20251020

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Entrevista con Iván Jiménez Presidente del Puerto de Bilbao. Inicia su mandato en un contexto marcado por la «incertidumbre absoluta» con miras a nuevos mercados. "Estamos en un momento de incertidumbre absoluta en el que resulta imposible hacer cálculos a más de 3 o 5 años, pero sí hay tendencias como la sostenibilidad que la UE ha fijado con unas políticas de descarbonización muy exigentes. Han marcado un hito para 2030, que exige la obligatoriedad de que los puertos suministren energía a los buques, y ahí nosotros nos hemos adelantado. Hemos aprobado más de 70 millones en inversiones para electrificar los muelles que en seis meses empezarán a ser ya una realidad, y como las navieras también van a tener que adaptarse, será una ventaja competitiva. Será como cuando se cambió de la vela al carbón. ¿A dónde iban los barcos?, pues a donde disponían de carbón... A día de hoy en torno al 45% del tráfico del puerto de Bilbao viene de Europa, principalmente de Reino Unido y Países Bajos porque mucha mercancía va a los puertos de Róterdam, Hamburgo y Amberes desde donde se distribuyen por el mundo, aunque tienen problemas de espacio y claro, cuando hay más demanda que oferta, suben los precios. En Asia tenemos un 13%, en Sudamérica un 14% y en Norteamérica un 17%, aunque ciertas mercancías están cambiando...Por ejemplo el gas natural licuado (GNL) que a día de hoy no es un producto vetado para importar desde Rusia, como sí lo es el petróleo, pero que cada vez llega más desde EE UU. Era uno de los compromisos y se está notando. Aunque Rusia sigue por encima, probablemente cuando acabe el año lo estará EE UU. En petróleo está Brasil, con muchísima diferencia, y México. EE UU en tercera posición, aunque la previsión es que aumente...En los productos siderúrgicos los tráficos están descendiendo. Caen un 1,9% y vemos que el origen de los productos que llegan son de Taiwán, Corea del Sur, India y Vietnam, mientras que las exportaciones van primero a la UE y por detrás a EE UU. Sin tenerlo desglosado, el descenso proviene seguramente de EE UU. Por contra, la máquina-herramienta y sus repuestos crece un 8,1%...Hay una caída del 31% en los tráficos de piezas de automóvil y las empresas ya están en una búsqueda de mercados alternativos..."

Continuación de la entrevista con Iván Jiménez. "En general, a día de hoy existe una dependencia general de los hidrocarburos o derivados del petróleo. Dicho esto, estamos en un proceso de transición energética y las propias empresas son más conocedoras que nosotros de esta transición y por eso están haciendo inversiones en nuevos tipos de combustibles. Hay que resaltar la apuesta que están haciendo en el puerto, para moverse al hidrógeno verde. Evidentemente, lo ideal sería que a medida que van bajando los tráficos del combustible tradicional, suban los otros, pero evidentemente es una incógnita cuándo sucederá, ni en qué proporción se hará...Es una incógnita qué tecnología será la vencedora –eléctrica o combustibles alternativos– aunque probablemente será un mix de varias. Pero por el momento, es evidente que el puerto y el territorio le debe mucho a estas empresas que durante muchos años han pagado muchos impuestos y han empleado a muchísima gente, y son los primeros interesados en adaptarse al mercado que va a venir..."

Entrevista con el director del Clúster vasco de Movilidad y Logística, Fernando Zubillaga. Advierte de que el mercado cada vez exige más conectividad a las compañías del sector. “Te ves prácticamente obligado, el mercado te está llevando a ello y si quieres estar aquí dentro de cinco o diez años, tienes que digitalizarte para ahorrar costes y ser más eficiente”. Considera que la mayor parte de las empresas asociadas es consciente de la importancia de la incorporación de nueva tecnología en su actividad, aunque algunas encuentren obstáculos relacionados con su pequeño tamaño y, por lo tanto, sus limitaciones de recursos. Zubillaga considera la digitalización “una herramienta”, y cada negocio debe saber para qué quiere utilizarla. La adopción de nuevos métodos digitales tiene que ser, a juicio del director del clúster vasco, un proceso escalonado y al ritmo que pida la actividad, porque si no se asimila bien corre el riesgo de tener efectos contraproducentes. “He visto proyectos muy bonitos y bien armados que han fracasado porque no era su momento”, recuerda Zubillaga. El auge del comercio electrónico ha podido ser un acicate para acelerar el proceso de digitalización de la logística vasca, pero esta necesidad tiene su origen con anterioridad, cuando ya se planteaban necesidades específicas para el transporte de materiales.

“Estamos abiertos a cualquier solución; lo importante es que las nucleares continúen operativas, por seguridad de suministro, y porque no tiene sentido ir contracorriente de lo que en Europa ya es una realidad: la continuidad de esas centrales para apuntalar el sistema eléctrico y aumentar la independencia energética”, decía el primer ejecutivo de una gran eléctrica esta semana en un encuentro muy restringido. ¿Cualquier solución, incluida la entrada del Estado en el accionariado, como se ha hecho en Bélgica? “Cualquier solución”, insistía. No es una extravagancia, ni un órdago. Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, los cuatro grupos energéticos propietarios de los siete reactores atómicos que aún siguen funcionando en España, están barajando todo tipo de soluciones en los contactos que están teniendo con el Gobierno para intentar llegar a un acuerdo de continuidad de esas instalaciones, más allá del calendario de cierres actualmente en vigor. La más atrevida, sin duda, es buscar vías para dar entrada al Estado en el accionariado de esas instalaciones. Es lo que se podría denominar un pacto a lo belga, o la solución BE-NUC, que ha conseguido la cuadratura del círculo nuclear: resolver, de un solo golpe, un problema energético, un problema empresarial y un problema político.

El rumbo energético de España en la próxima década se juega su futuro más inmediato en la central nuclear de Almaraz. A 200 kilómetros del Ministerio para la Transición Ecológica y los cuarteles generales de sus empresas propietarias, el horizonte de noviembre de 2027 se cierne como espada de Damocles sobre su primer reactor en un enclave rodeado de dehesas con la sierra de Gredos al fondo y que en este verano estirado hasta octubre amarillea como una derrota lenta. Iberdrola, Endesa y Naturgy, sus titulares, exprimen las negociaciones a contrarreloj para solicitar la ampliación de su vida útil, mientras el Gobierno se mantiene firme en su postura de mantener el calendario como está y sin contrapartidas fiscales. El cierre de Almaraz I en 2027 –al que seguirá Almaraz II en 2028, Ascó I y Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032 y Vandellós II y Trillo en 2035– es sólo la primera pieza de negociación de un tablero en el que confluyen los intereses de una guerra en múltiples frentes. Por un lado, la pugna fiscal entre las dueñas de las centrales y el Ejecutivo; por otro, las presiones de Junts y ERC sobre las centrales de Tarragona y el discurso de la oposición frente a la política energética de Pedro Sánchez. Todo, en un momento en el que el mundo vuelve a abrazar la tecnología nuclear para no depender del gas ruso mientras las variaciones bruscas de tensión han vuelto a poner en guardia a Red Eléctrica ante el riesgo de un nuevo apagón.

Entrevista con Juan Virgilio Márquez, director general de AEE, la patronal eólica. Pide al Gobierno «planificación táctica a corto plazo» para blindar el futuro energético del país. Lo hace en nombre de 350 empresas y de una tecnología que aporta más del 20% de la electricidad que consume España. "Red Eléctrica no ha compartido ninguna información significativa (medidas de tensión en subestaciones, ejemplos de oscilaciones relevantes…) que justifique esa decisión. Es más, según los datos de varios centros de control de agentes privados, no se han percibido situaciones alarmantes. O cuanto menos, no comparables a lo vivido con anterioridad al 28 de abril, cuando las empresas sí dieron la voz de alarma. El sector está abierto a analizar cualquier información con vocación constructiva. Pero esta falta de transparencia nos preocupa por las repercusiones económicas y la inseguridad que genera en el sector renovable...Esas medidas no deben extenderse sine die. Se puede entender que responden a una coyuntura, pero debe estar claro su final y si puede volverse a repetir. La eólica, por sus características, no es una de las más afectadas. Lleva trabajando 25 años sin crear inestabilidad al sistema, se caracteriza por su relativa suavidad en la inyección y reducción de potencia, y su distribución en el territorio evita comportamientos al unísono. Además, su filosofía no solo se centra en maximizar su participación en los mercados, sino en extender la vida de las máquinas el mayor tiempo posible. Por ello, las programaciones tratan de evitar cambios bruscos si no están muy justificados...La eólica es la primera en generación y sigue siendo la tecnología que es rentable. Aquí todos somos necesarios, pero la cuestión es cómo el director de orquesta logra que todos toquen como deben para que el violín no suene más que el trombón. Necesitamos ese director. Algunos defienden que sea el mercado, otros que sea la planificación..."

Yolanda Díaz lanza desde hoy una nueva mesa de diálogo con los agentes sociales, ahora para negociar el endurecimiento de los despidos improcedentes en España. Es la segunda reválida para la ministra de Trabajo después del varapalo por la reducción de la jornada laboral –que ha tratado de compensar con la aprobación del reglamento del nuevo y más estricto registro horario–, si bien parece que tanto la materia que se abordará como los elementos sobre los que se pretende la reforma hacen compleja la aprobación de cambios legislativos, más aún con la actual composición del Congreso. Lo que se negociará en la mesa que congrega a las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y a los sindicatos UGT y CCOO es una aterrizar una serie de medidas que sirvan para acomodar la legislación actual del sistema tasado de indemnización para los despidos improcedentes –los 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades– a los preceptos de la Carta Social Europea. Concretamente, el que se recoge en el artículo 24 sobre “el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Sobre la premisa de incumplimiento de este artículo –recordar que el Parlamento suscribió la totalidad de la Carta Social en 2021– se sustentan sendas denuncias de UGT y CCOO presentadas en 2022 ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) que fueron resueltas en 2024 y 2025, respectivamente. En ambos casos, el Comité falla en contra de la legislación española al considerar que el sistema de indemnización para los despidos improcedentes ni es reparativo de los perjuicios generados para el trabajador ni es disuasorio para la empresa. En lo que conmina a las autoridades a tomar medidas de rango legislativo para solucionar la cuestión.

La penalización de la temporalidad que incorporó la reforma laboral aprobada en 2021 implica un incremento indirecto de los costes laborales para las empresas, que se han visto obligadas en los últimos años a rubricar mayores volúmenes de contratos indefinidos, con el coste asociado que acarrea, por ejemplo, a la hora de ejecutar un despido. Mientras que el contrato temporal exige una indemnización de 20 días por año trabajado en caso de despido objetivo, previo a la finalización de la relación laboral, y se establece igualmente una indemnización de 12 días por año en caso de que se produzca el cese por finalización del contrato, para los contratos indefinidos la compensación por despido improcedente asciende a 33 días por año –con un tope de 24 mensualidades–. Con lo cual, de partida, la extinción de un contrato indefinido resulta más costosa para el empleador. Al margen de que pudieran elevarse las indemnizaciones con las modificaciones que plantea el Gobierno de cara a la nueva negociación, otro factor que opera es que tras la reforma laboral se han endurecido las condiciones de contratación temporal, desplazando muchos contratos a categoría de indefinidos. Incluso si estos tienen cierto cariz de temporalidad o estacionalidad, como el fijo discontinuo que ha sido el refugio de los antiguos contratos temporales.

La semana pasada se produjo un vórtice temporal paradigmático. Al mismo tiempo que en el Congreso de los Diputados se rechazaba la propuesta del BNG para recortar la jornada laboral a 35 horas semanales –por debajo incluso del tope de 37,5 horas promovido por Yolanda Díaz–, en el Parlamento de Grecia se daba luz verde a las jornadas laborales de hasta 13 horas, aunque sólo se podrán realizar durante un máximo de 37 días al año. El fuerte contraste entre la política laboral en ambos países mediterráneos, aunque situados en extremos opuestos tanto geográficamente como por la ideología de sus respectivos gobiernos, hace oportuna la pregunta sobre si el Ejecutivo de PSOE y Sumar está equivocado con su apuesta de reducir las horas trabajadas a toda costa. Primero mediante el fallido decreto para rebajar la duración máxima de la jornada laboral de 40 horas a la semana a 37,5 horas y, tras el rechazo parlamentario al proyecto estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo para esta legislatura, a través de un endurecimiento del control horario, que trata de impedir que los trabajadores se vean obligados a realizar más horas de las que tienen pactadas en convenio. Lo que, según denuncian los sindicatos, es una práctica habitual en muchas empresas pese a que desde 2021 está en vigor la obligación de registrar el tiempo de trabajo efectivo...Por su parte, las patronales reclaman abandonar el planteamiento y las campañas incitando a “trabajar menos para vivir mejor” y abordar el sempiterno déficit de productividad que sufre la economía española, al cual achacan el hecho de que en algunos sectores las jornadas de trabajo sean tan largas....Por otra parte, las cifras de absentismo laboral y acumulación de horas extra parecen que van de la mano en nuestro país. Los cálculos más recientes apuntan a que, en promedio, algo más de un millón y medio de personas faltan cada día a su puesto de trabajo, lo que según las empresas resulta inasumible. Esta cifra se ha disparado tras la pandemia debido al aumento sostenido de las bajas por incapacidad temporal. Antes del Covid unos 500.000 asalariados por semana no acudían a su puesto de trabajo por estar de baja médica, una cifra que ahora supera el millón de personas. En paralelo, la cifra de horas extra realizadas cada semana se ha elevado un 16% según el INE, hasta un total de 7 millones de horas. De ahí la denuncia de los sindicatos de que algunas empresas están supliendo el aumento de las bajas imponiendo una mayor carga de trabajo al resto de su plantilla. Una tesis que parece validar el hecho de que la subida de las horas extra pagadas desde 2019, del 35%, haya sido claramente superior al crecimiento de las horas extra que no son remuneradas, las cuales han aumentado un 7% en el mismo periodo..."

El Ministerio de Seguridad Social ha vuelto a poner sobre la mesa del diálogo social, dentro de un paquete para solucionar el problema de bajas laborales, que todos aquellos empleados que estén de baja por una enfermedad grave –como el cáncer o una cardiopatía– vuelvan al trabajo a media jornada a partir de los seis meses de comenzar su baja si un facultativo lo considera posible por mejoría o curación. Se incorporarían al 50% durante un mes y, después, pasarían a trabajar a tiempo completo. De esta forma, la Seguridad Social abona el terreno para acortar los procesos de Incapacidad Temporal para este colectivo y aliviar su coste para el sistema, ya que sólo asumirá el pago del 50% de la prestación, mientras la empresas abonarían el salario correspondiente a la otra mitad de la jornada laboral durante ese mes. «Las personas trabajadoras a tiempo completo o a tiempo parcial con una jornada equivalente, al menos, al 80% de la jornada de una persona trabajadora a tiempo completo comparable, que se encuentren en situación de incapacidad temporal, podrán incorporarse de forma progresiva al trabajo cuando así se establezca en el correspondiente parte de alta médica por curación o por mejoría. A tal efecto y de conformidad con lo previsto en el presente artículo, en dicho parte se establecerá un periodo de reincorporación progresiva inmediatamente posterior a la fecha de efectos del alta médica. Será requisito necesario que hayan transcurrido, como mínimo, 180 días desde el inicio de la situación de incapacidad temporal», precisa la propuesta presentada a los agentes sociales el lunes pasado. 

La ministra Elma Saiz rectifica y plantea mantenerlas en 2026. De esta manera, su departamento rectifica el plan inicial, que había suscitado el rechazo no solo de los trabajadores, sino también de la oposición, incluidos los aliados parlamentarios del Gobierno. "Estamos hablando de una propuesta. Hoy en día un autónomo que haya trabajado toda la vida, cuando llega a la jubilación va a cobrar 650 euros menos que un asalariado. Eso es inconcebible. Y la única manera de paliar esa brecha es a través de las cotizaciones. Yo misma me puse detrás de la pancarta, cuando era autónoma, en los gobiernos de [José María] Aznar, reivindicando esa cotización por ingresos reales. Eso se solucionó en 2022 con una ley votada en el Congreso con 260 votos a favor, incluidos los del PP. Aquella ley fue también respaldada por todas las asociaciones más representativas de los autónomos (ATA, UPTA y Uatae). El Gobierno no se plantea de ningún modo derogar una ley que costó muchísimos años sacar adelante..."

El empleo a tiempo parcial en Euskadi y en el conjunto del Estado, que afecta fundamentalmente a las mujeres, no es una opción voluntaria en la mayoría de los casos como sí lo es en otros países. Así lo pone de relieve una vez más un trabajo realizado por la fundación Iseak, que desvela que la razón principal por la que desempeñan estos empleos es la imposibilidad de acceder a puestos de jornada completa. Además, se trata de empleos altamente precarios, con contratos temporales, bajos salarios/hora, escasas oportunidades de desarrollo profesional, falta de flexibilidad horaria y mayor esfuerzo físico, factores asociados a menores niveles de satisfacción laboral, señala. El trabajo, firmado por Lucía Gorjón, Sara de la Rica y Ainhoa Osés, dado a conocer recientemente, complementa otro realizado por Iseak un año antes que recoge datos de Euskadi. El último estudio deja patente que la parcialidad sigue creciendo en España y subraya que tres de cada cuatro empleos a tiempo parcial los realizan mujeres. Una parcialidad que recae sobre el colectivo femenino de todos los grupos de edad y situaciones familiares. En contraposición a los países del entorno, la parcialidad en España es altamente involuntaria, ya que más de la mitad de las personas con empleo a tiempo parcial preferirían un trabajo a jornada completa. Otra de las conclusiones es que la brecha de género en la jornada parcial se reduciría a la mitad si mujeres y hombres trabajasen en los mismos sectores y ocupaciones.

Aunque en las últimas décadas se han logrado avances significativos en la incorporación de las mujeres a puestos de liderazgo, las directivas en España siguen percibiendo barreras estructurales y culturales que limitan su acceso a los máximos niveles de responsabilidad, según la nueva edición del Esade Gender Monitor, elaborado por Esade Women Initiative (EWI). El estudio, basado en la opinión de casi 1.500 mujeres profesionales y directivas, señala que la promoción a la alta dirección continúa siendo un terreno difícil. Así, el 82% de las ejecutivas considera que el acceso a puestos de alta responsabilidad sigue favoreciendo a los hombres. Cuando se analizan los frenos al ascenso, emergen aspectos estructurales del propio sistema organizativo. Entre ellos, el freno viene dado por factores como la falta de redes informales de apoyo que facilitan las oportunidades (28%), las exigencias de disponibilidad que colisionan con los cuidados (17%), la ausencia de referentes en la cúpula (17%) y una cultura que anticipa un menor compromiso de las mujeres con hijos (15 %). Estos elementos operan a nivel de reglas y prácticas y ayudan a explicar por qué la progresión se frena en los tramos altos. El propio informe, con base en evidencia del World Economic Forum (WEF), documenta la caída hacia la cúpula (la disminución del porcentaje de mujeres conforme se asciende en el escalafón) por sectores. En salud o servicios, las trabajadoras suponen el 67% de las nuevas incorporaciones pero solo el 36,7% de la alta dirección. En las finanzas el salto es menor, ya que suponen el 48% de las contrataciones y el 21% de la dirección.

BBVA y Sabadell valen 38.023 millones más en el parqué diecisiete meses después de que el mercado tuvo noticias de la opa, el 30 de abril de 2024. Llegan a este punto tras la subida del 5,98% de BBVA en Bolsa el viernes, que le añadió 5.418 millones de capitalización bursátil en una sola sesión, y el descenso del 6,78% de Sabadell, que pulverizó 1.100 millones de valor en el mercado en la jornada tras conocerse el fracaso de la oferta hostil. Pese al recorte del viernes, Sabadell es el segundo mejor banco por revalorización en Bolsa desde abril de 2024, con un alza del 73% por precio (solo por detrás de Unicaja). Contrasta con la evolución de BBVA en el mismo periodo, que ha sido el más rezagado del sector en España con una revalorización del 52,80%, según los registros de Bloomberg. Sabadell ha sumado 5.669 millones de capitalización bursátil en estos 17 meses, hasta los 15.121 millones. Esta cifra es casi lo que sumó de valor en Bolsa BBVA el pasado viernes: 5.418 millones de euros, hasta situar su tamaño bursátil en los 95.988 millones. Al cierre del jueves, antes de que se conociera que solo el 25,47% de los accionistas de Sabadell habían acudido a la opa de BBVA, este último rondaba los 90.570 millones de valor en Bolsa. El banco presidido por Carlos Torres añade, en el año y medio de la opa, 32.354 millones de capitalización bursátil.

El presidente de Banco Sabadell reconoce el interés del Gobierno por el fracaso de la opa hostil de BBVA. “Lo único que nos pidió [el Gobierno] es que hiciéramos milagros para que la opa no saliera. Ya lo hemos hecho”, asegura Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, en una entrevista publicada ayer en La Vanguardia a los dos primeros ejecutivos del banco. “No necesitamos ni tenemos peligro de ningún otro movimiento, porque hostil solo podría provenir de uno de los tres grandes. Y después de esto yo creo que no es planteable una opa hostil por parte de ninguno. Y de fuera no viene una opa hostil. Si viniese en algún momento, sería una alianza, un acuerdo, pero no una opa hostil porque no pueden poner una prima por sinergias, no pueden poner una prima encima de la mesa, entonces no te pueden ofrecer más de lo que te da el mercado”, añade César González-Bueno, consejero delegado de Sabadell. Respecto a los próximos movimientos del banco para protegerse de nuevos intentos de opa y posibles acuerdos con Unicaja o Abanca, Oliu asegura que: “Hemos buscado y seguiremos buscando alianzas que tengan sentido para nuestro proyecto, para nuestros clientes y para el valor de la entidad. Tenemos una alianza con Amundi, tenemos una alianza con Zurich. Si alguno entra en el accionariado del banco para defender su alianza, lo entenderé y creo que esto es bueno y válido. En principio, hoy por hoy no hay nada que tengamos que contemplar en el futuro”. Tienen claro que quieren seguir en solitario. “No iremos a llamar a la puerta de alguien el día siguiente porque me voy a quedar sin novia. No, no, no. La novia no era querida”, afirma el presidente de Sabadell.

PwC continúa reforzando su plantilla en España. La firma que preside Gonzalo Sánchez prevé cerrar el año con la contratación de 1.300 trabajadores. Del total, PwC espera incorporar a cerca de 500 profesionales con experiencia y a 800 recién titulados. Las 1.300 incorporaciones, que supone bajar de las 1.500 contrataciones tras los récords del año pasado y de 2023, están a punto de concluir. Del total previsto para este ejercicio, 1.053 profesionales ya se han incorporado a la firma y el resto lo harán antes de que acabe el año. Las incorporaciones se están realizando en todas las líneas de negocio: Auditoría (604), Consultoría (343), Asesoramiento Legal y Fiscal (226) y Transacciones (164). Además, del total de los profesionales contratados, el 52% se incorporará en Madrid, el 11% en la sede de Barcelona y el 37% en las otras 17 oficinas de España, “lo que revela la capilaridad y la cercanía de la firma con el tejido empresarial español”, anota la firma, que recalca que las cifras convierten a PwC en uno de los principales empleadores del país. Las áreas de mayor auge, detalla PwC, son Auditoría, Gestión de Riesgos, Asesoramiento Fiscal y Legal, Deals, Sostenibilidad, Ciberseguridad, Transformación y Estrategia Digital, Inteligencia Artificial generativa, soluciones Cloud, automatización y robotización y Data Analytics.

Las seis universidades públicas de Madrid sobreviven como pueden, como si aún España no hubiese salido de la crisis de deuda de 2012, por la asfixia financiera a la que les somete desde entonces la Comunidad de Madrid. Los rectores alertan de que está en juego el futuro de las nuevas generaciones y una España menos competitiva en 2050. Pero la Complutense (UCM), la universidad presencial más grande de España (61.000 estudiantes), tiene el drama ya encima: o el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso le concede un préstamo de 34,4 millones o sus 11.400 trabajadores no cobrarán ni el sueldo de diciembre ni la extra de Navidad. “Si no nos dan el crédito, nuestra situación es insostenible y eso también lo sabe la Comunidad”, resume un decano. Mientras el Gobierno regional vende el préstamo como una “demostración de que la Comunidad de Madrid siempre va a estar cerca de todas y cada una de sus universidades”, para los afectados es una deuda histórica. El crédito supuestamente llegará esta semana, pero en su plan el rectorado tiene que hacer “ajustes” para “equilibrar las cuentas” y la propuesta de la UCM no convence a Ayuso. “La Comunidad de Madrid nos asfixia económicamente para tener la excusa e intervenirnos”, argumentó un antiguo rector hace dos años. Ahora la palabra “intervención” está en boca de medio campus que se prepara para nuevas movilizaciones. Este año no hay una partida de ayuda a los grupos de investigación, no se han convocado las ayudas de innovación docente, los profesores asociados o sustitutos tardan en contratarse y se mantiene el recorte del 35% en los presupuestos de los decanatos, que se decretó en diciembre de 2024. Los estudiantes de Biología ya no van a los Pirineos de prácticas, sino a la Casa de Campo o El Pardo. 

Buenas noticias. Las evaluaciones de diagnóstico elaboradas por el departamento vasco de Educación para testar el nivel y el rendimiento académico de los alumnos de 2º de la ESO del sistema educativo vasco hablan de una mejora de resultados en las competencias de matemáticas, castellano y euskera. Tras el bajón registrado en la anterior evaluación, que evidenciaba una caída «inusual» en estas competencias, sobre todo en ciencias y lengua castellana, los resultados provisionales a los que ha tenido acceso este periódico muestran una fotografía que mejora sustancialmente la anterior: hay muchos menos alumnos en el nivel inicial, esto es, allá donde se acredita un bajo grado de conocimiento, desde donde pasan a engrosar el nivel medio. La Evaluación Diagnóstica, realizada por el Instituto Vasco de Investigación e Innovación Educativa (Isei-Ivei), es un examen que se realiza desde 2009 y cada dos años en todos los centros públicos y concertados –a excepción de 2021 por el Covid–, y en él se analiza el nivel de los estudiantes en distintas competencias. Las evaluaciones de diagnóstico de mitad y final de etapa sirven para testar el nivel académico de los alumnos de 4º y 6º de Primaria y 2º y 4º de la ESO. Hasta ahora eran cinco: castellano, euskera, inglés, ciencias y matemáticas . No obstante, en esta última prueba, celebrada en marzo y abril, han sido sólo tres. El último informe, con datos de 2023, arrojó los peores resultados desde que hay registros para los alumnos de 2º de ESO en todas las competencias.

El Museo del Louvre tuvo que cerrar ayer debido a un atraco digno de un guion de película. Poco después de su apertura a las nueve de la mañana, cuatro encapuchados se introdujeron en el primer piso a través de una grúa montacargas aparcada en el exterior y se llevaron nueve joyas de la colección de Napoleón y de los reyes de Francia, aunque perdieron una corona por el camino que fue hallada por la Policía. El robo duró siete minutos y fue cometido por unos auténticos profesionales. Las fuerzas de seguridad aún no han logrado detener a los responsables de este gravísimo incidente que pone en entredicho la seguridad del museo más visitado del mundo. Los hechos se produjeron entre las 9.30 y las 9.37 horas. Dos ladrones llegaron a bordo de sendas motocicletas y los otros dos conduciendo un camión con elevador, similar al que se usa en las mudanzas, que aparcaron junto a la fachada que da al Sena. A través de la escala, subieron directamente al balcón de la sala que les interesaba en el primer piso. Con la ayuda de dos sierras radiales, rompieron las ventanas y dos vitrinas (la de Napoleón y la de los soberanos de Francia). Se llevaron nueve piezas, entre diademas, collares, pendiente y broches pertenecientes a la corona francesa. 

Gaza regresó ayer al terror apenas una semana después del alto el fuego. Un enfrentamiento con Hamás, que atacó con francotiradores y misiles a una unidad militar y causó la muerte a dos soldados, desencadenó la respuesta de Israel en forma de oleadas de bombardeos en la mitad sur de la Franja, con 14 palestinos fallecidos. Hamás se desvinculó de la confrontación y reconoció por primera vez que no tiene el control sobre todos sus miembros. Gaza regresó ayer al terror apenas una semana después de establecerse el alto el fuego. Un enfrentamiento con Hamás, que atacó con francotiradores y misiles a una unidad militar en el sureste de Rafah y causó la muerte a dos soldados, desencadenó la respuesta de Israel en forma de bombardeos aéreos sobre la mitad sur de la Franja. Al menos catorce palestinos perdieron la vida. Las explosiones retumbaron en las calles y produjeron de nuevo estampidas entre los residentes, El episodio revela la fragilidad de la tregua, sometida a las tensiones del campo de batalla y las suspicacias de los dos bandos. Sin embargo, el poder de Donald Trump es grande. El presidente de EE UU no está dispuesto a perder su primer gran éxito en la pacificación del mundo. A diferencia de la ruptura anterior del alto el fuego en marzo, Israel se apresuró a asegurar que no hará nada que provoque el «colapso del acuerdo» y las Fuerzas de Defensa anunciaron anoche que volvían a la tregua después de una intensa jornada de bombardeos.