20251023

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

"No ha cambiado nada desde el último emplazamiento, y por lo tanto, sigue sin poder exigirse a Confebask negociar lo que legalmente no le está permitido: la parte sindical pretende un objeto jurídicamente imposible, al ser ésta una materia de competencia exclusiva del Estado. Pero además, la propuesta sindical, supone poner en riesgo la competitividad y la sostenibilidad de las empresas vascas, si no se vincula simultáneamente con otras cuestiones que preocupan muy especialmente a la empresa vasca, como la reducción del absentismo laboral, la presión sobre los costes laborales y la necesidad de reforzar la competitividad empresarial y regional. Por eso mismo, y por tercera vez este año ante el CRL, Confebask y sus organizaciones miembro – Adegi, Cebek y SEA recuerdan su disposición a abordar esos temas de manera conjunta en un foro tripartito ya existente, la Mesa de Diálogo Social (MDS), en el que ya estamos presentes las organizaciones empresariales más representativas, las sindicales y el propio Gobierno vasco. La pretensión sindical de forzar un debate, exclusivamente con los temas y en el foro que ellas determinen, sin ningún margen de flexibilidad, deja patente  quién quiere dialogar y quién persigue únicamente imponer su criterio y su agenda en un asunto que, como decíamos, no está a nuestro alcance y es, asimismo, mucho más transversal y con consecuencias mucho más profundas de lo que pretenden...La negativa a la negociación en los términos que plantea la parte sindical, no es una negativa al diálogo. En el contexto descrito, compartir los retos que nos esperan a la vuelta de la esquina con quienes estén comprometidos con la sostenibilidad de las empresas en un diálogo tripartito es una necesidad. Pero siempre bajo la premisa de una agenda plural y soluciones plurales, algo a lo que los convocantes se niegan sistemáticamente". Ver más en Confebask. 

ELA y LAB seguirán adelante con su demanda judicial para forzar a Confebask a negociar un SMI vasco. El acto de conciliación celebrado ayer se cerró sin avances, después de que la patronal vasca alegase que resulta «jurídicamente imposible» atender la exigencia de los sindicatos nacionalistas ya que su intención de cubrir a todos los trabajadores, tengan convenio o no, supondría invadir una competencia estatal. Las centrales criticaron su bloqueo y anunciaron movilizaciones. Sin avances en el acto de conciliación, Confebask y las tres patronales vascas –Adegi, Cebek y SEA– reiteraron que no cierran la puerta a un diálogo siempre que éste se ajuste al marco legal, y cuando aborde otras cuestiones que hacen peligrar la competitividad vasca. También volvieron a marcar como requisito que la negociación se desarrolle en la mesa de diálogo social, un órgano que además de a las empresas y los sindicatos, daría voz al Gobierno vasco. Sin embargo, ELA y LAB rechazan este escenario al considerarlo ineficiente.

El SMI vasco se enquista. Si el Gobierno vasco emitía un criterio negativo a la tramitación parlamentaria de la ILP impulsada por ELA y LAB, ayer Confebask reatificaba  su rechazo a negociar un salario mínimo con los sindicatos. Así, ante la tercera negativa por parte de la patronal, las centrales abertzales han anunciado movilizaciones y que en las próximas semanas presentarán una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En sus explicaciones, la patronal apela a que esta cuestión no tiene encaje legal al ser competencia exclusiva del Estado. "No ha cambiado nada desde el último emplazamiento y, por lo tanto, sigue sin poder exigirse a Confebask negociar lo que legalmente no le está permitido: la parte sindical pretende un objeto jurídicamente imposible, al ser ésta una materia de competencia exclusiva del Estado", explica en una comunicación conjunta con sus organizaciones miembro (Adegi, Cebek y SEA). La patronal insiste en abordar este debate en la Mesa de Diálogo Social, en la que participa junto al Gobierno vaso y los sindicatos UGT-Euskadi y CCOO. En este foro no están, en cambio, ELA y LAB por decisión propia. "La pretensión sindical de forzar un debate exclusivamente con los temas y en el foro que ellos determinen, sin ningún margen de flexibilidad, deja patente quién quiere dialogar y quién persigue únicamente imponer su criterio y su agenda en un asunto que, como decíamos, no está a nuestro alcance y es, asimismo, mucho más transversal y con consecuencias mucho más profundas de lo que pretenden", defiende. "La negativa a la negociación en los términos que plantea la parte sindical no es una negativa al diálogo (...) un diálogo tripartito es una necesidad, pero siempre bajo la premisa de una agenda plural y soluciones plurales, algo a lo que los convocantes se niegan sistemáticamente", concluye Confebask.

Aernnova ha entrado en el radar de las empresas que el Gobierno vasco sigue de cerca para garantizar el arraigo de compañías estratégicas en Euskadi. Así se desprendió del sólido respaldo que el lehendakari, Imanol Pradales, trasladó ayer a la firma que, con una facturación de mil millones, representa el mayor proyecto industrial de nueva creación impulsado en Euskadi en los últimos 20 años. Pradales aseguró que «estamos dispuestos a ser el elemento de la ecuación que garantice el arraigo y facilite las condiciones para un empleo de calidad». Además, dio pistas de cómo puede ser esa garantía al recordar que «tenemos herramientas para ello: el recientemente aprobado Plan de Inversiones». Se trata de mecanismos de inversión y participación en empresas que el Ejecutivo ha activado esta legislatura para reforzar la industria vasca garantizando su arraigo en proyectos estratégicos, como el caso de Talgo. El mensaje llega después de que hace dos semanas el consejero delegado de Aernnova, Ricardo Chocarro, anunciara su marcha. Un movimiento que anticipa momentos complicados después de los cambios en la estructura de mando de la empresa. La visita a la planta que la firma tiene en la localidad alavesa de Berantevilla estuvo cargada de simbolismo por los asistentes. Y es que el jefe de Gobierno, acompañado por el consejero de Industria, Mikel Jauregi, fue recibido por el propio Chocarro, su presidente institucional y fundador, Iñaki López de Gandásegui, y el secretario general de la compañía, Hipólito Suarez. Pradales destacó, parafraseando al ingeniero aeroespacial Mark Lundstrom, que Aernnova «está a la vanguardia del diseño, el desarrollo y la ingeniería aeroespacial». «Sois líderes mundiales y una referencia absoluta», sentenció. Unos logros que achacó al talante y vocación del fundador, López de Gandasegui, y también a la labor de Chocarro.

Pese a un entorno sectorial extremadamente complejo derivado de la crisis estructural de la automoción, CIE Automotive sigue demostrando su capacidad de resiliencia y registrando unos resultados récord. El fabricante vasco de componentes de vehículos ha logrado un beneficio de 266,2 millones hasta septiembre, un 2,9% más que en el mismo periodo del año anterior, tras un tercer trimestre en el que el beneficio se ha situado en 80,4 millones. Asimismo, la facturación obtenida por la compañía que dirige Jesús María Herrera asciende a los 2.974 millones durante los primeros nueve meses, lo que representa una leve caída del 1,3%. Son resultados que evidencian la buena marcha de la empresa. «Hemos reforzado aún más nuestros resultados, los mejores de nuestra historia, con márgenes operativos líderes y referentes en el sector, en un entorno cada vez más complejo por la presión cambiaria», destacó ayer Herrera, añadiendo que la caja operativa del grupo es «cada vez más robusta» y que la deuda se sitúa «en mínimos». De hecho, ésta se sitúa en los 980 millones tras reducirla en 80 millones durante los últimos doce meses.

Dominion sigue dando pasos con el objetivo de simplificar su negocio mediante la consolidación de su crecimiento orgánico. Hasta septiembre, la cotizada bilbaína registró un beneficio neto de 6,1 millones, que si bien se traduce en un 70% menos que el año pasado, es un resultado totalmente ligado a la venta de sus seis activos fotovoltaicos de República Dominicana. Este efecto ha tenido un impacto negativo de 16 millones por la depreciación del dólar estadounidense, según explicaron desde la compañía que dirige Mikel Barandiaran. Sin este impacto, el beneficio se habría situado en los 22 millones, lo que supondría un 40% más que en el ejercicio precedente. Mientras tanto, la facturación hasta el tercer trimestre ha ascendido un 9% hasta los 800,1 millones, fruto del buen comportamiento de sus unidades productivas. Las ventas de Global Dominion Environment (GDE) han crecido un 8% hasta los 332,2 millones, impulsado por la expansión internacional y la consolidación de soluciones de economía circular y descarbonización. En este sentido, la compañía ha llevado a cabo tres adquisiciones, dos en España y una en Alemania.

Las grandes empresas de Euskadi estudiarán próximamente qué les va a suponer la obligación de atender en euskera tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y EH Bildu. La coalición abertzale anunció el pasado martes que ha logrado incluir dos enmiendas en la futura Ley de Servicios de Atención a la Clientela en las que se exigirá a las corporaciones de más de 250 trabajadores, con más de 50 millones de facturación o que presten servicios de interés general a atender también en los idiomas cooficiales de cada territorio. Desde la Confederación Empresarial Vasca (Confebask) aseguran que todavía es pronto para conocer los efectos de este acuerdo, más cuando todavía no se sabe si esta ley saldrá adelante, ya que tiene que ser votada en el Congreso de los diputados. En Gipuzkoa hay más de un centenar de empresas que facturan más de 50 millones y que, por lo tanto, cumplirían uno de los dos requisitos de la futura norma pactada. De estas, aquellas que tengan más de 250 empleados deberán garantizar la atención en euskera. Entre ellas, están grandes firmas como CAF, Arcelor, Orona o Ulma. Esos requisitos ya los anunció hace un mes el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, cuando expuso que la ley de Servicios de Atención al Cliente contemplará que, en los territorios con lenguas cooficiales, se ofrezca la posibilidad de reclamar en esas lenguas.

Aunque oficialmente las patronales prefieren esperar a que la ley se apruebe definitivamente –se espera que salga adelante en pleno en las próximas semanas, aunque la precaria mayoría del Ejecutivo de Pedro Sánchez siempre deja margen al suspense–, el pacto para transaccionar dos enmiendas de EH Bildu al proyecto de ley con el que el Ministerio de Consumo quiere garantizar los estándares de calidad de los servicios de atención al cliente preocupa, y mucho, a los empresarios vascos. Tanto por el fondo del asunto –que, más allá de garantizar la atención comercial en las lenguas cooficiales en cada comunidad, plantea dudas sobre cómo adaptarlo a las plantillas y sobre el incremento de los costes que acarreará–, como por las formas. «Costará un dineral», anticipan. «No podemos estar cada mañana a golpe de sorpresa, no saber con qué nos vamos a levantar», apuntan fuentes empresariales consultadas, que se quejan de la «incertidumbre regulatoria» a la que les ha forzado a acostumbrarse el Gobierno y de que la modificación legal se haya colado «por la puerta de atrás». Se refieren así a las circunstancias en que llega envuelta la reforma legal, un acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu que no se conoció hasta que la coalición soberanista se jactó en un comunicado de haber «logrado garantizar» que las grandes empresas estén obligadas a atender en euskera, catalán o gallego allí donde estas lenguas sean cooficiales y a tramitar cualquier tipo de queja, consulta, reclamación o comunicación también en esos idiomas. «Se podía haber utilizado el cauce institucional habitual de diálogo con el Gobierno vasco y el central y la participación de las empresas», lamentan.

Según ha podido saber DV, el retroceso en la recaudación no refleja por tanto un empeoramiento del tejido empresarial ante el actual escenario económico internacional, sino un efecto contable puntual. Durante el año pasado, las EPSV obtuvieron rentabilidades excepcionales en sus inversiones. Por primera vez, su patrimonio rebasó los 30.000 millones de euros en Euskadi, según el informe del resumen de 2024 publicado por el departamento de Hacienda del Gobierno Vasco. Ello provocó que, de forma automática, se les retuvieran impuestos sobre esos beneficios, igual que a cualquier empresa, que son de un 19%. Sin embargo, las EPSV tienen un tipo impositivo del 0% en Sociedades, porque su función es social: están concebidas para complementar las pensiones de miles de trabajadores. Por tanto, cuando se revisan esas retenciones, la Hacienda Foral debe devolverlas. Y ahí está el efecto: a más rentabilidad, más retenciones y, después, más devoluciones. Casi seis de cada diez vascos que atesoran una EPSV de empleo son de Gipuzkoa con entidades como Geroa o Lagun Aro. 

En pleno debate sobre el traspaso del Puerto de Pasaia al Gobierno Vasco, la dársena guipuzcoana ha movido un total de 2.573.262 toneladas hasta septiembre, lo que supone un incremento del 2,3% respecto al mismo periodo de 2024, aunque presenta distintos retrocesos en algunos de sus tráficos estratégicos. Este crecimiento contrasta con la caída estatal del 1,7%. Solo en septiembre, el muelle guipuzcoano se apunta un incremento del 4,4%, a pesar de la incertidumbre global. El aumento del tráfico de mercancías refuerza el papel estratégico del enclave portuario, en un momento en que el Ejecutivo vasco negocia con el Estado la desclasificación del puerto como de «interés general». Esta medida permitiría al Gobierno Vasco asumir su gestión y propiedad, con el objetivo de potenciar su competitividad y situarlo entre los diez principales puertos del país. La cara menos favorable llega del tráfico ro-ro, uno de los ejes de la dársena guipuzcoana. Entre enero y septiembre se movieron 393.405 toneladas, un 8,7% menos que en 2024. Las unidades de transporte intermodal (UTIs) también descendieron un 1,8%, hasta situarse en 2.366. En paralelo, la caída del tráfico de automóviles fue significativa: 158.038 unidades en mercancía (-11,2%).

«Que tengamos más residencias de estudiantes es positivo porque nos promocionamos como ciudad universitaria». Con estas palabras defendió ayer Asier Abaunza, concejal de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos en el Ayuntamiento de Bilbao, durante las comisiones previas al pleno municipal, la construcción de nuevos equipamientos dirigidos a acoger alumnos de estudios superiores. La ciudad suma once residencias privadas, según datos municipales, para dar cobijo a los cerca de 3.000 alumnos de fuera de Euskadi matriculados en el campus de Bizkaia de la UPV/EHU o en la Universidad de Deusto. A estos alojamientos hay que sumar dos colegios mayores, dependientes de las universidades, y otra residencia pública. Pero el objetivo es ir a más. Que Bilbao se consolide como un «destino universitario». De ahí que la apuesta por la edificación de nuevas residencias sea firme. De hecho, el Ayuntamiento ha dado el visto bueno a la construcción por parte de una firma privada especializada en este negocio –Egorova Company Time– de un nuevo equipamiento de hasta seis alturas en Miribilla.

La inquietud se ha apoderado de decenas de comunidades de vecinos de Gipuzkoa y Navarra que están inmersas en el proceso de rehabilitación y restauración de su bloque de viviendas a cargo de la firma IZ4, que ha paralizado una treintena de obras y ha renunciado a una buena parte de los proyectos que tenía adjudicados en Navarra alegando falta de liquidez. El problema, que afecta a cientos de vecinos, se ha expandido al territorio guipuzcoano por la sede con la que la empresa también cuenta en el barrio donostiarra de Amara, junto al centro comercial Arcco. Este periódico ha podido conocer que al menos tres comunidades de vecinos han sufrido las consecuencias de los problemas que arrastra IZ4, constituida en 2009. Los andamios que lucen su cartel no son extraños en las calles de las localidades guipuzcoanas y es considerada una empresa conocida en el sector, aunque una administración de fincas consultada expresaba ayer a DV que «había un rumor desde hace tiempo que IZ4 iba a dar un petardazo en algún momento». Diario de Navarra informaba este martes de la situación de la firma que ejecuta obras de rehabilitación y restauración en proyectos de Pamplona, su comarca y otras localidades de la comunidad foral.

España es ya la gran economía de la Unión Europea donde más crecen los precios, un 12,8% interanual, según los últimos datos publicados por Eurostat, correspondientes al segundo trimestre de este año. Sólo cuatro Estados miembros, de menor tamaño y peso económico en el territorio comunitario, presentan mayores incrementos, lo que pone en evidencia la delicada situación por la que atraviesa el mercado residencial español. No en vano, la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los españoles, a pesar de que hace cuatro años ocupaba la trigésima primera posición, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Se trata de Portugal, donde los precios de la vivienda registraron entre abril y junio una subida del 17,2% respecto al mismo periodo del año pasado; Bulgaria (15,5%), Hungría (15,1%) y Croacia, donde los precios crecieron un 13,2% en el segundo trimestre. Según los datos de Eurostat, el coste de comprar una vivienda en España crece a un ritmo más de dos veces superior al que lo hace en el conjunto de los Veintisiete Asimismo, al incremento de los precios en el mercado se suma una fiscalidad que dista mucho de ser un facilitador para que miles de familias y, especialmente, los jóvenes puedan acceder a una vivienda en España. Así lo muestra un informe titulado La fiscalidad de la vivienda en España: una propuesta de mejora, publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), en el que se resalta que España es el segundo país de la OCDE que más grava la tenencia de una vivienda habitual en propiedad, sólo superado por Canadá y casi 24 puntos por encima de la media de la Unión Europea. En concreto, España impone un tipo efectivo a la vivienda en propiedad del 30,3%, frente al 22,8% registrado en Francia; el 19,5% de Bélgica; el 19,4% de Alemania; y el 6,5% en el conjunto de los Veintisiete. Incluso fuera de la UE, los impuestos aplicados en España superan a los de Reino Unido (28,4%) o Estados Unidos (24,4%).

La crisis de la vivienda en la Unión Europea cobra fuerza en las instituciones. El Consejo Europeo publicó ayer un informe interno sobre la situación del panorama inmobiliario en el bloque y en él incluye un ránking de las ciudades menos asequibles para la compra y alquiler. Lisboa lidera esa clasificación medida por el porcentaje del salario medio que se destina a a la vivienda. Tras la capital portuguesa, Madrid y Barcelona cierran el podio empatadas con un 74% del salario medio. Aunque no son las ciudades con el precio de la vivienda ni el alquiler más elevado, sí están a la cabeza en el coste relativo, un segmento en el que ya baten a históricos centros tensionados como París, Milán o Múnich. Pero la crisis de la vivienda se ha convertido en una realidad transversal en la Unión Europea. Tanto es así, que la cuestión se debatirá por primera vez hoy en la cumbre del Consejo Europeo que cita a los líderes políticos de los veintisiete Estados miembros. La proporción del presupuesto familiar destinada a la vivienda ha aumentado drásticamente, especialmente en los centros urbanos, que albergan a gran parte de la población de la Unión Europea. Esta creciente brecha se ha visto agravada por una serie de shocks externos, como la pandemia mundial, la inestabilidad geopolítica, las oleadas migratorias y la persistente crisis energética.

Golpe en la mesa por parte del presidente de la CEOE a las reuniones diálogo social. Antonio Garamendi anunció ayer que abandona las negociaciones que comenzaron el lunes con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para la reforma del despido en España. Una mesa a la que acudieron, aunque reticentes, para escuchar las propuestas de su departamento que, a priori, buscan elevar la indemnización en las salidas improcedentes. «En el caso de los despidos es algo que realmente la justicia nos ha dado la razón, por lo que no vamos a ir a una mesa donde la premisa principal no es cierta», arguyó para anunciar que por primera vez en la historia se levantaba de una mesa de negociación con el Gobierno. Garamendi criticó al Gabinete de Pedro Sánchez al recordar que el propio Ejecutivo «dice que son los sindicatos los que tienen que hacer la propuesta», al tiempo que ironizó con la posibilidad de que otro Gobierno hubiera dicho que la propuesta la debía hacer la CEOE. «Hubiera sido un escándalo», manifestó durante la clausura de la asamblea general ordinaria de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).

La CEOE ha acusado al Ministerio de Trabajo de contradecir de forma «evidente, premeditada y consciente» el Estatuto de los Trabajadores con su borrador de Real Decreto-Ley para endurecer el registro horario, algo que asegura que vulnera la Constitución, según ha reflejado en las alegaciones que ha presentado a la norma a las que ha tenido acceso El Mundo. «El texto propuesto contradice de forma evidente, premeditada y consciente el Estatuto de los Trabajadores que reserva a la negociación colectiva o, en su defecto, a la decisión del empresario, previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, la organización y la documentación del registro de jornada. Lo hace, además, eludiendo el procedimiento legislativo ordinario, sin habilitación legal y sorteando la jerarquía normativa. Por todos es sabido que un Real Decreto no puede modificar una norma con rango de ley por razones jurídicas profundamente arraigadas en el principio de jerarquía normativa, consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución Española», expone en su argumentario la patronal. Acusa al departamento que dirige Yolanda Díaz de infringir «el principio de legalidad y la jerarquía normativa incurriendo en un supuesto de ilegalidad» y recuerda que ambos preceptos son «expresiones directas del principio democrático sobre el que se construye el Estado de Derecho».

El fabricante vasco de motores de avión ITP Aero tiene previsto abonar un gran dividendo, de hasta 800 millones de euros, a Bain Capital, Indra, JB Capital y el Gobierno Vasco como resultado de la buena evolución del negocio de la compañía, cuyo valor se ha triplicado en los últimos cuatro años, según varias fuentes del mercado consultadas. El nuevo pago a los accionistas está contemplado en el marco de la refinanciación de deuda aprobada ayer por el consejo de administración de ITP para acomodar los niveles de apalancamiento del grupo al crecimiento de los resultados; extender en dos años, hasta 2031, el vencimiento del pasivo; e intentar abaratar su coste. Se trata del segundo pago extraordinario que promueve la gestora de capital riesgo estadounidense Bain Capital desde que acordó la adquisición de la compañía a Rolls-Royce en el verano de 2021. La empresa ya distribuyó 630 millones de euros entre sus accionistas el año pasado y prevé realizar el nuevo abono en los próximos meses, una vez se complete el proceso de refinanciación, lo que permitirá a Bain Capital y el resto de socios recuperar prácticamente toda su inversión en ITP sin haber vendido una sola acción.

 La transición ecológica de las factorías automovilísticas en territorio español está haciendo sufrir al sector y el ‘made in Spain’ se resiente en los primeros nueve meses del año. La producción de coches fabricados en España en este periodo cayó un 5,2% interanual, mientras los híbridos mantienen los números por encima de los eléctricos en plena transformación del sector. El cambio de sistema de combustión a eléctrico ha ralentizado la salida de estos vehículos en las principales plantas nacionales, hasta producir 1,7 millones de unidades, por debajo de los 1,79 millones con los que se cerraron los primeros nueve meses de 2024, según datos de la patronal de fabricantes, Anfac, que atribuye esta caída «a la adaptación de las cadenas de producción de algunas fábricas para acoger nuevos modelos eléctricos, lo que conllevó que la producción cayera por debajo de los niveles habituales». A este parón, aclara Anfac, se suma el estancamiento de la demanda procedente de los mercados europeos, donde España es uno de los principales exportadores. Las exportaciones bajaron un 8,6% por la menor demanda de países como Francia o Alemania.

Tras dos trimestres consecutivos de caídas interanuales en los ingresos, Tesla volvió al crecimiento de ingresos, con un avance del 12%, hasta los 28.095 millones de dólares (24.201 millones de euros) entre julio y septiembre. Se trata de un récord histórico, aunque al mismo tiempo el beneficio neto se desplomó un 37%, hasta los 1.373 millones de dólares (1.183 millones de euros). El avance en la facturación, por encima de las previsiones del mercado, se vio impulsado por el aumento de entregas de vehículos, así como por la división de instalaciones de energía. Sin embargo, la rentabilidad sigue presionada por mayores costes, aranceles y gastos en I+D relacionados con inteligencia artificial y nuevos productos. En el conjunto del año, la compañía acumula un volumen de negocio cercano a 70.000 millones, pero su beneficio neto se reduce frente a 2024, reflejando un margen operativo mucho más ajustado pese al crecimiento en la línea de energía y servicios. Las previsiones preliminares para el cuarto trimestre vuelven a apuntar hacia un descenso de las ventas en el entorno del 1,2%, en este caso debido al impacto de los costes arancelarios en la recta final del año.

Las principales energéticas en España han lanzado un mensaje unánime: se necesita facilitar la condiciones regulatorias tanto en España y Portugal como a nivel europeo para que llegue la inversión y eso permita impulsar la industria. Los primeros ejecutivos de Naturgy, Repsol, Moeve y EDP coincidieron ayer en el evento Step Up Now, organizado por McKinsey & Company en colaboración con El País, en que es necesario intensificar la colaboración público-privada para que se incremente la inversión y ello permita impulsar la reindustrialización. El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, lamentó que las políticas en Europa en algunos momentos “han podido ser ordenadas pero no han sido muy sensatas”. Según criticó, se ha puesto por delante la descarbonización respecto del desarrollo y la competitividad, que genera bienestar social, ya que la industria crea puestos altamente cualificados. Las palabras de Imaz fueron suscritas por Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy, quien hizo un diagnóstico preocupante: el peso de la industria en Europa no ha parado de caer con respecto a países como EE UU. Por ello, pidió “una colaboración público-privada distinta a la que hay”. 

La creación de un nuevo servicio del operador permitirá a las energías limpias competir con las grandes eléctricas en la seguridad de las redes. Aseguran que pueden hacer esta labor mejor y más barataCasi seis meses después del apagón que sufrió la península Ibérica el pasado 28 de abril y de la alarma generada a principios de este mes ante los cambios urgentes solicitados por el operador del sistema, Red Eléctrica (REE), a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), existe un claro consenso en que lo ocurrido en la red española fue debido a sobretensiones (en el caso de abril) y de “cambios bruscos de tensión” (en lo acontecido en octubre, según informó la propia REE al organismo regulador). También hay coincidencia en que la solución final de un problema aún no resuelto está en que las instalaciones de renovables puedan ofrecer el servicio de control dinámico de tensión, un servicio cuyo retraso en su aplicación ha sido motivo de acusaciones entre REE, la CNMC y el propio Ministerio para la Transición Ecológica. Una vez aprobado el pasado junio el nuevo PO.7.4, procedimiento de operación que regula esencialmente los controles de tensión, y pese al retraso en su desarrollo (REE dio las consignas técnicas a las empresas el pasado 17 de octubre) cientos de plantas (especialmente renovables) han solicitado al operador del sistema que las habilite para poder ofrecer un control dinámico de tensión, ahora limitado a las centrales convencionales, principalmente los ciclos combinados de gas y la hidráulica, a través del mercado de restricciones técnicas de REE.

Los grandes grupos empresariales en España, aquellos con una cifra de negocios superior a los 1.000 millones anuales, pagaron en impuestos durante 2023 un tipo impositivo del 21% sobre su base imponible, la cantidad realmente sujeta al gravamen. Sin embargo, cuando se pone el foco sobre los beneficios totales (antes de descontar todas las exenciones y deducciones que se aplican), la tasa efectiva se desploma de manera abrupta hasta superar por poco el 7%. Esta caída muestra cómo funciona el proceso de aminoración de la cantidad de dinero sobre la que finalmente abonan impuestos las empresas. Es decir, los grupos obtienen un volumen de ingresos concreto, pero después lo vacían a través de los mecanismos legales de los que disponen para así construir una base imponible mucho menos holgada con la que rebajar la factura fiscal. Los datos se extraen de la estadística sobre Cuentas anuales consolidadas del Impuesto sobre Sociedades, actualizada ayer por la Agencia Tributaria. En ella, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda desagrega a los más de 863.000 grupos con beneficios de España por tramos de cifra de negocio. Eso permite ver que, por lo general, a mayor músculo económico también hay más capacidad para reducir el gravamen efectivo sobre el beneficio.

Juan Roig, presidente de Mercadona, tomó ayer la palabra en su casa, el Roig Arena, ante cerca de 1.500 asistentes y 500 empresas representadas para defender el rol del empresario en la economía y en la sociedad civil. Lo hizo en el arranque de la 40ª edición del congreso Aecoc, la asociación que aglutina a toda la cadena de valor de la alimentación y el gran consumo, de la que el presidente de Mercadona es presidente de honor. “Cada vez que vengáis a Valencia hablo, y gratis”, bromeó Roig, quien defendió a Aecoc como la “mejor asociación del mundo de distribuidores y fabricantes”. El empresario centró su intervención en la defensa del tejido corporativo en España, al que animó a no tener vergüenza por ganar dinero: “Es indispensable, bueno y satisfactorio. Aunque si es el único propósito, no es saludable”. También recordó sus deberes, como el pago de impuestos. Con recado incluido. “Tenemos que pagar impuestos. Es algo muy bueno y muy sano, y es para estar orgullosos. El problema no es pagar mucho, es cómo se gestiona”, dijo Roig, quien insistió en la idea, aunque sin mayores detalles. “Hay que pagarlos, que ya los pagamos, nos los suben... Luego los demás los tienen que saber gestionar”.

Mercadona no crecerá con la apertura de más establecimientos en España, donde suma ya más de 1.660 establecimientos, sino con la ampliación de su negocio en Portugal y el desarrollo de su negocio de comida preparada, según explicó ayer el presidente del grupo valenciano, Juan Roig, durante el Congreso Aecoc de Gran Consumo. Mercadona inició su actividad en Portugal en 2019 y actualmente ya tiene 66 establecimientos en el país, seis de ellos inaugurados en lo que va de año, aunque prevé abrir otras cuatro tiendas antes de acabar el ejercicio. Su plantilla en el mercado luso es de 7.000 trabajadores y las inversiones previstas por la cadena en el país este año ascienden a 157 millones de euros. Además, Mercadona abrió en julio en Portugal su mayor almacén logístico, situado en Almeirim, con 440.000 metros cuadrados y en el que ha invertido un total de 290 millones de euros. La puesta en marcha de este bloque complementará al otro centro logístico del grupo ubicado en Póvoa de Varzim (Oporto). Mercadona ya está presente en doce de los dieciocho distritos que constituyen Portugal y en los próximos años crecerá hacia el sur, hacia Faro. La apuesta por el país ya está dando sus frutos, puesto que la cadena comenzó a ganar dinero en Portugal el año pasado, con un beneficio de siete millones de euros, que prevé duplicar este año.

Los grupos aeroespaciales europeos Airbus, Thales y Leonardo están a punto de alcanzar un acuerdo para la fusión de sus negocios espaciales, según informó el diario Financial Times el martes. Una unión que daría lugar a un gigante europeo capaz de competir en un mercado desestabilizado por SpaceX de Elon Musk. Airbus controlará el 35% de la nueva empresa, mientras que los otros dos participantes tendrán el 32,5% cada uno, añadió el diario financiero, citando fuentes cercanas a la operación. El nuevo grupo tendrá cerca de 30 plantas en Europa y empleará a más de 25.000 personas, con ingresos combinados de casi 6.500 millones de euros al año, indicó el FT. Como parte del acuerdo, Airbus recibirá una compensación de sus nuevos socios por limitar su participación al 35%, a pesar de que su unidad representa la mitad de la facturación total del nuevo grupo, informó el periódico. Reuters no pudo confirmar la noticia y Airbus, Thales y Leonardo no hicieron comentarios. El diario británico señala que el consejo de administración de Leonardo se reunió el martes por la tarde, la última de las tres empresas que aprobó la estructura propuesta. El anuncio es inminente, si bien podría retrasarse, ya que aún se están ultimando aspectos técnicos.

La agenda verde se ha convertido en uno de los grandes caballos de batalla políticos en la Unión Europea. El club comunitario, que ha sido pionero en medidas para afrontar la crisis climática, está ahora dando un paso atrás en sus ambiciones por las presiones internas —de la ultraderecha y de los sectores empresariales— y externas —de China y EE UU—. Cuando la Unión se tiene que aprestar a dar el visto bueno a sus objetivos de reducción de emisiones para 2040 antes de la cumbre climática de noviembre en Brasil, los líderes volverán a debatir la flexibilización de esas metas en la reunión del Consejo Europeo de hoy, en la que la agenda verde será uno de los puntos más calientes. Bajo esas conversaciones subyace en realidad otro debate: el del modelo social, económico e industrial europeo y de si puede seguir avanzando en su política climática y, a la vez, impulsando la competitividad. Los más críticos aseguran que no. La Comisión Europea, que se ha avenido a flexibilizar su enfoque y que ha diluido ya algunas de sus medidas verdes, cree que se puede. Y que la agenda verde debe ser el sello europeo que marque una autonomía estratégica apuntalada en las energías limpias.

A Donald Trump se le ha acabado la paciencia con Vladimir Putin. Además de dejar en el aire la reunión tentativa en Budapest que tenían prevista para resolver la guerra de Ucrania, el mandatario ha decidido castigar la falta de colaboración rusa con nuevas sanciones. Algunos medios hablan incluso de que levantará las restricciones a Ucrania para el uso de misiles de largo alcance, con los que podría intensificar sus ataques en territorio ruso. El Departamento del Tesoro anunció ayer «un aumento sustancial de las sanciones a Rusia» por su «falta de compromiso serio con el proceso de paz». El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que las medidas buscan «aumentar la presión sobre el sector energético ruso y degradar la capacidad del Kremlin de financiar su maquinaria de guerra». Las sanciones afectan directamente a Rosneft y Lukoil, las dos mayores petroleras rusas, así como a una larga lista de filiales que operan en la exploración, producción, refinado y distribución de petróleo y gas dentro y fuera de Rusia. Además, toda empresa con una participación igual o superior al 50 % por parte de Rosneft o Lukoil será automáticamente bloqueada.