20251203

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

En declaraciones a diferentes medios de comunicación, el responsable de Economía de Confebask, Pablo Martín, asegura que “los datos de noviembre evidencian la evolución positiva que se mantiene desde hace ya dos años. Pablo Martín ha destacado que “Euskadi tiene el número de parados más bajo para un mes de noviembre desde 2008, algo que viene acompañado además de un récord de afiliados a la Seguridad Social, gracias al  mejor mes de noviembre en ocupación desde el año 2007. Además, el empleo ha crecido en todos los sectores, salvo en el primario, lo que supone que, a estas alturas y cuando todavía falta un mes para cerrar el año, tengamos 13.000 ocupados más que en noviembre del año pasado”. Por último, y ante las apelaciones de los sindicatos a mejorar la calidad del empleo, el respopnsable de Economía de Confebask, ha recordado que el porcentaje de afiliados con contrato indefinido es el "más alto de los últimos años" y, en salarios, Euskadi está a la cabeza de todo el Estado. Digamos que por si algo se caracteriza el mercado laboral de Euskadi es por la calidad de su empleo". Ver más en Confebask. 

Nunca antes ha habido tanta gente como ahora trabajando en Euskadi. El mejor noviembre de las dos últimas décadas ha provocado que la comunidad autónoma registre su récord histórico de afiliados a la Seguridad Social, situándose el techo en 1,036 millones. El mercado laboral vasco, con 4.400 nuevos cotizantes registrados el mes pasado, logra diferenciarse de la caída sufrida en el conjunto del Estado y saca músculo en un contexto de enorme incertidumbre internacional. Los datos de empleo siguen arrojando cifras récord en Euskadi con un total de 1.036.074 afiliados medios durante un noviembre histórico que marca los mejores datos de los últimos 20 años. En total se han sumado 4.404 nuevos afiliados, una cifra no alcanzada desde 2006, justo antes del estallido de la crisis. Este crecimiento viene motivado principalmente por el aumento de contratos en el sector de la educación, que sigue incorporando trabajadores tras la vuelta a las aulas, y un comercio que se ha venido preparando para la temporada del Black Friday y la Navidad. Al contrario de lo que ocurre en España, noviembre suele ser un buen mes para el empleo vasco. Sin embargo, este año se doblan las cifras de nuevos afiliados en comparación con el ejercicio pasado –entonces los cotizantes crecieron en 2.138–, cuando también se marcó un nuevo récord histórico antes de la caída habitual por la cuesta de enero. En esta ocasión Euskadi rompe una nueva barrera y pasa por primera vez de 1.030.000 trabajadores. 

El mercado laboral español arrojó un balance gris el pasado mes de noviembre. Mientras que la Seguridad Social descontó 14.385 afiliados (situándose el total en 21,82 millones), el paro registró una nueva caída, con 18.805 personas menos en la lista de desempleados (situándose el total en 2,42 millones). Una tendencia, que pese a no ser anómala –el empleo ha caído en el undécimo mes del año en 14 ocasiones desde 2002 y ha crecido en otras diez, siendo además el ajuste de este año la mitad del experimentado en el pasado ejercicio– resulta relevante que la hostelería sea prácticamente la única responsable del saldo negativo. El sector perdió 119.224 cotizantes, sumando el régimen general y el de autónomos, lo que supone el segundo mayor desplome de la serie histórica (solo superado por la caída de 121.552 de noviembre de 2024). De hecho, de las 23 rúbricas que ofrece la oleada de datos publicada por el Ministerio de Seguridad Social solo en cinco se registró una caída de cotizantes –en el régimen general–. Al ajuste de la hostelería le siguieron las caídas en otros servicios (-1.270), agricultura (-1.047) y empleo del hogar (-941). Por contra, experimentaron fuertes repuntes de afiliación los sectores de educación (29.483), comercio (23.905), construcción (9.926) y la industria manufacturera (6.010). Mejor comportamiento mostró el régimen de autónomos. 

Las presiones de Alemania e Italia para retrasar la retirada de los motores de combustión más allá de 2035 parecen estar dando sus frutos. El comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, aseguró ayer en una entrevista con el diario alemán ‘Handelsblatt’ que Bruselas «está abierta a todas las tecnologías», lo que supone un cambio en el lenguaje de la institución europea y abre la puerta a que se revise la prohibición de los motores de combustión, dejando espacio para desarrollar vehículos híbridos. Las declaraciones del comisario llegan después de que el canciller alemán Friedrich Merz exi- giera el viernes, en una nueva carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que Bruselas tuviera en cuenta los motores de combustión «altamente eficientes» –en una posible referencia a los vehículos impulsados por combustibles fósiles– y que revisara los límites de emisiones marcados para 2035. Esta misiva del canciller alemán «tuvo excelente acogida», según apunta Tzitzikostas, que añade que Bruselas tendrá en cuenta «todos los avances tecnológicos» en el nuevo reglamento que presentará este mes. Una normativa que incluirá también «el papel de los combustibles de cero y bajas emisiones, así como de los biocombustibles avanzados». El comisario destacó que la Comisión quiere mantener sus objetivos climáticos, pero «debemos asegurarnos de no comprometer nuestra competitividad y, al mismo tiempo, ayudar a la industria europea a mantener su liderazgo tecnológico». 

Las marcas chinas de automóviles emprendieron hace tres años una gran ofensiva de crecimiento fuera de sus fronteras, con el mercado europeo como principal objetivo. Empujados por la desaceleración de las matriculaciones en su mercado local, gigantes como BYD, SAIC Motor, Chery o GWM se han lanzado a conquistar Europa. Tras un aterrizaje tentativo y al ver que los volúmenes comerciales son significativos, varios grupos automovilísticos chinos analizan ahora la posibilidad de fabricar sus modelos en terreno europeo. BYD fue el primero en anunciar una planta en Europa, que se situará en Szeged (Hungría) –empezará su actividad el año que viene–, con una inversión aproximada de 4.000 millones de euros, mientras que Chery, junto con la española Ebro, ensambla vehículos basados en módulos en Barcelona desde finales de 2024. Ahora llega el turno de una segunda y mayor oleada de fábricas de marcas chinas en Europa, que se plantean no solo la opción de instalar plantas de producción desde cero, sino que también barajan hacer instalaciones de ensamblaje, que son más baratas y se tarda menos en construir, e incluso están preguntando a fabricantes ya asentados por la posibilidad de utilizar sus capacidades industriales infrautilizadas. BYD, el gigante que compite con Tesla por el liderazgo mundial del coche eléctrico, es la empresa automovilística china que más fuerte está apostando por la producción made in Europe. A la planta de Hungría, que fabricará desde 2026 el modelo Dolphin, también se suma una segunda factoría en Turquía, que está previsto que arranque a finales de 2026.

España tiene una posición privilegiada en la carrera de las marcas chinas por asentarse industrialmente en Europa, al ser el segundo fabricante europeo de vehículos, así como por contar con costes energéticos y laborales contenidos, disponer de una extensa red de proveedores y de una red logística y de puertos de primer nivel. Además, es el mercado europeo en el que las marcas chinas tienen mayor cuota (más del 10%), ya que los clientes españoles son menos fieles a las firmas tradicionales y son muy sensibles al precio. Los gigantes chinos se plantean ahora un desembarco industrial en el Viejo Continente, empujados por la imposición de aranceles a la importación de vehículos eléctricos made in China por parte de la UE, así como por las ventajas de flexibilidad, rentabilidad y de reducción de los tiempos de envío vinculadas a la fabricación local. Son varias las posibles localizaciones que se manejan, como Polonia, Hungría, Turquía, Rumanía o República Checa, pero en todos los casos España es una de las favoritas. También ayuda la estrecha colaboración de los gobiernos español y chino.

El automóvil dice basta. Alerta de que si no se hace nada se puede perder la posición de privilegio que ocupa España en el ecosistema europeo y mundial de la industria de la automoción. Por ello, los principales actores del sector, en coordinación con el Gobierno, presentarán hoy un plan de acción pionero en Europa, que marcará la hoja de ruta a seguir para apuntalar el futuro del sector más allá de la próxima década. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encargará de presentar el Plan España Auto 2030, acompañado por los ministros para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y de representantes de diferentes sectores involucrados con el automóvil. Esta hoja de ruta cuenta con un total de 25 medidas, aunque seis de ellas son consideradas como clave. El objetivo es asegurar que España siga siendo un actor importante en la industria del automóvil dentro de diez años, ya que el sector considera que si no se toman las medidas adecuadas estaría en peligro esta posición de liderazgo. Entre las objetivos estrella de este plan de acción, que engloba a toda la cadena de valor del motor en España, se encuentra el disparar la inversión en nuevos proyectos por parte tanto del sector privado como del público, con la ambición de movilizar entre 36.000 y 39.000 millones de euros durante cinco años (entre 2025 y 2030).

El Ministerio de Hacienda ha retrasado un año la entrada en vigor de Verifactu, el sistema estatal de verificación de facturas impulsado por la Agencia Tributaria. La medida se enmarca en el paquete de iniciativas con el que el Gobierno central trata de corregir algunos de los «incumplimientos» de anteriores acuerdos con Junts, en un intento por recomponer la relación con la formación liderada por Carles Puigdemont, ahora rota. El aplazamiento llega, además, en un contexto de creciente malestar entre pymes y autónomos por el aumento de obligaciones administrativas. El pasado domingo miles de trabajadores por cuenta propia se manifestaron en distintas ciudades de España para reclamar una reducción de la carga burocrática y una mayor simplificación de los trámites fiscales. La ampliación del calendario supone, en la práctica, que la integración de este sistema en los negocios no será obligatoria hasta 2027. Las empresas que tributan el Impuesto de Sociedades deberán adaptarse a partir del 1 de enero de 2027, mientras que los autónomos dispondrán de plazo hasta el 1 de julio de ese mismo año. Esta realidad contrasta, sin embargo, con la situación de Euskadi, donde las tres haciendas forales ya tienen implantado su propio sistema de factura electrónica a través de TicketBai. La vasca es, de hecho, la única comunidad en la que el sistema estará plenamente en vigor el próximo año, ya que en Navarra –el otro territorio foral– la normativa todavía se está desarrollando y su implantación será progresiva.

Una de las principales concesiones a Junts que el Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros para tratar de recuperar la senda del apoyo de los de Carles Puigdemont (ver información en página anterior) es la prórroga de un año para la aplicación de las obligaciones recogidas en la Ley Antifraude, entre las que destaca el sistema Verifactu de verificación de facturas que iba a entrar en vigor en apenas unas semanas, el próximo 1 de enero, para las empresas; y el 1 de julio para los autónomos persona física. Tras la prórroga, el sistema no será obligatorio hasta el 1 de enero de 2027 para los declarantes del Impuesto sobre Sociedades (las empresas) y hasta el 1 de julio del mismo ejercicio para los trabajadores por cuenta propia que tributen como personas físicas. Se trata de una de las exigencias que la formación independentista realizó en las últimas semanas, y que también ha sido una reclamación de la principal organización de autónomos del país, ATA, en los últimos meses. Por ello, su presidente, Lorenzo Amor, celebró ayer la noticia agradeciendo a Junts “que haya hecho bandera de la demanda”, señalando que “quedaban muy pocos días para finalizar el año y este tema estaba generando muchas dudas entre el colectivo”. En el mismo sentido, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, se pronunció afirmando que la decisión “avanza en la buena dirección y reconoce la realidad de miles de pymes y microempresas cuyos tiempos, recursos y capacidades técnicas no son equiparables a los de la gran empresa”. 

Los asuntos con los que Sánchez llamó a las puertas del partido del expresidente de la Generalitat –«sin saber si hay agua en la piscina», reconocen en Moncloa– fueron fundamentalmente media decena. El Consejo de Ministros aprobó ayer tres: la devolución a la Generalitat de la gestión de la oferta pública de empleo en los procesos de selección de los funcionarios locales con habilitación nacional; la autorización a las entidades locales para que puedan hacer uso del superávit de 2024 a fin de acometer «inversiones financieramente sostenibles» (en vivienda o gestión del agua); y una moratoria de un año en la obligación de las empresas de digitalizar sus procesos de facturación. Tras obviar el anuncio de ruptura de relaciones oficializado por Junts a finales del pasado octubre, actuar durante semanas como si nada hubiera cambiado en la legislatura y negar que el Ejecutivo haya incumplido compromiso alguno con la formación de Carles Puigdemont, ayer, una semana después de que la formación independentista tumbara la senda de estabilidad previa a los Presupuestos, claudicó. En un tono de contrición, el presidente del Gobierno se dirigió a primera hora de la mañana a los posconvergentes en sendas entrevistas en dos medios catalanes para asegurarles que está dispuesto a enmendar sus errores. «Yo asumo los incumplimientos y también los retrasos en los cumplimientos», dijo. En Moncloa dan por sentado que el gesto de humildad del jefe del Ejecutivo –acompañado de la aprobación de un real decreto ley con medidas para los ayuntamientos, las pymes y la Generalitat– no servirá para que Junts modifique el sentido de su voto respecto de los objetivos de déficit y deuda que ayer aprobó otra vez el Consejo de Ministros sin modificaciones y que el Congreso volverá a debatir la semana que viene, en el último pleno del año. El propio Sánchez evidenció en Rac 1 que sus esperanzas de aprobar las Cuentas de 2026 son limitadas. Pero confía en que Puigdemont se avenga, al menos, a regresar a la situación previa, en la que había negociación y diálogo.

Las rentas de capital en Gipuzkoa pagan un 54% más en impuestos que hace siete años. Las arcas de la Hacienda foral ingresaron el año pasado a través de esta vía 334 millones de euros, de los que casi un tercio lo abonaron los 400 contribuyentes más favorecidos del territorio. Esta cifra general es la más elevada de los últimos siete años y responde, sobre todo, a la rentabilidad de las inversiones obtenidas en un año que fue extraordinario en Bolsa. Las llamadas rentas de capital pueden sonar lejanas, casi técnicas, pero en realidad forman parte del día a día financiero de miles de contribuyentes. En román paladino, se trata del dinero que genera el dinero. Es decir, los beneficios que proceden de los ahorros e inversiones: los intereses de las cuentas bancarias, los dividendos de acciones, las ganancias al vender un fondo, la renta del piso en alquiler o el rendimiento de un depósito. Es dinero que no proviene del trabajo, sino del capital, y por eso Hacienda lo clasifica y grava en el IRPF de forma diferente. En Gipuzkoa, estas rentas forman un mosaico muy variado: desde pequeñas cantidades fruto del ahorro modesto de la mayoría de ciudadanos, hasta grandes volúmenes de ingresos financieros concentrados en un grupo reducido.

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por Telefónica podría afectar a 180 trabajadores en Euskadi, el 40% de la plantilla. Así lo estima CC OO, que prevé que Bizkaia sea el territorio donde se concentrará el mayor número de salidas, llegando hasta las 107. La compañía presentó el lunes su primera propuesta para el ERE que plantea en tres de sus siete filiales –Telefónica de España, Móviles y Soluciones–, y que concentran el grueso de la afectación con 5.040 de las 6.088 salidas propuestas en el proceso de despido colectivo. Fuentes de CC OO detallaron que Telefónica dispone en el País Vasco de un plantilla de 440 personas en estas tres sociedades de las que estarían afectadas unas 180 en base a las edades para las que se propone el ERE. La compañía, según explicaron los sindicatos, ha planteado unas indemnizaciones de hasta el 68% del salario regulador. En concreto, para los nacidos en 1969, 1970 y 1971 se ofrece una indemnización del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% hasta los 65 años. Para los nacidos entre 1965 y 1968, se plantea una indemnización del 62% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65 años, mientras que para los nacidos en 1964 y antes de ese año se propone un 52% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65. En CC OO subrayaron que trabajarán para que «no se vaya todo el mundo». 

Indra ha vendido su negocio de externalización de servicios en España, Colombia, Italia, Perú, México, Chile y Portugal a la compañía vasca Teknei por 96,6 millones de euros. La venta de este negocio, que forma parte de Minsait, se enmarca dentro del plan estratégico de Indra, enfocado en reforzar su posición en defensa, aeroespacio y tecnologías avanzadas digitales. «Ambas compañías trabajarán conjuntamente para asegurar una integración fluida para los profesionales, equipos y clientes», señalaron. Para Teknei la iniciativa va alineada con su plan de crecimiento, con el que prevé alcanzar los 1.000 millones de euros de facturación en 2030. Además, la compra refuerza su posición en un mercado en el que cuenta con clientes en banca, seguros y administración pública.

La Fundación Vital proyecta en Elciego un gran museo del vino. Esa es una noticia «ilusionante» para el diputado general, Ramiro González, que destaca que llega en un momento en que Rioja Alavesa «está necesitada de proyectos tractores que impulsen su economía a través de la diversificación». En su opinión, eso también servirá para «posicionar» la comarca ante la caída global en el consumo de este tipo de bebidas. Una iniciativa que coincide en el tiempo con la colocación «en las próximas semanas» de la primera piedra del EDA Drinks & Wine (el campus del vino) en Laguardia y posteriormente, en Vitoria. «El museo generará empleo y visitas, pero no sólo a este centro, sino a las bodegas de una zona que produce unos vinos fabulosos y que nos estamos esforzando en destacar», subrayó el máximo dirigente foral. La Vital firmó el viernes de la pasada semana la adquisición de Bodegas Antión, que permanecía abandonada desde 2008, y que aprovechará las últimas tecnologías para sumergir al turista en la cultura del vino. González valoró que este proyecto «no nace» de las instituciones públicas, sino de la fundación heredera de las cajas de ahorro que invertirá doce millones de fondos propios.

Las obras del trazado que conectará la ‘Y’ vasca con Burgos, y por extensión con Madrid, ya están en marcha. Han sido necesarias más de dos décadas de trámites administrativos previos y dos revisiones del proyecto original para llegar a esta semana en la que las máquinas han empezado con el movimiento de tierras entre Pancorbo y Ameyugo, el primero de los seis tramos en los que se ha dividido el ramal que enlazará Vitoria y la capital burgalesa. Pese a que no será hasta bien entrada la próxima década cuando todo el corredor de alta velocidad entre Euskadi y Castilla y León quede culminado, casi 100 kilómetros cuya ejecución va a requerir una inversión pública que se acercará a los 1.500 millones, la llegada de las primeras excavadoras supone un hito extraordinariamente simbólico. Aunque los gobiernos central y vasco consideraban hasta hace nada imprescindible que los plazos de ejecución del trazado entre Bilbao, Vitoria y San Sebastián estuvieran acompasados con el de su extensión hacia la meseta no va a ser así. Mientras, a la ‘Y’ vasca le quedan tres tramos para que su recorrido de 175 kilómetros quede definitivamente culminado. Al Atxondo Abadiño en Bizkaia y el Legutio Eskoriatza en Álava, cuyo retraso se debe sobre todo a las trabas burocráticas que los ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale pusieron al proyecto en sus orígenes, se suma el Nudo de Bergara. En este caso, además de tener que readjudicar las obras por la renuncia de la primera constructora hace algunos años, la demora se debe a la alta complejidad de la obra, el eje que permitirá a los trenes circular en todas las direcciones.

«Voy a ir China en unos días». Bastó esa frase deslizada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, el jueves pasado en la feria más relevante del sector ferroviario, ‘Rail Live’, cuando hablaba de la necesidad de comprar trenes, para hacer saltar todas las alarmas del sector en España. Y es que, como ha podido confirmar El Correo en diferentes fuentes de fabricantes ferroviarios con activos industriales en el país, «abrir la puerta a la compra de trenes chinos es un golpe en la línea de flotación del sector y sería repetir los mismos errores que han llevado a comprometer el sector de la automoción en Europa». Desde entonces, según ha confirmado este periódico, los contactos entre los agentes y con la asociación del sector en España (Mafex) se han incrementado para tratar de evitar la entrada del gigante CRRC. La compañía china es el mayor fabricante del mundo y factura más de 34.000 millones. Las mismas fuentes insisten en que darle entrada en el mercado «podría vulnerar la libre competencia, porque cuenta con importantes ayudas públicas del Gobierno chino que –recuerdan– no deja entrar a los fabricantes europeos».

Sehila González, global director for Fusion Energy de Clean Air Task Force, que cuenta con más de 18 años de experiencia en tecnologías y materiales de fusión, lo confirma: “La fusión está más cerca de convertirse en realidad que nunca, impulsada por los recientes logros científicos, como la obtención de energía neta de fusión en el Lawrence Livermore National Laboratory. Nuevas tecnologías, como los imanes superconductores de alta temperatura y alto campo así como las herramientas avanzadas de diseño y optimización basadas en inteligencia artificial, están acelerando el progreso”. Quizá lo más relevante sea la entrada de capital privado en este campo –que ya supera los 14.000 millones de dólares a nivel global– lo que ha transformado la fusión de una actividad puramente científica a otra con un enfoque más comercial y orientado a resultados. La tecnología de fusión nuclear promete ser el grial de la energía: “50 gramos de litio (extraídos de 280 litros de tierra) y 12 gramos de deuterio (a partir de 400 litros de agua) equivalen a 300 toneladas de petróleo, el consumo energético de toda una vida de un ciudadano europeo”, según Carlos Alejaldre, presidente del Consejo de Gobernanza de Fusion for Energy. Expertos mundiales “calculan que en 20 años se podría iniciar el despliegue comercial de la fusión”, explica un reciente informe del think tank Future TrendsForum, de la Fundación Innovación Bankinter. Otros expertos creen que será antes. La IA va a ser clave en la aceleración de los procesos necesarios para desarrollar la fusión. Y los avances en imanes, también. En la edición de 2025 de las Perspectivas del OIEA sobre la fusión en el mundo se presta especial atención a los imanes superconductores de alta temperatura (HTS), que podrían revolucionar el diseño de las instalaciones de fusión.

Las principales economías pondrán fin a sus ciclos actuales de reducción de tasas a fines de 2026, según nuevas previsiones de la OCDE, que sugieren que la mayoría de los principales bancos centrales tienen poco margen para aplicar políticas más flexibles a pesar de una desaceleración prevista del crecimiento. La organización con sede en París espera que la Reserva Federal de Estados Unidos recorte las tasas de interés sólo dos veces más para fines de 2026, antes de mantener la tasa de fondos federales entre el 3,25% y el 3,5% a lo largo de 2027. El banco central estadounidense busca equilibrar los efectos inflacionarios de los aranceles frente al debilitamiento del mercado laboral. La OCDE publicó ayer sus últimas previsiones, mientras el presidente Donald Trump se prepara para nombrar un nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed), que estará bajo intensa presión para reducir los tipos de interés, y antes de una decisión sobre las tasas de diciembre que se espera muy equilibrada. La OCDE afirmó que no espera más recortes de tasas en la eurozona o Canadá, pero sí un endurecimiento constante de la política monetaria en Japón, donde la inflación se está estabilizando en alrededor del 2%.

Los fabricantes europeos están aumentando su inversión en fábricas chinas, a pesar de la creciente preocupación entre los líderes políticos del continente sobre la dependencia industrial de la superpotencia exportadora mundial. Se espera que el presidente francés Emmanuel Macron sea el último líder en advertir sobre los apabullantes superávits comerciales de China con Europa, que alcanzaron los 305.800 millones de euros el año pasado, durante una visita de tres días a Pekín esta semana. Sin embargo, la inversión constante de los fabricantes europeos, gran parte de la cual va dirigida a la producción de bienes para la exportación, está reforzando la ya sólida base industrial de China. Las empresas europeas afirman que los bajos costes y la eficiencia de las cadenas de suministro de China dificultan cada vez más la competencia con sus rivales chinos, mientras que las normas de contratación pública de Pekín también hacen necesaria la presencia local para acceder al mercado chino. “Hoy en día, ya no es competitivo introducir [productos] en China cuando existe competencia local”, afirma Conrad Keijzer, consejero delegado del fabricante químico suizo Clariant. La compañía está invirtiendo 192 millones de euros en la expansión de su planta en el centro petroquímico chino de la Bahía de Daya, donde el año pasado las alemanas BASF y Shell también anunciaron grandes inversiones. “En general, las empresas europeas no están disminuyendo su dependencia de China. Al contrario... las empresas de todo el mundo, en general, se están volviendo más dependientes de China”, asegura Jens Eskelund, presidente de la Cámara de Comercio Europea en China. 

La policía belga detuvo ayer a Federica Mogherini, alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea y vicepresidenta de la Comisión entre 2014 y 2019, por un presunto fraude con fondos europeos en la adjudicación de un proyecto. La policía belga registró ayer las dependencias del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de la UE en Bruselas, actualmente bajo el mando de la estonia Kaja Kallas, y la sede en Brujas del Colegio de Europa. Esta última institución, donde se han formado muchos de los funcionarios europeos, está dirigida por la italiana Federica Mogherini, que fue puesta bajo custodia policial. La inusual acción policial fue ordenada por la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), en el marco de una investigación sobre un presunto fraude con fondos europeos para la formación de jóvenes diplomáticos, según explicó el organismo investigador de la UE. Mogherini, predecesora del español Josep Borrell y de Kallas al frente de la diplomacia europea, es una de las tres personas bajo custodia policial para ser interrogadas. Las autoridades tienen hasta 48 horas para presentarlos ante un juez de instrucción, según la prensa belga. Entre los detenidos está el diplomático italiano Stefano Sannino, ex secretario general del SEAE y ahora director general del departamento de Oriente Próximo y Norte de África en la Comisión, según adelantaron medios belgas y confirmaron varias fuentes a este periódico. La identidad del tercer detenido no ha sido revelada.

A menos de tres meses de cumplirse el cuarto año de invasión de Ucrania, Vladimir Putin mantuvo ayer una larga reunión con el enviado especial de Donald Trump en el Kremlin, no sin antes amenazar a Europa con la destrucción total en caso de guerra con Rusia. Sentados a la mesa con Putin, Steven Witkoff –el millonario que se mostró en una reciente entrevista incapaz de recordar el nombre de las regiones ucranianas sobre las que quiere negociar– y Jared Kushner, acaudalado yerno del presidente estadounidense, representaban a Washington. En el lado ruso, el asesor de Putin Yuri Ushakov y el inversor Kirill Dimitriev, el hombre encargado de tentar a la Casa Blanca con negocios. «Estoy muy contento de verlos», dijo Putin a Witkoff y Kushner en la reunión de ayer. «Es una ciudad magnífica», respondió Witkoff a Putin. El encuentro se prolongó durante cinco horas. A su término, el Kremlin calificó la conversación de «productiva». No obstante, Ushakov matizó que se habían discutido varias opciones para el plan sobre Ucrania, pero «aún no se había encontrado una solución de compromiso al problema territorial». La parte estadounidense «ha enunciado sus propuestas», pero «no estamos más cerca de resolver la crisis y queda mucho trabajo por hacer».

Donald Trump abrió ayer la puerta a una nueva fase en la confrontación con Venezuela al anunciar que Estados Unidos «llevará la lucha contra el narcotráfico dentro de Venezuela», donde planea atacar «muy pronto» las rutas por tierra. «Sabemos las rutas que cogen, lo sabemos todo sobre ellos: donde viven, quiénes son los malos, dónde están…», anunció el presidente durante una reunión de gabinete, la última de este año. El giro incrementa la tensión bilateral, que el mandatario extendió también a Colombia «y a todo el que venda drogas», pero tiene especial peso con Venezuela, donde lleva a cabo negociaciones para acabar con el régimen de Nicolás Maduro o al menos forzar su salida del Ejecutivo. El punto álgido fue una llamada de 15 minutos ocurrida el pasado 21 de noviembre, aunque no se supo de ella hasta la semana pasada. Según versiones recopiladas por Reuters, Maduro llegó a plantear garantías personales e incluso una posible amnistía a cambio de dejar el poder, pero Trump rechazó las peticiones sin matices. La conversación, que el presidente estadounidense calificó después como «neutral» y de la que se negó a dar detalles, terminó sin avances y con un aviso que, según fuentes citadas por la agencia, sonó a ultimátum: si Maduro quería salir indemne, debía abandonar el país.