no es la única región en la que han pasado al ostracismo. El antiguo partido bisagra germano, que daba alternativamente mayorías a socialdemócratas o conservadores hasta la llegada de nuevas formaciones como Los Verdes o AfD, observa alarmado cómo todas las encuestas sin excepción para las elecciones generales del año próximo coinciden en predecir que desaparecerán todos sus escaños en el Bundestag. No ha hecho sino perder comicios, con la única excepción del Sarre, desde que forma parte del gabinete de Scholz. En Baja Sajonia, Berlín, Sajonia y Turingia los liberales fueron expulsados de los distintos hemiciclos y la fórmula reparadora tras todas esas catástrofes ha sido hasta ahora siempre la misma: hay que hacerse visibles en Berlín y defender mejor las propias posiciones. Una estrategia que no ha dado resultado y que solo ha traído consigo frustración.