20251201

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Geroa, con 317.863 socios y un patrimonio de 3.350 millones de euros, es la principal EPSV de empleo de Euskadi, creada en 1996 para complementar las pensiones de los trabajadores de Gipuzkoa con aportaciones de éstos y sus empresas. Sus órganos de gobierno están repartidos a partes iguales entre la patronal Adegi y los cuatro sindicatos, que su vez se distribuyen su 50% en función de su representatividad (ELA tiene 6 miembros en la junta; LAB cuenta con 4, aunque no participa activamente; CC OO, dos y UGT, 1). A su órgano de gobierno llegó la operación de Uvesco. Se trataba de configurar un consorcio vasco para acompañar al equipo directivo, liderado por el consejero delegado, Ángel Jareño, y lograr adquirir al fondo francés PAI Partners su participación del 70%. El objetivo era anclar al grupo en Euskadi después de que ya intentara hacerse con él Carrefour. Pero la apuesta era muy ambiciosa –se valora la compañía en 728 millones, con 370 millones de deuda incluida– y requería un elevado esfuerzo por todas las partes. En el barco estaban, aparte de Jareño, Kutxabank, a través de su vehículo de inversión Indar; la Fundación Artizarra, con su fondo Stellum Food; y la gestora Inveready, de Josep Maria Echarri. La participación correspondiente a la EPSV Geroa era de 30 millones, muy superior a las inversiones a las que está acostumbrada. Eso ya hizo vacilar a los sindicatos porque, al fin y al cabo, lo que está en juego es el dinero para la jubilación de los trabajadores. A ello se sumó el alto apalancamiento de la operación. Y es que la oferta vasca contempla reunir 225 millones de capital pero también un préstamo de 500 millones con cargo a la empresa. Otro factor que jugó en contra fueron las prisas con las que se quería armar la compra. Los sindicatos no aceptaron los términos iniciales en los que se planteó, pero su rechazo no fue frontal. Es más, se propuso una alternativa. Entrar con una inversión menor a través de Orza, un vehículo que comparte Geroa con Elkarkidetza, la EPSV de los funcionarios de ayuntamientos y diputaciones. Pero, según diversas fuentes, esa opción no gustó a la dirección de la empresa, que no veía con buenos ojos la participación de la Administración vasca en la operación. De hecho, también rechazó que el Gobierno vasco se involucrase de alguna manera, algo que reclamaba la parte sindical.

Astilleros Balenciaga firmó ayer el protocolo de venta al grupo Abu Dhabi Ports. La operación, por valor de 11,2 millones, debe ser ratificada por el comité de empresa que señala que no se garantizan las condiciones salariales. El acuerdo implica mantener la actividad y los 59 empleos de la naval de Zumaia, que entró en concurso de acreedores hace un año. «Es una buena noticia para Euskadi, para Zumaia y para los trabajadores», refleja el Gobierno Vasco. El acuerdo con los trabajadores es imprescindible para la rúbrica definitiva, pese a que el Gobierno Vasco dio por hecha la venta al indicar en una nota que «hoy se ha firmado el acuerdo de compraventa por el grupo inversor».

La vasca Satlantis ha contratado los servicios de Arcano para explorar todas las alternativas estratégicas a su alcance –entre las que se incluye la entrada de un nuevo socio en su capital– destinadas a impulsar su crecimiento en plena reactivación de la carrera espacial, según coinciden varias fuentes del mercado consultadas. Fundada en 2013 y con sede en Leioa (Bizkaia), Satlantis es una empresa espacial especializada en cámaras y telescopios compactos y muy potentes para observar la Tierra desde el Espacio. Entre sus fundadores destacan el astrofísico Rafael Guzmán, que se mantiene como primer accionista con el 19% del capital, el CEO Juan Tomás Hernani (11%) y Cristina Garmendia (5%), la exministra de Ciencia y presidenta de Mediaset España. Otros accionistas significativos son Silo Ventures (15%), la gestora de pensiones vasca Orza (11%), Enagás (7%), CDTI (7%), el ICO (6%), Sepides (3%) y el Gobierno vasco (3%), entre algunos otros. Entre los potenciales interesados en entrar en la compañía figuran tanto grupos industriales como fondos de capital riesgo, algunos de los cuales ya han recibido información preliminar sobre el negocio de la compañía de cara a evaluar la inversión, que podría ser mayoritaria, según las fuentes consultadas. Indra es uno de los claros candidatos para invertir en Satlantis, sobre todo desde que creó su división Espacio y anunció la adquisición de Hispasat e Hisdesat. Nazca Capital, a través de su flamante fondo de Defensa, está interesado en la eventual adquisición de la compañía, así como algunas gestoras internacionales de private equity.

La dificultad que atraviesa el territorio a la hora de captar capital foráneo se ha convertido en un problema de calado que afecta en gran medida a la industria vasca. Un desafío que los datos recogidos por el Ministerio de Economía y Comercio evidencian ya que en 2024 tan sólo el 1,3% de la inversión extranjera se dirigió a la creación de nuevas instalaciones productivas desde cero, lo que en términos financieros se conoce como ‘greenfield’, cuando en España esta proporción llegó al 8,6%. El propio Ministerio define estos proyectos como los «más interesantes» desde un punto de vista económico, en la medida que «implican la construcción de nuevas instalaciones y la contratación de nuevos empleados». Una tendencia que en el caso de Euskadi, lejos de constituir un hecho puntual, lleva arrastrándose durante muchos años. De hecho, el análisis es claro: en los últimos cinco años, el 77,2% de la inversión extranjera (en total han sido 10.009 millones) se ha dirigido a la adquisición de compañías ya existentes, lo que dificulta el arraigo empresarial. Muchas de estas operaciones, además, se producen cuando las empresas familiares no logran encontrar relevo y deciden vender el negocio a fondos de inversión extranjeros. Un hecho que Orkestra (Instituto Vasco de Competitividad) reconoce en su último informe, ya que existe el «riesgo de externalizar decisiones o actuar económicamente aislados al territorio». Resaltan que la escasa proporción de los proyectos ‘greenfield’ constituye «una limitación para el aumento y mejora competitiva del tejido industrial vasco, ya que restringe la entrada de nuevos proyectos y tecnologías emergentes». Se trata de una cuestión que también preocupa al propio Gobierno vasco, tal y como reflejó en la presentación de su nuevo Plan de Industria.

Más del 99% del tejido empresarial vasco está compuesto por pequeñas y medianas empresas. Empresas que en muchos casos son reacias a abrir capital con tal de conservar un mayor control sobre su actividad. Un factor que explica en parte la baja presencia del accionariado internacional en las compañías del territorio. Según revela el último informe de Orkestra a partir de los datos de SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), tan solo el 4,4% de las empresas vascas cuentan con presencia de accionistas extranjeros, un porcentaje menor que el del conjunto de España, que llega al 6%. Lo cierto es que existe una clara relación entre el tamaño y la presencia extranjera. Y es que el 28,8% de las grandes empresas con sede en el País Vasco cuentan con al menos un accionista con sede fuera de España, un porcentaje que va menguando si se trata de medianas (16,6%), pequeñas (5,4%) o micros (2,3%). Por sectores, la industria se sitúa como una de las actividades con mayor apertura, ya que el 7% de las firmas tienen accionariado extranjero. Un índice significativamente más bajo presenta el comercio, con un 4,6%. La procedencia de los accionistas foráneos presenta un perfil mayoritariamente europeo. Desde Orkestra señalan la baja presencia de accionistas asiáticos, especialmente de China, lo que «puede resultar en una debilidad frente a la nueva reconfiguración de la economía global, mientras que se da una sobre representación de accionistas estadounidenses y europeos».

Entrevista con Joxerramon Bengoetxea, rector de la UPV/EHU. En mitad de la tormenta desatada con el consejero del Gobierno vasco Juan Ignacio Pérez por la financiación que debe recibir la institución, el rector defiende su gestión, insiste en las «imperiosas» necesidades económicas que sufre la UPV/EHU y reclama un aumento en las partidas que recibe, que «en ningún caso», sostiene, deberían ser inferiores a los 20 millones. "La intervención del consejero nos sorprendió porque no estamos acostumbrados en la academia a ese tono áspero...Quisimos transmitir una sensación real de lo que percibíamos. Podemos discutir la conveniencia de utilizar un término u otro. Si no lo llamamos parálisis lo podemos llamar anquilosamiento o estancamiento. En todo caso, se trata de una situación crítica... No nos comprendemos como un contrapoder ni tenemos ningún tipo de alineación política. De hecho, nuestra comparecencia parlamentaria contó con la simpatía, y creemos que con el respaldo, de los tres grupos de la oposición allí presentes, Sumar, PP y EH Bildu. No nos vemos como un ariete político. Se podría incluso especular que, si lo fuéramos, quien negase nuestras solicitudes también lo sería. No es bueno entrar en ese juego ni creo que sea fructuoso..."

Un laboratorio de la UPV/EHU emplea tecnología punta para dar con una cura y una vacuna para el VIH. De los seis talones de Aquiles que se conocen en las proteínas de la superficie del virus, han elegido una región llamada MPER, ubicada en el «ancla» que utiliza para unirse a nuestras células e infectarlas. «Estos anticuerpos se obtienen de personas llamadas neutralizantes de élite, individuos que generan de manera natural defensas extraordinariamente eficaces contra el virus», detalla la bioquímica. Estos son los que Ramos ‘entrena’ para «darles unas capacidades superiores. Los modificamos químicamente para reforzar su afinidad por la región MPER. Con ello logramos que se unan con mayor firmeza y neutralicen un abanico amplio de variantes del VIH con más eficacia». Hasta aquí la terapia. El trabajo del equipo tiene una segunda línea de investigación, en este caso financiada por el Gobierno vasco: el objetivo es desarrollar una vacuna. 

Three Gorges (CTG), el mayor grupo eléctrico chino, ha reactivado sus planes de crecimiento en las renovables en España. El nuevo objetivo de CTG es muy ambicioso, indican fuentes conocedoras. Buscará compras y desarrollo orgánico para duplicar su capacidad de aquí al año 2030. Pasaría de los 3.000 megavatios (MW) actuales a 6.000 megavatios. A precios de mercado, el plan supondría inversiones de más de 2.000 millones. El plan no es solo aumentar aceleradamente la cartera de renovables en España, sino consolidar a este país como su gran centro de operaciones europeo, para cubrir también Portugal y otros países del entorno. CTG replicará así lo que está haciendo Masdar, el grupo de renovables del Emirato Árabe de Abu Dabi. Aunque CTG es el primer accionista de EDP, la mayor eléctrica de Portugal, en Madrid estarán las oficinas centrales del gigante chino para el Sur de Europa. Los 6.000 MW del plan incluirían la parte correspondiente de su participación en EDP, pero uno de los objetivos de CTG es buscar más proyectos en España y de ahí saltar a otros países. Entre ellos Alemania, Italia y Grecia. El responsable de CTG para España es el español Ignacio Herrero, que también es consejero de EDP y director general de China Three Gorges Europe. Herrero también actúa como asesor para otras operaciones del grupo asiático en el mundo, más allá de Europa. Se rearma así uno de los grandes protagonistas del sector español de las renovables, que aparentemente había estado dormido en los últimos doce meses. ¿Qué ha pasado? En realidad, China Three Gorges nunca ha estado fuera de juego.

El Gobierno trabaja ya en la protección económica de la región de Almaraz (Cáceres) para minimizar el impacto que provoque el cierre de la central nuclear, previsto para 2027 y 2028 o, en caso de que se conceda una prórroga solicitada por las empresas dueñas, en 2030. Pero el Ejecutivo está desarrollando un plan mucho más amplio. Según fuentes al tanto de la situación, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través del Instituto para la Transición Justa, pretende abrir de manera inminente una consulta pública para la elaboración de la Estrategia de Transición Justa 2026-2030, con el fin de recabar la visión y las aportaciones de la ciudadanía, organizaciones sociales, empresas, administraciones y demás agentes interesados. El objetivo del departamento que lidera la vicepresidenta Tercera, Sara Aagesen, es preparar a las zonas amenazadas por el cierre de centrales energéticas para el día después en que concluya la operación de diversas plantas que son una de las principales fuentes de actividad para aquellas regiones donde están ubicadas. El fin perseguido es maximizar las oportunidades de actividad económica y empleo derivadas de la transición hacia una economía baja en emisiones, al tiempo que se minimiza el impacto sobre los trabajadores y los territorios más expuestos, añaden las fuentes consultadas.

La falta de trabajadores cualificados en el mercado laboral español lastra el incremento de la productividad. Esta es la principal conclusión del Consenso Económico y Empresarial de PwC, correspondiente al cuarto trimestre del año, donde se constata que el 98% de los expertos y directivos relacionan la escasez de talento con la reducida productividad de la economía española. Además, la mitad considera que es la principal causa del estancamiento del rendimiento. Para los expertos, la escasa conexión entre el sistema educativo y las necesidades del mercado es la principal causa de la falta de trabajadores cualificados que sufren las empresas, “lo que apunta a la necesidad de adaptar con rapidez las universidades y los centros de formación profesional a los cambios sociales y tecnológicos”. Además, el 21% considera que el problema está en la insuficiente inversión en formación y la escasa preparación de los docentes ante los retos tecnológicos y la demanda de las empresas. Para solucionar esta escasez de talento, a ojos de los directivos, la adopción de la inteligencia artificial podría “generar nuevas oportunidades laborales, pero siempre y cuando el sistema educativo y formativo de nuestro país se adapte con suficiente rapidez”, señalan desde PwC. El 74% de los encuestados califica como “bueno” el momento coyuntural de la economía española y el 81% espera que siga igual en el arranque de 2026, para ir desacelerándose a medida que avance el año hasta cerrarlo con un crecimiento del PIB en el 2,2%. 

La negativa del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero a poner en marcha un sistema de IVA franquiciado para los autónomos con baja facturación que les exima de retener el Impuesto sobre el Valor Añadido a sus clientes deja a España como el único país de la Unión Europea sin esta ventaja fiscal. Se trata de un asunto de vital importancia para el colectivo, que viene reclamando en los últimos años que el Gobierno cumpla con la Directiva europea del IVA, algo que tendría que haber hecho en enero de 2025, por lo que el España podría incluso exponerse a sanciones. Por el momento, las intenciones del Gobierno parecen apuntar a la limitación de la exención del IVA a los autónomos que vendan bienes y servicios en otros países de la UE, aplicando los límites aprobados en cada Estado miembro. Una cuestión que dejaría a España aún más sola, y a sus profesionales en clara “desventaja competitiva” con las del resto del territorio comunitario. Así lo señalan las asociaciones de profesionales autónomos, quienes consideran que los planteamientos de Hacienda sólo suponen “una aplicación parcial de la Directiva” y reclaman la extensión del régimen a las ventas nacionales, en línea con el espíritu de la legislación europea que sí están cumpliendo el resto de Estados miembros. Fuentes de la mesa de negociación con el Ministerio de Hacienda reconocen a este diario que las conversaciones se encuentran paradas por parte del departamento de María Jesús Montero, pese a la importancia que la cuestión puede tener sobre las cuentas de millones de autónomos y a que se iniciaron con la disposición del Ministerio para buscar una solución.

Reflejo de ello es que la prima de riesgo, la variable que indica la confianza de los inversores en un país —mide cuánto más caro le sale a un Estado financiarse comparado con el bono a 10 años de Alemania, el emisor más seguro de la eurozona—, está en cotas históricamente bajas. Se mueve por debajo de los 60 puntos, lejos de los más de 600 que tocó en los peores momentos de la Gran Recesión y por debajo del nivel de Francia, inmersa en una crisis presupuestaria y de gobernabilidad. Hay más señales de confianza: cerca de la mitad de las obligaciones y bonos españoles vuelve a estar en manos extranjeras y se ha producido una cascada de mejoras en la calificación de la deuda soberana nacional. S&P, Moody’s y Fitch, las tres grandes agencias de rating, han subido su nota pese a que el volumen de pasivo marca su récord de todos los tiempos. Supera los 1,6 billones de euros, equivalentes a un 100% del PIB. La ratio es más baja que en los picos de la pandemia, pero unos 25 puntos más elevada que en 2012. Los motivos principales del cambio de tornas son que la economía marcha a buen ritmo desde la salida de la pandemia y se han corregido algunos de los desequilibrios que la pusieron de rodillas en la primera década de este siglo. España ahora se considera un buen pagador, al que se ofrecen mejores condiciones porque tiene una posición más sólida. De hecho, el coste medio de la deuda total superaba el 5% en 2012 y hoy en día se ha reducido a la mitad. Su vida media, además, se ha ampliado y ronda los ocho años, lo que permite refinanciaciones en plazos más largos.

La banca española vuelca sus esfuerzos en crecer entre grandes fortunas y banca patrimonial. Es ahí donde se juega la última de las batallas en un sector que debe compensar la caída de los márgenes, con tipos neutrales sobre el 2%, con el aumento de las comisiones en sus servicios más sofisticados como son la gestión de carteras y el asesoramiento a las familias más ricas del país. En total, a cierre de septiembre, las tres mayores entidades nacionales, Banco Santander, CaixaBank y BBVA, alcanzaron los 0,52 billones de euros en patrimonio gestionado a través de sus bancas privadas. En conjunto, los activos han crecido en 56.475 millones desde el cierre de 2024, con alzas de más del 11%. En concreto, Banco Santander batió los 194.500 millones de euros en el tercer trimestre, un 14% más; seguido de CaixaBank, con 181.684 millones de euros, y por BBVA, por encima de los 152.000 millones. La banca privada de Santander, que lidera Víctor Allende en nuestro país desde hace un año cuando desembarcó allí proveniente de CaixaBank, es la más premium de todas. La entidad desveló hace unas semanas que contaba con 1.300 clientes con un patrimonio superior a los 20 millones de euros. 

La política que la Administración de Donald Trump lidera en América Latina es una pieza clave de una estrategia global más amplia que intenta una reordenación por la fuerza de todo el hemisferio occidental. Lejos de ser nueva, se trata de un programa continuista de la famosa y antigua doctrina Monroe, que ha constituido el soporte ideológico del dominio estadounidense desde los tiempos de su fundación. La nueva edición, la doctrina ‘Donroe’ como la llaman casualmente los funcionarios de la Administración, busca resistir la crisis de hegemonía de América en el mundo, al tiempo que se intenta aislar a China y lograr el control de los recursos vitales industriales que permitan consolidar el dominio de EE UU en el segundo cuarto del milenio. El «América para los americanos» de Trump recupera así la forma más abierta y agresiva de intervencionismo que ha caracterizado la matriz colonial de Washington en Latinoamérica de los últimos 200 años. Una política que esencialmente reestablece que América Latina es el «patio trasero» de EE UU y que los ataques a la soberanía de la región vuelven a ser terreno estratégico, según coinciden numerosos análisis. Esta planificación política llevó entre 1898 y 1994 al derrocamiento de 41 gobiernos. Y en las últimas tres décadas, al respaldo de docenas de operaciones de cambio de régimen y «revoluciones de color». Como la que ahora teme Nicolás Maduro. «Estados Unidos está reestructurando y reorientando sus recursos para establecer un vecindario más seguro para sí y para sus socios», afirma un funcionario del Gobierno en condición de anonimato. «Es una nueva asignación de recursos a nuestro territorio».