20250114

El número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social llegó en diciembre a las 57.585. Esto supone 311 menos que el mes anterior, con lo que se trata de la peor cifra para un mes de diciembre desde 2008. En total, 2024 terminó con 326 empresas menos (-0,6%), frente a las 91 ganadas en 2023. Asimismo, y respecto a febrero de 2020 (comienzo de la pandemia), se registran todavía1.308 empresas menos (-2,2%), habiéndose recuperado el 38% de las empresas perdidas en la pandemia. El descenso se ha dado en todos los sectores. Son algunas de las cifras que pueden consultarse en el último informe de Confebask sobre la evolución del tejido empresarial en Euskadi con las cifras del mes de diciembre. El descenso interanual en Euskadi del -0’6% contrasta con la subida media en el todo el Estado durante ese mismo periodo, un +0’5%. Ver más en Confebask. 

La crisis de la industria en Europa con los problemas en Alemania o Francia y la incertidumbre de la automoción han impactado también en el tejido empresarial de Euskadi. Así lo señaló ayer la patronal vasca, Confebask, al alertar de que el año 2024 fue el peor en el censo empresarial desde el estallido de la pandemia en 2020. En el pasado ejercicio desaparecieron 326 empresas, el peor dato desde 2013, con excepción del año del covid, cuando se perdieron 1.436 compañías. De esas, por cierto, solo se han recuperado 128. La brecha vuelve a crecer hasta las 1.308. Unas cifras, además, que rompieron la tendencia positiva de 2023, cuando se crearon un centenar de compañías y que daban continuidad a las 623 de 2021. En total, el año pasado se cerró con 57.585 empresas inscritas en la Seguridad Social tras una caída del 0,6% interanual en diciembre –311 menos–, lo que supuso también el peor diciembre desde 2008. El número de actividades no ofrece información sobre el tamaño, un elemento clave para la competitividad, pero su saldo negativo sí es indicador del enfriamiento económico que atraviesa Euskadi. Así, el propio Gobierno vasco se vio obligado la semana pasada a ajustar las previsiones de crecimiento del PIB para este año. El vicelehendakari y consejero de Economía, Mikel Torres, corrigió una décima, hasta el 2%, el cálculo de la expansión de la economía vasca para 2025. Un guarismo que sigue por debajo de la del conjunto de España, con una previsión de crecimiento del 2,4%, pero por encima de la media de la UE. El mayor peso del turismo y del sector servicios en la economía nacional sigue siendo lo que marca la diferencia con Euskadi. La actividad vasca está mucho más marcada por la industria y las exportaciones Alemania o Francia, nuestros principales compradores. EnpresaBIDEAn irakurri. 

La reivindicación de un salario mínimo vasco, por encima del nacional y acorde a la situación económica de la comunidad, ha logrado algo prácticamente inédito en las tortuosas relaciones sindicales vascas. Por una vez ELA, LAB, CC OO y UGT van a aparcar sus marcadas diferencias y, según ha podido saber EL CORREO, se van a unir para exigir de forma coordinada a la patronal que se siente a negociar un SMI propio que ejerza de suelo en los convenios colectivos. El actual, marcado por el Gobierno central, está en los 1.134 euros al mes (en 14 pagas) y se está negociando una nueva subida de entre el 3,4% y el 4,4%, que se sumaría al aumento del 54% registrado desde 2018. De hecho y salvo cambios de última hora, hoy mismo cada uno de estos sindicatos va a registrar ante el Consejo Vasco de Relaciones Laborales (CRL) la petición para que se abra un foro en el que debatir el asunto. Este paso supone un hito para ELA y LAB puesto que rechazan la Mesa de Diálogo Social, al considerarla un «instrumento inútil». Es más, habría que remontarse a 2017, cuando todos los sindicatos vascos y la patronal acordaron blindar los convenios negociados en Euskadi, para encontrar un episodio de unión semejante. Eso sí, las centrales nacionalistas se han abierto a negociar esta vía de implantar un salario mínimo vasco en la negociación colectiva sin renunciar a la alternativa de exigirlo también a través de un cambio legislativo que permita a Euskadi fijar su propio SMI, una competencia que ahora mismo solo tiene el Estado. Cabe recordar, en este sentido, que ELA y LAB, junto con otros sindicatos nacionalistas vascos y navarros, registraron la pasada semana en el Parlamento vasco y en la Cámara de Navarra sendas Iniciativas Legislativas Populares (ILP) a favor de un salario mínimo propio que refleje «la realidad socioeconómica y sindical» de Euskadi y Navarra. Consideran que ambas vías son «complementarias» y que una no excluye a la otra.

Después de un pasado de tensa relación entre Arantxa Tapia y la anterior cúpula de Michelin Vitoria, Imanol Pradales y el consejero de Industria, Mikel Jauregi, escenificaron ayer la apertura de una nueva etapa. En su primera visita desde que asumió el cargo, el lehendakari quiso mostrar que las fricciones son cosa del pasado con parabienes y buenas palabras para el gigante francés, que aporta un 2% del PIB vasco. Atrás quedan los tiempos en los que Lakua veía en Michelin una empresa dirigida «desde la distancia». En una comparecencia sin preguntas, Pradales pidió «diálogo» a los sindicatos para crear «entornos de estabilidad» que faciliten la llegada de nuevas inversiones a Euskadi. Un mensaje claro en una compañía que vio cómo la tensa negociación de su convenio en 2023 condujo a la salida de 103 trabajadores y el frenazo a 75 millones de inversión en la factoría alavesa. Con la automoción europea parada en seco, el lehendakari no esconde el impacto de esta coyuntura sobre la industria vasca. «El mercado asiático y el americano están jugando fuerte una partida que nos está afectando de forma directa», alertó. David Udakiola, director general de la planta, corroboró esta impresión y aseguró que los fabricantes del continente se enfrentan a «uno de los momentos más complejos de su historia». Pese a ello, «nosotros también tenemos que jugar nuestras cartas», alentó Pradales, quien defendió que ahora toca «volver a potenciar nuestras cualidades industriales».

El Gobierno vasco ha hecho pública la adjudicación del contrato que permitirá subcontratar la elaboración y seguimiento del Plan de Industria para esta legislatura, cuyo contenido no se conocerá hasta mediados de año, doce meses después de la constitución del gabinete del lehendakari Imanol Pradales. La adjudicación se ha formalizado con un presupuesto final de 242.000 euros -la cantidad incluye el IVA, que para el Ejecutivo es un gasto añadido porque no puede deducirlo como sí haría cualquier sociedad mercantil- y la propuesta seleccionada es la de la consultora navarra Zabala Innovattion. El Departamento de Industria que dirige el consejero Mikel Jauregi sacó este trabajo a concurso el pasado mes de octubre, en una iniciativa que ha sido duramente criticada por la oposición en el Parlamento de Vitoria. La decisión del Gobierno de externalizar lo que se considera como un trabajo básico de la acción política, la definición de la estrategia de promoción industrial de esta legislatura, no dejó indiferente a casi nadie. Mientras el propio consejero llegó a defender en una comparecencia parlamentaria que «es algo que se ha hecho siempre» y el sector de la consultoría la acogía como una decisión acertada da «para analizar las mejores prácticas que se realizan en el mundo en esta materia», desde otros sectores se calificaba como una iniciativa poco adecuada. En el pliego de condiciones y como justificación para externalizar la definición de la política industrial y el seguimiento de sus logros, la SPRI -la sociedad pública dependiente de Industria encargada de formalizar el contrato- argumentaba que era una acción necesaria. «En la actualidad los medios humanos de que se dispone no son suficientes para atender el volumen y especialización de la necesidad a contratar», señalaba textualmente el documento.

Cada vez son más los trabajadores pobres que recurren a la Renta de Garantía de Ingresos y para la Inclusión (RGI) para poder llegar a fin de mes. El número de personas con un sueldo precario que se beneficia de esta ayuda social no ha hecho más que aumentar en los últimos cuatro años tanto en Gipuzkoa como en el conjunto de Euskadi, un incremento que se percibe aún con más notoriedad a partir de 2022, cuando se aprobó la nueva ley, que entró en vigor en 2023. Desde entonces, los perceptores que cobran el llamado complemento salarial han subido un 48% en el territorio y hasta un 58% en el País Vasco, según se desprende de los últimos datos recogidos por el servicio vasco de empleo Lanbide. El objetivo de esta paga es completar el salario que estos trabajadores reciben al mes y que les permite cubrir las necesidades básicas del día a día. Los datos hablan por sí solos. A lo largo de los últimos años se ha registrado un aumento de los trabajadores pobres que cobran este cheque mensual. Ocurre lo mismo si se analizan los datos de 2024. En diciembre había más que en enero. La explicación de este incremento se basa en «una combinación» de dos factores. Por un lado, «los cambios en la regulación», esto es, la nueva ley que entró en vigor en 2023; y por otro, «la evolución del mercado de trabajo», explica el director del centro de documentación y estudio SIIS, Joseba Zalakain. El cambio normativo flexibiliza los requisitos tanto de acceso como de permanencia. 

 Con más de 50.000 delegados y una representación del 20,5% en el País Vasco, LAB asegura que es el sindicato que más está creciendo en los últimos años. Así, ha aumentado su peso desde el 19,86% de 2021, consolidándose en el segundo puesto por detrás de ELA. Los datos los expuso ayer su coordinador general, Igor Arroyo, durante la presentación de la Asamblea Intercongresual que se celebrará el próximo 25 de febrero en Irun. En el acto aseguró que la central acude a la cita «con más fuerza que nunca y con logo renovado». También reivindicó «su capacidad para articular luchas, influir en la agenda política y renovar el modelo sindical». La Asamblea Intercongresual, que se celebra entre dos congresos, servirá para que la dirección elegida en 2022 en Bayona informe a los 500 congresistas sobre la gestión realizada para el desarrollo de las ponencias. Los datos les avalan. Según la última fotografía oficial, recogida a 31 de octubre de 2024, LAB había elevado su representación en 0,65 puntos desde el cierre de 2021 hasta el citado 20,5%. ELA, sin embargo, había perdido un 0,5% hasta el 40,4%. CC OO también había cedido terreno y se situaba en el 17,99% mientras que UGT había ganado cuota hasta el 10,6%.

Existe la creencia de que los trabajadores de más edad son los que se cogen más bajas. Un estudio reciente en Euskadi derribaba esta tesis. Ahora, un informe del Eustat sobre enfermedades profesionales revela también que el grueso de las mismas se concentran entre los empleados que tienen entre 30 y 49 años. Según datos del Eustat hechos públicos ayer, con el último informe que data de 2023, en el País Vasco se registraron dicho año un total de 2.940 enfermedades profesionales. De ellas, 167 se produjeron en los trabajadores que tienen entre 16 y 29 años; 1.460 en aquellos que tienen entre 30 y 49 años, y 1.313, en los que superan los 50 años. Una evolución que varía si se analiza en función de los sexos, ya que los hombres sí desarrollan más enfermedades profesionales en el último tramo de su vida laboral. De hecho, causaron baja por enfermedad profesional 815 hombres de entre 30 y 49 años frente a 819 de empleados masculinos que superaban los 50 años. Sin embargo, entre las féminas ocurre a la inversa y la brecha es mayor, ya que hubo 645 bajas por enfermedad profesional en la franja mediana de edad, frente a las 494 de las mujeres mayores de 50 años. Si nos fijamos en los diferentes sectores económicos, la industria es la que copa un mayor número de enfermedades profesionales, seguida de cerca por los servicios. 

El aeropuerto de Bilbao sabía desde hace más de un mes que en 2024 iba a batir el récord de pasajeros transportados en 12 meses. Sólo le restaba conocer hasta dónde elevaría ese listón. Ayer comunicó que fueron 6,77 millones de usuarios los que pasaron por sus instalaciones, lo que supuso un incremento del 7% con respecto a 2023. El anterior récord estaba fijado en 6,33 millones. ‘La Paloma’ no ha llegado a la barrera psicológica de los siete millones de viajeros, pero ha volado alto en su último ejercicio. Y lo mejor de todo es que las perspectivas para 2025 son bastante halagüeñas. Habrá novedades: nuevas rutas, entre ellas el esperado estreno de Nueva York. En Hondarribia, por su parte, la suspensión de vuelos en el puente de la Constitución frena las mejores expectativas y el aeródromo finaliza 2024 con 474.140 pasajeros, un 1,8% menos que en 2023. Y en Foronda, tras protagonizar un 2023 histórico que marcó su techo de pasajeros, con un total de 309.929, se cerró el pasado año con una pérdida global del 15%. 263.328 personas subieron o bajaron de un avión en el aeropuerto vitoriano; un descenso que se tradujo en el 14,9% de usuarios nacionales y un 15,8% de los internacionales.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, recogió el guante que vino a lanzarle el domingo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien, en una entrevista con este periódico, quiso subrayar que ambos tienen «recorrido» para avanzar hacia un acuerdo sobre la reducción a 37,5 horas de la semana laboral, tras las discrepancias evidenciadas entre ambos, sin tener que recurrir al «arbitraje» de Pedro Sánchez. De ese modo, y a iniciativa de la también ministra de Trabajo, ambos se reunieron ayer a última hora de la tarde en la sede de este departamento para abordar una cuestión que se ha convertido en el principal caballo de batalla dentro del Gobierno en este inicio de año por las diferencias entre PSOE y Sumar. Un encuentro que duró una hora y se desarrolló en un tono «cordial y constructivo», según las fuentes consultadas. Al finalizar, ambos se emplazaron a mantener abierta la negociación, lo que se traduce en que aún no hay acuerdo. Díaz trasladó al ministro socialista la posición que cerró el viernes con los otros integrantes de Sumar en el Gobierno: que el pacto firmado con los sindicatos CC OO y UGT para las 37,5 horas semanales debe tramitarse «íntegramente» y con urgencia en el Consejo de Ministros para su posterior remisión al Congreso. «El diálogo social y sus resultados deben ser escrupulosamente respetados en un Estado social y democrático de derecho, tal y como obligan los convenios de la OIT de la que a España es miembro», señalan fuentes de Trabajo. También le pidió «explicaciones» por lo que considera un «bloqueo» de la medida, lo que su interlocutor niega aunque, en la práctica, la medida está paralizada.

Los costes de las empresas españolas se dispararán con las dos iniciativas que planea el Gobierno para este año: la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.184 euros al mes en catorce pagas, 50 euros más que ahora. Tendrán que desembolsar unos 25.000 millones más si ambas medidas entran en vigor, según estimaciones realizadas por la patronal. El grueso de este fuerte incremento de sus gastos de personal se producirá a consecuencia de recortar dos horas y media la jornada a sus trabajadores y tendrá un coste directo de entre 21.000 y 23.000 millones de euros, según un informe interno realizado por la CEOE. Otro estudio elaborado por Cepyme estima además que habría que sumar otros 30.600 millones de euros de coste por la actividad económica que se dejaría de producir al recortar el tiempo de trabajo. Por su parte, una nueva subida del salario mínimo de 50 euros al mes, que es la que el Gobierno propondrá este miércoles a los sindicatos y a la patronal, elevará en casi 1.000 euros el coste mínimo por trabajador a jornada completa, por lo que la CEOE lo calificó ayer de «inasumible». Si se tiene en cuenta que el informe de expertos estima que hay 2,7 millones de personas que cobran menos de esta cuantía, las empresas –y también las familias que tengan contratada a una empleada del hogar o cuidador– tendrán que desembolsar 2.700 millones más este año al actualizar sus nóminas. De esta forma, el coste por tener a un trabajador a jornada completa aumentará hasta los 1.816 euros al mes.

La productividad es uno de los principales puntos negros de la economía española. A pesar del crecimiento del PIB, esta se mantiene por debajo de los niveles de los países comparables de nuestro entorno, además de estar en niveles similares a los de hace una década. Esta es la conclusión del informe del Observatorio de Productividad y Competitividad en España elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación BBVA. El estudio señala que, a pesar de las mejoras conseguidas en los últimos dos años, “España no ha conseguido converger a los niveles de productividad y competitividad de las principales economías europeas, como Países Bajos, Alemania, Suecia, Francia o Finlandia”. El análisis, que se ha realizado con información de 400.000 empresas, también refleja diferencias entre comunidades autónomas y en los distintos sectores. Tal como muestra el gráfico adjunto, la eficiencia productiva en España ha estado estancada en el último decenio, con el nivel de la productividad total de los factores (PTF) en 2023 idéntico al de 2013. Reconoce que en los últimos años los crecimientos de la productividad son más alentadores: del 2,71% y del 1,05% en 2022 y 2023, respectivamente. Pero el impacto de la pandemia hizo que el año 2020 lastrara el resultado conjunto. Como aspecto positivo, el informe señala que en la mayoría de los años del decenio la productividad ha mejorado y que si se eliminara ese shock extraordinario “la eficiencia conjunta de los factores mejora, avanzando más en los últimos años, incluido el primer trimestre de 2024”.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, al tiempo que forzaba un encuentro urgente con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para intentar desatascar la medida y convencerle de que “tiene que tramitarse por la vía de urgencia”, la líder de Sumar arremetía de nuevo contra la CEOE, a la que acusaba poco menos que de desconocer “lo que es la productividad”. “La patronal española no entiende lo que es la productividad y que ésta está creciendo en España un 2,5%”, afirmó ayer la vicepresidenta segunda, añadiendo que “la patronal debería reconocerlo y dejar de ir contra el bienestar de la gente trabajadora”. Yolanda Díaz replicaba así públicamente a un informe enviado por CEOE a Trabajo con sus reflexiones sobre el borrador del anteproyecto de ley para recortar la jornada sin reducir los salarios, en el que la patronal afirma que el mantra de que reducir la jornada eleva la productividad “no se sostiene empíricamente”. Según CEOE, es totalmente a la inversa; esto es, “los estudios indican que es el incremento de la productividad lo que permite la reducción de las jornadas laborales y el aumento de los salarios”, advirtiendo de que “en sectores donde la productividad está directamente relacionada con el tiempo de trabajo, una reducción impuesta generará desajustes organizativos y un mayor incremento de los costes laborales, resultando en una disminución de la productividad”.

Entrevista con José Bogas Consejero delegado de Endesa. Afirma que seguirá peleando para que se elimine el impuesto temporal que grava los beneficios extraordinarios del sector energético –pendiente de su aprobación en el Congreso–, o el del 7% a la generación, porque, a su juicio, son un sinsentido que afecta a la inversión necesaria para la descarbonización. Además, cree que el Gobierno debe replantearse el cierre de la nuclear, sobre todo en Cataluña donde cubre el 60% de la demanda. "Hasta ahora, los resultados del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) están más focalizados en el desarrollo de las renovables que en el crecimiento de demanda eléctrica, clave para la electrificación (33%). La demanda ha caído 19 teravatios hora, un 7% respecto a 2019, sin embargo, la producción renovable ha crecido en 36 TWh, un 32%. Por la concentración fotovoltaica durante las horas de sol, el precio medio que a lo largo del año se obtiene en el sistema solo es capaz de aprovechar el 60% de ese precio; esto baja la rentabilidad. También ocurre con la eólica, aunque en menor medida. Hay un desequilibrio...Me gusta decir que más allá de los objetivos renovables y de la reducción de emisiones, esta transición tiene que ser competitiva para el cliente final y rentable para el inversor. En España hay unos precios muy competitivos. De hecho, nuestro precio, similar al de Francia, es un 20% inferior al de Alemania y un 50% inferior al de Italia. Tenemos una alta de disponibilidad de renovables y unos precios muy atractivos, lo que nos falta es demanda suficiente para que quepa todo esto...Intelectualmente, estoy a favor de la nuclear, porque es una energía limpia, fiable y abundante. El cierre de la nuclear, hoy día, si no evolucionan una serie de tecnologías de almacenamiento, flexibilidad y demanda, podría poner al sistema en una determinada tensión. Los planes están hechos para seguirlos, pero también para contrastar y corregir; sería bueno replantearse esto..."

El Ministerio de Sanidad puso ayer cifras al déficit de enfermeras que España arrastra desde hace décadas: 100.000. Son las que haría falta incorporar al sistema para equiparar el ratio con el de la Unión Europea, que es de 8,5 por cada 1.000 habitantes, frente a los 6,5 de media en el país (con notables diferencias entre comunidades). Además, ha hecho una encuesta que deja otro dato preocupante: cuatro de cada diez se plantean dejar la profesión en los próximos diez años. Pese a que en la última década se han incorporado profesionales al sistema, no lo hacen al suficiente ritmo para paliar el déficit. Según el informe Situación actual y estimación de la necesidad de enfermeras en España, 2024, si no se aceleran las contrataciones, harían falta entre 22 y 29 años para alcanzar el ratio comunitario, para lo que sería necesario aumentar el personal en casi un 29%. El documento también pone de manifiesto que, pese a que hay seis veces más mujeres que hombres en la profesión, las labores de gestión están ocupadas mayoritariamente por varones: un 4,8% de ellos ostenta este tipo de cargos, frente al 3,4% de ellas. “Es una dinámica social que permea en el sistema sanitario”, dijo Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, que presentó el estudio.

“En una situación de emergencia habitacional como la que vivimos, lo que sobran son Airbnb y faltan viviendas, y el deber de las administraciones públicas es priorizar el uso residencial de los pisos y evitar que el uso turístico y especulativo siga expandiéndose de forma absolutamente descontrolada y a costa de los vecinos”, defendió ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de anunciar una docena de medidas de intervención del mercado inmobiliario destinadas a garantizar el acceso a la vivienda. El paquete incluye desde rebajas fiscales para incentivar el alquiler a precios asequibles o la ampliación del parque público residencial, a trabas a las Socimis, inversores extracomunitarios y pisos vacacionales. “Hay que proteger a los ciudadanos de los abusos del mercado y garantizar que las viviendas de nuestro país sean hogares y no negocios”, defendió Sánchez durante la clausura del acto Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar, celebrado en Madrid solo un día después de que el PP lanzara en Asturias su propia batería de medidas en materia de vivienda. Desde el Ejecutivo aseguran, sin embargo, que el paquete gubernamental lleva meses trabajándose y supone una “apuesta por la intervención” del mercado inmobiliario para ofrecer una solución integral. Sánchez explicó que el plan tiene el triple objetivo de ofrecer “más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas”. “Durante el boom inmobiliario en España se creaban 400.000 hogares y se construían más de 600.000 viviendas al año. Hoy se forman 300.000 hogares pero apenas se construyen 90.000 casas al año, un piso por cada tres hogares que se forman. Tenemos que resolver este desequilibrio entre oferta y demanda con más vivienda, privada, pero sobre todo protegida”, sostuvo Sánchez, que la mentó que España alcanzara un 9% de vivienda pública en 2012 y que las privatizaciones hayan rebajado la cifra al 2,5%, frente al 14% de Francia o el 34% de Países Bajos.

La cuenta atrás para la aprobación definitiva del nuevo registro de viajeros ya está en marcha. El Ministerio del Interior publicó el 30 de diciembre el borrador de orden ministerial que lo regulará y en el que se establecen las nuevas obligaciones que deberán cumplir hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de coches. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska insiste en que solo se piden dos datos adicionales a los 11 que se solicitaban con anterioridad (la relación de parentesco en el caso de que se viaje con un menor y un teléfono o un correo electrónico de contacto), y las empresas afectadas denuncian que siguen siendo más de 30. Estas tienen de plazo para presentar sus nuevas alegaciones hasta el día 21, y han elevado su presión sobre Interior para lograr adaptar la norma antes de denunciarla ante los tribunales. Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), solo se muestra dispuesto a que los hoteles recopilen los datos personales de los clientes durante la entrada en el hotel. “De hecho, ese proceso ya lo hacemos. Somos el único país de Europa en el que los hoteles transmitimos todos los datos incluidos en el DNI o el pasaporte a la policía”. Y rechaza la obligación de aportar toda la información relativa a la reserva, que deriva a las agencias de viajes, turoperadores y bancos de camas. “No sabemos quién está detrás de la gran mayoría, ni tampoco tenemos acceso a datos como el teléfono móvil, el correo electrónico, la relación de parentesco entre viajeros o el precio de la estancia”, puntualiza Estalella, que remarca además que aportar esa información vulneraría la protección de datos.

La mayor concienciación medioambiental y una normativa sobre emisiones cada vez más exigente han cambiado el statu quo del mercado automovilístico español, tradicionalmente dominado por el diésel, hacia una transición (más lenta de lo esperado) a una movilidad sin emisiones. La demonización del diésel, tras el dieselgate de Volkswagen, y las medidas adoptadas por los gobiernos para impulsar los vehículos menos contaminantes han empujado al cliente español de decantarse mayoritariamente hace apenas unos años por los modelos diésel a apostar por los coches de gasolina, que han liderado las ventas en los últimos años. Sin embargo, a cierre de 2024 se rompió de nuevo esta tendencia, ya que los híbridos superaron a la gasolina y se convirtieron por primera vez en la historia en la tecnología más popular entre los conductores españoles. El año pasado se vendieron en España 392.365 automóviles híbridos convencionales, lo que supone un incremento de casi el 30% en comparación con las 302.000 unidades matriculadas en el ejercicio previo. Con esta cifra, los modelos híbridos se hicieron con una porción del pastel del 39%, su cuota más alta de la historia, por lo que se convirtió en la tecnología preferida de los españoles, por delante de la gasolina, que se conformó con una penetración total del 37%. En total, en España se matricularon 1,01 millones de automóviles durante el año pasado, lo que supuso un aumento interanual del 7%. El diésel, sin embargo, ha sufrido el efecto contrario, que ya ha pasado de ser, con diferencia, la tecnología más popular en España a pesar solo un 9% del mercado. De hecho, en los últimos diez años, los coches diésel han perdido 57 puntos de cuota de mercado, ya que en 2014 representaban dos tercios de las ventas en España, frente a un 32% que tenía la gasolina en dicho año.

Portugal lleva años convertido en el alumno aventajado del sur de Europa en transición energética. En 2024 superó de nuevo su marca anterior: las energías renovables cubrieron el 71% del consumo nacional de electricidad, un porcentaje histórico solo rebasado anteriormente por países como Austria, Suecia y Dinamarca. Según cálculos de la organización ecologista Zero, esto permitió batir otro récord importante: las emisiones de dióxido de carbono asociadas a la producción de electricidad fueron las más bajas desde 1990, cuando el país comenzó a contabilizarlas. Entre 2023 y 2024 bajaron casi a la mitad: de 3,7 millones de toneladas a 1,9 millones de toneladas. En la Europa meridional, donde también Croacia y España fuerzan la carrera (Red Eléctrica estima que 2024 se cerró en el 56% de electricidad renovable), la revolución verde portuguesa parece una anomalía geográfica. Grecia e Italia van rezagadas, e incluso economías poderosas como Alemania, muy dependiente de combustibles fósiles, o Francia, aferrada a la fisión nuclear. “El sistema energético de Portugal es uno de los más descarbonizados de la Unión Europea”, celebra el último informe sobre el estado de la energía publicado por la Comisión en septiembre. El principal factor que explica la transformación portuguesa es la política. Desde 2005 el país apostó por la expansión de las renovables de forma continuada, sin que las alternancias en el Gobierno entre el Partido Socialista y el Partido Social Demócrata (centroderecha) quebrasen el empeño. “El crecimiento se ha beneficiado del ambiente de consenso entre los mayores partidos, que comparten la apuesta por energías verdes y la necesidad de descarbonizar”, destaca Miguel Prado, periodista especializado en Energía en Expresso.

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, subió ayer cerca del 1,5% y se colocó sobre los 81 dólares, un nivel que esta materia prima no veía desde agosto. La tensión geopolítica vuelve a determinar su coste después de que Estados Unidos decidiera imponer nuevas sanciones sobre la industria petrolera rusa con el fin de mermar los ingresos con los que el Kremlin financia su campaña bélica en Ucrania. Este nuevo castigo amenaza con bloquear en el más corto plazo el suministro de crudo a grandes economías como China o India, que se han convertido en la gran alternativa de Moscú para dar salida a su producción petrolera. Estados Unidos ha impuesto sanciones más duras a Rusia que van dirigidas a las grandes exportadoras, las compañías aseguradoras y a más de 150 buques petroleros, y que el viernes ya causaron un alza del precio del crudo del 4%. El Kremlin respondió ayer que las nuevas sanciones van a desestabilizar el mercado global de la energía y el petróleo y aseguró que Moscú hará todo lo posible por minimizar su impacto. “Las nuevas sanciones aplicadas por EE UU sobre la industria petrolera de Rusia van más allá de lo esperado. Llevará algún tiempo digerirlas y crearán riesgos sobre el suministro, al menos durante un tiempo”, señalaron los analistas de Morgan Stanley, en declaraciones recogidas por Bloomberg.

Gazprom, otrora arma económica y diplomática del Kremlin, no soporta el hundimiento en las ventas de gas ruso a Europa y prepara un duro ajuste de plantilla. El gigante gasista sopesa recortar su equipo directivo de 4.100 a 2.500 empleados, el 40% de la cúpula, según una carta filtrada de su junta directiva a su consejero delegado, Alexéi Miller. La propuesta, confirmada por la propia compañía, se produce en plena crisis de la empresa por el impacto de la guerra contra Ucrania en sus cuentas. Por un lado, no ha podido sustituir el mercado europeo con China. Por otro, el Kremlin ha exprimido sus ingresos con nuevos impuestos para sostener por más tiempo su ofensiva contra Kiev. Elena Ilyukhina, vicepresidenta del consejo de administración de Gazprom, envió la misiva a Miller el pasado 23 de diciembre en representación de su junta, según reveló un diario local de San Petersburgo, ciudad donde la firma tiene su sede. El periódico, 47news, añade que esta carta solo es “una formalización burocrática” de una decisión ya tomada por la dirección de Gazprom. Su vicepresidente Serguéi Kupriyánov reconoció su autenticidad. “Los desafíos que afronta Gazprom exigen”, señala el documento, “aumentar el enfoque en los resultados de los empleados involucrados en la implementación de procesos clave” y “la optimización de costes en todos los niveles de los procesos de gestión y producción”.

Las empresas acusan a Bruselas de no actuar sobre los abusos del mercado único de la UE, acumulando costes para las empresas y ahogando el crecimiento. Organismos de la industria como Europen, que representa al sector del envasado, y EuroCommerce, el organismo de los minoristas, se han hecho oír cada vez más por la falta de acción de la Comisión Europea a la hora de vigilar las normas comunes en toda Europa. Preocupa especialmente la lentitud de Bruselas a la hora de actuar contra Estados miembros como España, Italia y Francia por promulgar leyes nacionales que afectan a las cadenas de suministro y de producción de toda la UE. Según datos de la Comisión, las medidas adoptadas contra las violaciones de las normas del mercado interior han disminuido drásticamente desde 2020. Francesca Stevens, secretaria general de Europen, afirma que la Comisión no está abordando “la proliferación de nuevas barreras comerciales creadas por los Estados miembros” que impiden la libre circulación de mercancías. Las normas del mercado único estipulan que todos los Estados miembros de la UE deben garantizar la libre circulación de bienes, servicios, mano de obra y capitales en todo el bloque. “Esto está socavando una de las principales fortalezas económicas y motores de inversión de Europa. Al descuidar su papel de guardiana del Tratado [del mercado único de la UE], la Comisión está dejando a la industria pocos recursos salvo buscar la aplicación de los principios del mercado único a través de los tribunales nacionales”, advierte.

El primer ministro británico Keir Starmer anunció este lunes un ambicioso plan de acción en 50 puntos para impulsar el desarrollo y la implantación de la inteligencia artificial (IA) en el Reino Unido. «Esta es la carrera global de nuestras vidas y estoy determinado a convertir nuestro país en una superpotencia de la IA», aseguró Starmer en un discurso en Londres, con el trasfondo de la caída de la libra y la incertidumbres sobre la marcha de la economía. El Reino Unido es hoy por hoy la tercera potencia mundial en IA, detrás de Estados Unidos y China. Según estimaciones del Gobierno, el desarrollo de las nuevas tecnologías podría aumentar la productividad anual en más del 1,5% y traducirse en un estímulo de 550.000 millones de euros en la próxima década para la economía británica. Starmer anunció la creación de la primera «zona de crecimiento de la IA» en Culham, en las inmediaciones de Oxford y cerca de la Autoridad de la Energía Atómica. El plan incluye la creación de hasta una decena de hubs similares en todo el país, con exenciones fiscales para atraer a los inversores y con prioridad a las zonas desindustrializadas. El premier anticipó la firma de contratos millonarios en los próximos cinco años con el sector público para implantar la IA en sectores como la sanidad y la educación pública. El plan incluye la construcción de un nuevo superordenador, con sede en la Universidad de Edimburgo, retomando la iniciativa del anterior jefe de gobierno Rishi Sunak, que convocó la primera conferencia mundial sobre «seguridad» de la IA en su breve mandato de 14 meses (con la presencia estelar de Elon Musk).

El Supremo involucra por primera vez a La Moncloa en la filtración de los correos del letrado del novio de Isabel Díaz Ayuso sobre un posible pacto de su defendido, encausado por presunto fraude tributario, con el Ministerio Público y apunta a que la Fiscalía General y la Presidencia del Gobierno se conjuraron para utilizar esa información confidencial con una «clara finalidad política». Esto es, la de desprestigiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder territorial del PP. El juez del Supremo Ángel Luis Hurtado –instructor de la causa abierta a Álvaro García Ortiz– quiso entrar de lleno ayer en este espinoso asunto, en una resolución en la que se podía haber limitado a exponer de manera extensa los indicios que, según los indicios recabados hasta ahora, hacen indispensable llamar como imputados en esta causa al fiscal general; a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez ; y, ahora también, al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe Díez. En el auto conocido ayer, en el que da el paso a citar a declarar a García Ortiz este 29 de enero, Hurtado sostiene que existen indicios de peso de que la cúpula del Ministerio Fiscal, además de filtrar los correos de González Amador a la prensa, envió a Moncloa el mail en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía los dos delitos de su cliente en busca del citado pacto de conformidad. Todo ello, con el fin de que éste fuera utilizado desde la jefatura del Gobierno contra la propia Ayuso en el pleno de la Asamblea madrileña.

El magistrado Ángel Hurtado, instructor del Tribunal Supremo, ha citado a declarar como imputado el próximo 29 de enero al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la causa abierta contra él a raíz de la denuncia de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid. El juez considera “apuntalados” los indicios contra el máximo representante del ministerio público, que se encuentra investigado por un supuesto delito de revelación de secretos por la filtración de un correo electrónico del abogado de la pareja de la dirigente popular. En ese email, que desmontaba un bulo difundido por el equipo de la política, la defensa admitía dos delitos fiscales y ofrecía un pacto al ministerio público para evitar la entrada en prisión de González Amador. Además de fijar ya el interrogatorio de Álvaro García Ortiz, el juez Hurtado señala la fecha (30 de enero) para la declaración como imputada de Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid, que está también investigada desde la apertura de este procedimiento en el alto tribunal. Pero, además, el magistrado no se queda ahí y, por primera vez, extiende la imputación a Diego Villafañe, teniente fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado.

Las negociaciones indirectas que se iniciaron en Qatar hace más de una semana entre Israel y Hamás para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en la franja de Gaza parecen próximas a su firma, según afirmaron ayer fuentes de ambas partes. Pero han sido tantas las veces en los últimos meses en las que se frustraba algún pacto supuestamente cercano, que todo el mundo prefiere ahora extremar la prudencia. En cualquier caso, las fuentes de ambas partes coinciden en que se han registrado avances en las conversaciones. Y así lo certifica también desde Estados Unidos la propia Casa Blanca: en un discurso, el presidente Joe Biden avanzó ayer que la propuesta de alto el fuego está a punto de “llegar a buen término”. Ese progreso en el diálogo ya se venía gestando desde hace varios días. Y, por eso, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, envió este fin de semana a Doha una delegación de alto nivel en la que viajaba David Barnea, el jefe del Mosad, la agencia de los servicios secretos israelíes en el exterior. También se encuentran presentes en las negociaciones el enviado especial para Oriente Próximo del actual Gobierno de EE UU, Brett McGurk, y quien será su sucesor la próxima semana, Steve Witkoff, cuando Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos.